Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Transcripción

Créditos
Pobreza, Desigualdad y Desarrollo en el Perú
Informe Anual 2009-2010
Oxfam
Oxfam América
Av. Benavides 1130 – Miraflores, Lima 18 – Perú
Teléfono: (511) 700 9200
www.oxfam.org/es
Primera Edición: Julio 2010
1000 ejemplares
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Número 2010-08946
ISBN 978-9972-9666-3-7
Diseño General, Coordinación y Redacción:
Equipo de Oxfam en el Perú
Edición: Milagros Salazar
Diseño Gráfico: Maritza Correa
Editor Fotográfico: Alexis Huaccho
Corrección: Ricardo Virhuez
Fotos: Percy Ramírez, Elva Abad, Yanina Patricio, Roberto Guerrero, Flor Ruiz, Evan
N
Abramson, David Stubbs, Charlie Jara, Helena Christensen, Thomás Müller, Jason
Mcdonald, Jim Holmes, Maribel Sánchez, Gilvan Barreto, Annie Bungeroth, Claudia
Alva, Chris Hufstader, Alexis Huaccho, Caretas, Sebastián Castañeda.
Foto de Portada: Julio Angulo / Oxfam.
Impresión: Gama Gráfica SRL - Jr. Risso 560, Lince - Lima.
• Fo to: P er cy R a mí re z
Índice
Presentación ………………………………………………………………..
11
Mirando al Perú
Un Estado en retirada
Francisco Durand …………………………..…………………………...
16
Las caras de la pobreza
Carolina Trivelli ……………………………………………………….....
28
Más allá de las ánforas
Nelson Manrique ………………………………………………………...
38
El ‘plato fuerte’ del desarrollo
Mariano Valderrama …………………………………………………….
48
¿Cómo se violan hoy los derechos fundamentales?
Francisco Soberón y Miguel Jugo …………………………………....
58
Mujeres en el escenario
Aída García Naranjo …………………………………………………….
68
Construyendo desde la diversidad
Alberto Chirif ……………………………………………………………..
80
Cada vez más lejos del Sur
Carlos Bedoya …………………………………………………………...
90
Industrias extractivas a la fuerza
José de Echave …………………………………………………………. 100
“Bien Vivir” para redistribuir el poder
Aníbal Quijano …………………………………………………………... 112
Rumba mala, tremenda resaca
Antonio Hill ………………………………………………………………. 122
Oxfam ¿quiénes somos y qué hacemos?
Oxfam en el mundo ...………………………………………………………..... 134
Oxfam en el Perú ………………………………………………………............ 136
Agricultura y recursos naturales:
La palanca para reducir la pobreza rural …………………………………. 140
Industrias extractivas:
Buscando crecimiento con derechos …………………………………….... 146
Integración regional y comercio:
Acuerdos justos y vigilancia social .……………………………………….. 152
Trabajo digno y ciudadanía:
El desafío de reducir las brechas .………………………………………… 156
Pueblos indígenas:
Las voces que deben ser escuchadas .…………………………………… 160
Enfoque de género:
Mujeres que ganan espacio .……………………………………………...... 164
Cambio climático:
La batalla local de una amenaza global .………………………………….. 168
Ayuda humanitaria:
Manos de mujer levantan Pisco……….……………………………………. 172
Gestión de riesgos:
Para prevenir los desastres…………………………………………………. 176
• Foto: Percy Ramírez / Oxfam
Presentación
M
uchos compartimos el sueño de lograr
un país con más desarrollo y menos
pobreza.
Siendo así, debería ser fácil
llegar a acuerdos. Pero la realidad nos indica que estas
palabras evocan diferentes significados para distintos
grupos y personas.
concepto neutro, por lo cual resulta pertinente cuestionarlo constantemente,
analizando si las estrategias que se siguen son las mejores, y sobre todo
identificando si hay sectores sociales que están quedando de lado y no
están siendo beneficiados.
En este sentido, una preocupación constante en Oxfam ha sido poner en
debate la idea de que si bien el crecimiento económico es crucial para
el desarrollo, es también insuficiente. Por ello, planteamos como algo
fundamental que a la reflexión sobre el desarrollo la acompañe otra sobre
la desigualdad y la consolidación de la democracia.
Para hacerlo, Oxfam ha invitado a un grupo de articulistas para exponer
sus análisis y propuestas sobre temas fundamentales del país: pobreza,
democracia, pueblos indígenas, industrias extractivas, sector privado,
entre otros. Si bien Oxfam no necesariamente comparte todos sus puntos
Es necesario tener en cuenta que no se trata de un
importante al siempre necesario debate sobre el Perú y su futuro.
N
de vista, nos ha parecido que sus ideas y reflexiones son un aporte
Los temas centrales de hoy
En el Perú se ha anunciado que las cifras de pobreza se han reducido
notoriamente en los últimos años. Sin embargo, los pobres siguen
siendo los mismos. Los mismos, podemos añadir, que sufren más por
11
las consecuencias de los desastres y del cambio climático, o que murieron en mayor
proporción durante los años de violencia del país. Los mismos de siempre. ¿Acaso será
que hay algo de fondo que necesita ser revisado, comprendido, enfrentado?
El Perú vivió en 2009 las consecuencias de seguir excluyendo a un sector importante
de la población. Los sucesos de Bagua, lamentados por todos debido a las muertes que
ocasionaron, deben servirnos también para prestar atención al llamado que hacen los pueblos
indígenas a ser consultados y a participar en diálogos sobre políticas e inversiones que les
afectarán. Además, es necesario revalorar lo que los pueblos indígenas aportan al país, un
ejercicio al que el Perú no está acostumbrado, y prestar atención y debatir la propuesta de
buen vivir que están desarrollando las organizaciones indígenas de América del Sur.
Las posibilidades de desarrollo que el Perú está explorando son diversas: promoción del
turismo, formalización de las microempresas, impulso a la agro-exportación, entre otras. El
reto está en lograr que éstas sean lo más inclusivas posible. Las industrias extractivas han
sido un importante motor del crecimiento económico en años recientes, y siguen siéndolo.
No obstante, se mantienen las preguntas de cómo manejar los niveles de conflicto, y
conseguir que a partir de la explotación de minerales, gas y petróleo se generen otras
cadenas productivas.
El desarrollo explosivo de la gastronomía plantea cuestiones similares: ésta no sería posible
sin la riqueza y variedad de ingredientes que se encuentran en el Perú. Esta diversidad,
a su vez, no podría darse sin la agricultura familiar. ¿Cómo lograr que este sector se
beneficie del crecimiento que tanto le debe?
La respuesta a este tipo de preguntas pasa por políticas que se preocupen por promover
y fortalecer los derechos, especialmente de aquellos sectores más excluidos y por tanto
N
más vulnerables.
Estos derechos incluyen aquellos que puedan fortalecer la capacidad de diálogo y debate
dentro del país. En este sentido, diversos sectores han expresado su preocupación con
relación a lo que se ha calificado como criminalización de la protesta: penas consideradas
desproporcionadamente altas para los dirigentes de movimientos que protestan. Si se
quiere lograr un clima de mayor paz social, es fundamental implementar canales de diálogo
que permitan manejar los conflictos tempranamente.
12
Pero el desarrollo pasa también por cómo el país se ubica en el ámbito regional y global.
Una preocupación es que la estrategia seguida por el Perú, de articularse a ámbitos
globales y apostar menos a las instancias sudamericanas, pueda implicar una oportunidad
perdida. De lo que Oxfam ha observado, los países se fortalecen más cuando establecen
alianzas sólidas con países cercanos, con los que comparten problemas y aspiraciones.
Estas alianzas, además, les permiten un mayor nivel de influencia y mejor negociación en
espacios globales.
Estos y otros temas son abordados por los autores invitados por Oxfam a participar en
esta edición de nuestra memoria anual. A continuación de estas reflexiones, encontrarán
en la segunda parte artículos que describen el trabajo que desarrollamos junto a nuestros
Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Novib. Esperamos que disfruten su lectura.
Frank Boeren
Coordinador Oxfam en el Perú
N
presentes en el país durante el período 2009-2010: Intermón Oxfam, Oxfam América,
socios, e información sobre las inversiones que Oxfam hizo a través de sus afiliados
13
Un Estado en retirada
El nuevo mapa del poder económico en el Perú
• Foto: Sebastián Castañeda
El capital privado está avanzando hasta niveles nunca antes vistos, a tal punto que las
pocas empresas con mayor poder económico dominan cada vez más las ramas claves del
mercado. Por su parte, el Estado peruano no regula, no supervisa ni protege a la propiedad
comunitaria. Todo lo contrario: cede más espacios al poder fáctico de las corporaciones
nacionales y extranjeras.
M
ientras hace 30 años el énfasis de las ciencias sociales en el
poder económico era profuso y apasionado, al punto que se le
veía como demiurgo, hoy predomina el desinterés, la falta de
estudios y una dificultad para entenderlo. Tal ausencia llama la atención,
pues si hay algo que define a nuestra época es que las corporaciones –y
más generalmente el sector privado– han crecido de manera sostenida,
al punto que se han convertido en centro gravitacional. En poder fáctico.
Gracias al enorme despliegue de recursos, la ayuda de gobiernos y la
nueva política económica pro mercado, se han desatado estos procesos
de cambio que tienen múltiples consecuencias. Algunas de ellas son
negativas y merecen reflexión, porque solo entendiéndolas se pueden
corregir; ignorándolas se ahondan los problemas.
Dibujaremos este “nuevo mapa del poder económico” describiendo
cuatro tendencias económicas que tienen fuerte impacto políticosocial y que se han desatado con gran rapidez por la permisividad del
Estado, e incluso con su colaboración. Primero, la expansión acelerada
de la propiedad privada y desplazamiento de la pública y comunitaria.
Segundo, la reconfiguración del poder económico en torno a actividades
primarias y financieras, y con concentración del mercado en manos
de pocas corporaciones. Tercero, la desnacionalización económica.
Cuarto, la proyección social de las corporaciones de la mano con un
mayor impacto en zonas pobres y territorios de pueblos indígenas.
Explicaremos ahora cada una de estas tendencias.
Francisco Dur a n d
N
17
La expansión del
reino privado
Debido sobre todo al “cambio de rumbo” en
dirección neoliberal operado desde 1990, y
al impacto de la globalización económica,
el sector privado creció sostenidamente
Luego predomina la tendencia privatizadora,
empezando con las “reformas de las
reformas” de Francisco Morales Bermúdez
(gobierno de facto de 1975-1980), y las
privatizaciones de Fernando Belaunde
(gobierno
constitucional
de
19801985). La ofensiva privatista se desata
ininterrumpidamente desde el cambio de
modelo económico en 1990, y para el año
2000, el PBI de las empresas estatales
alcanzó apenas el 6% del PBI total.
Cuadro 1: Participación en el PBI de los diferentes tipos de capital (1950 - 2000)
Tipo de capital
1950
1968
1975
2000
Sector estatal
7%
11%
21%
6%
Capital extranjero
10%
22%
11%
28%
Capital nacional
43%
34%
27%
28%
-
-
8%
-
60%
67%
67%
62%
Cooperativas
Total sector empresarial
Total sector no empresarial *
40%
33%
33%
38%
Total del PBI
100%
100%
100%
100%
Elaboración: Humberto Campodónico. Fuente: FitzGerald, cuadro 19, p. 50 (2000)
* El sector no empresarial comprende la microempresa (hasta 10 trabajadores), independientes
y trabajadores del hogar.
N
Estamos frente a una tendencia capitalista
muy poderosa, amplia y multiforme,
que expande el reino privado a niveles
nunca antes vistos. Se trata de la última
y probablemente definitiva expansión de
la propiedad privada, que no es detenida
por la distancia, la altura ni los bosques.
Tampoco por los actores políticos que
ocupan el Estado. Estos, más bien, la
protegen.
a costa de otros tipos de propiedad. El
cuadro No. 1 –actualizado por Humberto
Campodónico– muestra la participación
de los diferentes tipos de capital en el
PBI, desde 1950 hasta el 2000. En 1975,
con 147 empresas estatales (creadas y
expropiadas), el capital estatal llegó a 21%
del PBI, su punto histórico más alto.
Desde 1990 el Estado ha vendido gran
parte de sus empresas y concesionado
puertos y aeropuertos. Pero no solo ha
dejado que las corporaciones compren
preferentemente sus compañías y sin
apoyar el accionariado difundido, sino
que ha permitido que el capital privado
18
ingrese en rubros que antes habían sido
exclusividad del sector público, como las
pensiones y la infraestructura; e incluso en
actividades tan variadas como cementerios
y prisiones. Ello ocurre en momentos
en que el Estado no ha desarrollado, en
paralelo, buenas capacidades regulatorias
Hay una dinámica empujada por dos
actores. Desde “arriba” de la pirámide
social, la desatan las corporaciones
interesadas en recursos naturales para
abastecer el mercado mundial, proceso
que ahora incluye a China, nueva potencia
manufacturera hambrienta de materias
primas. En el caso de grandes enclaves en
zonas comunitarias, el carácter traumático
e intrusivo de la presencia privada termina
provocando reacciones defensivas, sobre
todo en la minería porque la contaminación
afecta la agricultura tradicional. Desde
“abajo” –de manera más silenciosa– esta
1
Desde 2006, esta tendencia provoca un
animado debate, en el cual destaca la
crítica del presidente García a “los perros
del hortelano”. Según esta tesis, los
comuneros ni dejan entrar a los privados ni
pueden hacer mejor uso de sus recursos.
Esta idea la refuerzan instituciones pro
propiedad privada como el Instituto
Libertad y Democracia de Hernando de
Soto, que asume que los pueblos indígenas
deben aceptar esta situación y ceder el
paso al capital privado. En contraste, el
antropólogo Stefano Varese –autor del
más famoso estudio sobre los asháninkas–
sostiene que De Soto ve arbitrariamente la
inversión privada “como forma superior de
organización de recursos, por ser la mejor
o única oportunidad de progreso” 1.
El problema de esta tendencia privatista
es que en ciertos casos, como el del gas
y el petróleo, el Estado y la comunidad
podrían obtener más rentas e invertirlas
internamente si hubiera mayor presencia o
reforzamiento de empresas públicas. Esto
facilitaría el abastecimiento preferente del
mercado interno, en lugar de dar prioridad al
capital privado, que es predominantemente
extranjero, y que tiende a remitir las
ganancias al exterior y a privilegiar el
mercado mundial.
Asimismo, la privatización debilita en algunos
casos el medio social, particularmente allí
donde sobreviven las culturas originarias
que son base de la nacionalidad e identidad
popular. Es así porque el neoliberalismo
limita arbitrariamente las opciones de
El Estado también viene eliminado o
limitando el accionar de las formas
sociales de propiedad, tanto modernas
como tradicionales. Este proceso, que
comenzó en 1975, se ha acelerado desde
el gobierno de Alberto Fujimori en los 90
y el actual régimen de Alan García. Las
cooperativas agrarias y las cooperativas de
ahorros y préstamo urbanas prácticamente
han desaparecido: en 1975 representaban
el 8% del PBI nacional y en 2000 ya no
existían estadísticamente (ver cuadro Nº
1). En cuanto a las formas tradicionales,
se observa el debilitamiento y reducción
territorial de la propiedad comunitaria
de costa, sierra y selva. Las causas son
múltiples; entre las más importantes
figuran las concesiones del subsuelo o
de explotación forestal realizadas por
el Estado, el cambio de normas para
facilitar concesiones y ventas de terrenos
comunales a privados, y el avance de la
lógica de mercado entre los comuneros y
nativos.
dinámica es impulsada por la pequeña
propiedad privada, ya sea formal, informal
o incluso delictiva (narcotráfico, piratería y
contrabando).
N
ni ha mostrado voluntad de fiscalización.
Todo lo contrario, se ha caracterizado por
tener políticas y actitudes permisivas.
Ver “El síndrome del perro del hortelano” (El Comercio, octubre 28, 2008). Sobre De Soto, quien inspira
a García, ver Varese “Poco ha cambiado para los pueblos indígenas amazónicos” en Quehacer (No.176,
2009:27-35).
19
producción y consumo a un solo tipo
de propiedad. También empuja al uso
preferente de la tecnología moderna, y al
abandono de tecnologías tradicionales.
N
El Estado, por su parte, no promueve
el desarrollo tecnológico propio, sea
moderno o tradicional. La condición
anémica del Concejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC) grafica el grado
de desinterés público en investigación
tecnológica, mientras que la ausencia de
políticas y programas de investigación de
las universidades completan este sombrío
estado de la investigación en el Perú2.
Reconfiguración y
concentración
La estructura del poder económico se ha
reconfigurado. El Perú ha abrazado, sin una
posición crítica, la lógica de la globalización
que inducen las multinacionales, el principal
agente de una economía peruana cada vez
más concentrada.
A partir de 1990 la economía se organiza
en torno a las exportaciones de materias
primas. Destacan la minería, a la que
ahora se añade una presencia cada vez
mayor de productos agroindustriales, y
algunas manufacturas, mayoritariamente
destinadas a los países del Pacto Andino
y otras a países desarrollados como los
textiles y confecciones. En el caso de
la manufactura interna, predominan los
productos de consumo masivo (bebidas
y alimentos) y fábricas de metalmecánica
que abastecen a la minería.
2
20
Además del eje primario-exportador hay
que considerar como igual o más importante
al sector financiero (bancos, seguros y
pensiones), fortalecido con la retirada del
capital estatal y la entrada de privados al
sistema de pensiones. La banca privada ha
aumentado su influencia al proveer crédito
hipotecario a la nueva clase media y
crédito de consumo a las masas. Las AFPs
invierten constantemente en paquetes
accionarios de los buques bandera de los
principales grupos peruanos y empresas
que operan en la bolsa. Esto provoca una
fusión mayor entre el capitalismo financiero
y el productivo, y a su vez, eleva los niveles
de cohesión de la pequeña elite de gerentes
y propietarios que comanda la economía.
Aunque existe la percepción del Perú como
“país minero”, varios hechos apuntan a
considerar como predominantes los intereses
financieros, cuya influencia se nota más en
las decisiones monetarias. Lo sugiere el
hecho que el Estado tolera la devaluación
del dólar, que favorece a estos intereses, si
se toma en cuenta que un alto porcentaje
de los préstamos están en dólares y una
subida de la moneda extranjera dificultaría
los pagos a los bancos. En contraste, al
no sostenerse de manera firme el dólar,
los exportadores se ven directamente
afectados. La concentración económica
avanza a grandes pasos, y el Estado no la
restringe ni limita (salvo excepciones como
en el mercado de la energía eléctrica),
sino que la viene promoviendo desde la
aprobaciónde la Ley de Fusiones (DL
120-94-EF). Al fusionarse o comprarse,
unas pocas empresas ganan el dominio
del mercado. El alto y creciente grado de
concentración económica en ramas claves
se observa en el cuadro No. 2.
Existen investigadores aislados más que programas y políticas de universidades.
Cuadro 2: Índice de concentración de mercado (2001 - 2006)
Empresa 2
% del mercado
% del mercado
Rama o sector
2001
2006
Cemento
0.26
0.26
Cementos
Lima
40%
Cemento
Andino
21%
61%
Hierro y acero
0.18
0.21
Aceros
Arequipa
38%
Siderperú
25%
63%
Cerveza
0.81
0.91
Backus
95%
Ambev
5%
100%
Harina de trigo
0.27
0.3
Alicorp
45%
Molitalia
19%
64%
Fideos
0.34
0.37
Alicorp
60%
Molitalia
20%
66%
0.45
0.38
Alicorp
68%
SAO
10%
70%
Lácteos
0.4
0.49
Gloria
68%
Nestlé
13%
81%
Soda caústica
0.78
0.72
Quimpac
85%
Importadores
Transp. aéreo
0.13
0.59
Lan Perú
75%
TANS
19%
94%
0.92
Telefónica del
Perú
94%
Telmex
3%
97%
Aceite
comestible
Telefonía fija
0.99
Gas natural
0.19
0.3
Pluspetrol
73%
Repsol
19%
92%
Azúcar
0.15
0.17
Paramonga
21%
Cartavio
19%
40%
Avícola
0.37
0.33
San Fernando
54%
Chimú Agrop
12%
66%
0.5
0.5
Saga Falabella
48%
Ripley
52%
100%
0.28
0.33
PECSA
54%
Corp.de
Combustibles
y Derivados
13%
67%
AFPs
0.26
0.26
Integra
29%
Prima
28%
57%
Banca
0.17
0.19
BCP
35%
BBVA
Continental
20%
55%
Seguros
0.12
0.18
Rimac
Internacional
34%
17%
51%
0.22
0.22
Luz del Sur
33%
32%
65%
Tiendas
Grandes
Estaciones de
servicio
Distribución
electricidad
El Pacifico
PS
Edelnor
Elaboración propia. Fuente: Jorge Chávez (2008). “Políticas de competencia en el Perú”. Lima, Maximixe School
of Goverment.
Total del
mercado
Empresa 1
N
Índice (IHH
21
Este fenómeno de oligopolización es muy
fuerte en el sistema financiero y de servicios,
lo que lleva a que las empresas generen
sobrecostos, recargos y costos adicionales,
en algunos casos automáticamente. Lo
más preocupante es que estas anomalías
ocurren en un contexto de debilidad
regulatoria y permisividad estatal, donde
el usuario o consumidor no cuenta con
las debidas protecciones y oportunidades
de hacer valer sus derechos, y donde la
empresa mantiene una relación privilegiada
con el Estado3.
Otro sector de alta concentración es el
agro, donde las agroindustrias nacionales
y extranjeras de los valles costeños han
logrado acumular un alto número de
hectáreas (ver cuadro No. 3)
Cuadro 3: Ranking de agroindustrias según número de hectáreas ( 2009 )
Propietario
Ubicación
Casa Grande (grupo Gloria)
29.393
Trujillo
San Jacinto (grupo Picasso)
16.000
Santa
Tumán (grupo Oviedo)
11.800
Trujillo
Cartavio (grupo Gloria)
11.000
Trujillo
Pomalca (grupo Oviedo)
10.000
Trujillo
Paramonga (grupo Wong)
10.000
Barranca
Camposol
9.179
Chavimochic
Laredo (Manuelita)
9.100
Virú
Andahuasi (grupo Wong)
7.200
Huacho
Pucalá (grupo Huancaruna)
6.500
Trujillo
Cia. Minera San Simón
6.185
Chavimochic
El Rocío (Quevedo)
4.901
Chavimochic
Manuelita
3.789
Chavimochic
Rego Corporation
3.778
Chavimochic
Agroindustrias AIB
3.200
Ica
Alberto Caparó
4.300
Piura
Chiquitoy (grupo Gloria)
3.200
Trujillo
3.000
Piura
Camposol (grupo Dyer y
noruegos)
N
No. de hectáreas
Elaboración: propia. Fuentes: La Revista Agraria (junio 2009) y AméricaEconomía Perú (septiembre 23, 2009).
3
22
Ver José Távara “La captura de los reguladores” (La República, enero 14, 2010).
La extranjerización económica es un
resultado de la globalización económica
que permite la entrada de capitales del
Norte en un Sur menos competitivo. Es una
tendencia global, pero se hace más fuerte
en las economías menos desarrolladas
y donde hay Estados débiles. Las
multinacionales entran principalmente por
dos razones: para acceder a las materias
primas y para ganar mercados en varios
países a la vez. Este proceso se promovió
en el Perú a partir del cambio del capítulo
económico de la Constitución Política de
1993, y por el sistema de garantías jurídicas
4
de “estabilidad tributaria”, que pone en
igualdad de condiciones a la multinacional
frente al Estado. El gobierno de Fujimori
fue el principal impulsor de esta política. Sin
embargo tal permisividad ha continuado sin
alteraciones desde el 2000.
En el cuadro No. 1 puede verse cómo avanzó
el capital extranjero en el Perú, desde un
11% del PBI en 1975, hasta un 28% del PBI
en el año 2000. Un indicador más reciente
de esta desnacionalización se mide a nivel
de la cúpula de empresas. En 2008, entre las
Top 500 empresas, 244 eran de propiedad
extranjera y representaban el 54,4% del total
de ventas (US$ 54.238,8 millones)4.
N
Desnacionalización
• Foto: Claudia Alva
AméricaEconomía (septiembre 28, 2009: 33).
23
N
J“Se trata de la última y probablemente definitiva expansión de la propiedad
privada, que no es detenida por la distancia, la altura ni los bosques”.
J“Las AFPs invierten constantemente en paquetes accionarios de los
buques bandera de los principales grupos peruanos y empresas que
operan en la bolsa. Esto provoca una fusión mayor entre el capitalismo
financiero y el productivo”.
Esta desnacionalización está impulsada
por la nueva inversión extranjera –sobre
todo en el sector financiero y en las
industrias extractivas– y la compra de
empresas estatales, que fueron adquiridas
y controladas por capitales extranjeros
por más de US$4.000 millones, cifra
que representa cerca del 50% del total
obtenido por las ventas (con excepción de
Cementos Lima). La compra de marcas
peruanas de éxito por multinacionales
(Inca Kola por Coca Cola, por ejemplo)
y hasta conglomerados (Corporación
Backus en 2005, Tiendas Wong en 2008)
es parte de esta tendencia5. A veces, por
decisiones de sus centros globales, existen
multinacionales que se retiran como ocurrió
con el Banco Santander CH adquirido por
Crédicorp. Pero este es un hecho más bien
excepcional que frena en algo, pero no
detiene, la tendencia.
En cuanto al origen de estos capitales,
en la década de 1960 predominó el
norteamericano, pero en la fase actual
de desnacionalización del capital también
participan corporaciones de Chile y
España. Más recientemente han ingresado
con fuerza inversiones de Brasil y China, lo
cual acentúa la diversificación de fuentes
de IED. En el caso de Chile, su entrada
sin restricciones atrae empresas más
eficientes, pero genera preocupaciones
sobre la seguridad nacional al igual que
Brasil por su creciente peso y ante la
posibilidad de que mañana actúe como
“imperio”6. Perú entonces no solo es
vulnerable a multinacionales del Norte
sino que también –indicio de su debilidad–
muestra asimetrías con los países vecinos.
El país está siendo crecientemente
satelizado, con una seguridad nacional
más comprometida, mientras el Estado
no desarrolla una estrategia propia de
competitividad y camina ciego al ritmo de
las influencias económicas, vengan de
donde vengan.
En la medida que los capitales nacionales
poseen menor capacidad financiera
–pues no desarrollan sino que compran
tecnología del exterior– no pueden ser
suficientemente competitivos. En realidad,
el problema es más serio en tanto incluso
los grupos exitosos pueden ser “comprados
o quebrados” por conglomerados extranjeros interesados en dominar el mercado
peruano y latinoamericano a través de
megacompras. Por lo mismo, la tesis del
Sobre el caso Backus, ver La República (setiembre 1, 2002: 23) y El Comercio,Economía & Negocios (enero
22, 2005). Sobre el caso Wong, ver El Comercio, Somos (julio 18, 2007: 28-32).
6
Sobre Chile y Brasil, ver del autor “El eje Lima-Brasilia” en Nueva Sociedad (No. 219, enero-febrero 2009: 113126). El principal crítico del capital chileno es Carlos Ferrero.
5
24
Picchu (cadena turística manejada por
ocho empresas articuladas al mercado
mundial) por los desbordes de los ríos a
inicios de 2010, nos sugiere quién está
primero? En ese caso, se rescató primero
a los turistas de países desarrollados,
luego los de países vecinos, y solo al final
los peruanos.
El amigo corporativo
Estamos no solo frente a un capitalismo
más profesional y políticamente influyente
sino también socialmente inteligente y
con nuevas capacidades para construir
y defender su reputación. Hoy en día la
corporación moderna, nacional y extranjera,
también desarrolla estrategias, programas y
políticas de corte social para lograr un mejor
manejo del entorno. Mientras el Estado
cumple menos funciones, las empresas
llenan el vacío a su manera cuando intentan
N
éxito empresarial de los grupos emergentes
peruanos es relativa: estos son adquiridos
precisamente porque han tenido éxito y son
vulnerables a hostile takeover (compras
hostiles) por parte de multinacionales. Estos
son entonces casos de “fracaso del éxito”7.
El principal problema de la desnacionalización es que impide o debilita la
capacidad de concebir e implementar
estrategias de desarrollo nacional y, por
lo tanto, de lograr una mejor inserción en
la globalización. El desarrollo propio solo
puede hacerse con recursos y políticas
nacionales, lo que requiere empresas
nacionales fuertes, articuladas a cadenas
productivas de empresas medianas y
eficientes, integradas a un proceso de
desarrollo tecnológico nacional apoyadas
por el Estado. Esto no está ocurriendo. El
problema mayor es cualitativo y se expresa
en la pérdida del sentido de las prioridades
nacionales. ¿Acaso la decisión de quiénes
fueron los primeros evacuados de Machu
7
Althaus (La revolución capitalista en el Perú. Lima: FCE, 2008) sostiene la tesis del éxito de los conglomerados
peruanos.
25
N
26
“fidelizar” a sus stakeholders (obreros,
clientes, proveedores o comunidades
aledañas a la planta).
cómo la combinación de empresa fuerte y
Estado débil y permisivo, que caracteriza al
Perú, no favorece el desarrollo.
En ninguna otra actividad es más importante
esta proyección social que en el sector
extractivo de zonas de extrema pobreza
y en territorios de pueblos indígenas. Es
allí donde requieren “licencia social para
operar” en tanto sus actividades afectan
el medio ambiente y alteran las formas de
vida local.
Pero los resultados varían considerablemente dependiendo de la vida
institucional y tipo de impacto de cada
comunidad. Hay relaciones que van desde
las armoniosas, pasando por las tensas,
hasta las abiertamente conflictivas. De
estas dos últimas destacan Tintaya en el
Cusco, que hoy vive una suerte de tregua
social, y Yanacocha en Cajamarca, donde
los enfrentamientos son frecuentes.
Las grandes empresas han perfeccionado
la “responsabilidad social empresarial” que
busca compatibilizar su poder desarrollando
una relación armoniosa con la sociedad civil
a través de sus contribuciones materiales.
Asimismo, el reparto de cuantiosas rentas
del canon genera fondos a gobiernos locales
y regionales, aunque en estos escasea la
capacidad de gasto y la honestidad. Así,
en muchos casos la población afectada no
llega a sentir los beneficios y se generan
relaciones hostiles. Este es un ejemplo de
Precisamente debido a que no predominan
los resultados positivos, y porque la calma
es frágil, las empresas invierten más y más
en campeonatos deportivos, festivales,
obras de infraestructura, y programas de
educación y salud. Pero en los casos de
mayor tensión recurren a la cooptación de
dirigentes populares o alcaldías, formación
de gremios para dividir internamente a la
sociedad civil y, en los casos extremos,
incluso desarrollan labores policiales y
represivas8. En cierta forma, esta tendencia
acrecienta las funciones de las empresas
y restituye viejas prácticas asociadas al
gamonalismo, pero el Estado no solo las
autoriza ante su debilidad sino que las
refuerza permitiendo que estas compañías
inviertan más en la zona con recursos que
deberían ser pagados como impuestos.
Queda por evaluar el panorama social en los
valles de la costa, donde las agroindustrias
concentran cada vez más hectáreas,
Este conjunto de tendencias, donde se
observan problemas económicos que tienen
impactos preocupantes o negativos para
el interés público y la sociedad civil, siendo
algunos generales y otros específicos,
debería llamar más la atención de los
interesados en la cosa pública. Su análisis
es necesario para identificar con mayor
claridad las causas y consecuencias que
tienen, generando así una posibilidad de
introducir correctivos democráticamente.
Cabe entonces preguntarse si las
instituciones del país pueden controlar a
los poderes fácticos, entre los que destacan
las corporaciones, o si es lo contrario.
N
convirtiéndose también en centros gravitacionales de medios rurales. No existe
actualmente límite a los altos niveles de
concentración de las agroindustrias en
los principales valles de la costa, aunque
no han faltado propuestas al respecto, en
tanto existe preocupación por el creciente
poder del neolatifundismo9.
J“El principal problema de la desnacionalización es que impide o debilita
la capacidad de concebir e implementar estrategias de desarrollo
nacional”.
J“La tendencia actual acrecienta las funciones de las empresas y restituye
viejas prácticas asociadas al gamonalismo. El Estado no solo las autoriza
sino que las refuerza permitiendo que estas compañías inviertan más en
la zona con recursos que deberían ser pagados como impuestos”.
Generalmente los estudios de impacto social y ambiental los hacen las propias empresas, lo que cuestiona su
objetividad.
9
Recientemente el Congreso presentó el proyecto de ley 3194 poniendo una barrera considerablemente alta: 40,000
hectáreas. Ver El Comercio (mayo 12, 2009).
8
27
Las CARAS de la pobreza
Los pobres siguen siendo los mismos y muchos
• Foto: Annie Bungeroth / Oxfam
Cuando el PBI peruano comenzó a crecer, la pobreza empezó a reducirse en Lima y otras
ciudades. Cuando el PBI siguió creciendo, también se vio cierta disminución de la pobreza
rural. Pero en 2009 la economía se desaceleró, lo que tendrá un impacto en los niveles de
pobreza y el incremento de la desigualdad. Mientras tanto, debemos discutir sobre cómo
hacer que el crecimiento económico –que tal vez vuelva a verse en 2010– se traduzca en
oportunidades para todos.
Carolina Tr i v e l l i 1
Los niveles de pobreza y pobreza extrema siguen siendo
elevados y continúan marcando y acentuando desigualdades en
el territorio y entre distintos sectores sociales. Esta combinación
de efectos positivos insuficientes (reducción de la pobreza
monetaria)2 y negativos (persistencia de altas tasas de incidencia
de la pobreza), nos muestra que el crecimiento económico es
necesario para mantener reducciones sostenidas en la pobreza,
pero a todas luces se requiere mucho más por hacer.
La desigualdad, de acuerdo con un reciente estudio de Javier
Escobal, parece incrementarse y rezagar a los mismos de
siempre. Tal estudio muestra que en 2004 los ingresos del 20%
más rico de la población era 4.18 veces superior al ingreso del
1
2
N
Como se sabe, desde hace varios años venimos registrando
una reducción en las tasas de pobreza monetaria, que si bien
pudo ser mayor debido a los elevados índices de crecimiento
económico, ha sido significativa. Según el INEI, entre 2004 y
2009 la economía peruana creció en promedio cerca de 6.4% al
año y la pobreza se redujo en 13.8 puntos porcentuales. A pesar
de ello, somos aún un país pobre porque el crecimiento no trae
consigo, de manera automática, menos pobreza entre quienes ya
la sufren; más bien genera principalmente una reducción de los
grupos de pobres.
2
009 fue un año muy difícil para el mundo y también
para el Perú. Nuestra economía experimentó una fuerte
desaceleración y resultaba razonable pensar que la
pobreza se reduciría muy poco. Y en efecto, así sucedió a la luz
de las recientes cifras reveladas por el gobierno: la incidencia de
la pobreza cayó de 36.2% en 2008 a solo 34.8% en 2009.
Con la colaboración de Ramón Díaz y la asistencia de Chris Boyd.
Es importante precisar que cuando hablamos aquí de niveles de pobreza, nos referimos a la pobreza monetaria,
es decir, aquella que se mide estimando el valor en dinero de una canasta mínima de bienes y servicios. Más
adelante explicaremos en detalle en qué consiste esta metodología y sus limitaciones.
29
N
50% más pobre; y que para el 2008 este
múltiplo había crecido a 4.46. Resulta
evidente que son imprescindibles las
políticas redistributivas, los procesos
para enfrentar la pobreza en su carácter
multidimensional y las políticas centradas
en los grupos más pobres y en el desarrollo
de los sectores y actividades que son su
medio de vida. No solo para mantener y
profundizar la reducción de la pobreza,
sino para hacer más efectivo el impacto del
crecimiento económico.
30
oportunidades para que los pobres superen
las condiciones precarias en las que viven,
sino también acciones que modifiquen los
patrones de desigualdad que enfrentan.
¿Cuán pobres
seguimos siendo?
Para poder discutir el tema de la lucha
contra la pobreza, debemos partir por
destacar dos aspectos: primero, la pobreza
se ha reducido. Segundo, aún hay niveles
altos de pobreza y sigue estando muy
concentrada.
Aparentemente, el Perú retomará una
senda de crecimiento este año 2010 y con
ello veremos una vez más reducciones
en las tasas de pobreza. Luego de estos
años de repunte y la actual coyuntura
electoral, es un buen momento para
poner en debate la necesidad de generar
propuestas y acciones que permitan
profundizar la reducción de la pobreza (no
solo monetaria). Además, no solo definir e
implementar políticas que generen mejores
Como decíamos, entre 2004 y 2009 la
incidencia de la pobreza monetaria se
redujo de manera importante. Es decir, el
porcentaje de hogares peruanos que vive
por debajo de la línea de pobreza cayó.
Como se ve en el cuadro Nº 1, la reducción
ha sido significativa en todos los ámbitos,
tanto para la pobreza total como para la
Cuadro 1: Pobreza (2004 y 2009)
Ámbito rural
Pobres extremos
Ámbito urbano
2004
2009
2004
2009
37%
28%
7%
3%
Pobres
33%
60%
31%
21%
No pobres
30%
12%
63%
76%
Total
100%
100%
100%
Costa
100%
Sierra
2004
2009
2004
2009
Pobres extremos
7%
2%
33%
24%
Pobres
33%
17%
32%
30%
No pobres
60%
81%
35%
46%
Total
100%
100%
100%
100%
Selva
Lima metropolitana
2004
2009
2004
2009
Pobres extremos
25%
17%
1%
0%
Pobres
33%
30%
30%
14%
No pobres
42%
53%
69%
86%
Total
100%
100%
100%
100%
Estas reducciones en la pobreza monetaria
se condicen con reducciones importantes
en el porcentaje de peruanos que viven
con Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI). Aunque hay que mencionar que
parece iniciarse un proceso divergente
entre estas dos medidas de pobreza, pues
muchas zonas en las que se registra una
importante reducción en NBI no logran
mejoras sustantivas en sus índices de
pobreza monetaria. Este hecho debe abrir
una discusión sobre cómo aprovechar la
dotación de servicios básicos para mejorar
también los ingresos de las personas y sus
opciones de consumo.
determinados grupos sociales y ámbitos
geográficos. Como se muestra en la tabla
Nº2, mientras que en Lima la tasa de
pobreza total es de 14%, en la sierra rural
la incidencia llega a un alarmante 66% (¡7
de cada 10!)3.
Lamentablemente, decíamos como segundo
punto, el Perú sigue siendo un país con
niveles de pobreza extremadamente altos
y fuertes concentraciones de la pobreza en
Cuadro 2: Pobreza total por región, ámbito y ascendencia
Total
Costa
No Indígena
Indígena
ámbito rural
41%
42%
31%
ámbito urbano
21%
21%
23%
Sierra
ámbito rural
66%
62%
68%
ámbito urbano
31%
20%
44%
Selva
ámbito rural
57%
56%
59%
ámbito urbano
Lima Met.
33%
32%
41%
14%
12%
20%
N
Del mismo modo, incluso en ámbitos con
relativamente bajas tasas de pobreza las
mujeres enfrentan condiciones menos
favorables en los mercados laborales y
en sus opciones de compartir las tareas
domésticas De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO), las mujeres
peruanas ganan en promedio la mitad que
los hombres y en el 50% de los casos esto
se explica por discriminación4. Además,
como ha encontrado un estudio del
Ministerio de Trabajo, las mujeres destinan
hasta 6 horas diarias a tareas domésticas,
mientras que los hombres solo alrededor
de 2, dependiendo del estadio del hogar en
el ciclo familiar5.
Del mismo modo, el Perú en su conjunto
muestra mejoras en su posición mundial
respecto al Índice de Desarrollo Humano
(IDH), pasando del puesto 89 al puesto 78
entre 2000 y 2009. A la vez, el porcentaje
de hogares que señala ser pobre –medida
subjetiva de pobreza– también ha venido
cayendo sistemáticamente. En 2005, el
74% de los hogares se consideraba pobre
y en 2009 solo el 44%.
El mismo cuadro nos muestra que los niveles de pobreza son muy superiores entre
la población con ascendencia indígena de
la sierra y la selva (se considera indígenas
a aquellos hogares en los que el jefe de
hogar o su cónyuge tienen como lengua
materna una distinta del castellano).
INEI (2009).
Ver Trivelli (2005).
5
Véase: Cabrera (2009).
3
4
31
N
• Foto: Elva Abad / Oxfam
Es relevante destacar que la reducción de
la pobreza no se haya dado de manera
pareja en estos años. Entre 2004 y 2007, el
grueso de la caída de pobreza se concentró
en zonas urbanas y en Lima en particular,
mientras que en el último par de años
vimos una mayor reducción en los niveles
de la pobreza rural.
Tal como ha estudiado Javier Escobal, esto
se explica en los años de alto crecimiento
porque Lima y el entorno urbano tienen
mayores elasticidades crecimiento-pobreza,
mientras que las zonas rurales responden
muy tímidamente al crecimiento6. Sin
embargo, entre fines de 2007 y durante
2009 estas elasticidades se habrían visto
afectadas por dos grupos de factores.
Primero, una compleja y rara combinación
de factores favorables para el medio
rural: altos precios de los alimentos
que aparentemente beneficiaron a los
pobladores rurales de mayores recursos
e incremento en el precio de los jornales
(por la mayor demanda agroindustrial de
mano de obra, por las intervenciones de
empresas en zonas rurales –sobre todo con obras de infraestructura– y por
el mayor dinamismo de los municipios
como empleadores de mano de obra no
calificada). A esto se suma la consolidación
del programa Juntos en el medio rural (casi
410 mil familias básicamente de la sierra
y selva rural, de los distritos más pobres,
reciben una transferencia monetaria
mensual que si bien no alcanza para
sacarlos de pobres duplica la liquidez de
los hogares receptores)7.
En segundo lugar, la llegada de la crisis
internacional, que afectó más a las zonas
urbanas que a las rurales8. Es así que hasta
el 2006 la brecha entre Lima y el ámbito
rural crecía de manera continua, pero luego
la distancia se estanca e incluso parece
Ver Escobal (2009).
Sobre el incremento de precios de los alimentos ver el sitio web de la FAO (www.fao.org) y Zegarra (2009); sobre
jornales ver Díaz et al (2009b), y acerca del efecto Juntos ver Díaz et al (2009a) y Trivelli y Díaz (2010).
8
Ver Yancari (2009) y para un comparativo regional de los efectos de la crisis en la pobreza rural ver Trivelli et
al (2009).
6
7
32
Estos grupos tienen menos oportunidades
que otros grupos de peruanos. Es decir,
una agricultora peruana, que vive en
una zona rural y que además tiene
ascendencia indígena, tiene muchas
menos probabilidades de salir de la pobreza
que otra peruana que vive en Lima. La
diferencia no tiene que ver con el esfuerzo
personal o características personales,
sino porque una peruana en el campo
tiene menos de casi todo: menos servicios
públicos, menos servicios privados, menos
mercados, menos instituciones, menos
información… y más costos de transacción.
Y por si fuera poca la desventaja, también
enfrenta discriminación11.
¿Quiénes son los
pobres?
No cabe duda de que los pobres siguen
siendo los mismos de siempre. Los peruanos
y peruanas más afectados por la pobreza son
grupos claramente identificables: rurales,
indígenas y agricultores. El 43% de los pobres
en el Perú vive en la sierra rural, el 85% de
los indigentes peruanos vive en el campo,
la principal fuente de ingreso del 40% más
pobre (aproximadamente) es la agricultura
Es importante señalar que lo “rural” para la medición de la pobreza se refiere a la población rural que vive de
manera dispersa solamente. Todas las capitales de distrito por ley son urbanas y todos los que viven en pueblos
de 2000 o más habitantes son también urbanos.
10
Varios estudios han mostrado que la probabilidad de que un hogar sea pobre al menos en una oportunidad es
muy alta, muchos no pobres han tenido años en situación de pobreza, muchos pobres fueron no pobres alguna
vez al menos (ver por ejemplo Agüero (2000) para la sierra y Herrera (2008 para lo urbano).
11
Hay evidencia de discriminación por origen étnico, raza y género, pero también por otros motivos, como la
zona de residencia, por ejemplo. Probablemente las dos fuentes más estudiadas y discutidas de discriminación
vienen de los trabajos sobre mercados laborales, donde se encuentran fuertes sesgos en contra de los
indígenas, las mujeres y los “no” blancos. Ver por ejemplo: Trivelli (2005), Torero, Saavedra y Ñopo (2004).
9
Otro tema que debe preocuparnos es cuán
sostenible es la salida de la pobreza. En
el Perú, alguien que ha dejado de ser
considerado pobre puede muy fácilmente
volver a caer en la condición de pobreza por
causa de una enfermedad, porque algún
miembro de la familia perdió el empleo, por
un año con mal clima, y otros factores ante
los cuales esta población es muy vulnerable.
Desgraciadamente, solemos conformarnos
con el éxito de las estadísticas sobre
pobreza, sin preguntarnos cuán sostenible
es la condición de no pobre10.
(más 7% que dependen de Juntos y otros
programas de transferencia directa).
N
reducirse tímidamente. Sin embargo, no se
debe perder de vista que en el ámbito rural
prácticamente toda la población es pobre9.
Una peruana que nace en una zona rural
de la sierra tiene 4 veces más posibilidades
de ser pobre y 3.2 más de no terminar la
secundaria que una niña que nace en
Lima.
33
N
Esto no es nuevo, es una verdad conocida
y discutida por todos. La pregunta que uno
debe hacerse es por qué, si esto es tan
evidente, el Perú no tiene política rural ni
indígena y prácticamente no tiene política
agraria fuera de la costa. Sabemos que no
hay manera de reducir las inequidades ni los
elevados niveles de pobreza de los grupos
más desfavorecidos, sin atacar problemas
de fondo, como el del desarrollo rural o
la transversalización del tema indígena, y
sabemos que se necesita una política que
favorezca a la agricultura familiar (pequeña
agricultura comercial y de subsistencia).
34
Pero no hacemos nada y nos quedamos
viendo lo que otros países de la región sí
hacen. Porque en el Perú no solo no hay
políticas en estos temas, sino que cuando
hay instituciones a cargo –cuando existen–
no tienen presupuesto, ni liderazgo, ni
capacidad para proponer e implementar
programas, acciones o alianzas a favor
de mayores oportunidades para estos
grupos. Agrorural, por ejemplo, es la oficina
encargada del desarrollo rural; pero no logra
articularse con las agencias agrarias de los
gobiernos regionales y no tienen con quién
discutir asuntos indígenas relevantes.
Del mismo modo tenemos (pocas) políticas
para promover y apoyar estrategias de
salida de la pobreza, pero no tenemos
políticas frente a la vulnerabilidad a la que
están expuestos los que logran salir de
pobres. Es como esforzarnos por llenar un
balde sin preocuparnos de cuánta agua se
pierde por los huecos en la base.
Cifras, indicadores y
mediciones
Las mediciones de pobreza siempre
generan dudas y escepticismo. En el Perú,
como explicábamos, la medición oficial
de la pobreza es la de pobreza monetaria
(basada en la medición del consumo de
los hogares). Si bien se reconoce que la
pobreza es más compleja de lo que revela
ese tipo de medida, existen también otros
indicadores disponibles: Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), pobreza
subjetiva e incluso algunos intentos (aún
preliminares) de generar medidas más
multidimensionales de la pobreza.
Ahora bien, ¿cómo se mide el consumo
de los hogares? ¿Cómo se establecen
las líneas de pobreza? Primero se calcula
cuánto cuesta la canasta mínima con la
cual una persona cubre sus necesidades
nutricionales, y luego se estima el valor de
esa canasta. Con este valor se define la
línea de pobreza extrema. Todos aquellos
que consumen menos de esta cantidad
no logran satisfacer sus necesidades
nutricionales y por ende son clasificados
como pobres extremos o indigentes.
J“Mientras que en Lima la tasa de pobreza total es de 14%, en la sierra
rural la incidencia llega a un alarmante 66%”.
J“No tenemos políticas para enfrentar la vulnerabilidad a la que están
expuestos los que logran salir de pobres. Es como esforzarnos por llenar
un balde sin preocuparnos de cuánta agua se pierde por los huecos en
la base”.
J“Lo central es reconocer que, siendo la medida de pobreza monetaria
parcial e imperfecta, nos permite tomar el pulso de cómo vamos”.
Sobre esta canasta se agrega un porcentaje
con el cual se cubren necesidades
esenciales, pero no alimentarias, y con
ello se define la línea de pobreza total.
Aquellos que consumen en niveles por
debajo de esta línea no logran satisfacer
sus necesidades de vestido, alquiler de la
vivienda, combustible, cuidado de la salud,
transporte, educación y otros.
¿Es esta una buena medida? Sí y no.
Sí, porque es una medida consistente y
medible de manera técnica. Sí, además,
porque mide la pobreza desde abajo. Es
decir, todos los que están por debajo de la
línea son, efectivamente, pobres (pero no
todos los que sobrepasan la línea son “no
pobres”). No, porque asume un conjunto
de supuestos: que lo primero en lo que se
gasta es en alimento, que el consumo se
reparte por igual entre todos los miembros
del hogar, que la gente consume alimentos
nutricionalmente efectivos, etc. Lo central
es reconocer que, siendo una medida
parcial e imperfecta, nos permite tomar el
pulso de cómo va la pobreza.
Las mediciones que viene haciendo el ente
oficial, el INEI, desde fines de los años 90, son
consistentes y han mejorado sobremanera.
La base sobre la cual se calcula la pobreza
es la recogida por ENAHO, una encuesta
N
Sobre esta canasta se agrega un
porcentaje para otros gastos y con ello se
define la línea de pobreza total; aquellos
que consumen niveles por debajo de
esta línea no logran satisfacer todas sus
necesidades de alimentación, transporte,
salud y educación.
J“Entre los “no pobres”, el 20% que está más cerca de la línea de pobreza
tiene condiciones de vida prácticamente idénticas a las de aquellos que
están debajo de la línea”.
J“Los pobres siguen siendo los mismos de siempre, son peruanos y peruanas
de grupos claramente identificables: rurales, indígenas y agricultores”.
J“La pregunta que uno debe hacerse es por qué, si esto es tan evidente,
el Perú no tiene política rural ni indígena y prácticamente tampoco política
agraria fuera de la costa”.
35
N
36
de hogares que hoy recoge información de
más de 20 mil hogares y ofrece resultados
estadísticamente representativos incluso a
nivel departamental12.
comparaciones en el tiempo y favorece a
un seguimiento técnico y transparente.
¿Debemos confiar en las cifras de
pobreza? Mi opinión es que sí. La medición
es técnicamente correcta y se realiza
con gran profesionalismo y un grado
de transparencia único13. Sin embargo,
debemos reconocer que no es perfecta ya
que mide solo una dimensión de la pobreza
e incorpora supuestos que podrían ser
discutidos, pero al menos mide siempre lo
mismo y nos permite ver cómo evoluciona
el indicador14. Gracias a esto sabemos que
entre 2004 y 2009 esta medida pasó de
48.6% a 34.8%.
Si la economía peruana retoma la senda
de crecimiento, y ojalá lo haga, la pobreza
volverá a caer. Pero la experiencia indica que
seguirá cayendo en algunos polos urbanos
y dejará rezagados, cada vez más, a los
mismos de siempre: pobladores del medio
rural, pequeños productores agrícolas,
campesinos e indígenas. ¿Cuánto más
rezagados puede ocasionarse en estos
grandes grupos de peruanos? ¿Qué costo,
además del tema moral y de justicia social,
nos traerá este permanente rezago de
ciertos grupos?
Finalmente, ¿es posible que haya más
pobres de los que se identifican como tales
con este método? Sí. Claramente esto se
puede comprobar cuando uno analiza la
situación de los “no pobres” que están cerca
de la línea de pobreza (aunque por encima).
El 20% de ellos tiene condiciones de vida
prácticamente idénticas a las de aquellos
que están debajo de la línea. Por ende, la
medición basada en una línea de pobreza
–aunque consistente– es también arbitraria
y se basa en un conjunto de acuerdos y
supuestos que debemos aceptar con sus
limitaciones porque nos permite hacer
La agenda pendiente es enorme. No
podemos dejar que la pobreza siga
disminuyendo solo por efecto del
crecimiento económico (chorreo), pues
muchos peruanos no están en posibilidad de
aprovechar una economía en crecimiento.
Si así ocurre, la pobreza solo se reducirá
hasta los niveles “aceptables” y las brechas
entre peruanos ricos y peruanos pobres se
harán más profundas.
La discusión no consiste en si el crecimiento
basta o no para reducir la pobreza.
Claramente no basta, aunque sí es
Hay que reconocer que hay ajustes en proceso que serán decisivos, pues los resultados actuales aún se basan
en proyecciones poblaciones del Censo anterior (1993), y con la información del nuevo Censo las cifras de
pobreza serían incluso menores a las reportadas actualmente.
13
Desde hace varios años el INEI formó un Comité Asesor Técnico que monitorea la calidad de la medición de
la pobreza. Este comité, formado por instituciones del sector público y privado y por personas de reconocido
prestigio profesional, acompaña la medición desde el proceso de recojo de información hasta el procesamiento
de la información. En opinión del Comité el INEI hace un trabajo técnico en este proceso. Adicionalmente, gracias
al trabajo del Comité y a la apertura del INEI, toda la información (bases de datos, protocolos y programas) se
encuentra a disposición de los interesados a través de la web del INEI. Cualquier ciudadano puede recalcular
los niveles de pobreza, conocer los márgenes de error, los supuestos, etc.
14
Hay por cierto problemas. Por ejemplo, el año 2005 los datos no alcanzaron la calidad mínima esperada, sobre
todo en Lima, y por ello esa encuesta suele no ser utilizada.
12
para salir adelante. Así, los peruanos
pobres sentirán que hay posibilidades para
abandonar una vida de carencias y que su
esfuerzo valdrá la pena.
N
imprescindible para que podamos sostener
la tendencia de reducción de la pobreza. Lo
que se necesita en el Perú es una política
de reducción de la pobreza en un contexto
de crecimiento. Se requiere aprovechar
el buen momento de la economía para
favorecer la inserción de los más pobres
y se reduzcan las desigualdades en las
oportunidades que enfrenta cada peruano
37
Más allá de las ÁNFORAS
Democracia no solo en el voto sino para garantizar
derechos en la vida cotidiana
Apenas el 22% de los peruanos se encuentra satisfecho con la democracia, el índice más
bajo de Latinoamérica. La mayoría siente que este sistema de gobierno no defiende sus
intereses, no distribuye de manera justa la riqueza y favorece a la corrupción. Hay una
desconfianza latente en las autoridades. A vísperas de las elecciones, ¿cuáles son los
requisitos para que la democracia sea verosímil?
Nelson Manrique
Cada año, la Corporación Latinobarómetro, una ONG de alcance
latinoamericano con sede en Santiago de Chile, aplica una amplia
encuesta que busca determinar cómo evoluciona la percepción que tienen
los latinoamericanos de la democracia y otros temas políticos relevantes1.
Luego del fin de la Guerra Fría, en América Latina el militarismo abierto
está en repliegue, con algunas obvias excepciones como el de Honduras,
cuyo gobierno ha sido aislado por los gobiernos de América Latina debido
a su origen ilegítimo, con la significativa excepción de Colombia y Perú,
que lo han reconocido2. Un 62% de los latinoamericanos consideran
improbable que haya un golpe de estado en su propio país y en el Perú
solo un 14% de encuestados cree posible que algo así pudiera suceder.
No hay, sin embargo, una clara ruptura con el militarismo pues solo un
55% de los peruanos rechaza la posibilidad de respaldar a un gobierno
militar, 10 puntos por debajo del promedio de Latinoamérica. Aun más
preocupante: ante la pregunta de si se consideraría aceptable que los
militares derroquen al Presidente si éste viola la Constitución, un 49% de
los peruanos responde que sí, 7 puntos por encima del promedio regional.
N
La democracia, según los peruanos
E
ste año y el próximo, el escenario político en el Perú estará crecientemente
marcado por la coyuntura electoral, municipal y regional primero, y presidencial,
después. Esto ofrece una oportunidad para revisar los problemas pendientes de
una sociedad que no ha logrado construir una democracia sólida, basada en instituciones
legitimadas por el reconocimiento de los ciudadanos.
Latinobarómetro, Informe 2009, Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, Nov. 2009.
En adelante Latinobarómetro 2009.
2
Durante la 40 Asamblea General de la OEA que se realizó en junio en Lima, varios de los países
de la región solicitaron la incorporación de Honduras a la OEA. Aunque no se resolvió este
tema en estas reuniones, se acordó conformar una Comisión de Alto Nivel que se trasladará a
ese país centroamericano para estudiar la situación y emitir un informe antes del 30 de julio a
la secretaría general.
1
39
N
Los peruanos son escépticos con relación
a la capacidad de la democracia para
responder a sus demandas básicas.
Solo el 45% de los encuestados cree
que los gobiernos democráticos están
mejor preparados para enfrentar una
crisis económica, 9 puntos por debajo de
promedio regional (54%). Pero a pesar
de todo, los peruanos manifiestan estar
decididos a defender la institucionalidad
democrática; solo un 22% aceptaría que el
gobierno pasara por encima de las leyes,
del Parlamento o las instituciones para
resolver los problemas, significativamente
por debajo del promedio regional, que se
sitúa en el 30%. Así, contradictoriamente,
mientras las 4/5 partes de los entrevistados
rechazan que el gobierno pase por encima
de la institucionalidad democrática, la mitad
de la población manifiesta que apoyaría
un golpe militar si éste castigara una
violación de la Constitución cometida por el
Presidente de la República.
El apoyo a la democracia en el país
se ha reducido, a contracorriente de lo
que sucede en el resto de la región. El
desencanto frente a la democracia ha
bajado significativamente en países con
gobiernos “izquierdistas”, como Venezuela
(16%), Bolivia y Brasil 12 (%), y Chile (6%),
donde vigorosas políticas sociales han
reducido la distancia que separa a los ricos
de los pobres, mientras que en el Perú la
desilusión ha bajado apenas de 53% al
52%. Más de la mitad de los peruanos se
siente desencantado de la democracia.
Ante la frase “La democracia puede tener
problemas pero es el mejor sistema de
gobierno” solo un 52% de los peruanos se
muestra de acuerdo, 7 puntos por debajo
del promedio regional (59%), y por cierto,
muy lejos del 85% de apoyo a la democracia
que manifiestan los venezolanos.
En relación a la percepción de cuán
democrático es el propio país (en una
escala de 0 a 10), con 5,7. Nos encontramos
a la cola del continente, superando apenas
40
a Paraguay (5,4). El escepticismo con
relación a la calidad de la democracia
nacional se extiende al escaso crédito que
se otorga a las instituciones democráticas.
Mientras que un 57% de los ciudadanos
de la región dice que no puede existir
democracia sin Congreso, solo un 48% de
los peruanos respaldan esta opinión. 50%
de los peruanos suscriben la opinión de
que “sin partidos políticos no puede haber
democracia”, diez puntos por debajo del
promedio de América Latina. En el Perú, la
consideración al Congreso como institución
imprescindible para la democracia se
redujo de 52% a 50% entre 2006 y 2009,
mientras que para el caso de los partidos
políticos se registró una caída mayor en
ese mismo período: de 54% a 48%.
Los peruanos reprochan a la democracia
su escasa eficiencia para resolver sus
problemas más acuciantes.Ante la pregunta:
“Si Ud. tuviera que elegir entre la democracia
y el desarrollo económico ‘sin democracia’,
¿qué diría Ud. que es más importante?”,
el 44% de los latinoamericanos escoge la
democracia pero solo el 32% de peruanos
opta así. De manera similar, la afirmación
“en una democracia en general el sistema
económico funciona bien”, es aprobada por
un 62% de los latinoamericanos, pero solo
por un 52% de los peruanos. La mitad de
los peruanos encuestados no cree pues que
sea posible compatibilizar la democracia
política con buen manejo de la economía,
lo cual abona el terreno al autoritarismo.
Un 70% de los latinoamericanos asocia la
democracia con ir a votar, pero solo un 13%
la asocia con participar en organizaciones
políticas. Apenas el 22% de los peruanos
declara estar satisfecho con la democracia,
lo que nos sitúa en el último lugar del
continente, muy por debajo del 44% de
respuestas afirmativas a nivel de la región y
por supuesto de la satisfacción que muestran
los uruguayos (79%), los costarricences
(63%) y los panameños (61%).
La mayoría de los peruanos no siente
que la democracia defienda sus intereses;
considera más bien que el país se gobierna
en función de los intereses de los grupos
de poder. Solo el 15% cree que se gobierna
para el bien de todo el pueblo, muy por
debajo del promedio regional (33%), y por
supuesto del 58% de uruguayos que sienten
que la democracia es para ellos. Un 27% de
los latinoamericanos cree que la democracia
garantiza la justa distribución de la riqueza,
pero en el Perú solo el 18% comparte esta
convicción. Esto no es necesariamente
un cuestionamiento a la democracia en
general sino a la calidad de la democracia
que se vive en el país: en Bolivia un 43%
cree que la democracia contribuye a la justa
distribución de la riqueza, en Uruguay un
39% y en Venezuela un 35%.
La persistencia de las desigualdades
sociales y económicas también contribuye
a erosionar la fe en la democracia. Solo
un 21% de los latinoamericanos cree que
la distribución de la riqueza en sus países
es justa, pero en el Perú apenas el 10%
suscribe esta opinión. La gran mayoría de
los ciudadanos percibe que la democracia
es utilizada para perpetuar un orden injusto.
En cambio, en Bolivia y en Venezuela un
34% y un 32% de los pobladores creen
que hay justicia en la distribución de la
riqueza. Como se ha señalado, en estos
países ha aumentado la adhesión a la
democracia mientras que en el Perú ésta
se ha deteriorado.
N
La riqueza de unos
cuantos
• Foto: Yanina Patricio
Un factor que contribuye a debilitar las
convicciones democráticas es la falta de
compromiso del gobierno en el combate
contra la corrupción. Mientras que el 39% de
los latinoamericanos cree que en los últimos
2 años se ha progresado en sus países en
41
N
reducir la corrupción en las instituciones del
Estado, en el Perú apenas al 26% comparte
esta opinión. La democracia para ser viable
tiene que ser verosímil, y la impunidad
de los corruptos, garantizada desde el
poder, mina gravemente los cimientos de
la ciudadanía: la confianza en el discurso
de que todos tienen los mismos derechos y
que la ley es igual para todos.
Las precarias condiciones de vida de
la mayoría de los peruanos agravan la
situación. Un estudio reciente permite dar
un vistazo a la situación de los trabajadores
peruanos3. De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) de 2008
la Población Económicamente Activa
(PEA) del Perú asciende a 15 millones de
personas: de ellas son asalariadas el 39%
y no asalariadas el 61%. Se considera
que tienen un “trabajo decente” quienes
trabajan bajo contrato, tienen un seguro de
salud o acceso al sistema de pensiones,
3
42
reciben un ingreso laboral mayor al salario
mínimo vital y cuentan con una jornada
de trabajo semanal que no excede las 48
horas. Estos representan el 19% de la
PEA. Los trabajadores que tienen contrato,
pero trabajan más de 48 horas semanales
y no tienen seguro de salud ni pensiones,
representan un 25,5%. El 55% restante
trabaja sin contrato. Al interior de este último
grupo, el 61% tiene un ingreso por debajo
del salario mínimo vital, trabaja jornadas
por encima de las 48 horas semanales y
no tiene seguro ni jubilación. Es importante
señalar que la encuesta de la ENAHO
se realizó en 2008, el mejor año de la
década. De haberse realizado la consulta
luego del estallido de la presente crisis los
indicadores hubieran sido peores.
El escepticismo de los peruanos con
relación a la democracia alimenta la
despolitización y el desinterés ante el
manejo de la cosa pública. En un reciente
Julio Gamero, “A un año del TLC con EEUU. Un enfoque desde el trabajo decente”, marzo del 2010, en Red de
Globalización con Equidad, www.redge.org.pe.
La situación descrita se ha agravado
debido al colapso del sistema de partidos
y de los mecanismos de representación.
Para 1995 todos los partidos –incluyendo
al Apra– perdieron su inscripción electoral
pues no pudieron superar la valla del 4%
de respaldo electoral que demandaban
las leyes electorales vigentes. Hoy existen
conglomerados electorales sin capacidad
de articular mecanismos de representación
consistentes, como lo muestra el
transfuguismo, la corrupción extendida y
un malentendido espíritu de cuerpo de la
clase política, que convierte la impunidad
en razón de Estado. Se deslegitima así la
idea misma de la representación.
4
La privatización del poder en función de
intereses particulares, sacrificando el
interés general, priva a los ciudadanos de
canales para procesar democráticamente
sus demandas, quedando solo la acción
directa como mecanismo para hacerse oír,
lo que alimenta una espiral de violencia. El
endurecimiento de las leyes represivas, que
ha incluido una ley decretada por el gobierno
que declara inimputables a los policías
que usen sus armas y causen lesiones o
muertes “en ejercicio de sus funciones”
consolida un patrón autoritario de ejercicio
del poder que está en las antípodas del
diálogo, los mecanismos de prevención de
los conflictos y la concertación.
Este patrón de ejercicio del poder, por otra
parte, tiene su razón profunda de ser en
la naturaleza excluyente y marginadora
del patrón de desarrollo defendido por
el gobierno y en los vicios de origen de
aquel. Efectivamente, los gobiernos de
las dos últimas décadas fueron elegidos
con un programa de inclusión social y
económica que abandonaron apenas
asumieron el poder, para ejecutar
medidas que no estaban legitimadas por
N
sondeo de opinión realizado en Lima
y Callao, a la pregunta acerca de cuán
interesados están en la política, el 38% de
los encuestados respondió que está muy
interesado o algo interesado, mientras que
un 61% declaró que está poco interesado
o nada interesado4. Con dos terceras
partes de los ciudadanos desinteresados
en la política, las condiciones para que se
cometan todo tipo de atropellos desde el
poder están dadas.
J“La mitad de los peruanos encuestados no cree que sea posible
compatibilizar la democracia política con buen manejo de la economía,
lo cual abona el terreno al autoritarismo”.
J“La privatización del poder en función de intereses particulares priva a los
ciudadanos de canales para procesar democráticamente sus demandas,
quedando solo la acción directa para hacerse oír, lo que alimenta una
espiral de violencia”.
Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, Sondeo de Opinión. Lima, abril de 2010.
43
la elección popular y que favorecían los
intereses de las grandes corporaciones
multinacionales y de sus aliados internos,
a costa de los intereses de las grandes
mayorías. No se trata de “problemas de
comunicación”, como afirman los voceros
gubernamentales, sino de políticas que
destruyen uno de los pilares fundamentales
del orden democrático: la confianza de los
ciudadanos en sus representantes.
N
La cuestión de
género
Aunque se han registrado avances en
relación a la incorporación de la mujer en
cargos de responsabilidad política5, las
desigualdades en ingresos, oportunidades
y reconocimiento siguen siendo muy fuertes
en el Perú. Esto es especialmente grave
en el caso de las mujeres de los sectores
más deprimidos, especialmente entre el
campesinado de las zonas con mayor
población indígena en el país.
De acuerdo a la información del
Latinobarómetro, en el Perú se perciben
avances alentadores en relación a la
percepción de la mujer. Sobre cómo se
piensa el rol de la mujer, se propuso a
los encuestados la proposición: “Es mejor
que la mujer se concentre en el hogar y
el hombre en el trabajo”. Un 37% de los
latinoamericanos se mostraron de acuerdo,
entre los países donde la aprobación del
rol tradicional de la mujer en la casa es
minoritaria se encuentran Perú y Venezuela
(26%), Chile (25%) y Uruguay (23%).
A la afirmación de que “si la mujer gana más
que el hombre es casi seguro que tendrá
• Foto: Charlie Jara / Oxfam
problemas”, en el Perú está de acuerdo el
44%, algo por debajo del 48% del promedio
regional.
La afirmación “los hombres son mejores
líderes políticos que las mujeres” es suscrita
por el 32% de los latinoamericanos, pero
el Perú vuelve a situarse entre los países
donde esta percepción es minoritaria:
Uruguay (19%), Perú y México (21%), Chile
22%, Costa Rica 23% y Argentina 26%.
Llama la atención que Chile y Argentina,
donde en 2009 gobernaban mujeres, no
encabecen la lista.
Existen graves déficits en la relación entre
democracia y pueblos indígenas, como lo
mostró una vez más la tragedia de Bagua.
Las responsabilidades por la muerte de
24 policías y nueve nativos se han diluido
gracias al control que el gobierno ejerce
sobre los organismos estatales encargados
de determinar las responsabilidades. Solo
el informe en minoría del congresista Güido
5
Es relevante el caso de la actual ministra de economía, no solo por ocupar un cargo clave, de mucha
responsabilidad, sino por haber ocupado anteriormente otras carteras, con un desempeño reconocido por todos.
44
¿Corrupción a
cualquier precio?
La corrupción constituye otra seria traba
para la consolidación de la democracia
en el Perú, no solo porque desvía fondos
que debieran servir al desarrollo nacional
sino porque resquebraja la ya de por sí
6
Durante el presente régimen el escándalo
de los “petroaudios” se ha convertido
en un caso paradigmático, poniendo en
evidencia la existencia de poderosas
redes de tráfico de influencias a favor de
corporaciones multinacionales, que llegan
hasta los más altos niveles del poder,
así como la existencia de prósperas
empresas dedicadas al espionaje contra
los ciudadanos y las empresas. Aun
más grave es la falta de transparencia
en el manejo de este caso y la creciente
impresión de que el gobierno y el Poder
Judicial vienen bloqueando reiteradamente
la
investigación,
sustrayéndose
y
manipulando pruebas depositadas en
instituciones del Estado para encubrir a
los responsables6, así como recurriendo
al concurso de jueces venales para dilatar
las investigaciones y para impedir que se
esclarezcan las responsabilidades.
En el tramo final del gobierno del
Lombardi ha indagado sobre las causas
mediatas e inmediatas del problema, y
señalado las responsabilidades: primero
por pretender imponer a las poblaciones
indígenas medidas inconsultas que
afectaban sus intereses, y luego por decidir
un operativo violento y pésimamente
planificado, a pesar de la disposición de
los nativos de despejar la carretera y de
conocerse que había varios policías que
estaban en condición de rehenes y cuya
vida correría peligro.
N
precaria institucionalidad democrática,
desmoraliza
profundamente
a
los
ciudadanos y desprestigia al Estado, a
los partidos políticos y a los líderes. La
corrupción se ha extendido tanto que para
el sentido común popular es normal que los
políticos roben: “roba, pero hace obra” es
una divisa que muchos suscriben. Durante
las últimas décadas, la opinión pública ha
prestado escaso crédito a las denuncias en
torno a la corrupción ya sea por juzgarla
inevitable o porque era vista como el
precio que había que pagar a políticos que
solucionaban problemas acuciantes, como
sucedió con Alberto Fujimori y el control
de la hiperinflación producida por el primer
gobierno de Alan García y la derrota del
terrorismo.
El robo de dos USB y la manipulación de otros más no es un caso aislado. Poco después de la salida del
Ministerio de Salud del ministro Hernán Garrido Lecca (quien también está incluido entre los convocados por
el escándalo de los “petroaudios”), al terminar el año 2008, fueron robados 20 toneladas de documentos del
archivo de esa institución y no parece que haya interés por esclarecer esta fechoría.
45
N
J“No se trata pues de ‘problemas de comunicación’, como afirman
voceros gubernamentales, sino de intereses que destruyen uno de los
pilares del orden democrático: la confianza de los ciudadanos en sus
representantes”.
J“Nada atenta más contra la credibilidad del sistema democrático que la
corrupción y la constatación cotidiana de que las leyes no son iguales
para todos”.
46
presidente Alan García, los escándalos
siguen multiplicándose. Pero es un hecho
alentador que en la campaña electoral
que comienza haya existido una buena
acogida de la propuesta que plantea trazar
la línea divisoria entre la corrupción y la
decencia. Aparentemente las condiciones
son crecientemente favorables para exigir
un pacto ético que permita establecer
mecanismos de control y sanción más
eficientes.
Para que sea viable
Reviste gran importancia que en el Perú
se mantenga el respeto por las formas
democráticas, pero se hace necesario
introducir correctivos que ayuden a hacer
la democracia verosímil y esto exige en
primer lugar una profunda reforma del
sistema de justicia. Nada atenta más contra
la credibilidad del sistema democrático que
la corrupción y la constatación cotidiana de
que las leyes no son iguales para todos. La
ciudadanía supone deberes y derechos; no
pueden ser ciudadanos quienes solo tienen
deberes y tampoco aquellos que solo tienen
derechos. La administración de justicia es
la vitrina en la que los ciudadanos pueden
contemplar si las garantías que promete la
democracia existen verdaderamente o si
estos solo son simples discursos.
La democracia es algo más que votar cada
cinco años para dar un cheque en blanco
a los “representantes”, para que éstos
traicionen sus promesas cuando lleguen
al poder, como ha sucedido durante las
dos últimas décadas. Esto supone crear
mecanismos efectivos de fiscalización
que permitan introducir oportunamente
correctivos cuando sea necesario. La
renovación parcial del Parlamento es una
posibilidad a estudiar, así como el retorno
a la bicameralidad, para acercar a los
ciudadanos a una representación que esté
más próxima a ellos y sobre la cual puedan
ejercer un control más próximo.
La democracia tiene como uno de sus pilares
el reconocimiento de ciertos derechos
básicos que atañen a todos los ciudadanos
y que el Estado está llamado a garantizar.
En primer lugar, la vigencia de los derechos
humanos, que son doblemente violados
cuando la justicia se ejerce distinguiendo
“grados de ciudadanía”: una ciudadanía “de
primera”, para quienes pertenecen al estrato
dominante, y una ciudadanía disminuida,
“de segunda”, para millones de peruanos
cuya identidad los convierte en objeto de
múltiples discriminaciones: étnica, regional,
racial, de género, de edad, etc.
El enjuiciamiento y condena de Alberto
Fujimori por la comisión de delitos de
lesa humanidad es un importante paso
Finalmente, todos los avances que se
puedan lograr en la creación de mecanismos
más eficientes de representación no
cambiarán sustantivamente la situación si
no se revierte la creciente concentración
de la riqueza en manos de unos pocos,
mientras la mayoría queda relegada, sin
disfrutar de los beneficios de una excelente
coyuntura de elevados precios de nuestras
materias primas. Esto exige un modelo de
desarrollo inclusivo, capaz de asegurar una
distribución más equitativa de la riqueza
social y de brindar oportunidades a todos
los peruanos.
N
Se necesita consolidar, asimismo, una
cultura de la transparencia. Se requiere una
reforma del sistema electoral que obligue a
los partidos a hacer público el origen de los
fondos con que financian sus campañas.
Asimismo, debe exigirse la creación de
mecanismos de fiscalización más eficientes,
que permitan controlar y sancionar el
enriquecimiento ilícito valiéndose de los
cargos públicos. La declaración obligatoria
del patrimonio al asumir un cargo político
y al abandonarlo sería asimismo un
instrumento importante para consolidar
una cultura de transparencia7.
adelante, pero es necesario ir más allá.
El reconocimiento de la responsabilidad
del Estado se ha dado muy limitadamente
y no se ha avanzado gran cosa en la
implementación de las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación. Aunque se creó una
comisión para empadronar a las víctimas
no se dio a ésta el respaldo material y
político necesario. La ejecución de una
justa política de reparaciones individuales
sigue siendo saboteada. La construcción
del Lugar de la Memoria es una buena
ilustración de las resistencias que existen
en este tema y que alcanzan a los más
altos escalones del poder.
7
Para quienes piensen que esta medida es demasiado avanzada habría que recordarles que se aplicaba bajo el virreinato, bajo el nombre de “juicio de residencia”.
47
El ‘PLATO FUERTE’ del desarrollo
Del boom culinario al rescate de los pequeños agricultores
La gastronomía peruana ha generado una cadena de valor tan alta que casi duplicó a la
producción minera de 2008. Su aporte no solo es económico sino cultural: abre paso a
la revalorización de alimentos tradicionales y al reconocimiento de los campesinos que
trabajan en su conservación. Aun así, está el reto de incluir a la pequeña agricultura en
esta historia de éxito.
Mariano Vald e r r a m a L e ó n 1
La cocina genera una cadena de valor que produciría más de S/.40.000
millones, lo que equivale al 11,2% del PBI según lo proyectado para
2009. Es decir, casi el doble de la producción minera de 2008, según el
estudio “Dimensiones del Aporte Económico y Social de la Gastronomía
1
La Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) es una plataforma que agrupa a cocineros, gastrónomos,
centros de investigación. Es un movimiento amplio que busca articular a todos los actores involucrados en la
gastronomía buscando promoverla. Ver www.apega.pe
2
En los últimos años se han publicado diversos estudios que abordan el nuevo rol de la gastronomía. Ver el libro
de Mirko y Vera Lauer La revolución gastronómica peruana (Lima, Univ. San Martín de Porres, 2007, y el ensayo
de Mariano Valderrama “El boom de la gastronomía” (consultar en http://www.apega.com.pe/detalle-sopaletras.php?id=23 y en el libro Perú Hoy (Lima, Desco, 2009). También podemos hacer referencia al discurso de
apertura del año académico 2006 en la Universidad del Pacífico de Gastón Acurio, los ensayos de Fernando
Villarán, el estudio de Centrum, la consultoría de Tiara para Promperú, y los informes basados en encuestas de
agencias como Apoyo, Maximize y Arellano Marketing.
N
La revolución gastronómica
peruana
E
n los últimos años el Perú entero ha vivido bajo el son de un
increíble hit gastronómico. Como lo han puesto sobre la mesa
los críticos, cocineros, medios de comunicación y analistas
más reputados, esta puesta en boga de nuestra culinaria y del sabor
nacional tiene un importante potencial para promover el desarrollo
económico inclusivo del Perú y reafirmar nuestra identidad cultural2.
En el caso del agro se abren perspectivas para que el crecimiento
del mundo gastronómico provoque una revaloración de aquellos
productos emblemáticos desarrollados por los campesinos del Perú
profundo, tales como las papas nativas, la quinua, los ajíes, los quesos
y otros. Como veremos con más detalle luego, gremios agrarios
como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE) y
la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) han suscrito
convenios con la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) para
promover cadenas agropecuarias gastronómicas.
49
N
en el Perú”, elaborado por la consultora
Arellano Marketing para Apega . Pero no
solo eso. Si solo vemos lo que generan
los restaurantes, el referido documento
proyectaba un consumo de S/.12.350
millones para 2009, lo que representaba el
4,2% del PBI, casi la producción agrícola
de todo el año pasado.
La gastronomía involucra directa e
indirectamente a cinco millones de personas,
el 20% de la Población Económicamente
Activa (PEA), en toda la cadena productiva
que va desde extracción, industria y comercio
hasta servicio. El turismo gastronómico es una
categoría en crecimiento que ya representa
el 5% del turismo. Las divisas obtenidas por
este rubro se estiman en nada menos que
los US$120 millones en 2008, de acuerdo
con información de la Cámara de Comercio
de Lima. Las estadísticas revelan que la
gastronomía se está convirtiendo en una
nueva locomotora para el desarrollo del país.
Pero quizá el aporte más grande de la
gastronomía peruana no se refiere solo
al aspecto económico, sino al cultural. Es
un factor de reafirmación de identidad, de
revaloración de comidas y sentimientos
regionales y de los productos agropecuarios
e hidrobiológicos nacionales. Más allá
de distingos sociales y regionales,
crece el orgullo por la comida peruana.
La gastronomía es una de las pocas
expresiones nacionales que no generan
discusión ni antagonismos.
Despegue
internacional
Hace unos quince años la cocina peruana
era una ilustre desconocida en el mundo.
Solo era apreciada por un puñado de
cronistas gastronómicos y de turistas
sibaritas que visitaban el Perú en busca
de la sazón peruana. En grandes ciudades
como San Francisco, París, Madrid o
50
Buenos Aires había algunos restaurantes
peruanos, pero estaban orientados
principalmente a menoscabar la melancolía
gastronómica de la colonia peruana. Este
panorama ha comenzado a cambiar y en
forma radical. La proyección internacional
de nuestra culinaria toma cada vez más
vuelo y se sirve en aviones y trenes de lujo,
es elogiada en los principales periódicos
del mundo, se lee en las más respetadas
publicaciones de culinaria gourmet y pasea
sus aromas por festivales internacionales y
programas de la televisión internacional.
En el interior del Perú encontramos por
doquier festivales de comida auspiciados
por los gobiernos regionales y locales, o
por entidades privadas de desarrollo. Se
trata de un cúmulo de actividades que se
organizan cada vez con mayor frecuencia y
esfuerzo. Y el panorama sigue mejorando,
pues surge en varias regiones del Perú el
interés por promover rutas gastronómicas
que promuevan el turismo regional. La gente
percibe hoy que la gastronomía regional
y el turismo rural se van convirtiendo en
una importante generadora de empleo y de
oportunidades.
Que el boom de la gastronomía peruana no
es solo un asunto de sibaritas quedó claro
en el Festival Gastronómico Internacional de
Lima, Mistura4, que convocó entre el 24 y 27
de setiembre de 2009 a cien mil paladares
e implicó una inversión de un millón y
medio de dólares. Una de las secciones
más importantes de la feria fue el gran
mercado de productos agropecuarios y la
bioferia. En ellas se expusieron los mejores
productos traídos desde el interior del país
por los héroes anónimos de nuestra cocina:
pequeños productores agropecuarios,
incluso de las más recónditas regiones de
la sierra y selva, quienes llegaron a Lima
con papas nativas, quinuas de diversos
colores, ajíes, loches, quesos, café orgánico
y mucho más.
En la feria, APEGA realizó una intensa
labor para promover los ajíes peruanos.
4
5
Varios stands mostraban las diversas
variedades regionales de este producto, se
organizó una mesa redonda sobre el tema,
se presentó un documental con tomas de
diversas regiones y un libro amplio que
tenía como lema: “no hay cocina peruana
sin ají”. En la publicación, se informa con
ilustraciones, fotos, mapas e iconos todo
lo que hay que saber sobre el ají: historia,
variedades, usos en las cocinas regionales,
cultura del ají, chamanismo, los poderes
curativos de este producto bandera, sus
variedades regionales, recetas y la añeja
relación del ají con las picanterías, la chicha
y los batanes. El libro es un homenaje a los
pequeños agricultores peruanos que han
sido baluartes de la conservación de las
diversas variedades de ají5.
Como canapé de esta fiesta, se selló la
alianza cocinero campesina, una versión
aggiornada de la antigua alianza obrerocampesina. Los gremios agrarios más
representativos como Conveagro y ANPE
suscribieron convenios de cooperación con
N
Mistura: todas las
sangres
Foto: Yanina Patricio / Oxfam
Para mayor información ver www.mistura.pe
Los ajíes peruanos, sazón para el mundo. Lima: APEGA, 2009.
51
N
La hora de los pequeños
Un aspecto novedoso del movimiento gastronómico liderado por APEGA es su
apuesta por un modelo de desarrollo inclusivo con responsabilidad social y ambiental,
así como su concepción del Perú como un país pluricultural y biodiverso.
No es casual que Gastón Acurio, presidente de APEGA, publicara recientemente una
columna titulada “La hora de los pequeños”, reclamando que el Estado asuma como
nueva tarea una gran revolución enfocada hacia los más pequeños y orientada a
erradicar la pobreza. El Estado debe creer “que el futuro y la grandeza del Perú está
en los pequeños grandes sueños. (…) en un país mayoritariamente de pequeños
agricultores, es la pequeña agricultura de nicho, de productos diferenciados, de
altísimo valor agregado, como sucede en Japón, la que puede convertir a un humilde
campesino en un próspero pequeño exportador”.
La promoción de la pequeña agricultura resulta a todas luces de vital importancia
para el desarrollo del Perú. De esta actividad dependen más de un millón y medio de
hogares, lo que representa el 33% del total en el país. Además, es el subsector que
produce seis de cada diez toneladas de alimentos consumidos por los peruanos. Casi
10 millones de personas tienen a la agricultura como su principal fuente de ingresos:
es la principal fuente de trabajo en el país, ya que emplea al 36.7 % de la PEA.
Sin embargo, la pequeña agricultura familiar ha sido en cierta manera la cenicienta de
las políticas públicas. Según un informe del Grupo Nacional de Presupuesto Público,
de cada 100 soles gastados por el gobierno peruano en 2008, menos de 1,5 fueron
destinados para la pequeña agricultura. En el presupuesto de 2010 se planea usar
S/. 2,205 millones en pequeña agricultura, que son S/.72 millones menos que en
2009. Esta cantidad representa solo el 0,5 % del PBI estimado para 2010.
El desarrollo de la pequeña agricultura es vital, pues de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), ocho de cada 10 habitantes que viven
en el ámbito rural son pobres y ganan por debajo de dos dólares diarios, y de ellos,
unos seis son habitantes rurales que están en situación de pobreza extrema y tienen
un ingreso de menos de un dólar diario. En la sierra, ámbito en el cual se ubica el
70% del total de pequeños agricultores del país, de cada 10 pobladores rurales, 9 son
pobres, y de ellos siete son pobres extremos.
Sin embargo, no son solo razones sociales las que justifican la necesidad de una
agresiva política de promoción de la pequeña agricultura. En un momento en que el
mercado vuelca su atención a la comida sana y nutritiva, los productos orgánicos de
la pequeña agricultura adquieren un nuevo valor.
52
El boom de la gastronomía provoca
un impacto positivo sobre el sector
agropecuario, porque en los últimos años
se ha elevado la demanda de cereales,
tubérculos, carnes, embutidos, frutas, y
hierbas en beneficio de los hombres del
campo. Esto podría, a su vez, producir
precios más competitivos para los insumos
y llevarnos a desarrollar mejores cultivos y
ganados.
Lo más importante, quizá, es que hay
una revalorización de muchos de los
Los beneficios de posicionar la gastronomía
peruana como una alta cocina son
incalculables, pues esto permitirá construir
la vitrina para promover los ingredientes
de origen nacional. Por eso, dentro del
plan de trabajo de APEGA aparece la labor
conjunta con los gremios agropecuarias
del país, y colaborar en la promoción de
productos emblemáticos como las papas
nativas, ajíes criollos, maíz, cacao, las
frutas exóticas de la selva, la quinua y los
cereales andinos.
Con ese propósito, se implementará
con Conveagro, el auspicio de Oxfam
Internacional y del gobierno de Madrid,
un proyecto orientado a promover el
establecimiento de cadenas gastronómicas
económicas sustentado en la pequeña
agricultura, para ayudar a dinamizar las
economías locales y mejorar los ingresos de
los pequeños productores. Se implementará
con las organizaciones locales un programa
de asesoría, capacitación en aspectos
técnicos y organizativos que les permita
generar
oportunidades
económicas,
emprendimientos e innovaciones técnicas y comerciales para mejorar su competitividad. También se trabajará una
adecuada organización de la oferta
productores-gastronomía, se desarrollará
canales de llegada a los establecimientos
gastronómicos y se establecerán mesas de
trabajo que vinculen a chefs y productores
que permita conocer los requerimientos
técnicos para articularse al mercado
gastronómico.
Promoción de cadenas
productos emblemáticos producidos por
las comunidades campesinas alto andinas
y de las pequeñas parcelas de la costa y
selva, quienes producen las papas nativas,
quinua, loche, ajíes criollos, chirimoya y la
granadilla que la cocina peruana de hoy
demanda.
N
APEGA. También lo hizo la Universidad
Nacional Agraria y el Ministerio de
Agricultura y se anunció un acuerdo con
otras plataformas ecológicas. En ese
esfuerzo, se ha venido trabajando con el
Instituto de Innovación Agraria (INIA).
La selección de las cadenas deberá
considerar criterios estratégicos:
53
N
J“La gastronomía involucra directa e indirectamente a cinco millones de
personas, el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), en toda
la cadena productiva que va desde extracción, industria y comercio hasta
servicio”.
J“La promoción de la pequeña agricultura resulta a todas luces de vital
importancia para el desarrollo del Perú. De esta actividad dependen más de
un millón y medio de hogares, lo que representa el 33% del total en el país”.
1) cadenas que apunten a un cambio
económico en la situación de la masa de
campesinos pobres y prioricen aquellos
productos, como la papa, que involucran
un número significativo de productores
con bajos ingresos. 2) cadenas en las
cuales el componente nutricional sea
importante (valor nutricional de productos
como las papas nativas, la quinua, etc) y 3)
revaloración cultural de los productos y de
los productores.
Con valor agregado
Hoy día el Perú tiene según Villarán6 una
nueva oportunidad. Esta síntesis entre
arte y producción, entre creatividad y
trabajo, entre historia y crecimiento, se
está dando en la gastronomía. Nuestra
maravillosa biodiversidad (los insumos
de la cocina, como el pescado, la papa
amarilla y el rocoto) se mezcla con las
diferentes culturas originarias, con aquellas
que llegaron a estas tierras (las recetas
fusionadas a lo largo del tiempo), y con
los métodos modernos de administración y
organización empresarial.
En el ensayo “Visión estratégica de la
culinaria peruana”, Fernando Villarán
señala cómo el desarrollo de la gastronomía
peruana en el extranjero motiva, por
ejemplo, que se procesen nuestros
productos agrícolas y se establezcan
cadenas mundiales de venta de alimentos
y productos elaborados en el Perú. Señala
que también abre miles de oportunidades
para los jóvenes emprendedores que
Tradicionalmente la gastronomía es
ubicada en el sector servicios por su
parentesco con el turismo, pero es claro,
señala Villarán, que la transformación
y la adición de valor que ha generado
a los insumos (productos pesqueros y
agrícolas) la coloca en el sector industria,
cuya principal característica es justamente
agregar valor. El proceso de innovación
(surgimiento constante de nuevos platos
ANPE y APEGA han programado una serie
de iniciativas para revalorar la producción
campesina ante la opinión pública y poner
de manifiesto la contribución de la pequeña
agricultura a nuestra gastronomía.
6
54
quieran hacer maricultura, dedicarse a la
agricultura ecológica, agroforestería, a
procesar hierbas aromáticas y curativas,
o bien a especializarse en agencias de
viajes, en turismo gastronómico y, cómo
no, a inaugurar restaurantes de calidad.
Fernando Villarán, Revista Puente, Colegio de Ingenieros del Perú.
No obstante el inmenso salto de la
gastronomía peruana, aún queda mucho
por hacer. Exponemos algunos de los
principales retos que enfrentamos para
promover nuestra gastronomía.
No es un secreto que enfrentamos
dificultades para la exportación de
ingredientes peruanos por incumplimiento
de las condiciones fitosanitarias, por trabas
aduaneras en el ingreso de nuestros
productos a otros mercados, y por falta de
volúmenes de escala para responder a la
De otro lado, la base productiva está aún
muy desconectada, desorganizada y poco
tecnificada. La comercialización sigue
siendo un cuello de botella importante
para un mejor ingreso de los productos
campesinos al mercado. Otra barrera que
debemos superar es la pobre conciencia
ecológica que amenaza la conservación
de nuestros recursos naturales. Debemos
implementar políticas serias y sanciones
drásticas para quienes desperdician
recursos y contaminan suelo, mares, ríos
y lagunas.
Debemos tener en cuenta la pérdida de
semillas y variedades desplazadas por
cultivos más comerciales. Como lo han
señalado varios conocedores del tema,
el principal capital del Perú está en la
biodiversidad antes que en la producción
Mirada al futuro
demanda internacional. Se hace necesaria,
entonces, una acción concertada entre
el Ejecutivo (léase Mincetur, Cancillería
y Ministerio de Agricultura), APEGA,
empresarios y los gremios nacionales.
N
y fusiones) y por lo tanto de creación de
riqueza de esta actividad es espectacular,
con claras repercusiones en el campo
social (empleo, nuevas oportunidades y
distribución del ingreso), pero también
cultural (identidad nacional) y político
(expansión de la presencia peruana en el
mundo). Todos estos elementos indican
que podríamos estar asistiendo al inicio de
una revolución tecnológica nacional.
55
N
masiva de alimentos. Corresponde al
modelo de marketeo de los productos
peruanos el concepto de boutique de
alimentos que se caracterizan por su
singularidad. En el caso de las papas
nativas se trata por ende de darle un rostro,
personalidad, denominación de origen a
cada una de las variedades.
En el tema de políticas de conservación es
hora de que se pase del dicho al hecho y
que se detenga la salinización masiva de
nuestros suelos por malas prácticas de
cultivo (como con el arroz en el norte). Las
formas de cultivo (roza y quema, pesticidas)
que deterioran el medioambiente deben
parar ya. La pesca con explosivos, y la
violación de los espacios destinados a
la pesca artesanal, por parte de naves
de pesca industrial, no pueden seguir
permitiéndose. Tampoco el inadecuado
tratamiento de basura y del agua que
contamina nuestros mares, ríos y nuestra
tierra. También hay que ser consciente de
los riesgos que implican la introducción
y expansión de los transgénicos para la
biodiversidad del país.
En el Perú enfrentamos una chocante
paradoja: vivimos la contradicción de ser
un país con una excelente gastronomía
pero donde campea la desnutrición.
El economista Eduardo Zegarra destaca
que pese a que el país tuvo en 2008
una tasa de crecimiento de 10% del PBI,
hubo 1,2 millones más de peruanos con
déficit calórico, es decir, con insuficiencia
alimentaria. A ello ha contribuido sin duda
la crisis alimentaria y el alza en el precio
de los alimentos. “Según las encuestas
de hogares, si bien la desnutrición infantil
habría caído de 21,5% en 2008 a 19% en
2009 (una caída modesta, pero importante),
cuando se desagrega la cifra resulta que
toda la mejora se ha centrado en los
tres quintiles no pobres de la población,
mientras que en el 40% en situación de
pobreza ha habido un grave aumento de la
desnutrición infantil”7.
J“La base productiva está aún muy desconectada, desorganizada
y poco tecnificada. La comercialización sigue siendo un cuello de
botella importante para un mejor ingreso al mercado de los productos
campesinos”.
J“En un momento en que el mercado vuelca su atención a la comida sana
y nutritiva, los productos orgánicos de la pequeña agricultura adquieren
un nuevo valor”.
J“Hay una pobre conciencia ecológica que amenaza la conservación de
nuestros recursos naturales. Debemos implementar políticas serias y
sanciones drásticas para quienes desperdician recursos y contaminan
suelo, mares, ríos y lagunas”.
7
56
País gastronómico
pero desnutrido
La otra Crisis en el diario El Comercio. Lima, 5 de abril de 2010.
En décadas pasadas, el Estado fue muy
propenso a abastecer a la población urbana
con alimentos basados en insumos importados
como las harinas y el pollo. Corresponde hoy
dar un lugar especial a productos peruanísimos
La revaloración de los productos peruanos
debe llegar a aquellas instituciones que
realizan adquisiciones masivas como las
fuerzas armadas, los hospitales, los clubes
de madres, los comedores populares y otras
instituciones. El Estado debe convertirse
en uno de los principales compradores de
alimentos nacionales para predicar con el
ejemplo.
Precisamente, al promoverse la producción
agropecuaria en el interior del país, la
gastronomía debe estar ligada con la
lucha contra la pobreza en el campo.
La revaloración de nuestros productos
emblemáticos agropecuarios debe generar
mayor demanda y mejorar los ingresos
de nuestros campesinos. También debe
permitir recuperar en la mesa productos
peruanos de alto valor alimenticio.
como la papa, la quinua, el tarwi, el camu
camu, la cocona, etc.
N
Tenemos el mar más rico del mundo, pero
desaprovechamos esa increíble fuente de
proteínas, así como el potencial nutritivo de
nuestros productos nativos como la quinua,
el tarwi, la oca, la cañihua, el olluco, la
mashua, la kiwicha, el aguaymanto, el
sanqui y las papas nativas que son garantía
de buena salud y adecuada nutrición.
57
¿Cómo se violan hoy los
derechos fundamentales?
Derechos humanos y criminalización de la protesta
La conflictividad social volvió a escalar en 2009 y en casi la mitad de los conflictos hubo
una empresa extractiva involucrada. En lo que va del gobierno de Alan García, 42 personas
murieron como resultado del enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden; otros
1.000 quedaron heridos y muchos con lesiones que los limitan de manera permanente. La
respuesta del Estado ha sido la criminalización de la protesta social, una práctica que viola
desde la libertad de expresión hasta el derecho a la vida.
Francisco Soberón y Miguel J u g o
Es así que para sancionar una desaparición forzada se exige ahora que
haya una comprobación de la detención del individuo, cuando el punto
en la figura de la desaparición es precisamente que no se reconoce
la detención oficial. Ello ha ocurrido en el juicio por la desaparición de
Constantino Saavedra Marreros y podríamos citar otros ejemplos. Tales
cambios en las opiniones jurídicas se dan también gracias al marco
político que han generado personajes ligados al gobierno y a sectores
duros de las Fuerzas Armadas.
1
N
En materia de judicialización de casos por violación a los derechos
humanos observamos serios reveses. Por ejemplo, el caso Barrios Altos
–donde se juzga a Vladimiro Montesinos y parte del grupo Colina– lleva
más de ocho años, cuatro de ellos en etapa de juicio oral, sin que hasta
la fecha se emita sentencia1. La lentitud en la administración de justicia
es uno de los factores de este retraso, pero otro muy importante es el
cambio en las opiniones jurídicas sobre ciertos delitos.
2
009 será recordado como el año en que se produjo la sentencia más
importante de los juicios contra violadores de derechos humanos
en el Perú. La condena a 25 años de cárcel para Alberto Fujimori,
confirmada por la Corte Suprema, es un hecho histórico que satisface
la demanda de la sociedad por verdad y justicia. Sin embargo, aunque
podría significar una evolución del Estado frente a aquellos criminales,
esta sentencia es una isla en un mar de impunidad. Además se contradice
con la política gubernamental de represión y penalización de la protesta
social, que es reconocida internacionalmente como una forma de libertad
de expresión. Veamos.
Este proceso comprende a los autores materiales del delito; mientras que Alberto Fujimori fue sentenciado
como autor mediato del homicidio calificado en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como en el secuestro
agravado del empresario Samuel Dyer Ampudia y el periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen.
59
N
Dicho marco político se extiende a otros
aspectos de la búsqueda de justicia, tal
como está ocurriendo con las reparaciones
civiles. El Registro Único de Víctimas
–aunque con escaso apoyo– ha logrado
identificar a 65.536 víctimas de la violencia;
sin embargo, el Estado no ha dado prioridad
a las reparaciones individuales y solo
avanzan las reparaciones colectivas. Estas
se dan en forma de obras de infraestructura
para las comunidades y pueblos que
sufrieron en la época del conflicto, pero
no tienen el sentido ni la fuerza de una
reparación personal.
El proyecto para erigir un Museo de la
Memoria (hoy denominado “Lugar de la
Memoria”) también ha sido blanco de
aquellos sectores conservadores que
defienden a los violadores de derechos
humanos y se oponen a la existencia de un
espacio dedicado a recordar y reflexionar
sobre el conflicto que sufrió el país. De
otro lado, el Plan Nacional de Derechos
Humanos –documento que establece
cuáles deben ser las políticas públicas sobre
la materia– ha sido relegado de la agenda
del gobierno. Una de las consecuencias de
esto es que, por ejemplo, el Perú no cuenta
aún con un mecanismo de prevención de
la tortura, pese a existir el compromiso de
implementarlo en el año 2008.
Como punto final de este balance,
podemos comentar que en el 2009 el
Consejo Nacional de Derechos Humanos
siguió sin reincorporar a representantes de
la sociedad civil. La Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, la Conferencia
Episcopal Peruana y el Concilio Nacional
Evangélico eran desde 1986 las
instituciones voceras de la sociedad civil
ante este órgano multisectorial; pero en
mayo del 2008, por decisión del Poder
2
60
Ejecutivo, fueron retiradas. El 6 de abril
de 2010, en vista de la próxima visita de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, se acordó la reincorporación de
representantes de la sociedad civil.
Ahora bien, no solo los derechos humanos
carecieron de garantías en el Perú de 2009.
Otros derechos fundamentales, como el
derecho a la libertad de expresión, también
se están viendo amenazados desde el
Estado o con la colaboración del mismo.
Prohibido quejarse:
la protesta como
delito
Quizás el rasgo más importante del año
2009 haya sido el incremento de la protesta
social (ver cuadro adjunto). Si tenemos en
cuenta que durante el año el año 2007 se
registraron 78 conflictos, la curva de la
conflictividad social continuó en ascenso
los años siguientes, llegándose a registrar,
en el año 2009, 267 conflictos2.
Quizás el rasgo más importante del año
pasado haya sido el incremento de la
protesta social. El gráfico adjunto muestra
cómo se han incrementado los conflictos
sociales mes a mes, y cómo los conflictos
socio-ambientales (aquellos que se dan
entre comunidades y empresas extractivas)
han pasado de ser el 19% de los conflictos
en el 2006, al 47% en el 2009.
Frente a esta situación, la respuesta del
gobierno ha sido muy errática, recurriendo
a lo que internacionalmente se denomina
como criminalización de la protesta social,
es decir, aquellos procesos políticos, legales
Defensoría del Pueblo: Reporte sobre Conflictos Sociales.
y sociales cuyo objetivo es convertir en un
“crimen” la protesta social, aislar a sus
líderes e inmovilizar a las organizaciones
que se oponen a las políticas oficiales,
principalmente en las referidas al modelo
económico.
Lejos de reconocer que en el Perú existe
una parte muy importante de la población
a la que los “éxitos” económicos no llegan,
que hay una serie de reivindicaciones
postergadas y una legítima preocupación
por el medio ambiente, se afirma que
las protestas son parte de un complot de
sectores de la oposición y se plantea la
necesidad de aplacarlos recurriendo a la
violencia.
Todo esto sucede a pesar que
internacionalmente existe el reconocimiento
expreso de que la protesta social es una
forma de libertad de expresión. En ese
sentido, Catalina Botero, actual Relatora
para la Libertad de Expresión de la OEA,
señala en su informe de 2008 que: La
protesta social es una de las formas
colectivas más eficaces de expresión. Pero
incluso en algunas circunstancias resulta
ser también la única forma a través de la
cual ciertos grupos pueden ser escuchados.
En efecto, cuando se está frente a marcos
institucionales que no favorecen la
participación, o frente a serias barreras
de acceso a formas más tradicionales de
comunicación de masas, la protesta pública
parece ser el único medio que realmente
permite que sectores tradicionalmente
discriminados o marginados del debate
público puedan lograr que su punto de vista
resulte escuchado y valorado3.
El Informe de la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión del 2002 lo
explicaba así: […] resulta en principio
N
Fuente: Defensoría del Pueblo
Cuadro 1: Conflictos socioambientales vs. Total (2006 - 2009)
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión - Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2008.
3
61
N
inadmisible la penalización per se de las
demostraciones en la vía pública cuando
se realizan en el marco del derecho a la
libertad de expresión y de reunión. […] Es
importante recordar que la penalización
podría generar en estos casos un efecto
amedrentador sobre una forma de
expresión participativa de los sectores de
la sociedad que no pueden acceder a otros
canales de denuncia o petición, como la
prensa tradicional o el derecho de petición
[…]. El amedrentamiento a la expresión a
través de la imposición de penas privativas
de la libertad para las personas que utilizan
el medio de expresión antes mencionado,
tiene un efecto disuasivo sobre aquellos
sectores de la sociedad que expresan sus
puntos de vista o sus críticas a la gestión
de gobierno como forma de incidencia
en los procesos de decisiones y políticas
estatales que los afecta directamente4.
En el Perú, tal como lo describe la OEA,
muchas veces los ciudadanos comunes
no encuentran los caminos adecuados
para expresarse y la institucionalidad
democrática no resuelve sus solicitudes.
Entonces, se hacen escuchar con protestas
en las calles; sin embargo, estas no
representan un complot para desestabilizar
la democracia, que se suele atribuir a las
manifestaciones.
Desde el Estado peruano, una entidad que
sí identifica esta situación es la Defensoría
del Pueblo. Según un informe de la Adjuntía
para la Prevención de Conflictos Sociales
y la Gobernabilidad, la criminalización de
la protesta consiste en acciones políticas,
policiales y legales, realizadas por un
gobierno, dirigidas a restringir, penalizar e
inhibir a los protagonistas de las protestas.
4
5
62
Y añade: En el Perú
se ha aplicado esta
expresión a las acciones
gubernamentales percibidas como limitantes
de las protestas y de las
opiniones discrepantes
en ciertos temas5.
Además, la Defensoría
del Pueblo ha construido
cuatro indicadores para
identificar cuándo se
criminaliza una protesta.
En primer lugar está la
Descalificación Pública,
que se da cuando los
actores de las protestas
son calificados como • Foto: Yanina Patricio
desestabilizadores o infractores de la ley, de la
democracia y del estado de derecho. Otro
indicador es la Renuncia al Diálogo, que
se configura cuando se limitan los espacios
de diálogo, generando que las demandas
sociales sean ignoradas y, por consiguiente,
los conflictos sociales se incrementen.
Luego se tiene la Reforma Legal que
ilegaliza la protesta social, que consiste
en crear nuevos tipos penales o modificar
los existentes, otorgándoles contenidos
ambiguos con el propósito de utilizarlos
contra los movimientos sociales. Las
sanciones pueden incluir prisión efectiva,
altas multas o cualquier otra sanción que
inhiba al manifestante. Finalmente está la
Judicialización de los conflictos sociales,
es decir, la apertura de procesos penales
contra los líderes de las manifestaciones
y su encarcelamiento. Cuando se da la
judicialización, los líderes sociales son
CIDH, Informe Anual 2002, Vol. III: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo IV. Párr. 35.
Conflictos Sociales y criminalización de la protesta”, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Defensoría del Pueblo, 14 de agosto de 2009 (Exposición).
social”. Muchas veces se ha tratado
de justificar las acciones represivas del
gobierno como defensa de los derechos
de otros. Doctrinariamente, sin embargo,
cuando existe colisión de derechos prima
el derecho a la vida, que es el que está en
juego en la criminalización y que en ningún
caso se debe afectar.
Veamos cuáles son los principales
mecanismos que se han estado usando
para criminalizar la protesta social.
A ello deben agregarse las normas sobre
el uso de la llamada “fuerza letal”, por
parte de la Policía, para controlar los
movimientos sociales. La Fuerza Letal es
aquella que puede causar graves daños
o la muerte, pero se concede su uso a
la Policía cuando el objetivo es un sujeto
que pone en peligro a las personas a su
alrededor. Sin embargo, el Estado peruano
ha dado un paso riesgoso más al permitir
que las Fuerzas Armadas intervengan,
aun sin haberse declarado el estado de
emergencia.
Nos encontramos frente a una situación
abiertamente peligrosa y, lamentablemente,
se pretende influir sobre el sentido común
de la población para que el uso de la
fuerza contra las protestas tenga “licencia
La redacción del delito de extorsión,
según el D.Leg. 982, implica una total
desnaturalización, por cuanto incluso un
acto público de protesta contra el deterioro
del medio ambiente sería considerado
así. En dicha norma se incluyen hechos
que constituyen prácticas usuales en las
movilizaciones sociales, que ya están
tipificados en los artículos 283 y 315 del
Código Penal (tomar locales, impedir el libre
tránsito, perturbar el normal funcionamiento
N
equiparados con delincuentes que atentan
contra la seguridad nacional.
La desnaturalización de los tipos penales
es uno de los mecanismos más notorios de
esta criminalización. Un caso muy claro es
el de la Extorsión, tipo penal que se da
cuando se obtiene una ventaja económica
indebida de parte de una persona natural
en base a la violencia o la amenaza. Sin
embargo, el Decreto Legislativo 9826 tergiversa totalmente el sentido de esta figura,
al establecer que situaciones “de cualquier
otra índole” constituyen extorsión. Así, un
acto público de protesta contra el deterioro
del medio ambiente puede considerarse
como extorsión.
Protesta = cárcel
D. Leg. 982, dado el 22 de julio del 2007 como parte de 11 decretos legislativos de lucha contra la delincuencia,
el narcotráfico y el pandillaje pernicioso. Ley 29009.
6
63
N
de los servicios públicos o la ejecución de
obras legalmente autorizadas) y que no
tienen ninguna relación con el delito de
extorsión ni con la situación de crimen
organizado para el que fueron otorgadas las
facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
Igualmente debe señalarse que la pena
para este delito es de 5 a 10 años de
cárcel, pero si la extorsión es cometida
entre dos o más personas, la sanción
puede ser de 15 a 25 años. En los hechos,
quienes realicen bloqueos de carreteras y
otras manifestaciones de protesta pueden
recibir condenas de hasta 25 años. Castigo
desproporcionado si se considera que la
pena máxima por homicidio es de 15 años.
Asimismo, la nueva tipificación penaliza y
dispone la inhabilitación de los funcionarios
públicos por el solo hecho de participar en
huelgas.
El mismo D.Leg. 982 modificó también la
figura de Apología, relacionándola con los
artículos sobre extorsión. Según la nueva
tipificación, el elogiar una manifestación
popular que ha ocupado las vías públicas,
como la Marcha de los Cuatro Suyos,
implicaría una sanción penal. Un caso
Por otro lado, se señala que el delito de
secuestro7 tendrá pena mínima de 20
años, independientemente del tiempo
que este se haya producido o del motivo
para la retención de una persona. De
esta forma, definir como secuestro a
cualquier retención arbitraria, inclusive
por quince minutos, puede generar una
pena totalmente desproporcionada. Este
es el caso de Judith Ortega, presidenta
de la Federación de Clubes de Madres
de Ayacucho (FEDECMA), para quien un
fiscal pidió la pena de 25 años de prisión
al acusarla de secuestro de un funcionario
del municipio de Huamanga. El motivo:
reclamar al municipio la dotación de leche
y alimentos para los clubes de madres de
J“Nos encontramos frente a una situación abiertamente peligrosa y,
lamentablemente, se pretende influir sobre el sentido común de la población
para que el uso de la fuerza contra las protestas tenga licencia social”.
J“La desnaturalización de los tipos penales es uno de los mecanismos más
notorios de esta criminalización (…) Así, un acto público de protesta contra
el deterioro del medio ambiente puede considerarse como extorsión”.
J“Para sancionar una desaparición forzada se exige ahora que haya una
comprobación de la detención del individuo, cuando el punto en la figura de
la desaparición es precisamente que no se reconoce la detención oficial”.
7
64
reciente fue el de Teresita Antazú, dirigente
indígena yanesha, quien fue acusada del
delito de apología por participar junto a
dirigentes de Aidesep en una Conferencia
de Prensa, en el marco de la huelga
amazónica. Teresita Antazú permaneció
con orden de captura durante 4 meses,
hasta el 18 de septiembre del 2009,
cuando la Corte Superior de Lima le otorgó
comparecencia. En enero de 2010, el Fiscal
Superior de Lima resolvió no acusarla.
El secuestro se refiere al acto delictivo de retener a una persona contra su voluntad, empleado con una finalidad
dolosa como obtener una ventaja económica o causar un daño a la víctima u otra persona relacionada a esta.
J“Lejos de reconocer que en el Perú existe una parte muy importante
de la población a la que los ‘éxitos’ económicos no llegan, que hay una
serie de reivindicaciones postergadas y una legítima preocupación por el
medio ambiente, se afirma que las protestas son parte de un complot”.
J“El Registro Único de Víctimas –aunque con escaso apoyo– ha logrado
identificar a 65.536 víctimas de la violencia; sin embargo, el Estado no
ha dado prioridad a las reparaciones individuales y solo avanzan las
reparaciones colectivas”.
Otra expresión del proceso de criminalización son las continuas e impunes
declaraciones de las autoridades políticas,
y hasta judiciales, en las que se acusa a
los dirigentes sociales, organizaciones
no gubernamentales o intelectuales
relacionados al campo de los derechos
humanos, de ser terroristas, pro-terroristas,
defensores de terroristas y/o violentistas.
La difamación reiterada –que se realiza a
través de los medios de comunicación– no
solo atenta contra el derecho al honor, sino
Un buen ejemplo de lo anterior es el
artículo publicado el 28 de octubre del
2007 por el presidente Alan García en
el diario El Comercio, en el cual dice: El
perro del hortelano no sale de su pobreza
intelectual ni quiere que los peruanos
salgan de la pobreza material y educativa.
Además, sostiene que solo los radicales
y extremistas pueden luchar contra la
pobreza porque ellos tienen el monopolio
del corazón social… Ahora que la batalla ya
no es económica porque el mundo aplastó
en ese tema al perro del hortelano, este se
presenta como anti minero, pluriculturalista
y patriotero.
Ataque a los voceros
que busca estigmatizar y desacreditar la
causa de la protesta.
N
su jurisdicción. Hoy Judith se encuentra
con orden de captura.
65
N
• Foto: Helena Christensen / Oxfam
66
No es la única forma de hostigamiento
contra los dirigentes sociales. En el 2007 se
comprobó que trabajadores de la empresa
Forza, que presta servicios de seguridad
a la minera Yanacocha, recibían informes
de seguimiento al sacerdote Marco Arana,
director de la ONG Grufides y líder de las
protestas del pueblo cajamarquino contra
la minera. El operativo “Diablo” (como se
referían a Arana los espías) consistía en
buscar elementos para desprestigiar a los
integrantes de la ONG. Así se produjeron
“informes confidenciales” donde se
afirmaba, por ejemplo, que el sacerdote
Arana tenía un hijo.
Recientemente hemos conocido que la
empresa Business Track también espiaba
a Grufides. Existen más de 30 archivos
“chuponeados”, con información sobre
conflictos ambientales en Cajamarca, entre
los años 2006 y el 2007, encontrados en
las computadoras de Elías Ponce Feijoó y
Jesús Manuel Ojeda Ángeles, responsables
de Business Track. Los documentos
corresponden a conversaciones telefónicas
de Marco Arana y otros trabajadores de la
ONG. La interceptación se hizo en los días
de la aplicación del operativo “Diablo”.
De manera similar se actúa contra los
medios de comunicación, sobre todo con
las emisoras radiales de las regiones. Por
ejemplo, el gobierno pretendió sancionar
a Radio Cutivalú de Piura por negarse
a transmitir un pronunciamiento con
información falsa y sin un remitente claro,
respecto a las protestas contra el proyecto
minero Majaz. Luego se supo que el
autor del anuncio era el propio Ministerio
de Energía y Minas. En el 2008, varias
emisoras radiales de Moquegua y Puerto
Maldonado fueron acusadas de “defender
a terroristas” pues cuestionaron el accionar
represivo de la Policía en contra de
protestas sociales. Y en junio del 2009, la
radio “La Voz de Bagua” fue cerrada por
hablar de las violaciones a los derechos
humanos que cometió la Policía el 5 de
junio.
Qué se debe corregir
En lo que va del gobierno de Alan García,
42 personas murieron como consecuencia
del enfrentamiento entre manifestantes y
fuerzas del orden; otros 1.000 quedaron
heridos y de estos muchos con lesiones
Lo que realmente ha ayudado a resolver los
conflictos ha sido el diálogo. Creemos que
el gobierno central no debe esperar que
los conflictos escalen violentamente para
recién sentarse a dialogar. Pero hoy, según
la Defensoría del Pueblo, solo la mitad de
los conflictos (que a febrero eran 258) se
encuentran en una situación de diálogo
entre las partes.
El Poder Ejecutivo debe crear los canales
adecuados para resolver estos conflictos
y derogar los decretos legislativos que
criminalizan la protesta social. En marzo
del 2008 la Comisión de Constitución del
Congreso acordó modificarlos, pero su
dictamen nunca llegó al Pleno. El Tribunal
Constitucional, por su parte, tiene pendiente
de votación desde febrero del 2009 una
demanda para anular la nueva tipificación
penal, antes expuesta.
Las fuerzas del orden cumplen el deber
constitucional de proteger y tutelar el orden
interno, pero este debe ser, siempre y en
todo momento, compatible con el ejercicio
ciudadano de las libertades más elementales
en una democracia. El movimiento social
debe realizar sus protestas y éstas han
de ser pacíficas, sin poner en riesgo los
derechos de las personas. Finalmente, la
democracia siempre es el mejor camino
para que los peruanos busquemos la
solución a nuestros problemas. Por ello,
es importante exigir el funcionamiento del
sistema. De no ser así quedaremos en
manos de la intolerancia y el autoritarismo
de distinto signo.
En ese contexto, se producen situaciones
tan injustas como el de Pedro Condori,
quien en noviembre del 2008 lideró una
protesta realizada por el Sindicato Minero
de Casapalca. Durante la manifestación
un huelguista arrojó piedras a la carretera,
pero una de ellas impactó en el capitán
PNP Giuliano Villareal, quien murió a causa
de la contusión. Cuando se produjeron los
hechos, Condori se dirigía a Lima para
dialogar sobre la solución a los reclamos
de los mineros; sin embargo, fue acusado
de ser autor mediato de homicidio culposo.
Pese a que todo está probado y que se
ha identificado –aunque no capturado– al
autor material del delito, Condori ha estado
preso 7 meses y seguirá estándolo, pues,
según el Poder Judicial, alguien debe pagar
por ese delito.
Los diversos intentos de criminalizar
la protesta social constituyen graves
vulneraciones a los derechos fundamentales
de las personas. Ningún acto que pretenda
responder al fenómeno de la conflictividad
social y que suponga la imposición del
orden o la seguridad ciudadana puede estar
por encima de los derechos fundamentales
de las personas, entre ellos, el derecho a la
vida, a la integridad física, a la libertad de
expresión, de opinión, entre otros.
N
que los limitan permanentemente. A la vez,
1.300 dirigentes de organizaciones sociales
están procesados. Hasta la fecha, todas
estas situaciones permanecen protegidas
bajo un manto de impunidad.
67
MUJERES en el escenario
Avances y retos en la agenda de equidad de género
El Perú sigue siendo un país donde las mujeres viven la inequidad. Ganan menos que los
varones simplemente por la diferencia de género, a pesar de que los han superado en el
índice de profesionalidad: el 51,8% de los profesionales que ingresan al mercado cada año
son mujeres. Aun así, llevan décadas luchando por ganar espacios de poder e igualdad. Lo
avanzado es mucho y lo que resta por avanzar también.
E
n un país donde la manía reciente de las autoridades es
alardear del crecimiento económico, muchas mujeres viven
aún en situación de pobreza1. Esa masividad de la pobreza
femenina puede explicar por qué tantas mujeres participan de las
llamadas “organizaciones de subsistencia”.
Si hablamos de “crecimientos”, uno de los más notorios es el de
los hogares dirigidos por mujeres, cuyo número se incrementa
en 3,9% anualmente, mientras que el número de hogares
encabezados por hombres crece en 2% cada año. Actualmente
el 28,5% de los hogares peruanos tiene jefatura femenina, pero
la tendencia –como decimos– es creciente. Es presumible que la
guerra interna y el fenómeno de los desplazados por la violencia
haya impactado sustancialmente en el número de mujeres sin
pareja en el mundo rural.
El tema de la mujer en el Perú es un campo de paradojas:
aumenta la participación en el mercado laboral y la proporción
sobre el total se acrecienta, sin embargo el dato clave es que hoy
un 8.5% menos mujeres que hace 16 años tienen empleo formal.
De acuerdo a estadísticas del 20052, el porcentaje de trabajadoras
independientes auto empleadas había aumentado ese año a
71,2%, mientras que el de las asalariadas se había reducido
a 23,5%. Esto, pese a que los últimos gobiernos han reiterado
su intención de aumentar el empleo femenino formalizado. Si
desagregamos las cifras, encontramos que el 38% realiza trabajos
de tipo familiar, es decir, que son titulares de sus propios negocios o complementan el
negocio de su esposo u otros familiares. Otro 36% trabaja en el comercio y los servicios,
15% se declara trabajadora independiente y un 11% son obreras. Así que la situación en
el campo laboral está lejos de ser equitativa con la de los varones.
Aída Gar c í a N a r a n j o M o r a l e s
N
Estadísticas no censales de los años 2008 y 2009 dan cuenta de una reducción del total de pobres en el país, los
que carecen de indicadores de género.
2
Información del Ministerio de Trabajo de 2006, en Mujeres Peruanas. Situación Actual. Aída García Naranjo 2009.
1
69
Cuadro 1: Nivel de desempleo
Sexo
Grupos de edad (años)
Año
Total
Hombre
Mujer
14 a 24
25 a 44
45 a más
2001
9,3
8,2
10,7
14,6
7,6
7,3
2002
9,3
8,0
10,8
15,7
6,8
7,5
2003
10,1
9,2
11,2
16,0
7,8
8,9
2004
10,0
8,4
12,0
18,8
7,3
6,5
2005
8,9
7,4
10,7
15,2
6,9
6,3
2006
9,0
7,7
10,5
16,6
7,0
4,7
N
Fuente: Ministerio del Trabajo (2006)
70
La discriminación salta a la vista en el
caso de los sectores modernos como
la agroindustria y las confecciones. Las
empresas de estos sectores tienen la
posibilidad de hacer contratos temporales,
cuya justificación es la estacionalidad que
imponen los calendarios de exportación.
Sin embargo, gracias a esta flexibilidad
laboral pro-exportadora, cientos de mujeres
trabajan sin derecho a vacaciones, con
bajos salarios y sin reconocimiento de horas
extra. Tampoco gozan de compensaciones
o indemnizaciones cuando pierden el
empleo y menos participan de las utilidades
que muchas empresas exhiben como éxito
al cierre de cada año.
con mayor nivel educativo son mejores
remuneradas y tal vez por ello muchas
jóvenes de sectores medios y altos, e
incluso de sectores populares, están
ingresando en mayor número que los
hombres a las universidades y superándolos progresivamente en el índice
de profesionalidad: el 51,8% de los
profesionales que ingresan al mercado cada
año son mujeres. Sin embargo, cuando
salen al mercado laboral se encuentran con
que son discriminadas en el salario y que
los varones ganan más que ellas, solo por
el hecho de ser varones. Como referencia,
un estudio de 1997 encontró que las
mujeres en zonas urbanas, con 35 horas
de trabajo semanal o más, en edades de
20 a 49 años, ganaban 83,5% respecto a la
remuneración promedio de los varones.
Otra paradoja se presenta en el plano
educativo. Por regla general las mujeres
Cuadro 2: Población de 15 años o más, según sexo y nivel educativo
Nivel educativo que
aprobó
Sin nivel
Educación inicial
Sexo
Hombre
362.509
%
Mujer
3,9
1.050.828
Total
%
10,8
1.413.337
8.630
0,1
12.238
0,1
17.101
Primaria
2.068.330
22,1
2.353.518
24,3
6.490.178
Secundaria
3.926.159
41,9
3.348.738
34,6
7,274.897
Superior
2.996.418
32,0
2.926.256
30,2
5.922.674
Superior no universitaria
1.386.133
14,8
1.485.928
15,3
2.872.061
Superior universitaria
1.610.285
17,2
1.440.328
14,9
3.050.613
Total
9.363.046
100,0
9.691.578
100,0
19.054.624
Cuadro 3: Analfabetismo por géneros
Analfabetos
Total
Sexo
Hombre
Prom.
Mujer
Prom.
336.270
3.6
1.023.288
10,6
%
24,7
Total
Prom.
1.359.558
5.51
75,3
100,0
Fuente INEI Censo XI Población y V Vivienda 2007
Cuadro 4: Segmentación ocupacional femenina
Media
baja
Muy baja
(90-100%)
(60-89%)
(40-59%)
(39-10%)
(10-0%)
Arquitectas
Ingenieras
Agrónomos
Pilotos de
aviación
Profesionales
técnicos
Enfermeras
obstétricas
Profesoras
Asistentes
sociales
Químicos
Traductoras
Laboralistas
Economistas
Contadores
Médicos
Gerentes
Secretarias
mecanógrafas
Telefonistas
Agentes de
ventas
Bancarios
Cajeros
Oficiales
Administrativo
Inspectores
Almaceneras
Jefas
Administrativa
Trabajadoras
agrícolas y no
agrícolas
Costureras
Trabajadores
textiles
Confección
Artes gráficas
Preparación
alimentos
Agricultoras
Avicultoras
Albañiles
Mecánicos
Carpinteros
Electricistas
Trabajadores
de los servicios
Empleadas
del hogar
Lavanderas
Planchadoras
Limpiadoras
Peluqueras
Azafatas
y meseras
Personal de
hostelería
Guardias
Lustrabotas
Lavadoras de
autos
Carteros
Veladoras
Fuente: Ministerio de Trabajo (2006)
Para el 2003 este indicador había
empeorado, pues la remuneración de las
mujeres era en promedio 77% respecto a la
de los hombres.
Otro fenómeno con rostro de mujer es el de
las migraciones internacionales. En 2007,
nuestro país registró 3 millones de migrantes:
un 51.2% de los que se fueron eran mujeres
y 48,8% hombres. Esta información en un
contexto como el peruano plantea diversos
problemas: la mayor incidencia de pobreza
entre las mujeres, y la baja asimilación de
las que gozan dentro de la oferta de empleo
3
formal, termina expulsándolas y obligándolas
a buscar nuevas oportunidades en otros
lugares. El hecho de que un 27% de las
migrantes sean trabajadoras del hogar
confirma que las que se van pertenecen a
los estratos más pobres y maltratados.
A esto se suma, el problema lacerante de la
violencia familiar y el feminicidio: solo en el
2009 se registraron 135 feminicidios3. En el
70% de estos casos el principal sospechoso
del crimen era la pareja o ex pareja de la
víctima, mientras que en otro 18% se
presume que el victimario fue un familiar.
Alta
N
Muy alta
Información contenida en la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1690-2009-MT-FN.
71
Cuadro 5: Tipo de feminicidio según relación con el presunto victimario
Nº
1
2
3
4
5
Relación con el presunto victimario
Pareja o
ex pareja
Familiar
Conocido
Cliente de una
trabajadora
sexual
Desconocido
N
Total
%
Esposo o conviviente
51
0
0
51
37.8
Ex conviviente
17
0
1
18
13.3
Enamorado o novio
16
0
0
16
11.9
Pareja sentimental
7
0
0
7
5.2
Ex enamorado
1
0
0
1
0.7
Ex conviviente
homosexual
1
0
0
1
0.7
Sub-total
93
0
1
94
69.6
Padre
8
0
0
8
5.9
Padrastro
3
0
0
3
2.2
Cuñado
3
0
0
3
2.2
Yerno
2
0
0
2
1.5
Hijo
2
0
0
2
1.5
Tío
2
0
0
2
1.5
Hermano
1
0
0
1
0.7
Nieto
1
0
0
1
0.7
Ex yerno
1
0
0
1
0.7
Conviviente de la sobrina
de la víctima
1
0
0
1
0.7
Sub-total
24
0
0
24
17.8
Amigo
0
4
0
4
2.9
Vecino
0
3
0
3
2.2
Compañero de trabajo
0
1
0
1
0.7
Persona que conoció en
una fiesta
0
1
0
1
0.7
Sub-total
0
9
0
9
6.7
Cliente
0
5
0
5
3.7
Sub-total
0
5
0
5
3.7
Desconocido que atacó
sexualmente a la víctima
0
3
0
3
2.2
117
17
1
135
100
TOTAL
72
Tipo de feminicidio
Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público
Para la lucha feminista una cosa era abrir
el camino para derribar los prejuicios
y las normas que dificultan que las
mujeres podamos acceder en igualdad de
condiciones a los cargos del Estado a los
que normalmente llegan los hombres, y
otra muy distinta que la entrada de estas
nuevas dirigentes significase, de por sí, la
incorporación de políticas con dimensión de
género. Es decir, “no basta con ser mujeres”.
Que hoy el Perú tenga vicepresidenta,
ministras, jefas de instituciones públicas,
congresistas, juezas, fiscales, presidenta
regional, alcaldesas y regidoras, es un
logro; pero de ningún modo es suficiente
para alcanzar los objetivos trazados.
También habría que decir que en cuatro
años del segundo gobierno aprista, algunas
mujeres han asumido las posiciones más
extremas del neoliberalismo económico y
han tomado algunas de las determinaciones
más autoritarias contra los movimientos
sociales, como son los casos de Mercedes
Aráoz al frente de las negociaciones de
los acuerdos comerciales y Mercedes
Cabanillas con la represión a los nativos
en el conflicto de Bagua.
Entre las muchas promesas electorales
del presidente Alan García estaba la
conformación de un “gabinete paritario”
(50%-50%), a la manera de España y
Chile. Aproximándose a ese ofrecimiento,
el primer equipo de gobierno incluyó a seis
mujeres sobre 16 miembros; no se cumplió
la promesa, pero era el gabinete con
más ministras en la historia peruana. Sin
embargo, con cada renovación ministerial,
ahora solo quedan tres. Casi hemos vuelto a
la normalidad con una distribución del poder
concentrada claramente en los hombres.
De otra parte, nadie puede decir que el
poder político haya estado realmente
interesado en las “políticas de igualdad
democratizadoras”. El balance que puede
hacerse de la participación de mujeres en
el segundo gobierno de García es que ellas
pueden administrar igual o mejor, pero que
un programa de reivindicaciones de los
derechos de la mujer aún no ha ocupado
su sitio en el gobierno.
N
Lejana equidad
73
N
La revolución de la participación política de
las mujeres es un fenómeno en desarrollo
y muy incompleto. Podría decirse algo
más grave: es una reforma que puede
estancarse y fragilizarse, aun cuando ya
no sea posible imaginar un desmontaje
explícito de las más importantes normas.
En el año 2006, por ejemplo, se llegó a una
situación excepcional en la representación
ante el Congreso con un 28,3% de mujeres
parlamentarias, que colocó al país en el
puesto once a nivel mundial4, según un
ránking sobre el grado de apertura de los
legislativos. Pero unos meses después, en
las elecciones de presidentes regionales,
ninguna mujer alcanzó una presidencia5 y
apenas un 1,5% de las alcaldías provinciales
fueron ocupadas por mujeres.
A 54 años de la primera votación de
mujeres y de la elección democrática de
las primeras parlamentarias; a 31 años de
la aprobación del voto para los analfabetos
en la Asamblea Constituyente de 1979,
lo cual tuvo extraordinaria importancia
para extender el derecho de voto a las
campesinas; a 13 años de la ley de cuotas
en las listas electorales, es indudable que
la relación entre las mujeres y la política
no es la misma de épocas pasadas.
Hoy tenemos mayor responsabilidad en
garantizar que no haya un retroceso, no
decaiga el ánimo ante las dificultades y se
ejerza una mejor vigilancia de las mujeres
en posiciones de poder. Las conquistas
sociales son, ante todo, fruto de acciones
colectivas, de movimientos organizados
y de plataformas elaboradas en procesos
democráticos. No son, como hoy se
entiende, representaciones individuales.
Porque cuando se dice que se actúa en
nombre todos, normalmente se hace sin
representar a nadie.
4
5
74
• Foto: Charlie Jara / Oxfam
Participación política
Si hay un fenómeno importante en el Perú
de los últimos 30 años es la emergencia de
las mujeres organizadas sobre el terreno de
la política y la lucha social. Las mujeres de
los movimientos han debido aprender por
la experiencia que sus demandas tendrían
sentido si se plantean políticamente y si
se enlazan con reformas en las normas y
decisiones del poder.
Pasa eso con las organizaciones de
supervivencia, que movilizan a muchísimas
mujeres de las zonas más pobres,
agrupadas en los Comités del Vaso de
Leche, Comedores Populares y otros; y que
han sostenido incontables batallas para
defender y ampliar los recursos que asigna
el Estado a los programas de alimentación.
Nadie podría negar el carácter altamente
político de este movimiento, lo que
IDEA Internacional, IDEA 2009. Presencia Femenina en los parlamentos a nivel mundial.
La actual presidenta de Lambayeque es el reemplazo del vacante Yehude Simon.
Hoy, las mujeres de los programas sociales
urbanos vienen empeñándose en aumentar
su capacidad de incidencia política sobre
los municipios, los gobiernos regionales,
el Congreso y el Poder Ejecutivo. Las
movilizaciones han sido un factor de presión
que ha abierto importantes espacios de
diálogo, pero las mujeres suelen quedar
fuera a la hora de las decisiones finales
sobre el reparto del Presupuesto Público.
Pero el fortalecimiento político de las
mujeres no solo ocurre en las urbes. Las
mujeres campesinas también han mostrado,
ya en dos elecciones (2001 y 2006), que
tienen los votos regionales para elegir
representantes propias en el Congreso
nacional. En el 2001 se eligió por primera
vez a una dirigente campesina puneña,
Paulina Arpasi, presidenta colegiada de
la Confederación Campesina del Perú. Su
El saldo de sangre de este conflicto ha
sido sumamente grave y doloroso, y en
medio de la persecución y el exilio de los
dirigentes, han emergido mujeres indígenas
demostrando su liderazgo. Como otros
movimientos, los indígenas han aprendido la
lección de que no pueden vivir de espaldas
al poder político y que para cambiarlo hay
que ganar poder propio.
N
determinó que diversos partidos, como el
fujimorismo y el Apra, intervinieran para
dividir a las lideresas de los programas
sociales mediante dirigencias paralelas
que debilitan su capacidad de acción.
Otro caso, con sus propias peculiaridades,
es el de las parlamentarias cocaleras,
provenientes de un sector social que sufre
una dura y constante represión, y cuya
existencia es reflejo de la incapacidad
del Estado de ofrecer alternativas. De
otra parte, los últimos años han hecho
extraordinariamente visible al movimiento
indígena de la selva y sus mujeres,
enfrentando la penetración implacable del
capital depredador sobre sus tierras y sus
entornos naturales. El llamado “Baguazo”
ha simbolizado el enfrentamiento social
más importante de la década en el que
chocaron el modelo neoliberal, la ambición
sobre los territorios comunales, la madera,
el petróleo y los recursos del subsuelo, con
la historia de los pueblos originarios que
han forjado una forma de vida en armonía
con la naturaleza.
sola presencia era toda una novedad. En
2006 fueron elegidas dos dirigentes del
movimiento campesino del Cusco, Hilaria
Supa y María Sumire. El momento simbólico
de inclusión pluricultural de este proceso
se dio cuando ambas entraron al hemiciclo
del Congreso vestidas con sus atuendos
campesinos. El desafío, sin embargo,
es mucho más profundo. La exigencia
fundamental de estas representantes
es la de ser tomadas en cuenta en las
decisiones del poder sobre sus territorios
y su entorno natural. El Perú está ganando
enormemente en democracia al abrirse
simultáneamente al mundo rural y a las
mujeres que lo representan.
75
Demanda de una,
demanda de todas
N
En medio de la lucha por acabar con la
dictadura, el fraude y la manipulación, al
final de la década de los 90 y al llegar al
decisivo año 2000, mujeres de distintas
organizaciones se unieron apuntando
a la transición, hacia la democracia, y
se plantearon cómo podían unir sus
demandas particulares. Así nació la idea
de la Plataforma de las Mujeres de las
organizaciones sociales, convergencia
de muchas plataformas con propuestas
diversas para armar un solo espíritu de
lucha por el cambio.
76
Si se piensa en el movimiento peruano de
mujeres se verá que en su interior están
las trabajadoras de las fábricas y de la
multitud de pequeños establecimientos
de producción, comercio y servicios, las
trabajadoras del hogar y las llamadas
informales que se ganan la vida como
pueden; las madres de los barrios populares
que pelean contra la crisis y que ahora
aspiran a una vida mejor; las integrantes
de los comités de amas de casa mineras
que habitan en los campamentos y que
tienen su propio plan de exigencias ante
las grandes empresas; las jornaleras de
la agroindustria costera, las campesinas
serranas, las mujeres nativas, las cocaleras
que forman el mundo de lo rural.
Pero al lado de todas ellas están también
las mujeres afectadas por la guerra interna,
las discapacitadas, las jubiladas y en
general las mujeres mayores, las lesbianas
que ejercen su derecho a la libertad sexual,
etc. ¿Cómo expresar a todas ellas? ¿Cómo
recoger todo lo que tienen por decir? La
Plataforma Nacional es una respuesta; es
la posibilidad de que todas nos sintamos
parte del gran movimiento de las mujeres
peruanas como un instrumento de lucha y
un mecanismo de identidad e incidencia.
Con la experiencia de la Plataforma Nacional
de Mujeres se alcanzó posteriormente
un nuevo hito, que es el de haber podido
integrar la perspectiva regional en la
agenda de género. A través de una intensa
movilización, sesiones de capacitación,
encuentros territoriales y sectoriales, y
talleres de trabajo, fuimos dando forma a
un proyecto audaz: lograr que lo femenino
se exprese a nivel regional y local. Más
aun, muchas consejeras regionales,
regidoras y autoridades municipales han
empezado a comprarse la idea y están
buscando la renovación y enriquecimiento
de las plataformas con la visión de que
una perspectiva de género en la política
peruana partirá del interior del país y desde
sus expresiones regionales y locales.
J“El número de hogares dirigidos por mujeres se incrementa en 3,9%
cada año, mientras que el de hogares encabezados por hombres crece
en 2%. Actualmente el 28,5% de los hogares peruanos tiene jefatura
femenina, pero la tendencia es creciente”.
J“La revolución de la participación política de las mujeres es un fenómeno
en desarrollo y muy incompleto. En 2006 se llegó a una situación
excepcional con un 28,3% de mujeres parlamentarias, pero meses
después ninguna mujer alcanzó una presidencia regional y apenas un
1,5% de las alcaldías provinciales fueron ocupadas por mujeres”.
Derechos políticos y civiles. Por mayor
poder para las mujeres, el Estado debe:
1. Obligarse a cumplir los principios
de equidad y debida diligencia
(atención, sanción y protección). Hacer
respetar el derecho a la igualdad y
no discriminación, contenidos en los
instrumentos internacionales sobre
derechos humanos suscritos por el
Estado, la Constitución Política, la
Ley de Igualdad de Oportunidades,
el Código Penal y el Plan Nacional
de Derechos Humanos. Las leyes
deben modificarse para incorporar la
prohibición, la sanción y prevención de
todo acto discriminatorio.
3. Implementar y financiar el Plan de
Lucha contra la Violencia hacia las
Mujeres 2007 – 2012, que contempla
la ampliación en cobertura y calidad
de los Centros de Emergencia Mujer
(hoy insuficientes) y la creación de
las casas de refugio en cumplimiento
de las leyes 26260 y 26763 (Ley de
protección frente a la violencia familiar
y su modificación).
4. Cumplir con las recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Anular las modificaciones de la Ley 28592
y restituir el derecho de los familiares de
las víctimas a programas integrales de
reparación. Asegurar la participación
de las víctimas de la violencia política
con voz y voto en la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y
el Consejo de Reparaciones que debe
garantizar programas de reparaciones
individuales y colectivas, con enfoques,
metodologías y presupuesto público
adecuado para las víctimas de violencia
sexual durante el conflicto armado.
• Foto: Evan Abramson / Oxfam
El Perú está ingresando a su calendario
electoral. Este es un tiempo posible de
cambios y de discusión abierta sobre lo que
debería hacerse; y las mujeres tenemos
un papel que jugar. Si los años anteriores
hemos abierto espacios, esta es la ocasión
de consolidarlos y darles contenido. Hay una
agenda de innumerables retos, surgida de
la experiencia y de la lucha de las mujeres,
de sus debates democráticos. Todo esto se
traduce en la siguiente plataforma:
listas. Por esta misma razón, no debe
eliminarse el voto preferencial.
N
La perspectiva femenina es democrática,
inclusiva, reconciliadora con la naturaleza,
pacifista, solidaria y comunitaria, protectora
del agua y del territorio y de otros
recursos naturales valiosos que no deben
mercantilizarse ni privatizarse. Aportar
estas y otras dimensiones al debate puede
transformarnos a todos. Hablamos de una
sociedad posible donde haya lugar para
todas las personas: un nuevo momento
constituyente.
2. Garantizar el derecho a la participación
política de las mujeres. La ley de cuotas
de mujeres en las listas electorales debe
mejorarse incorporando la obligación
de la alternancia, y evitar así que la
“cuota femenina” quede al final de las
77
N
J“Que hoy el Perú tenga vicepresidenta, ministras, jefas de instituciones
públicas, congresistas, juezas, fiscales, presidenta regional, alcaldesas
y regidoras es un logro; pero de ningún modo es suficiente para alcanzar
los objetivos trazados”.
J“El momento simbólico de inclusión pluricultural de este proceso se dio
cuando Hilaria Supa y María Sumire entraron al hemiciclo del Congreso
vestidas con sus atuendos campesinos”.
78
Adecuar la legislación penal peruana al
Estatuto de la Corte Penal Internacional
que se encarga de juzgar los casos
de genocidio y violaciones graves de
derechos humanos.
5. Derogar, por inconstitucionales, los
decretos legislativos que criminalizan la
protesta social. Que el Ministerio Público
y la Defensoría del Pueblo documenten
los casos que podrían constituir crímenes
de lesa humanidad, incluyendo los casos
de violencia sexual.
Derechos económicos, sociales y
culturales. Por calidad de vida para
todas (y todos) el Estado debe:
• Modificar el sistema estadístico de
manera que se incorporen las variables
de género, familiares, étnicas, culturales,
de orientación sexual, y podamos
conocernos con mayor precisión.
• Garantizar el derecho al trabajo y a
condiciones laborales dignas, a través
de la promulgación de una nueva Ley
General del Trabajo, que promueva el
empleo y lo proteja contra el despido
arbitrario, mejore las remuneraciones
y elimine los contratos sin derechos.
Aprobar el proyecto de ley que reconoce el
trabajo no remunerado que actualmente
realizan las mujeres para los programas
de apoyo alimentario y supervivencia.
• Dotar servicios básicos y sociales de
calidad para toda la población, acceso
a agua potable, electricidad, redes de
comunicaciones, educación gratuita
y sistema único de seguro de salud
para todas las peruanas y peruanos.
También ampliar la cobertura de cunas,
guarderías, wawahuasis, así como de
albergues para mujeres maltratadas o
abandonadas, casas de refugio, centros
de emergencia mujer y de atención para
los niños, adultos mayores y personas en
situación especial, en particular aquellos
que sufren alguna discapacidad.
• Garantizar los derechos pensionarios
y el control de las AFP; la derogatoria
de la Ley 28389, que congela los
beneficios de la cédula viva. Respetar
las convenciones y la Ley 28164 sobre
las personas con discapacidad, el
Convenio 183 y el Protocolo del Pacto
de Derechos Económicos Sociales, las
Recomendaciones de la Convención
sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), el cumplimiento
de las leyes 27803 y 29059 sobre la
no reincorporación de trabajadores
despedidos y despedidas.
• Garantizar los derechos sexuales y
reproductivos, facilitar el acceso a
métodos de planificación familiar y
protección contra enfermedades de
• Promover un currículo escolar con
perspectiva intercultural y de género,
que visibilice el aporte y la historia de
las mujeres, los grupos étnicos andinos y amazónicos, y otros como
los afrodescendientes que han sido
invisibles.
Derechos ambientales y de desarrollo.
Por el progreso del Perú y de sus
mujeres, el Estado debe:
• Proteger y promover la producción nacional, especialmente la comunera,
agropecuaria y de la micro y pequeña
empresa, y su acceso al mercado
interno. Garantizar los derechos de
propiedad intelectual de las comunidades
indígenas, amazónicas y afroperuanas.
Incorporar a estas poblaciones en las
decisiones sobre la explotación de
recursos naturales en sus territorios
mediante la realización de consultas.
• Frenar la concesión indiscriminada de
denuncios mineros y autorizaciones de
explotación, exigir el pago de regalías
mineras para la reparación del ecosistema
y el sostenimiento económico, con criterio redistributivo, y formular políticas
sostenibles de protección y promoción del
medio ambiente y recursos naturales.
• Respetar y hacer respetar los derechos
legales y consuetudinarios de las comunidades y pueblos indígenas.
El reto que estamos asumiendo es el de
una nación y una sociedad que aspiran
claramente a un profundo cambio social
y a una democracia con justicia de género. Sabemos que se deberá hacer un
extraordinario acopio de inteligencia,
voluntad y energía para que estos anhelos
no vuelvan a contraponerse como ha
ocurrido tantas veces en el pasado.
Dependerá de las organizaciones, sus
dirigentes y sus mujeres poner todo el
esfuerzo y entrega.
transmisión sexual (ETS), incluyendo los
AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia)
y la despenalización del aborto.
N
79
Construyendo
desde la DIVERSIDAD
El aporte de los pueblos indígenas al
desarrollo del país
• Foto: Chris Hufstader / Oxfam
Las sociedades indígenas de los Andes y la Amazonía han realizado importantes aportes
mediante la domesticación de centenares de especies de flora y fauna de los que hoy se
beneficia el mundo entero. Pese a ello se les quiere despojar de los territorios que han
desarrollado y protegido de manera colectiva durante décadas. El Perú enfrenta el desafío
de valorar este legado como un aporte a la construcción de un país intercultural.
Alberto Chirif
Ahora coexisten las dos diversidades, pero los empeños desde
el poder están dirigidos a desbaratar ambas. La biológica es
destruida por una visión de corto plazo que prioriza la explotación
minera que genera recursos que se quedan con las empresas
y no pocas veces en los bolsillos de los gestores nacionales de
las concesiones, y que no se ven reflejados en mejoras de la
educación y la salud de la gente, en el crecimiento del empleo,
en el desarrollo de normas de convivencia y en la creación de
condiciones de gobernabilidad internas. Al mismo tiempo se
intenta destruir la diversidad sociocultural, es decir, la energía
creadora y organizativa de la población porque la defensa que
hacen los pueblos indígenas del hábitat donde se encuentran los
recursos ambicionados por el poder, los convierte en un lastre
N
Lamentablemente esta mirada volcada sobre los pueblos
indígenas no ha sido consecuencia de un reconocimiento
sobre su valor y aportes que, aunque tardío, hubiera sido de
gran importancia para la formación de un país auténticamente
democrático, en el que todas sus voces y todas sus sangres
puedan concurrir a la construcción de una unidad fundada en la
diversidad, que a fin de cuenta, en lo biológico y socio-cultural,
es una característica central del Perú. Nos preciamos ahora de
nuestro arte culinario, pero no es siempre claro el hecho de que
éste no sería posible sin estas dos diversidades, que además se
combinan y alimentan recíprocamente.
L
os pueblos indígenas en el Perú han tenido una presencia
inusitada en la escena política nacional durante los últimos
años que se ha visto ampliamente reflejada en la prensa.
¿Por qué un sector social históricamente olvidado en el Perú,
a veces incluso negado (“no hay indígenas”, “todos somos
peruanos”, por allí algunos añadiendo eso de inga y mandinga
de lo que todos tenemos, con voz que a veces parece sonar a
orgullo, pero que diluye tanto los conceptos que termina negando
a los ingas y mandingas concretos), ha aparecido de pronto como
protagonista principal?
81
para las empresas y el gobierno. Además
del amedrentamiento, estos actores se
valen de su poder corruptor, comprando
adhesiones y creando organizaciones que
avalen sus “políticas de desarrollo” (así las
llaman ahora) e intereses. Si bien hasta
el momento se ha analizado en detalle la
contaminación ambiental causada por las
empresas mineras y por la negligencia del
Estado, aún no se ha hecho lo mismo con
la contaminación moral que generan. Es
una tarea todavía pendiente.
Hubiera sido importante que esta mirada
insistente sobre los indígenas fuese
consecuencia del reconocimiento de la
inteligencia de sus pueblos, algunos ya
desaparecidos, que han desarrollado
modelos de adaptación a condiciones
geográficas y medioambientales difíciles
para conseguir lo mejor de ellas en
beneficio de la sociedad. Cultivar el
desierto, aprovechar las laderas de los
cerros mediante el sistema de andenes
N
Aportes a la
humanidad
1
82
o aprovechar las tierras de la altiplanicie
puneña con el sistema de waru waru1 son
logros de la inteligencia de sociedades que
convirtieron en aliado lo que de otra manera
es un ambiente hostil. Muchos se referirán
a estas técnicas como rezagos del pasado,
aun cuando en la moderna China se siguen
construyendo andenes para cultivar laderas
de cerros. Prestigiosos arqueólogos
señalan que las antiguas civilizaciones
indígenas asentadas en la costa cultivaban
más tierras que hoy. El Dr. Walter Alva
Alva, por ejemplo, ha sostenido en varias
conferencias que los moches cultivaron
extensiones hasta tres veces mayores que
las actuales y con mayor conocimiento del
medio (ver Cáceres 2001).
¿Qué ha aportado la llamada “modernidad”
para superar las técnicas de la antigüedad,
hoy calificadas de obsoletas, para hacer
producir zonas agrestes y de difícil
topografía? La lacónica respuesta es:
nada. Simplemente esos espacios se
encuentran abandonados y, lo que es una
grave consecuencia, la gente a la que se
le destruyó su sistema productivo y su
relación con su medio social, tampoco ha
recibido ningún aporte de la modernidad
que le haya permitido reemplazar su
sistema ancestral de producción por otro
que le signifique un estado de bienestar
por lo menos similar al que tenía. En
el Perú, una concepción obtusa sobre
el progreso ha hecho que el poder y
eficacia de los instrumentos tecnológicos
no se analicen en función de la finalidad
que éstos deben lograr, sino que se los
venere por pertenecer a una “modernidad”
considerada a priori como superior. En
este sentido, en las condiciones de ciertas
zonas agrícolas de los Andes, de terrenos
Camellones levantados en zonas inundables para cultivar en su parte más elevada. El agua circundante eleva
la temperatura de los cultivos y mitiga las heladas. Estudios realizados han determinado que la temperatura de
los cultivos en estos camellones es de 1-2 grados respecto a los de las pampas.
Importante hubiera sido que la actual
atención sobre los pueblos indígenas
se centrara en sus descubrimientos y
su legado al país y al mundo, como la
domesticación de la papa, de la cual,
señalan los especialistas, existen más
de 3.000 variedades que no son fruto
del acaso, de la “naturalidad” del medio,
sino de la inteligencia y perseverancia de
sociedades que las trabajaron y lograron.
Pero la papa es sólo una de las cerca de
200 especies de flora y al menos cinco de
fauna que hemos recibido como herencia del
mundo indígena, no sólo de las sociedades
“complejas”, como las andinas y costeñas,
con desarrollo urbano, especialistas y
estructuras estatales, sino también de las
“simples”, como las amazónicas. Éstas
también domesticaron una amplia variedad
de cultivos, la yuca entre los principales,
de la cual existen numerosas especies y
variedades.
El etnobotánico estadounidense Brent Berlin
se refiere precisamente al conocimiento
sobre las plantas de los awajún y a la
sistematización de éste para hacerlo
transmisible y benéfico a la sociedad.
Califica de “notable” el conocimiento de este
pueblo para establecer pares de plantas,
una cultivada y su correlato silvestre,
“…pues requiere de una astuta y verdadera
observación botánica que en el mundo
occidental solamente es posible obtenerla
con un entrenamiento formal”
(Berlin 1979: 18).
El asombro que nos causan notables
conocimientos de estas sociedades
“simples”
se
refuerza
con
otros
conocimientos, sencillos en su aplicación
pero muy complejos en su descubrimiento,
porque no se ha llegado a ellos como
consecuencia del azar, sino del seguimiento
de caminos del saber que aún están por
dilucidar. Es el caso de la llamada “yuca
brava” o “yuca amarga” (Manihot utilissima),
mortalmente venenosa en estado natural,
dado su alto contenido de ácido prúsico o
cianhídrico, pero que procesada en el Perú
por los boras, huitotos, ocainas y secoyas
(y otras sociedades indígenas de otras
latitudes), se convierte en apta para el
consumo, con ventajas comparativas frente
a la llamada “yuca dulce” (la no venenosa),
por su mayor contenido de almidón y
constituir un producto almacenable. Es
la inteligencia de esas sociedades lo que
ha hecho que opuestos tan marcados,
como veneno y alimento, como muerte y
N
escarpados y de pequeña extensión, es
absurdo descalificar el uso de bueyes para
arar la tierra e incluso de la chaquitaclla
calificándolos como medios que pertenecen
a un pasado remoto. Deberían, en cambio,
ser considerados como los más modernos
permitidos para ese ambiente.
83
N
vida, sean superadas para el logro de un
producto al servicio de la sociedad.
84
Como éstos podríamos mencionar muchos
otros conocimientos notables, como el
caso del curare, usado por los pueblos
indígenas exclusivamente para la caza,
elaborado a partir de plantas de los
géneros Strychnos y Chondrodendrom,
que mata por relajamiento muscular y por
tanto no contamina la carne del animal.
Lo asombroso es cómo se ha llegado a
encontrar las plantas necesarias para ser
combinadas con la finalidad de producir un
veneno de este tipo, que ha sido utilizado
como anestésico por la moderna cirugía, en
un medio en el que existen unas 750.000
plantas superiores (las que tienen flores)
y alrededor de 1.4 millón si consideramos
también las otras. (Ver Narby 1997: 154.)
Las luchas de los
pueblos indígenas
Importante hubiera sido que la presencia de
los pueblos indígenas en la prensa sirviera
para destacar éxitos y logros modernos
para ellos y para el país. Por ejemplo, que
se hubiera destacado el papel jugado por
los ashánincas en la pacificación de la selva
central durante la década de 1990. Que se
rindiese homenaje a quienes, después del
secuestro y desaparición del presidente
de la federación asháninca del río Pichis,
don Alejandro Calderón, en 1989, a manos
del MRTA que justificó su acción con el
argumento de un ajuste de cuentas por la
supuesta responsabilidad de este líder en
la captura y entrega a la policía, 24 años
antes, de Máximo Velando, comandante
de una columna guerrillera, combatieron
este movimiento en dicha cuenca y luego
a SL en la zona de Satipo y los ríos Ene y
Tambo.
Igualmente hubiera sido importante que
las noticias de la prensa destacaran el
valioso aporte de los achuares del río
Corrientes para la conservación y buen
uso del patrimonio natural de la Nación y
la recuperación de su salud y condiciones
de bienestar. En 2006, luego de arduas
protestas, ellos consiguieron la reinyección
al subsuelo de las “aguas de formación”
y con los remanentes de la subversión.
En el caso de los achuares, el ministro de
Energía y Minas otorgó los créditos de la
reinyección a quienes se habían opuesto
tenazmente a esta medida. Alegaba el
gobierno que el problema no existía y
que los indígenas estaban manipulados
por fuerzas externas. En una entrevista
periodística, luego de calificar a la
reinyección como “un paso trascendental
en la preservación y la protección del medio
ambiente [que] marca un hito en el manejo
ambiental hidrocarburífero del Perú”, el
ministro Pedro Sánchez afirmó que ésta “es
el resultado del esfuerzo conjunto entre la
empresa privada y el Estado” (La Región,
28/0/2009, versión digital). Los achuares,
que lucharon arduamente en 2006 por
lograr esta meta, incluso a riesgo de ser
reprimidos violentamente, fueron una vez
más expropiados, ya no de los recursos
de su hábitat, sino también de un mérito
como éste que, como dijimos, redunda en
beneficio de la conservación del patrimonio
natural del país.
N
producidas por la extracción de petróleo2.
Bueno hubiera sido que sucedieran ambas
cosas. Sin embargo, el resultado, en un
caso, y el manejo de la información, en el
otro, han seguido caminos torvos, difíciles
de predecir para quien hubiera mirado los
sucesos con mente sana. En el caso de
los ashánincas desplazados de sus tierras
jamás se ha escuchado una palabra de
reconocimiento del Estado a su valerosa
participación en el proceso de recuperación
de cautivos y pacificación de la zona.
Peor incluso, las tierras tituladas que las
comunidades de la cuenca del Ene debieron
abandonar por las condiciones de violencia
impuestas, fueron luego destinadas por el
Estado para desarrollar un programa de
reasentamiento (PAR), pero no con los
propios dueños de ellas, los ashánincas,
sino con colonos traídos de fuera. Al mismo
tiempo, en la zona de Satipo y Pangoa la
titulación de comunidades fue paralizada
para dar paso a concesiones forestales de
empresas que ahora hacen “acuerdos de
protección” con grupos de narcotraficantes
J“La mirada sobre los pueblos indígenas no ha sido consecuencia de un
reconocimiento oficial sobre su valor y aportes. Aunque tardío, esto hubiera
sido de gran importancia para la formación de un país auténticamente
democrático”.
J“Nos preciamos de nuestro arte culinario, pero no siempre reconocemos
que esto no sería posible sin la diversidad en lo biológico y socio-cultural,
que se combinan y alimentan recíprocamente”.
2
El pueblo achuar sufre la contaminación ambiental en sus territorios desde la década de 1970, cuando la
empresa estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) comenzó a explotar petróleo. A partir de
1996, la compañía de capitales argentinos PlusPetrol Norte opera en las cuencas altas de los ríos Pastaza,
Corrientes y Tigre, y desde 2000 ha extendido su área de intervención. Este pueblo está ubicado en la región
de Loreto, en el nordeste del país, y cuenta con 31 comunidades que agrupan a 8.000 habitantes, de los cuales
entre 3.000 y 4.000 son víctimas directas de la explotación petrolera, según la organización no gubernamental
Racimos de Ungurahui.
85
La “ley de tierras” Nº 265053 inauguró en
1995 una nueva modalidad de agresión
contra los pueblos indígenas. Si hasta ese
momento los esfuerzos del Estado habían
estado dirigidos a debilitar las garantías
que la Constitución reconocía a las tierras
de las comunidades indígenas4 (el carácter
inembargable e inalienable de ellas fue
eliminado de la Constitución de 1993, que
sólo mantuvo el de imprescriptible), desde
entonces buscó, sin miramiento alguno,
la definitiva cancelación de la comunidad
misma, con la lógica de que eliminando el
sujeto prescriben sus derechos. El objetivo
de esa ley era cambiar la condición jurídica
de las comunidades, convirtiéndolas en
sociedades de personas. Producido el
cambio, la ley alienta medidas para que ellas
fraccionen, alquilen, hipotequen y vendan
sus tierras. Este proceso estuvo orientado
inicialmente a la parcelación y venta de
las tierras de comunidades costeñas, en
especial, de las de Piura, donde se redujo
al mínimo los requisitos para el cambio
de personería jurídica (apenas el voto
favorable del 50% de los asistentes a la
asamblea comunal). Los resultados para
las empresas fueron inmejorables, ya que
lograron por poco dinero concentrar tierras
fértiles y con infraestructura de riego.
Desde entonces, para el Estado quedó
pendiente la ejecución de una faena similar
en las regiones andina y amazónica.
Ésta fue anunciada por el actual gobierno
mediante los artículos que el presidente
Alan García encabezó con el refrán
español del “perro del hortelano”, adjetivo
en el que él englobó a comuneros de todo
el país e incluso a colonos (a pesar de que
la mayoría de ellos habían sido asentados
en la región amazónica por programas
oficiales), que teniendo tierras, según él,
no las hacen producir ni permiten que otros
lo hagan.
Como el cambio de personería jurídica
ya había sido establecido en la ley
de 1995, los decretos aprobados por
este gobierno en 2007 y 2008 para la
supuesta implementación del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos5 se
orientaron a potenciar los efectos de esa
medida y ampliarlos. En este sentido
plantearon la reducción del quórum de dos
tercios a la mitad para disolver comunidades
o acordar su parcelación; el reconocimiento
de derechos a invasores con cuatro años de
antigüedad; y la posibilidad de crear distintas
figuras jurídicas dentro de la comunidad, lo
que tenía por objetivo quebrantar la unidad
social interna. Estas normas violaban
la autonomía comunal y atropellaban
la garantía de imprescriptibilidad de su
propiedad, ambos derechos reconocidos
por la Constitución (ver Art. 89º).
Los decretos pasaban igualmente por
encima del derecho de consulta previa, libre
e informada para la suscripción de contratos
petroleros y mineros en lotes ubicados en
territorios comunales; y declaraban de
N
La agresión (i)legal
contra los indígenas
“Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las tierras del territorio nacional
y de las comunidades campesinas y nativas” promulgada el 17 de julio de 1995.
4
Aunque la legislación peruana reconoce a las comunidades campesinas y nativas como sujetos de derecho,
la ratificación del Perú del Convenio 169 de la OIT recupera el concepto de indígena y además proyecta sus
derechos al sujeto “pueblo”.
5
El Ejecutivo promulgó un centenar de decretos legislativos debido a las facultades legislativas que le otorgó
el Parlamento para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por lo menos diez de los
decretos afectaban los derechos de las comunidades indígenas y tampoco fueron consultados previamente.
3
86
Naciones Unidas, entre los principales
documentos, pero también pasaban por
encima de otras leyes nacionales y de
acuerdos internacionales.
Lo extraño e incluso patológico de los
procesos impulsado desde 1995 y 2007
por los presidentes Alberto Fujimori y Alan
García en contra de los pueblos indígenas,
es que fueron puestos en marcha
luego de que el Estado reconociera los
dos documentos internacionales más
importantes sobre los derechos indígenas:
el Convenio 169 ratificado en 1993 y vigente
desde el año siguiente; y la Declaración
de Naciones Unidas de los Derechos de
los Pueblos Indígenas, sancionada por la
asamblea general de la ONU, en 2007. La
aprobación de este último instrumento sólo
fue posible luego de un arduo trabajo de un
año liderado por el embajador peruano ante
la ONU para lograr la adhesión de países
que se oponían a ella. ¿Patología, cinismo,
ignorancia? Tal vez un poco de todo, porque
es amplio el récord de incumplimiento de
compromisos de Perú, que ha suscrito casi
todos los tratados internacionales.
N
propiedad pública todas las tierras eriazas
no tituladas, aunque ellas estuviesen
poseídas y fuesen pretendidas por
comunidades indígenas u otros pobladores
locales. De esta manera, los decretos
transgredían derechos considerados en la
Constitución, en las leyes de comunidades
nativas y campesinas, en el Convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y en la Declaración de
J“Cultivar el desierto, aprovechar las laderas de los cerros mediante el
sistema de andenes o aprovechar las tierras de la altiplanicie puneña
son logros de la inteligencia de sociedades indígenas que convirtieron en
aliado a un ambiente hostil”.
J“Lo extraño y patológico de los procesos impulsados por los presidentes
Fujimori y García en contra de los pueblos indígenas, es que fueron
puestos en marcha luego de que el Estado reconociera los dos documentos
internacionales más importantes sobre sus derechos”.
En todo este proceso la violencia ha sido
generada por el Estado que ha pisoteado
derechos adquiridos por las comunidades y
los pueblos indígenas. Su arrogancia lo ha
llevado además a pensar que la población
no reaccionaría ante la imposición de
decisiones como lo hacían los patrones
87
N
de otros tiempos, sin considerar que
las condiciones han cambiado y que la
población, aunque el Estado no haya
difundido sus derechos reconocidos por ley
ni menos incluso la haya capacitado para
su ejercicio, ha aprendido a defenderlos.
De allí su afán de recurrir a débiles
argumentos, como el de la manipulación
externa.
El comportamiento del Estado ha sido
tramposo al intentar la aprobación de
decretos anteriormente rechazados cambiándoles de números y nombres. El
mejor ejemplo de esto deriva de la lectura
del discurso de la Dra. Beatriz Merino,
Defensora del Pueblo, ante el Congreso el
19 de enero de 2010: “Cabe mencionar, al
respecto, que el Proyecto de Ley N° 1992–
2007–PR, que había sido cuestionado
por las organizaciones indígenas y
desaprobado por la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Medio
Ambiente y Ecología, contenía el mismo
texto que el Decreto Legislativo N°
1015”. (Negritas del original.) La demanda
de inconstitucionalidad interpuesta por este
organismo contra varios de los decretos
ratifica lo dicho.
Los sucesos de Bagua en junio de 2009
representan la cúspide de la violencia del
Estado y de su ignorancia acerca de la
realidad. Con esto no pretendemos liberar
de responsabilidades a los indígenas por
las muertes en la denominada “Curva del
Diablo” y la Estación 6 de PetroPerú. No
obstante, consideramos que fue el Estado
el que generó las condiciones de violencia
al poner la mecha y la pólvora y activar los
detonantes. Un documentado artículo de
Ricardo Uceda en la revista Poder sobre la
responsabilidad de altos funcionarios en el
conflicto6 evidencia que las autoridades no
asumieron su compromiso a pesar de haber
sido responsables de impulsar las políticas
generadoras de las protestas y de haber
estado a cargo de las instituciones que
reprimieron a los manifestantes. Estos altos
funcionarios evadieron sus obligaciones,
carecieron de coraje para enfrentar las
consecuencias de su acción y mintieron
tratando de justificarse políticamente al
afirmar, por ejemplo, que “la derogatoria de
la ley forestal7 pondría en riesgo el TLC con
Estados Unidos”.
Aportes para recordar
El intento de destruir a las comunidades no
puede ser sino calificado como un propósito
perverso en beneficio del mayor lucro de
los amigos del poder; y el pretexto de que
la privatización de las tierras tiene por
finalidad sacar a la gente de la pobreza, no
es más que una desaforada mentira. Por
cierto, sería igualmente engañoso señalar
que ellas son centros de prosperidad
y riqueza. Sí sostenemos, en cambio,
que constituyen organizaciones sociales
fundamentales para el manejo de recursos
que no pueden ser gestionados de manera
individual, como los bosques, la fauna y
los cuerpos de agua, de tanta importancia
en la economía de las regiones de Loreto,
Ucayali y Madre de Dios. En efecto, las
aguas juegan un papel fundamental para
la reproducción de la flora y de la fauna,
la reposición de nutrientes de los suelos,
Artículo “Los imperdonables” publicado en la edición 360 de la revista Poder, el 15 de febrero de 2010.
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3620&pag=4#ixzz0h9nyWEdx
7
En el paquete de los cien decretos para implementar el TLC con Estados Unidos, se aprobó el D.L 1090
que modificaba la ley forestal, daba en propiedad territorio de comunidades y ponía en riesgo el 60% de los
bosques primarios de la Amazonía. El decreto fue derogado luego de las protestas de Bagua en junio de 2009.
En la actualidad se elabora una nueva ley forestal.
6
88
No creo que un gobierno como el actual
escuche recomendaciones, y no por
prejuicio, sino por lo que ha demostrado
después de la violencia de junio de 2009,
con el informe de Bagua parcializado8, con
nuevos contratos inconsultos a empresas
mineras y petroleras y con proyectos
de leyes que continúan en la línea del
desprecio a los derechos indígenas, como
el que pretende normar el desplazamiento
de la población asentada en zonas de
“proyectos de interés nacional” para facilitar
la inversión privada. No obstante, son tan
buenas y concretas las recomendaciones
con las que la Defensora del Pueblo
terminó su discurso ante el Congreso, en
enero pasado, que vale la pena recordarlas:
respetar el derecho de consulta reconocido
por el Convenio 169 y la declaración de
los Derechos de los Pueblos Indígenas
de la ONU, consolidar dentro del Estado
un espacio de institucionalidad que vele
por los derechos indígenas, desarrollar el
diálogo intercultural y trabajar para construir
un Estado inclusivo y sin discriminación a
8
En un momento histórico en que temas
como el calentamiento global y los callejones
sin salida del actual modelo de desarrollo
han ganado tanta presencia en la escena
mundial, ha llegado el momento de mirar
con seriedad el legado de las sociedades
indígenas, para aprender las lecciones que
permitan reorientar el presente y el futuro.
Referencias
Berlin, Brent
1979 “Bases empíricas de la
Cosmología Aguaruna”. En Chirif, Alberto
(ed.). Sociedad y Ecología. CIPA. Lima.
Cáceres, Pedro
2001 Los saqueadores de tumbas.
http://www.elmundo.es/
especiales/2001/06/sociedad/rutaquetzal/
cronica8julio.html
Narby, Jeremy
1997 La Serpiente Cósmica. El ADN
y los orígenes del saber. Takiwasi –
Racimos de Ungurahui. Lima.
El uso de suelos marginales, despreciados
por el gran capital pero valiosos para
economías de pequeña escala, es otro
de los aportes de las comunidades. Y lo
es también su potencial organizativo para
complementar, aunque con frecuencia
para reemplazar, servicios que el Estado
no da o lo hace de manera insuficiente,
como la atención a la salud, a través de
promotores que cumplen destacada labor
y casi siempre ad-honorem.
los pueblos indígenas. Son tareas de largo
aliento para construir un país que respete
la riqueza de su diversidad y apueste por
las fortalezas de su gente.
N
y en el control de plagas y malas hierbas,
además del transporte y el turismo.
El Ejecutivo conformó una comisión investigadora sobre los sucesos de Bagua con la participación de
representantes del gobierno y los indígenas. Como resultado, se dio a conocer, en enero de 2010, un informe
que según los nativos no recoge sus versiones de manera equilibrada ya que los responsabiliza de los hechos
de violencia y exculpa a las fuerzas represivas.
89
Cada vez más LEJOS del Sur
El Perú juega su propio partido de apertura
comercial de espaldas a la integración con sus
vecinos de la región
El país ha encontrado en los Tratados de Libre Comercio (TLC) su mejor fórmula para
relacionarse con el mundo globalizado, dejando de lado las dimensiones sociales, políticas
y culturales. En su apuesta ya ha firmado seis acuerdos comerciales, de los cuales solo
uno lo vincula con un país de la región y el resto con países desarrollados y la emergente
China en condiciones asimétricas. El Perú se aleja cada vez más de la integración con
América del Sur. ¿Es posible revertir esta tendencia?
Pero como el paradigma de globalización se ha impuesto al
de regionalismo en este esquema de integración que ejecutan
nuestras autoridades y funcionarios públicos, la búsqueda
de mercados ha sido dirigida, en su mayoría, a economías
desarrolladas o consideradas grandes. Por ejemplo, el Perú ha
firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos,
Canadá, Singapur, Tailandia, Chile y China. De seis países,
solo uno pertenece a la región. Asimismo, las negociaciones
del acuerdo de comercio con la Unión Europea ya culminaron y
se desarrollan otras con Japón y Corea, sin contar que está en
proyecto un TLC con los países del Foro Económico Asia Pacífico
y con la India.
Al dar ventajas arancelarias a países extra regionales, el Perú
ha puesto grandes obstáculos para el entendimiento de un área
comercial común entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
el Mercado Común del Sur (Mercosur) conformado por Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay. Estos espacios de integración
regional podrían dar una base importante, no solo de integración
comercial, sino financiera, social y laboral a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur),
el mecanismo supranacional más reciente de integración que hay en la región, y que en su
primera etapa se caracteriza por ser un foro político.
N
H
ace años que en el Perú la política de integración se ha
concentrado en su dimensión comercial. En la práctica
se ha abierto mercados para la exportación mediante
tratados bilaterales, que además protegen inversiones y abren
una serie de sectores adicionales de la economía peruana (como
los servicios financieros y no financieros1).
Carlos Be d o y a
Mayor control de las variables económicas en el sentido de no depender en gran medida de la expansión o
reducción de los mercados foráneos (demanda externa) como motor del desarrollo.
1
91
La integración meramente comercial por
la que apuesta el Perú, el rol que juega en
América del Sur y el impacto que genera
en la población, deben ser vistos en un
contexto de crisis global. Varios países de la
Unión Europea tienen altos déficits externos
e internos (Grecia, Portugal, España, Italia
e Irlanda), mientras que Estados Unidos
presenta
problemas de empleo, deuda
pública en niveles casi insostenibles, tasas de
interés casi en cero y un déficit fiscal que casi
alcanza 12 puntos de su producto bruto.
Por su parte, Asia y varios países de América
Latina (que de acuerdo al economista
Óscar Ugarteche han tenido más bien
una desaceleración que una crisis) deben
lidiar con la apreciación de sus monedas
frente al dólar, que en muchos casos tiene
un componente especulativo y conlleva
a problemas de competitividad. Y esto,
a pesar de que estos países han optado
por centrarse en su mercado interno y
no apostar todo a la demanda externa, lo
cual resulta positivo porque permite mayor
control de las variables económicas2.
En este escenario, el Perú no solo no
ha revisado su esquema de integración
comercial, sino que sigue promoviendo la
suscripción de TLC. Y todo eso, a pesar de
que la crisis global en 2008 y principios de
2009 nos mostró las vulnerabilidades y la
fragilidad de depender de la demanda de
los mercados internacionales.
Enfoque de la política económica peruana y su
relación con el libre comercio
Podemos afirmar que en el Perú la política económica se ha reducido a mantener
equilibrios fiscales, incluso generando superávits primarios los últimos años (la excepción
a la tendencia ha sido 2009 producto de la crisis global) para pagar puntualmente la
deuda pública3; la suscripción de TLC y la promoción de inversiones, especialmente en
industrias extractivas. En el caso del Perú, a diferencia de otros países de América Latina,
no hay una apuesta por la manufactura y mucho menos por la promoción del mercado
interno, que pasa necesariamente por una mejora en los ingresos y que no se ha visto
en el país. En el Perú los salarios públicos y privados representan más o menos un tercio
–en términos reales– de lo que eran en 1973, como lo ha recordado el analista Humberto
Campodónico. El salario mínimo alcanza los 189 dólares mensuales, mientras que en
Chile llega a 307 dólares, en Argentina a 390, y en Brasil a 286. Solo estamos por encima
de Bolivia, donde la remuneración mínima alcanza 92 dólares, pero hay sistemas de
protección social para los adultos mayores y otros grupos vulnerables.
N
Al tener una economía de base primario exportadora, nuestros principales productos
como el cobre, el zinc, el plomo, entre otros, no requieren de preferencias arancelarias
para seguir entrando con facilidad a China, EEUU y la Unión Europea. Por eso una
de las principales ideas fuerza para firmar los TLC ha sido que nuestros productos no
tradicionales como los agroindustriales de exportación, textiles o artesanías puedan
ganar mercados y con ello generar empleo. En síntesis una apuesta total por la demanda
externa como motor del desarrollo.
Es importante precisar que cuando hablamos aquí de niveles de pobreza, nos referimos a la pobreza monetaria,
es decir, aquella que se mide estimando el valor en dinero de una canasta mínima de bienes y servicios. Más
adelante explicaremos en detalle en qué consiste esta metodología y sus limitaciones.
3
Para citar un ejemplo: en 2007 hemos pagado casi 22 mil millones de soles en deuda pública. Dato que puede
ser corroborado en el Marco Macroeconómico Multianual más reciente.
2
92
Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo,
ha señalado que a un año del TLC con
EEUU tenemos la cifra más baja de
convenios colectivos, a pesar de que
el Perú se comprometió a promover los
derechos fundamentales en el trabajo,
donde la libertad sindical atada a la
negociación colectiva ocupa un lugar
primordial. En el sector agro exportador,
uno de los más beneficiados con el Tratado
y que abarca más de mil empresas,
apenas cuenta con cinco sindicatos4. Las
negociaciones colectivas han decrecido
considerablemente, de 434 en 2007 a 233
4
Queda claro entonces que el TLC con EEUU
por sí mismo no ha garantizado un avance
en derechos fundamentales en el Perú, a
pesar de los compromisos contraídos. Esto
evidencia falta de voluntad política y que
para pasar del empleo precario al trabajo
decente no basta un acuerdo comercial.
Sobre el TLC con China, el Comité Textil de
la Sociedad Nacional de Industrias y varias
asociaciones de confeccionistas de Gamarra
han advertido de la actitud irresponsable
del gobierno por haber reconocido a
China como economía de mercado para
firmar a cambio el Tratado, renunciando a
mecanismos efectivos de protección de los
sectores manufactureros nacionales. Hay
prendas de vestir chinas que entran hasta
en diez centavos de dólar, con arancel
y todo. Esto, que al parecer se reduce a
un caso de subvaluación, forma parte de
la política pública china. Mientras nuestra
política se centra solo en abrir mercados, la
política china apunta a conseguir recursos
naturales para respaldar su crecimiento
económico. Nos mira como una despensa
y ha conseguido muchos beneficios en el
trato a sus inversionistas, concentrados
especialmente en minería, como se observa
con los proyectos Toromocho en Junín
con la empresa Chinalco y Río Blanco en
la sierra de Piura con la estatal Zijin. Sin
embargo, las inversiones peruanas en el
A un año de la entrada en vigencia del
TLC con EEUU la pregunta es si estamos
vendiendo más que antes, y si es que se ha
generado más empleo. Este es, sin duda,
un argumento controvertido porque muchos
dirán que no podemos medir aún en esos
términos, ya que este último año ha sido
de crisis mundial y que además se trata
de un proceso muy complejo que requiere
más tiempo. Pero por lo menos debemos
reconocer que la sola firma de un TLC
con cualquier país del mundo no garantiza
mayores exportaciones ni mayor empleo.
Hay otros factores a tomar en cuenta,
como la estabilidad económica mundial y
la capacidad de los exportadores peruanos
de sobrepasar las barreras no arancelarias
(certificaciones fitosanitarias o de otra
índole, acceso a tecnología, infraestructura
adecuada, cadenas de frío, transporte,
calificación laboral, etc.) que entran a tallar
especialmente cuando no hay paridad entre
las economías contratantes en un acuerdo
comercial. Sin duda, hay una diferencia
sustancial entre un proceso de integración
y la suscripción de un TLC.
en 2009, según datos del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo. El PBI
per cápita creció 143% respecto de 2000,
pero las remuneraciones casi no variaron
en ese mismo periodo. Las inspecciones
de salud y seguridad en el trabajo se han
reducido y el trabajo infantil en el país se
encuentra entre los primeros lugares de la
región.
N
Con un TLC no basta
La actividad agroindustrial es intensiva en mano de obra y el requisito formal para constituir un sindicato es que
la empresa tenga 20 trabajadores como mínimo.
93
N
sector minero chino no son permitidas. Es
decir, estamos entregando nuestro sector
manufacturero (concentrado en medianas
y perqueñas empresas, Mypes) a cambio
de inversión en minería, lo que solo nos
reduce a seguir siendo una economía
primario exportadora.
Pero la imagen de una gran oportunidad
económica que proyecta la firma de un
TLC en la opinión pública, parece pesar
mucho más que la capacidad real de
aprovechamiento por parte de nuestros
productores y más aun que los efectos
negativos que pueda tener para la industria
local. Incluso pesa más que lo que estamos
dispuestos a ceder a cambio de la aparente
apertura de puertas de los grandes
mercados mundiales para el Perú.
En conclusión, el Perú prioriza la asociación
con países de mayor desarrollo vía TLC
que incluyen aspectos de intercambio
comercial y protección de inversiones. El
primer año de vigencia del TLC con Estados
Unidos coincide con el inicio de una crisis
en ese país que reduce las expectativas
sobre las que se basó este acuerdo. Pero
lo más importante es que estos tratados
que está firmando el Perú con países extra
regionales constituyen marcos legales
sumamente rígidos que lo apartan de lo
que es un proceso de integración y que
hacen difícil, por ejemplo, que el Mercosur
tenga un área de comercio con nuestro
país (incluso en el marco de la CAN), pues
nuestros aranceles ahora son más bajos
que el arancel común de este bloque.
Integración y libre
comercio
Según el investigador Eduardo Gudynas,
la integración como vínculo entre naciones
se debe entender como un proceso de
negociación continua que cada vez permite
incorporar dimensiones, corregir defectos
94
y explorar nuevas áreas
de asociación. Por el
contrario, los TLC son
estáticos; el pacto al que
se llega es la meta final
y a partir de allí se crea
un marco de referencia
de largo plazo. Si bien el
proceso de integración
pone énfasis en el
comercio de bienes y
servicios y promueve
la constitución de área
de libre comercio, su
mecanismo más eficaz
no es un TLC sino la
supranacionalidad. En la
agenda comercial de un
proceso de integración,
• Foto: Alexis Huaccho
el área de libre comercio
es solo un paso que abre
terreno para más compromisos de orden
político, financieros y económicos. En ese
sentido, en el Perú la supranacionalidad y
la integración comercial están divorciadas,
pues mientras participamos de la
Comunidad Andina de Naciones, somos
socios del Mercosur y miembros de la
UNASUR; también firmamos una serie
de TLC sin tomar en cuenta nuestra área
natural de integración como país andino.
Actualmente, siete países de Sudamérica
están construyendo una nueva arquitectura
financiera regional. Brasil, Venezuela,
de Desarrollo (Banco del Sur), una unidad
de cuentas para el intercambio comercial
a fin de protegerse de las distorsiones
del dólar, y un fondo de estabilización
Mientras
estos
países
monetaria5.
desarrollan una estrategia de defensa para
enfrentar la mundialización de la economía
(regionalización defensiva)6, el Perú tiene
como eje de su política el enfoque de
globalización económica. Esta es la gran
diferencia que nos aleja de la integración
regional.
Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay
y Uruguay han mostrado por escrito la
voluntad política de construir un Banco
El Mercosur depende del entendimiento
político y económico entre Brasil y
Argentina. Cabe mencionar que estos
dos países tuvieron la iniciativa hace
algunos años de realizar su intercambio
N
J“Al dar ventajas arancelarias a países extra regionales, el Perú ha puesto
grandes obstáculos para el entendimiento de un área comercial común
entre la CAN y el Mercosur”.
J“En la agenda comercial de un proceso de integración, el área de libre
comercio es solo un paso que abre terreno para más compromisos de
orden político, financieros y económicos. En ese sentido, en el Perú la
supranacionalidad y la integración comercial están divorciadas”.
J“La integración meramente comercial por la que apuesta el Perú, el rol
que juega en América del Sur y el impacto que genera en la población,
deben ser vistos en un contexto de crisis global”.
Los sub bloques
regionales
5
6
El Banco del Sur, además de contar con acta fundacional, cuenta con el convenio constitutivo y solo falta ser
aprobado por los congresos nacionales de los países miembros. Sin embargo, la dinámica de la crisis y el
respaldo del G20 a las instituciones financieras multilaterales existentes para financiar las salidas a la crisis, ha
hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se fortalezcan y recapitalicen.
Un ejemplo de regionalización defensiva es la creación del Mercosur.
95
comercial usando un sistema de pagos en
moneda local7 en lugar del dólar, lo que
fue uno de los antecedentes regionales
para la creación del SUCRE (Sistema
Único de Compensación Regional) como
mecanismo (aún inicial) para el intercambio
comercial en el bloque del ALBA, integrado
por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y
Nicaragua.
N
Ni Argentina ni Brasil han podido prescindir
del mercado del otro, a pesar de que
la afinidad entre sus gobiernos ha sido
variable. El tercero en la mesa no ha sido
Por su parte, los países andinos también
han experimentado problemas, pero con
la diferencia que las negociaciones del
TLC con Estados Unidos constituyen la
destrucción de la comunidad creada a fines
de los 60 y que tuvo instantes en los que
pareció tener un rol en el desarrollo común.
Hubo cambios en la normativa comunitaria
para adecuar el TLC suscrito por Perú
con EEUU (en el caso de propiedad
J“El TLC con EEUU por sí mismo no ha garantizado un avance en derechos
fundamentales en el Perú, a pesar de los compromisos contraídos. Esto
evidencia falta de voluntad política y que para pasar del empleo precario
al trabajo decente no basta un acuerdo comercial”.
J“A un año del TLC con EEUU tenemos la cifra más baja de convenios
colectivos, a pesar de que el Perú se comprometió a promover los
derechos fundamentales en el trabajo, donde la libertad sindical atada a
la negociación colectiva ocupa un lugar primordial”.
ni Uruguay ni Paraguay, economías más
pequeñas y por tanto socios menores del
Mercosur, sino Venezuela, que se alejó de
la Comunidad Andina al ver a Colombia y
Perú iniciar una carrera de negociaciones
de TLC a principios de la década, y que por
su importancia política y económica es otro
socio grande de Argentina y Brasil. Claro
que esta alianza inicial, que mostraba
un potencial muy grande, ha perdido
vuelo, especialmente por las coyunturas
electorales que se avecinan en estos tres
8
7
96
países, sobre todo en Argentina. Pese a ello
el Mercosur sigue siendo un mecanismo
fuerte de integración.
intelectual). Pero si esto ya era bastante,
el TLC propuesto por Europa para toda la
CAN ha traído más desacuerdos y solo
dos de los cuatro países miembros están
dispuestos a firmarlo, lo que confirma que
la CAN ha perdido toda capacidad para su
relación con el mundo, a pesar de ser un
espacio físico, social y económico más o
menos homogéneo.
Es que es en la CAN donde se expresan
de manera más dramática las visiones
Aún por completar su proceso de incorporación plena al Mercosur.
El sistema de pagos en moneda local es uno de los mecanismos que pueden ser considerados como precursores
en un nueva arquitectura financiera y comercial regional, y consiste en que las operaciones comerciales de
bienes y servicios entre Brasil y Argentina son pagadas o cobradas en reales y pesos respectivamente. Para
ello, se realiza una compensación derivada de las tasas de referencia de los bancos centrales argentino y
brasileño, lo que da una tasa de cambio para las operaciones comerciales.
La integración en América Latina
El surgimiento de iniciativas como ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio), ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), SELA (Sistema
económico Latinoamericano y del Caribe), CAN (Comunidad Andina de Naciones), el
Mercado Común del Sur (Mercosur), Mercado Común de Centroamérica y otras, expresan
una preocupación en América Latina por la integración regional en el largo plazo. Y si en
un inicio la integración logró relevancia, decayó después con los cambios políticos y la
crisis de la deuda a inicios de los ochenta.
Igualmente, estos esfuerzos fueron amenazados por la propuesta de EEUU del ALCA
(Área de Libre Comercio de las Américas) en la década del 90, aunque de ese mismo
período se firmó el acuerdo para formar el Mercosur, que bien se puede entender como
un bloque de dos, de Argentina y Brasil, para tener una mayor capacidad de negociación
con Estados Unidos.
En 2000, la integración volvió al discurso oficial, como negación del hegemonismo del
Norte y como expresión del surgimiento de las corrientes bolivarianas y latinoamericanistas
que han estado en el centro de los acontecimientos en los últimos años. Ha surgido el
ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) que ya tiene avances en intercambio
comercial, además de las áreas de cooperación y política entre sus miembros.
Pero sin duda, el final de esta década, muestra resistencias y presiones de división. La
perspectiva bajo esta lógica no es buena. Tal vez si el proceso fuera más social y menos
político en el sentido de confrontaciones ideológicas, la integración volvería a ser un
imperativo del desarrollo y la convivencia de los pueblos. De otra manera va a ser nada
más que el terreno de una pelea que se va a dirimir de acuerdo a los procesos electorales
de los siguientes años.
La idea con la que se firmó el Acuerdo
de Cartagena (origen de la CAN) fue que
ante la desventaja que tenían los países
andinos por el tamaño de sus mercados
y el nivel de consumo, era necesario
reducir sus fronteras comerciales y
generar mercados más amplios entre ellos,
pasando de la competitividad nacional a
la regional, pero con elementos políticos,
sociales y culturales adicionales. Por ello el
sistema de integración andino cuenta con
el Consejo Presidencial Andino, el Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores, la
Comisión de la CAN, la Secretaría General,
el Tribunal de Justicia, el Parlamento
Andino, un consejo consultivo empresarial
y otro laboral, la Corporación Andina de
Fomento, un fondo de reservas, entre otros
órganos de institucionalidad comunitaria.
N
en disputa sobre el desarrollo. Mientras
Uruguay, Venezuela8, Brasil, Argentina
y Paraguay tienen gobiernos de centro
izquierda e izquierda, que pese a sus
diferencias en los esquemas económicos
y sociales, tienen una mirada más o
menos común de lo que significa tener
un Mercosur en el mundo global; en la
CAN, Perú y Colombia van por un lado
totalmente opuesto que Ecuador y Bolivia,
no por gusto estos últimos han acudido a
los países del Mercosur para formar una
integración financiera en el marco de una
arquitectura regional.
97
N
En su momento fundacional, todos
los integrantes apostaban por la
industrialización. Desde entonces hasta la
fecha cambió esta perspectiva, pasando
por los años noventa en que todos
abrazaban el orden neoliberal hasta la
actualidad, en que solo Bolivia y Ecuador
muestran una perspectiva desarrollista e
industrializadora.
98
• Foto: David Stubbs / Oxfam
La lógica de complementariedad de
actividades, la reducción de la dependencia
(negociación equitativa con el capital
extranjero), el apoyo a la agricultura junto
a la idea de buscar una región unida frente
a Estados Unidos, y a nivel subregional
de equilibrar las relaciones con Brasil y
Argentina, han sido desplazados por una
CAN en la que dos de sus cuatro miembros
están detrás de conseguir privilegios
exclusivos de las potencias globales.
Mientras la CAN siga en esta tendencia y
no haya perspectiva de acuerdo entre sus
integrantes, todo indica que el organismo
seguirá muriendo. El Perú juega un rol
clave en esa muerte.
Los mega
proyectos: IIRSA y
la hidroeléctrica de
Inambari
La iniciativa de integración en infraestructura
regional sudamericana (IIRSA) ha sido
impulsada fuertemente por Brasil, incluso
financiada por ese país a través de capitales
colocados en la Corporación Andina de
Fomento (CAF), y supone mecanismos
multimodales de comunicación entre la
costa del Atlántico y el Pacífico. Esto
constituye en sí un proceso de integración
física; sin embargo, las vías que están en
construcción y comunican Brasil y Perú no
se complementan con planes de desarrollo
regional, macro regional o nacional del
lado peruano. Entonces surge la pregunta:
¿para qué queremos IIRSA?
Para el Perú, esto se ha reducido
nuevamente a una imagen de asociación
con un grande como Brasil, en lugar de,
por ejemplo, articular este proyecto a una
visión de desarrollo del sur del país. De
igual modo, no se puede determinar los
impactos negativos que puede ocasionar.
En este punto nos encontramos con otro
elemento de la política de integración
peruana, la falta de debate público, es
decir una ausencia de la dimensión de
información y participación de todo proceso
de integración.
Igualmente pasa con el proyecto de la
hidroeléctrica Inambari, la que sería la más
grande del Perú en cuanto a producción
energética, pero que ocasionaría grandes
impactos sociales (desplazamiento de
población), ambientales y la energía
producida sería vendida en gran proporción
¿A qué
integración
nos
integramos?
Bibliografía
A la luz de lo expuesto,
se puede concluir que el
Perú no tiene una política
de integración basada
en el regionalismo y sus
apuestas de integración
priorizan la inserción en el mercado global
antes que en América del Sur. Esto sin
duda traerá costos no solo económicos,
sino políticos al bloquear el proceso de
construcción de Unasur y pasar del foro
político a un espacio económico y comercial
para enfrentar los retos de la crisis global y
ambiental.
Del mismo modo, constatamos que el
componente comercial es nuestra forma
de relacionarnos con el mundo.
De las dimensiones sociales, políticas,
participativas, productivas, de movilidad de
factores, de seguridad y política exterior, el
Perú hace cuerda separada y las soslaya
frente a la dimensión de libre comercio. Así,
podemos afirmar que el país no se integra
a ninguna integración regional. No mira a
América del Sur y restringe su relación con
el mundo a la firma de TLC. Esto tiene un
doble efecto: al mismo tiempo que abona
ACOSTA, Oscar
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–mundialización y globalización–. En:
Revista Argentina de Ciencias Sociales,
Volumen IX. Buenos Aires: Ediciones de la
Universidad. Pp. 47-58
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marzo.
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Comercio. Quito: FLACSO. Pp. 41-61
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2006 FSA: la otra América en debate.
Quito: Artes Gráficas.
UGARTECHE GALARZA, Oscar
2009 “La Integración en América Latina”.
En: Crisis Global y la Regionalización: una
visión desde América Latina. Lima: Editorial
Roel. Pp. 83-85.
en la división de la región, expone a los
actores nacionales a relaciones asimétricas
con economías mucho más competitivas.
Lo que deberíamos evaluar es si en 2011
hay alguna posibilidad de revertir esta
tendencia.
N
a Brasil, con quien asumiríamos una deuda por
el financiamiento de la
construcción. El pueblo
de San Gabán en Puno
y muchas poblaciones
del sur han entrado ya en
conflicto con el Estado por
este proyecto.
WIENER, Raúl
2010 Entrevista realizada el martes 2 de
marzo.
99
Industrias EXTRACTIVAS
a la fuerza
Las concesiones mineras y petroleras se expanden,
los derechos de las poblaciones se recortan
Cinco de los 15 casos por los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
emitido medidas cautelares para proteger los derechos de peruanos en años recientes,
se originan en conflictos con empresas mineras. En algunos de ellos se ha puesto en
evidencia las conexiones entre fuerzas de seguridad privada y la policía nacional. Las
comunidades campesinas y nativas viven hoy una fase de resistencia, pero es urgente que
articulen sus demandas en un nivel nacional.
Por otro lado, el crecimiento de las actividades de hidrocarburos
es más reciente aunque igual de explosivo, sobre todo en la
Amazonía peruana: como se puede apreciar en el mapa, casi un
80% de la Amazonía está ocupado por lotes de hidrocarburos. Por
lo tanto, la disputa por el control de recursos escasos como las
tierras agrícolas o los recursos hídricos es una de las causas de
los conflictos entre las empresas extractivas y las comunidades
campesinas y nativas.
El crecimiento de la actividad minera y de hidrocarburos ha estado
acompañado por un aumento importante de la conflictividad social
en el Perú. Según los informes regulares que emite la Defensoría
del Pueblo, alrededor de la mitad de conflictos sociales que se
producen en el Perú tienen su origen en problemas ambientales y
dentro de ellos la mayoría son conflictos mineros y de hidrocarburos: el reporte de enero de
2010 publicado por la Defensoría muestra que el 76% de los conflictos socioambientales
está relacionado con la actividad minera y de hidrocarburos1. Son varios los elementos
relacionados con el crecimiento acelerado de las industrias extractivas y el aumento de
conflictos sociales. A continuación detallamos algunos2.
1
2
N
E
s conocido que en los últimos años se ha producido una
expansión sin precedentes del área geográfica dedicada
a actividades mineras y de hidrocarburos en el Perú. A
inicios de la década del 90 las concesiones mineras ocupaban
apenas 2 millones trescientas mil hectáreas, y en la actualidad ya
superan los 19 millones 500 mil hectáreas (ver gráfico y mapas).
José De E c h a v e
Reporte 71 de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Enero 2010.
Sobre estos puntos ver Minería y Conflictos Sociales. IEP, CIPCA, CBC, CIES. Febrero, 2009.
101
N
Evolución de los derechos mineros a nivel nacional (en miles de hectáreas) (1999 - 2009)
102
Mapa de concesiones mineras en el Perú
Se ha creado un marco legal que ha brindado
condiciones extremadamente favorables a
las empresas extractivas. La Ley General
de Minería3 y la ley orgánica que norma
las actividades de hidrocarburos en el
territorio nacional4 y la propia Constitución
Política de 1993, terminaron de consolidar
el escenario normativo que le dio garantías
3
4
y estabilidad jurídica y tributaria a las
empresas extractivas. Al mismo tiempo,
los derechos mineros se liberalizaron y las
empresas públicas se privatizaron.
Mientras que la minería y los hidrocarburos
aumentaban en importancia y eran
priorizadas como actividades estratégicas
en el Perú, los derechos de las poblaciones
rurales, sobre todo de comunidades
campesinas e indígenas, eran claramente
N
Nuevo modelo…
Mapa del lotes de hidrocarburos en la Amazonía peruana
Promulgada el 4 de junio de1992.
Promulgada el 20 de agosto de 1993.
103
afectados. Las modificaciones en la Ley
de Tierras, la imposición del proceso de
servidumbre minera5 y los reglamentos
aprobados, buscaron favorecer a las
inversiones y afectaron abiertamente a
las comunidades: para las comunidades
campesinas e indígenas, el mecanismo de
la servidumbre minera es, en la práctica,
una suerte de expropiación disfrazada.
En cuanto a las normas ambientales el
marco fue siempre débil, caracterizado por
la ausencia de un enfoque transectorial,
la falta de institucionalidad y recursos
para liderar la gestión ambiental, las
insuficientes normas referidas a los límites
máximos permisibles de contaminación,
los pasivos ambientales irresueltos y
por supuesto la ausencia de adecuados
mecanismos de participación ciudadana.
Todos estos aspectos todavía no han sido
resueltos, pese a la creación del Ministerio
del Ambiente6 que no tiene competencias
en dos puntos centrales: la aprobación de
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y
el tema del agua.
Los escasos mecanismos de participación
ciudadana y consulta han sido también
un tema de conflicto. Los mecanismos
existentes, leyes y reglamentos, siguen
siendo sumamente restringidos y han
terminado por configurar una caricatura
de participación ciudadana que presenta
las siguientes limitaciones7: (1) no existen
mecanismos de participación ciudadana
y acceso a la información en las fases de
entrega de concesiones ni antes de iniciar
la etapa de exploración; (2) las poblaciones
solo son convocadas cuando se va a
aprobar el EIA, es decir antes de entrar a
la fase de explotación y cuando casi todo
N
La Ley Nº 26570 modificó el artículo 7 de la Ley de Tierras, referido a la utilización de tierras para el ejercicio de
actividades mineras. Mediante esta modificación, y en el caso que las negociaciones directas entre una comunidad
campesina y una empresa minera fracasasen, se iniciaría un procedimiento de servidumbre por el cual el propietario
sería indemnizado en efectivo por el titular minero, luego del trabajo de los Peritos de la Dirección General de
Minería.
6
El Ministerio del Ambiente fue creado mediante Decreto Legislativo 1013, publicado en el diario oficial El Peruano el
14 de mayo de 2008. 7 Estos temas son desarrollados en: Minería y Conflictos Sociales. IEP, CIPCA, CBS y CIES.
5
104
Pese a la existencia de un marco legal muy
favorable a las inversiones en minería e
hidrocarburos, en los últimos años hubo
intentos de profundizarlo. Eso pasó con
casi un centenar de decretos legislativos
presentado por el Ejecutivo al Congreso el
28 de junio de 2008, en el marco de las
facultades legislativas que se le otorgó
para la implementación del Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos.
Dentro del paquete de decretos había varios
vinculados al tema de las comunidades,
entre los que destacan los decretos
legislativos Nº 1064, Nº 1015 (publicado el
20 de mayo del 2008) y Nº 1073.
Un mes más tarde, el Decreto Legislativo
Nº 1073 buscó modificar en parte el D.Leg.
1015 ante la avalancha de críticas: se
estableció que para disponer de las tierras
comunales debía contarse con no menos
del 50% de los votos de los “comuneros
posesionarios con más de un año”. Para
las organizaciones indígenas y campesinas
y para la propia Defensoría del Pueblo
este decreto vulneraba los siguientes
derechos: a la identidad cultural, al
derecho fundamental de las comunidades
a participar en las decisiones estatales que
las afectan y al derecho a ser consultadas.
El Decreto Legislativo Nº 1064 buscó
anular el artículo 7º de la Ley de Tierras
(Nº 26505), que señalaba la obligatoriedad
por parte del titular minero de contar con
un acuerdo previo con el propietario de
la tierra. En el caso de las comunidades
campesinas y nativas, tal acuerdo debe ser
refrendado por las dos terceras partes de
la Asamblea Comunal.
Todo el paquete de decretos generó un
fuerte rechazo y una amplia movilización
de comunidades indígenas en el país, que
presionaron para lograr la derogatoria de
los decretos, pero lamentablemente esto
recién fue posible casi un año después,
luego de protestas que tuvieron saldos
trágicos8.
El Decreto Legislativo Nº 1015, promulgado en mayo de 2008, modificaba
el procedimiento para que los miembros
de las comunidades campesinas y
nativas decidan la venta, arrendamiento
o cualquier acto de disposición sobre sus
tierras en la sierra y la selva. Para ello
se reducía la votación requerida de dos
En este escenario de fuerte convulsión
social fue notoria la falta de voluntad política
para facilitar espacios de participación y
consulta de las comunidades indígenas y
nativas. El Convenio 169 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), ratificado
por el Perú nada menos que el año 1993,
nunca fue puesto en práctica.
…Y nuevos intentos
tercios a solo la mitad de los asistentes a
la asamblea. Para las comunidades esta
norma puso en riesgo sus tierras, pues
se flexibilizaba el procedimiento para
enajenar sus territorios, todo ello con el
objetivo de promover las inversiones. Estas
consideraciones motivaron una acción
de inconstitucionalidad que presentó la
Defensoría del Pueblo.
N
aparece decidido y (3) tampoco existe la
obligación de que la autoridad de Energía
y Minas considere los aportes formulados
en las audiencias públicas.
Los decretos 1064 y 1090 fueron derogados por el Congreso de la República el 18 de junio del 2009, trece
días después de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua. Los decretos legislativos 1015 y 1073 fueron
derogados también por el Congreso el 22 de agosto del 2009.
8
105
N
J“Las poblaciones solo son convocadas cuando se va a aprobar el estudio
de impacto ambiental, es decir cuando casi todo parece decidido”.
J“De las 15 medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de peruanos
en riesgo, siete se relacionan con derechos económicos, sociales y
culturales; y de estas, cinco están vinculadas a conflictos mineros”.
J“Hay 368 comuneros denunciados y con procesos judiciales abiertos.
Solo en el caso Río Blanco, 104 se encuentran procesados por la marcha
al campamento de la empresa en 2005”.
La Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones de la
Organización Internacional de Trabajo,
luego de analizar el caso peruano, instó al
gobierno a avanzar inmediatamente en el
diseño de mecanismos de consulta de los
pueblos indígenas. Uno de los ejemplos
citados por la comisión fue precisamente el
de los decretos mencionados.
En un último informe de la misma Comisión
de Expertos de la OIT de marzo de 2010,
se ha solicitado formalmente al gobierno
peruano que suspenda las actividades de
exploración y explotación de los recursos
naturales que afecten a los pueblos
indígenas. La OIT señala que la suspensión
se debe dar hasta que se garantice “la
participación y consulta de las personas
afectadas a través de sus instituciones
representativas en un clima de total respeto
y confianza”.
Finalmente, el 19 de mayo de 2010, el
Congreso de la República del Perú aprobó
la Ley del Derecho a Consulta Previa
de los Pueblos Indígenas u Originarios,
reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, cabe señalar que hasta el
momento la ley no ha sido promulgada por
el Poder Ejecutivo.
9
106
Derechos humanos
Lo antes descrito ayuda a comprender
por qué la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha venido
recibiendo de manera creciente denuncias
y solicitudes de medidas cautelares por
casos de violación de derechos humanos
vinculados a conflictos socioambientales en
zonas de influencia de industrias extractivas
en el Perú. De las aproximadamente 15
medidas cautelares emitidas por la CIDH
en los últimos años, a favor de ciudadanos
peruanos en riesgo, siete se relacionan
directamente con temas de derechos
económicos, sociales y culturales; y de
estas, cinco están vinculadas a conflictos
socioambientales mineros: dos a favor de
dirigentes de la Comunidad Campesina
San Mateo de Huanchor; una a favor de
un dirigente del Frente de Defensa del
Pueblo de Tambogrande; otra a favor de la
ciudad de La Oroya por los problemas de
contaminación del complejo metalúrgico.
También hay un caso en el que la CIDH
ha dictado una medida cautelar preventiva
para proteger al padre Marco Arana y
Mirtha Vásquez, ambos de la institución
GRUFIDES, que durante años han sido
hostilizados, perseguidos y amenazados de
Esta audiencia se realizó el 27 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington.
El clima se ha ido enrareciendo en los
últimos años como consecuencia de
decisiones tomadas por las autoridades
peruanas. Por ejemplo, el 22 de julio
de 2007 se publicó en el diario oficial El
Peruano una lista de decretos legislativos10
que elevaron las penas aplicables a los
disturbios producidos en el contexto
de manifestaciones públicas. Estas
medidas han buscado “sobrecriminalizar”
las protestas, bajo el supuesto que de
esta manera los conflictos disminuirán o
desaparecerán.
Además, la situación en varias regiones
se ha vuelto sumamente tensa y peligrosa
para las poblaciones locales. Lo que
sucede en Cajamarca y Piura, en el norte
del país, evidencia que la lista de dirigentes
asesinados, agredidos, perseguidos y
hostigados, se acrecienta día a día. Así
vemos casos como los de Edmundo
Becerra Cotrina e Isidro Llanos, líderes
ambientalistas asesinados en un escenario
de protestas y oposición a la expansión
minera en Cajamarca, o el de Godofredo
García Baca, líder de la lucha del pueblo
de Tambogrande, asesinado en 2001;
también los casos de Melanio García y
Reemberto Herrera Racho, que murieron
en una movilización hacia el campamento
de Minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper
S.A.); y los de 28 campesinos torturados en
el campamento de la misma compañía. Por
supuesto, en esta relación también están
Los conflictos vinculados a industrias
extractivas no solamente no han disminuido,
sino que siguen aumentado en número y
también en intensidad, como lo demuestran
los informes de la Defensoría del Pueblo.
Lo que sí han logrado estas políticas es
que la cifra de comuneros y dirigentes
perseguidos y denunciados aumente:
según la base de datos de la Coordinadora
Nacional de Comunidades Afectadas por
la Minería en la actualidad (Conacami),
10
Las medidas cautelares de la CIDH son un
indicador del incremento de casos en el Perú
que afectan derechos fundamentales de
poblaciones por la presencia de la minería
y los hidrocarburos. Al mismo tiempo,
desnudan el comportamiento del Estado
peruano, que no protege los derechos de
poblaciones enteras e incluso no reacciona
a las recomendaciones de la CIDH: en
el caso de La Oroya, por ejemplo, se ha
tenido que solicitar una nueva audiencia
a la Comisión para discutir la inadecuada
implementación de las medidas cautelares
por parte del gobierno peruano9.
hay 368 comuneros denunciados y con
procesos judiciales abiertos. Solo en el caso
Río Blanco, 104 de ellos se encuentran
procesados por la marcha al campamento
de la empresa en 2005.
N
muerte por aparatos de seguridad privados
en la región Cajamarca.
Decretos Legislativos Nº 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991 y 992, publicados en el Boletín de
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el 22 de julio de 2007
107
N
J“Se ha abierto un proceso penal contra ocho policías, quienes habrían
participado en las torturas de 28 comuneros, pero las víctimas han
solicitado que la investigación incluya al personal de seguridad de la
compañía”.
J“Por el lado de las comunidades es notorio un menor dinamismo. Los
espacios de articulación nacional vienen siendo cubiertos por frentes de
defensa, rondas, federaciones, mesas y otros”.
108
los cuatro trabajadores de la empresa,
muertos el 1 de noviembre de 2009, luego
de una incursión violenta al centro de
operaciones de la compañía, hechos que
todavía no han sido del todo esclarecidos.
La situación alrededor del proyecto Río
Blanco también muestra las conexiones que
se establecen entre fuerzas de seguridad
privada y la policía nacional. Luego de
una marcha al campamento , en julio de
2005, los comuneros fueron víctimas de
detenciones arbitrarias, torturas y tratos
inhumanos de parte de la policía nacional
y miembros de la empresa de seguridad
privada FORZA, contratada por la empresa
minera. Actualmente, se ha abierto un
proceso penal contra ocho policías,
quienes habrían participado en las torturas
de los 28 comuneros, pero las víctimas han
solicitado que la investigación incluya al
personal de seguridad de la compañía.
La agenda pendiente
En los últimos años diversos actores
han venido desarrollando un conjunto de
iniciativas en el campo de la autorregulación.
Por ejemplo, las empresas agrupadas
en la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía sacaron adelante un
Código de Conducta, que se convirtió en
instrumento de autorregulación que ha
permitido expulsar a empresas como Doe
Run y Minera Casapalca por sus pésimas
prácticas sociales y ambientales.
Por otro lado, desde el Estado se han
impulsado algunas iniciativas en los
últimos años que han reflejado al mismo
tiempo avances y retrocesos. Una nueva
Ley General del Ambiente, presentada en
2004, finalmente fue aprobada con varios
recortes, como la no aceptación de los
estándares ambientales de la Organización
Mundial de la Salud y la necesidad de
crear una verdadera autoridad ambiental
autónoma, terminó con la creación de
un Ministerio del Ambiente con algunas
facultades recortadas.
Sin embargo, todos estos procesos
impulsados no han producido los cambios
esperados. El despegue de una nueva
generación de iniciativas de reformas
sigue siendo una tarea pendiente mientras
los conflictos crecen y evolucionan en
un escenario en el que aparecen nuevos
temas y desafíos.
Una hipótesis sobre los resultados limitados
de estos procesos es que se sigue
postergando el abordaje de los temas de
fondo relacionados con las causas de los
conflictos. ¿Cuáles son algunos de estos
aspectos? ¿Qué es lo que no funciona y
qué cambios urgentes se necesitan?
El fortalecimiento de la gestión pública
vinculada a las industrias extractivas es
uno de los aspectos determinantes para
la construcción de una real gobernabilidad
democrática. La reforma de la gestión
Sin embargo, en el último año y medio se
ha ido en la dirección opuesta. El paquete
de decretos legislativos mencionados iba
a contracorriente de los cambios que se
buscan, vulnerando la autonomía de las
comunidades campesinas e indígenas
y el derecho a la consulta ciudadana. La
lucha de las comunidades amazónicas y el
trágico episodio de Bagua lograron detener
momentáneamente
estos
decretos;
sin embargo, la amenaza persiste y
se continúan respaldando proyectos
cuestionados por las comunidades.
En un contexto como el descrito, no es
difícil prever que se seguirán presentando
escenarios complejos -como ocurre en la
provincia de Islay en Arequipa en torno al
proyecto minero Tía María o en el territorio
de los Awajún Huampis con las actividades
de exploración en la Cordillera del Cóndor- y
que será necesario enrumbar y transformar
estos conflictos por canales democráticos e
• Foto: Caretas
No debemos olvidar que la evolución
reciente de las actividades extractivas y la
de los propios conflictos, muestran serios
problemas de gobernabilidad. El desafío,
por lo tanto, es cómo se construyen
espacios que permitan generar prácticas
democráticas; con una institucionalidad
adecuada que incluya de manera equitativa
a todos los actores y que tenga una real
capacidad para responder a las demandas
que se presentan en los diferentes
conflictos.
pública debe partir de un diagnóstico
integral: una nueva institucionalidad,
que genere mecanismos confiables para
tramitar demandas de las poblaciones y
de las propias autoridades locales, será de
suma utilidad para abordar los conflictos y
mejorar las relaciones entre los diversos
grupos de interés en las zonas de influencia
de las industrias extractivas.
N
El diagnóstico apunta, en parte, a una
necesaria reforma institucional del Estado;
al desarrollo de nuevos instrumentos
de gestión para los temas sociales y
ambientales, a la mejora sustantiva de los
procesos de participación ciudadana, a la
necesidad de implementar los más altos
estándares ambientales, la consulta y el
consentimiento libre, previo e informado,
al ordenamiento territorial y la gestión
transparente de los beneficios económicos
que generan las industrias extractivas.
Todos estos temas aparecen como
aspectos claves en la agenda.
109
N
institucionales. Por ello se debe insistir en
retomar los principales puntos pendientes
de la agenda de derechos vinculada con la
presencia de las industrias extractivas.
En este escenario cabe preguntarse si los
procesos de articulación surgidos en todos
estos años, de las comunidades y sus
aliados, que han trabajado por la defensa de
los derechos de las poblaciones afectadas,
están adecuadamente preparados para
enfrentar los nuevos retos.
Hoy en día los conflictos generan escenarios
y retos distintos a los de hace un década.
Si bien las organizaciones vinculadas a la
lucha por los derechos de las comunidades
presentan experiencias y logros importantes
-como el trabajo realizado en Tambogrande,
Quilish en Cajamarca, RíoBlanco, las luchas
de Bagua y las comunidades Achuar en el
río Corrientes de la Amazonía peruana-, hay
algunas evidencias que muestran que las
articulaciones no terminan de consolidarse.
Por el lado de las comunidades es notorio
un menor dinamismo. Los espacios de
articulación nacional vienen siendo cubiertos
en algunas regiones por actores locales:
frente de defensa, rondas, federaciones
y mesas. Estas organizaciones logran
responder al conflicto que las afecta
directamente, con demandas precisas y
una agenda en espacios locales y hasta
regionales; sin embargo, tienen dificultades
para visualizar una mayor escala nacional.
En el actual contexto, se necesita
ampliar alianzas, construir puentes con
otros espacios que hoy en día deberían
constituirse en aliados importantes, como
el sector académico, algunos organismos
como la propia Defensoría del Pueblo,
instituciones
regionales,
organismos
internacionales, redes, entre otros.
Para las organizaciones de las comunidades y las redes de organismos no
gubernamentales, los principales logros
han estado en el dominio de la resistencia y
la defensa de derechos. Han mostrado una
110
capacidad de respuesta y cuestionamiento
de las reglas de juego, pero por el
momento presentan dificultades para
entrar a un debate de fondo de carácter
más programático.
En una situación como la descrita será
necesario hacer incidencia con instrumentos
más efectivos y estrategias renovadas. Si
no hay iniciativas de articulación que tengan
la capacidad de enrumbar estos conflictos
por canales democráticos y pacíficos y que
al mismo tiempo levanten una agenda de
políticas públicas, seguiremos teniendo
solo movimientos aislados y resultados
parciales. Estos movimientos podrán tener
una cierta efectividad para responder
a sus conflictos locales, temas y casos
específicos, pero no podrán articular la
agenda nacional vinculada a la defensa de
derechos de las comunidades indígenas
afectadas por las industrias extractivas.
El reto parece ser pasar a otros niveles, más
aun en un contexto electoral como el que
se desarrollará en el país en los próximos
meses en el nivel local, regional y nacional.
Una pista es la del debate programático, que
cuestione con eficacia las reglas de juego y
las estrategias que pretenden mantenerlas.
Que al mismo tiempo levante propuestas
alternativas, capaces no solo de agrupar a
• Foto: Caretas
los de siempre, sino que convoque nuevos
aliados. Por lo tanto, el objetivo no debería
ser solamente recuperar los niveles de
articulación perdidos, sino desarrollar
nuevas estrategias que respondan de
manera efectiva a los nuevos escenarios.
Articular los componentes de una
gobernabilidad
democrática
con
la
agenda de derechos; promover que estos
componentes se retroalimenten y se
identifique nuevos puntos de equilibrio
económicos,
sociales,
culturales
y
ambientales, es una tarea central para las
organizaciones vinculadas a la defensa de
los derechos de las comunidades afectadas
por las industrias extractivas.
Con esta decisión popular, que se incorporó en la nueva Ley de Hidrocarburos 3058
(mayo de 2005) y en el Decreto Supremo de Nacionalización de 2006, se volteó la página
a 9 años de regulación del sector en términos leoninos para los intereses públicos, y
excesivamente ventajosos para las empresas petroleras. En dichos años, el reparto de
beneficios era favorable a las empresas petroleras en una relación de 8 a 2.
Las empresas internacionales afectadas amenazaron con irse del país, pero ello no
ocurrió. En mayo de 2007 entraron en vigencia 43 nuevos contratos de operación
que suscribió el Estado boliviano con 12 empresas petroleras (entre ellas Repsol
YPF, Petrobras, British Gas, Total). Los nuevos contratos se adecuaron a la Ley de
Hidrocarburos Nº 3058 y al Decreto de Nacionalización. Con la creación de un impuesto
a la producción de hidrocarburos de 32%, participaciones variables para YPFB, y el 18%
de regalías que se mantuvo del régimen petrolero anterior, la participación del Estado
boliviano en la torta de beneficios pasó a aproximadamente el 70% del negocio.
Como fruto de los nuevos términos legales, y de una extraordinaria bonanza de los
precios del petróleo en los últimos años, la renta hidrocarburífera del Estado boliviano
ha subido de 567 millones de dólares en 2004 a 2.125 millones de dólares en 2008. Si
bien esta renta ha contribuido a robustecer la política social del gobierno, queda como
desafío el uso de estos recursos como motor para la generación de alternativas de
desarrollo post-extractivistas, de base ancha, y armónicas con los derechos humanos y
los derechos de la madre tierra. Asimismo, es necesario profundizar la transparencia y
control social en la gestión y uso de la renta hidrocarburífera.
N
En julio de 2004, a través del referéndum de la política de hidrocarburos, el pueblo
boliviano votó mayoritariamente para que el Estado recupere la propiedad sobre los
hidrocarburos en boca de pozo, fortalezca a la desmantelada empresa estatal YPFB
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), y tenga una renta de los hidrocarburos
del 50% sobre el valor de la producción.
Renta hidrocarburífera y desafíos de gestión en Bolivia
Ariel Pérez Castellón
Responsable del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam Internacional – Bolivia.
111
“Bien Vivir” para
REDISTRIBUIR el poder
Los pueblos indígenas y su propuesta alternativa
en tiempos de dominación global
A un ritmo cada vez más acelerado, el poder se concentra en pocas manos con la
privatización de espacios públicos, de procesos productivos y del propio Estado. La
naturaleza se depreda y a la par crece la resistencia social no solo como reclamo para
salir de la pobreza sino por una cuestión de sobrevivencia en todos sus ámbitos. El “Bien
Vivir” que defienden los pueblos indígenas de América Latina surge como una alternativa
para contrapesar este patrón de poder.
Aníbal Quijano
“Desarrollo” fue, sobre todo en el debate latinoamericano, el término clave
de un discurso político asociado a un elusivo proyecto de desconcentración
y redistribución del control del capital industrial, en la nueva geografía que
Aunque también se usa los términos “Vivir Bien” y “Buen Vivir”, “Bien vivir” es el más antiguo
y el más usual en la zona norte sudamericana con poblaciones indígenas. Fue usado por
primera vez por Guaman Poma de Ayala. “Buen vivir” es más común en el Altiplano peruanoboliviano.
2
El patrón de poder establecido con “América” produjo una nueva identidad histórica que
ahora se llama “Europa Occidental”. Esto es, la Colonialidad del Poder se “eurocentró”.
En ese nuevo contexto, fue producida la llamada “racionalidad moderna” o “modernidad”.
Por eso, esta perspectiva no podría ser adecuadamente entendida por separado de la
Colonialidad y del Eurocentramiento del Poder. Al respecto, hoy existe un debate mundial
a partir, ante todo, de mis textos: “Colonialidad y Modernidad/Racionalidad”, publicado en
PERU INDIGENA, Vol.13, No. 29, Lima 1992; “Americanity as a Concept or the Americas
in the Modern World-System” en co-autoría con Immanuel Wallerstein y publicado en
International Social Science Journal, No. 134, Nov. 1992, UNESCO/BLACKWEL, pp. 549-557, Paris, Francia.
“América Latina en la Economía Mundial”, debatido en la reunión mundial de UNESCO en octubre de 1992, y
publicado en PROBLEMAS DEL DESARROLLO, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, vol. XXIV, No.
95, octubre-diciembre 1993, México. Y “Colonialidad del Poder y Eurocentrismo en América Latina”, en Edgardo
Lander, comp. Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales, UNESCO-CLACSO 2000, pp. 201ss.
1
N
La paradoja eurocéntrica
L
o que aquí propongo es abrir una cuestión crucial de nuestro crucial
período histórico: El denominado Bien Vivir1, para ser una realización
histórica efectiva, tiene que ser visto como un complejo de prácticas
sociales orientadas a la producción y a la reproducción democráticas de
una sociedad democrática, un modo distinto de existencia social, con su
propio y específico horizonte histórico de sentido, radicalmente alternativo,
a la Colonialidad Global del Poder (entendida como las relaciones de poder
en el mundo) y a la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada2. Aunque estos
últimos términos dan cuenta hoy de relaciones que aún son mundialmente
hegemónicas, a la vez enfrentan la más profunda y raigal crisis desde
su constitución hace poco más de quinientos años. Dicho de otra forma:
hoy el Bien Vivir solo puede tener sentido como una existencia social
alternativa, como una Des/Colonialidad o redistribución del poder.
113
N
se configuraba en el capitalismo colonialmoderno, al término de la Segunda Guerra
Mundial.
en su conjunto y a escala global, en un
prolongado período de auge y de cambios
decisivos que aquí es útil resumir.
En un primer momento, tal discurso fue
virtualmente oficial. Sin embargo, pronto
dio lugar a complejas y contradictorias
cuestiones que produjeron una intensa
discusión, con eco mundial, que se fue
desplegando en estrecha relación con
los conflictivos y violentos movimientos
de la sociedad. Esto llevó a procesos
inconducentes o a cambios relativamente
importantes, pero inacabados, en la
distribución de poder.
Lo primero es que el capital industrial
comenzó a vincularse estructuralmente
con lo que entonces fue denominado
como “revolución científico-tecnológica”.
Esa relación implicaba, de una parte, la
reducción de las necesidades de fuerza de
trabajo viva e individual y, en consecuencia,
del empleo asalariado. De otro parte, la
ampliación del margen de acumulación
especulativa como tendencia estructural
y no solamente cíclica. Así se fue
configurando un nuevo capital industrial/
financiero, que pronto tuvo, relativamente,
una rápida expansión mundial.
De modo breve, se podría decir que en
América Latina el cambio principal de
ese período fue la remoción del “estado
oligárquico” y de algunas de sus instancias
en la existencia social de la población
de estos países. Pero ni la dependencia
histórico-estructural en la Colonialidad
Global de Poder, ni los modos de explotación
y de dominación inherentes a este patrón
de poder, fueron erradicados o alterados
suficientemente como para dar lugar a
la producción y gestión democrática del
Estado, ni de los recursos de producción,
ni de la distribución y apropiación del
producto. En otros términos, esos cambios
no llevaron al “desarrollo”.
El fantasma del
Estado-Nación
En América Latina, el debate sobre la
hegemonía del Eurocentrismo3 llevaba a
plantearse el “desarrollo” en relación al
Estado/Nación. Pero bajo la Colonialidad
Global del Poder, esa perspectiva era
históricamente inconducente, precisamente
cuando este patrón de poder ingresaba,
3
114
Segundo, surgió un proceso de tecnocratización / instrumentalización de la
subjetividad, del imaginario, de todo el
horizonte de sentido histórico específico
de la Colonial/Modernidad/Eurocentrada,
un cambio profundo, radical, de las
perspectivas y de las promesas iniciales
de la llamada “racionalidad moderna” (o
“modernidad”). Por eso mismo, ésta era,
Entendido como un modo de producir y de controlar el imaginario social, la memoria y el conocimiento.
El tercer punto es el desarrollo y la expansión
del nuevo capital industrial-financiero, junto
con la derrota de los grupos nazi/fascistas
de la burguesía mundial, en la disputa por
la hegemonía del capitalismo durante la
Segunda Guerra Mundial, que facilitaron
la desintegración del colonialismo europeo
en Asia y África. Al mismo tiempo dieron
lugar a la prosperidad de las burguesías,
de las capas medias, inclusive de sectores
importantes de los trabajadores explotados,
de los países euro/americanos.
Como cuarto aspecto aparece la
consolidación del despotismo burocrático
(rebautizado de “socialismo realmente
existente”) y su rápida expansión dentro
y fuera de Europa, que ocurrió dentro
de ese mismo cauce histórico. Dicho
modo de dominación fue afectado, de
manera cada vez más profunda, por esa
corriente tecnocrática e instrumental de la
“racionalidad” colonial/moderna.
Lo último que hay que considerar es que en
ese contexto, la hegemonía de esa versión
de la “modernidad” operaba como el más
poderoso mecanismo de dominación de la
subjetividad, tanto por parte de la burguesía
mundial como de la despótica burocracia
del llamado “campo socialista”. Sería más
difícil explicar de otro modo la exitosa
alianza de ambos modos de dominación
para derrotar (sea en París, Nueva York,
Berlín, Roma, Jakarta, Tlatelolco, o en
Shanghai y Praga) a los movimientos,
juveniles sobre todo, que entre fines de
los 60s y comienzos de los 70s del siglo
XX luchaban, minoritariamente pero en
todo el mundo. Entonces ya no lo hacían
solamente contra la explotación del trabajo
y contra el colonialismo y el imperialismo,
contra las guerras colonial-imperiales
(en ese período, Vietnam era el caso
emblemático), sino también contra la ética
social del productivismo y del consumismo;
contra el pragmático autoritarismo burgués
y burocrático; contra la dominación de “raza”
y de “género”; contra la represión de las
formas no convencionales de sexualidad;
contra el reduccionismo tecnocrático de la
racionalidad instrumental y por una nueva
N
en ese nuevo carácter, tanto más atractiva
y persuasiva cuanto más paradójica y
ambivalente, históricamente imposible en
definitiva.
115
tesitura estética/ética/política. Pugnando,
en consecuencia, por un horizonte de
sentido histórico radicalmente distinto que
el implicado en la Colonialidad/Modernidad/
Eurocentrada.
No obstante esa derrota, la simiente de un
horizonte histórico nuevo pudo sobrevivir
entre la nueva heterogeneidad histórico/
estructural del imaginario mundial, y
germina ahora como uno de los signos
mayores de la propuesta del Bien Vivir.
El desarrollo de aquellas nuevas tendencias
históricas del capital industrial-financiero
llevó a ese prolongado período de auge y
de cambios a culminar con la explosión de
una crisis raigal en la Colonialidad Global
del Poder, en su conjunto y elementos
fundantes, desde la segunda mitad de
1973.
Lo primero consiste, básicamente, en la
imposición definitiva del nuevo capital
financiero en el control del capitalismo colonial/
moderno. En un sentido preciso, se trata de
la imposición mundial de la “desocupación
estructural”, plenamente tramada con la
“financiarización estructural”.
Lo segundo es la imposición de esa definida
trama sobre todos los países y la población
humana, que
ocurrió en sus inicios,
precisamente en América Latina, con la
sangrienta dictadura del general Augusto
Pinochet en Chile, y después por la política
Con esa crisis, el mundo ha ingresado
en un nuevo período histórico, cuyos
procesos específicos tienen profundidad,
magnitud e implicaciones equivalentes,
aunque con un casi inverso signo, a los
del período que denominamos como
“Revolución Industrial -Burguesa”. Los
términos “neoliberalismo”, “globalización”
y “postmodernidad” (que aquí no podrían
ser discutidos detenidamente)4 presentan
N
Un nuevo período
histórico
con razonable eficacia (no obstante todas
sus ambivalencias y complejidades) el
carácter y las tendencias mayores del
nuevo período.
4
116
Mi contribución al debate de esas cuestiones, principalmente en: Modernidad, Identidad y Utopía en América
Latina. Ed. SOCIEDAD Y POLITICA, Lima 1988; “Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia”,
originalmente en TENDENCIAS BASICAS DE NUESTRA ERA. Instituto de Estudios Internacionales Pedro
Gual., 2001. Caracas, Venezuela. Una versión revisada, en SAN MARCOS, No. 25, Julio 2006, revista de la
Universidad de San Marcos, Lima, Perú; “Entre la Guerra Santa y la Cruzada”, originalmente en AMERICA
LATINA EN MOVIMIENTO, No. 341, octubre 2001. Quito, Ecuador; “El Trabajo al Final del Siglo XX”,
originalmente en PENSÉE SOCIALE CRITIQUE POUR LE XXI SIÉCLE, Melanges en l´honneur de Samir
Amin. Forum du Tiers- Monde, L´Harmattan 2003, pp.131-149, Paris, France; y “Paradojas de la Colonialidad/
Modernidad/Eurocentrada”, en HUESO HÚMERO, No. 53, abril 2009, pp. 30-59. Lima, Perú.
China, y después Vietnam, optaron por
ser miembros del nuevo “capitalismo
realmente existente”, industrial-financiero y
globalizado, bajo un despotismo burocrático
reconfigurado como socio de las mayores
corporaciones financieras globales y del
Bloque Imperial Global5.
de los gobiernos de Margaret Thatcher y
Ronald Reagan en Inglaterra y en Estados
Unidos, respectivamente, con el respaldo o
la sumisión de todos los demás países. Esa
imposición produjo la dispersión social de los
trabajadores explotados y la desintegración
de sus principales instituciones sociales y
políticas (sindicatos, sobre todo); la derrota
y desintegración del llamado “campo
socialista”, y de virtualmente todos los
regímenes, movimientos y organizaciones
políticas con los que estaba vinculado.
N
Estamos, pues, inmersos en un proceso
de completa reconfiguración del patrón
de poder que ahora es reconocible como
la Colonialidad Global del Poder. Se trata,
en primer término, de la aceleración y la
profundización de una tendencia de reconcentración del control del poder. Eso
implica la reprivatización de los espacios
públicos, del Estado en primer término;
la reprivatización del control del trabajo,
de los recursos de producción y de la
producción/distribución; la polarización
social extrema y creciente de la población
mundial; la exacerbación de la “explotación
de la naturaleza”; la hiperfetichización del
mercado junto con la mercantización de
la subjetividad y de la experiencia de vida
de los individuos. También la consecuente
intensificación del control de la subjetividad,
por medio del “fundamentalismo” de todas
las religiones e ideologías dominantes
y de la manipulación y control de los
recursos tecnológicos de comunicación
y de transporte, para empujarla hacia la
dispersión individualista de quienes no
resisten, o no son capaces de resistir, a la
tecnocratización/instrumentalización de la
colonialidad/modernidad.
En fin, “postmodernidad” se denomina a la
imposición definitiva de la tecnocratización/
instrumentalización de la “racionalidad
moderna”. Esto es, de la Colonialidad/
Modernidad/Eurocentrada.
Sobre el concepto de Bloque Imperial Global, remito a “Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia”,
ya citado.
6
Un debate más detenido puede ser encontrado en “Colonialidad del Poder y Clasificación Social”, originalmente
en FESTSCHRIFT FOR IMMANUEL WALLERSTEIN. En Journal of World- Systems Research, vol. VI, No. 2,
Fall/Winter 2000, pp.342-388. Special Issue. Giovanni Arrighi and Walter L. Goldfrank, eds. Colorado, USA.
5
117
N
J“Hoy el ‘Bien Vivir’ solo puede tener sentido como una existencia social
alternativa, como una Des/Colonialidad o desconcentración del Poder”.
J“Hay una aceleración y profundización de una tendencia de reconcentración
del control del poder. Eso implica la reprivatización de los espacios
públicos y del Estado”.
J“El capitalismo colonial-global practica una conducta cada vez más feroz
y depredadora, que pone en riesgo la sobrevivencia de la especie entera
en el planeta”.
118
La explotación de la
naturaleza
Aunque de manera apenas alusiva, no
sería pertinente dejar de señalar que
uno de los elementos fundantes de la
Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada
es el nuevo y radical dualismo cartesiano,
que separa la “razón” y la “naturaleza”6. De
allí, una de las ideas más características
del eurocentrismo, en cualquiera de sus
vertientes: la “explotación de la naturaleza”
como algo que no requiere justificación
alguna y que se expresa cabalmente en la
ética productivista engendrada junto con la
“revolución industrial”. No es en absoluto
difícil percibir la inherente presencia de la
idea de “raza” como parte de la “naturaleza”,
como explicación y justificación de la
explotación de las “razas inferiores”.
Es al amparo de esa mistificación
metafísica de las relaciones humanas
con el resto del universo, que los grupos
dominantes del Homo Sapiens en la
Colonialidad Global del Poder, en especial
desde la “revolución industrial”, han llevado
a la especie a imponer su hegemonía para
explotar las demás especies animales
y una conducta predatoria sobre otros
elementos existentes en este planeta. Y,
sobre esa base, el capitalismo colonialglobal practica una conducta cada vez más
feroz y depredadora, que termina poniendo
en riesgo no solamente la sobrevivencia
de la especie entera en el planeta, sino
la continuidad y la reproducción de las
condiciones de vida, de toda vida, en la
Tierra. Bajo su imposición, hoy estamos
matándonos entre nosotros y destruyendo
nuestro común hogar.
Desde esta perspectiva, el llamado
“calentamiento global” o “crisis climática”,
lejos de ser un fenómeno “natural”, que
ocurre en algo que llamamos “naturaleza”
y separado de nosotros como miembros
de la especie animal Homo Sapiens, es el
resultado de aquella desorientación global
de la especie sobre la Tierra, impuesta
por las tendencias predatorias del nuevo
capitalismo industrial-financiero. Esto es
una de las expresiones centrales de la
crisis raigal de la Colonialidad Global del
Poder.
La nueva resistencia
global
Desde fines del siglo XX, una proporción
creciente de las víctimas de dicho patrón
de poder ha comenzado a resistir a esas
tendencias en el mundo. Los dominadores,
los “funcionarios del capital”, sea como
dueños de las grandes corporaciones
financieras o como gobernantes de regí-
De ese modo, la defensa de la vida humana
y las condiciones de vida en el planeta se
van constituyendo en el sentido nuevo de las
luchas de resistencia de la inmensa mayoría
de la población mundial. Y sin subvertir
y desintegrar la Colonialidad Global del
Poder y su Capitalismo Colonial/Global, hoy
en su más predatorio período, esas luchas
no podrían avanzar hacia la producción
de un sentido histórico alternativo al de la
Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada.
Es en este contexto histórico donde hay
que ubicar, necesariamente, todo debate y
elaboración acerca de la propuesta del Bien
Vivir. Por consiguiente, se trata, ante todo,
de admitirla como una cuestión abierta,
no solamente en la discusión, sino en la
práctica social cotidiana de las poblaciones
que decidan urdir y habitar históricamente
en esa nueva existencia social posible.
Para desarrollarse y consolidarse, la
Des/Colonialidad del poder implicaría
prácticas sociales configuradas por: a) la
igualdad social de individuos heterogéneos
y diversos, contra la “desigualizante”
clasificación e identificación racial, sexual
y social de la población mundial; b)
por consiguiente, las diferencias, ni las
identidades, no serían más la fuente o
el argumento de la desigualdad social
de los individuos; c) las agrupaciones
y/o identidades serían el producto de las
decisiones libres y autónomas de individuos
libres y autónomos; d) la reciprocidad
entre grupos y/o individuos socialmente
iguales, en la organización del trabajo y
en la distribución de los productos; e) la
redistribución igualitaria de los recursos
y productos, tangibles e intangibles, del
mundo, entre la población mundial; f)
la tendencia de asociación comunal de
la población mundial, en escala local,
regional, o globalmente, como el modo de
producción y gestión directas de la autoridad
colectiva y, en ese preciso sentido, como
el más eficaz mecanismo de distribución y
Tal exacerbación de la conflictividad, de
los fundamentalismos, de la violencia,
aparejada a la creciente y extrema
polarización social de la población del
mundo, va llevando a la resistencia misma a
configurar una nueva expresión de conflicto.
La resistencia tiende a desarrollarse como
un nuevo sentido de la existencia social,
de la vida misma, precisamente porque
la vasta población implicada percibe,
con intensidad creciente, que lo que está
en juego ahora no es solo su pobreza,
como su sempiterna experiencia, sino,
precisamente, su propia sobrevivencia. Tal
descubrimiento entraña, necesariamente,
que no se puede defender la vida humana
en la Tierra sin defender, al mismo tiempo,
en el mismo movimiento, las condiciones
de la vida misma.
Ese nuevo horizonte, la defensa de las
condiciones de su propia vida y de las
demás en este planeta, ya está planteado en
las luchas y prácticas sociales alternativas.
En consecuencia, en contra de toda forma
de dominación-explotación en la existencia
social. Es decir, una Des/Colonialidad
del Poder como punto de partida, y la
producción y reproducción democráticas
de la existencia social como eje continuo
de orientación de las prácticas sociales.
N
menes despótico-burocráticos, responden
con violentas represiones, ahora no solo
dentro de las fronteras convencionales
de sus propios países, sino también fuera
de ellas. Así, desarrollan una tendencia
a la recolonización global, usando los
más sofisticados recursos tecnológicos
que acaban con la vida de personas,
de manera rápida y con menos costo
como lo hace Estados Unidos en Irak
o Afganistán. Dadas esas condiciones,
en la crisis de la Colonialidad Global del
Poder y, en especial, de la Colonialidad/
Modernidad/Eurocentrada, la exacerbación
de la conflictividad y de la violencia se ha
establecido como una tendencia estructural
globalizada.
119
redistribución de derechos, obligaciones,
responsabilidades, recursos, productos,
entre los grupos y sus individuos, en
cada ámbito de la existencia social, sexo,
trabajo, subjetividad, autoridad colectiva y
corresponsabilidad en las relaciones con
los demás seres vivos y otras entidades del
planeta o del universo entero.
N
Los indígenas del
“Sur global” y el
“Bien Vivir”
No es por accidente histórico que el debate
sobre la Colonialidad del Poder y sobre la
Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada,
haya sido producido, en primer término,
desde América Latina. Así como no lo es
que la propuesta del Bien Vivir provenga,
en primer término, del nuevo movimiento
de los “indígenas” latinoamericanos.
América Latina es el mundo constituido en
las “Indias Accidentales” (irónica referencia a
la divulgada idea de “Indias Occidentales”)7.
Por eso, es el espacio original y el tiempo
inaugural de un nuevo mundo histórico y de
un nuevo patrón de poder. Y, así mismo, es
el lugar de la primera “indigenización” de los
sobrevivientes del genocidio colonizador, la
primera población del mundo sometida a la
“racialización” de su nueva identidad y de
su lugar dominado en el nuevo esquema de
poder.
América Latina y la población “indígena”
ocupan, pues, un lugar basal, fundante, en la
constitución y en la historia de la Colonialidad
del Poder. De allí su actual lugar y papel en
7
8
120
la subversión epistémica/teórica/histórica/
estética/ética y política de este patrón de
poder en crisis, implicada en las propuestas
de la Colonialidad Global del Poder y del Bien
Vivir8 como una existencia social alternativa.
Empero, si bien América, y en particular
América Latina, fue la primera nueva
identidad histórica de la Colonialidad del
Poder y sus poblaciones colonizadas
los primeros
“indígenas” del mundo,
desde el siglo XVIII el resto del territorio
del planeta fue conquistado por Europa
Occidental y sus respectivas poblaciones,
la inmensa mayoría de la población
mundial, fueron colonizadas, racializadas
y, en consecuencia, “indigenizadas”. Su
actual emergencia no consiste, pues, en
otro “movimiento social” más. Se trata de
todo un movimiento de la sociedad cuyo
desarrollo podría llevar a otra existencia
social, liberada de dominación, explotación
y violencia: a la Descolonidad Global del
Poder.
El debate de estos temas ha mostrado
a plena luz que la relación social de
dominación y explotación fundada en torno
a la idea de “raza” es un producto de la
historia del poder y de ninguna cartesiana
“naturaleza”. Pero también hace patente
la extrema heterogeneidad histórica de
esa población “indigenizada”, en su previa
historia, por las experiencias durante casi
medio millar de años y que ahora produce
el nuevo movimiento de la sociedad por la
Des/Colonialidad del Poder.
No tendría sentido esperar que esa
heterogénea población, que compone
la
inmensa mayoría de la población
Robert Finley: Las Indias Accidentales. Ed. Barataria, 2003. España.
Bien Vivir es, probablemente, la formulación más antigua en la resistencia “indígena” contra la Colonialidad del
Poder. Fue, notablemente, acuñada en el Virreinato del Perú, por nada menos que Guaman Poma de Ayala,
aproximadamente en 1615, en su Nueva coronica y buen gobierno. Carolina Ortiz Fernández es la primera
en haber llamado la atención sobre ese histórico hecho: “Felipe Guaman Poma de Ayala, Clorinda Matto,
Trinidad Henríquez y la teoría crítica. Sus legados a la teoría social contemporánea”, en YUYAYKUSUN, Nro.
2, Universidad Ricardo Palma, diciembre 2009.
J“La exacerbación de la conflictividad y de la violencia se ha establecido
como una tendencia estructural globalizada”.
J“La defensa de la vida humana y las condiciones de vida en el planeta se
van constituyendo en el sentido nuevo de las luchas de resistencia de la
mayoría de la población mundial”.
Sin embargo, las poblaciones “indigenizadas” bajo la dominación colonial,
primero en “América” bajo Iberia, y más
tarde en todo el mundo bajo “Europa
Occidental”, no solo han compartido en
común, universalmente, las perversas
formas de dominación y explotación.
Aunque suene paradójico, también en la
resistencia estos pueblos han compartido
comunes aspiraciones históricas contra
la dominación, la explotación y la dis-
9
Por todo eso, en la “indigenidad”
histórica de las poblaciones víctimas de
la Colonialidad Global del Poder no se
alienta solamente la herencia del pasado,
sino todo el aprendizaje de la resistencia
histórica de tan largo plazo. Estamos,
por eso, caminando en la emergencia de
una identidad histórica nueva, histórico/
estructuralmente heterogénea como todas
las demás, cuyo desarrollo podría producir
la nueva existencia social liberada de
dominación, explotación y violencia que es
el corazón mismo de la demanda del Foro
Social Mundial: Otro Mundo es Posible.
En otros términos, el nuevo horizonte
de sentido histórico emerge con toda su
heterogeneidad histórico/estructural. En
esa perspectiva, la propuesta del Bien Vivir
es, necesariamente, una cuestión abierta9
que requiere ser continuamente indagada,
debatida y practicada.
De hecho, todas esas poblaciones, sin
excepción, provienen de experiencias
históricas de poder, distintas entre sí
y distintas respecto de la Colonialidad
del Poder, aunque no necesariamente
respecto a la colonización. El poder parece
haber sido, en toda la historia conocida, no
solamente un fenómeno de las existencias
sociales de larga duración, sino, más aun,
la principal motivación de la conducta
colectiva de la especie.
criminación y que se resumen en la
igualdad social de individuos heterogéneos,
la libertad de pensamiento y de expresión,
la redistribución igualitaria de recursos, así
como su control en los diversos ámbitos
centrales de la existencia social.
N
del mundo, haya producido o cobijado
un imaginario histórico homogéneo,
universal, como alternativa a la Colonialidad Global del Poder. Eso no podría ser
concebible inclusive tomando en cuenta
exclusivamente a América Latina, o a
América en su conjunto.
Acerca de eso, por ejemplo, las recientes entrevistas a dirigentes aimaras en Bolivia, hechas y difundidas por
Katu Arconada. La revista América Latina en Movimiento, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI),
ha dedicado el No. 452, febrero del 2010, íntegramente a este debate, bajo el título general de “Recuperar el
sentido de la vida”. Respecto de las prácticas sociales mismas, hay un importante movimiento de investigación
específica. Ver Vivir Bien Frente al Desarrollo. Procesos de planeación participativa en Medellin. Esperanza
Gómez et al., Facultad. de Ciencias Sociales, Universidad de Medellín, Colombia, 2010.
121
• Foto: Gilvan Barreto / Oxfam
Rumba MALA,
tremenda resaca
Cambio climático: de Copenhague a Cancún
La Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas de Copenhague (Dinamarca) no
concluyó con el acuerdo esperado debido a la falta de liderazgo de los países industrializados
en fijar metas y plazos específicos en la reducción de sus emisiones contaminantes que
producen el calentamiento global. Mientras se postergan las decisiones, crece la amenaza
contra los países en vías de desarrollo ante los cambios del clima. América Latina tendría
que llegar a consensos mínimos en la próxima reunión en Cancún, México. Está en juego
la vida de millones de personas.
L
o peor de una mala fiesta no es la resaca sino el no haberse
divertido. Sin embargo, la mala rumba protagonizada
en la Conferencia de Copenhague1 produjo una resaca
especialmente larga y dura. Representantes de gobiernos, activistas
de la sociedad civil o empresarios que buscaban oportunidades
en una nueva economía de energía limpia, y todos los que hemos
seguido el proceso de las negociaciones sobre cambio climático
de la ONU en los últimos años, apenas estamos saliendo de una
prolongada y profunda meditación sobre el significado del colapso
evitado en la capital danesa y los pasos a seguir.
N
Las explicaciones del resultado en Copenhague son tan variadas
como las posiciones que frustraron el acuerdo justo, ambicioso y
vinculante que tanto necesitamos. Para algunos, no se logró un mejor
acuerdo debido al mal manejo del proceso en manos de la presidencia
danesa de la Conferencia, que había convocado a una serie de
reuniones con representantes de países seleccionados según el
criterio de los daneses y no de acuerdo con la representación de las
regiones y grupos reconocidos por la ONU. Un borrador del acuerdo
final elaborado por los daneses salió a luz pública en la primera
semana de la Conferencia y fue debidamente rechazado por muchos
países al considerarlo ilegítimo. Al parecer, esta experiencia paralizó
a la presidencia danesa que no quiso repetir el error, y por lo tanto,
no había elaborado un acuerdo final cuando llegaron los jefes de
Estado. Éstos, ante la sorpresa, tuvieron una serie de reuniones pero
de manera desordenada durante las últimas horas de la Conferencia
Antonio Hill
1
Brasil, China, India y Sudáfrica (el grupo BASIC) negociaron con EEUU el Acuerdo de Copenhague a última
hora y fuera de los grupos de trabajo establecidos en las negociaciones de Naciones Unidas, proponiendo
12 puntos sin metas cuantificadas de reducción de emisiones y un plazo tan genérico que se reduce a la
expresión “tan pronto sea posible”. Lo único concreto fue que los países industrializados se comprometieron a
aportar US$30 millardos entre 2010 y 2012 y a movilizar US$100 millardos anuales a 2020 para contrarrestar
el cambio climático y sus efectos en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, aún no está claro si los
recursos prometidos serán ‘nuevos y adicionales’ (como especifica la Convención y el Plan de Acción de Bali),
ni cómo serán manejados y canalizados estos fondos para asegurar que los países industrializados cumplen
sus compromisos y que los recursos responden a las necesidades de los países más afectados.
123
N
para tratar de sacar “algo” que justificara
su participación. En efecto, fue evidente la
falta de transparencia y claridad acerca de
las reuniones y los textos elaborados en
paralelo con la reunión oficial. Esto tiene
que mejorarse en Cancún.
124
Para otros, las limitaciones fueron
la sobrecarga de temas complejos y
decisiones a tomar, así como la presencia
insólita de tantos representantes de tan alto
nivel, incluyendo la participación de más de
120 jefes de Estado en los últimos tres días.
Había casi una docena de negociaciones
paralelas, y el reto de tejer un solo acuerdo
de todos estos procesos fue enorme. La
participación de tantos presidentes y otros
representantes de alto nivel, a pesar de
que elevó el perfil de la cumbre, recortó el
tiempo disponible para las negociaciones y
también ejerció presión sobre los delegados
para conseguir un acuerdo aunque el
resultado no fuera satisfactorio.
Tampoco faltaron los que culparon a las
reglas de procedimiento, que establecen
que cualquier acuerdo requiere consenso
entre todos los países, sin importar su
tamaño o peso político-económico.
Otra explicación, especialmente popular
entre los países con más poder y
responsabilidad, ha sido que “la culpa
fue de China”. Esta excusa cogió fuerza
cuando China se negó a aceptar metas
globales de reducciones de emisiones para
los años 2020 y 2050 (que le afectarían
directamente así como a los demás países
en vías de desarrollo, y no solo a los países
industrializados) en las últimas horas de la
Conferencia, y se acrecentó mucho más
cuando quedó claro que también se oponía
a un acuerdo que volviera sus compromisos
legalmente vinculantes bajo el marco de
derechos internacionales.
Mientras que todas estas razones pueden
explicar una parte del resultado, ninguna
explica la parálisis política que marcó
el resultado global de Copenhague –y
ésta tampoco se explica con todas estas
razones sumadas–. Un mejor manejo
por los anfitriones daneses hubiera
ayudado, aunque los resultados de otras
conferencias superaron las fallas de
liderazgo –recordemos que en 2007, la
conferencia de Bali terminó bien a pesar de
que la presidencia de Indonesia manejaba
consultas paralelas a la plenaria final–.
El número de temas que se manejan en
las negociaciones sí se ha multiplicado
en comparación con tiempos anteriores;
sin embargo, la agenda siempre ha sido
compleja y todos tuvimos muy claro cuáles
eran los tres temas claves a los que se
habían reducido las negociaciones en el
ámbito político antes de Copenhague:
financiación, temas de medición, notificación
y verificación (o MRV, sus siglas en inglés)
de reducciones logrados por los países en
vías de desarrollo; y acuerdo acerca de la
naturaleza legal y la arquitectura del pacto
a firmarse.
La presencia de tantos ministros, jefes de
Estado y otros funcionarios de alto nivel fue
un reto logístico más que nada, y reflejó el
que no hubo suficiente tiempo para las
negociaciones, vale la pena recordar
que en el caso de la Convención Marco
de la ONU para el Cambio Climático, las
negociaciones concluyeron en menos
de los dos años disponibles entre Bali y
Copenhague.
Por último, culpar a China por el resultado
de Copenhague no es más que buscar
un chivo expiatorio; cualquier análisis
objetivo demuestra claramente que la
preocupación de China y los demás países
en vías de desarrollo por la equidad en
el balance de recortes de emisiones y
contribuciones financieras es más que
razonable. Como lo expresó el secretario
ejecutivo de la Convención en su última
conferencia de prensa en Copenhague:
“Los países en vías de desarrollo están
más cerca de lo que exige la ciencia que
el mundo industrializado”2. Mientras los
países industrializados mantienen la
ambición de evitar un alza del promedio de
temperatura global de más de dos grados
N
peso político que había alcanzado el tema,
cosa que debe de considerarse dentro de
los éxitos de la conferencia más que causa
de fracaso. Mientras que el debate acerca
de procedimientos en las negociaciones
de cambio climático lleva en curso más de
una década, hay que recordar que tanto
la Convención Marco (de 1992) como el
Protocolo de Kyoto (de 1997) –así como
muchos otros tratados en el marco de
derecho internacional– se han acordado
con las reglas de consenso actuales. Las
preocupaciones de países como Bolivia y
Tuvalu sobre la falta de ambición y peso
legal en el Acuerdo de Copenhague fueron
legítimos, pues sumados representan una
amenaza grave para todos los países
más vulnerables a los efectos del cambio
climático. El consenso en la elaboración
de tratados de derecho internacional es
importante precisamente porque evita
que cualquier país, sin importar cuán
pequeño sea, tenga que ser forzado a
aceptar un acuerdo que vaya en contra
de sus intereses. Frente a las quejas de
http://cop15.meta-fusion.com/kongresse/cop15/templ/play.php?id_kongresssession=2759&theme=unfccc
Esta evaluación se basa en compromisos de las economías emergentes (inscritos en el Apéndice 2 del Acuerdo de
Copenhague) equivalentes a una reducción significativa (de 28%) por debajo de la tendencia actual de crecimiento
de emisiones en estos países. Este nivel de compromiso se acerca al nivel más alto de lo que ha demandado la
Unión Europea (15-30%), y se contrasta con compromisos de los países industrializados que llegan solo a una
reducción de 12-18% entre 1990-2020 –menos de la mitad de la reducción de 40% que se requiere para asegurar
una buena posibilidad de mantener el alza en la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados–.
2
125
N
centígrados, la carga que llevan los países
en vías de desarrollo es lo que queda
cuando se restan los compromisos de los
países ricos de un presupuesto global de
carbono. Y de momento, los compromisos
de los países ricos aún son insuficientes, y
por lo tanto cualquier llamado a aumentar
los recortes en emisiones en China u otros
países en vías de desarrollo se vuelve una
demanda injusta. Dentro de este contexto,
la posición de China en Copenhague era
de esperarse. Es más, las organizaciones
de la sociedad civil llevamos más de dos
años advirtiendo que ese sería el resultado
si los países industrializados no llegaban a
comprometerse con su justa parte.
La razón fundamental por el resultado tan
débil que salió de Copenhague es más
simple y más incómodo que todas las
anteriores: el gobierno de EEUU no está
dispuesto a comprometerse con lo que le
3
4
126
corresponde según los análisis científicos
para mantener un clima estable y seguro
para todos y según la perspectiva de sus
pares en las negociaciones, especialmente
los países más vulnerables. Dentro del
grupo de países industrializados3 EEUU
sobresale por la brecha entre su oferta
de recortes de emisiones y lo que le
corresponde. Como grupo, los países
industrializados tendrían que recortar sus
emisiones más de 40% entre 1990 y 2020,
lo que implica reducciones de los principales
emisores que varían entre 20% (Rusia) y
56% (Japón), según un análisis de la justa
parte de cada país4. Si bien ninguno de los
países industrializados importantes llegó
a Copenhague con ofertas suficientes (la
UE estaba dispuesta a comprometerse
con recortes de 20-30% y Japón de 25%),
la oferta de EEUU era de tan solo 4%,
casi diez veces menos de su justa parte.
Aunque es sencillo entender por qué los
Los 42 países citados en el Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU.
Basado en análisis de Oxfam publicado en “Esfuerzo Compartido: La cooperación global es clave para lograr
en Copenhague un acuerdo justo y seguro sobre el clima”. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/
bp128_Hang_Together_Separately_sp_22_06_09.pdf
El desafío de transformar a la opinión
pública y la voluntad política en EEUU forma
parte integral de una serie de condiciones
políticas necesarias para volver a pensar
que un nuevo tratado pueda ser acordado
dentro del marco del derecho internacional.
Pero ello no es suficiente ya que, además,
se requiere el cumplimiento de otras
condiciones importantes entre todos los
países: 1) la necesidad que el tratado
sea legalmente vinculante, 2) las cuotas
que corresponden a cada país dentro de
un presupuesto global de carbón y de
financiamiento para apoyar a las acciones
necesarias en los países en vías de
desarrollo.
Es especialmente importante que China
y EEUU –como contaminadores mayores
y actores de mayor peso en el ámbito
geopolítico– tengan un entendimiento
mutuo, y consistente con estas condiciones.
Resolver todo lo anterior es imprescindible
para lograr un acuerdo eficaz y duradero,
independiente
del
cronograma
de
reuniones previstas para 2010. Si resulta
imposible resolver estos puntos antes
de la reunión de Cancún, está claro que
los retos quedarán pendientes para la
siguiente conferencia, a finales del 2011
en Sudáfrica. Así lo afirmó el grupo de las
grandes economías emergentes –Brasil,
China, India y Sudáfrica (BASIC)– en una
reunión en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en
abril del 2010 en la que, por primera vez
desde Copenhague, un grupo importante
de países en la negociación se atrevió a
imponer de nuevo una fecha límite para las
negociaciones5.
Mientras tanto, hay otros retos que se
tendrán que extraer de la gran masa
de asuntos pendientes que resultaron
de Copenhague, para convertirlos en
metas superables antes que finalice
la conferencia de Cancún a finales de
Retos superables,
retos pendientes
Lograr esto supone que los países en
vías de desarrollo (los integrantes del
grupo de negociación llamado G77 y
China) modifiquen sus posiciones: en
vez de reclamar sus derechos a cuotas
de contaminación (como algunos vienen
haciendo) deben demandar derechos para
que su desarrollo sea protegido. De esta
forma, se pondría en práctica el acuerdo
logrado en Bali que condiciona acciones de
mitigación a la disponibilidad de incentivos
financieros). Esto supone también que un
grupo núcleo en las negociaciones –con
suficiente peso para hacerlo– esté dispuesto
a avanzar con un nuevo acuerdo entre un
número menor de países si entre todos los
países miembros de la Convención Marco
es imposible lograrlo.
N
norteamericanos no quieren comprometerse
o por qué siguen interpretando las acciones
necesarias como amenazas al desarrollo
económico y bienestar, en vez de verlas
como soluciones para lograr estos fines,
es incómodo aceptar que el bienestar de
siete mil millones de personas alrededor
del mundo depende de las actitudes y
decisiones de unos cuantos senadores en
Washington. No cabe duda de que los retos
internos para lograr un mayor compromiso
en el Congreso estadounidense siguen
siendo grandes, y es crucial enfrentarlos
para alcanzar un acuerdo global que sea
justo, ambicioso y vinculante.
“Brasil, China, India y Sudáfrica no esperarán a EEUU ‘por tiempo indefinido’”: http://www.abc.es/20100426/
sociedad/canal-natural/econoticias/brasil-china-india-sudafrica-201004261104.html
5
127
2010. Es indispensable concretar logros
tangibles como resultado del proceso de
negociaciones, para restaurar la confianza
entre las partes así como la confianza
del público en el proceso mismo. En este
sentido, hay ejemplos en varias áreas de
las negociaciones en las cuales se podría
avanzar, entre ellos cómo reducir las tasas
de deforestación en zonas tropicales,
facilitar acceso a tecnologías apropiadas
para energías renovables y adaptación
a los impactos del cambio climático,
y concretar mecanismos y fuentes de
financiación para realizar los compromisos
del Acuerdo de Copenhague. Quizás el más
importante y urgente de los retos a superar
en 2010 es el tema de financiamiento,
ya que existen compromisos claros, hay
procesos específicos en curso, y subsiste
un alto potencial para desencadenar otras
actividades convergentes.
N
J“La razón fundamental por el resultado tan débil que salió de Copenhague
es simple e incómodo: EEUU no está dispuesto a comprometerse con lo
que le corresponde según los análisis científicos para mantener un clima
estable y seguro para todos”.
J“Sería necesario que un grupo núcleo en las negociaciones esté dispuesto
a avanzar con un nuevo acuerdo entre un número menor de países si
entre los miembros de la Convención Marco es imposible lograrlo”.
J“Es indispensable concretar logros tangibles como resultado del proceso
de negociaciones, para restaurar la confianza entre las partes y recuperar
así la confianza del público en el proceso mismo”.
En este sentido, hay tres resultados
tangibles y factibles que podemos esperar
en la próxima conferencia de la ONU sobre
cambio climático en Cancún (29 noviembre
- 10 diciembre):
Como primer punto, se espera un informe
positivo sobre la entrega de la “financiación
de arranque rápido” (‘fast start finance’, en
128
inglés) prometida en Copenhague para el
2010 (US$10 mil millones). Lo segundo
es acuerdo para desarrollar un paquete
de fuentes innovadoras de financiación,
capaces de generar hasta US$200 mil
millones cada año en el 2020, y que pueda
empezar a funcionar desde el 2013. Lo
último es el establecimiento formal de
un fondo nuevo (que podría ser el Fondo
Verde de Copenhague para el Clima) que
sirva como canal central para financiar a
los países en vías de desarrollo, en temas
relacionados con el cambio climático,
y que cumpla con sus necesidades en
cuanto a flujos de financiación predecibles,
asequibles y adicionales a los compromisos
existentes de entregar un 0.7% de
los ingresos brutos nacionales para la
cooperación internacional para combatir la
pobreza mundial.
En la sesión de negociaciones de junio
2010, la falta de transparencia y claridad
en cuanto a los aportes de financiación
de arranque rápido de los países
industrializados quedó en evidencia.
Además de conseguir mejoras en este
punto, la tarea para Cancún será de acordar
un esquema para la medición, notificación y
verificación de los compromisos financieros
de los países ricos. Las contribuciones de
La sesión de negociaciones de junio
2010 también incluyó un tono alentador
en las discusiones sobre el nuevo fondo
a establecerse en Cancún. Fuera de
• Foto: Roberto Guerrero / Oxfam
América Latina:
¿protagonista u
obstáculo?
¿Qué papel jugaron los gobiernos de
América Latina en el proceso que condujo a
Copenhague, y cuáles son las implicancias
del resultado? Al igual que en otros temas
del ámbito internacional, los gobiernos de
la región no actuaron como bloque unido.
Esto contrasta con los países africanos,
por ejemplo, que han logrado avances
importantes en la elaboración de una
posición conjunta en los últimos años, y
cuyo efecto fue notable en Copenhague y
en sesiones anteriores de negociación.
Mientras que varios países latinoamericanos
han aportado contribuciones importantes
en el ámbito técnico de las negociaciones
–Argentina, Brasil y Colombia han prestado
representantes para liderar algunos grupos
de negociación importantes en el proceso,
por ejemplo–, los aportes en el ámbito
político en el camino hacia Copenhague
fueron esporádicos, con una falta de
respaldo y continuidad diplomática que
no era proporcional al reto de consolidar
un tratado legal de tamaña envergadura.
Un ejemplo: en abril de 2009, Argentina,
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala y Perú se sumaron a una
posición compartida con la alianza de
pequeños países isleños (AOSIS) y
En febrero de 2010, el secretario general de
la ONU Ban Ki Moon estableció un grupo
de alto nivel para tratar el segundo de estos
temas –el paquete de fuentes financieros
para alcanzar los US$200 millardos
anuales necesarios antes del 2020–. El
grupo –que cuenta con representantes de
Brasil y México, además del presidente de
Guyana– entregará sus recomendaciones
en un informe final en octubre de 2010, y
a los negociadores en Cancún les quedará
solo avalar una de las opciones presentadas
y acordar pasos a seguir para ponerla en
marcha antes de 2013. Todos los países de
la región latinoamericana deberían ayudar
a asegurar que las recomendaciones del
grupo encuentren una audiencia receptiva
en Cancún para que puedan formar parte
de los retos superados en este año.
negociaciones constructivas alrededor de
las funciones de un ‘consejo de financiación’,
también se vio un cambio importante en
la posición de EEUU acerca del papel
de las instituciones relacionadas con la
arquitectura institucional para el nuevo
fondo (como el Banco Mundial). Esto abre
camino para que el establecimiento formal
del fondo –una de las metas centrales para
México como anfitrión de la conferencia de
Cancún– sea factible.
N
Alemania y España al Fondo de Adaptación
–como parte de su aporte de financiación
de arranque rápido– han levantado los
ánimos de muchos países vulnerables ya
que consideran que es un canal adecuado
para sus necesidades en el campo de
adaptación.
129
N
varios países africanos, que demandaban
reducciones en las emisiones de los países
industrializados de 45% entre 1990 y 2020.
Pero más allá de sumarse a la posición,
faltó una estrategia política y diplomática
para que este grupo pudiese presionar a
EEUU y demás países industrializados. En
la mayoría de casos, los líderes políticos
de estos estados no estaban al tanto del
tema hasta poco antes de subirse al avión
rumbo a Copenhague.
130
Las iniciativas individuales de algunos
países de la región tienen su lógica y son
importantes, sin duda. Brasil juega un papel
clave con las demás grandes economías
emergentes (BASIC, que incluye también
a China, India y Sudáfrica) en el ámbito
político internacional, y también es un actor
importante en las negociaciones sobre el
tema de deforestación evitada. México
lleva una responsabilidad importantísima
como presidente de la próxima conferencia
de la ONU en Cancún, y se ha convertido
también en un actor de peso en las
negociaciones sobre los mecanismos
de financiación. Bolivia ha lanzado una
iniciativa importante que reunió a pueblos
y movimientos sociales en Cochabamba en
abril de 2010, y que extendió los parámetros
de las negociaciones intergubernamentales
hacia un extremo que es a la vez realista
(desde un punto de vista científico) e
irrealista (desde la perspectiva política de
los países ricos).
Pero sin esfuerzos compartidos y
concertados es difícil ver cómo estas
iniciativas podrán resultar en palancas de
presión eficaz frente a EEUU, la Unión
Europea, Japón y los demás países
industrializados, que seguirán adelante
con la estrategia milenaria de “dividir y
conquistar”. Mientras quedan algunos
países con los que puedan comercializar
créditos de carbono, ¿por qué preocuparse
por los que se oponen? Mientras algunos
países acepten dinero a cambio de dejar
de lado su oposición a unas metas de
reducciones de emisiones irrisorias, ¿por
qué ofrecer más? La oposición al Acuerdo
de Copenhague por parte de Bolivia,
Venezuela y otros países fue importante
porque dejó claro que el fracaso político
de Copenhague no se podía remediar
con unas promesas vagas sin importancia
legal. También fue eficaz por afectar el
récord oficial de la conferencia. Pero la
gran pregunta es si impedir un acuerdo
malo pueda ayudar a conseguir un acuerdo
bueno. Fuera de introducir barreras
y obstáculos a un consenso débil e
inadecuado, ¿qué podrían hacer los países
de la región para fomentar un consenso
amplio sobre un acuerdo justo, ambicioso
y vinculante?
Si bien los países de la región varían mucho
en sus perfiles de emisiones y en sus
políticas internas y externas relacionadas
con el desafío del cambio climático,
todos comparten un reto tremendo: están
expuestos a unas amenazas climáticas que
se agravarán en los años que vienen –pase
lo que pase en Cancún o años posteriores–.
Los países con menos fuerza económica
sufrirán aun más si no logran emprender
acciones para contrarrestar los peores
impactos. Por ejemplo, en Guyana cerca
del 90% de la población vive en el cinturón
costero que se encuentra a 1,4 metros bajo
el nivel del mar, y muchos otros países del
Caribe también están expuestos al alza
del nivel del mar previsto para este siglo.
Países centroamericanos y andinos estarán
expuestos a más sequías e inundaciones
como resultado de la variabilidad de
lluvias y el retroceso glaciar. Sin recursos
para invertir en diques, embalses y otras
infraestructuras que ayuden a resistir estos
cambios, estos países corren grandes
riesgos que afectarán sobre todo a sus
poblaciones menos favorecidas: pueblos
indígenas y afro-descendientes, mujeres,
niños y ciudadanos de tercera edad, en
particular aquellas que habitan zonas
Hay muchas razones para pensar que
los países de la región latinoamericana
jamás se unirán como los africanos. Los
factores históricos, ideológicos y políticos
están en contra de ello. Pero frente a los
desafíos del cambio climático, todos los
países del continente tienen un interés
en asegurar la disponibilidad de recursos
financieros nuevos y adicionales, para
evitar los peores impactos y atacar las
causas del cambio climático en la región.
No hace falta que todos los países de la
región resuelven todas sus diferencias
para que formen un bloque con peso frente
a los retos superables de aquí a Cancún.
No todos necesitan rechazar el capitalismo
como el presidente Morales para apoyar
un informe interino sobre los compromisos
de los países ricos a finales de 2010. No
hace falta que los países del ALBA (Bolivia,
Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela)
acepten el capitalismo para que apoyen
un solo fondo, controlado por los países
del Sur, para dirigir los recursos a donde
más hacen falta. Y no es indispensable
que los del Caribe o Brasil hablen el
castellano para que presionen a los países
del Norte con el fin de acordar medidas
para proporcionar los fondos necesarios
para cumplir con su responsabilidad. Lo
que sí hace falta es concretar posiciones
consensuadas mínimas, y elevar la
importancia que nuestros países dan
al cambio climático en sus agendas
externas y diplomáticas mientras siguen
las negociaciones intergubernamentales.
Mantenemos la expectativa que los países
latinoamericanos puedan consolidar un
bloque solidario frente a las negociaciones,
antes que los impactos desastrosos del
cambio climático les obliguen a hacerlo.
N
rurales. Pero no solo son los países más
pobres los que deben preocuparse. Según
estimaciones de la CEPAL, México podría
perder entre un 6 y 30% de su PBI debido
a los impactos del cambio climático. Como
muchos otros países, Argentina y Chile
tendrán que enfrentar una disminución
en sus capacidades hidroeléctricas, y
Brasil podría ver gran parte del Amazonas
convertido en sabana.
J“Sin esfuerzos compartidos y concertados, es difícil una presión eficaz frente
a EEUU, la Unión Europea, Japón y los demás países industrializados, que
seguirán adelante con la estrategia milenaria de “dividir y conquistar”.
J“Si bien los países de América Latina varían mucho en sus perfiles de
emisiones y sus políticas internas y externas relacionadas con el desafío
del cambio climático, todos comparten un reto tremendo: están expuestos
a amenazas climáticas que van a agravarse”.
J“No todos tienen que rechazar el capitalismo como el presidente Morales
para apoyar un informe interino sobre los compromisos de los países
ricos a finales de 2010. No hace falta que los países del ALBA acepten el
capitalismo para dirigir los recursos a donde más hacen falta”.
131
Oxfam en el MUNDO
Catorce organizaciones que trabajan
para encontrar soluciones definitivas a la
pobreza, el sufrimiento y la injusticia
• Foto: Jim Holmes / Oxfam
O
xfam, una confederación internacional de 14
organizaciones, fue fundada en 1995 por un grupo de
organizaciones no gubernamentales independientes.
Su objetivo es trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto
en la lucha internacional por reducir la pobreza y la injusticia.
Además de convertirse en la organización mundial líder en ayuda humanitaria de
emergencias, proporcionando apoyo inmediato a las personas afectadas por catástrofes
naturales o conflictos, Oxfam pone en marcha programas de desarrollo a largo plazo
en comunidades vulnerables. También forma parte de un movimiento global por el
cambio, haciendo campañas para poner fin a las reglas injustas de comercio, pedir
mejores servicios sanitarios y educativos, o combatir el cambio climático. Todo esto se
realiza junto a tres mil organizaciones locales en más de cien países, buscando influir
en quienes tienen capacidad de decisión para que realicen los cambios necesarios en
las políticas y prácticas que contribuyen a la perpetuación de la pobreza y la injusticia.
Oxfam busca incrementar el entendimiento y reconocimiento público de que la
justicia económica y social es crucial para el desarrollo sostenible. Trabaja para
ser una fuerza global de campañas, que promueve los valores de una ciudadanía
global, a la vez que busca movilizar a la opinión pública para que la igualdad entre las
personas tenga la misma prioridad que el crecimiento económico de las naciones.
Las catorce organizaciones que forman parte de Oxfam tienen sus sedes en Alemania,
Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Hong Kong, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Quebec. El secretariado de Oxfam tiene
su sede en Oxford, Reino Unido, y
desde allí coordina las oficinas de
incidencia política de Washington
DC, Nueva York, Bruselas y Ginebra.
N
Actualmente, Oxfam está compuesta por 14 organizaciones que comparten los mismos
principios éticos y trabajan sumando esfuerzos para conseguir el máximo impacto para lograr
su misión: encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia en el
mundo. Dado que muchas de la causas de la pobreza son de carácter global, los miembros
de Oxfam confían en que pueden lograr un mayor impacto mediante su esfuerzo colectivo.
El nombre ‘Oxfam’ proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado
en Gran Bretaña en 1942. Este grupo de ciudadanos trabajó en campañas para que
los barcos del bloque aliado llevaran provisiones de comida a las mujeres y niños de
Grecia, país ocupado por el bloque enemigo durante la Segunda Guerra Mundial.
135
Oxfam en el Perú
D
urante el 2009 trabajaron en el Perú Oxfam América (Estados Unidos), Oxfam Novib
(Holanda), Oxfam Gran Bretaña, e Intermón Oxfam (España), las cuales armonizan
sus programas desde finales del 2000. Sus áreas de interés prioritarias son agricultura
y recursos naturales, industrias extractivas, derechos laborales, pueblos indígenas, gestión de
riesgos y ayuda humanitaria. Estos programas son puestos en marcha en sociedad con una
amplia red de contrapartes, socios y aliados del país, tanto de la sociedad civil como del Estado.
En Ayuda Humanitaria y Gestión de Riesgos se trabaja para que
la población afectada por desastres pueda recibir la protección y
la asistencia necesarias con el propósito de que se garanticen sus
derechos humanos. Más allá de esto, se busca que las poblaciones
vulnerables y que viven en condiciones de pobreza reduzcan los
riesgos que las rodean y se mitiguen aquellos problemas que
el cambio climático ya empezó a ocasionar. En situaciones de
emergencia causadas por desastres naturales, se asegura que las
personas accedan a agua limpia y segura, así como a condiciones
sanitarias que permitan que no se les sumen otros problemas de salud.
El programa de Pueblos Indígenas busca promover los derechos de
estos sectores de la población, históricamente excluidos y con los más
altos índices de pobreza. Para lograrlo, apoya el fortalecimiento de
sus propias organizaciones y sus capacidades de liderazgo y diálogo.
El Programa Trabajo Digno y Ciudadanía busca consolidar un
mercado de trabajo en condiciones dignas, donde las personas
puedan acceder a un sueldo justo, mejores oportunidades de
empleo, vacaciones pagadas, descanso, protección social,
seguridad en el trabajo, derecho a la sindicalización y negociaciones
colectivas. Para lograrlo, Oxfam trabaja con organizaciones aliadas
en el ámbito local y nacional para que trabajadores de las zonas
empobrecidas del Perú ejerzan un trabajo con derechos efectivos
a través de cambios en las políticas públicas y prácticas privadas.
N
El programa de Agricultura y Recursos Naturales busca cambios en
las políticas a favor de los pequeños productores y sus comunidades,
promoviendo la defensa de los derechos al agua, la tierra y
biodiversidad, la sostenibilidad de cadenas productivas y el acceso
a mercados, los derechos laborales de las mujeres en el sector de la
agroexportación y modelos de desarrollo alternativos e incluyentes.
El programa de Industrias Extractivas busca que la actividad minera e hidrocarburífera se
desarrolle respetando los derechos de las comunidades y creando desarrollo. Para ello, trabaja
con poblaciones afectadas por estas industrias, con las compañías
para que éstas operen con responsabilidad social, y con diversas
instancias del Estado para que asuman su rol regulador en la materia.
Con relación al cambio climático, la preocupación central de Oxfam es la Justicia Climática:
los sectores más afectados son los que menos responsabilidad tienen en su generación. En
137
N
138
el caso del Perú, estas son principalmente
las comunidades rurales. Oxfam y sus
aliados han buscado generar mayor
conciencia sobre el hecho de que este no
es un problema que se dará en el futuro,
sino que se está viviendo ya y es necesario
que los gobiernos actúen para mitigarlo y
para implementar medidas de adaptación.
Estos programas son el resultado del
consenso sobre estrategias y acciones
conjuntas entre los afiliados de Oxfam en el
Perú. La elección de los temas prioritarios
responde a un análisis conjunto de país, así
como de los aportes que podemos hacer
considerando nuestra misión y competencias.
En ese sentido, las siguientes páginas
describen nuestras diversas líneas de trabajo.
Al igual que a nivel mundial, Oxfam
busca en el Perú incrementar el
entendimiento y reconocimiento público
de que la justicia económica y social son
cruciales para el desarrollo sostenible
y, en esa medida, quiere contribuir a la
disminución de las desigualdades sociales,
económicas, políticas y culturales, como
un mecanismo seguro para la superación
duradera de la pobreza y el sufrimiento.
Foto: Maribel Sánchez / Oxfam
AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES
La palanca para reducir la
pobreza rural
L
a razón más importante para que los gobiernos inviertan en agricultura familiar
campesina es que al hacerlo se puede revertir la pobreza. El 75% de las personas
pobres que subsisten con un dólar al día trabajan y viven en zonas rurales, y las
proyecciones indican que más del 65% seguirá en esta situación hasta 20251.
En el Perú, las políticas agrarias no reconocen el valor estratégico de los pequeños
productores, a pesar de ser actores claves del sector productivo del país. No solo
1
X. Diao, S. Fan. S. Kanyarukiga and B. Yu (2007) Agricultural Growth and Investment Options for Poverty Reduction
in Rwanda. IFPRI Discussion Paper 00689. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.
DATOS
tDe cada cuatro puestos de trabajo en el Perú, uno pertenece a la
pequeña agricultura, la principal fuente de empleo con el 36% de
la población económicamente activa (PEA), según el Ministerio de
Trabajo.
porque tienen a su cargo el uso y manejo
de recursos naturales (tierra y agua
principalmente), y son los guardianes de la
biodiversidad, sino porque son la base de
la seguridad alimentaria ya que producen
7 de cada 10 toneladas de alimentos que
consumimos los peruanos.
Pero paradójicamente, ellos son los más
afectados por la pobreza extrema. Más
de 7 millones de personas en la sierra
rural y selva amazónica que dependen
de la agricultura para su subsistencia,
viven en situación cada vez más precaria
por las amenazas del cambio climático,
la crisis alimentaria y financiera, y por la
falta de inversión en el sector. En 2009, la
incidencia de la pobreza en la costa rural
llegó a 40,6%, en la selva rural a 57,4% y
en la sierra rural a 65,6%2.
Ante este escenario, Oxfam con sus aliados
implementan acciones para gestionar
sosteniblemente el uso y manejo de
2
recursos naturales (principalmente tierra,
agua y biodiversidad) en comunidades
campesinas, especialmente de la sierra. La
finalidad es conservar su base productiva
para mejorar su acceso a alimentos y a
mercados locales que permita elevar sus
niveles de nutrición e incrementar sus
ingresos para mejorar su calidad de vida.
Concursos comunales
En algunas comunidades campesinas de
Ayacucho y Huancavelica, se han logrado
implementar
estrategias
novedosas
y participativas como los concursos
intercomunales e interfamiliares sobre el
manejo sostenible de recursos naturales y
seguridad alimentaria, que promueven el
liderazgo de las mujeres.
N
tLa pequeña agricultura representaría el 92,1% del total de unidades
agropecuarias del país. Las 1,5 millones de unidades agrícolas
poseen aproximadamente 5,3 millones de hectáreas, el 38% de la
superficie total.
tLa PEA rural sigue siendo importante aunque presenta una tendencia
decreciente. Para 2006 se registraron 2,8 millones de personas, de
acuerdo con un estudio de Augusto Cavass y Mesclier.
Asimismo, Oxfam apoya estudios para
analizar las distintas áreas del desarrollo
INEI. “Informe Técnico: Evolución de la Pobreza al 2009”. Lima Mayo 2010.
141
rural que permita a las organizaciones
tener elementos para la reflexión de sus
problemas y puedan identificar alternativas
sustentables. También se promueven
espacios de diálogo y concertación con
el Estado (en sus distintos niveles) con la
finalidad que las organizaciones puedan
negociar sus intereses y lograr políticas
que generen el desarrollo de una de sus
principales actividades: la agricultura.
“Promovemos que la sociedad civil
organizada participe en la toma de
decisiones del gobierno local a través del
presupuesto participativo. Apoyamos y
gestionamos pasantías a nivel nacional
e internacional para que los productores
puedan ver otras experiencias y las repliquen
en sus comunidades”, asegura Herbert
Luna Fernández, alcalde de Sangarará de
la provincia de Acomayo (Cusco).
Líderes para el cambio
Oxfam fortalece las capacidades de
la población promoviendo talleres de
formación de líderes a fin de que puedan
organizarse y participar en la vida política
de sus comunidades. Se ha logrado
empoderar a las organizaciones para que
ellas puedan decir “somos protagonistas
de los cambios importantes que se están
dando en el país”.
El trabajo se centra especialmente con
mujeres campesinas que son las más
afectadas por la pobreza e inequidad,
apoyando la constitución y fortalecimiento
de asociaciones de productoras de cuyes y
hortalizas en algunos distritos de Ayacucho,
así como la realización de talleres de
capacitación a lideresas y pasantías que
les permitan abrir nuevos horizontes para
ejercer y defender sus derechos.
La sociedad peruana no valora el trabajo
del productor campesino y amazónico. Casi
siempre son percibidos como un sector
142
que no aporta al desarrollo del país, y no
se considera que sus productos permiten
que el Perú tenga una oferta diversa y sean
la base del boom gastronómico nacional.
Oxfam apoya acciones que permitan que
la sociedad peruana valore el rol de los
campesinos y su contribución al desarrollo
económico, facilitando que sean más
visibles a la opinión pública, sobre todo por
su aporte a la gastronomía peruana y a la
alimentación de todos los peruanos.
En ese escenario, Oxfam y la Sociedad
Peruana de Gastronomía ha promovido el
desarrollo de una alianza entre campesinos
y cocineros con la finalidad de mostrar a
la opinión pública y la sociedad peruana
el trabajo sostenido de los agricultores
campesinos e indígenas por conservar la
biodiversidad y por ende la variada cocina
peruana; su aporte es hoy reconocido por
este importante sector.
No será posible reducir la pobreza sin
renovar el compromiso público para apostar
por el desarrollo de la agricultura familiar
campesina e invertir más, y con mayor
inteligencia, en investigación y desarrollo
agrícola, así como en los sectores de
apoyo: educación, infraestructuras, salud y
medio ambiente.
Informe financiero: agricultura y recursos naturales1 Área geográfica
Monto US$2
Fe y Alegría
Formación de recursos
productivos con futuro.
Fortalecimiento de la
educación técnica de
los alumnos de la red de
colegios Fe y Alegría.
A nivel nacional
(17 departamentos)
US$ 83.784
Asociación Arariwa
Desarrollo rural integral
para la inclusión social
y la equidad de género.
Trabajo con fruticultores y
gobiernos locales.
Cusco (Acomayo,
Canas, Urubamba
y Calca)
US$ 93.836
Ccaijo -Centro de
Capacitación Agro
Industrial Juan
Jesús Obrero
Fortalecimiento de los
productores de ganado
vacuno y cuyes, y de los
regantes. Fortalecimiento
de organizaciones locales
e incidencia con gobiernos
locales.
Cusco (Provincia de
Quispicanchi), Junín
y Huancavelica
US$ 104.224
Fovida -Fomento de
la Vida
Fortalecimiento de las
organizaciones locales e
incidencia con gobiernos
locales para el desarrollo
rural, inclusión social
y equidad de género.
Dinamización de las
economías territoriales
y acceso a mercado de
pequeños productores.
Lima sur, Junín
(Jauja, Concepción,
Huancayo y Chupaca),
Cusco y Huancavelica
(Tayacaja)
US$ 312.580
Redes
cadena de Turismo Rural,
de las organizaciones
locales, e incidencia con
gobiernos locales para el
desarrollo rural.
Junin (Jauja,
Concepción, Huancayo
y Chupaca), Cusco,
Huancavelica
US$ 103.754
Proyecto
N
Contraparte
La información económica que presentamos a continuación agrupa los aportes que Intermón
Oxfam, Oxfam América, Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Novib, miembros de la confederación
Oxfam, hicieron durante su ejecución anual 2009-2010 en Perú.
2
La información financiera que se presenta es referencial. Para la libra esterlina se ha usado un
cálculo de 1.6040 dólares por libra, y de 1.38 dólares por euro.
1
143
Proyecto
Área geográfica
Monto US$
Tadepa -Taller de
Promoción Andina
Participación democrática
para el desarrollo local.
Fortalecimiento de los
productores de palta.
Trabajo con regantes.
Fortalecimiento de
organizaciones locales e
locales para el desarrollo
de la cadena.
Luricocha – Ayacucho
(Huanta)
US$ 34.871
Cedap -Centro
de Desarrollo
Agropecuario
Gestión y ejercicio
de derechos para
el desarrollo rural.
Fortalecimiento de
la cadena de cuyes y
hortalizas. Trabajo de
locales.
Ayacucho, provincia
de Chuschi y Paras
Cotash - Cooperativa
de Servicios
Múltiples Tallán
Chusis Ltda.
capacidad de gestión
organizacional de la
Cooperativa de Servicios
Múltiples “Tallan Chusis”
Ltda.
Piura
Femucarinap
-Federación
Nacional de Mujeres
Campesinas
Artesanas,
Indígenas, Nativas y
Asalariadas del Perú
Apoyo a Talleres de
Planificación e Incidencia
2009. Fortalecimiento
institucional de la
organización.
Nacional
US$ 2.820
RAAA - Red
de Acción en
Agricultura
Alternativa
sociedad civil para la
vigilancia ciudadana de
los impactos ambientales
y sociales del nuevo
marco normativo de
promoción de inversiones
en sector agrario a partir
del TLC.
Nacional
US$ 15.000
N
Contraparte
CEDEP -Centro
de Estudios para
el Desarrollo y la
Participación
144
Capacitación e incidencia
para políticas públicas
transparentes y desarrollo
económico local. Acceso
a mercados de pequeños
productores y manejo
sostenible de recursos
naturales.
Nacional y en
regiones específicas
(Ica y Ancash)
US$ 86.450
US$ 10.000
US$ 125.580
ConveagroConvención
Nacional del Agro
SEPIA - Seminario
Permanente de
Investigación
Agraria
Consolidar y ampliar
incidencia política
y representatividad
institucional del agro
peruano.
Promover debate por
un desarrollo sostenible
e influyente en el Perú
rural.
SER - Servicios
Educativos Rurales
e Instituto de
Montaña
Diagnóstico y elaboración
de propuesta para la
gestión de recursos
forestales en Carmen de
la Frontera
Área geográfica
Monto US$
Nacional
US$ 73.115
Piura
US$ 34.672
TOTAL
US$ 1.104.666
Proyecto
N
Contraparte
145
INDUSTRIAS EXTR A C T I VA S
Buscando crecimiento
con derechos
Foto: David Stubbs / Oxfam
N
o se puede negar la importancia de la minería y la extracción de hidrocarburos en la
economía peruana. Según el Ministerio de Energía y Minas, la minería representó
el 63% de las exportaciones durante 2009. El crecimiento económico que ha vivido
el Perú en las últimas décadas está claramente vinculado con las industrias extractivas.
Esto ha ido de la mano con una penetración también cada vez mayor en las zonas rurales
del país. Hasta 2009, el 14% del territorio nacional, aproximadamente 18 millones de
hectáreas, fue entregado en concesión a exploraciones mineras. Algo similar sucede
con los hidrocarburos: más del 70% de la Amazonía ya estaba cubierta con proyectos de
exploración y explotación en 2008.
Esta inserción en los territorios y en las vidas de las comunidades rurales, mayoritariamente
indígenas, no ha sido fácil. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 260 conflictos
sociales registrados a enero del 2010, el 47% (121 casos) fueron socio-ambientales, de
los cuales el 64% (77 casos) estuvieron vinculados con la actividad minera y el 12% (15
casos) con la de hidrocarburos.
DATOS
tEn la provincia cusqueña de Chumbivilcas existen 710 petitorios mineros, lo que representa en promedio el 95% del
territorio, según las autoridades de la zona.
Importante aporte económico, por un lado,
crecientes conflictos sociales por el otro.
Las industrias extractivas representan una
oportunidad de desarrollo que requiere ser
ajustada. Oxfam y sus aliados piensan que
para ello se necesita asegurar el respeto a
los derechos de las comunidades cercanas
a estas actividades; fortalecer las instancias
estatales que las regulan y vigilan; definir
políticas de ordenamiento territorial;
asegurar que los beneficios que se logren
lleguen también a las comunidades; y lograr
que esta oportunidad sirva para generar
otro tipo de crecimiento económico para el
país que no gire prioritariamente alrededor
de la extracción de los recursos naturales.
Más y mejor
participación
ciudadana
ciudadana en la minería del Perú, que fue
aprovechada para promover el diálogo
entre diversos sectores sobre este tema.
La investigación encontró que la falta de
canales formales a través de los cuales las
comunidades locales puedan expresar sus
opiniones y preocupaciones abonaban de
manera directa en los conflictos sociales.
Otro hallazgo significativo fue que los
diversos sectores involucrados (empresas,
gobierno, organizaciones sociales y de la
sociedad civil) reconocían la participación
como un derecho.
Sin embargo, el significado concreto que
se le da al término “participación” varía.
Mientras que para unos se limita a dar y
recibir información, para otros se vincula con
la licencia social, o con el consentimiento
previo.
N
tEn los cinco últimos años, las principales mineras obtuvieron
ganancias que bordean los US$20 mil millones, pero apenas
el 22% de las multas impuestas a estas compañías por
infracciones ambientales y de seguridad fueron pagadas.
t El Perú es el sexto productor de oro del mundo y el primero en
Latinoamérica. También ocupa el primer lugar en producción
de plata a nivel mundial, según el informe Gold Survey 2009.
Oxfam tiene la convicción de que para
lograr que los derechos de las poblaciones
sean respetados y promovidos, se necesita
escuchar a la ciudadanía. Por ello, encargó
una investigación sobre la participación
147
• Foto: Caretas
ambos. Un tema al que será necesario
seguir prestándole atención en el futuro.
N
De otro lado, los conflictos sociales han
puesto sobre el tapete una pregunta
crucial: ¿puede haber explotación minera
o de hidrocarburos en cualquier lugar? ¿O
hay zonas en las que esto no es posible por
razones ambientales, culturales, sociales o
económicas?
Otra traba fundamental es la falta de
confianza. “Una de las recomendaciones
para todos los sectores es construir
credibilidad, sobre todo a través de
mecanismos de transparencia y vigilancia”,
señala Gerardo Castillo, uno de los
autores del estudio. “Que haya sistemas
de monitoreo, de resolución de disputas y
quejas”, remarca, indicando que para ello
es necesario que tanto el Estado como las
comunidades cuenten con más recursos.
La seguridad ¿de quién?
Frente a las acusaciones que señalaban
que la empresa minera Yanacocha estaba
impulsando acciones que violaban los
derechos de las organizaciones de la
sociedad civil, Oxfam dialogó con la
compañía
estadounidense
Newmont,
accionista mayoritaria de Yanacocha,
para que se realizara una investigación
independiente sobre sus medidas de
seguridad.
El informe, elaborado por Gino Costa,
reveló que hay un límite confuso entre
las fuerzas de seguridad privadas y las
públicas, al punto que estas últimas
trabajan defendiendo intereses privados.
Frente a eso, Costa da recomendaciones
para establecer mejor los límites entre
148
Durante 2009 el gobierno regional de
Cajamarca desarrolló una propuesta de
Ordenamiento Territorial y Zonificación
Económica Ecológica. Grufides cumplió un
rol técnico en este proceso. “Impulsamos
la zonificación territorial porque creemos
que es un instrumento para el manejo de
conflictos”, señala Mirtha Vásquez, directora
de Grufides. “En Cajamarca gran parte
del territorio está destinado a la actividad
minera. Actualmente hay conflictos por el
uso que se le debe dar a la tierra, pues
hay casos en que se concesionan zonas
ecológicamente vulnerables”, asegura.
Con esta herramienta los gobiernos locales
pueden tomar decisiones técnicas y con
criterios más claros sobre las actividades
económicas, y sobre la inversión que se
puede promover en cada territorio.
A nivel de la Amazonía, el colectivo Acción
Ciudadana Camisea diseñó una propuesta
de Evaluación Ambiental Estratégica. Este
mecanismo consiste en un diagnóstico
ambiental
que
permite
identificar
vulnerabilidades, potencialidades, riesgos,
y los vínculos ambientales que hay en
cada área geográfica para determinar
las actividades económicas que sean
adecuadas. Se espera que con iniciativas
de este tipo se pueda ir configurando
políticas que den un marco que ayude a
tomar decisiones positivas y reduzcan los
conflictos.
Informe financiero: industrias extractivas
Propuestas para la defensa
de los recursos naturales y
un desarrollo sostenible e
inclusive
Fedepaz - Fundación
Ecuménica para el
Desarrollo y la Paz
Cooperacción Acción Solidaria para
el Desarrollo
Fortalecimiento institucional
de la Red Muqui para su
participación en el debate
programático de la agenda
sobre minería, ambiente,
comunidades y desarrollo
La minería y los derechos
de las comunidades: de
las experiencias locales al
debate programático
Área geográfica
Nacional
Nacional
Piura y Cusco
Majaz y Las Bambas,
casos emblemáticos para el
cambio de la política minera Piura y Abancay
y ambiental
Monto US$
US$ 100.500
US$ 60.000
US$ 136.000
US$ 145.000
Conacami
-Coordinadora
Nacional de
Comunidades
Afectadas por la
Minería
Desarrollando capacidades
organizativas y de
incidencia
Ancash, Piura,
Huancavelica,
Pasco, Cusco,
Apurímac y Lima
US$ 23.780
DAR - Derecho,
Ambiente y Recursos
Naturales y Acción
Ciudadana Camisea
Incidencia para fortalecer
el debate en torno a la
política de hidrocarburos y
la construcción de la nueva
matriz energética desde la
experiencia del proyecto
Nacional
US$ 40.000
Grufides -Grupo
de Formación e
Intervención para el
Desarrollo Sostenible
Gobernabilidad y Gestión
de Riesgos para el
Desarrollo Sostenible en
el Contexto de Actividades
Mineras
Cajamarca
US$ 59.000
Labor – La Oroya
Impulsar cambios
favorables para la solución
de la problemática de salud
ambiental de La Oroya
Junín
Asociación Guarango
Cine y Video
Documental sobre casos
de hostigamiento a líderes
ambientales en Piura
Nacional
US$ 30.000
Cepes - Centro
Peruano de Estudios
Sociales
Seminario regional sobre
la crisis internacional y las
industrias extractivas en
América Latina
Nacional
US$ 7.000
US$ 7.000
Proyecto
N
Contraparte
149
Contraparte
Proyecto
Área geográfica
N
Fortalecimiento
Institucional de
Comaru - Consejo
Comaru frente
Machiguenga del Rio al incremento de
Cusco
Urubamba
las actividades
hidrocarburíferas en el
Urubamba
150
Racimos de
Ungurahui
Elaboración de
demanda por
daños personales
y ambientales
ocasionados por la
empresa Occidental
Petroleum Corp-OXY
Loreto
Labor
Fortalecimiento de
capacidades para la
gestión ambiental y
participación civil
Nacional y en regiones
de Ilo, Arequipa y
Moquegua
TOTAL
Monto US$
US$ 30.000
US$ 10.000
US$ 234.600
US$ 857.880
INTEGRACIÓN REGIO N A L Y C O M E R C I O
Acuerdos justos y vigilancia social
• Foto: Thomas Müller / SPDA
O
xfam busca generar condiciones para lograr que los procesos de integración
regional y los acuerdos comerciales con diferentes países se negocien en
condiciones de equidad y favorezcan a las poblaciones más excluidas. Por ello,
desde su programa de Integración Regional y Comercio, Oxfam contribuye a la construcción
de una integración sudamericana que prioriza la reducción de asimetrías, el fortalecimiento
del rol regulador de los gobiernos y promueve la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en los espacios de debate y la formulación de propuestas.
En ese marco, en 2009 se ha trabajado con la Red Globalización con Equidad (RedGE)
en acciones de vigilancia e incidencia sobre la negociación e implementación de acuerdos
comerciales con Estados Unidos (EEUU) y con la Unión Europea (UE), procurando
generar marcos de negociación que no vulneren derechos básicos de la población, como
el derecho a la salud pública. En ese sentido, la campaña sobre propiedad intelectual
y acceso a medicamentos, realizada por RedGE y otras organizaciones durante las
negociaciones con la UE, obligó a los representantes europeos a retirar su propuesta
DATOS
t Perú ha firmado acuerdos comerciales con EE UU, China, Singapur y
Canadá. Tiene además un protocolo con Tailandia, y un Acuerdo de
Libre Comercio con Chile.
t También está negociando acuerdos con México, Corea, Japón y la
Unión Europea. No existe un balance del impacto social ni ambiental
de estos acuerdos.
inicial. Ellos pedían mayores protecciones
en materia de derechos de propiedad
intelectual —incluso más allá de lo que
Perú aceptó en el TLC con EEUU—, lo que
hubiera limitado aun más el acceso de la
población a medicamentos baratos. Hay que
destacar, también, el cercano trabajo con las
organizaciones de Colombia, para defender
una posición coordinada durante las distintas
etapas de negociación con la UE.
De otro lado, RedGE realizó los primeros
estudios sobre los impactos del TLC con
EEUU al cumplirse el primer año de su
entrada en vigencia. “Hemos hecho un
seguimiento de la implementación del
acuerdo, así como estudios de impacto en
diferentes temas como estándares laborales,
agricultura y medicamentos, y los hallazgos
son preocupantes”, dice Alejandra Alayza,
de RedGE. De acuerdo con la especialista,
uno de los estudios realizados con Acción
Internacional para la Salud (AIS) revela que la
exoneración arancelaria a los medicamentos
que provienen de Estados Unidos no se
ha reflejado en la rebaja del precio de los
productos. Entre febrero de 2009 y abril
de 2010, el gobierno peruano ha dejado
de recibir más de 308 mil dólares por las
exoneraciones en 35 productos importados
por las compañías farmacéuticas, y todavía
está pendiente un reembolso de 203 mil 823
dólares a estas empresas, lo que hace un
total de más de medio millón de dólares.
En el caso del sector agrario, Alayza señala
que sigue pendiente la tarea de atender a
los pequeños productores agrarios con una
agenda interna que permita compensar a los
afectados con el acuerdo comercial y atender
viejas demandas como el acceso al crédito, la
promoción de la asociatividad, el acceso a la
tecnología y el apoyo a la comercialización.
Megaproyectos
regionales y su
impacto en el Perú
N
tUNASUR tiene entre sus temas prioritarios la integración física,
energética, las telecomunicaciones, la inclusión social y el diálogo
político entre los países. Además está creando el Banco del Sur,
iniciativa que el Perú no ha firmado.
t La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue constituida
en mayo de 2008. Esta iniciativa de integración incluye a todos los
países de América del Sur.
El monitoreo de grandes proyectos de
infraestructura y energía en América del
153
N
Sur, que tienen por objetivo la conexión
de los mercados pero que generan un
gran impacto en los medios de vida y en
el entorno ambiental de las comunidades
locales del país, ha sido una línea de
trabajo importante para Oxfam durante
el año que pasó. En ese sentido, el
seguimiento a la Iniciativa de Integración
de Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA), en la que el Perú participa en
los ejes Andino, Amazónico, Perú-BrasilBolivia e Interoceánico Central, ha sido un
aspecto clave para buscar minimizar los
impactos de este megaproyecto.
154
Con ese propósito, Oxfam ha apoyado a la
organización Fórum Solidaridad Perú para
incidir en la orientación de las inversiones
que se desarrollan en el marco de IIRSA, y
buscar que los gobiernos y quienes toman
decisiones regionales incluyan en sus
agendas de desarrollo las propuestas de
las organizaciones sociales locales. Así,
se ha trabajado con el gobierno regional
de San Martín y se tiene previsto iniciar
relaciones con otros gobiernos regionales y
organizaciones locales. “Se ha contribuido
a involucrar a organizaciones del nororiente
peruano en la problemática de la ejecución
del megaproyecto IIRSA y otros proyectos”,
señala Rómulo Torres del Fórum Solidaridad
Perú. Torres añade que este trabajo se
ha hecho a través de la conformación de
la Red Tucuy Ricuy, integrada por ONGs,
organizaciones y movimientos sociales,
que aparte de alentar el debate sobre
el tema, realiza seguimientos a los más
importantes proyectos.
Con el apoyo de Oxfam, Fórum Solidaridad
Perú se ha acercado a grupos de Bolivia,
Ecuador, Colombia y Brasil que trabajan
el mismo tema. Este hecho ha permitido
comprender mejor la magnitud de los
impactos de los megaproyectos de energía
e infraestructura en América del Sur y
empezar a diseñar acciones conjuntas de
incidencia. Al respecto, estas articulaciones
están contribuyendo a colocar en el debate
público la necesidad de contar con un
ordenamiento
territorial
sustentable,
garantizar el derecho a la consulta, regular
la inversión y plantear otras formas de
integración regional.
Informe financiero: integración regional y comercio
Área geográfica
Monto US$
Fórum Solidaridad
Perú
Fortalecimiento
de redes para
el monitoreo de
la inversión en
infraestructura
Nacional
US$ 30.300
Red GE –Red por
una Globalización
con Equidad
Seguimiento a las
negociaciones y
formulación de
propuestas frente
a los tratados
comerciales
Nacional
US$ 62.000
Aidesep
- Asociación
Interétnica para el
Desarrollo de la
Selva Peruana
Apoyo para su
participación en las
Mesas de Diálogo
Nacional
US$ 4.000
TOTAL
US$ 96.300
Proyecto
N
Contraparte
155
TRABAJO DIGNO Y C I U D A D A N Í A
El desafío de reducir
las brechas
A
pesar de que en el Perú cada vez son más las mujeres que se incorporan al mercado
laboral, la brecha salarial respecto a los hombres se mantiene desigual. Según
el último censo, las mujeres en el país ganan en promedio 65,6% por debajo del
ingreso de los hombres, lo que significa que una peruana obtiene 65,60 nuevos soles por
cada 100 nuevos soles que recibe un peruano1.
Por otro lado, el 80% de la población se dedica a actividades económicas de baja
productividad (micro empresa urbana y rural, comercio, artesanía, agricultura familiar,
trabajo doméstico, entre otros), muchas de las cuales tienen alta participación femenina,
y son sectores donde no existen políticas efectivas ni recursos para incluir social y
económicamente a los ciudadanos y ciudadanas. En otros rubros dinámicos como el de la
agroexportación y confecciones, las mujeres se ven obligadas a aceptar menores salarios
y mayores jornadas de trabajo, sin derechos laborales (seguridad social).
1
Mujer y empleo, buscando la igualdad. Lima: FloraTristán, 2009.
DATOS
tLa tasa anual de incremento de los hogares dirigidos por mujeres
llega a crecer 3,9% al año, mientras que los encabezados por los
hombres aumentan a razón de 2% anual.
Las leyes de la
inequidad
Coincidentemente, donde la mano de obra
femenina es muy intensiva se han normado
subestándares laborales que recortan
los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores. Esto se puede observar en el
trabajo doméstico, en la Ley de Promoción
Agraria, la ley MYPE (de la micro y
pequeña empresa), la Ley de Promoción
de Exportaciones No Tradicionales, entre
otras normas que profundizan aun más
la inequidad entre hombres y mujeres.
Alrededor de 85% de mujeres que trabajan
(3 millones aproximadamente) se ven
perjudicadas por esta situación.
Por ello Oxfam busca promover cambios
en una de las causas de la pobreza y la
desigualdad: la vulneración de derechos
al trabajo digno, y lo hace a través de
tres niveles de intervención. A nivel local,
promueve que la micro y pequeña empresa
(MYPE) sea generadora de empleo digno a
través de la aplicación de buenas prácticas,
el incremento de su productividad, la
asociatividad y aporte al desarrollo local o
territorial. A nivel nacional, fortalece gremios
y plataformas para que exijan y propongan
cambios en las políticas públicas y prácticas
del sector privado. Y a nivel internacional,
visibiliza y difunde en países receptores
de exportación, campañas a favor de los
derechos laborales promovidos desde el
Perú.
Aunque hay avances a nivel normativo
en materia de equidad de género e
igualdad de oportunidades, sigue siendo
irrelevante la distribución del presupuesto
para llevarlas a cabo. De otro lado, se ha
reducido el presupuesto de los programas
sociales (complementación alimentaria),
lo cual afecta directamente a las mujeres
de escasos recursos, y además se maneja
un reducido presupuesto para promover a
ese amplio sector de la economía llamada
informal, constituida por microempresas
que albergan la mayor cantidad de mano
de obra femenina y autoempleados.
N
tEl 42,3% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud,
y el 57,7% de la población aún está desprotegid, según los Censos
de Población y Vivienda del 2007.
tLa mayor cantidad de la Población Económicamente Activa (PEA)
es femenina: el 50,5% trabaja en el sector servicios (incluye empleo
doméstico), 35,2% en comercio (incluye comercio minorista);
solo 13,2% en el sector industrial y apenas 1,1% en los sectores
extractivo y construcción.
157
son hoy un importante interlocutor frente al
Poder Legislativo, el Ministerio de Trabajo
y el Ministerio de la Producción.
Otro hecho que demuestra el insuficiente
interés del gobierno por incorporar el
enfoque de género tiene que ver con la
invisibilidad del aporte de la mujer peruana
en el desarrollo del país. Oxfam considera
que solo cuantificando el trabajo no remunerado de las mujeres, e incorporando
estas cifras en las cuentas nacionales, se
podrá dimensionar su aporte.
Hemos contribuido también —con nuestros
socios y aliados— a través de estudios e
informativos para que el Foromype mejore
su análisis y genere propuestas frente a
los acuerdos de asociación (Ronda de
Negociaciones del Acuerdo Comercial CAN
y Unión Europea).
Oxfam colabora con organizaciones de
mujeres vinculadas a los programas sociales
del Estado (CONAMOVIDI2, Vaso de Leche,
FEMOCCPAALM3), con organizaciones de
mujeres productoras (microempresas) y
trabajadoras asalariadas a nivel local y
nacional.
“Con nuestro trabajo aportamos a la
economía del país, subsidiando la lucha
contra la pobreza y defendiendo el
presupuesto del programa de comedores.
Para mí, sigue siendo un desafío lograr el
reconocimiento del trabajo no remunerado
de miles de mujeres”, sostiene Relinda
Sosa, presidenta de CONAMOVIDI.
Oxfam también trabaja con la plataforma
Foromype4, compuesta por gremios de
empresarios y empresarias de microempresas de varias regiones del país, y que
Asimismo, Oxfam continúa su apoyo a la
Alianza por los Derechos Laborales de las
y los trabajadores del Sector Agroindustria
(ADLA), que está compuesta por sindicatos
de trabajadores en varias regiones del país
y organizaciones no gubernamentales
especializadas en temas laborales.
María Inga, secretaria general de la
Seccional Regional de trabajadores de
agroindustria de Ica, afirma que pertenecer
a un sindicato les ha traído mayores ventajas
porque pueden presionar de manera más
eficaz y hacer valer sus derechos. “Es un
reto pertenecer a una organización sindical.
Me interesa ser dirigente, madre y esposa,
y animo a más mujeres y hombres a que
se involucren en la lucha. Tenemos que
hacernos respetar, exigir que mejoren las
malas condiciones laborales y alcanzar un
mejor nivel de vida para nuestras familias y
nuestros hijos”, señala.
N
Un aporte no
reconocido
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, organización nacional de base que representa
a las mujeres organizadas que luchan por la seguridad alimentaria, la salud y los derechos económicos de las mujeres.
3
Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima Metropolitana.
4
Foro de la Micro y Pequeña Empresa. Es una plataforma de elaboración de propuestas e incidencia en políticas públicas que
promuevan un amplio sector de la economía y sociedad peruana.
2
158
Información financiera: trabajo digno y ciudadanía
Área geográfica
CEDAL-Centro
de Derechos y
Desarrollo
Sensibilizar, capacitar y
asesorar a sectores del
Estado, empresas grandes,
medianas y mypes, gremios
de mypes y ONG en la
formulación y puesta en
marcha de políticas y
programas de buenas
prácticas empresariales
que mejoren los derechos
humanos en el trabajo.
Lima (San Juan
de Lurigancho, La
Victoria y Lima Norte)
US$ 229.888
DESCO -Centro
de Estudios y
Promoción del
Desarrollo
Garantizar empleos de
calidad para los pequeños
productores, empresarios
y trabajadores, varones y
mujeres, de dos eslabones
de la cadena productiva de
la madera (comercialización
y producción).
Lima (Villa El Salvador
y Villa María del
Triunfo)
US$ 234.701
ADEC-ATC Asociación Laboral
para el Desarrollo/
FOVIDA- Fomento de
la Vida
Mujeres y hombres de Lima
Metropolitana ejercen su
derecho a un trabajo digno
contribuyendo a superar sus
niveles de pobreza.
Lima (Lurín, Villa El
Salvador, Ate Vitarte y
Lurigancho)
US$ 322.657
CONAMOVIDIConfederación
Nacional de Mujeres
Organizadas por la
Vida y el Desarrollo
Integra.
Fortalecer a la organización
Nacional
nacional de mujeres en su
institucionalidad democrática,
y su rol de representatividad
de la organización social de
base a nivel local, regional y
nacional, para la contribuir a la
definición de políticas públicas.
US$ 95.839
Asociación Aurora
Vivar/ CONAMOVIDIConfederación
Nacional de Mujeres
Organizadas por la
Vida y el Desarrollo
Integral/FOROMYPEForo de la Micro y
Pequeña Empresa
del Perú/ RedGE- Red
Peruana por una
Globalización con
Equidad/CEPESCentro Peruano de
Estudios Peruanos
Fortalecer la intervención
del programa Trabajo
Digno y Ciudadanía para
la generación de más y
mejores empleos dignos y
sostenibles.
US$ 36.368
Nacional.
Monto US$
Proyecto
N
Contraparte
TOTAL
US$ 919.453
159
PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD
Las voces que deben ser
escuchadas
• Foto: Flor Ruiz / Oxfam
D
e acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, aproximadamente el 45%1
de la población peruana es indígena: andina o amazónica. Su aporte, actual y
potencial, al desarrollo del país en términos de cultura, conocimientos ancestrales,
mantenimiento de la biodiversidad nativa (silvestre y domesticada) y la economía agraria
(su producción es la base principal de los mercados nacionales de alimentos) es enorme.
1
Banco Interamericano de Desarrollo: Estrategia para el desarrollo indígena (2006).
La consulta previa
Durante 2009 se ha contribuido a implementar mecanismos de consentimiento
previo, libre e informado; se ha vigilado de
forma permanente el cumplimiento de las
leyes y convenios internacionales; y se ha
apoyado el análisis y discusión de temas
legislativos de interés para las poblaciones
indígenas.
DATOS
tEn 1993, el Estado peruano ratificó el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales de la OIT, y en 2007 Naciones Unidas aprobó la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
tEn los Andes, los pueblos indígenas más importantes son los
quechuas y los aimaras; mientras que en la Amazonía son los
asháninkas, los aguarunas, los quechuas de Lamas y los shipibos.
tSegún el Censo Nacional de Población de 2007, el 13,2% de la
población manifestó haber aprendido quechua como lengua materna,
lo que equivale a 3 millones 845 mil 160 peruanos.
En la búsqueda de un mundo con
equidad, Oxfam viene trabajando para
fortalecer los derechos de los pueblos
indígenas, principalmente los derechos a
la tierra, territorio y acceso a los recursos
naturales. Para ello, Oxfam ha trabajado
de la mano con organizaciones indígenas
nacionales como la Confederación
Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería (Conacami) y
la Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana (Aidesep), y ONG
nacionales aliadas de los indígenas como
la Asociación Paz y Esperanza, el Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación
Práctica (CAAAP), Derecho Ambiente y
Recursos Naturales (DAR), la Asociación
Pro Derechos Humanos (APRODEH) y
la Mesa de Interculturalidad. La premisa
principal tras las acciones tomadas es que
los pueblos indígenas tienen el derecho a
participar, ser escuchados y decidir sobre
el uso de los recursos naturales, para lo
cual es necesario fortalecer capacidades,
liderazgos y espacios de diálogo que les
permita una mayor incidencia política a
nivel nacional e internacional.
N
A pesar de ello, históricamente se ha
legislado de espaldas a los pueblos
indígenas, sin tomar en cuenta su opinión
en la toma de decisiones que los afectan
directamente. Esta situación se ha
agravado en años recientes, con gobiernos
que han aplicado con mucha fuerza el
modelo económico extractivo-exportador,
vulnerando en el camino los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas, y
multiplicando con ello los conflictos sociales
en torno a la explotación de los recursos
naturales.
tEn la Amazonía peruana existen 1.497 comunidades nativas inscritas,
de las cuales 1.232 han logrado titular sus tierras, según el Instituto
del Bien Común y Aidesep.
161
N
162
“Ha sido muy importante colocar en la agenda
política el tema de la consulta previa”, dice
Roger Mendoza, director de la Asociación
Paz y Esperanza. El trabajo ha sido arduo.
Entre los principales logros, Mendoza
resalta el impacto del Informe alternativo
sobre el cumplimiento del Convenio 169
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que lideró la institución
que representa y que fue desarrollado
junto a las principales organizaciones
indígenas del Perú. El informe se entregó
a la Comisión de Expertos de la OIT, que
recomendó la suspensión de toda actividad
de exploración y explotación en territorios
indígenas en el país, si estas actividades
no habían sido consultadas y consentidas
previamente por las comunidades locales.
Al mismo tiempo, se impulsó la participación
de delegaciones indígenas en importantes
espacios de debate nacional e internacional,
como el Foro Permanente de las Naciones
Unidas, el Mecanismo de Expertos de
Naciones Unidas, el Seguimiento a las
Audiencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la Cumbre
de los Pueblos sobre Cambio Climático,
entre otros. “Se ha conseguido una mayor
visibilidad de los pueblos indígenas frente a
los diversos actores sociales. Ya no pueden
soslayarse sus demandas ni hacerse
una propuesta de país sin considerar su
agenda”, opina Mario Palacios, presidente
de Conacami.
El movimiento andino
y amazónico
Otro tema de relevancia ha sido la
construcción de puentes entre líderes
andinos y amazónicos, generando espacios
de diálogo para la conformación de un
colectivo nacional más amplio y sólido. En
opinión de la lideresa indígena Teresita
Antazu, ambas vertientes del movimiento
indígena nacional, a pesar de vivir en
realidades muy diferentes, enfrentan
retos similares, por lo que trabajar juntos
y de manera integrada tiene un potencial
enorme. En ese espíritu, se han celebrado
tres talleres de trabajo conjunto en el norte,
sur y centro del país.
El enfoque de género también ha sido parte
importante de la agenda indígena de 2009.
En particular, Conacami y Aidesep han
promovido el desarrollo y el fortalecimiento
del liderazgo femenino, alentando su
participación e integrando sus demandas.
Por ejemplo, se creó la Escuela de
Formación Política para mujeres andinas
y amazónicas, en donde pudieron reunirse
en torno a una agenda común y discutir los
temas que más les afectan, como violencia,
derechos y su posición menos privilegiada
respecto a los recursos, entre otros. El
principal objetivo de esta línea de trabajo
fue diseñar una política de género que
integre efectivamente a todas las mujeres
indígenas y que pueda ser alternativa
a una política de género nacional que,
consideran, no las protege sino que las
excluye.
Información financiera: pueblos indígenas
Área geográfica
Monto US$
Aidesep –
Asociación
interétnica de
desarrollo de la
selva peruana
Visibilizar la voz y agenda
de las mujeres indígenas
andinas y amazónicas del
Perú
Nacional
US$ 43.800
Fortalecimiento
del sistema de
comunicaciones
Nacional
US$ 6.000
AIDESP –
FORMABIAP
Programa de
formación de
Maestros Bilingües
de la Amazonía
Peruana
Educación bilingüe,
formación de capacidades
e incidencia para políticas
educativas inter-culturales
basadas en derechos,
atención especial a
mujeres.
Región Amazónica
Labor
Participación en el VIII
Foro Permanente – Nueva Nacional
York
US$ 7.700
Conacami –
Coordinadora
Nacional de
Comunidades
Afectadas por la
Minería
Participación en la IV
Cumbre Continental de
Pueblos Indigenas
US$ 7.500
Aprodeh –
Asociación pro
Derechos Humanos
Campaña por el Día
Internacional de Los
Pueblos Indígenas
Nacional
Promoción de los
derechos de los Pueblos
Indígenas
Apurímac-Ayacucho
US$ 49.000
FSP – Fórum
Solidaridad Perú
Promoción del diálogo
intercultural para avanzar
en la formulación de
políticas públicas
inclusivas
Nacional
US$25.000
CAOI –
Coordinadora
Andina de
Organizaciones
Indígenas
Desarrollo de estrategias
del Buen Vivir y agenda
de la CAOI y aliados
Nacional/Internacional
US$48.600
Servindi – Servicios
en Comunicación
Intercultural
Difusion y Campaña
sobre Declaracion de la
ONU sobre Derechos
de Pueblos Indigenas SERVINDI
Nacional
US$18.000
Paz y Esperanza
Promoción de los
derechos territoriales de
los pueblos indígenas
Nacional
US$ 108.500
TOTAL:
US$ 454.100
Nacional
US$ 138.000
US$ 2.000
Proyecto
N
Contraparte
163
ENFOQUE DE GÉN E R O
Mujeres que ganan espacio
E
l 22,7% de los hogares peruanos son liderados por una mujer, tasa que se eleva
a 25,9% en zonas urbanas, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar - ENDES Continua 2004 . En contraste con su importancia como sustento
del hogar, las mujeres enfrentan las consecuencias sociales de la inequidad de género,
entre ellas la falta de oportunidades o situaciones de violencia. Un estudio del Centro Flora
Tristán1 señala que el 48,4% de mujeres de Lima metropolitana entre 15 y 49 años alguna
vez ha sido violentada físicamente por su pareja.
Oxfam trabaja para revertir esta situación impulsando una justicia de género que establezca
criterios de equidad y respeto hacia sus derechos. En esa línea, los proyectos que
desarrolla en el país tienen un claro enfoque de género que promueve las condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, viene apoyando el trabajo de organizaciones,
como el del Centro Flora Tristán, que desarrolla diversos proyectos articulados con otras
1
Cifras del estudio Violencia física y sexual contra las mujeres. Centro Flora Tristán, UPCH, OMS, 2002.
DATOS
tEn 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió 538
testimonios de casos de violación sexual durante el conflicto armado
que vivió el país. Del total, 527 de ellos tenían como víctimas a
mujeres.
organizaciones nacionales de mujeres y
en coordinación con representantes del
Congreso, especialmente con la Mesa de
Mujeres Parlamentarias.
En 2009 Flora Tristán siguió trabajando
de cerca con los gobiernos regionales y
locales, bajo un enfoque de género. “Se
ha fomentado el debate y la aprobación de
planes de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en Villa El Salvador y
Cusco. Asimismo, se puso énfasis en el
tema de la violencia contra las mujeres,
el VIH-Sida, los derechos sexuales y
reproductivos, la participación ciudadana,
entre otros temas”, señala Gaby Cevasco,
del centro Flora Tristán.
Los frutos palpables de este trabajo han
sido lograr que los gobiernos regionales y
locales aprueben medidas para fortalecerla
igualdad de oportunidades. Así, el
Gobierno Regional de Junín aprobó el
Proyecto de Defensa de los Derechos de
las Usuarias de Servicios de Salud, en el
marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP); en Huancavelica, otra
ordenanza incorpora la cuota de mujeres
en la elección del Consejo de Coordinación
Local; en Ayacucho, se prohíbe toda
forma de discriminación y se incorpora la
igualdad de oportunidades como misión a
cumplirse; en Yauyos (Lima) se fomenta
la formalización de las organizaciones de
mujeres, entre otras medidas.
Defensoras y
autoridades
El trabajo con las mujeres indígenas
amazónicas para fomentar espacios de
participación ha sido también relevante,
destacándose la creación de una nueva
oficina de Defensoría Comunal en Imacita
(distrito de Chiriaco - Bagua), a cargo de la
Federación de Mujeres Aguarunas del Alto
Marañon-(FEMAAM). Como este grupo de
N
tLa Población Económicamente Activa asciende a 10.637.880, de los
cuales 3.760.714 (35,35%) son mujeres y 6.877.166 son hombres
(64,65%), según el censo de población y vivienda de 2007. El 71,89%
(4.472.695) de la Población Económicamente Inactiva (PEI) femenina
se dedica al cuidado del hogar, generando un valor que se encuentra
invisibilizado.
tA nivel nacional, 15,5% de las mujeres son analfabetas, y de los
varones solo un 5,1%. El índice de deserción en el nivel secundario,
sobre todo en zonas rurales, es mayor en mujeres que en varones.
Solo 39% de las mujeres acaba el nivel secundario frente a 59% de
los varones.
165
N
166
mujeres se encuentra reconocido por el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
(MINDES), se pueden firmar acuerdos
sobre pensiones de alimentos, tenencia
y reconocimiento de hijos e hijas bajo las
leyes nacionales.
En Cubantia, San Ramón de Pangoa,
Santavancori y Shimavenso, en Satipo
(Junín), las mujeres pudieron presentar sus
propuestas a sus respectivas autoridades,
las mismas que se comprometieron a
realizar asambleas con los comuneros
y comuneras para dar a conocer el
reglamento interno de las comunidades e
iniciar el diálogo y propuestas de cambios
en los aspectos que afecten los derechos
de las mujeres a una vida libre de violencia
y en igualdad de oportunidades.
También se ha trabajado con la organización
Calandria para revertir las brechas de
género, impulsando, entre otros temas,
la paridad en la participación política,
buscando contribuir en las mujeres que son
autoridades en la mejora de su desempeño
en la gestión pública y su posicionamiento
como interlocutoras en el espacio político.
En este tema el fortalecimiento de sus
organizaciones para impulsar la inclusión
de sus demandas sociales y propuestas
en los planes de desarrollo y presupuestos
participativos ha sido clave. A nivel
nacional, por ejemplo, la Red Nacional de
Mujeres Autoridades de gobiernos locales
y regionales (RENAMA) tiene una dinámica
de gestión descentralizada, reuniones
periódicas de junta directiva, aporta
iniciativas en el campo de las políticas de
género y buen gobierno y es reconocida por
entidades como el MINDES, el Congreso,
la Presidencia del Consejo de Ministros,
entre otras.
Calandria ha promovido desde diferentes
espacios la difusión de información y
debate sobre el tema de género. De esta
forma, en Amazonas, por ejemplo, unos
4.000 pobladores (2.100 mujeres y 1.900
hombres) pueden informarse, expresarse
y debatir sobre el problema de la violencia
contra la mujer, recibir orientación respecto
a los servicios públicos de atención y la
manera de atender los factores de riesgo.
Asimismo, gracias a tres programas
radiales dedicados a la promoción y debate
sobre los derechos de las mujeres, en Lima
Norte, Piura y Lambayeque se ha informado
y sensibilizado a 38.602 oyentes.
Información financiera: género
Flora Tristán
TOTAL
Políticas públicas
(locales, regionales
nacionales) inclusivas,
participación
ciudadana
especialmente de
mujeres y jóvenes.
Democratización de
comunicación pública
y de los medios
Incidencia en
políticas respetando
derechos de las
mujeres, apoyando
acceso de mujeres a
recursos financieros,
productivos y
sociales, desarrollo
de capacidades en
organizaciones y
movimientos para
integración de
perspectiva de género
Área geográfica
Monto US$
Nacional, y en
regiones (Lima,
San Martín,
Cusco, Arequipa,
Huancavelica)
US$ 151.800
Nacional y regiones
específicas (Piura,
San Martín, Cusco,
Junín, Ayacucho,
Huancavelica)
US$ 276.000
US$ 427.800
Calandria
Proyecto
N
Contraparte
167
CAMBIO CLIMÁTICO
La batalla local contra
una amenaza global
Foto: Jason Mcdonald / Oxfam
E
l Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo,
fenómeno que se evidencia dramáticamente en múltiples formas: deglaciación,
pérdida de fuentes de agua, incremento de plagas o enfermedades como el
dengue. Hay cifras sorprendentes: se calcula que en las últimas tres décadas el 22% de
los glaciares peruanos se ha perdido, un gran problema si se tiene en cuenta que son
grandes reservorios que, al acabar la estación de lluvias, nutren a los ríos que llevan agua
a los campos y las ciudades.
1
Banco Interamericano de Desarrollo: Estrategia para el desarrollo indígena (2006).
DATOS
tAunque el Perú solo es responsable del 0,4% de las emisiones de
dióxido de carbono, está situado entre los países más vulnerables al
cambio climático de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), y con el Tyndall Centre.
tEl Ministerio del Ambiente ha calculado que se requiere por lo
menos entre 190 y 454 millones de dólares anuales hasta 2030 para
implementar proyectos de adaptación, y para mitigación entre 431 y
453 millones de dólares anuales.
De todas las regiones ecogeográficas del
país, la que sufre los impactos más duros
es la puna, zona de vastos pastizales
altoandinos que se extiende por encima
de los 3.800 metros sobre el nivel del mar
y cuya población se cuenta entre las más
pobres.
En la puna, con un clima natural que
plantea ya de por sí un reto a la ocupación
humana, el cambio climático se manifiesta
en temperaturas aun más extremas,
patrones erráticos de lluvias y heladas
extemporáneas y más intensas. Como
consecuencia, las pérdidas de cultivos y
de ganado se multiplican y la vida de los
habitantes se ha vuelto más dura de lo que
ya era.
“Están apareciendo nuevas enfermedades
en personas y animales y se está
incrementando la escasez de pastos
naturales, lo cual afecta nuestros ingresos”,
dice Alejandro Ninaquispe, poblador de la
Comunidad Campesina de Oquebamba,
del distrito de Coporaque (Cusco).
Ninaquispe, dedicado a la crianza de
ganado vacuno, asegura que las heladas,
granizadas, vientos remolinos y sequías
perjudican mucho más que en el pasado.
Otro problema, añade, es la falta de agua,
no solamente para los cultivos y siembras
sino para el propio consumo familiar
En este difícil escenario Oxfam cree en
la fortaleza y capacidad de adaptación
a las inclemencias del tiempo que las
comunidades campesinas, con sus
conocimientos ancestrales, han demostrado
durante siglos, aunque el rápido avance
del cambio climático exige hoy respuestas
más rápidas.
N
tSegún la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC), Estados Unidos emite 20,6% de los gases de
efecto invernadero, China el 14,7% y la Unión Europea el 14%.
tEl Banco Central de Reserva estima que el daño causado por el
cambio climático en el Perú ascendería a 855 mil millones de dólares,
entre 2009 y 2050.
En las alturas
En 2009 Oxfam continuó trabajando en las
comunidades campesinas ubicadas a más
169
de 3.800 msnm. Por sus características
físico-ambientales la principal actividad
económica en estas zonas es la
pecuaria (especialmente ganado ovino,
vacuno y alpacuno). Para mitigar las
consecuencias del cambio climático en
el ganado altoandino, se implementaron
acciones como la recuperación de
bofedales, siembra y ensilado de forrajes
, construcción de cobertizos, promoción
de Sistemas de Alerta Temprana (SAT)
y un mejor aprovechamiento del recurso
hídrico mediante reservorios y riego por
aspersión.
Reforzar capacidades en líderes locales
es un componente vital para agilizar las
respuestas de adaptación al cambio
climático. Por eso Oxfam ha apoyado al
Movimiento Ciudadano frente al Cambio
Climático (Moccic) para generar y reforzar
redes de conocimiento de modo que las
experiencias más viables y efectivas de
adaptación se compartan y refuercen. A la
par se han generado nuevos espacios de
debate y participación ciudadana sobre el
cambio climático, colocando este tema en
un lugar prioritario en las agendas locales
y de escala nacional mediante audiencias
regionales (y una en la capital) que cubrieron
la tercera parte de los departamentos
del país y que permitieron dar voz a los
afectados de las zonas rurales.
Mocicc también elaboró propuestas que
fueron recogidas por las autoridades
nacionales y realizó diversas acciones
N
170
creativas para movilizar a la población como
el trabajo con celebridades peruanas. “Se
ha conseguido que el debate sobre cambio
climático tenga un rostro humano y que los
propios afectados sean quienes expliquen
a la sociedad cómo viven este fenómeno”,
explica Rocío Valdeavallano, del Moccic.
Buscando contribuir con las campañas de
concientización de la población mundial,
en 2009 se propició la visita de una
semana al Cusco de la modelo y fotógrafa
danesa Helena Christensen. Las imágenes
captadas por ella se expusieron en Nueva
York, Washington, Londres y Copenhague,
donde coincidió con la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
en diciembre de 2009. “El impacto del
cambio climático es extremadamente
severo en las zonas que visitamos. Los
campesinos con los que hablamos ya
llevaban unas vidas muy duras y ahora se
ven forzados a adaptarse a los salvajes
efectos del clima”, dijo Christensen.
En el marco de la conferencia de
Copenhague
(Dinamarca),
Oxfam
organizó una audiencia global con la
participación del líder campesino Cayetano
Huanca, quien en representación de los
indígenas latinoamericanos instó a los
países industrializados a que asuman sus
responsabilidades sobre el medioambiente:
“Nuestros glaciares se están descongelando
y nuestros bofedales y manantiales están
disminuyendo. El agua dulce viene de
los glaciares y cuando tenemos menos
agua tenemos menos cosecha, lo que
pone en peligro la seguridad alimentaria
de nuestros hijos”, declaró Huanca en la
capital danesa. Su urgente pedido fue que
los países industrializados, principales
responsables del calentamiento global, se
comprometieran a reducir sus emisiones
en un 40% al 2020. Una meta urgente y
necesaria.
Información financiera: cambio climático
Área geográfica
Monto US$
Asociación
Proyección
Qémikuspa (vivir
mejor): Medidas
de adaptación al
cambio climático para
protección y mejora
de los medios de vida
de comunidades
altoandinas
alpaqueras
Cusco
US$ 179.223
Atusparia
Construyendo
consensos para
la estrategia de
adaptación al cambio
climático en la cuenca
del Santa, Áncash
Ancash
US$ 20.500
Asociación
Guarango Cine y
Video
Producción
audiovisual de las
audiencias públicas
sobre impactos del
cambio climático en
el Perú
Nacional
US$ 3.440
Remurpe – Red de
Municipalidades
Rurales del Perú
Municipalidades
rurales por la
reducción de riesgos
y la adaptabilidad al
cambio climático
Piura/Cusco
Forum Solidaridad
Perú
Consolidación
del Movimiento
Ciudadano frente al
Cambio Climático
(MOCICC)
Nacional
TOTAL
US$ 82.458
US$ 156.797
US$ 442.418
Proyecto
N
Contraparte
171
AYUDA HUMANITA R I A
Manos de mujer levantan Pisco
• Foto: Evan Abramson / Oxfam
A
tres años del terremoto que golpeó Pisco, aún puede verse la destrucción. Gran
parte de la población damnificada continúa viviendo en casas de esteras y de otros
materiales precarios, expuesta a condiciones de inseguridad y afectación de la
salud de los pobladores. De acuerdo con las autoridades regionales de Ica y la mesa de
concertación de lucha contra la pobreza, se ha avanzado apenas en un 30% del proceso
de reconstrucción, pero lo que no han podido derrotar ni el terremoto ni la ineficiencia del
FORSUR son las ganas de los lugareños por salir adelante.
En ese escenario, y continuando con su programa de rehabilitación tras el terremoto
de agosto del 2007, durante 2009 Oxfam trabajó con la Federación de Mujeres de Ica
en proyectos con enfoque de género cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades en
actividades productivas de grupos de mujeres de la provincia de Pisco, específicamente
de los distritos de San Clemente, Independencia y Humay. Mediante la producción de
cuyes, las beneficiarias del programa complementan el rubro tradicional de ingresos
familiares proveniente de labores agrícolas vinculadas principalmente con el cultivo de
maíz, algodón y frutales, productos que en los últimos dos años reportan una caída de
precios generada por la apertura comercial.
DATOS
tLa población expuesta a amenaza sísmica alta en el Perú es de 18,7
millones de personas, el 69% del total del país.
tEl 67% de las carreteras del país, entre las que figura la Panamericana,
se encuentra en amenaza sísmica alta. Esta es la misma situación del
puerto del Callao y el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Los cuyes del progreso
Tras el sismo se detectó que la crianza de
cuyes podría ser una buena oportunidad
para que las mujeres recuperasen sus
medios de vida, diversificando sus
ingresos familiares. Antes del desastre,
esta actividad se venía desarrollando de
manera doméstica y sin asistencia técnica,
con una débil organización empresarial y
limitadas habilidades en la comercialización
del producto. Todo esto no contribuía a
romper el círculo de pobreza y, por tanto,
se decidió trabajar en la capacitación para
la gestión, organización, negociación y
en el aprovechamiento de canales de
comercialización.
de Mujeres de Ica. Ella vislumbra
perspectivas alentadoras en este negocio,
no solo para las productoras beneficiarias,
sino también para potenciales nuevos
productores. Este optimismo se basa en
el futuro funcionamiento de un centro de
acopio y beneficio de cuyes, hoy en proceso
de construcción.
Nora Quispe ha pasado de criar cuyes
para el consumo familiar a ser la dueña de
N
tPara responder a una emergencia, las agencias humanitarias se guían
del Manual Esfera que establece que, después de un desastre, debe
garantizarse el acceso a agua segura en términos sanitarios, y en
cantidades suficientes (15 litros de agua por persona). Las letrinas
deben servir como máximo para 20 personas, y clasificarse por sexo.
tLos tsunamis, asociados a los terremotos, son también una amenaza
para toda la costa del Perú, por encontrarse en el cinturón de fuego del
Pacífico. Entre 1970 y 2007 el país fue afectado por tsunamis de origen
local al menos en cinco ocasiones.
“Actualmente hay unas 240 familias
beneficiarias que poseen una población
de 5.000 cuyes mejorados de la raza Perú
y líneas Inti y Andina, que generaron 240
jornales adicionales durante el año 2009”,
señala Aleida Chacaltana, de la Federación
173
N
550 ejemplares en su propia casa. Cada
cuy lo vende a S/.12.00. “Antes mi esposo
salía todo el día a trabajar y casi no nos
veíamos. Ahora ambos nos apoyamos en
este negocio y nuestra vida familiar es
mejor, estamos más unidos”, declara. Para
ella los cuyes son “como un banco”, su
garantía para solicitar un préstamo. Gracias
a los cuyes pudo levantar una pared que
cayó por el terremoto y ha participado
exitosamente en concursos gastronómicos,
presentando platos que tienen al cuy como
estrella.
174
Cadenas de entusiasmo
y solidaridad
Pero los logros van más allá de lo económico
y tienen que ver, también, con la autoestima.
Rosalía Simón Paredes, pobladora del
sector Bernales, en el distrito de Humay,
Pisco, dice que su vida ha dado un vuelco
radical desde que empezó con la crianza de
cuyes con fines comerciales. “Más allá de
poder apoyar a mi familia con un ingreso
adicional, me siento mejor como mujer,
mucho más segura”, afirma, orgullosa.
Aleida Chacaltana recuerda que después
del terremoto la moral de los pobladores,
especialmente de las mujeres, andaba
por los suelos. Hoy la realidad es otra. “Se
sienten diferentes, se valoran, cuentan
con niveles de confianza y seguridad,
testimonian que experimentan cambios
positivos, se sienten importantes, se
plantean metas, proyectos de vida, han
adquirido confianza para hablar en público,
manifiestan lo que sienten”, explica.
La organización de las mujeres es
importante, además, porque genera
cadenas de solidaridad entre ellas y alienta
la formulación de propuestas de desarrollo.
A medida que van tomando conciencia
de sus derechos y de su ciudadanía, van
exigiendo mejoras colectivas y aportan a
los cambios en sus comunidades. Prueba
de ello es que organizadas consiguieron
que dos municipios emitieran ordenanzas
que apoyan sus iniciativas y que la
municipalidad de San Clemente cediera a
su organización un terreno de mil metros
cuadrados para construir su centro de
acopio de cuyes.
Foto: Evan Abramson / Oxfam
FMI-Federación de
Mujeres de ica
Proyecto
Potenciando la
comercialización con
mujeres productoras
de cuyes afectadas
por el terremoto
de 3 distritos de la
provincia de Pisco-Ica
Área geográfica
Monto US$
Ica
US$ 13.232
N
Contraparte
Informe financiero: Ayuda humanitaria
175
GESTIÓN DE RIESGOS
Para prevenir los desastres
U
n escenario mundial plagado de desastres causados por fenómenos naturales
obliga a las sociedades a prepararse y a aprender a enfrentar los riesgos. El
conocimiento tradicional y la comunicación son elementos claves para soportar de
mejor forma los embates de la naturaleza y mitigar sus impactos.
En el Perú, las amenazas que ocasionan desastres están más relacionadas con inundaciones
y deslizamientos causados por lluvias intensas, heladas, sequías y terremotos. La población
más vulnerable son las comunidades pobres situadas en las riberas de los ríos o en las laderas
de espacios rurales, y las familias localizadas en zonas de ladera o en quebradas en la periferia
urbana, cuyas viviendas se han construido de manera informal.
Oxfam busca optimizar la gestión de riesgos en diversos lugares vulnerables, promoviendo un
grupo de proyectos que refuerce el trabajo en redes de apoyo, así como también las capacidades
de funcionarios de organizaciones públicas y privadas, a escala nacional y local.
DATOS
tSon cuatro los desastres de mayor envergadura que afectan al Perú:
terremotos, inundaciones, huaicos y sequías. Otros fenómenos
son las heladas, maremotos, incendios forestales, deslizamientos,
aluviones y el friaje, según el Centro de Estudios y Prevención de
Desastres (PREDES).
tLos registros de daños a partir del siglo XX indican que el Perú
presenta, en promedio, un terremoto cada cinco años.
Una de las iniciativas desplegadas en 2009
tuvo como principal objetivo fortalecer
las redes de organizaciones que vienen
trabajando –con un enfoque de gestión de
riesgos y adaptación al cambio climático–
en el planeamiento del desarrollo de sus
comunidades, así como la institucionalización
de sistemas de alerta temprana. Esta
iniciativa se extendió hacia las regiones del
nororiente (Piura, Lambayeque, Cajamarca
y San Martín), zona central (Áncash y
Huancavelica-Ica), además de Tumbes.
Con las autoridades
y los pobladores
Dalia Carbonel, del programa de prevención
de desastres y gobernabilidad local de
Soluciones Prácticas - ITDG, sostiene que
se trabaja con autoridades pues se hace
incidencia política en la gestión de riesgos,
logrando que las instituciones de desarrollo
incorporen dicho enfoque en sus acciones.
En esa línea, se ha trabajado en el norte
del país con mucha fuerza de la mano de
la ONG Ceproda Minga en la cuenca de
los ríos Motupe - La Leche, considerada
altamente vulnerable a inundaciones.
En la parte media y baja, ubicada en el
ecosistema de bosques secos, se reciben
lluvias intensas cuando se produce el
fenómeno El Niño, lo que significa una
influencia positiva en la regeneración del
bosque algarrobal y en el mejoramiento
de los suelos. Sin embargo, las lluvias
intensas e inundaciones causan pérdidas
económicas considerables a las familias
rurales pobres del lugar. Esta situación de
vulnerabilidad ha ido aumentando en los
últimos años. Actualmente se calcula que
existen cerca de 8 mil familias vulnerables
ubicadas en el área de inundación.
N
t47% de la población está expuesta con amenaza alta a deslizamientos,
debido principalmente a la creciente ocupación de laderas y valles
y a la deforestación.
tEl sur andino es la zona más propensa a las sequías, especialmente
en Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa y Apurímac. Algunas
veces se han extendido hasta Ayacucho y Huancavelica. Se estiman
4 millones de personas afectadas, principalmente las que viven por
encima de los 3.500 msnm (1,5 millones).
Por ello, se ha incidido en el desarrollo
de las capacidades locales para reducir
177
N
el riesgo de desastres y fortalecer la
institucionalidad del nuevo sistema comunal
de alerta temprana, implementado por las
propias comunidades en coordinación con
Defensa Civil.
178
Nelson Manayay Purihuaman tiene 37 años
y es el secretario técnico de Defensa Civil
del distrito de Incahuasi (Lambayeque),
ubicado en la parte alta de la cuenca de
los ríos Motupe - La Leche, zona altamente
vulnerable a los deslizamientos, lluvias
intensas, derrumbes, huaicos, heladas y
olas de frío. Él fue capacitado en un curso
sobre Especialización en Gestión del Riesgo
para el Desarrollo Local y dice que los
conocimientos adquiridos le han permitido
organizar nueve Comités Comunitarios de
Defensa Civil y elaborar cuatro estimaciones
de riesgo para la presentación de proyectos
de emergencia por El Niño. “Ahora no me
siento aislado”, asegura. Y añade que se
comunica y coordina frecuentemente con los
secretarios técnicos de la parte media y baja
de la cuenca, algo que no sucedía antes.
De hecho, existe un compromiso mayor
de los gobiernos locales con el sistema
comunitario de alerta temprana, y la
población vulnerable de la cuenca de los
ríos Motupe - La Leche ha incrementado su
conciencia y está mejor preparada.
De las señales de
alerta a la ordenanza
regional
Otra experiencia que muestra la importancia
de la organización de las poblaciones para
manejar el riesgo es la de Juan Juárez
Solís, brigadista del Comité Comunitario
de Defensa Civil del caserío Tres Puentes
‘A’, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe
(Lambayeque). Cuando en marzo el río La
Leche aumentó su caudal hasta en cuatro
oportunidades en el Sector I –considerado
el más vulnerable–, su distrito ya estaba
preparado: “Activamos la señal de alarma
con las sirenas de nuestros megáfonos
y de la radio comunitaria, movilizamos
a todos los pobladores y en minutos
logramos evacuar a familias y algunos
de sus bienes a un albergue temporal del
caserío”, señala.
Juárez refiere que en el pasado cada uno
salvaba sus vidas y sus cosas como podía.
“Ahora la población reconoce las señales
de alerta y conoce las rutas de evacuación
gracias a nuestro mapa de peligros.
Siempre hay algún miembro del comité
comunitario que está alerta para responder
inmediatamente y activar la alerta de
evacuación”, sostiene.
Uno de los frutos más importantes del
trabajo de gestión de riesgos en 2009
ha sido la publicación de una ordenanza
regional en Lambayeque sobre el Sistema
Comunitario de Alerta Temprana. “Este
proceso ha posibilitado formular la
propuesta de Ordenanza Regional del
Sistema Comunitario de Alerta Temprana
en el departamento para replicar la
experiencia piloto de la cuenca de los ríos
Motupe - La Leche en todas las cuencas
del departamento, destinando recursos
públicos para ese objetivo”, dice Rosa
Rivero, jefa del proyecto Ceproda Minga.
La experiencia demuestra que sí es posible
desarrollar y replicar sistemas de alerta a
bajo costo basados, principalmente, en la
eficiente organización de la población más
vulnerable.
Foto: Percy Ramírez / Oxfam
Informe financiero: gestión de riesgos
Área geográfica
Monto US$
CEPRODA
Minga – Centro
de Promoción y
Desarrollo Andino
Fortalecimiento de
capacidades para
institucionalización
del Sistema de Alerta
Temprana - SIAT La
Leche
Lambayeque
US$33.000
Asociación
Proyección
ANTAPACHA (tierra
de cobre), reducción
de riesgos frente a
olas de frío. Sistema
de Alerta Temprana,
adaptación de pastos,
manejo de agua
y cobertizos para
ganado.
Cusco, Espinar
US$24.000
Grufides- Grupo
de Formación
e Intervención
para el Desarrollo
Sostenible
Fortalecimiento de
redes institucionales
para la gestión de
riesgos en el Perú.
Cajamarca
US$10.000
Cajamarca, Tumbes,
Piura, Lambayeque,
Ica, San Martín,
Ancash, Huancavelica
US$30.000
Fortalecimiento de
Soluciones Prácticas redes institucionales
ITDG
para la gestión de
riesgos en el Perú
Cipca – Centro
de Investigación
y Promoción del
Campesinado
TOTAL
Fortalecimiento de
capacidades para la
gestión de riesgos
en distritos de la
mancomunidad del
corredor andino
central
Piura/Lambayeque
US$103.043
US$200.043
Proyecto
N
Contraparte
179
Informe financiero: pequeña empresa y comercialización
Área geográfica
Monto US$
Promoción de la oferta de
microseguros, y servicios
financieros fiables, desarrollo
de indicadores sociales de
servicios financieros
Nacional
MEDA
Desarrollo e implementación
de sistemas de gestión para
organizaciones de pequeños
productores y su acceso a
mercados
Nacional / Piura
US$ 93,840
Ecológica
Apoyo a pequeños
productores para la
comercialización de sus
productos en supermercados
Lima
US$ 55,200
TOTAL
US$ 336,720
US$ 485,760
Informe financiero: democracia y gobernabilidad
Contraparte
Proyecto
Área geográfica
Monto US$
Atusparia
Capacitación e incidencia
para de políticas públicas
transparentes y instancias
democráticas y desarrollo
económica local.
Chimbote
US$ 62.100
IDL
Democracia y gobernabilidad:
seguimiento crítico a
recomendaciones de la
Comisión de la Verdad, del
sistema judicial, defensa legal,
capacitación sobre DDHH
(entre otros, jueces de paz).
Nacional
US$ 69.000
TOTAL
180
Proyecto
Copeme – Consorcio
de Organizaciones
Privadas de
Desarrollo de la
Pequeña y Micro
Empresa
N
Contraparte
US$ 131.100
Aportes financieros de Oxfam
en el Perú 2009 - 2010
US$ 13.232
Cambio climático
US$ 442.418
Democracia y gobernabilidad
US$ 131.100
Género
US$ 427.800
Gestión de riesgos
US$ 200.043
Industrias extractivas
US$ 857.880
Integración regional y comercio
US$ 96.300
Pequeña empresa y comercialización
US$ 485.760
Pueblos indígenas e interculturalidad
US$ 454.100
Trabajo digno y ciudadanía
US$ 919.453
APORTE TOTAL DE OXFAM
Ayuda humanitaria
US$ 1.104.666
N
Agricultura y recursos naturales
US$ 5.132.752
181
Informe anual 2009 - 2010
Se terminó de imprimir en los talleres de
Gama Gráfica S.R.L.
Jr. Risso 560, Lince - Lima.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Transcripción

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