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Informe sobre Turquía Informe sobre Turquía Realizado por el Centro de Información, Recursos y Documentación de Asilo y Migraciones de la Asociación Comisión Católica de Migración (ACCEM), Pza de Santa María Soledad Torres Acosta, 2 2º Madrid 28004. Tfno: 91 532 74 78/9. Para cualquier información relativa a este informe contactar con [email protected] Motivo para el que solicita el informe: Aportar informe para posible reexámen. Informar sobre la situación de kurdos en el sureste turco. Fecha emisión informe: noviembre de 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situación de Derechos Humanos en Turquía: Según el informe del 2008 de Human Rights Watch1 las recientes tendencias respecto a la protección de los derechos humanos en Turquía han sufrido un retroceso. Durante 2007 hubo una intensificación de los procesamientos y condenas relacionadas con la libertad de expresión, de sentencias controvertidas en contravención de normas internacionales de derechos humanos, el acoso de miembros y diputados del partido pro – Kurdo: DTP y un aumento en los informes de brutalidad policial. La intolerancia hacia la diferencia o la opinión disidente, por parte de las autoridades del Estado, ha creado una atmósfera en el que se han producido casos de violencia contra grupos minoritarios. Enfrentamientos armados entre las fuerzas militares del Kurdistán y el Partido de los Trabajadores (PKK) aumentó en el período previo a las elecciones en julio y se intensificó aún más en el segundo semestre del año, con fuertes pérdidas de vidas humanas; algunos ataques, como el presunto atentado del PKK en Ankara en mayo, se han centrado en la población civil. Respecto a la tortura, los malos tratos y los homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad: Aumentaron los malos tratos durante el 2007, teniendo lugar durante los arrestos, fuera de los lugares de detención oficiales, y durante manifestaciones, así como en centros de detención. Esta tendencia se ve exacerbada aún más por la aprobación en junio de una nueva ley que concede a la policía amplios poderes de detención y registro. Tras su entrada en vigor se tuvo noticia de casos de brutalidad policial durante los controles de identidad rutinarios permitidos por la nueva ley. Hubo continuos informes de malos tratos en las cárceles. Siguen siendo fuente de grave preocupación los tiroteos mortales de civiles por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. Aunque la policía suele afirmar que el asesinato se produjo porque la persona no obedeció a la orden de alto, en ciertos casos estos asesinatos pueden equivaler a ejecuciones extrajudiciales. Los ataques con bombas dirigidos por el PKK contra civiles han continuado, a intervalos, durante el 2007, incluyendo un atentado suicida en mayo en el distrito comercial de Ulus, Ankara, que se tradujo en ocho muertes, y dos ataques con bombas en Izmir, en octubre, en el que resulto muerto un hombre. En septiembre un minibús fue incendiado cerca de una aldea en Beytüşşebap, provincia de Şırnak, matando a cinco civiles y siete guardias rurales. En cuanto a la impunidad, los tribunales turcos son muy indulgentes con los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de abuso o mala conducta, contribuyendo a la impunidad y la persistencia de la tortura y el recurso a la fuerza 1 World Report 2008. Human Rights Watch. Turkey. Pags 437 a 441. Ver: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2k8_web.pdf Acceso el 17 noviembre 2008. letal. Muchas denuncias de tortura o asesinatos en circunstancias controvertidas nunca llegan a los tribunales y no se investigan. Destacan algunos fallos judiciales controvertidos en el primer semestre de 2007. " [......] Recent trends in human rights protection in Turkey have been retrograde. 2007 saw an intensification of speech-related prosecutions and convictions, controversial rulings by the judiciary in defiance of international human rights law, harassment of pro-Kurdish Democratic Society Party (DTP) officials and deputies, and a rise in reports of police brutality. The state authorities’ intolerance of difference or dissenting opinion has created an environment in which there have been instances of violence against minority groups. In January 2007 TurkishArmenian journalist and human rights defender Hrant Dink was murdered. Armed clashes between the military and the Kurdistan Workers’ Party (PKK) rose in the lead-up to elections in July and intensified yet further in the second half of the year, with heavy loss of life; some attacks—such as a suspected PKK bombing in Ankara in May—have targeted civilians.[......] Torture, Ill-Treatment, and Killings by Security Forces: Ill-treatment appeared to be on the rise in 2007 and was regularly reported as occurring during arrest, outside places of official detention, and in the context of demonstrations, as well as in detention centers. This trend was further exacerbated by the passing in June of a new police law granting wide-ranging powers of stop and search. After the new law came into force, cases of police brutality were also reported in the context of the routine identity checks permitted in the new law. There were continuing reports of ill-treatment in prisons and, in January, conscientious objector Halil Savda was illtreated at the Tekirdağ military barracks. Fatal shootings of civilians by members of the security forces remain a serious concern. Although police typically state that the killing occurred because the individual has failed to obey a warning to stop, in some cases these may amount to extrajudicial executions. [......] Attacks on Civilians: Suspected PKK bomb attacks targeting civilians have continued at intervals in 2007, including a suicide bombing in May in the shopping district of Ulus, Ankara, which resulted in eight deaths, and two bombings in Izmir in October, killing one man. In September a minibus was fired upon near a village in Beytüşşebap, Şırnak province, killing five civilians and seven village guards. As of this writing, the perpetrators had not been identified. Impunity: Turkish courts are notoriously lenient towards members of the security forces who are charged with abuse or misconduct, contributing to impunity and the persistence of torture and the resort to lethal force. Many allegations of torture or killings in disputed circumstances never reach the courts and are not investigated. Some controversial court rulings in the first half of 2007 stand out. In May the Court of Cassation quashed the 39-year sentences of two gendarmerie intelligence officers for the November 2005 bombing of a bookshop in the southeastern town of emdinli that resulted in one death. This bombing was widely condemned by human rights groups in Turkey as evidence of a resort to lawlessness in the name of counterterrorism. Controversially the court ruled that the crime had been committed in the course of a counterterrorism operation and that the defendants should be retried in a military court. The decision is on appeal. In April a court in Eskişehir acquitted four police officers for the killing of Ahmet and Uğur Kaymaz, in November 2004 in the southeast town of Kızıltepe. The court ignored substantial forensic evidence demonstrating that the father and son may have been the victims of a summary execution. The case is on appeal. There was no progress in the investigation into the widespread allegations of police torture following arrests during violent protests in March 2006 in Diyarbakır, or into the deaths of 10 demonstrators (eight shot dead) during the protests.[......] ". Por su parte, el informe de Amnistía Internacional del 20082, indica respecto al estado de los derechos humanos en Turquía: " Con el aumento de la inseguridad política y de las intervenciones de las fuerzas armadas, se incrementaron también el sentimiento nacionalista y la violencia. Continuaron imponiéndose limitaciones a la libertad de expresión. Persistían las denuncias de tortura y otros malos tratos y el uso de fuerza excesiva por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los procesos por violaciones de derechos humanos fueron ineficaces e insuficientes, y persistían los motivos de preocupación en torno a la imparcialidad procesal. Se violaron los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se avanzó poco en la creación de hogares refugio para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar. Información general Tras la muerte por disparos del periodista turco-armenio Hrant Dink en enero, reinaba una atmósfera de intolerancia en el país. A partir de mayo, la intensificación de los enfrentamientos armados entre las fuerzas amadas turcas y el Partido de los Trabajadores Kurdos dio lugar a abusos contra los derechos humanos. En junio, las fuerzas armadas 2 Informe sobre Turquía de Amnistía Internacional. Informe 2008. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Ver http://thereport.amnesty.org/esl/regions/europe-and-central-asia/turkey. Acceso 21 noviembre 2008. declararon zonas de seguridad temporales en tres distritos fronterizos con Irak, y en diciembre en otros tres. [......] Ataques con bombas perpetrados por personas o grupos desconocidos contra objetivos civiles mataron e hirieron a decenas de personas. En mayo y octubre varias bombas explotaron en Esmirna, causando la muerte a dos personas y heridas a muchas más. En mayo, una bomba que explotó en el distrito de Ulus, en Ankara, mató a nueve personas e hirió a más de un centenar. En septiembre, un ataque contra un minibús en la provincia de Sirnak causó múltiples víctimas mortales. En diciembre, las fuerzas armadas turcas realizaron intervenciones militares en el norte de Irak, territorio de población predominantemente kurda, contra bases del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). Libertad de expresión Siguió limitándose la expresión pacífica de las opiniones en la ley y en la práctica. Profesionales de la abogacía y del periodismo y defensoras y defensores de los derechos humanos, entre otras personas, sufrieron acoso, amenazas, procesos judiciales injustos y agresiones físicas. Aumentó el número de juicios entablados en aplicación del artículo 301 del Código Penal turco, que tipificaba como delito el agravio a la identidad turca, a pesar de la oposición nacional e internacional a este artículo. Hrant Kink, periodista y defensor de los derechos humanos, murió por disparos el 19 de enero. Previamente había sido procesado con arreglo al artículo 301. Al parecer, el presunto autor de los disparos declaró que había disparado a Hrant Dink porque éste había denigrado la identidad turca. Unas 100.000 personas asistieron al funeral de Hrant Dink, en una muestra de solidaridad sin precedentes. Aunque una investigación policial sobre el asesinato permitió juzgar a varios sospechosos, no se examinó a fondo la culpabilidad de los servicios de seguridad. En octubre, el hijo de Hrant Dink, Arat Dink, y Sarkis Seropyan, director adjunto y propietario respectivamente del semanario turco-armenio Agos, fueron declarados culpables en aplicación del artículo 301 y condenados a sendas penas condicionales de un año de prisión. En abril murieron de forma violenta dos ciudadanos turcos y un ciudadano alemán que trabajaban para una editorial cristiana en Malatya. Según los informes, los cadáveres aparecieron degollados y atados de pies y manos. El juicio de las personas procesadas en relación con los asesinatos comenzó en noviembre. El artículo 216 del Código Penal, que penalizaba «incitar a la población a la enemistad o el odio», se aplicó de una forma arbitraria y demasiado restrictiva. En noviembre, la abogada Eren Keskin fue condenada a un año de prisión por utilizar la palabra «Kurdistán». Posteriormente, la pena se conmutó por una multa de 3.300 liras (unos 2.800 dólares estadounidenses). También se abrieron causas judiciales en virtud del artículo 7.2 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, que penalizaba «hacer propaganda de una organización terrorista o de sus fines». En noviembre, Gülcihan Şimşek, miembro del Partido de la Sociedad Democrática y alcaldesa de la ciudad de Van, fue condenada a un año de cárcel por utilizar el tratamiento «señor» (sayın) para referirse a Abdullah Öcalan, dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos. Defensores y defensoras de los derechos humanos: Se procesó por sus actividades pacíficas a personas que defendían los derechos humanos.[......] Impunidad Las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad seguían adoleciendo de defectos y el número de causas judiciales abiertas fue insuficiente. Los organismos oficiales de derechos humanos siguieron siendo ineficaces. En junio, el Parlamento reformó la Ley sobre Obligaciones y Competencias de la Policía, que ampliaba los poderes de la policía para utilizar fuerza letal, al permitirles disparar contra sospechosos que no obedeciesen a la orden de «alto».[......] Juicios injustos Persistían los motivos de preocupación en torno a la imparcialidad procesal, especialmente en relación con las personas imputadas en virtud de la legislación antiterrorista. En procesos judiciales de larga duración se utilizaron como prueba declaraciones presuntamente extraídas mediante tortura. En junio, Mehmet Desde ingresó en prisión tras ser declarado culpable, junto a otros siete acusados, de apoyar o pertenecer a una «organización ilegal», por mantener vínculos con el Partido Bolchevique (Kurdistán Norte/Turquía). El partido no había hecho uso de la violencia ni la había propugnado, y la relación de los condenados con él no había sido probada. La condena de Mehmet Desde se basó principalmente en declaraciones presuntamente obtenidas mediante tortura. Selahattin Ökten pasó todo el año 2007 en detención preventiva, después de que lo detuvieran por sospecharse su participación en las acciones del Partido de los Trabajadores Kurdos. La acusación se basó en la declaración de un único testigo que presuntamente había sido obtenida mediante tortura y de la cual el testigo se retractó posteriormente. Homicidios en circunstancias controvertidas Continuaron recibiéndose informes sobre muertes por disparos de las fuerzas de seguridad. La justificación que se solía ofrecer era que las víctimas no habían obedecido la orden de «alto». Sin embargo, en esos incidentes con frecuencia se produjo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, y algunos homicidios pudieron haber sido ejecuciones extrajudiciales. En varios casos, las investigaciones peligraron debido a que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían perdido pruebas. En agosto, Festus Okey, solicitante de asilo nigeriano, murió tras recibir un disparo bajo custodia policial en Estambul. Al parecer, la policía había perdido una prueba decisiva, la camisa que vestía Festus Okey el día que recibió el disparo. Un agente fue acusado de homicidio intencional. En septiembre, Bülent Karataş murió por disparos realizados por la policía militar en la localidad de Hozat, provincia de Tunceli. Según Rıza Çiçek, que también resultó gravemente herido en el incidente, la policía militar los había obligado a desnudarse antes de disparar. Se estaba llevando a cabo una investigación en secreto. Tortura y otros malos tratos Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente en lugares de detención no oficiales. En junio, Mustafa Kükçe murió después de haber permanecido detenido en varias comisarías de policía de Estambul. Los familiares que identificaron su cadáver afirmaron que era evidente que lo habían torturado antes de morir. Ningún agente de policía fue encausado. El abogado Muammer Öz fue presuntamente golpeado por agentes de policía cuando se encontraba tomando té con unos familiares en Moda, distrito de Estambul. Un examen médico oficial no reflejó que tenía la nariz fracturada a consecuencia de la agresión. Muammer Öz relató a Amnistía Internacional cómo los policías lo habían golpeado con los puños y con porras y le habían dicho que permanecerían impunes. Se abrió una causa judicial contra dos agentes implicados, que se encontraban en espera de juicio. Miembros de las fuerzas de seguridad continuaron haciendo uso de fuerza excesiva en sus funciones de control de las manifestaciones. En varias manifestaciones que se celebraron el 1 de mayo en distintas partes del país con motivo del Día Internacional del Trabajo, la policía utilizó porras y gas lacrimógeno contra las personas que se manifestaban pacíficamente. Sólo en Estambul se detuvo a más de 800 personas, aunque se desconocía el número total de detenciones. Condiciones penitenciarias Continuaban denunciándose castigos disciplinarios duros y arbitrarios en las prisiones «Tipo F». Una circular hecha pública en enero que ampliaba el derecho de los presos a relacionarse entre sí seguía sin aplicarse en gran medida. Algunos presos permanecían recluidos en régimen de aislamiento, en solitario o en pequeños grupos. Hubo protestas generalizadas pidiendo el fin de la reclusión en régimen de aislamiento del dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos Abdullah Öcalan y una investigación sobre el trato que se le dispensaba. En mayo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó la isla prisión de Imrali, donde Abdullah Öcalan permanecía encarcelado, para examinar las condiciones de su detención y su estado de salud. Al final del año no se habían hecho públicas las conclusiones de esta visita. [......] ". Situación de seguridad en el Sureste del país: El informe del Departamento de Estado de EEUU3 sobre Turquía del 2008, indica que según el Gobierno turco: 27 civiles resultaron muertos y 134 heridos, 139 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y 216 resultaron heridos, y 295 terroristas fueron asesinados y 193 resultaron heridos, en los enfrentamientos armados relacionados con la lucha contra la organización terrorista PKK durante el año. La mayoría de los enfrentamientos ocurrieron en el sureste. Continuó habiendo informes sobre miembros de las fuerzas de seguridad disparando mortalmente a civiles que se negaron a obedecer una orden de “alto”. Si bien la ley establece la libertad de movimiento dentro del país, los viajes al extranjero, la emigración y el retorno, sin embargo, a veces el gobierno limita estos derechos en la práctica. La ley dispone que la libertad de salir del país de un ciudadano puede ser restringida sólo en el caso de una emergencia nacional, obligaciones cívicas (por ejemplo, el servicio militar), o la investigación penal o el enjuiciamiento. El gobierno mantiene una fuerte presencia de seguridad en el sureste, incluyendo numerosos puestos de control de carretera. El 7 de junio, el gobierno declaró que una Zona de Alta Seguridad se establecería entre el 9 de junio y el 9 de septiembre en determinadas zonas demarcadas, situadas en el sureste de las tres 3 United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Turkey, 11 March 2008. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d92c4fc.html [accessed 21 November 2008] provincias de Siirt, Sirnak y Hakkari. Los periodistas atribuyeron la medida a parte de la intensificación de la lucha entre el ejército y el PKK. Algunos aldeanos protestaron porque la creación de las zonas de seguridad restringió el acceso a sus campos y pastos. According to the government, 27 civilians were killed and 134 were injured, 139 members of the security forces were killed and 216 were injured, and 295 terrorists were killed and 193 were injured in armed clashes related to the struggle against the terrorist PKK organization during the year. Most of the clashes occurred in the southeast.[......] There continued to be reports of security forces fatally shooting civilians who refused to obey a warning to stop.[......] The law provides for freedom of movement within the country, foreign travel, emigration, and repatriation; however, at times the government limited these rights in practice. The law provides that a citizen's freedom to leave the country could be restricted only in the case of a national emergency, civic obligations (e.g., military service), or criminal investigation or prosecution. The government maintained a heavy security presence in the southeast, including numerous roadway checkpoints. On June 7, the government declared a High Security Zone would be established from June 9 to September 9 in specific demarcated zones located in three southeastern provinces of Siirt, Sirnak, and Hakkari. Journalists attributed the measure to "part of an intensifying battle" between the military and the PKK. Prior to September 9, the government extended the termination date to December 10. Some villagers claimed the establishment of the security zones restricted their access to their fields and pastures Otro informe, esta vez del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)4, indica que existen informes sobre violaciones de los derechos humanos, especialmente en el sureste (durante el 2005): así el Departamento de Estado de EEUU informó de que el gobierno, así como el PKK / KADEK / KHK siguieron cometiendo violaciones de los derechos humanos contra los no combatientes en el sureste. El Gobierno turco siguió organizando, armando y pagando a una fuerza de defensa civil, mayormente en el sureste de la región, conocida como "guardias de aldea". Mientras que las autoridades turcas afirman que no se han nombrado guardias de aldea desde el 2000, por su parte, las organizaciones no gubernamentales sugieren que los nuevos guardias locales han sido reclutados en respuesta al aumento de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados ilegales. Los guardias de aldea han sido acusados en repetidas ocasiones de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Grupos locales de derechos humanos informaron de que los desplazados internos y los repatriados sufren acoso diariamente, incluida la detención sin cargos y amenazas de desalojo, si no se suman al sistema de guardias de aldea. Además de los guardias de aldea, la Jandarma5 y la policía especial se consideran como los principales responsables de los abusos en el año 2003, especialmente en el sureste del país. Si bien los tribunales investigan la mayoría de las ejecuciones ilegales, el número de detenciones y procesamientos sigue siendo bajo en comparación con los incidentes, y las condenas siguen siendo raras. La Policía Nacional turca (TNP), bajo el control del Ministerio del Interior, tiene la responsabilidad primordial de la seguridad en las zonas urbanas, mientras que la Jardarma, fuerzas paramilitares de control conjunto entre el Ministerio del Interior y el poder militar, lleva a cabo esta función en las zonas rurales. El Gobierno mantiene una fuerte presencia de seguridad en algunas partes del sureste. Hubo informes fidedignos de que las fuerzas de seguridad cometieron una serie de ejecuciones ilegales: la Policía, la Jandarma y el ejército mataron a un número de personas, en particular en el sureste y el este, por supuestamente no detenerse a obedecer sus órdenes de “alto”. La mayoría de las desapariciones forzadas afectan a los kurdos étnicos del sureste de Turquía (2003). El gobierno siguió investigando algunas denuncias de casos de desapariciones, sin embargo la mayoría de los casos no se han resuelto. El Relator Especial de las Naciones Unidas para las personas desaparecidas expresó su opinión de que las fuerzas de seguridad fueron responsables de algunos casos de desapariciones (2001). La mayoría de los casos se refieren a personas de origen étnico kurdo y se produjeron en las provincias de Diyarbakir, Siirt y en el sudeste de Anatolia. La gran parte de los desaparecidos habrían sido detenidos y maltratados por la policía por cargos de pertenencia al PKK. Los miembros de las fuerzas de seguridad, presuntos responsables de la 4 Global IDP: Profile of Internal Displacement:Turkey. Compilation of the information available in the Global IDP. Database of the Norwegian Refugee Council (as of 7 October, 2005) Ver: http://www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/A0D784C014878D59802570BA00568E64/$file/Turkey%20-October%202005.pdf. Acceso el 24 de noviembre 08. 5 La Jandarma es una especie de Guardia Civil, perteneciente a las Fuerzas Armadas Turcas (N. del R.). mayoría de los casos de desapariciones forzadas, rara vez han sido procesados por dichos actos. Los secuestros de aldeanos y funcionarios por parte de terroristas del PKK prácticamente han terminado tras la captura de líder del PKK Ocalan, en 1999. "[......] Reports of human rights violations by law enforcement and security forces, particularly in the south-east (2005) • The US Department of State reported that the government, as well as the PKK/KADEK/KHK continued to commit human rights abuses against non-combatants in the southeast • The Government continued to organize, arm, and pay a civil defence force mostly in the southeast region, known as the “village guards” of 58 416 duty (as opposed to 58 551 last year)Turkish authorities state that no village guards have been appointed since 2000, but NGOs suggest that new village guards have been recruited in response to increasing clashes between security forces and illegal armed groups • Village guards have been accused repeatedly of corruption and human rights abuses • A petition containing over 30 000 signatures protesting against the village guard system was registered with the Petitions Committee in the Parliament in October 2003 • Local human rights groups report that IDPs and returnees daily harassment, including detention without charge and threat of eviction if they did not join the village guards system • In addition to the village guards, Jandarma and police ‘special teams’ were viewed as those most responsible for abuses in 2003, particularly in the south east. • The Human Rights Foundation estimated over 40 killings by security forces in 2003 • While courts investigated most of the unlawful killings, the number of arrests and prosecutions remained low in comparison with the incidents; and convictions remained rare • The case of 10 village guards arrested in connection with the September 2002 killing of 3 IDPs returning to their homes in Ugrak village with official permission continued. “The Turkish National Police (TNP), under Interior Ministry control, has primary responsibility for security in urban areas, while the Jandarma, paramilitary forces under joint Interior Ministry and military control, carries out this function in the countryside. The Government maintained a heavy security presence in parts of the southeast. A civil defense force known as the village guards was less professional and disciplined than other security forces and was concentrated in the southeast. Civilian and military authorities generally maintained effective control of the security forces. Some members of the security forces committed serious human rights abuses. There were credible reports that security forces committed a number of unlawful killings. Police, Jandarma, and soldiers killed a number of persons, particularly in the southeast and east, for allegedly failing to obey stop warnings.[......] The Government, as well as the PKK/KADEK/KHK, continued to commit human rights abuses against noncombatants in the southeast.[......] Majority of enforced disappearances affect ethnic Kurds in south-east Turkey (2003) • The government continued to investigate some reported cases of disappearances, however most cases had not been resolved • The UN Special Rapporteur for Missing and Disappeared Persons expressed her view that the security forces were responsible for some cases of disappearances (2001) • Most cases concern persons of Kurdish ethnic origin and occurred in the provinces of Diyarbakir and Siirt in south-east Anatolia • Most of the missing persons have allegedly been arrested and mistreated by the police on charges of belonging to the PKK • Members of the security forces who are allegedly responsible for most cases of enforced disappearances have rarely been prosecuted for these acts • Abductions by PKK terrorists of local villagers and state officials has virtually ended since the capture of the PKK leader Ocalan (1999)[......] ". El PKK: Tratamiento de miembros, seguidores o simpatizantes: Según el informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de EEUU de 30 abril del 20086 el más destacado entre los grupos terroristas en Turquía es el Kongra-Gel/ Partido de los Trabajadores del Kurdistan (KGK / PKK). Compuesto principalmente de kurdos separatistas, el KGK / PKK tiene sus bases en el norte de Iraq y dirige sus fuerzas principalmente contra las fuerzas de seguridad turcas. En el 2005 y 2006, la violencia del KGK / PKK se ha cobrado cientos de vidas turcas, y continuó durante el 2007. El grupo denominado “Halcones para la Libertad del Kurdistán” (TAK), afiliado al KGK / PKK, ha reivindicado la responsabilidad de una serie de mortíferos ataques en las ciudades turcas contra turcos y ciudadanos extranjeros en los últimos años. El KGK /PKK y personas vinculadas al TAK fueron descubiertos a finales de mayo en Estambul, Adana, Konya, 6 United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2007 - Turkey, 30 April 2008. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48196cbac.html [accessed 21 November 2008] Mardin, con materiales explosivos diseñados para llevar a cabo ataques suicidas. El 25 de mayo, el KGK / PKK reivindicó la responsabilidad por el bombardeo de un tren de carga en la provincia de Bingol. " [......] Most prominent among terrorist groups in Turkey is the Kongra-Gel/Kurdistan Worker's Party (KGK/PKK). Composed primarily of Kurds with a separatist agenda, the KGK/PKK operated from bases in northern Iraq and directed its forces to target mainly Turkish security forces. In 2005 and 2006, KGK/PKK violence claimed hundreds of Turkish lives. This persisted in 2007, when the KGK/PKK continued its terrorist tactics. The Kurdistan Freedom Falcons (TAK), a group designated under E.O. 13224, is affiliated with the KGK/PKK and has claimed responsibility for a series of deadly attacks on Turkish and foreign citizens in Turkish cities in recent years. KGK/PKK and TAK-linked individuals were discovered in late May in Istanbul, Adana, Konya, and Mardin with explosive materials designed to carry out suicide attacks. On May 25, the KGK/PKK claimed responsibility for the bombing of a cargo train in Bingol Province.[......] ". Según un informe del Inmigration Refugee Board de Canada del 20077, el PKK es considerado un grupo terrorista, y por tanto es ilegal ser miembro, simpatizante o seguidor de dicha organización. Los informes de los medios de comunicación también afirman que el PKK es considerado una organización terrorista por Turquía, los EE.UU. y la Unión Europea" (BBC, 8 de abril de 2007; AFP 25 de marzo de 2006). Cargos criminales relacionados con el terrorismo se han presentado contra los miembros del PKK y Hezbolá turco. Según un Profesor Asistente de Ciencias Políticas de la Universidad Loyola de Chicago (EEUU), es ilegal ser miembros, seguidores y simpatizantes de ambas organizaciones en Turquía. Los ciudadanos sospechosos de tener algún tipo de vínculos con dichas organizaciones son hostigados por las fuerzas de seguridad y son comunes las violaciones de sus derechos humanos. Si bien la Unión Europea exigió reformas para liberalizar los sistemas jurídicos turcos, los progresos en su aplicación han sido muy limitados. Además, las tensiones étnicas entre kurdos y turcos en las ciudades se han incrementado en los últimos años. Ha habido varios intentos de linchamientos de activistas kurdos en varias ciudades de Anatolia. La opinión pública turca tiene fuertes opiniones negativas contra el PKK y el Hezbolá. Estas organizaciones se perciben como las únicas responsables de la muerte de miles de personas. (Universidad de Loyola, 28 de abril 2006) . Según el Informe por países sobre Terrorismo publicado por el Departamento de Estado de los EEUU, los ataques perpetrados por el PKK aumentaron significativamente y fueron causantes de la pérdida de 600 vidas en 2006. Se continúa diciendo en dicho informe que el Partiya Karkeran Kurdistán (PKK), también conocido como Kongra-Gel (KGK) es una organización de izquierdas nacionalista kurda , fundada en 1978. El líder del PKK, Abdullah Ocalan, fue detenido en 1999 y actualmente vive solo, en el exilio, en una isla del mar de Mármara. En 1984, el PKK comenzó a librar un conflicto armado contra el gobierno turco con el objetivo de establecer una patria independiente kurda. Desde entonces, el conflicto ha causado la muerte de unas 37.000 personas en Turquía. Se estima que existen unos 5.000 combatientes del PKK que luchan contra unos 20.000 soldados, guardias locales y Fuerzas Especiales en el sureste de Turquía. Los informes indican que los combates entre los dos grupos parece ir en aumento, tras el desplazamiento de más de un millón de kurdos de sus pueblos durante la ofensiva del ejército turco de que culminó a principios de los años 90. Varios informes de los medios de comunicación indican que las fuerzas turcas han matado a combatientes del PKK. Por ejemplo, en marzo de 2005, soldados turcos mataron a 14 kurdos relacionados con el PKK en la provincia de Mus en el sureste de Turquía. En abril de 2006, 12 combatientes del PKK y 2 soldados turcos fueron muertos en el sureste de Turquía (AFP 12 de abril de 2006). A finales de marzo de 2006, los funerales de los rebeldes del PKK muertos por las tropas del Gobierno celebrados en la ciudad de Diyarbakir terminaron con disturbios, en los que algunos manifestantes atacaron comisarías de policía con bombas, y realizaron actos de vandalismo en 7 Immigration and Refugee Board of Canada, Turkey: Status of the Kurdistan Workers' Party (PKK) and Turkish Hezbollah; situation and treatment of members, supporters and sympathizers of these parties (2006 - 2007), 6 June 2007. TUR102513.E. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/46fa537528.html [accessed 21 November 2008] tiendas y edificios públicos. Las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de armas de fuego y gases lacrimógenos. Diferentes fuentes informan de que el número de muertos varía entre 8 (HRW) y 16 personas (AFP 9 de mayo de 2006), incluidos inocentes, mientras que alrededor de 500 personas resultaron heridas (Periódico The Guardian 5 de junio de 2006). The Guardian informó de que estos fueron los peores enfrentamientos experimentados en una década (5 de junio de 2006). A raíz de los disturbios, la policía turca cargó contra 301 personas. Muchos de los acusados son jóvenes, que de ser declarados culpables podría enfrentarse a una pena de hasta 24 años de prisión. De acuerdo con las declaraciones de los testigos y los informes médicos, los 180 menores que fueron detenidos a raíz de los disturbios fueron maltratados por la policía. El Inmigration Refugee Board de Canada, aclara en su informe que no se pudo corroborar la información sobre estas alegaciones entre las fuentes consultadas debido al límite de tiempo dado para efectuar la respuesta. El Inmigration Refugee Board de Canada indica asimismo que en junio de 2006, un reportero de la agencia de noticias kurda Diha fue detenido y acusado de colaborar con el PKK, después de que presuntamente diese equipo informático y hablara de asuntos militares con activistas del PKK. Reporteros sin Fronteras (RSF) han pedido que el periodista sea puesto en libertad provisional, y añadió que los periodistas en medios de comunicación kurdos que cubren operaciones militares son acusados a menudo de colaborar con el PKK. Si es declarado culpable, el periodista podría enfrentarse hasta 12 años de prisión. Según Amnistía Internacional, en octubre del 2006 comenzó un juicio con la participación de 56 alcaldes pertenecientes al Partido Sociedad Democrática (DTP) (AI 2007), un partido pro Kurdo (BBC 6 de marzo de 2006), que fue acusado por el gobierno turco de apoyar al PKK después de que hubiera enviado una carta al Primer Ministro danés pidiendo que no se cerrara la estación de televisión kurda, Roj TV, con sede en Dinamarca (AI 2007). Los alcaldes fueron acusados de apoyo al PKK con pleno conocimiento y conciencia. En abril del 2007, el juicio continuaba contra 53 alcaldes, que podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión. En febrero del 2007, el alcalde del distrito de Karapina, Zulkuf Karatekin, fue multado con 3.000 liras por permitir que los miembros del DTP utilizaran un vehículo municipal para plantar plantas de semillero en conmemoración del cumpleaños de Abdullah Öcalan, líder del proscrito PKK . “In 28 April 2006 correspondence sent to the Research Directorate, an assistant professor of political science at Loyola University in Chicago who specializes in Islamic politics in Turkey stated that "[b]oth the PKK [Kurdistan Worker's Party] and the Hezbollah of Turkey are considered terrorist organizations by the Turkish state" (Loyola University 28 Apr. 2006). Media reports also state that the PKK is "considered a terrorist organization by Turkey, the US and the European Union" (BBC 8 Apr. 2007; AFP 25 Mar. 2006). Criminal charges involving terrorism have been brought against members of both the PKK and Turkish Hezbollah: for instance, out of the 512 inmates of a prison in the city of Diyarbakir, 258 allegedly belong to Turkish Hezbollah and 224 are thought to belong to the PKK (UN 16 Nov. 2006). According to the Assistant Professor, [i]t is illegal to be members, supporters, and sympathizers of both organizations in Turkey. Citizens suspected to have any kinds of ties to these organizations are harassed by security forces and violations of their human rights have been common. While the European Union-demanded reforms have liberalized Turkish legal systems, the progress in application has been much limited. Additionally, tensions between ethnic Kurds and Turks in mixed cities have increased in recent years. There have been several attempted lynches of Kurdish activists in various Anatolian [Middle Eastern Turkish] cities. Turkish public opinion has very strong negative views of both the PKK and the Hezbollah. These organizations are perceived to be exclusively responsible for the deaths of thousands of people. (Loyola University 28 Apr. 2006) According to the Country Reports on Terrorism published by the United States Department of State, attacks perpetrated by the PKK "increased significantly and claimed as many as 600 lives in 2006" (US 30 Apr. 2007). PKK The Kurdistan Workers' Party (Partiya Karkeran Kurdistan, PKK), also known as Kongra-Gel (KGK) (MIPT n.d.a; RSF 21 June 2006) is a leftist and Kurdish nationalist organization (MIPT n.d.a; SITE Institute n.d.) founded in 1978 (ibid.; PHW 2007 Oct. 2006, 1262; Europa 2006 10 June 2006, 4385). The PKK's leader, Abdullah Ocalan, was arrested in 1999 and is currently living alone in exile on an island in the Marmara sea (Assistant Professor 28 Apr. 2006). The group is led by Abdullah Ocalan, Zubeyir Aydar (ibid.; PHW 2007 Oct. 2006, 1263) and Murat Karayilan (ibid.). In 1984, the PKK began waging an armed conflict against the Turkish government with the aim of establishing an independent Kurdish homeland (Europa 2006 10 June 2006, 4385; AFP 25 Mar. 2006). Since then, the conflict has killed an estimated 37,000 people in Turkey (ibid.; BBC 8 Apr. 2007; Turkish Daily News 8 May 2007). There are thought to be approximately 5,000 PKK fighters (The Guardian 5 June 2006; SITE Institute n.d.) battling some 20,000 soldiers, village guards and Special Forces in southeastern Turkey (Turkish Daily News 8 May 2007). Reports indicate that fighting between the two groups appears to be increasing (The Economist 6 May 2006; The Guardian 5 June 2006), following the displacement of over a million Kurds from their villages during the Turkish army's offensive which peaked in the early 1990s (ibid.). There are several media reports that Turkish forces have killed PKK fighters (AFP 12 Apr. 2006; ibid. 25 Mar. 2006). For example, in March 2005, Turkish soldiers killed 14 Kurds associated with the PKK in the province of Mus in southeastern Turkey (AFP 25 Mar. 2006). In April 2006, 12 PKK fighters and 2 Turkish soldiers were killed in southeastern Turkey (AFP 12 Apr. 2006). In late March 2006, the funerals of PKK rebels killed by government troops held in the city of Diyarbakir turned into riots, with some rioters targeting police stations with bombs and vandalizing shops and public buildings (AFP 9 May 2006). Security forces responded with gunfire and tear gas (ibid.; HRW Jan. 2007). Different sources report that the number of those killed varies between 8 (ibid.) and 16 people (AFP 9 May 2006), including innocent bystanders and four children under the age of 10 (HRW Jan. 2007), while about 500 people were injured (The Guardian 5 June 2006). An investigation of 10 killings was still being conducted at the end of 2006 (AI 2007). The Guardian reports that these were the worst clashes experienced there in a decade (5 June 2006). Following the riots, Turkish police charged 301 people with the violence (AFP 9 May 2006). Many of the accused are youths, who if convicted could face up to 24 years imprisonment (ibid.) (The Economist 6 May 2006). The Guardian cites the Diyarbakir bar association as stating that, according to witness statements and medical reports, the 180 minors who were detained in the wake of the riots were mistreated by police, saying "they had been repeatedly beaten, threatened with death and rape, stripped naked, immersed in cold water, subjected to high pressure hosing and had cigarettes stubbed out on their bodies" (The Guardian 5 June 2006). However, besides a report by The Economist citing the prisoners' lawyers as stating that the inmates had been "beaten and tortured" (6 May 2006), further or corroborating information on these allegations could not be found among the sources consulted by the Research Directorate within the time constraints of this Response. In June 2006, a reporter for the Kurdish news agency Diha was arrested and charged with collaborating with the PKK, after he allegedly gave computer equipment to and spoke of military matters with PKK activists (RSF 21 June 2006). Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF) have called for the journalist's provisional release, adding that journalists in the Kurdish media covering military operations are often accused of working with the PKK (ibid.). If convicted, the journalist could face up to 12 years in prison (ibid.). Amnesty International (AI) reports that in October 2006 a trial began involving 56 mayors belonging to the Democratic Society Party (DTP) (AI 2007), a pro-Kurdish party (BBC 6 Mar. 2006), who were accused by the Turkish government of supporting the PKK after they had sent a letter to the Danish Prime Minister requesting that the Denmark-based Kurdish television station, Roj TV, not be shut down (AI 2007). The mayors were charged with "knowingly and willingly supporting the PKK" (ibid.). As of April 2007, the trial was ongoing against 53 mayors, who could expect up to 15 years' imprisonment if convicted (Anadolu Agency 4 Apr. 2007). In February 2007, the Kurdish mayor of Turkey's Karapinar district, Zulkuf Karatekin, was fined 3,000 lira [approximately CAD 2,500 (Canada 27 Feb. 2007)] for allowing members of the pro-Kurdish Democratic Society Party (DTP) to use a municipal vehicle to plant seedlings to mark the birthday of Abdullah Ocalan, the outlawed leader of the PKK (AFP 27 Feb. 2007).[......] This Response was prepared after researching publicly accessible information currently available to the Research Directorate within time constraints. This Response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim for refugee protection. Please find below the list of additional sources consulted in researching this Information Request.[......] ". Según un informe de Freedom House8del 2008, la violencia siguió aumentando en el sureste durante el 2007. Los separatistas kurdos en la región habían luchado durante 15 años en una guerra de guerrillas contra las fuerzas del gobierno hasta 1999, fecha en la que el líder separatista Abdullah Ocalan fue capturado. El Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) renunció al alto el fuego en 2004, y aunque de vez en cuando ofrece treguas, los combates durante el 2007 dieron lugar a bajas entre los guerrilleros, las fuerzas del Gobierno y, en ocasiones, los civiles. Asimismo también se han formado grupos escindidos del PKK. En lo que los críticos calificaron como movimiento populista, Turquía persiguió a los combatientes del PKK en el norte de Iraq, en operaciones terrestres y aéreas a finales de 2007, a pesar de la presión en contra de Iraq, los Estados Unidos y otros aliados turcos. El conflicto kurdo durante los años 90 en el sureste turco, en el que más de 35.000 personas murieron, ha dejado un legado de discriminación y un nivel de vida más bajo en la región. Los combates entre el PKK y el gobierno en el sureste siguen en curso. La reanudación del cese el fuego ofrecido por el PKK ha sido rechazada por el gobierno. La condena de funcionarios de seguridad en relación con una explosión con bomba durante el 2005 en una librería en el sureste del país, fue anulada en mayo de 2007 por vicios de procedimiento. "[......] Violence continued to rise in the southeast in 2007. Kurdish separatists in the region had fought a 15-year guerrilla war against government forces until 1999, when separatist leader Abdullah Ocalan was captured. His Kurdish Workers Party (PKK) abandoned its ceasefire in 2004, and while it occasionally offers renewed truces, fighting in 2007 led to casualties among guerrillas, government forces, and occasionally civilians. PKK splinter groups have also reportedly formed. In what critics claimed was a populist move, Turkey pursued PKK fighters in northern Iraq in land and air operations in late 2007, despite pressure to refrain from Iraq, the United States and other Turkish allies.[......] The Kurdish conflict in the southeast in the 1990s, in which more than 35,000 people were killed, has left a legacy of discrimination and a lower standard of living in the region. Fighting between the PKK and the government in the southeast is ongoing. Renewed ceasefires offered by the PKK have been rejected by the government.[......] ". Discriminación hacía la población kurda: Según el informe sobre la situación de Derechos Humanos en Turquía durante el 2007 del Departamento de Estado de EEUU9 la ley prevé una única nacionalidad para todos los ciudadanos y no los reconoce como grupos étnicos nacionales, raciales, étnicos o minorías. Los ciudadanos de origen kurdo constituyen un gran grupo étnico y lingüístico. Millones de personas en el país se identifican como kurdos y hablan kurdo. Los kurdos que públicamente o políticamente afirman su identidad kurda o que utilizan el kurdo en el dominio público corren el riesgo de censura, hostigamiento, o persecución. " [......] The law provides a single nationality designation for all citizens and does not recognize ethnic groups as national, racial, or ethnic minorities. Citizens of Kurdish origin constituted a large ethnic and linguistic group. Millions of the country's citizens identified themselves as Kurds and spoke Kurdish. Kurds who publicly or politically asserted their Kurdish identity or publicly espoused using Kurdish in the public domain risked censure, harassment, or prosecution.[......] ". Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo del Consejo de Europa10 , que en su informe incluye a la minoría kurda como grupo vulnerable, se estima que hay entre doce y quince millones de kurdos viviendo en Turquía. No existen estadísticas oficiales ya que los censos nacionales no tienen en cuenta el origen étnico de la población. Los kurdos viven 8 Freedom House, Freedom in the World 2008 - Turkey, 2 July 2008. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/487ca26793.html [accessed 24 November 2008] United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Turkey, 11 March 2008. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d92c4fc.html [accessed 21 November 2008] 10 Council of Europe: European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Third Report on Turkey, Adopted on 25 June 2004, 15 February 2005. CRI(2005)5. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/46efa2efd.html [accessed 21 November 2008] 9 principalmente en el Sureste, aunque muchos de ellos han abandonado la región como parte del éxodo a las ciudades, así como por el conflicto armado que se prolongó durante varios años entre las autoridades y el PKK. El ECRI indica con preocupación que los kurdos desplazados dentro del país por el conflicto armado se encuentran actualmente en una situación muy difícil. Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, hay un millón o más de personas en esta situación, mientras que las autoridades poner la cifra en unos cien mil. Viven principalmente en las afueras de las ciudades, en particular, Estambul, en condiciones de graves dificultades económicas y sociales. A pesar de que han sido desplazados, no han recibido ninguna asistencia social a fin de que puedan satisfacer sus necesidades. Dado que la mayoría de ellos fueron originalmente agricultores, han sido incapaces de encontrar empleo al llegar a los pueblos y ciudades. La gran mayoría viven en la pobreza y la exclusión social, que a su vez provocan problemas de salud y dificultan el acceso a la educación, ya que los padres no pueden permitirse el lujo de enviar a sus hijos a la escuela. El ECRI continúa señalando en su informe que no ha habido ningún estado de excepción en Turquía desde noviembre del 2002. Los combates han cesado en el Sureste del país por lo que la inseguridad ya no debe ser un obstáculo para el regreso de personas desplazadas por el conflicto armado. El ECRI deplora, sin embargo, que el proceso de retorno de los desplazados internos aún no haya comenzado en serio y que sólo un número muy reducido de personas hayan regresado a sus pueblos o hayan sido capaces de recuperar sus bienes. Los obstáculos para regresar son todavía demasiado numerosos. En algunos casos, la administración sigue negándose a permitir el regreso por razones de seguridad. En otros casos, la administración ha insistido en que las personas que deseen volver deben firmar documentos de renuncia a su derecho a una indemnización sobre la base de que es el PKK el culpable de su salida y no las autoridades. Otro obstáculo importante es el comportamiento de los guardias de la milicia armada que fueron enviados a las aldeas por las autoridades. Algunas de estas guardias han establecido su residencia en propiedades abandonadas y se niegan a entregarlas a sus propietarios. El ECRI se muestra especialmente preocupado por los informes en los que se describe que, en algunos casos, los aldeanos que tratan de recuperar sus bienes han sido asesinados por guardias armados. Según el Comité, el gobierno ha introducido los llamados "proyectos de retorno a las aldeas", pero de acuerdo a diversos comentaristas, los fondos son insuficientes. La falta de información clara sobre el procedimiento para la solicitud de retorno ha sido igualmente un factor en la baja tasa de éxito. Otros apuntan a la falta de compromiso político por parte del gobierno para el retorno de los desplazados. El ECRI se complace en señalar que las normas constitucionales y los cambios legislativos en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ayudar a dar a los kurdos a una mayor libertad de expresión, de reunión y de asociación. Sin embargo, observa que en el caso de los kurdos, esas libertades son todavía muy reducidas, especialmente en la práctica. Así, señala informes en los que se dice que estudiantes kurdos han sido detenidos y / o expulsados de la universidad por haber firmado peticiones o demostrado apoyo por la enseñanza del kurdo en las universidades, o la supuesta condena de cierto número de personas por escuchar música kurda en privado. En algunos casos, sin embargo, las personas que han expresado su identidad kurda por medios pacíficos han sido absueltas. El ECRI espera que las nuevas leyes allanaran el camino para una rápida mejora en este ámbito. En cuanto a la libertad de asociación, el ECRI señala que las prohibiciones a las partes que representan los intereses de la comunidad kurda se han mantenido a pesar de los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha enfrentado con frecuencia al Gobierno turco por violar la libertad de asociación en este área. El ECRI observa con satisfacción que, a raíz de las enmiendas legislativas y constitucionales, será más difícil prohibir un partido político en el futuro. Además, advertencias y sanciones accesorias tales como la supresión de la ayuda financiera podrá sustituir o preceder la prohibición absoluta de los partidos políticos. En lo que respecta a la opinión pública, el ECRI observa que el conflicto armado ha tenido sólo un impacto limitado en la mayoría de la población y que los kurdos no parecen albergar ninguna animosidad hacia otros. Sin embargo los kurdos están aún sujetos a prejuicios y estereotipos y la Comisión se pregunta hasta que punto tales actitudes se manifiestan en discriminación hacía los kurdos en la vida diaria. "[......] Vulnerable groups - The Kurds 72. According to estimates, there are between twelve and fifteen million Kurds living in Turkey. There are no official statistics as national censuses do not take account of people’s ethnic origins. The Kurds live mainly in the SouthEast, although many of them have left the region as part of the drift to the towns and also because of the armed conflict that went on for several years between the authorities and the PKK. 73. ECRI is concerned to note that the Kurds displaced within the country by the armed conflict now find themselves in a very difficult situation. According to NGO estimates, there are a million or more such people, whereas the authorities put the figure at a few hundred thousand. They live mainly on the outskirts of cities, in particular Istanbul, in conditions of severe economic and social hardship. Even though they have been displaced, they have not received any welfare assistance to enable them to provide for their needs. Since most of them were originally farmers, they have been unable to find satisfactory employment on arriving in the towns and cities. The great majority now live in poverty and social exclusion, which in turn creates problems with health care and also access to education, as parents cannot afford to send their children to school. 74. ECRI is pleased to note that there has been no emergency rule in any part of Turkey since November 2002. Fighting has ceased in the South-East of the country so insecurity should no longer be a barrier to the return of persons displaced by the armed conflict. ECRI deplores, however, that the process of returning internally displaced persons has not yet begun in earnest and that only a very small number of people have returned to their villages or have been able to recover their property. The barriers to return are still too numerous. ECRI notes in particular that, in some cases, the administration is still refusing to allow returns for security reasons. In other cases, the administration has insisted that persons wishing to return sign papers waiving their right to compensation on the ground that the PKK was to blame for their departure and not the authorities. Another major barrier is the behaviour of the armed militia guards who were posted in the villages by the authorities. Some of these guards have now taken up residence in abandoned properties and are refusing to hand them over to the owners. ECRI is particularly concerned by reports that, in some cases, villagers seeking to recover their property have been killed by armed guards. 75. The government has introduced “village return projects” but according to various commentators, these schemes are underfunded. The lack of clear information about the procedure for applying to return has also been a factor in the schemes’ low success rate. Others point to the government’s lack of political commitment to the return of displaced persons. ECRI notes with approval that the law on the compensation of victims of terrorism and action against terrorism was adopted by the Grand National Assembly in July 2004. ECRI hopes that this law will enable all victims of the armed conflict in South-East Turkey to be compensated swiftly and fairly. 78. ECRI is pleased to note that the constitutional and legislative changes in the field of human rights and fundamental freedoms should help to give the Kurds greater freedom of expression, freedom of assembly and freedom of association. It notes, however, that in the case of the Kurds, such freedoms are still severely curtailed, especially in practice. ECRI notes in particular reports that Kurdish students have been arrested and/or expelled from university for having signed petitions or demonstrated in support of the teaching of Kurdish in universities. A number of persons have allegedly been convicted for listening to Kurdish music in private. In some cases, however, persons who have expressed their Kurdish identity by peaceful means have been acquitted. ECRI hopes that the new laws will pave the way for a rapid improvement in this area. [......] 79. On the subject of freedom of association, ECRI notes that the bans on parties representing the interests of the Kurdish community have remained in place despite rulings by the European Court of Human Rights, which has frequently found against the government for violating freedom of association in this area. ECRI notes with approval that, following the constitutional and legislative amendments, it will be more difficult to ban a political party in future. In addition, cautions and ancillary penalties such as the removal of financial support may replace or precede outright bans on political parties. 80. As regards public opinion, ECRI notes with approval that the armed conflict has had only a limited impact on the majority population and the Kurds, who do not appear to harbour any particular animosity towards one another. ECRI notes, however, that the Kurds are still subject to prejudice and stereotyping and, in the absence of any statistics, it wonders to what extent such attitudes translate into discrimination against Kurds in their everyday lives.[......] ". Problemas a los que pueden enfrentarse los ciudadanos turcos al salir o entrar en Turquía, e información sobre la utilización de pasaporte falso. Según un informe del Inmigration Refugee Board de Canada (RBC) 11 los procedimientos de entrada y salida, así como los documentos requeridos a las personas que entren o salgan de Turquía, son los mismos en los aeropuertos, que en las fronteras terrestres. Según el Primer Secretario de la Embajada de la República de Turquía en Ottawa (investigación llevada a cabo en el 2005), la normativa relativa a la entrada y salida de Turquía se rige por Ley de Pasaportes N º 5682, que establece que todos los viajeros, ya sean turcos o no, requieren un pasaporte válido o documento de viaje cuando salgan o entren en Turquía. Los ciudadanos turcos que no tengan un pasaporte válido o documento de viaje tienen derecho a entrar en Turquía si muestran su tarjeta de identidad (Nüfus Cüzdani), u otro documento de identidad, a las autoridades fronterizas. Según la Embajada, aquellos que demuestren por otros medios que son ciudadanos turcos también son aceptados, a la espera de que la policía lo evalúe así. La agencia de noticias “Anatolia Ankara” (AA), citó un artículo del periódico inglés “The Guadían” en el que se informaba de que a una joven pareja iraquí se le negó la entrada en Turquía por el aeropuerto de Estambul, porque la palabra "Kurdistán" aparecía como su lugar de nacimiento en sus pasaportes británicos (22 octubre 2004). La agencia de noticias citó a un representante del Ministerio turco de Asuntos Exteriores que indicaba que su Ministerio no permitirá que los iraquíes cuyos pasaportes reflejaran "Kurdistán" como su lugar de nacimiento pudieran entrar en Turquía. “Exit and entry procedures, as well as the documents required of persons entering or leaving Turkey, are the same at airports as they are at land borders (Turkey 4 July 2003). The information in the following three paragraphs was provided by the First Secretary of the Embassy of the Republic of Turkey in Ottawa, in correspondence with the Research Directorate dated 25 April 2005. The regulations concerning entry into and exit from Turkey of Turkish and non-Turkish nationals fall under the Turkish Passport Law Number 5682, which stipulates that all travellers, whether Turkish or not, require a valid passport or travel document whenever they leave or enter Turkey. Turkish citizens who do not have a valid passport or travel document are still entitled to enter Turkey if they show their Turkish identity card (Nüfus Cüzdani), or another valid identity card, to border authorities. According to the Embassy, "[t]hose who demonstrate by other means that they are citizens are also accepted in, pending the police assessment that they are citizens." [......]The Ankara Anatolia (AA) news agency cited a Guardian [U.K.] article in which it was reported that an Iraqi couple was denied entry into Turkey at Istanbul's Ataturk Airport because "Kurdistan" was listed as their place of birth in their British passports (22 Oct. 2004). The news agency quoted a representative of the Turkish Ministry of Foreign Affairs as stating that his ministry would not allow Iraqis whose passports list "Kurdistan" as their place of birth to enter Turkey (AA 22 Oct. 2004).[......] ". Según otro informe, igualmente del Inmigration Refugee Board de Canada (RBC) 12 los artículos 350 y 351 de la Ley 765 del Código Penal turco contienen disposiciones que podrían utilizarse para acusar a las personas involucradas en la falsificación de pasaportes y otros documentos oficiales en relación con la migración irregular. El artículo 201 del Código Penal añade que los que participan en 11 Immigration and Refugee Board of Canada, Turkey: Procedures that must be followed by, and documents that must be provided to, Turkish airport and land border authorities for a Turkish citizen and/or foreign national to be allowed to enter or leave Turkey; the security/law enforcement personnel present; action taken in cases where a person is wanted by the Turkish authorities (January 2003-April 2005) , 29 April 2005. TUR43471.E . Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42df61a511.html [accessed 18 November 2008] 12 Immigration and Refugee Board of Canada, Turkey: Security and administrative procedures in place to guard against the issuance of fraudulent Turkish passports or to guard against the issuance of Turkish passports by fraudulent means (January 2001-April 2005) , 28 April 2005. TUR43480.E . Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42df61b13e.html [accessed 18 November 2008] la adquisición de una identificación falsa o documentos de viaje para la llegada ilegal, estancia o salida de una persona, serán sancionados con prisión de dos a cinco años y una multa de cantidad no inferior a mil millones de liras (OSCE agosto del 2002). La autoridad competente para la expedición del pasaportes en Turquía es la Dirección General de Seguridad, o la Oficina de Seguridad del distrito, en distritos más pequeños. Además la Policía Nacional Turca recibe una formación especial, financiada por la UE y administrada por el ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados], en áreas tales como fraudes de visados, falsificación de pasaportes, y entradas ilegales. Según el Informe General sobre Turquía (enero de 2002), que fue preparado por la Delegación de los Países Bajos en el Consejo de la Unión Europea, toda persona que tiene nacionalidad turca tiene el derecho constitucional a poseer un pasaporte, que tiene que ser solicitado a la policía local de la provincia en la que dicha persona está empadronada. Es necesario autorización de la Policía para emitir el pasaporte. Los ciudadanos turcos pueden salir legalmente del país sólo si están en posesión de un pasaporte válido (15 abril 2002). Por otra parte el ciudadano debe solicitarlo en persona, no a través de representante, en la oficina de pasaportes de la sede de policía donde esté domiciliado, llevando a cabo la oficina regional de pasaportes controles para verificar la identidad del solicitante y si existen condenas penales y / o es buscado por las autoridades. El derecho de un ciudadano turco a obtener un pasaporte es sólo negado en el caso de una emergencia nacional, o cuando se lleva a cabo una investigación penal o enjuiciamiento. Los solicitantes de pasaportes en Turquía son objeto de investigaciones a fondo. Las entradas y salidas de las personas se registran en la red informática y se verifican con información penal. Un proyecto de Ley de Pasaportes está en proceso, previéndose penas más duras para los cruces ilegales de fronteras y un nuevo tipo de pasaporte turco más difícil de falsificar. " [......] Articles 350 and 351 of Law 765 of the Turkish Penal Code contain "provisions that could be used to indict people engaged in the falsification of passports and of other official documents in relation to irregular migration" (IOM Feb. 2003, 59). Article 201a of the Penal Code adds that those involved in "the procurement of false identification or travel documents, for the illegal arrival, stay or departure of an individual...shall be sentenced to two to five years' imprisonment and imposed a fine of not less than one billion liras [CAN$915 (XE.com 26 Apr. 2005)]" (OSCE Aug. 2002). "The competent authority [issuing] passports [in Turkey] is the General Directorate of Security, or the District Security Office in smaller districts" (Council of the European Union 12 Nov. 2001, 72). In addition, "[t]he Turkish National Police receive special training, funded by the EU [European Union] and administered by UNHCR [United Nations High Commissioner for Refugees], in areas such as visa fraud, passport forgery, and illegal entries" (Trafficking in Persons Report July 2001). According to the Official General Report on Turkey (January 2002), which was prepared by the Netherlands delegation to the Council of the European Union, everyone who has Turkish nationality has the constitutional right to possess a passport, which has to be applied for at the local police of the province in which the person is recorded in the population register. Police clearance is required for passport issue. Turkish subjects can legally leave the country only if in possession of a valid passport (15 Apr. 2002). This information is also stated in the country assessment report prepared by the Immigration and Nationality Directorate (IND) of the United Kingdom, which adds that a person must apply in person and not through an agent at the passport office of the police headquarters in the city or area where he or she lives, and that "the regional passport office makes checks to verify [the applicant's] identity" and whether he or she has any criminal convictions and/or is wanted by the authorities (Nov. 2002). According to the IND report, the right of a Turkish citizen to obtain a passport is only denied "in the case of a national emergency, or criminal investigation or prosecution" (UK Nov. 2002). [......] Passport applicants in Turkey are subject to thorough investigation. Entries and exits of persons are recorded in the computer network and checked with criminal information. A draft Passport Law is in process, which foresees heavier sentences for illegal border crossings and a new type of Turkish passports more difficult to forge (ibid. n.d.b). [......] ". Información relativa respecto al desplazamiento interno dentro de Turquía y alternativas a dicho desplazamiento: Según el informe sobre Turquía del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)13, los desplazados internos (IDPs) se enfrentan a perspectivas inciertas ya que un reciente recrudecimiento de la violencia en las provincias del sureste amenaza con socavar el impacto positivo de las principales reformas en materia de derechos humanos que se han adoptado desde que Turquía se convirtió en un candidato a la UE en 1999. Los enfrentamientos entre el ejército turco y los militantes kurdos han aumentado el temor a retornar hasta llegar a los altos niveles de violencia que provocaron el desplazamiento interno de alrededor de un millón de personas, la mayoría de ellos kurdos, durante los años 80 y 90 en el sureste turco. El gobierno, en junio del 2007, declaró "zonas de seguridad" en el sudeste y las fuerzas armadas turcas hablaron de la necesidad de una incursión en el norte de Iraq para hacer frente a los rebeldes kurdos en medio de crecientes tensiones en la frontera turco – iraquí. " [......] Turkey’s internally displaced people (IDPs) face uncertain prospects as a recent upsurge in violence in the south-eastern provinces threatens to undermine the positive impact of major human rights reforms which have been adopted since Turkey became a candidate for EU membership in 1999. Clashes between the Turkish army and Kurdish militants have raised fears of a return to the high levels of violence that led to the internal displacement of about one million people, most of them Kurds, at the height of the conflict in Turkey’s south-east in the 1980s and 1990s. The government declared “security zones” in pockets of the south-east in June 2007 and the Turkish armed forces have talked of the need for an incursion into northern Iraq to tackle Kurdish rebels amid mounting tensions on the Turkey-Iraq border.[......] ". Por su parte el informe del Home Office del Reino Unido de abril del 2007: "Operational Guidance Note: Turkey14 , que versa específicamente sobre el tratamiento que se aplica en el Reino Unido a los solicitantes de asilo procedentes de Turquía y sobre la posibilidad o no de la denominada Internal Flight Alternative (IFA) o alternativa de desplazamiento o reubicación interna, establece: 1. Respecto a la participación en partidos políticos o grupos terroristas islámicos o de extrema izquierda o kurdos: La mayoría de los solicitantes de asilo lo harán sobre la base de malos tratos que conllevan a una persecución a manos de las autoridades turcas debido a su participación, ya sea a un nivel alto o bajo, con partidos políticos o grupos terroristas islámicos o de extrema izquierda o kurdos. Tratamiento: Desde el 1984 las autoridades turcas han participado en un violento conflicto en contra del PKK. El PKK es principalmente un movimiento separatista que ha intentado crear un estado independiente kurdo en el sureste de Turquía. El PKK, junto con su aliados KADEK y Kongra Gele son organizaciones terroristas proscritas en el Reino Unido. El Teyrebaz Azadiye Kurdistán (TAK) es también una organización terrorista proscrita. Existen además varias organizaciones de izquierda y terroristas islámicas que operan en Turquía, que han sido responsables de ataques violentos contra el Estado. La situación en el sureste se ha deteriorado desde la reanudación de la violencia por el PKK. Durante los meses de noviembre de 2005 y junio de 2006, se informó de 774 ataques terroristas que provocaron la baja de 44 militares, 5 policías y 13 civiles. A raíz de los funerales de algunos 13 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Turkey: Progress on National IDP Policy Paves Way for Further Reforms, 26 July 2007. http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpCountries)/C1E13DEC3D6630EB802570A7004CB2F8?OpenDocument. acceso 21 Noviembre 2008. 14 Board & Immigration Agency. Home Office. Operational Guidance Note: Turkey. Issued 18 April 2007. Ver en: http://www.ecoi.net/file_upload/432_1178103061_turkeyogn.pdf . Acceso el 24 noviembre 08. terroristas del PKK a finales de marzo de 2006, se produjeron disturbios en Diyarbakir, extendiéndose luego a otras ciudades. Los manifestantes atacaron a la policía, la población civil y los comercios. Diez civiles murieron durante los enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad, entre ellos tres niños. Muchos civiles sufrieron heridas de bala. Hubo numerosos informes de uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. El Colegio de Abogados de Diyarbakir presentó más de 70 denuncias de malos tratos a las autoridades. A raíz de ello, se iniciaron investigaciones en 39 de estas reclamaciones. La Asociación de Derechos Humanos (HRA) estima que hay varios miles de presos políticos, incluidos izquierdistas, derechistas, e islamistas. El gobierno alegó que los presuntos presos políticos fueron, de hecho, acusados de ser miembros o prestar asistencia a las organizaciones terroristas. Según el Gobierno, 2.071 reclusos se encontraban detenidos en la cárcel por delitos de terrorismo en octubre de 2006. Se permitió el acceso a las organizaciones humanitarias internacionales para que visitaran los presos políticos, a condición de que obtuvieran un permiso del Ministerio de Justicia. Si bien en general se concede tal permiso al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los tratos inhumanos o degradantes (CPT), a otras organizaciones rara vez se les concede. El gobierno ha introducido una serie de reformas para proteger a los detenidos de la tortura y los malos tratos. Se tomaron dos importantes medidas tendentes a permitir la monitorización de las comisarías de policía. En primer lugar, se firmó el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y, en segundo lugar, la red nacional de juntas de derechos humanos comenzaron a realizar visitas a las comisarías de policía, como medida provisional hasta que un sistema de vigilancia permanente pudiera establecerse en base a los compromisos adquiridos en virtud del Protocolo. La Comisión Europea informó de que, en general, el marco jurídico turco incluyó una amplia serie de salvaguardias contra la tortura y los malos tratos y que los casos de tortura y malos tratos han disminuido. Sin embargo, sigue habiendo motivos de preocupación respecto a los casos fuera de los centros de detención, las violaciones de los derechos humanos en el Sureste y el problema de la impunidad. El Partido pro-kurdo “Partido Democrático del Pueblo” (HADEP), fue establecido en 1994 como sucesor del sucesivamente prohibido HEP, DEP y ÖZDEP. HADEP luchaba a favor de mayores derechos culturales para los kurdos y por una solución pacífica a la cuestión kurda. Nunca recurrió a la violencia ni la apoyó. Sin embargo, las autoridades turcas consideran al HADEP como ala política del PKK. En marzo de 2003 el HADEP fue prohibido por el Tribunal Constitucional. En respuesta a tal medida, se creo su sucesor, el Partido Popular (DEHAP). Sin embargo, el Tribunal Constitucional promovió procedimientos judiciales contra DEHAP, bajo acusación de separatismo, manteniéndose dichos procedimientos a finales de 2006. El 17 de agosto de 2005, DEHAP se unió al Movimiento para la Sociedad Democrática o DTH (ahora conocido como el Partido Sociedad Democrática (DTP). Durante el año 2006 la policía allanó decenas de oficinas del DTP (anteriormente DEHAP), en particular en el sureste, y se detuvo a cientos de dirigentes y miembros del DTP. La Jandarma y la policía hostigaron a menudo a miembros del DTP utilizando amenazas verbales, detenciones arbitrarias en manifestaciones, y detenciones en controles de carreteras. Las fuerzas de seguridad hostigaron frecuentemente a aldeanos que se cree simpatizan con el DTP. Aunque las fuerzas de seguridad pusieron en libertad a los detenidos al cabo de un corto período de tiempo, muchos se enfrentaron a juicios, por lo general, por apoyar a una organización ilegal o incitar al separatismo. Suficiencia de protección: Debido a que el temor de esta categoría de solicitantes de asilo es por sufrir malos tratos / persecución por parte de las autoridades estatales, no pueden acudir a dichas autoridades para su protección. Reubicación interna: Dado que los solicitantes no suele ser capaces de trasladarse a otra zona de Turquía para escapar de la amenaza de persecución, donde la fuente alegada de persecución está apoyada por el Estado, el riesgo para un individuo específico en la mayoría de los casos será más alto en su área natal por una variedad de razones, particularmente si se encuentra en las zonas de conflicto del sur y el este de Turquía. El carácter diferencial del riesgo fuera de dicha zona puede ser suficiente como para pensar que el individuo no se encontraría en peligro real de persecución por el Estado o sus agentes en otras partes de Turquía, incluso si dichos agentes conocieran la verdad de la información existente en su zona de origen a través de por ejemplo el Mukhtar de la nueva zona de empadronamiento. Se señala así mismo, como poco probable, que ante el actual clima de tolerancia cero hacia la tortura, un funcionario se arriesgue a grabar o transferir información que podría potencialmente llevarle a su propio enjuiciamiento por un delito de tortura. La reubicación interna, por lo tanto, puede ser viable, a pesar de la necesidad de empadronarse en una nueva zona. La cuestión a dilucidar es si el pasado de dicha persona da lugar, de forma razonable, a la persecución fuera de su lugar de origen. En el caso de los solicitantes que alegan ser simpatizantes de base o presuntos activistas de uno de dichos grupos separatistas/terroristas hay ciertas categorías para las cuales la reubicación interna sería una opción viable. Incluso si el demandante alega haber sufrido arrestos, interrogatorios y, posiblemente, malos tratos por parte de las autoridades en su propia localidad, a causa de su presuntas actividades separatistas / terroristas, si nunca ha sido procesado por las autoridades, la reubicación interna todavía puede ser una alternativa viable. Es poco probable que haya algún riesgo real de atraer la atención de las autoridades, incluso si está empadronado con el Mukhtar en la nueva ubicación. Sin embargo, si el solicitante es una activista de alto perfil, o se sospecha que es un activista de los grupos separatistas / terroristas, y por ejemplo, ha estado o está siendo enjuiciado por actividades separatistas / terroristas, o tiene pendiente una orden de detención, en este caso la reubicación interna no sería factible por la necesidad de empadronarse con el Mukhtar en la nueva ubicación, lo que atraería inevitablemente la atención de las autoridades a la nueva ubicación. Conclusión: El Tribunal de Apelaciones sobre Inmigración en dos casos del 2003 y 2004 llegó a la conclusión de que las personas sospechosas por las autoridades de pertenecer o dar refugio o apoyo a organizaciones ilegales, pueden estar en riesgo de persecución si son devueltas a Turquía. Sin embargo, dada la considerable reducción en los informes de tortura y la amplia gama de cambios legislativos para mejorar los derechos humanos que han tenido lugar en los últimos años, las conclusiones sobre tortura y los criterios para evaluar malos tratos tal como se establece en estos casos no son aplicables automáticamente a la situación de los afiliados a grupos kurdos, de izquierda, grupos de terroristas islámicos o partidos políticos. Aquellos que se presentan únicamente como afiliados a uno de estos grupos, sin haber atraído nunca la atención de las autoridades o que son simples seguidores con un perfil bajo, es probable que sean objeto de interrogatorios y / o procesos de rutina, pero no objeto de persecución o trato que conlleve la infracción del artículo 315. La concesión de asilo o protección humanitaria en estos casos, por tanto, es poco probable que proceda. Sin embargo, aunque se han producido mejoras significativas en la situación de los derechos humanos, los abusos y los malos tratos siguen produciéndose. Aquellos que son considerados como líderes o que están considerablemente involucrados con grupos kurdos, de izquierda o terroristas islámicos o con partidos políticos, es probable que se enfrenten a una persecución por actividades contra el Estado y que puedan sufrir malos tratos por parte de las fuerzas de 15 Entiéndase Art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR). seguridad que lleguen a constituir persecución o violación del artículo 3 del ECHR. En estos casos la concesión de asilo o protección humanitaria puede ser aplicable. Deberá tenerse igualmente en cuenta si miembros de estos grupos terroristas han sido responsables de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos. Si se constata que el solicitante fue un miembro activo operacional o combatiente de un grupo kurdo, de izquierda o de una organización terrorista islámica y las evidencias sugieren que dicha persona ha participado en tales acciones, entonces deberá considerarse la aplicación de una cláusula de exclusión. 2. Casos en los que el solicitante dice ser de origen étnico kurdo: Algunas personas solicitaran asilo sobre la base de haber sufrido malos tratos que constituyen persecución a manos de las autoridades turcas debido a su origen étnico kurdo. Tratamiento: Según estimaciones, hay entre doce y quince millones de kurdos viviendo en Turquía. No existen estadísticas oficiales ya que los censos nacionales no tienen en cuenta el origen étnico de la población. Los kurdos viven principalmente en el Sureste, aunque muchos de ellos han abandonado la región como parte del éxodo a las ciudades, así como por el conflicto armado que se prolongó durante varios años entre las autoridades y el PKK. Millones de ciudadanos del país se identifican como kurdos y hablan kurdo y muchos miembros del parlamento y altos funcionarios del gobierno han sido kurdos. Sin embargo, Los kurdos que públicamente o políticamente afirman su identidad kurda o que utilizan el kurdo en el dominio público corren el riesgo de censura, hostigamiento, o persecución. Los cambios constitucionales y legislativos realizados en los últimos años en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales han contribuido a dar a los kurdos una mayor libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación. Sin embargo, en la práctica, esas libertades son aún gravemente restringidas. Suficiencia de protección: Dado que esta categoría de solicitantes sufren temor de malos tratos / persecución por parte de las autoridades estatales, no pueden solicitar la protección de dichas autoridades. Reubicación interna: Dado que los solicitantes no suele ser capaces de trasladarse a otra zona de Turquía para escapar de la amenaza de persecución, donde la fuente alegada de persecución está apoyada por el Estado, el riesgo para un individuo específico en la mayoría de los casos será más alto en su área natal por una variedad de razones, particularmente si se encuentra en las zonas de conflicto del sur y el este de Turquía. El carácter diferencial del riesgo fuera de dicha zona puede ser suficiente como para pensar que el individuo no se encontraría en peligro real de persecución por el Estado o sus agentes en otras partes de Turquía, incluso si dichos agentes conocieran la verdad de la información existente en su zona de origen a través de por ejemplo el Mukhtar de la nueva zona de empadronamiento. Se señala así mismo, como poco probable, que ante el actual clima de tolerancia cero hacia la tortura, un funcionario se arriesgue a grabar o transferir información que podría potencialmente llevarle a su propio enjuiciamiento por un delito de tortura. Un solicitante de etnia kurda es poco probable que sufra malos tratos por parte de las autoridades que constituyan persecución, únicamente por alegar entre los motivos su origen étnico. En los casos en que el origen étnico kurdo es citado como la única base de la reclamación, la reubicación interna en otra zona para escapar de dicha amenaza es viable. Es poco probable que exista un riesgo real de atraer la atención de las autoridades hasta el punto de que ello constituya persecución tal y como se concibe en la Convención de 1951 o en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso si la persona está empadronada con el Mukhtar de la nueva ubicación. Sin embargo, en los casos en los que el origen étnico kurdo se cite junto con otros factores agravantes, como la deserción del ejército o actividades separatistas / terroristas, deberá considerarse la viabilidad de la reubicación interna en consonancia con la guia proporcionada en estas mismas secciones. " [......] 3.6. Involvement with Kurdish, left wing or Islamic terrorist groups or political parties. 3.6.1 Most claimants will apply for asylum or make a human rights claim based on ill treatment amounting to persecution at the hands of the Turkish authorities due to their involvement at either a high or low level with illegal Kurdish, left wing or Islamic terrorist groups or Kurdish, left wing or Islamic political parties. 3.6.2 Treatment: Since 1984 the Turkish authorities have been engaged in a violent conflict against the Kurdistan Workers Party (PKK). The PKK is primarily a separatist movement that has sought an independent Kurdish state in southeast Turkey.18 The PKK, along with its aliases KADEK and Kongra Gele is a proscribed terrorist organisation in the UK. Teyrebaz Azadiye Kurdistan, TAK or Kurdistan Freedom Falcons, is also a proscribed terrorist organisation. In addition there are also a number of left wing and Islamic terrorist organisations operating in Turkey that have been responsible for violent attacks against the state. 3.6.3 The situation in the South_East has deteriorated since the resumption of violence by the PKK. During November 2005 and June 2006, there were 774 terrorist attacks reported, which led to 44 military, 5 police and 13 civilian casualties. In the aftermath of funerals of some PKK terrorists at the end of March 2006, riots took place in Diyarbakir and spread to other cities. Demonstrators attacked the police, civilian residents and shops. Ten civilians were killed during clashes with the police and security forces, including three children. Many civilians suffered bullet wounds. There were widespread reports of excessive and arbitrary use of force by the security forces. The Diyarbakir Bar Association submitted more than 70 complaints of ill-treatment to the authorities. Subsequently, investigations were launched into 39 of these claims. 3.6.4 The Human Rights Association (HRA) estimated that there were several thousand political prisoners, including leftists, rightists, and Islamists. The government claimed that alleged political prisoners were in fact charged with being members of, or assisting, terrorist organisations. According to the government, 2,071 convicts were being held in prison on terrorism charges through October 2006. International humanitarian organizations were allowed access to ‘political’ prisoners, provided they could obtain permission from the Ministry of Justice. While the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT )was generally granted such permission, other organisations were rarely granted such permission. 3.6.5 The government has introduced a number of reforms to protect detainees from torture and ill-treatment. It took two significant steps to open up police stations to independent monitoring. Firstly, it signed the Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and, secondly, the countrywide network of human rights boards began to make visits to police stations, as an interim measure until a permanent monitoring system could be established based on commitments under the Protocol. The EC reported that, overall, the Turkish legal framework included a comprehensive set of safeguards against torture and ill-treatment and that cases of torture and ill-treatment had declined. However, concerns remained regarding cases outside detention centres, human rights violations in the Southeast and the problem of impunity.[......] 3.6.7 The pro-Kurdish People’s Democracy Party (HADEP), was established in 1994 as a successor to the successively banned HEP, DEP and ÖZDEP. HADEP campaigned for greater cultural rights for Kurds and a peaceful solution to the Kurdish issue. It never resorted to nor supported violence. However, the Turkish authorities regarded HADEP as the PKK’s political wing. In March 2003 HADEP was banned by the Constitutional Court. In response its successor the Democratic People Party (DEHAP) was formed. However, legal proceedings against DEHAP on charges of separatism were instigated by the Constitutional Court and remained ongoing at the end of 2006. On 17 August 2005, DEHAP joined the Democratic Society Movement, or DTH (now known as the Democratic Society Party (DTP). 3.6.8 During 2006 police raided dozens of DTP (formerly DEHAP) offices, particularly in the southeast, and detained hundreds of DTP officials and members. Jandarma and police regularly harassed DTP members through verbal threats, arbitrary detentions at rallies, and detention at checkpoints. Security forces also regularly harassed villagers they believed were sympathetic to DTP. Although security forces released most detainees within a short period, many faced trials, usually for supporting an illegal organisation or inciting separatism. 3.6.9 Sufficiency of protection. As this category of claimants’ fear is of ill treatment/persecution by the state authorities, they cannot apply to these authorities for protection. 3.6.10 Internal relocation Though claimants would not ordinarily be able to relocate to a different area of Turkey to escape the threat of persecution where the alleged source of that persecution is state-sponsored, the IAT found in IK [2004] UKIAT 00312 that the risk to a specific individual in most circumstances will be at its highest in his home area for a variety of reasons, and particularly if it is located in the areas of conflict in the south and east of Turkey. The differential nature of the risk outside that area may be sufficient to mean that the individual would not be at real risk of persecution by the state or its agencies elsewhere in Turkey, even if they were made aware of the thrust of the information maintained in his home area by telephone or fax enquiry from the airport police station or elsewhere, or by a transfer of at least some of the information to a new home area on registration with the local Mukhtar there. In IK the IAT also found that ‘it is implausible in the current climate of zero tolerance for torture that an official would wish to record or transfer information that could potentially lead to his [own] prosecution for a criminal offence [of torture]’ (para 117). Internal relocation may well therefore be viable, notwithstanding the need for registration in the new area. The issue is whether any individual's material history would be reasonably likely to lead to persecution outside his home area. 3.6.11 In the case of claimants who claim to be low-level sympathisers or suspected activists of one of these separatist/terrorist groups there are certain categories for whom internal relocation would be a viable option. For example, even if the claimant claims to have experienced arrests, questionings and possibly ill-treatment by the authorities in his own locality, because of his suspected separatist/terrorist activities, if he has never been prosecuted by the authorities internal relocation may still be a viable alternative in accordance with IK. It is unlikely that there would be any real risk that such a claimant would attract adverse attention from the authorities resulting in persecution within the meaning of the 1951 Convention or under the ECHR, even if he registered with the Mukhtar in the new location. 3.6.12 However, if the claimant is a higher-profile activist, or suspected activist of one of these separatist/terrorist groups and for example has or is being prosecuted for separatist/terrorist activities, or has an outstanding arrest warrant then internal relocation may not be feasible since the need to register with the Mukhtar in the new location would inevitably give rise to further adverse attention from the authorities in the new location [......] 3.6.14 Conclusion The Immigration Appeal Tribunal in A (Turkey) (2003) and IK (Turkey) (2004) concluded that persons suspected by the authorities of membership of, or giving support or shelter to, illegal organisations may be at risk of persecution if returned to Turkey. However, in light of the significant reduction in reports of torture and the wide-ranging legislative changes to improve human rights that have taken place in the last few years, the findings on torture and the criteria for assessing state mistreatment as set out in these cases are not automatically applicable to the situation for those affiliated to Kurdish, left wing, or Islamic terrorist group or political parties. Those simply presenting themselves as affiliates of one these groups having never previously come to the adverse attention of the authorities or who are otherwise low-profile supporters are likely to be liable for questioning and/or routine prosecution but not persecution or treatment in breach of Article 3. The grant of asylum or Humanitarian Protection in such cases is therefore unlikely to be appropriate. 3.6.15 The Turkish government has made significant legislative changes to improve the human rights situation in recent years and is committed to a policy of zero tolerance of torture. Nevertheless, although there have been significant improvements in the human rights situation, abuses and mistreatment still occur. Those who are accepted as being in leading roles or otherwise significantly involved with Kurdish, left wing or Islamic terrorist groups or political parties are likely to face prosecution for activities against the state and may also experience mistreatment by the security forces amounting to persecution or a breach of Article 3 of the ECHR. If it is accepted that the claimant is, or is suspected of being a high profile member/activist of a separatist group and has or is being prosecuted by the authorities for separatist activity then there may be a real risk of persecution or ill-treatment contrary to Article 3 and a grant of asylum or Humanitarian Protection in such cases may be appropriate. 3.6.16 Caseowners should note that members of these terrorist groups have been responsible for numerous serious human rights abuses. If it is accepted that a claimant was an active operational member or combatant for any Kurdish, Left-wing or Islamic terrorist organisation and the evidence suggests he/she has been involved in such actions, then caseowners should consider whether one of the Exclusion clauses is applicable. Caseowners should refer such cases to a Senior Caseworker in the first instance.[......] 3.8 Kurdish ethnicity 3.8.1 Some claimants will apply for asylum or make a human rights claim based on ill treatment amounting to persecution at the hands of the Turkish authorities due to their Kurdish ethnicity. 3.8.2 Treatment: According to estimates, there are between twelve and fifteen million Kurds living in Turkey. However, there are no official statistics as national censuses do not take account of people’s ethnic origins. The Kurds live mainly in the South-East, although many of them have left the region as part of the drift to the towns and also because of the armed conflict between the authorities and the PKK. 3.8.3 Millions of the country’s citizens identified themselves as Kurds and spoke Kurdish and many members of parliament and senior government officials were Kurds. However, Kurds who publicly or politically asserted their Kurdish identity or publicly espoused using Kurdish in the public domain risked censure, harassment, or prosecution. 3.8.4 The constitutional and legislative changes made in recent years in the field of human rights and fundamental freedoms have helped to give the Kurds greater freedom of expression, freedom of assembly and freedom of association. However, in practice, such freedoms are still severely curtailed. [......] 3.8.6 Sufficiency of protection: As this category of claimants’ fear is of ill treatment/persecution by the state authorities, they cannot apply to these authorities for protection. 3.8.7 Internal relocation Though claimants would not ordinarily be able to relocate to a different area of Turkey to escape the threat of persecution where the alleged source of that persecution is state-sponsored, the IAT found in IK [2004] UKIAT 00312 that the risk to a specific individual in most circumstances will be at its highest in his home area for a variety of reasons, and particularly if it is located in the areas of conflict in the south and east of Turkey. The differential nature of the risk outside that area may be sufficient to mean that the individual would not be at real risk of persecution by the state or its agencies elsewhere in Turkey, even if they were made aware of the thrust of the information maintained in his home area by telephone or fax enquiry from the airport police station or elsewhere, or by a transfer of at least some of the information to a new home area on registration with the local Mukhtar there. In IK the IAT also found that ‘it is implausible in the current climate of zero tolerance for torture that an official would wish to record or transfer information that could potentially lead to his [own] prosecution for a criminal offence [of torture]’ (para 117). Internal relocation may well therefore be viable, notwithstanding the need for registration in the new area. The issue is whether any individual's material history would be reasonably likely to lead to persecution outside his home area. 3.8.8 A claimant of Kurdish ethnicity is unlikely to encounter ill-treatment by the authorities amounting to persecution solely on the grounds of their ethnicity. In cases where Kurdish ethnicity is cited as the sole basis of claim, internal relocation to another area to escape this threat is viable. It is unlikely that there would be any real risk that such a claimant would attract adverse attention from the authorities resulting in persecution within the meaning of the 1951 Convention or under the ECHR, even if he registered with the Mukhtar in the new location. Where Kurdish ethnicity is cited in conjunction with other aggravating factors, such as draft evasion or separatist/terrorist activity then caseowners should consider the viability of internal relocation in line with the guidance provided in the appropriate sections of this OGN.[......] ". Finalmente, el Inmigration Refugee Board de Canada (RBC), en su respuesta a la petición de información sobre la situación de los Kurdos en ciudades del oeste de Turquía, tales como Ankara, Estambul, Izmir, Konya y Mersin; reasentamiento en dichas ciudades (2006- 2008)16 indica lo siguiente: Situación general de los Kurdos en el Oeste de Turquía: Considerada como la mayor minoría étnica y lingüística de toda Turquía, los kurdos constituyen entre el 10 y el 23 por ciento de la población del país, según Minority Rights Group International (MRG). Por su parte la Agencia France-Presse (AFP) menciona una cifra de 12 millones de kurdos (12 marzo 2006). Los Kurdos se concentran principalmente en el este y el sureste de Turquía, donde conforman la mayoría de la población (MRG de 2007, 11). Desde los años 80, millones de kurdos han abandonado voluntaria o forzosamente el sudeste de Turquía y se han reasentado en las principales ciudades de Anatolia occidental. Mientras que en la década de los 50, por ejemplo, la migración tiende a tener una motivación económica, a partir de la década de los 80, la migración fue influenciada por el conflicto entre el ejército turco y PKK, lo que se tradujo en más de un millón de kurdos presuntamente expulsados de sus hogares en el este y el sureste de Turquía. 16 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada, Ottawa. Responses to Information Requests: 29 May 2008: Turkey: Situation of Kurds in western cities such as Ankara, Istanbul, Izmir, Konya and Mersin; resettlement to these cities (2006 - 2008) Ver: http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/rir/index_e.htm?action=record.viewrec&gotorec=451931 Acceso el 25 de noviembre 2008 Según el informe del Departamento de Estado de EEUU del 2007 (EEUU)17, la legislación turca no distingue entre grupo nacional, racial o étnico y trata a todos los ciudadanos como turcos. A consecuencia de ello, los miembros de la minoría kurda se enfrentan a amenazas de censura, hostigamiento, persecución, si afirman su identidad kurda o participan en actividades públicas que promuevan abiertamente derechos políticos, culturales o lingüísticos kurdos. Además el gobierno turco controla los medios de comunicación en lengua kurda. Otra fuente (Middle East Policy) apunta que las tensiones militares que anteriormente caracterizaban las relaciones kurdo-turcas han sido sustituidas por los enfrentamientos étnicos con una cada vez más creciente naturaleza socio-política (1 abril 2006). No es el Estado turco el que se enfrenta a los kurdos, sino que son los turcos y los kurdos los que se enfrentan entre sí" (1 abril 2006). Según esta misma fuente, existe una categoría sociológica de kurdos asimilados, a las que se refiere como " kurdos ocasionales", que no tienen grandes problemas con el estado y cuyo principal objetivo es definir y mejorar su condición en la sociedad. Activos en los negocios y en la burocracia, por lo general viven en las grandes ciudades en el oeste de Turquía y mantienen vínculos con sus pueblos kurdos en el este del país. (1 abril 2006). En su libro “The Uncontainable Kurds”, Christopher Bellaigue sostiene que existe una amplia asimilación voluntaria de muchos kurdos en el oeste de Turquía, que hablan turco y ocultan su origen étnico (The New York Review of Books 1 marzo 2007). Al mismo tiempo, sigue habiendo un número importante de kurdos que viven en barrios kurdos de las ciudades occidentales y que mantienen una clara identidad kurda (ibíd). No se pudo encontrar información más reciente sobre el reasentamiento de los kurdos en el oeste de Turquía, entre las fuentes consultadas por la Dirección de Investigación de la RBC. Violencia: Durante el 2007, el Minority Rights Group International (MRG) observó un aumento de la violencia dirigida a las minorías étnicas, que en ciertas ocasiones no son protegidos por la policía (MRG de 2007). En algunos casos, las autoridades han preferido eliminar a las víctimas de la violencia por motivos étnicos en lugar de detener a los autores (ibíd.). Por ejemplo, en su informe anual del 2007, la Federación Internacional de Helsinki para los Derechos Humanos (IHF) señala que en mayo de 2006, "las fuerzas de seguridad parece que no evitaron actos de violencia por parte de la muchedumbre en contra de desplazados internos kurdos en Izmir". Según el MRG, tras el asesinato de su líder, a quien MRG no nombra, un grupo de "ultra-nacionalistas" atacaron a 55 kurdos en el barrio Kemalpasa de Izmir (MRG de 2007). Los kurdos fueron obligados a trasladarse a la provincia de Aydin después de que las autoridades municipales les informaran de que los agentes de policía no estaban en condiciones de evitar nuevos actos de violencia contra ellos (ibid.). En abril del 2006 enfrentamientos entre el PKK y soldados turcos dieron lugar a actos de violencia por todo el país entre manifestantes kurdos y funcionarios de seguridad turcas, provocando presuntamente 15 muertes (The New York Times, 6 de abril de 2006). Si bien la mayoría de las víctimas eran del sureste kurdo, tres personas murieron en Estambul después de que un bus fuera incendiado por los manifestantes (ibíd.). En agosto del 2006, en Kenya, ciudad de Anatolia central (Lonely Planet 2005, 454), la policía echó del distrito a cinco trabajadores de la construcción kurdos, a raíz de un altercado con no-kurdos (MRG de 2007, 30). Eurasianet informó el 14 de septiembre de 2006 de que cuatro trabajadores inmigrantes, a los que se escuchó hablando kurdo en un lugar no especificado del oeste de Turquía, por poco no escapan de un linchamiento a manos de pobladores locales, quienes creían que eran miembros del PKK. 17 Es el ya citado en este mismo informe: United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Turkey, 11 March 2008. Online. UNHCR Refworld, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d92c4fc.html Detenciones: Varios medios de comunicación han informado de que manifestantes prokurdos fueron detenidos a raíz de unas protestas coincidiendo con celebraciones del Año Nuevo kurdo (Newroz o Nowroz) en ciudades del oeste de Turquía (DIH 21 de marzo de 2007; AFP 12 de febrero de 2006; AFP 23 de marzo 2008 ).El Newroz es también una ocasión para que algunos afirmen su identidad kurda, lo que a veces se traduce en violencia, como pueden atestiguar los 50 kurdos muertos durante dicho festival entre los años 1992 y 2008 (AFP 22 de marzo de 2008). En marzo del 2007, protestas pro-kurdas en Turquía, coincidiendo con el Newroz, condujeron presuntamente a la detención de 80 manifestantes en Estambul, 50 en la ciudad mediterránea de Mersin y 6 en Izmir (AP 21 de marzo de 2007). En febrero de 2006, según la Associated Press (AP), unos 250 manifestantes en Estambul lanzaron piedras y cócteles Molotov a las fuerzas de seguridad para exigir la liberación del líder separatista kurdo Abdullah Öcalan (ibíd.). Los manifestantes fueron disipados por la policía antidisturbios que utilizó gases lacrimógenos y detuvo a cinco manifestantes (ibíd.). Similares protestas, aunque menos violentas, se produjeron al mismo tiempo en la ciudad occidental de Esmirna y en la ciudad meridional de Antalya (ibíd.). En febrero del 2007, 13 miembros del Hak-Par, un partido político pro-kurdo, fueron condenados a penas de cárcel de seis a doce meses por hablar kurdo y distribuir material en idioma kurdo durante el congreso del partido en el 2004 (EE.UU. 11 de marzo de 2008, Sec. 2.a). Nueve de las penas fueron conmutadas posteriormente por multas (ibíd.). El Tribunal Constitucional dictaminó que Hak-Par debería destituir a los 13 miembros, a fin de cumplir con la Ley de Partidos Políticos (ibíd.). En mayo de 2007, la Fiscalía de Izmir acusó al artista pro-kurdo Ferhat Tunc de violar la "Ley de Prevención del Terrorismo" después de que hiciera referencia al PKK durante un concierto, en julio 2006, en Alanya (IFEX 25 de mayo 2007 ). Tunc podría haberse enfrentado hasta 15 años de prisión si hubiera sido hallado culpable (ibid.), aunque más tarde fue exonerado por el tribunal de Izmir (Turquía Daily News 5 de octubre de 2007). En marzo del 2008, manifestantes pro-kurdos en Izmir atacaron presuntamente a la policía con trozos de hormigón y rompieron ventanas de edificios y automóviles (Al Jazeera 23 de marzo de 2008). Una redada llevada a cabo por la policía de Esmirna dio lugar a la incautación de bombas de gasolina y a la detención de entre 18 (AFP 22 de marzo 2008) y 20 manifestantes pro-kurdos (Al Jazeera 23 de marzo de 2008). Un miembro kurdo del partido kurdo de Izmir “Partido Sociedad Democrática” (Demokratik Toplum Partisi, DTP) fue detenido después de llamar a una "rebelión Newroz" (AFP 23 de marzo de 2008). La policía también detuvo a 10 manifestantes en Mersin (ibíd. 22 de marzo de 2008). " [......] General situation of Kurds in western Turkey As Turkey's largest ethnic and linguistic minority, Kurds constitute between 10 and 23 percent of the country's population (MRG 2007, 11), according to Minority Rights Group International (MRG), while Agence France-Presse (AFP) mentions a figure of 12 million (12 Mar. 2006). Kurds are primarily concentrated in eastern and southeastern Turkey, where they form an absolute majority of the population (MRG 2007, 11). Since the 1980s, millions of Kurds have either voluntarily or forcibly left south-eastern Turkey and resettled in the major cities of western Anatolia (Middle East Policy 1 Apr. 2006; The New York Review of Books 1 Mar. 2007; MRG 2007, 11). Previously, in the 1950s, such migration tended to be economically motivated, while beginning in the 1980s, the migration was influenced by conflict between the Turkish Army and Kurdistan Workers' Party (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), which resulted in over a million Kurds reportedly being evicted from their homes in eastern and southeastern Turkey (ibid.). According to Country Reports on Human Rights Practices for 2007, Turkish law does not distinguish between "national, racial or ethnic" groups and treats all citizens as Turks (US 11 Mar. 2008, Sec. 5). As a consequence, members of Turkey's Kurdish minority face a threat of "censure, harassment, or prosecution" if they assert their Kurdish identity or engage in public activities that openly promote Kurdish political, cultural or linguistic rights (ibid.). Country Reports 2007 also notes that the Turkish government monitors Kurdish-language media (ibid.). Middle East Policy notes that the military tensions that previously characterized Kurdish-Turkish relations have been replaced by ethnic confrontations of an increasingly socio-political nature (1 Apr. 2006). Middle East Policy states, "[i]t is not the Turkish state that is confronting the Kurds any longer but Turks and Kurds confronting each other" (1 Apr. 2006). According to Middle East Policy, there exists a sociological category of largely assimilated Kurds, referred to as "'occasional Kurds'," whohave no major problems with the state; their main goal is to define and refine their status in the national society. Active in business and the bureaucracy, these Kurds usually live in major cities in western Turkey and maintain ties with their Kurdish villages in the east. (1 Apr. 2006) In his book The Uncontainable Kurds, Christopher de Bellaigue argues that there exists widespread voluntary assimilation of many Kurds in western Turkey who speak Turkish and hide their ethnicity (The New York Review of Books 1 Mar. 2007). At the same time, there remains a sizeable number of Kurds who live in Kurdish neighbourhoods of western cities and who maintain a distinctly Kurdish identity (ibid.). Further recent information on the resettlement of Kurds in Western Turkey could not be found among the sources consulted by the Research Directorate. Violence In 2007, Minority Rights Group International (MRG) noted a rise in violence directed at ethnic minorities, who are sometimes not protected by the police (MRG 2007, 30). In some cases, authorities have preferred to remove victims of ethnically motivated violence rather than arrest the perpetrators (ibid.). For example, in its 2007 annual report, the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) noted that in May 2006, "security forces reportedly failed to prevent mob violence against Kurdish IDPs [internally-displaced persons] in Izmir." According to MRG, following the killing of their leader, whom MRG did not name, a group of "ultra-nationalists" assaulted 55 Kurds in Izmir's Kemalpasa neighbourhood (MRG 2007, 30). The Kurds were reportedly forced to move to Aydin province after municipal authorities informed them that police officers were not in a position to prevent further violence against them (ibid.). Confrontation between the PKK and Turkish troops resulted in country-wide violence between Kurdish protesters and Turkish security officials in April 2006, reportedly leading to 15 deaths (The New York Times 6 Apr. 2006). While most victims were in the Kurdish southeast, three people died in Istanbul after a bus was firebombed by protesters (ibid.). In August 2006, in the central Anatolian city of Konya (Lonely Planet 2005, 454), police removed five Kurdish construction workers from the district following an altercation with non-Kurds (MRG 2007, 30). Eurasianet reported on 14 September 2006 that four migrant workers who were heard speaking Kurdish in an unspecified location of Western Turkey "narrowly escaped a lynching" at the hands of locals, who believed them to be members of the PKK. Arrests Several media sources have reported that pro-Kurdish demonstrators have been arrested following protests coinciding with Kurdish New Year (Newroz [or Nowroz]) celebrations in western Turkish cities (IHL 21 Mar. 2007; AFP 12 Feb. 2006; AFP 23 Mar. 2008). Newroz is also an occasion for some to assert their Kurdish identity, sometimes resulting in violence, as the 50 Kurdish fatalities during the festival between 1992 and 2008 can attest (AFP 22 Mar. 2008). In March 2007, pro-Kurdish protests across Turkey coinciding with Newroz reportedly led to the arrest by police of 80 demonstrators in Istanbul, 50 in the Mediterranean city of Mersin and 6 in Izmir (AP 21 Mar. 2007). In February 2006, according to the Associated Press (AP), approximately 250 protesters in Istanbul threw stones and Molotov cocktails at security forces to call for the release of Kurdish separatist leader Abdullah Öcalan (ibid.). The protests were quelled by riot police who used teargas and detained five demonstrators (ibid.). Similar though less violent protests occurred at the same time in the western city of Izmir and the southern city of Antalya (ibid.). In February 2007, 13 members of Hak-Par, a pro-Kurdish political party, were sentenced to jail terms ranging from six to twelve months for speaking Kurdish and distributing Kurdish-language material at the party's 2004 convention (US 11 Mar. 2008, Sec. 2.a). Nine of the prison terms were later commuted to fines (ibid.). The Constitutional Court ruled that Hak-Par should dismiss these 13 members in order to comply with the Political Parties Law (ibid.). In May 2007, the Izmir Public Prosecutor's Office filed a case against Ferhat Tunç, a pro-Kurdish artist, for violating the 'Prevention of Terrorism Law' after he made reference to the PKK during a July 2006 concert in Alanya (IFEX 25 May 2007). Tunç could have faced up to 15 years in prison if found guilty (ibid.), although he was later exonerated by the Izmir court (Turkish Daily News 5 Oct. 2007). In a March 2008, pro-Kurdish protesters in Izmir reportedly "attacked the police with chunks of concrete and broke the windows of buildings and cars" (Al Jazeera 23 Mar. 2008). A security sweep conducted by Izmir police led to seizure of petrol bombs and the arrest of 18 (AFP 22 Mar. 2008) to 20 pro-Kurdish demonstrators (Al Jazeera 23 Mar. 2008). One Izmir member of the Kurdish Democratic Society Party (Demokratik Toplum Partisi, DTP) was reportedly arrested after calling for a "Newroz rebellion" (AFP 23 Mar. 2008). Police also arrested 10 protesters in Mersin (ibid. 22 Mar. 2008).[......] ". Mapa de Turquía18 18 Mapa obtenido en Perry-Castañeda Library Map Collection: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/turkey_pol_2006.jpg Acceso el 20 noviembre 2008. Mapa que cubre la zona kurda19 Provincia de Bingol 19 Mapa obtenido en Perry-Castañeda Library Map Collection http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/turkey_pol_2006.jpg Acceso el 20 noviembre 2008 Mapa administrativo de Turquía20 Provincia de Bingol 20 Mapa obtenido en Perry-Castañeda Library Map C. : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/turkey_admin_2006.jpg Acceso el 20 noviembre 2008 Este informe ha sido preparado por el CIRDAM (Accem) tras la búsqueda de información accesible al público a través de internet. El contenido del informe no es, ni pretende serlo, una conclusión a favor o en contra de la demanda de asilo del solicitante. La bibliografía utilizada para la elaboración de este informe (acceso a la información en noviembre del 2008) está recogida en las notas al pié a lo largo de todo el informe.