Administración migratoria de Estados Unidos

Administración migratoria de Estados Unidos

ANALITICA INTERNACIONAL
Coppan 2050 AC
Febrero 24, 2011
Administración migratoria en Estados Unidos:
de la federación a los estados.
En su último Estado de la Unión, el presidente estadounidense Barack Obama se refirió a la
migración como uno de los temas de la agenda más urgentes. En su mensaje Obama exhortó a
representantes y senadores a tomar la iniciativa para una acción bipartidista en materia de
migración, de tal manera que “se protejan nuestras fronteras, se cumplan nuestras leyes y se haga
frente al tema de los trabajadores indocumentados que viven en las sombras”.
Sin embargo, el repunte del poder de los Republicanos en el Congreso plantea un panorama poco
optimista para el avance de este tema, al menos en los dos próximos dos años. En la última década
no sólo no ha sido posible avanzar en la reforma integral de migración, sino que incluso programas
que ya estaban negociados en las dos cámaras, como el DREAM Act o el Ag Jobs han sido
bloqueados al momento de llevarlos a votación o por falta de apoyo del ejecutivo. Mientras nada
sucede a nivel federal, a nivel local siguen proliferando leyes y disposiciones en materia migratoria
llevando de facto a la descentralización en la administración de este tema, cuyo manejo, por ley,
corresponde a las autoridades federales. El caso de la llamada “Ley Arizona” es el más conocido,
pero ciertamente no el único.
En las elecciones de medio periodo en noviembre de 2010 el tema migratorio ocupó un lugar
importante en la contienda política. Varios republicanos –sobre todo los más conservadorespropugnaron por criminalizar al inmigrante indocumentado y priorizar la seguridad en las
fronteras, lo que ha cerrado los espacios de negociación para adoptar una visión más conciliadora.
En un último esfuerzo por adoptar una de las medidas que más apoyo tenía, en 2010 se consideró
la votación del Development, Relief and Education for Alien Minors Act (DREAM Act, S. 1545). No
obstante la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes -216/198-, el 18 de diciembre,
de 2010 la iniciativa no pasó en el Senado. El fracaso en la adopción del DREAM Act ha
incrementado la percepción de la inacción federal para avanzar en el tema migratorio, lo que
resulta un incentivo a legislaturas estatales a ocupar dicho espacio.
La National Conference of State Legislatures observó que mientras en 2005 se habían presentado
alrededor de 300 iniciativas y se habían adoptado 38 leyes estatales, en 2009 se habían
presentado más de 1,500 iniciativas y más de 200 leyes fueron adoptadas. Esta situación empeoró
con el llamado “efecto Arizona”. La adopción de la ley SB 1070 generó reacciones similares en
otros diez estados. En Georgia, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina del Sur y
Tennessee es muy probable que se adopte una ley similar a la SB 1070 y, en estados como Idaho,
Minnesota y Ohio incluso se está trabajando en el lenguaje para evitar que estas leyes no lleguen a
ser apeladas en la corte, como sucedió con la “Ley Arizona”.
Los estados en los que se percibe mayor probabilidad de adopción de una ley similar a la SB 1070
tienen en común un patrocinador que ha sido reelecto, legislaturas que ya han adoptado medidas
restrictivas, un gobernador conservador y una mayoría conservadora en sus aparatos legislativos.
Mayor riesgo corren los estados cuyas gubernaturas están ahora en manos republicanas, como
Oklahoma, Pennsylvania y Tennessee. En un estudio realizado por el National Immigration Forum
se advierte que en Florida, Indiana, Kansas, Texas, Utah y Virginia se está trabajando en
2
Analítica Internacional
propuestas altamente restrictivas, aunque algunas de estas iniciativas han sido detenidas por
coaliciones pro inmigrantes o por una posición ambigua por parte del Ejecutivo estatal.1
En este ambiente, recientemente un grupo de legisladores de más de catorce estados, liderado
por el congresista republicano de Arizona, Rusell Pearce, inició un debate sobre el concepto de
ciudadanía estadounidense. El derecho a la ciudadanía se encuentra consagrado en la Constitución
de Estados Unidos, específicamente en la 14ª Enmienda que otorga la ciudadanía a todas las
personas nacidas en territorio estadounidense.2 El propósito es abrir un debate de tal manera que
se reinterprete el texto de la 14ª Enmienda para que los estados tengan facultades para limitar la
ciudadanía a las personas nacidas de padre y madre estadounidenses.
Según estos legisladores, la interpretación actual de la 14ª enmienda ha traído el crecimiento de lo
que ellos llaman “industria de bebés ancla”. Datos recabados por el Pew Hispanic Center muestran
que alrededor del 79% de los niños menores de 18 años, hijos de inmigrantes indocumentados,
son estadounidenses. En 2008, más de 300 mil niños de los cuatro millones de bebés nacidos en
Estados Unidos fueron hijos de migrantes indocumentados.3 Según estos legisladores esto ha
ocasionado que los inmigrantes indocumentados se beneficien de la ciudadanía de sus bebés y
cuestionan el otorgamiento automático de la ciudadanía a los hijos de indocumentados.
El problema –argumentan- radica en la interpretación del texto de la 14ª Enmienda; por lo tanto,
la estrategia no consiste en proponer una reforma a la Constitución, sino en seguir el camino
judicial que han enfrentado leyes como la SB 1070. Es decir, adoptar leyes estatales que limiten el
otorgamiento de la ciudadanía a aquéllos hijos de padre y madre estadounidenses; que sean
apeladas y que así la Suprema Corte se vea obligada a reinterpretar la 14ª enmienda
constitucional. Cabe destacar que a nivel federal este movimiento ha conseguido adeptos.
En la Unión Americana el discurso antimigrante está cobrando cada día mayor fuerza. En el lado
opuesto se colocan los costos políticos, legales y económicos que esto tendrá a mediano y largo
plazo; estudios realizados sobre los costos de la “Ley Arizona” revelan que su aplicación será
altamente perjudicial para el presupuesto deficitario en Arizona, representará pérdida de la fuerza
laboral y aumentará el costo del proceso judicial que está enfrentando la ley.4
La decisión del presidente Obama de incluir el tema en la agenda, a sabiendas de las dificultades
para acercar posiciones y del desgaste político que esto implica, es rescatable. En su discurso
queda implícito que los riesgos de no tomar pronta acción solamente complicará más las cosas,
expandirá los temores y vulnerabilidades de la comunidad inmigrante, especialmente la
indocumentada y dejará fuera del control de las autoridades federales la administración del tema
migratorio, con todo lo que ello puede implicar para el manejo de este delicado tema.
*Con la colaboración especial de Daniela González Iza
1
National Immigration Forum, “Deficits, lawsuits, diminished public safety: your state can’t afford SB 1070,” diciembre 2010,
(http://www.immigrationforum.org/images/uploads/2010/SB1070Report.pdf).
2
La 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos indica lo siguiente: “all persons born or naturalized in the United States and subject to the
jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall
abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due
process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.”
3
Jeffrey Passey y Paul Taylor, “Unauthorized Immigrants and Their U.S.-Born Children,” Pew Hispanic Center Report, 11 de agosto de 2010,
(http://pewhispanic.org/files/reports/125.pdf).
4
National Immigration Forum, op. cit., 2010.