informe especial de riesgo elecciones 2007 - SISAT

Transcripción

INFORME ESPECIAL DE RIESGO
ELECCIONES 2007
Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la
Población Civil como consecuencia del Conflicto Armado
Sistema de Alertas Tempranas
SAT
Octubre 2007
Bogotá – Colombia
INFORME ESPECIAL DE RIESGO ELECCIONES 2007
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE COLOMBIA
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS – SAT
Volmar Pérez Ortiz
Defensor del Pueblo
Jorge Enrique Calero Chacón
Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como
Consecuencia del Conflicto Armado. - Director del Sistema de Alertas Tempranas – SAT.
María Girlesa Villegas Muñoz
Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas
La coordinación de la investigación y la redacción de los textos de la “Panorámica de Riesgo por la Incidencia del Conflicto Armado
en el Proceso Electoral, estuvo a cargo del Director del SAT: Jorge Enrique Calero Chacón; los Analistas Nacionales del SAT: José
Manuel Hernández, Luís M. Pérez, Pedro Galindo, Claudia Rojas, Sandra Morello, Pilar Velásquez ; la Unidad de Estadística
y Georreferenciación: Fernando Gaitán y Carlos Zúñiga - y del Área de Comunicaciones: Carlos A. Guevara.
La coordinación de la investigación y la redacción de los textos del “Informe de Riesgo por Fallas en el Sistema Electoral” estuvo a
cargo del doctor Antonio José Lizarazo Ocampo y del doctor Guillermo Sagra Serrano.
Agradecimiento especial a los 22 analistas regionales del Sistema de Alertas Tempranas, a los Asesores de la
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, a Oscar Concha de la Oficina de Prensa y a los Defensores
del Pueblo Regionales y Seccionales, por el apoyo brindado para la elaboración de este informe.
El texto de este informe se puede reproducir, fotocopiar o replicar citando la fuente.
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No. 10-32.
Teléfonos: 6915300 – 3147300 ext. 2243, 2437
Fax: 3147300 ext. 2452
Bogotá D.C. – Colombia, octubre de 2007
www.defensoria.org,co
[email protected]
INFORME ESPECIAL DE RIESGO ELECCIONES 2007
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
METODOLOGÍA
PRIMERA PARTE
Panorámica de Riesgo Frente a la Incidencia del Conflicto Armado en el Proceso
Electoral
Municipios Identificados en Riesgo Electoral
Número de Municipios Identificados en Riesgo en las Elecciones 2003, 2006 y 2007
Riesgos por Tipos de Conducta Vulneratoria
Grupos Armados Ilegales Fuentes del Riesgo
Guerrilla
Autodefensas No Desmovilizadas
Nuevos Grupos Armados Ilegales Post-desmovilización de las AUC
Otros Grupos Armados Ilegales – OGAI
Panorama de Riesgo Electoral por Regiones.
1. Región Caribe
1.1 Departamento del Atlántico
1.2 Departamento de Bolívar
1.3 Departamento del Cesar
1.4 Departamento de Córdoba
1.5 Departamento de La Guajira
1.6 Departamento del Magdalena
1.7 Departamento de Sucre
2. Región Noroccidente
2.1 Departamento de Antioquia
2.2 Departamento de Caldas
2.3 Departamento del Chocó
2.4 Departamento de Quindío
2.5 Departamento de Risaralda
2.6 Departamento del Tolima
3. Región Nororiente
3.1 Departamento de Arauca
3.2 Departamento de Norte de Santander
3.3 Departamento de Santander
4. Región Centro Oriente
4.1 Departamento de Boyacá
4.2 Departamento de Casanare
4.3 Departamento de Cundinamarca
4.4 Departamento de Guaviare
4.5 Departamento del Meta
4.6 Departamento del Vichada
5. Región Suroccidente
5.1 Departamento de Caquetá
5.2 Departamento del Cauca
5.3 Departamento del Huila
5.4 Departamento de Nariño
5.5 Departamento de Putumayo
5.6 Departamento de Valle del Cauca
6. Región Oriente Selvático
6.1 Departamento del Guainía
6.2 Departamento del Vaupés
RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORÍA FRENTE A LOS RIESGOS
ELECTORALES POR INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Adopción de medidas de prevención y protección eficaces
Medidas tendientes a prevenir actos de perturbación durante y post elecciones
Acciones para neutralizar a los grupos armados al margen de la Ley
Suspensión del uso de la tinta indeleble
Plan de contingencia frente a posibles desplazamientos forzados
Garantizar el transporte de los votantes en caso de reubicación de las mesas de
votación.
7) Medidas de protección para los representantes y candidatos de pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas.
SEGUNDA PARTE
INFORME SOBRE RIESGO POR FALLAS DEL SISTEMA ELECTORAL Elección de Autoridades Territoriales
INTRODUCCION
I.-EL
SISTEMA
ELECTORAL
COLOMBIANO
NO
GARANTIZA
SUFICIENTEMENTE
EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS
CIUDADANOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CONFORMACIÓN DEL
PODER POLÍTICO, NI LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS
ELECTORALES
1.1. Fallas en la Organización Electoral.
1.2. Normatividad electoral dispersa y contradictoria
1.3. Ausencia de enfoque de derechos humanos en el Sistema Electoral
II.- DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS O HECHOS CONSTITUTIVOS DE
RIESGO ELECTORAL
III.- RIESGOS DETECTADOS POR FALLAS ELECTORALES
3.1. Obstáculos a la participación por razones administrativas
3.2. Inscripción o retención irregular de cédulas
3.2.1. Departamento de Antioquia
3.2.2. Departamento de Atlántico
3.2.3. Departamento de Boyacá
3.2.4. Departamento de Casanare
3.2.5. Departamento de Cauca
3.2.6. Departamento del Cesar
3.2.7. Departamento de Chocó
3.2.8. Departamento de Córdoba
3.2.9. Departamento de Cundinamarca
3.2.10. Departamento de Huila
3.2.11. Departamento de La Guajira
3.2.12. Departamento de Meta
3.2.13. Departamento de Nariño
3.2.14. Departamento de Santander
3.2.15. Departamento de Valle del Cauca
3.3. Limitaciones al derecho de los desplazados a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político.
IV.- MEDIDAS PROPUESTAS ORIENTADAS A REDUCIR LOS RIESGOS
4.1. Presencia focalizada de autoridades públicas en circunscripciones, zonas o puesto
de votación, con nivel de riesgo alto
4.2. Investigar casos de inscripción de candidatos únicos
4.3. Medidas especiales en municipios con mayor número de inscripción irregular de
cédulas
4.4. Entrega de cédulas durante la jornada electoral
4.5. Garantizar el derecho al voto de los desplazados
TERCERA PARTE
INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A
ELEGIR Y SER ELEGIDO.
INFORME ESPECIAL DE RIESGO
ELECCIONES 2007
INTRODUCCIÓN
El Sistema de Alertas Tempranas es un instrumento de la Defensoría del Pueblo que tiene
como misión monitorear y analizar las dinámicas y tendencias del conflicto armado y advertir
de forma anticipada a las autoridades competentes sobre la probable ocurrencia de graves y
masivas violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario – DIH - por parte de los grupos armados, con el objeto de que se active un
dispositivo de respuesta integral del Estado que salvaguarde los derechos fundamentales de la
población en riesgo.
En virtud de la necesidad de informar tempranamente a las autoridades competentes sobre los
probables escenarios de amenaza y vulnerabilidad de la población civil, en el marco del actual
proceso electoral, la Defensoría del Pueblo de Colombia, a través del Sistema de Alertas
Tempranas, elaboró en los meses de junio y julio de 2007 dos reportes de riesgo electoral que
fueron entregados al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Unidad de Reacción Inmediata
Electoral – URIEL-, para la adopción de medidas de prevención y protección en aras de
garantizar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales y los derechos políticos de
los ciudadanos y ciudadanas en las regiones identificadas en situación de riesgo.
En esta oportunidad, la Defensoría del Pueblo presenta un Informe Especial de Riesgo
Electoral que contiene tres partes. La primera describe el panorama de riesgo por la incidencia
del conflicto armado en el proceso electoral; la segunda parte alude a los factores de riesgo que
no se atribuyen necesariamente a grupos armados ilegales, pero que afectan de igual modo el
derecho fundamental de elegir y ser elegido y/o que atentan contra el normal desarrollo del
proceso electoral; la tercera parte del informe contiene un instructivo elaborado por la
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y la Defensoría Delegada para la
Evaluación de Riesgos de la Población Civil , sobre la prevención y protección de los derechos
políticos.
Este Informe Especial complementa el diagnóstico o mapa de riesgo elaborado en Junio y
Julio de 2007, y adiciona el análisis de otras conductas y otros factores que inciden en el
proceso electoral con el fin de que las autoridades competentes implementen efectivas
medidas para evitar acciones de violencia o delitos contra el sufragio que afecten el libre y
transparente debate democrático.
METODOLOGÍA
Las zonas de riesgo que se describen en el presente informe se identifican a partir de variables
de monitoreo que aluden, en primer lugar, a información de contexto, esto es, a establecer los
territorios que están en disputa, los actores armados predominantes en la zona, su área de
influencia y los intereses que motivan su presencia en el territorio. Por otro lado, se establece
cuáles son los partidos y movimientos políticos presentes en las regiones, candidatos y
personas que movilizan la base electoral.
En segundo lugar, se averiguó sobre los municipios o localidades donde se han detectado
indicios de amenazas o intimidaciones de los actores armados frente a las elecciones a través de
comunicados, panfletos, rumores y grafitos, entre otros.
Se inquirió además sobre los municipios o localidades donde se han presentado amenazas,
atentados, secuestros, desapariciones y homicidios contra precandidatos o candidatos a
corporaciones públicas, servidores o funcionarios públicos y líderes comunitarios; en especial,
presidentes e integrantes de Juntas de Acción Comunal y representantes legales y autoridades
de resguardos indígenas y territorios colectivos, con el fin de determinar la forma como los
actores armados ilegales inciden sobre el liderazgo social, político y comunitario,
desestabilizando o configurando nuevos cuadros políticos y sociales en sus áreas de influencia.
A las variables anteriores, se adicionaron los municipios cuyos Alcaldes, Personeros o
Concejales Municipales están ejerciendo funciones desde la capital del departamento o de otras
municipalidades por amenazas, intimidaciones o atentados contra su vida e integridad personal
y también los municipios o localidades cuyos candidatos han renunciado por amenazas, falta de
garantías electorales o por otras manifestaciones de violencia (homicidios, secuestros u otros
atentados contra alcaldes, gobernadores, diputados, concejales o autoridades electorales y
municipales y, municipios donde se han tomado fuertes medidas de seguridad para candidatos
o aspirantes a cargos de elección popular.
Para determinar el escenario actual de riesgo electoral, se identificó también los municipios en
los cuales se pueden presentar dificultades con relación al proceso electoral, a partir de la
disputa territorial por la presencia o hegemonía de un nuevo actor armado lo que podría
derivar en constreñimiento al sufragante, amenazas, intimidaciones, actos de perturbación al
proceso electoral, así como la dinámica que adquirirá la contienda electoral, de acuerdo con la
presencia de los partidos, movimientos políticos y las orientaciones de los postulantes.
De igual manera, se calificó el nivel del riesgo por municipio, actores fuente de la amenaza y
posible conducta vulneratoria a los derechos fundamentales, entre otras, teniendo en cuenta
amenazas, atentados contra la vida, integridad y libertad personal, constreñimiento al libre
ejercicio del voto, perturbación a la votación y al escrutinio (clasificados por niveles de riesgo
bajo, medio y alto).
En el acopio de la información para la elaboración del presente Informe de Riesgo Electoral
participaron servidores públicos de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas;
Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales; los analistas nacionales y regionales del
Sistema de Alertas Tempranas, quienes levantaron la información a partir de las quejas
recibidas en la Defensoría y otras instituciones del Ministerio Público, así como de las visitas de
campo, de los reportes de las autoridades municipales, departamentales y de la Fuerza Pública y
de los escenarios de riesgo elaborados por el Sistema de Alertas Tempranas.
PRIMERA PARTE
PANORÁMICA DE RIESGO FRENTE A LA INCIDENCIA
DEL CONFLICTO ARMADO EN EL PROCESO ELECTORAL1
Las acciones armadas de las Farc y el ELN; de las nuevas estructuras armadas conformadas
con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas y de otros grupos armados ilegales
(organizaciones armadas al servicio del narcotráfico y facciones de grupos insurgentes) que
suelen intensificarse en la coyuntura electoral, dado el interés de acceder y detentar el control
político local y regional y, por ende, influir en el manejo de la administración pública regional y
municipal, hacen vulnerable a los ciudadanos y a las ciudadanas del país frente a posibles actos
de constreñimiento electoral, atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal de
electores, candidatos a corporaciones públicas, dirigentes políticos, funcionarios electorales,
proselitismo armado para imponer candidatos y presionar la voluntad del votante o sabotajes
para impedir el certamen democrático.
De acuerdo con la configuración de nuevos espacios de confrontación armada, a partir de la
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, los diferentes grupos armados
ilegales están empleando diversos mecanismos de presión y de clientelismo armado que les
permita legalizar recursos provenientes de actividades económicas ilícitas a través de la
implantación de maquinarias políticas electorales locales y regionales; de la financiación de
campañas; de la consolidación de poderes municipales y departamentales y la participación en
decisiones de carácter nacional; la eliminación y desarraigo de contradictores y la cooptación de
líderes de Juntas Administradoras Locales-JAL- y Juntas de Acción Comunal-JAC-.
Los nuevos grupos armados ilegales derivados de las autodefensas y organizaciones armadas al
servicio del narcotráfico, están copando los espacios que detentaron las autodefensas
desmovilizadas: centros poblados, corredores estratégicos, puertos marítimos de embarque y
desembarque; tierras planas destinadas a la ganadería extensiva y proyectos agroindustriales,
áreas de proyección de megaproyectos físicos y explotación de recursos naturales, y espacios de
implantación de cultivos de uso ilícito.
Una vez restablecidos los controles territoriales, estos grupos orientaron sus mecanismos de
coerción hacia la construcción de espacios políticos, a través de la estructuración de redes
políticas clientelares, la realización de alianzas partidistas, la creación de organizaciones
privadas, la cooptación de representantes y líderes sociales y las amenazas e intimidaciones
contra facciones rivales y la eliminación de contrarios.
Por otra parte, las organizaciones guerrilleras fortalecidas en los núcleos de población
terciarios; zonas de economías campesinas, espacios de fronteras de colonización, corredores
de articulación fronterizos y marítimos, y áreas de cultivos de uso ilícito, continúan
1
Informe elaborado por el equipo nacional y regional del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la
Defensoría del Pueblo.
combinando sus formas de lucha y reproduciendo sus poderes de facto a través de patrocinios,
negociaciones, imposiciones y retaliaciones contra los candidatos y dirigentes políticos.
Con esta finalidad, están ejerciendo presiones en sus territorios de influencia, contra
servidores públicos y contra candidatos que aspiran a ser elegidos gobernadores, alcaldes,
diputados, concejales o ediles; en particular contra aquellos que apoyan y reproducen las
políticas gubernamentales, como la de Seguridad Democrática o que representan a los partidos
tradicionales o a aquellos movimientos políticos afines a las políticas del Gobierno Nacional.
De igual modo, en algunos casos, es posible prever que obstaculizaran la instalación de
puestos de votación en núcleos corregimentales y veredales y que realizaran actos de sabotaje
para impedir las elecciones, y en otros casos, constreñirán a los sufragantes a votar por
determinado candidato.
MUNICIPIOS IDENTIFICADOS EN SITUACION DE RIESGO ELECTORAL
El monitoreo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo
indica que 403 municipios se hallan en riesgo electoral por incidencia del conflicto armado
interno; esto es, un 36.7% del total de municipios del país.
Los departamentos que registran un mayor número de municipios en riesgo de cara a las
elecciones del 28 de octubre de 2007 son en su orden: Nariño, Antioquia, Tolima, Bolívar,
Santander, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca y
Atlántico. Los departamentos que con un 100% de municipios en riesgo son los de Arauca y
Vichada.
Departamentos
Total entidades
municipales
Porcentaje de Municipios
identificados en riesgo
Antioquia
33
26%
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
7
13
22
8
13
11
12
13
10
15
4
18
5
4
9
10
19
19
40
18
5
6
6
21
10
32
13
3
4
100%
57%
49%
7%
48%
69%
63%
32%
40%
48%
14%
15%
56%
100%
24%
67%
63%
66%
63%
45%
38%
50%
43%
24%
38%
68%
31%
50%
100%
Cuadro 1: Total y porcentaje de municipios en riesgo electoral por departamento
Fuente: Defensoría del Pueblo - Sistema de Alertas Tempranas
MUNICIPIOS POR NIVELES DE RIESGO
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para determinar el nivel de
riesgo de ocurrencia de una acción de violencia que afecte los derechos fundamentales de una
población o comunidad, se basa en el análisis de tres elementos probabilidad, impacto y
factores de protección. La probabilidad tiene que ver con la posibilidad de que las cosas o el
riesgo advertido ocurra; el impacto alude a las consecuencias o efectos que puede ocasionar a
la población o comunidad la materialización u ocurrencia del riesgo y, los factores de
protección hacen referencia a la medidas y acciones que en la actualidad estén implementado
las autoridades para mitigar o evitar la consumación del riesgo.
En este sentido, el SAT califica el nivel del riesgo de conformidad con los niveles que ha
preestablecido (Alto, Medio y Bajo) valorando tanto la mayor o menor probabilidad como el
espectro del daño que eventualmente se causaría frente a las acciones que las autoridades estén
desarrollando para proteger a la población en riesgo.
De los 403 municipios identificados en riesgo se califican en riesgo alto 310 municipios (77%),
en el nivel de riesgo medio, 87 municipios (22%) y 6 municipios en riesgo bajo (1%).
Las regiones que registran un mayor alto riesgo por la interferencia de los grupos armados
ilegales en el proceso electoral son: la suroccidente (municipios de Putumayo, Caquetá, Nariño,
Huila, Cauca y Valle del Cauca), la centroriente (municipios del Arauca, Meta, Guaviare,
Vichada, Tolima), la región norte o Caribe (La Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Magdalena,
Cesar y Bolívar) y además los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia,
Chocó y Vaupés, sin dejar de lado a Bogotá Distrito Capital.
Alto
Medio
Bajo
310
77%
Total municipios
identificados en riesgo
403
87
22%
6
1%
Cuadro 2: Porcentaje de municipios identificados por niveles de riesgo (Ver mapas anexos)
NÚMERO DE MUNICIPIOS IDENTIFICADOS
ELECCIONES DE 2003, 2006 Y 2007
EN
RIESGO
EN
LAS
La Defensoría del Pueblo consciente de la misión de impulsar la efectividad y el respeto de los
derechos humanos de los habitantes del territorio y que se brinde en época electoral todas las
garantías para que haya una real participación ciudadana y un libre y transparente ejercicio del
derecho fundamental de elegir y ser elegido, muestra su constante preocupación por la
injerencia o presencia de los grupos armados ilegales en la contienda electoral.
Teniendo en cuenta que el conflicto armado interno en Colombia es un factor que incide en la
transparencia e independencia del debate democrático, el Sistema de Alertas Tempranas desde
el año 2002, ha realizado diagnósticos y advertencias sobre las consecuencias o impactos que
pueden generar en los ciudadanos y ciudadanos las interferencias de los grupos armados
ilegales en el proceso electoral.
El conflicto armado en Colombia es muy dinámico y cambia rápidamente de escenarios y de
actores. En el 2002, los principales agentes generadores del riesgo en las elecciones fueron las
Farc por su belicosidad a partir del levantamiento de la zona de distensión y las AUC, por su
parte, desarrolló una acción política para favorecer a los candidatos de sus preferencias
ejerciendo otro tipo de constreñimiento. En el 2003 las acciones armadas de las guerrillas de las
Farc y del ELN, como de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, determinaban las
mayores amenazas frente al proceso electoral. Para el año 2007 ante un escenario caracterizado
por la radicalización de las Farc de exigir una zona de despeje para negociar un acuerdo
humanitario; de los diálogos del ELN con el Gobierno Nacional y ante la reconfiguración de
estructuras armadas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, que luchan por
mantener el control territorial, político y poblacional de las zonas de antiguo dominio de las
autodefensas, enmarcan los factores de riesgo frente a las elecciones de octubre.
En el año 2003, con ocasión de la jornada electoral del 25 y 26 de octubre, para votar el
referendo y elegir los mandatarios departamentales y municipales y los miembros de las
corporaciones públicas territoriales, la Defensoría del Pueblo a través del SAT emitió el
Informe de Riesgo Número 069-032. En dicho informe se advirtió riesgos para 275 municipios
del país en los que existían serias amenazas contra la vida de candidatos y electores y/o grave
constreñimiento al libre ejercicio del voto. En su orden, los departamentos con mayor número
de municipios en los que se identificó factores de amenaza frente a las elecciones del año 2003
fueron: Antioquia (44), Cauca (24), Nariño (24), Tolima (19), Norte de Santander (18), Caquetá
(14), Chocó (14), Valle del Cauca (12), Caldas (12) y, Bolívar (11).
Posteriormente, en el año 2006, con la finalidad de construir el escenario de riesgo frente a las
elecciones al Congreso de la República y Presidente de la República, el SAT diseño una matriz
denominada “Monitoreo e Identificación de Escenarios de Riesgo Electoral, en la que
recolectó información orientada a describir el panorama departamental y municipal que
2
Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas – SAT, Informe de Riesgo 069.03, 21 de
octubre de 2003.
favorecía la interferencia de actores armados ilegales y de estructuras de autodefensas
desmovilizadas y no desmovilizadas en el proceso electoral. A partir de la información de
contexto, se identificaron las regiones y municipios en disputa, los actores armados
predominantes y sus áreas de influencia, con el fin de establecer la incidencia de los grupos
armados irregulares en el desarrollo de la jornada electoral. Producto del levantamiento y del
análisis de la información recolectada, el Sistema, en un informe especial3, identificó en riesgo
electoral a 328 municipios de 30 departamentos del país, para la jornada del 12 de marzo de
2006 de elección de Congreso de la República y para los comicios del 28 de mayo del 2006, en
las que se elegiría fórmula presidencial para el periodo 2006 – 2010.
En el 2007, el monitoreo del SAT a la confrontación armada con el fin de establecer los
riesgos que pueden afectar la independencia de la participación ciudadana en la jornada
electoral identificó 403 municipios en riesgo de 30 departamentos del país. Los departamentos
afectados con un mayor número de municipios en riesgo electoral son: son en su orden:
Nariño (40), Antioquia (33), Tolima (32), Bolívar (22), Santander (21), Magdalena (19), Meta
(19), Norte de Santander (18), Cundinamarca (17), Chocó (15), Valle del Cauca (13) y Atlántico
(13).
Departamentos
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
TOTAL MUNICIPIOS
Municipios
2003
Municipios
2006
Municipios
2007
2
44
7
5
11
5
12
14
7
24
3
14
2
2
1
2
8
0
3
4
24
18
6
5
5
3
7
19
12
3
3
17
7
8
19
12
6
10
8
19
16
14
5
7
5
4
12
8
18
10
19
14
13
8
2
30
3
13
12
5
4
33
7
13
22
8
13
11
12
13
10
15
4
18
5
4
9
10
19
19
40
18
5
6
6
21
10
32
13
3
4
275
328
403
Cuadro 3: Comparativo total municipios advertidos por riesgo electoral 2003 – 2006 – 2007.
3
Defensoría del Pueblo de Colombia, Sistema de Alertas Tempranas (SAT), Informe Especial de Riesgo
Elecciones 2006, marzo de 2006.
RIESGOS POR TIPOS DE CONDUCTAS VULNERATORIAS
Para efectos de la elaboración del presente informe, se han establecido un conjunto de
conductas vulneratorias del derecho a elegir y a ser elegido en el contexto del conflicto armado,
así como algunos factores de riesgo concordantes con la tipología establecida en la normativa
colombiana y que se encuentran definidos en el Instructivo de Prevención y Protección
realizado por la Dirección Nacional de Tramite y Atención de Quejas y el Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo que aparece al final del informe. Entre ellas se
encuentran:
Amenazas. En el 83% de los municipios en riesgo electoral se han advertido amenazas y
presiones contra candidatos, funcionarios públicos, autoridades electorales, líderes sociales,
sindicales y comunitarios, tanto por la guerrilla como por nuevos grupos armados ilegales y
organizaciones armadas al servicio del narcotráfico. En especial, han sido objeto de amenazas
los dirigentes y candidatos de partidos o movimientos políticos que apoyan los programas y
políticas del Gobierno Nacional o los que le ejercen oposición, los líderes y candidatos de los
pueblos indígenas y de comunidades afrocolombianas y los transportadores de servicio
público.
De manera particular, en el informe se registran algunos casos de amenazas contra candidatos
de los partidos Alianza Social Indígena (ASI) y de la Alianza Social Afrocolombiana (ASA) que
ameritan ser atendidos por las autoridades teniendo en cuenta su extrema condición de
vulnerabilidad. Sobre todo se hace referencia a las amenazas que recaen sobre los candidatos y
líderes de la comunidad Emberá Chamí que aspiran a las alcaldías de Riosucio y Supía (Caldas)
y Pueblo Rico (Risaralda), de la comunidad o resguardo Inga de Aponte a la alcaldía de Tablón
de Gómez (Nariño); de la etnia de los Huitotos a la alcaldía de Solano (Caquetá) y contra los
dirigentes o representantes de los pueblos indígenas del Meta, Vaupés, Guaviare, Putumayo,
Córdoba, Cesar, La Guajira y Chocó y Magdalena.
Asimismo, han sido objeto de amenazas los líderes y los candidatos a cargos de elección
popular de las comunidades afrocolombianas del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó.
Atentados. Los atentados contra la vida, la integridad y libertad personales, o las acciones de
terror contra sedes políticas, oficinas públicas o candidatos podrían acontecer en un 25% de
los municipios relacionados en el presente informe, en particular en las zonas donde la guerrilla
ha intensificado sus acciones: Antioquia, Tolima, Caquetá, Putumayo, Cauca, Huila, Bogotá
D.C.
Constreñimiento al sufragante. Consistente en las amenazas que puede sufrir un ciudadano
o ciudadana con el fin de que apoye o vote por determinado candidato o lista de candidatos, o
para voto en blanco, o por los mismos medios se le impida el libre ejercicio del derecho al
sufragio. Este tipo de vulneración es probable que se presente en el 96% de los municipios
con algún nivel de riesgo por parte de la guerrilla, de las nuevas estructuras armadas ilegales y
de las bandas organizadas al servicio del narcotráfico.
Perturbación del Certamen Democrático. En esta categoría están incluidos las amenazas de
perturbación de las votaciones y/o de los escrutinios y hechos de violencia con el objeto de
intimidar a los ciudadanos y ciudadanas para que actúen de cierta forma durante la jornada
electoral. En un 73% de los municipios en riesgo es posible que ocurran este tipo de actos que
pueden materializarse en retención de cédulas y quema de mesas de votación, urnas y
material electoral. De igual modo, es posible que en las zonas rurales de los departamentos del
Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Arauca, los Santanderes, Cauca, Antioquia, Meta, La
Guajira, Valle del Cauca y Nariño, donde hay presencia de guerrilla y de otros actores armados
ilegales, se presenten atentados terroristas contra la infraestructura vial, eléctrica, de
comunicaciones y el servicio público de transporte.
Corrupción al sufragante. Esta conducta que hace referencia a casos de corrupción mediante
promesas, pagos o entrega de dinero o dádivas, para que los ciudadanos voten en uno u otro
sentido, o se abstengan de hacerlo, se pueden presentar en 14% de los municipios identificados
en riesgo; en especial, en las zonas donde ejercen influencia las nuevas agrupaciones armadas
surgidas con posterioridad a la desmovilización, esto es, en la región en los siete departamentos
de la región Caribe, en el Meta, Casanare, Guaviare, Valle del Cauca, Nariño, en Caldas y
Risaralda.
Retenciones ilegales o secuestros. Esta modalidad, que se puede presentar en un 6% de los
municipios con algún nivel de amenaza, es práctica común por parte de la insurgencia que
retiene o secuestra a candidatos o funcionarios públicos para supuestamente conocer sus
programas de gobierno o para hacer reclamaciones o exigencias de tipo político o económico.
Los departamentos donde es probable se registren este tipo de conducta son: Norte de
Santander, Chocó, Antioquia, Bolívar, Quindío, Caldas, Tolima, Caquetá, Cauca, Huila,
Putumayo, Arauca y Córdoba.
Homicidios. Los candidatos a las alcaldías y corporaciones públicas en el presente proceso
electoral han sido los principales blancos de las amenazas, atentados y homicidios de los
grupos armados ilegales. Se prevé que en el 19% de los municipios en los que se ha valorado
algún nivel de riesgo se presenten asesinatos selectivos de líderes, candidatos y funcionarios
estatales en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Quindío, Caldas, Antioquia, Tolima,
Huila, Bolívar, Nariño, Meta, Chocó y Casanare.
Hostigamiento y enfrentamientos armados. Los hostigamientos por parte de la guerrilla
contra poblados o puestos de policías o los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la
guerrilla en los que esté en riesgo la población civil, se pueden presentar en un 2% de los
municipios señalados en este informe. Los departamentos susceptibles de sufrir estos ataques o
enfrentamientos son: Cauca, Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Antioquia, Santander y
Caldas.
Restricciones a la movilidad. Los grupos armados ilegales podrían restringir la movilidad de
los electores en un 41% de los municipios con algún tipo de riesgo electoral, debido a los
posibles bloqueos de caminos interveredales hacia las cabeceras municipales; la obstaculización
del servicio de transporte público, la incineración o instalación de artefactos explosivos en
vehículos; los confinamientos de población o declaratoria de “paro armado” debido a que la
guerrilla puede impartir la orden de no movilizarse.
Las restricciones a la movilidad se podrían concretar en los departamentos de Tolima, Cauca,
Antioquia, Arauca, Putumayo, Norte de Santander, Caquetá, La Guajira, Nariño, Huila y Valle
del Cauca.
A. Amenazas
B. Atentados
C. Constreñimiento al
sufragante
D. Perturbación del
certamen democrático
E. Corrupción al
sufragante
F. Quema de urnas
G. Retenciones ilegales
H. Homicidio
I. Intimidaciones
J. Hostigamiento
K. Restricciones a la
movilidad
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
0%
83%
25%
96%
73%
14%
10%
6%
19%
2%
2%
41%
50%
100%
Cuadro 4: Participación porcentual de conductas vulneratorias en el informe de riesgo electoral (Ver mapas anexos)
GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTES DEL RIESGO:
Un elemento en la advertencia del riesgo electoral lo constituye la identificación de los grupos
armados ilegales agentes generadores del riesgo. En tal sentido, se establece que las FARC son
fuente del riesgo en 321 municipios; los nuevos grupos armados ilegales pos - desmovilización
de las AUC constituyen factor de riesgo en 298 municipios; el ELN en 130 municipios; los
otros grupos armados ilegales – OGAI -, en 61 municipios y, los grupos disidentes o reductos
de las AUC son factores de amenaza en 17 municipios del total de los 403 municipios en riesgo
electoral.
80%
100%
74%
32%
50%
15%
4%
0%
F a rc
E ln
N ue v o s
A uc
grupo s a rm a do s
po s t de s m o v iliza c ió n
A uc
OGA I
Cuadro 5: Participación porcentual de los grupos fuentes de amenaza (Ver mapas anexos)
OGAI: Otros grupos armados ilegales (Los Rastrojos, Los Machos, Ejército Revolucionarios Guevarista,
Ejército Popular de Liberación, entre otros).
LA GUERRILLA
En el año 2003 el análisis del SAT, contenido en el informe de riesgo electoral de esa época,
frente a la influencia de la insurgencia en el debate electoral, hacia referencia a las posiciones de
la guerrilla que oscilaban entre la declaratoria del ELN de no sabotear la realización del debate
electoral y la prohibición impuesta por las Farc de realizar cualquier tipo de proselitismo
político bajo la amenaza de retener a los candidatos que violasen dicha determinación, pues
cuestionaban – y al parecer continúan haciéndolo - la transparencia y el carácter democrático
del sistema electoral, razón por la cual defienden posturas abstencionistas y obstaculizan la
realización de las jornadas electorales.
De igual manera, se afirmaba, en esa época, que para el caso de las Farc, si la correlación
electoral le resultaba favorable o funcional a sus propósitos, los frentes insurgentes no solo
permitirían el proselitismo político y se abstendrían de obstruir la realización de los comicios,
sino que también ejercerían presiones, no necesariamente violentas, para favorecer una
determinada candidatura y en las localidades donde el dominio insurgente es sólo militar, las
FARC asumirían como estrategia, la difusión o concreción de amenazas contra candidatos
específicos o en general, para que retirarán su postulación como forma de minar la
institucionalidad del Estado o, la interrupción de los comicios a través de bloqueo a vías,
quema de urnas, robo de tarjetones, amenazas y atentados contra instalaciones públicas”.
En el escenario de las elecciones 2007 nos encontramos ante un panorama similar pues, por un
lado, el ELN ha expresado públicamente, a través del Comando Central, que no interferirá en
el desarrollo del proceso electoral y, por otro lado, las Farc se han opuesto a que en algunas
zonas se realice proselitismo político demostrando su intención de sabotear el debate electoral
y promover la abstención.
En el monitoreo adelantado por el Sistema de Alerta Temprana se ha establecido que las Farc
son fuente generadora del riesgo electoral en 321 municipios (ver mapa) y el Ejército de
Liberación Nacional en 130 municipios (ver mapa), en los departamentos de Antioquia,
Arauca, La Guajira, Cesar, Atlántico, Santander, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó,
Huila, Putumayo y Caquetá, entre otros.
Las Farc han manifestado su desacuerdo y rechazo frente a los candidatos que consideran
afectos a la política del Gobierno y sus amenazas, intimidaciones y ataques se dirigen
directamente contra los funcionarios públicos, electores y candidatos de partidos afectos a las
políticas institucionales, entre ellos, Cambio Radical, de la U, Alas Equipo Colombia,
Convergencia Ciudadana, Partido Conservador Colombiano, Colombia Democrática y algunos
sectores del Partido Liberal, entre otros. Los departamentos en los que se pueden presentar
amenazas, homicidios y atentados por parte de la guerrilla son Huila, Caquetá, Putumayo,
Cauca, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Nariño, Sucre y Cundinamarca.
En los territorios en disputa de las Farc con otros grupos armados ilegales, la guerrilla ejercerá
presión sobre candidatos con la finalidad de no permitirles adelantar sus campañas políticas o
sobre los electores para que no acudan a las urnas e impedirles ejercer el derecho al voto.
La intensificación de la actividad armada de las Farc en algunas regiones del país como
estrategia para mantener el control territorial o para recuperar zonas en las que antiguamente
ejerció dominio la guerrilla, son indicios de su propósito de interferir en el debate electoral
para influir en la conformación del poder político local o departamental. Especial atención
ameritan los municipios de los departamentos de Antioquia (región del Urabá), Santander,
Norte de Santander, Zona Cordillerana de Nariño, Tolima, Meta, Chocó, Cauca, Caquetá y,
Bogotá D.C.
El Distrito Capital de Bogotá, en los últimos meses, ha sido objeto de varios atentados
terroristas que no pueden minimizarse. Es importante recordar que en la época electoral, la
guerrilla suele realizar acciones de terror en la capital de la República. En las elecciones de 2006
varios artefactos explosivos fueron activados en estaciones de Trasmilenio y en buses de
servicio público urbano, en esta oportunidad los blancos pueden ser las sedes políticas y los
edificios públicos gubernamentales y de igual modo, el servicio de transporte en el distrito
capital.
En las zonas donde hay presencia histórica de las Farc se podrían presentar dos fenómenos:
uno, el relacionado con la no instalación o la reubicación de mesas de votación, por parte del
sistema electoral, por los posibles actos de perturbación y de sabotaje a los comicios que realice
la guerrilla para promover la abstención y, dos, que en esas zonas, las Farc les permita a los
pobladores votar, pero por candidatos de sus preferencias. Una u otra situación afecta de
manera grave los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de esos territorios
La confrontación entre guerrillas (Farc – ELN) en los departamentos de Arauca, Nariño y
Cauca, podría morigerarse con ocasión del llamado que el Comando Central del ELN
(COCE) hizo a sus combatientes para buscar un diálogo entre esas dos guerrillas. En el evento
que se mantengan los enfrentamientos entre grupos guerrilleros en Arauca, Cauca y Nariño, o
que algunos frentes del ELN no acaten las directrices del COCE de no interferir en el proceso
electoral, la ciudadanía y los candidatos en los departamentos señalados en riego estarán
expuestos a sufrir amenazas, presiones, ataques o cualquier tipo de constreñimiento.
Los candidatos y miembros de las comunidades indígenas en los departamentos del Cauca,
Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Tolima, Caldas, Caquetá, Vaupés, La Guajira, Magdalena
Córdoba y Chocó, han sido objeto de amenazas e intimidaciones por parte de la guerrilla
debido a su posición de neutralidad y exigencia de respeto por su autonomía, en particular son
concretas las amenazas contra los candidatos y dirigentes de las comunidades Emberá Katío en
Córdoba; de las comunidades indígenas de Bojayá y Napipí en el Chocó. De igual manera, son
evidentes las amenazas contra los líderes de las comunidades afrocolombianas de los
departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y, Chocó.
AUTODEFENSAS NO DESMOVILIZADAS
Esta categoría, comprende los frentes y reductos de las autodefensas que no se desmovilizaron
(Bloque Cacique Pipintá, Bloque Capital, Autodefensas Campesinas del Casanare, reductos de
la Contrainsurgencia Wayúu), que tienen interés de influir en la configuración del poder
político local y regional apoyando, respaldando o imponiendo candidaturas afines a sus
propósitos y de esta manera consolidar el poder político y militar en una región. Los
departamentos en los que es probable se presenten actos de constreñimiento electoral o de
corrupción al sufragante por parte de estas estructuras son Caldas, Risaralda, Bogotá, Casanare,
Meta y La Guajira.
NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES POST-DESMOVILIZACIÓN
DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA
El interés de los nuevos grupos armados ilegales post-desmovilización de las autodefensas de
conservar el control social, político y de la economía lícita e ilícita en los territorios donde hizo
presencia las AUC, de consolidar su influencia en las administraciones departamentales y
municipales, se constituyen en un factor de riesgo frente al proceso electoral toda vez que
ejercerán presiones para que se elijan candidatos de sus preferencias, financiaran campañas
políticas y cooptarán líderes sociales y dirigentes políticos para que apoyen sus propósitos.
En el presente informe de riesgo electoral se ha identificado 298 municipios de 28
departamentos del país que son susceptibles a que los nuevos actores armados ilegales,
impongan candidatos o presionen la elección de candidatos de su preferencia, realicen
atentados contra la vida e integridad personal de los funcionarios públicos, de los candidatos,
líderes sociales, políticos y comunitarios y comentan actos de perturbación a la votación y/o a
los escrutinios.
En algunas zonas del país el principal agente de riesgo lo constituyen los nuevos grupos
armados ilegales post - desmovilización de las AUC, autodenominados Águilas Negras, Los
Traquetos, Los Mellizos, Los de Barranquilla, Los Paisas, Los 40, Macacos, Cuchillos,
Organización Nueva Generación, las Autodefensas Campesinas del Norte del Valle y las
Autodefensas Campesinas Nueva Generación, haciendo uso de la amenaza, la intimidación y el
homicidio como estrategia para interferir en los resultados electorales, en especial en las zonas
rurales y urbanas de los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira,
Magdalena, Sucre, Meta, Antioquia, Nariño, Santander, Norte de Santander, Guaviare,
Casanare, Chocó, Vichada y Valle del Cauca
La posible alianza entre el narcotráfico y los nuevos grupos armados derivados del proceso de
desmovilización de las Autodefensas, especialmente en los municipios del departamento de
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, prevé el uso de mecanismos violentos
relacionados con el constreñimiento y la coerción para promover apoyo electoral a los
candidatos que se ajusten a su proyecto económico y político.
El pueblo indígena Emberá Chamí en los departamentos de Caldas y Risaralda ha sido objeto
de estigmatización por parte de los nuevos grupos armados ilegales que los relacionan con la
insurgencia. Se encuentras además, en alto riesgo, los candidatos de esta comunidad indígena
las alcaldías y corporaciones públicas de Riosucio y Supia (Caldas) y de Pueblo Rico
(Risaralda); como los de los resguardos indígenas Inga de Aponte en el municipio de Tablón
de Gómez.
De igual modo, los candidatos de los partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo,
Partido Liberal, Alianza Social Indígena, Alianza Social Afrocolombiana, Partido Verde
Opción Centro y los miembros de organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos que
apoyan las candidaturas del Polo Democrático, han sido objeto de amenazas en varios
departamentos del país parte de las nuevas estructuras armadas ilegales surgidas con
posterioridad a la desmovilización de las AUC, en particular, en los siete departamentos de la
costa atlántica (Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Cesar) y en los
departamentos de Arauca, Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Norte de Santander,
Risaralda, Bogotá D.C., Caquetá, Cundinamarca, Caldas, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y
Tolima.
Otro escenario de riesgo lo genera la disputa o confrontación armada entre los miembros de
las nuevas estructuras armadas ilegales en proceso de expansión y consolidación (como por
ejemplo en el departamento del Meta la confrontación entre “Los Paisas” vs “Los Cuchillos”),
y los “Mellizos” contra las “Águilas Negras” que en su afán de hacerse al control territorial
pueden utilizar el proceso electoral como la vía para lograrlo y, por lo tanto, generar riesgo para
la población civil que se verá constreñida a votar por los candidatos que impongan uno u otro
actor armado ilegal.
OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES -OGAI
Se refieren a las bandas armadas al servicio del narcotráfico “Machos” y “Rastrojos” que hacen
presencia en Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y sur del Chocó, otras guerrillas de presencia
regional tales como Ejercito Revolucionario Guevarista –ERG – en el Chocó y el Ejército
Popular de Liberación, en el departamento de Risaralda y Norte de Santander.
PANORAMA DE RIESGO ELECTORAL POR REGIONES
Con el fin de describir de manera discriminada los riesgos electorales por la incidencia del
conflicto armado, a continuación se clasifican las regiones del país con sus respectivos
departamentos y municipios en riesgo, el actor generador del riesgo o responsable de la acción
de interferencia en el debate electoral, el nivel de riesgo y la posible conducta vulneratoria del
derecho fundamental a elegir y ser elegido.
1. REGIÓN CARIBE
Las elecciones del próximo 28 de octubre se llevarán a cabo en medio de un proceso de
reordenamiento del control sobre el territorio por parte de los grupos armados ilegales en los
departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. Este
proceso se evidencia, por un lado, la intención de las Farc por mantener el control sobre las
zonas altas donde hacen presencia, así como el recuperar las zonas medias y planas
anteriormente dominadas por los grupos de autodefensas y, por otro lado, el interés de los
nuevos grupos armados ilegales post-desmovilización de las autodefensas de conservar el
control social, político y de las economías lícitas e ilícitas en estos departamentos.
El contexto político actual en esta región, está caracterizado por las investigaciones que
adelanta la Fiscalía General de la Nación contra políticos y funcionarios públicos por supuestos
vínculos con el paramilitarismo, así como por las acciones de las nuevas estructuras armadas
ilegales que buscan influir en el proceso y en el resultado electoral, para obtener el control
político de las administraciones públicas departamental o municipales.
Este escenario conduce a suponer la ocurrencia de hechos de violencia y presión política y
armada contra los funcionarios públicos, los candidatos, sus bases sociales y los electores, en
los departamentos de la zona norte del país, identificándose 84 municipios en riesgo alto y
cuatro (4) en nivel de riesgo medio para un total de 88 municipios de la región Caribe con
algún factor de amenaza con relación al certamen electoral.
1.1 Departamento del Atlántico
Los municipios del departamento del Atlántico que presentan un nivel de riesgo alto son 13
correspondientes al 57% del total de municipios del departamento: Barranquilla, Soledad,
Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Suan, Ponedera, Puerto Colombia, Baranoa, Juan de
Acosta, Luruaco, Repelón y Candelaria, en donde se prevé posibles acciones de
constreñimiento y presiones contra electores, dirigentes políticos y candidatos a corporaciones
públicas, por parte de los nuevos grupos armados ilegales postdesmovilización de las
autodefensas, autodenominados “Águilas Negras”.
En el municipio Santo Tomás se han presentado amenazas en contra del candidato a la
Alcaldía Municipal por el Partido Liberal y de los aspirantes al Concejo Municipal. Es
importante mencionar que en el año 2004, fue asesinato el alcalde de este municipio, que fue
elegido en los comicios de octubre de 2003.
En los municipios de Suan, Ponedera, Puerto Colombia, Baranoa y Sabanalarga, persisten las
amenazas de muerte proferidas a través de panfletos contra candidatos del Polo Democrático.
En el municipios de Juan de Acosta, que presentaba en el mes de junio de 2007 un nivel bajo
de riesgo, durante los meses de julio y agosto se han presentado amenazas en contra del
Alcalde Municipal, por parte de supuestos miembros de grupos de autodefensas; así como la
quema de varios ranchos en las fincas de dos Concejales Municipales que aspiran a la
reelección.
En los municipios Luruaco, Repelón y la Candelaria, es probable que persistan las presiones
contra electores y dirigentes políticos, por parte de un grupo armado ilegal que busca favorecer
a determinados candidatos.
En Barahona fueron amenazados de muerte Pedro J. Santiago de La Rosa y Gustavo de León
Bonolis, por ser militantes del PDA, al parecer por los nuevos grupos armados ilegales.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Barranquilla Alto
Grupo Armado Ilegal
Farc, ELN, nuevos grupos armados
ilegales post desmovilización de las
AUC "Águilas Negras"
nuevos grupos armados ilegales post
desmovilización de las AUC "Águilas
Negras"
Baranoa
Alto
Candelaria
Alto
Juan De
Acosta
Alto
Negras"
Luruaco
Alto
Farc, nuevos grupos armados ilegales
post desmovilización de las AUC
Malambo
Alto
Ponedera
Alto
desmovilización de las AUC
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, atentados,
constreñimiento al
sufragante.
constreñimiento al
sufragante.
Amenazas,
constreñimiento al
sufragante.
Amenazas,
constreñimiento al
sufragante, perturbación
del certamen democrático.
Amenazas,
constreñimiento al
sufragante.
Amenazas,
constreñimiento al
sufragante.
constreñimiento al
sufragante.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Puerto
Colombia
Alto
Repelón
Alto
Sabanalarga Alto
"Águilas Negras"
Santo
Tomás
Alto
Soledad
Alto
Suan
Alto
Grupo Armado Ilegal
Negras"
Posible Conducta
Vulneratoria
constreñimiento al
sufragante.
constreñimiento al
sufragante.
constreñimiento al
del certamen democrático.
Amenazas, atentados
constreñimiento al
sufragante.
constreñimiento al
sufragante.
constreñimiento al
sufragante.
Cuadro 6: Listado Municipios identificados en riesgo Atlántico
1.2 Departamento de Bolívar
Los municipios de Bolívar con un nivel de riesgo alto por las probables acciones armadas e
intimidaciones de los grupos irregulares de guerrilla y nuevas estructuras armadas ilegales post
desmovilización de las autodefensas son 22, lo que equivale el 49% del total departamental:
Distrito Especial y Turístico de Cartagena, los municipios de Turbaco, Turbana, Arjona, San
Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Magangué, Zambrano, Córdoba, El
Guamo, Villanueva, Calamar y los municipios de sur del departamento: San Pablo, Simití,
Santa Rosa del Sur, Rio Viejo, Montecristo, Morales, Arenal, Cantagallo y Tiquisio.
Estos municipios, están expuestos a que los actores armados ilegales les impongan candidatos
o presionen la elección de candidatos de su preferencia; realicen atentados contra la vida e
integridad personal de los funcionarios públicos, de los candidatos, líderes sociales, políticos y
comunitarios y comentan actos de perturbación a la votación y/o a los escrutinios. En este
sentido, es previsible que el Bloque Caribe de las Farc (Frentes 35 y 37) profiera amenazas
contra los aspirantes a Concejos Municipales y a las Alcaldías Municipales del Carmen de
Bolívar, Zambrano, Córdoba, Villanueva, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Santa Rosa y
Simití y que se lleven a cabo acciones de sabotajes y ataques contra la infraestructura vial,
eléctrica y de comunicaciones, como también incineración de vehículos, de mesas de votación,
urnas y material electoral.
El candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA) a la Alcaldía Municipal de Calamar, se
vio obligado a renunciar como consecuencia del recrudecimiento de las amenazas por parte de
desconocidos. Sin embargo, el partido decidió mantener su lista al Concejo Municipal de
Calamar.
En el municipio de Magangué, el Polo Democrático Alternativo denunció un ambiente hostil
contra el señor Marcelo Torres, candidato del PDA a la Alcaldía Municipal.
En el Sur de Bolívar los grupos guerrilleros de las Farc y el ELN, mantienen su presencia y su
interés por recuperar el control territorial, social y político. En este sentido, la Defensoría del
Pueblo Regional Magdalena Medio, ha recibido información acerca de que en el municipio de
Santa Rosa del Sur, miembros de la campaña del candidato José Cendales, han sido objeto de
amenazas.
De igual manera, en el municipio de Cantagallo, el día 22 de agosto de 2007, la Defensoría
Regional Magdalena Medio, recibió una queja del señor Saúl Antonio Argumedo, Concejal del
municipio de Cantagallo, en la que manifestó que fue víctima de amenazas contra su vida por
parte de un grupo armado ilegal.
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Alto
Farc, ELN, nuevos grupos
armados ilegales post
desmovilización de las AUC "Los
Paisas"
constreñimiento al sufragante.
Alto
Farc, nuevos grupos armados
ilegales post desmovilización de
las AUC "Águilas Negras"
Arjona
Alto
Paisas"
Calamar
Alto
Alto
Municipio
Cartagena
Arenal
Cantagallo
Nivel de
Riesgo
constreñimiento al sufragante,
perturbación del certamen
democrático, quema de urnas
y material electoral
democrático.
democrático.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Alto
El Carmen
De Bolívar
Alto
"Águilas Negras"
El Guamo
Alto
Magangué
Alto
Montecristo
Alto
Morales
Alto
Córdoba
Rio Viejo
Alto
San Jacinto
Alto
San Juan De
Alto
Nepomuceno
San Pablo
Alto
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, constreñimiento al
sufragante, perturbación del
certamen democrático, quema
de urnas y material electoral
Constreñimiento al sufragante
Constreñimiento al
debate democrático.
democrático
Perturbación del certamen
democrático.
certamen democrático.
Municipio
Santa Rosa
Del Sur
Simití
Tiquisio
Nivel de
Riesgo
Alto
Alto
Alto
Turbaco
Alto
Turbana
Alto
Villanueva
Alto
Zambrano
Grupo Armado Ilegal
Alto
Paisas"
Paisas" y "Águilas Negras
las AUC
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático (incineración de
urnas y material electoral).
sufragante.
sufragante.
Constreñimiento al
sufragante.
Cuadro 7: Listado Municipios identificados en riesgo Bolívar
1.3 Departamento del Cesar
En el departamento del Cesar, los escenarios de alto riesgo electoral lo constituyen siete (7)
municipios dentro de los que se hallan La Jagua de Ibirico, Pelaya, Pueblo Bello, Tamalameque,
Aguachica, La Gloria y Valledupar, capital departamental. De igual manera tres municipios de
este departamento se han calificado de riesgo medio: Gamarra, San Alberto y San Martín.
El Partido Liberal, a través de la presidencia del Directorio Departamental, ha denunciado ante
las autoridades competentes la presunta financiación ilícita de las campañas y como
consecuencia de esta denuncia, se han incrementado las amenazas contra la dirigencia de ese
Partido, registrándose atentados contra la vida de José Luis Uron Márquez (Presidente del
Directorio Departamental), Alfonso Palacio Niño (candidato a la Alcaldía de la Jagua de
Ibirico), Pedro Muvdi (Representante a la Cámara), Gabriel Muvdi (Concejal de Valledupar),
Robert Romero Ramírez (Presidente del Directorio Municipal de Valledupar), Harold Agudelo
Ospino (candidato a la Alcaldía de Pelaya), John Freddy García Lobo (presidente del
Directorio Municipal de Pelaya) y la muerte del dirigente liberal Anuar Yaver Cortez, en el
municipio de Aguachica, quien pertenecía al Directorio del Partido Liberal y conformó la terna
para remplazar al ex - gobernador del Cesar, Hernando Molina luego de su captura. Yaver
Cortez fue asesinado el 15 de agosto y se presume que los autores del hecho fueron grupos
armados ilegales postdesmovilización de las AUC.
De igual modo, el señor Cristian Moreno Panezo, candidato por el Partido Verde Opción
Centro a la Gobernación del Cesar, en varias oportunidades ha denunciado amenazas contra su
vida, por lo cual, el Gobierno Nacional dispuso para él un esquema de seguridad.
La presencia cada vez más evidente de las Farc (Frentes 59 y 19), puede traducirse en
intervención en el debate electoral, especialmente en la zona rural del departamento. En
Pueblo Bello, la población civil del sector rural resulta particularmente vulnerable, dada la
presencia de los Frentes 59 y 19 de las Farc y el Seis de Diciembre del ELN, como también la
presencia del grupo paramilitar “Águilas Negras” comandado por alias “101” según conoció la
Defensoría del Pueblo. El día 14 de agosto de 2007, aparecieron mensajes en los postes del
casco urbano de dicha población, en los que las autodenominadas “Águilas Negras” amenazan
con asesinar a quienes no acojan sus directrices.
En la ciudad de Valledupar es altamente factible que los grupos armados ilegales puedan influir
en la voluntad popular, apoyando o rechazando determinadas candidaturas, obstaculizando el
desarrollo de las campañas políticas o financiando las mismas con recursos ilícitos.
En la Jagua de Ibirico, el 26 de agosto de 2007, ocurrió un atentado criminal contra una
manifestación del candidato a la alcaldía Alfonso Palacio Niño, hecho en el que resultaron
muertos los ciudadanos Leonardo Muriel y Jorge Peñaloza, y herido el candidato al Concejo
municipal de esa localidad Cristóbal Peña.
En el municipio de Aguachica, el 23 de agosto de 2007, la señora Jacqueline Galván Lobo,
candidata a la Asamblea Departamental del Cesar por el partido Conservador, observó a unos
hombres en una motocicleta, quienes según varias versiones, intentaron dispararle. La
oportuna información hizo que la candidata se refugiara en la estación de policía del municipio,
evitando así ser asesinada.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Alto
"Águilas Negras"
Alto
nuevos grupos armados ilegales
"Águilas Negras"
Gamarra
Medio
"Águilas Negras"
La Gloria
Alto
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Valledupar
Aguachica
La Jagua de
Ibirico
Pelaya
Alto
La Paz
Alto
San Alberto
Medio
San Martín
Medio
Tamalameque Alto
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
Cuadro 8: Listado Municipios identificados en riesgo Cesar
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático.
Constreñimiento al sufragante,
democrático.
democrático.
corrupción al sufragante,
democrático.
corrupción al sufragante.
sufragante, corrupción al
sufragante.
corrupción al sufragante
1.4 Departamento de Córdoba
En este departamento, los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano,
han sido considerados de nivel de riesgo alto en el presente proceso electoral. Estos cuatro (4)
municipios en riesgo corresponden al 14% del total departamental.
En el municipio de Tierralta hace presencia el Frente 5 de las Farc y en menor medida, los
Frentes 18 y 58 así como un grupo armado ilegal autodenominado “Los Traquetos.” Las
FARC, en la zona montañosa del Nudo del Paramillo, recientemente han cometido acciones
que demuestran su interés por mantener el control sobre el territorio, por recuperar las zonas
en las que antiguamente ejercieron dominio y ejercer control poblacional.
En este propósito de las FARC, el pueblo indígena Embera Katio, ha sido el más afectado. El
31 de mayo de 2007, los indígenas Higinio José Domicó Jarupia y Nelson Domicó Bailarín,
miembros de la comunidad de Karakaradó del Cabildo Menor de la Alianza, fueron asesinados
presuntamente por las Farc. Asimismo, la guerrilla ha aumentado su presencia armada en
algunas veredas del corregimiento de Saiza de este municipio. Por otra parte, el grupo “Los
Traquetos” mantiene el control en la cabecera municipal de Tierralta y en algunos
corregimientos como Crucito donde amenazan y extorsionan a la población civil.
En el Comité de Seguimiento Electoral realizado a finales del mes de agosto de 2007, fueron
puestas en conocimiento de las autoridades las amenazas de muerte que recibieron dos
candidatos del Polo Democrático Alternativo al Concejo Municipal de Tierralta.
En el municipio de Valencia, los miembros de un nuevo grupo armado ilegal autodenominado
“Los Traquetos”, han hecho presencia y han convocado a la comunidad a reuniones en una
finca en la vereda Santo Domingo, con el fin de persuadirla a votar por los candidatos que
ellos han escogido. De igual manera, en el corregimiento de Villanueva han presionado a la
población civil para que no asista a las reuniones convocadas por determinados candidatos,
considerados por ellos como de la oposición. Por otro lado, la comunidad de este municipio
está atemorizada por la presencia de milicianos del Frente 58 de las FARC, que podrían
cometer acciones violentas contra los candidatos respaldados por el grupo autodenominado
“Los Traquetos” o contra sus bases sociales.
En los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, la situación de riesgo en el presente
debate electoral se focaliza en los corregimientos de Juan José y Tierradentro generado, por un
lado, por el accionar armado de un grupo al margen de la Ley autodenominado “Águilas
Negras” el cual, busca mantener el control sobre la comunidad, a través de intimidaciones a la
población civil, en especial, sobre aquellos que han denunciado la presencia de estas
agrupaciones en la zona; además, la ciudadanía está expuesta a las presiones de este grupo
armado a votar por determinado candidato.
Por otro lado, las Farc, a través de sus Frentes 18 y 58, con el apoyo ocasional del Frente 5,
procuran hacerse al control territorial de los corregimientos de Tierradentro y Juan José, para
preservar las lealtades políticas frente a su proyecto armado. Un antecedente que demuestra
esta premisa, es el ataque indiscriminado realizado por esta guerrilla a la estación de Policía de
Tierradentro el primero (1) de noviembre de 2006, en el que resultaron muertos tres civiles y
17 policías y con el que buscaban retomar el control territorial y social sobre este
corregimiento.
En el municipio de Montelíbano, el 12 de junio de 2007, desconocidos amenazaron al
candidato a la Alcaldía Municipal por el Partido de la U, Gabriel Alberto Calle de Moya.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Montelibano Alto
Puerto
Libertador
Alto
Tierralta
Alto
AUC "los Traquetos"
Valencia
Alto
AUC "los Traquetos"
Posible Conducta
Vulneratoria
atentados, corrupción al
corrupción al sufragante,
perturbación del debate
democrático.
Cuadro 9: Listado Municipios identificados en riesgo Córdoba
1.5 Departamento de La Guajira
Las FARC, el ELN, el reducto paramilitar Resistencia Wayuu y el nuevo grupo armado ilegal
post-desmovilización de las autodefensas, autodenominado “Águilas Negras” se disputan: el
control de la carretera que atraviesa de sur a norte la península; los corredores de movilidad
entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá que tiene límites con la vecina
República Bolivariana de Venezuela; el manejo de la economía lícita e ilícita en el
departamento, y el control político, social y poblacional.
En la Guajira, son 10 los municipios que se identifican en riesgo alto frente al proceso
electoral, lo que equivales al 67% del total de municipios del departamento: Riohacha, Dibulla,
Uribia, Distracción, Fonseca, Barrancas, Maicao, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y
Manaure, en virtud de las acciones de presión y de violencia que puedan ejercer tanto los
grupos guerrilleros como los reductos paramilitares y otros grupos armados ilegales y que
pueden generar conductas violatorias contra el derecho al voto pues es probable que se
presenten amenazas de muerte, constreñimiento al sufragante, y perturbación a las votaciones y
a los escrutinios.
El Polo Democrático Alternativo, denunció un ambiente hostil por parte de los grupos
armados contra su dirigencia política en los municipios de La Jagua del Pilar, San Juan del
Cesar y Dibulla.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Riohacha
Alto
Barrancas
Alto
Dibulla
Distracción
Fonseca
Alto
Alto
Alto
La Jagua del
Alto
Pilar
Maicao
Alto
Manaure
Alto
Grupo Armado Ilegal
"Contrainsurgencia Wayuu"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
ELN, nuevos grupos armados
las AUC "Contrainsurgencia
Wayuu"
Posible Conducta
Vulneratoria
Constreñimiento al sufragante.
democrático.
sufragante.
Municipio
Nivel de
Riesgo
San Juan del
Alto
Cesar
Uribia
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Cuadro 10: Listado Municipios identificados en riesgo La Guajira
1.6 Departamento del Magdalena
En el Magdalena 19 municipios presentan riesgo electoral: 18 municipios con nivel de riesgo
alto (Santa Marta, Algarrobo, Ariguaní, Cerro San Antonio, Chivolo, Ciénaga, Concordia, El
Banco, El Piñón, El Retén, Pedraza, Pivijay, Plato, Pueblo Viejo, Remolino, Sabanas de San
Ángel, Salamina y Tenerife) y en riesgo medio se encuentra el municipio de Aracataca. Los
nuevos grupos armados ilegales que emergieron con posterioridad a la desmovilización de las
AUC, serían el principal factor de riesgo en el departamento del Magdalena, a raíz del uso de la
intimidación y de la amenaza como estrategia para interferir en los resultados electorales,
especialmente en las zonas rurales de algunos municipios y en el Distrito Turístico de Santa
Marta.
En Santa Marta se han concentrado los efectos funestos de la nueva dinámica de la
confrontación armada. Las nuevas estructuras armadas, relacionadas con el paramilitarismo y el
narcotráfico, se disputan el control social, político y poblacional de la ciudad. Durante el
primer semestre de 2007, se ha registrado un incremento de los homicidios por arma de fuego,
en su mayoría atribuidos a causas relacionadas con el control del sistema de microcréditos a
personas dedicadas a actividades productivas informales y con el cobro de extorsiones, así
como a retaliaciones contra desmovilizados que se han negado a reincorporarse a los nuevos
grupos armados ilegales.
De igual manera, los otros municipios del Magdalena que presentan alto riesgo, son aquellos en
los que existen manifestaciones de rearme y la aparición de nuevos grupos armados ilegales
como los “Mellizos”, que disputan el control de las rutas o corredores para el tráfico de
alcaloides y el control del comercio en Santa Marta y en los territorios donde la guerrilla de las
Farc buscan incursionar o mantener el dominio. En la zona alta del municipio de Ciénaga,
comprendida por los corregimientos de Palmor, San Pedro de la Sierra y Siberia, en especial las
veredas Uranio Alto y Uranio Bajo –entre otras-, hacen presencia las autodenominadas
“Águilas Negras” que presionan y hostigan a la población campesina, mientras que en la
Vereda Camagual hay presencia de las FARC.
En el municipio de Ciénaga se denunció ante las autoridades electorales y la Fiscalía General de
la Nación, un incremento inusitado, en comparación con el 2003, de cédulas inscritas para
votar en sus corregimientos en las elecciones de octubre próximo. Igualmente los municipios
del centro del departamento, Salamina, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza,
Zapayán, Plato, Tenerife, Chivolo, Pivijay, Algarrobo, Ariguaní, y Sabanas de San Ángel, zona
en la que actúan las “Águilas Negras”, presentan alto riesgo electoral, ya que se denunció un
fenómeno de trashumancia e irregularidades en el proceso de inscripción de votantes.
En los municipios de Aracataca, El Retén, Pivijay y Remolino, se han conocido casos de
amenazas proferidas por diversos medios contra funcionarios, candidatos y electores en
relación con supuestas alianzas con las autodefensas y malos manejos de recursos públicos. En
reunión convocada por el Comandante de Policía del Departamento del Magdalena en la
primera semana de septiembre del presente año para la orientación de candidatos sobre
seguridad en elecciones, varios asistentes informaron sobre las amenazas que han recibido
ocho candidatos en el departamento del Magdalena mientras que otros, pidieron que se les
provea seguridad para la protección de sus vidas e integridad personal.
El candidato a la Gobernación del Magdalena, Omar Diazgranados Velásquez, a principio del
mes de agosto denunció ante la Fiscalía Seccional de Santa Marta, amenazas contra su vida en
las que se le exigió que renunciara a su candidatura.
En la cabecera municipal de Tenerife, el 28 de agosto de 2007, un grupo del Cuerpo Técnico
de Investigación (CTI) de la Fiscalía, comisionado para adelantar diligencias dentro de las
investigaciones por la ‘parapolítica’ en esa población, fue objeto de intimidaciones por parte de
sujetos desconocidos los que demuestra la capacidad de injerencia que puedan tener los grupos
armados ilegales en el proceso electoral.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Santa Marta Alto
Algarrobo
Alto
Aracataca
Medio
Ariguani
Alto
Grupo Armado Ilegal
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
Posible Conducta
Vulneratoria
amenazas, atentados,
amenazas y atentados,
Amenazas, atentados y
democrático.
democrático, corrupción al
sufragante
Municipio
Nivel de
Riesgo
Cerro San
Antonio
Alto
Chivolo
Alto
Ciénaga
Alto
Concordia
Alto
El Banco
Alto
El Piñón
Alto
El Reten
Alto
Pedraza
Alto
Pivijay
Alto
Plato
Alto
Pueblo
Viejo
Alto
Remolino
Alto
Sabanas de
San Ángel
Alto
Salamina
Alto
Grupo Armado Ilegal
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras" "Los Mellizos"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
Posible Conducta
Vulneratoria
atentados, perturbación del
certamen democrático,
Constreñimiento y corrupción
al sufragante.
al sufragante.
Amenazas, constreñimiento y
al sufragante.
al sufragante.
democrático, corrupción al
sufragante.
al sufragante
sufragante.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Tenerife
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Cuadro 11: Listado Municipios identificados en riesgo Magdalena
1.7 Departamento de Sucre
En este departamento, los 10 municipios en alto riesgo en el periodo electoral son: Sincelejo,
Colosó, Coveñas, Chalán, El Roble, Morroa, Ovejas, San Onofre, Tolú y Tolúviejo, por la
probable acción de violencia que ejerza la guerrilla de las Farc y los nuevos grupos armados
ilegales contra los electores, dirigentes políticos, candidatos a las alcaldías y a corporaciones
públicas, y contra funcionarios y autoridades electorales que se pueden materializar en
amenazas, atentados, constreñimientos al elector, corrupción al sufragante, actos de
perturbación al certamen democrático y quemas de mesas de votación, urnas y material
electoral en Ovejas, Morroa, Chalán y Colosó.
En los municipios de San Onofre y Toluviejo, la existencia de una nueva estructura armada
denominada “los de Barranquilla” o “los 40”, conformada por mandos medios desmovilizados
y no desmovilizados del Bloque Norte, son un factor de amenaza frente a los próximos
comicios toda vez que van a emplear mecanismos de violencia y de presión contra los
ciudadanos para que elijan a los candidatos que ellos señalen y amenazarán a aquellos que
consideren contrarios a sus intereses.
En el municipio de San Onofre, el señor Roberto Serpa, vicepresidente del Polo Democrático
y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de San Onofre y el señor Adil Meléndez,
candidato a la Alcaldía Municipal de San Onofre, fueron amenazados por grupos armados
ilegales. Igualmente, a finales del mes de agosto el candidato a la Alcaldía por el Movimiento
Cambio Radical, Mario de Jesús Silgado Rodríguez, denunció públicamente haber recibido
amenazas telefónicas en las que le solicitaron que declinara en su candidatura.
En el municipio de Coveñas, entidad territorial que más regalías recibe en el departamento por
ser puerto petrolero, el candidato a la Alcaldía Municipal por el Polo Democrático y miembro
de la veeduría ciudadana ha sido amenazado en varias oportunidades.
En la ciudad de Sincelejo se ha evidenciado la presencia de grupos armados al margen de la Ley
autodenominados “los 40”, “los Paisas” y “Águilas Negras”, que se disputan, desde finales del
2006, el control territorial y social, especialmente el control sobre las extorsiones al comercio y
el sistema de pagadiario. En los últimos meses han circulado panfletos adjudicados a las
autodenominadas “Águilas Negras”, en las que amenazan a líderes comunales.
En la zona de los Montes de María, es probable que las FARC ejerzan presiones y actos de
intimidación contra ciudadanos y ciudadanas, dirigentes políticos y candidatos y candidatas a
cargos de elección popular en los municipios de Colosó, Chalán y Ovejas.
En Morroa, el Frente 35 de las FARC, buscará obtener el control de este municipio e influir en
la elección de alcalde y concejo municipal, mediante presiones a la comunidad y a los
funcionarios públicos. De hecho han pretendido hacerlo con la administración actual
amenazando en varias oportunidades a varios funcionarios, entre ellos al Alcalde Municipal.
En el municipio del Roble un grupo armado ilegal profirió amenazas contra el candidato a la
Alcaldía, hijo del Alcalde asesinado en abril de 2003.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Alto
desmovilización de las AUC "Los de
Barranquilla" y "Los Paisas"
Alto
Alto
Barranquilla"
Chalán
Alto
El Roble
Alto
Morroa
Alto
FARC
Ovejas
Alto
San
Onofre
Alto
Barranquilla"
Sincelejo
Colosó
Coveñas
Posible Conducta
Vulneratoria
sufragante.
debate democrático, quema de
urnas y material electoral
sufragante
Municipio
Nivel de
Riesgo
Tolú
Alto
Toluviejo
Alto
Grupo Armado Ilegal
Barranquilla"
Barranquilla"
Cuadro 12: Listado Municipios identificados en riesgo Sucre.
Posible Conducta
Vulneratoria
sufragante.
sufragante.
2. REGIÓN NOROCCIDENTE
En la región noroccidente, conformada por los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó,
Quindío, Risaralda y Tolima, el panorama electoral estará influenciado por las acciones
intimidatorias de las FARC, del ELN, en menor grado, de los frentes no desmovilizados de las
AUC y de los nuevos grupos armados ilegales, configurados con posterioridad a la
desmovilización de las autodefensas, los cuales pretenden mantener el control de los espacios
que detentaron los Bloques Central Bolívar, Cacique Nutibara, Bloque Pacífico, Bloque Héroes
de Granada y Bloque Mineros de las AUC, lo que podría representar riesgo electoral en 105
municipios de esta región.
Las FARC, en el inicio del presente año habían reducido sus acciones militares. Sin embargo,
con ocasión del proceso electoral se observa un incremento en las acciones armadas en esta
región, con el propósito de influir en el voto de los ciudadanos y ciudadanas; en este sentido,
este grupo armado ilegal ha realizado ataques y emboscadas contra unidades de la Fuerza
Pública en zonas rurales, y han realizado atentados en el área urbana de algunos municipios del
noroccidente del país para quebrar la confianza pública en la capacidad del Gobierno para
mantener el orden y proteger a sus ciudadanos.
Por su parte, los nuevos grupos armados derivados del proceso de desmovilización de las
autodefensas y las bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico, especialmente en los
departamentos de Chocó, Caldas, Antioquia y Tolima, pretenden obtener una mayor incidencia
y control sobre el tejido social, apropiándose de los ejes económicos y a través de la
promoción y ejercicio de candidaturas para las Alcaldías y Concejos Municipales.
2.1 Departamento de Antioquia
Tras el proceso de paz pactado entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno
Nacional, el escenario de riesgo electoral en el departamento de Antioquia se configura por la
existencia de dos elementos: a) El alcance de la implantación de los proyectos políticos y
económicos de las autodefensas, la naturalización de sus mecanismos de control y sus lógicas
de actuación con relación a la población civil y b) Las estrategias de avanzada y recuperación de
territorios de las FARC, asociadas al fortalecimiento de su estructura armada, e incluso al
proceso de expansión y crecimiento desde la Serranía del Abibe hacia el Urabá y el Norte de
Antioquia.
En tal sentido, 33 municipios de Antioquia que corresponden a un 26% del total
departamental se encuentran en riesgo frente a los comicios de octubre de 2007. Los
municipios que presentan un mayor riesgo electoral por presiones y posibles actos de
perturbación durante los comicios y escrutinios, por parte de las organizaciones guerrilleras de
las Farc y ELN, serían los del oriente antioqueño, entre ellos San Francisco, Argelia, Nariño,
Sonsón, Cocorná, San Luis, San Carlos, San Rafael y Granada. De igual manera, los municipios
de Dabeiba, Betulia, Anorí, Yarumal, Ituango, Segovia, Urrao, Murindó y Vigía del Fuerte,
donde históricamente han acontecido alteraciones del orden público debido a las amenazas,
ataques y bloqueos de las FARC.
El 29 de agosto del presente año, se conocieron denuncias sobre amenazas de muerte en
contra de Enrique Rojas, candidato por el Partido Liberal a la Alcaldía de Murindó, y su
director de campaña Tirso Mosquera, en las que se les constriñó a retirarse de la contienda
electoral; las autoridades presumen que las amenazas provienen de las FARC.
En el municipio de San Pedro de Urabá, al norte de Antioquia y en el nordeste antioqueño, en
Segovia, Amalfi y Remedios la disputa entre nuevos grupos armados posteriores al proceso de
desmovilización y la insurgencia enmarca el proceso electoral de octubre. En el Bajo Cauca,
especialmente en los municipios de Caucasia, Cáceres y El Bagre son aún más notorias las
acciones intimidatorias de los nuevos grupos armados ilegales postdesmovilización a través del
dominio de la economía ilegal que asocia al narcotráfico, a la prostitución, a las oficinas de
cobro, préstamos de usura y al despojo territorial. Dichas circunstancias, permiten prever actos
de constreñimientos al sufragante y de perturbación contra la votación así como atentados
contra la vida e integridad personal de los electores, funcionarios y candidatos a cargos de
elección popular.
Los ciudadanos del municipio de Caucasia solicitaron a las autoridades, se investigue las
actuaciones de un grupo armado ilegal que actúa en la zona, luego de la desmovilización de las
autodefensas, el cual está amedrentando y constriñendo a la comunidad, a quienes exige el
respaldo a un candidato a la alcaldía.
En Medellín, Dabeiba e Itagüí, las acciones de intimidación y de perturbación de las
votaciones o de los escrutinios, provendrán de las nuevas estructuras armadas ilegales que se
conformaron a partir de la desmovilización de las AUC. Los casos en los que se puede ver
reflejado ese poder intimidatorio, están relacionados con el asesinato de Judith Vergara, líder y
candidata por el Polo Democrático para la Junta Administradora Local de la Comuna 13 y el
asesinato de Julio Cesar Gómez Cano, miembro del Polo Democrático y adscrito a la
dirigencia de la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA el 23 de junio de 2007, en el
Barrio Tricentenario de Medellín.
Del mismo modo, se han presentado amenazas contra militantes, dirigentes políticos y
candidatos al Concejo y la Alcaldía Municipal de Bello adscritos al Polo Democrático, por
parte de un grupo autodenominado “Bellanitas por la Verdad y la Limpieza Social
Antipetrista”. Por otro lado, el 4 de Junio, estalló un petardo en la sede política del partido
Cambio Radical de este municipio.
En Antioquia se han registrado casos de retención contra candidatos a
las alcaldías de los siguientes municipios, por parte de las FARC: El 1°
de agosto de 2007, en Anorí, se presentó la retención de Pedro Pablo
Agudelo Echeverri, candidato a la alcaldía por el Partido Cambio Radical atribuida
presuntamente a este grupo guerrillero. En Vigía del Fuerte, las FARC retuvo en el río Arquia,
en inmediaciones con Puerto Medellín, al candidato a la alcaldía Hermenegildo Viera Chaverra;
y en Betulia, el candidato a la alcaldía, por el partido Social de Unidad Nacional, León Darío
Vélez Yepes, también fue secuestrado presuntamente por el Frente 34 de las FARC.
En la región del Urabá, los municipios de Chigorodó y Mutatá, podrían verse afectados en el
periodo electoral por las acciones de las Farc. De la misma forma, los nuevos grupos armados
ilegales ejercerán su presión armada en los municipios de Apartado, Turbo, Chigorodó,
Mutatá, San Juan, y San Pedro de Urabá, donde operan grupos armados derivados del proceso
de desmovilización que se identifican como “Águilas Negras” y “Renacer” en su intención de
consolidar el proyecto político y económico regional.
Tras las masacres ocurridas en el corregimiento de Currulao, municipio de Turbo, el 21 de
agosto y el 27 de septiembre, la permanencia de miembros desmovilizados en el territorio, la
presunta autoría de las FARC y las diversas versiones, en el casco urbano, de participación de
grupos armados ilegales derivados del proceso de desmovilización, configuran un escenario de
contienda, que contribuye a la inestabilidad del orden público y en esta medida, afectan el
proceso electoral.
En el municipio de Yondó, en particular en la zona rural, es posible que las FARC realicen
acciones violentas dirigidas a perturbar el desarrollo del debate democrático y obstaculice el
normal desarrollo de los comicios del 28 de Octubre de 2007.
Los últimos hechos de violencia política en el Departamento de Antioquia configuran una
tendencia regional hacia el escalonamiento de infracciones al DIH y violaciones a los Derechos
Humanos que tienen la capacidad de influenciar notablemente la evolución del riesgo en
materia de Riesgo Electoral:
El 4 de octubre: fue asesinado Gildardo A. Toro Salazar, concejal que buscaba su reelección
por el partido Alas Equipo Colombia de Cocorná, Antioquia, en la vereda Villahermosa.
El 10 de octubre, fue asesinado Medardo Vásquez, candidato al Concejo Municipal de
Cocorná, por el Partido Alas Equipo Colombia, en la Vereda El Higuerón de este municipio.
El 11 de octubre, fue asesinado Jairo Alberto Atehortúa, aspirante al Concejo Municipal de San
Francisco, por el movimiento Liberalismo Social
El 14 de octubre, cuatro candidatos al Concejo Municipal de Cocorná, presentaron renuncia
extemporánea a raíz de los problemas de orden público.
De igual forma, el Noveno Frente de las Farc, ha declarado paro armado de transportes desde
el 24 al 29 de octubre, amenazando a todos los candidatos que aspiran a las alcaldías y concejos
municipales del oriente antioqueño, bajo la advertencia de convertirse en “objetivo militar”.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Medellín
Alto
Amalfi
Medio
Anori
Medio
Apartadó
Medio
Campamento Medio
Argelia
Alto
Bello
Alto
Betania
Alto
Cáceres
Alto
Carepa
Medio
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, homicidio,
las AUC "Águilas Negras" "Banda
democrático, restricciones a la
Renacer"
movilidad.
FARC
movilidad.
las AUC
movilidad
post desmovilización de las AUC Amenazas, atentados,
"Bellanitas por la verdad y la
constreñimiento al sufragante
limpieza social antipetrista"
Amenazas, perturbación del
Farc, ELN
restricciones a la movilidad.
post desmovilización de las AUC sufragante.
Amenazas, homicidio
Renacer"
movilidad
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Caucasia
Alto
Chigorodó
Medio
Cocorná
Alto
Dabeiba
Alto
El Bagre
Medio
Itagüí
Medio
Ituango
Alto
Murindó
Medio
Mutatá
Medio
Nariño
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
sufragante
Renacer"
movilidad
Farc, ELN
movilidad, quema de urnas y
material electoral
sufragante, restricciones a la
movilidad, perturbación del
las AUC
FARC
post desmovilización de las AUC certamen democrático,
las AUC
movilidad
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Toledo
Medio
San Carlos
Alto
Farc, ELN
Alto
San Juan de
Urabá
Medio
San Luis
Alto
Farc, ELN
San
Francisco
San Pedro de
Alto
Urabá
las AUC
Sonsón
Alto
Farc, ELN
Turbo
Medio
Urrao
Alto
FARC
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, homicidio.
movilidad
movilidad
movilidad.
movilidad.
movilidad.
Amenazas, homicidios,
movilidad.
movilidad.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Valdivia
Alto
FARC
Vigía del
Fuerte
Alto
FARC
Yarumal
Alto
las AUC
Medio
las AUC
Yondó
Posible Conducta
Vulneratoria
debate democrático y
Cuadro 13: Listado Municipios identificados en riesgo Antioquia.
2.2 Departamento de Caldas.
El escenario de riesgo electoral en el departamento de Caldas, está directamente relacionado
con la intensidad del conflicto en la región cafetera, dada la presencia de actores armados
ilegales en disputa por el control territorial de los corredores de movilidad que controlan rutas
de comercio de estupefacientes y abastecimiento entre el sur de Antioquia, norte del Tolima,
Magdalena Medio, centro y occidente del país. En tal sentido, en este departamento son 13
municipios los que tienen algún nivel de riesgo en el marco del debate electoral y tres (3)
municipios (Riosucio, Samaná y Supía) presentan un nivel de riesgo alto por las posibles
amenazas, actos de constreñimiento electoral y perturbación al certamen democrático que
realicen los grupos armados irregulares.
La posible alianza entre el narcotráfico y los reductos del Frente Cacique Pipintá y otros
grupos armados derivados del proceso de desmovilización de las Autodefensas, especialmente
en los municipios de La Dorada, Norcasia, Victoria y Marquetalia, prevé el uso de mecanismos
violentos relacionados con el constreñimiento y la coerción para promover apoyo electoral de
la población civil a los candidatos que se ajusten a dicho proyecto económico y político.
En Riosucio, entre los meses de junio y julio de 2007, hombres vestidos de negro distribuyeron
pasquines y profirieron amenazas de muerte en contra del movimiento indígena, sus
representantes y contra el candidato del movimiento indígena a la Alcaldía de Supía. La
presencia de hombres uniformados y de civil, fuertemente armados y encapuchados, que se
identifican unos como miembros de las autodefensas y otros como “Águilas Negras”, se ha
extendido a la totalidad de los resguardos y asentamientos de Riosucio y Supía, quienes indagan
sobre los candidatos de las comunidades indígenas y profieren amenazas contra sus vidas e
integridad personal.
Con posterioridad a la emisión del Informe de Riesgo 011 del 2007 emitido el 28 de mayo de
2007, cuyo escenario de riesgo son los municipios de Riosucio y Supía, a partir del mes de
julio se ha reportado la presencia de miembros de las FARC, reductos del Bloque Cacique
Pipintá y miembros de las autodenominadas “Águilas Negras” en los cuatro Resguardos
indígenas (Cañamomo, Lomasprietas, Bonafont y San Lorenzo) y en los cascos urbanos de los
municipios de Supía y Riosucio. El candidato a la Alcaldía de Supía por el movimiento indígena
adscrito al Polo Democrático Alternativo, Arney Tabasco, ha sido objeto de amenazas por
parte de personas armadas en el centro de la cabecera municipal.
En el nororiente de Caldas, los municipios que presentan un nivel alto de riesgo son:
Norcasia, Samaná, Aguadas, Pácora, Pensilvania, Salamina, la Merced, en los que se han
registrado citaciones, provenientes del Bloque Cacique Pipintá de las autodefensas, a concejales
de dichos municipios. En La Dorada, municipio considerado también en riesgo alto, hay fuerte
presencia de grupos armados derivados del proceso de desmovilización (Águilas Negras), que
permite prever la coerción y constreñimiento al sufragante para influir de manera directa o
indirecta en el voto del elector.
En el oriente del departamento de Caldas las FARC, promovieron un paro armado entre el 11
y el 25 de Mayo de 2007, que generó el confinamiento de las comunidades. Este control
armado sobre la movilidad de la población civil, podría adquirir un nuevo significado en época
electoral.
En el Municipio de Neira se han presentado denuncias de amenazas telefónicas en contra de
los candidatos a las diferentes corporaciones públicas, donde se les exige renunciar a sus
aspiraciones.
En Samaná, el 7 de octubre, cuando se dirigía hacia una reunión en la zona rural de este
municipio, fue asesinado Jesús Albeiro Montoya; a raíz de este hecho el 17 de octubre
renunciaron cinco candidatos al concejo en Samaná: Néstor Cárdenas, Gabriel Pineda, Nelson
Echeverry y Jorge Ocampo, del Partido de 'la U', y John Henao, por Salvación Nacional
Municipio
Nivel de
Riesgo
Aguadas
Bajo
AUC no desmovilizadas, Farc
La Dorada
Medio
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, Constreñimiento al
sufragante
constreñimiento al sufragante
Municipio
Nivel de
Riesgo
La Merced
Bajo
Marquetalia Medio
Neira
Medio
Norcasia
Medio
Pacora
Bajo
Pensilvania
Medio
Grupo Armado Ilegal
AUC no desmovilizadas, Farc,
"Águilas Negras"
Riosucio
Alto
Salamina
Bajo
Samaná
Alto
Supía
Alto
Victoria
Medio
Posible Conducta
Vulneratoria
sufragante
democrático.
sufragante.
democrático.
sufragante.
democrático.
democrático.
democrático.
Cuadro 14: Listado Municipios identificados en riesgo Caldas.
2.3 Departamento del Chocó.
El análisis del conflicto y de la violencia política estructural ejercida en contra de los
pobladores del departamento del Chocó, no puede excluir el impacto colectivo de la
persecución a sus líderes, el desplazamiento forzado, la afectación de sus estructuras
sociopolíticas y la amenaza a la integridad, vida y libertad de los pueblos negros e indígenas a
través del despojo y control de sus territorios por parte de los actores armados. Es así como la
implementación forzada de un modelo de desarrollo en los territorios colectivos, convertidos
por esta razón en escenario de conflicto armado, la expansión de los cultivos de palma aceitera,
el cultivo de la coca y la intensificación inconsulta de prácticas económicas extractivas
constituyen una grave y sistemática violación de los derechos de los pobladores de la región
del Chocó.
Efectivamente, la disputa entre los actores amados del conflicto, gira en torno a la
implantación, consolidación y control de proyectos políticos, modelos de desarrollo y
economías ilegales, imponiendo un régimen basado en la muerte que desarticula el tejido social
y excluye a la comunidad del ejercicio del control social y territorial de los consejos
comunitarios y las autoridades tradicionales.
La confrontación armada entre las organizaciones guerrillas de las FARC, ELN, Ejército
Revolucionario Guevarista –ERG–, y grupos rearmados luego de la desmovilización del
Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ha escindido el
territorio: en algunas zonas prevalece el dominio paramilitar articulado con el narcotráfico,
particularmente en municipios de Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Itsmina, Medio San
Juan, Condoto, Novita y Litoral del San Juan, Allí los nuevos grupos armados vienen
impulsando candidatos a través de la financiación de campañas, con la finalidad de incidir en
las administraciones municipales.
Por estas circunstancias, la Defensoría del Pueblo ha determinado que en el Chocó los factores
de amenazas en la coyuntura electoral afectarán probablemente a 15 municipios que
corresponden a un 48% del total departamental, hallándose en alto riesgo los siguientes:
Quibdó, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, El Litoral de San Juan, Itsmina, Medio Baudó,
Medio San Juan, Novita, Rio Iró, Riosucio, San José del Palmar y Sipí, en los cuales se prevé
que la guerrilla de las Farc y otros grupos armados ilegales, afecten los derechos fundamentales
a la vida, integridad personal y a elegir y ser elegido, de las comunidades indígenas y
afrocolombianas que habitan esos territorios por medio de amenazas, homicidios, actos de
constreñimiento al elector y actos de perturbación al certamen democrático, que pueden ir
acompañados de restricciones a la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a
sufragar en los comicios del 28 de octubre.
En el Atrato Medio, producto del fortalecimiento de las Farc, los candidatos a las alcaldías y a
las corporaciones públicas están siendo presionados por la guerrilla con la finalidad de
instaurar un clientelismo armado. Acciones que se erigen en factores de advertencia para los
diferentes candidatos y aspirantes de los partidos opositores. Asimismo, los insurgentes
realizan acciones orientadas a la perturbación del certamen electoral en los municipios de
Novita, San José del Palmar, Bojayá y Bagadó, y en las cuencas de los ríos Negua y Munguidó,
jurisdicción de Quibdó.
El 6 de julio de 2007, fue asesinada la alcaldesa de San José de Palmar en cercanías a la zona
urbana de este municipio al parecer por miembros de la guerrilla.
A mediados del mes de julio se conoció un panfleto en el municipio de Itsmina, al parecer de
autoría de las FARC, en el que el grupo guerrillero manifestó su inconformidad con los
programas del Gobierno Nacional, calificándolos como una práctica criminal y culpando de la
ejecución de dichos programas a políticos, líderes regionales y a los alcaldes de turno.
En Condoto, las acciones bélicas de los grupos armados en contra de la población civil
(homicidios selectivos, amenazas de muerte, desplazamiento masivo de 22 familias y
posteriormente de 500 personas) configuran un escenario marcado por continuas expresiones
de éxodo violento, no garante del ejercicio del sufragio.
En la última semana del mes de julio, el Alcalde Municipal de Novita recibió amenazas directas
por parte del ELN. En este mismo periodo, tres concejales actuales y un candidato a la
Alcaldía del municipio de San José del Palmar recibieron amenazas, consideradas como
hechos consecutivos al asesinato de la Alcaldesa durante el pasado mes de julio.
Desde la primera semana del mes de agosto, las comunidades indígenas ubicadas en los ríos
Bojayá y Napipí, han manifestado su temor ante posibles agresiones en la etapa electoral por la
presencia de las Farc en sus comunidades: Unión Cuití, Punto Alegre, Nuevo Olivo, Hojas
Blancas, Lana, Salinas y Túgena. La ubicación de la guerrilla en esos territorios, infiere
ejercicios de coerción cotidiana y violación a la libertad, integridad y vida de estas
comunidades.
En Belén de Bajirá, se han proferido amenazas contra los candidatos a la Alcaldía Municipal,
las cuales fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Quibdó
Alto
FARC
Bagadó
Alto
FARC
Bajo BaudóAlto
Pizarro
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas,
homicidio,
restricciones a la movilidad,
democrático.
Amenazas,
homicidio,
democrático.
post desmovilización de las AUC Amenazas, constreñimiento al
"Autodefensas Campesinas del sufragante.
Norte del Valle"
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Belén De
Bajirá
Medio
Bojayá
Alto
FARC
Alto
las
AUC
"Autodefensas
Campesinas del Norte del Valle"
Condoto
El Litoral de
Alto
San Juan
Itsmina
Alto
Medio
Baudó
Alto
Medio San
Juan
Alto
Novita
Alto
Rio Iró
Alto
Riosucio
Alto
las AUC
las
AUC
"Autodefensas
"Autodefensas Campesinas del
Norte del Valle"
las
AUC
"Autodefensas
las
AUC
"Autodefensas
Posible Conducta
Vulneratoria
Homicidio,
amenazas,
movilidad.
Amenazas,
homicidio,
democrático
sufragante
sufragante.
certamen electoral, restricciones
a la movilidad.
certamen
democrático,
FARC
sufragante.
sufragante, perturbación al
certamen
democrático,
las AUC
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas,
homicidio,
movilidad.
San José del
Alto
Palmar
Farc, OGAI
Sipí
ELN, nuevos grupos armados
ilegales post desmovilización de Amenazas, constreñimiento al
las
AUC
"Autodefensas sufragante
Alto
Cuadro 15: Listado Municipios identificados en riesgo Chocó.
2.4 Departamento de Quindío.
La contienda entre los nuevos grupos armados derivados del proceso de desmovilización, los
carteles del narcotráfico del norte del Valle del Cauca y las FARC quienes buscan el control de
territorios, rutas y negocios asociados a actividades ilícitas, enmarca el escenario de riesgo
electoral en este departamento que podrían afectar a seis (6) municipios del Quindío que han
sido calificados de nivel de riesgo medio, entre ellos, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova,
Pijao y Salento.
En estos seis municipios del departamento, las Farc a través de las amenazas e intimidaciones
pretenden incidir en la voluntad de los electores frente a la participación en la próxima
contienda electoral. La guerrilla ha amenazado a candidatos adscritos a partidos políticos
cercanos al uribismo, y constreñido a transportadores para que no presten el servicio en época
electoral. Estos sucesos han sido corroborados por el alcalde municipal de Pijao, quien
manifestó la existencia de las amenazas para las próximas elecciones; como estrategia que
garantice el ejercicio del derecho al voto, la Gobernación y la Alcaldía contratarán vehículos
que permitan la movilización de la población civil hacia los puestos electorales.
En el mes de julio, apareció un panfleto en el Municipio de Salento, atribuido al parecer, al
grupo autodenominado Águilas Negras del Eje Cafetero, en el que amenazan a uno de los
candidatos a la alcaldía municipal y a su equipo de trabajo, exigiéndoles desistir a sus
aspiraciones al primer cargo público del municipio
Municipio
Buenavista
Nivel de
Riesgo
Medio
Grupo Armado Ilegal
Farc, Ogai
Posible Conducta Vulneratoria
certamen democrático, restricciones
a la movilidad.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Calarcá
Medio
Farc, Ogai
Córdoba
Medio
Farc, Ogai
Génova
Medio
Farc, Ogai
Pijao
Medio
Farc, Ogai
Salento
Medio
Farc, Ogai
Cuadro 16: Listado Municipios identificados en riesgo Quindío.
a la movilidad.
a la movilidad.
a la movilidad.
a la movilidad.
a la movilidad
2.5 Departamento de Risaralda.
En el departamento de Risaralda se han identificado seis (6) municipios en riesgo que equivalen
al 43% del total departamental. Los dos municipios calificados en alto riesgo son Pereira y Dos
Quebradas, especialmente, debido al interés del narcotráfico y de los nuevos grupos armados
derivados del proceso de desmovilización de las autodefensas, de incidir en el control político y
social de estos territorios, lo que les permitirá, a su vez, tener el control de las rutas para el
tráfico de drogas y el lavado de activos. Esta situación hace prever que a través del mecanismo
de la amenaza, de la acción sicarial y del constreñimiento a electores, funcionarios públicos y
candidatos, estos grupos ilegales busquen interferir el proceso eleccionario.
La ex alcaldesa de Pereira, Martha Elena Bedoya, candidata a la alcaldía por el Partido Cambio
Radical, denunció el 9 de junio del presente año, amenazas en su contra. De igual forma, el
señor Germán Darío Saldarriaga, al anunciar su precandidatura a la Gobernación de Risaralda,
por el partido Liberal, fue destinatario de dos sufragios.
En el municipio de Dosquebradas, el alcalde ha sido objeto de amenazas en contra de su vida,
situación que se ha incrementado en las últimas semanas y que originó la implantación de un
esquema de protección especial por parte del Gobierno Nacional.
Por otro lado, cuatro (4) municipios se han declarado como de riesgo medio: La Virginia,
Mistrató, Pueblo Rico y Quinchia. En el municipio de Pueblo Rico, el Pueblo Indígena
Embera-Chamí, inscribió un candidato de su etnia a la Alcaldía del municipio, por el
movimiento político Alianza Social Indígena –ASI–. Tanto el candidato Martín Ciagama, como
el movimiento indígena y político que representa, han sido objeto de estigmatización al
relacionársele con la insurgencia.
De igual manera, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) ha denunciado la acción
intimidatoria y amenazante por parte de grupos armados sin identificar sobre el Gobernador
Mayor del Gran Resguardo Unificado de Pueblo Rico y el Fiscal del mismo, hechos que ponen
en riesgo la vida de los miembros de este Resguardo, y la movilidad de sus líderes en sus
territorios.
En Mistrató, jurisdicción del sector Mampay, se registró en el mes de agosto la presencia de
aproximadamente 30 combatientes armados y uniformados del ELN, quienes enviaron
mensajes con los conductores de los transportes locales a varios candidatos al Concejo y la
Alcaldía, convocándolos a reunirse con dicho grupo armado, actos que constituyen
intimidación y amenazas contra estos aspirantes.
En el municipio de La Virginia, el alcalde John Jairo Rivera Rivera, denunció la existencia de
panfletos de contenido amenazante.
Un mensaje de intimidación para la presidenta del Movimiento Mira, la senadora Alexandra
Moreno Piraquive, en el que exigen a los miembros de esa colectividad parar sus pretensiones
políticas en los departamentos de Risaralda, Quindío y Valle, fue enviado a través de uno de los
candidatos al Concejo de Pereira, luego de ser retenido 24 horas, el Sábado 8 de septiembre,
por parte de un grupo desconocido de personas al margen de la ley.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Alto
Dosquebradas Alto
Pereira
La Virginia
Medio
Mistrató
Medio
Pueblo Rico
Medio
Quinchía
Medio
AUC
AUC
AUC
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, constreñimiento
al sufragante.
constreñimiento al
debate democrático.
Amenazas, constreñimientos
al sufragante
Amenazas, Constreñimiento
al sufragante, perturbación
al sufragante
Cuadro 17: Listado Municipios identificados en riesgo Risaralda.
2.6 Departamento del Tolima.
El proceso electoral de octubre plantea un escalamiento del conflicto armado en el
departamento del Tolima, lo que constituye la agudización del riesgo para las comunidades
rurales y supone una intensificación en el accionar militar de las FARC contra la Fuerza
Pública, de atentados o ataques en sectores urbanos que influyan sobre el libre ejercicio del
derecho a elegir y ser elegido, con el objeto de condicionar el futuro político de la región. En
tal sentido se prevé que la guerrilla realice acciones de constreñimiento electoral contra los
ciudadanos y ciudadanas para que no participé en los comicios del mes de octubre, quema de
urnas y material electoral, bloqueos de caminos interveredales hacia la cabecera urbana del
municipio, retención de cédulas, confinamientos y amenazas, uso de métodos para generar
terror, incineración de vehículos y atentados contra la infraestructura energética y de
comunicaciones.
El histórico abstencionismo producto de las acciones armadas de los grupos irregulares puede
repetirse este año en las zonas de dominio de la guerrilla; particularmente en los municipios
ubicados en la cordillera central y en las zonas donde se vienen adelantando operaciones
militares, esto es, en Chaparral, Rioblanco y Roncesvalles. Ante tales circunstancias, los
partidos de la U y Cambio Radical se han abstenido a realizar proselitismo en esa zona ya que
a algunos candidatos que realizan campaña en el área de cordillera, la guerrilla les ha hecho
exigencias económicas para poder ingresar a la zona rural.
La disputa por el control del poder político encuentra en los grupos armados
postdesmovilización de las AUC y la guerrilla de las FARC, a actores con interés de influir en
las votaciones de octubre de 2007, sobre todo en los municipios de Murillo, Villahermosa,
Casabianca, Herveo, Villarrica, Cunday, Ibagué, Dolores, Valle del San Juan, Anzoátegui,
Líbano, Mariquita, Honda, Falán, Coello y Cajamarca, por lo que es factible que se presenten
actos de constreñimiento al sufragante, amenazas e intimidaciones y homicidios contra
dirigentes políticos y candidatos a cargos de elección popular.
En el municipio de Anzoátegui se han registrado durante el 2007, graves hechos de violencia:
la muerte el 28 de abril de la Concejal Maria Darcy Caicedo y las amenazas que recibieron el
secretario de Gobierno Municipal, dos concejales (uno de los cuales se vio obligado a
desplazarse el pasado 9 de mayo) y el personero municipal, quien renunció irrevocablemente al
cargo desde el pasado 19 de mayo.
En el mes de mayo de 2007, la Alcaldesa de Villarrica fue declarada objetivo militar a través de
un panfleto, al parecer enviado por las FARC. De igual forma, en dicho municipio, las FARC
han cometido acciones de terror al instalar artefactos explosivos en buses de servicio
intermunicipal.
El 2 de julio de 2007, fue asesinado el precandidato del Partido Liberal a la alcaldía de
Purificación, en el marco de un evento público que reunía a los precandidatos en la Casa de la
Cultura ubicada en la vereda Chenche Asoleado. En los municipios del Guamo, Saldaña,
Coyaima y Purificación, los pobladores han observado la presencia de un nuevo grupo armado
ilegal que se conformó con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas.
El alcalde y los Concejales Municipales de Ibagué, así como los diputados del departamento del
Tolima, han denunciado amenazas proferidas por actores armados no identificados.
El 8 de julio durante la jornada de la consulta interna de los Partidos, en dos puntos de la zona
rural del municipio de Chaparral, las FARC obstruyeron la instalación de dos mesas de
votación en el corregimiento de San José de las Hermosas y en el sitio conocido como Las
Cruces del citado corregimiento.
En el municipio de Dolores, se han registrado denuncias de presión armada para apoyar la
participación a favor de algunos candidatos por parte del Frente 25 de las FARC que realiza
acciones armadas en la zona suroriental del departamento del Tolima. Ante tal situación, la
administración municipal está evaluando la posibilidad de reubicar todas las mesas de votación
de la zona rural en el casco urbano del municipio (anteriormente se encontraban ubicadas 11
mesas en la cabecera municipal y 9 mesas en zona rural).
El 26 de septiembre, Alberto Martínez Barbosa, candidato a Alcaldía de Ríoblanco, por el
partido Convergencia Ciudadana, fue asesinado en la vereda La Esmeralda, presuntamente por
el Frente 21 de las Farc. Este asesinato se suma al de Julio César Marentes, candidato del
Partido de 'La U' a la Alcaldía de Villarrica y el de Adolfo León Álvarez Rodríguez, candidato
por el Movimiento Cambio Radical a la Alcaldía de Átaco el pasado 16 de octubre.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Ibagué
Medio
Anzoátegui
Alto
Ataco
Alto
Cajamarca
Medio
Casabianca
Alto
Chaparral
Alto
Coello
Medio
Coyaima
Alto
Dolores
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
ilegales post desmovilización de sufragante, perturbación del
las AUC
ilegales post desmovilización de movilidad, perturbación del
las AUC
certamen democrático, quema de
FARC
FARC
restricciones a la
sufragante, Restricciones a la
FARC
movilidad, Perturbación del
FARC
nuevos grupos armados ilegales sufragante, perturbación del
restricciones a la movilidad
las AUC
FARC
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Espinal
Medio
Flandes
Medio
Fresno
Alto
Guamo
Medio
Herveo
Alto
Honda
Bajo
El Líbano
Alto
Mariquita
Bajo
Murillo
Alto
Natagaima
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
nuevos grupos armados ilegales Amenazas, Constreñimiento al
post desmovilización de las AUC sufragante
Farc
las AUC
quema de urnas y material
electoral
FARC
las AUC
FARC
las AUC
FARC
FARC
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Ortega
Alto
Palo
Cabildo
Alto
Planadas
Alto
Purificación Medio
Rioblanco
Alto
Roncesvalles Medio
Saldaña
Medio
San Luis
Alto
Santa Isabel Alto
Suárez
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
las AUC
FARC
FARC
las AUC
FARC
FARC
las AUC
desmovilización de las AUC,
Ogai
las AUC
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Valle De
San Juan
Alto
Villa
Hermosa
Alto
FARC
Alto
las AUC
Villarrica
Grupo Armado Ilegal
Cuadro 18: Listado Municipios identificados en riesgo Tolima.
Posible Conducta
Vulneratoria
electoral
3. REGIÓN NORORIENTE
En los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca y la zona del Magdalena
Medio, que conforman la región nororiente, las características del conflicto armado en cada
uno de los departamentos varían dependiendo de su evolución histórica, de la ubicación
geoestratégica y de las ventajas que el territorio pueda suministrar a los actores armados ilegales
en la consolidación y fortalecimiento de su proyecto político, económico y militar. Estas zonas
del país cuentan con características comunes que influirán de manera determinante en el
desarrollo de los próximos comicios del 28 de octubre.
El fenómeno del narcotráfico, ya sea en su etapa de producción y comercialización, continúa
permeando a las comunidades que se establecen en algunas zonas de estos departamentos,
teniendo en cuenta que la región posee ventajas geográficas que conectan los corredores del
narcotráfico: el río Magdalena, como principal afluente fluvial, la fácil comunicación terrestre
hacia el centro del país y la Costa Atlántica y, los beneficios que surgen por ser región
fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela.
Otra característica, es la presencia de los grupos armados ilegales post-desmovilización de las
AUC. Este fenómeno se está presentando en todas las zonas de la región con características
propias en cada departamento, en donde estas agrupaciones bajo el nombre de “Águilas
Negras” constituyen nuevamente un factor de amenaza para la población civil y el proceso
electoral. Estos grupos intentarán beneficiarse de los resultados electorales para incidir en las
administraciones locales y departamentales. Esta coyuntura, podría desarrollarse en medio de
acciones violentas contra candidatos que representen intereses contrarios a los del grupo,
presiones al electorado para obstaculizar el ejercicio del derecho al voto, al igual que la posible
financiación de campañas con dineros del narcotráfico.
Las Farc, que en la mayoría de las zonas referenciadas se encuentran en un proceso de
copamiento de territorios que antes controlaban las AUC, y del Ejército de Liberación
Nacional, probablemente emplearan el recurso de la violencia para interferir el proceso
electoral y los comicios de octubre en algunas zonas de los santanderes y Arauca y para ello
podrían promover paro armado en los departamentos de Arauca y Norte de Santander y en
otras zonas, en su propósito de incidir en las administraciones municipales y departamentales
la guerrilla realizará proselitismo armado por lo que se prevé amenazas y atentados contra
candidatos, funcionarios electorales, constreñimientos a los sufragantes y ataques contra la
infraestructura vial, energética y de comunicaciones, actos de perturbación del certamen
democrático, quema de urnas y material electoral y restricciones a la movilidad a partir de la
declaratoria de paro armado.
En los departamentos de esta región, se están implementando proyectos para la exploración y
explotación de hidrocarburos, para el desarrollo vial y la sustitución de cultivos de uso ilícito,
que generan grandes intereses económicos y políticos, que serán aprovechados por la guerrilla
y por los nuevos grupos armados ilegales post-desmovilización de las AUC, para influir en el
proceso electoral.
A continuación, una exposición del riesgo electoral en los departamentos de Arauca, Norte de
Santander y Santander.
3.1 Departamento de Arauca
En este departamento, la confrontación armada entre las Farc (Frente 10, Columna Móvil
Alfonso Castellanos, Frente 45, Frente 28 y el ELN con el Domingo Laín), y el surgimiento de
un nuevo grupo armado ilegal autodenominado “Águilas Negras” (posterior a la
desmovilización del bloque Vencedores del Arauca de las AUC), incrementarán el riesgo para
la población civil que desea ejercer su derecho al voto, así como para los demás actores de los
comicios.
En nivel de riesgo alto se encuentran los municipios de Arauquita, Fortul, Tame y Saravena,
seguidos por Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón con un nivel de riesgo medio.
En abril de 2007, el frente 10 de las Farc “Guadalupe Salcedo”, profirió amenazas contra los
mandatarios locales, empleados de la administraciones departamental y municipales, lo mismo
que contra los aspirantes a cargos de elección popular; exigiéndoles su renuncia inmediata so
pena de convertirse en objetivos de ataque.
El asesinato de Enith Martínez Balaguera, supernumeraria de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en la zona rural de Tame, el pasado 16 de Mayo, y de la Concejal Alejandrina
Rincón Méndez en la zona urbana de Arauquita, el 8 de junio, materializaron las amenazas de
la guerrilla.
Igualmente, en el municipio de Arauquita el pasado 8 de julio, se registró la explosión de un
artefacto explosivo en el área suburbana, alterando la tranquilidad del proceso de consulta
interna para elegir a los candidatos que representarían al partido liberal, conservador y Polo
Democrático Alternativo en los próximos comicios del 28 de octubre.
Las Farc frentes 10, 28 y 45, mediante comunicado del 5 de agosto de 2007, decretaron un
paro armado en el departamento, desde las 0:00 Horas del día 5 y hasta las 0:00 horas del día
20. Paro que se realizó con amenazas a los periodistas, obstaculización del trasporte terrestre y
fluvial, incineración de vehículos y la ejecución de asesinatos selectivos. También, los
subversivos anunciaron la realización de un nuevo paro armado en el mes de octubre, y
exigieron la renuncia del Gobernador, Diputados regionales, Alcaldes municipales, Ediles
locales y postulantes.
En el municipio de Tame, veredas Puerto Gaitán, San Joaquín y San Salvador, al parecer
integrantes de un grupo paramilitar, con lista y número de cédulas en mano le exigieron a la
población apoyar y votar en las elecciones próximas, por un determinado candidato a la
gobernación y a la alcaldía.
De acuerdo a denuncias en la Fiscalía, varios candidatos del partido Apertura Liberal, han
recibido amenazas por sujetos que se identifican como Águilas Negras, siendo conminados a
abandonar el territorio del departamento de Arauca en 24 horas y a desistir de sus aspiraciones
políticas, en caso contrario serán declarados objeto de ataques.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Arauca
Medio
AUC
Arauquita
Alto
AUC
Cravo
Norte
Medio
AUC
Alto
AUC
Medio
AUC
Alto
AUC
Fortul
Puerto
Rondón
Saravena
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
movilidad
movilidad
democrático
movilidad
movilidad
movilidad
Municipio
Nivel de
Riesgo
TAME
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Farc, ELN, nuevos grupos armados constreñimiento al sufragante,
ilegales post desmovilización de las perturbación del certamen
AUC
movilidad
Grupo Armado Ilegal
Cuadro 19: Listado Municipios identificados en riesgo Arauca.
3.2 Departamento de Norte de Santander
El escalamiento del conflicto armado en este departamento, podría interferir en las próximas
elecciones de octubre, teniendo en cuenta que los grupos armados ilegales generadores del
riesgo ( Farc – Ep con el Frente 33 y nuevos grupos armados ilegales postdesmovilización de
las AUC denominados “Águilas Negras”) podrían influir en las decisiones de los ciudadanos y
ciudadanas que asistan a las urnas, ya sea obligando a votar por uno u otro candidato o
promoviendo la abstención mediante la intimidación o constreñimiento de la población. Así
mismo, se podrían presentar acciones armadas para sabotear el proceso electoral, los comicios
y los escrutinios y amenazas para disuadir, por la vía de la violencia, la elección de candidatos
de la preferencia de uno u otro actor armado ilegal.
En el departamento de Norte de Santander se han identificado 18 municipios en un nivel de
riesgo alto, que corresponden al 45% del total departamental y entre los que se encuentran
Abrego, Cáchira, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza,
La Playa, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, Sardinata, Villa del Rosario,
Teorama y Tibú, cuyas poblaciones estarían expuestas a sufrir alguna acción violenta por parte
de los grupos armados ilegales que se podrían concretar en amenazas, homicidios y
constreñimientos contra electores, candidatos y funcionarios públicos; actos de sabotaje y de
perturbación al certamen democrático, como también restricciones a la movilidad de los
ciudadanos y ciudadanas, retenciones ilegales, actos de terror contra el servicio público de
transporte y quemas de mesas de votación, urnas o material electoral.
Desde octubre de 2006 todos los alcaldes en ejercicio de la provincia de Ocaña que comprende
los municipios del Carmen, Convención, San Calixto, Tibú, la Playa, Ocaña, el Tarra y Hacarí,
fueron amenazados por la columna móvil Resistencia Barí de las Farc. En mayo de 2007, esta
columna guerrillera amenazo al Alcalde Municipal de Teorama. El viernes 6 de julio, se
registró el secuestro del señor Juan Carlos Trigos, precandidato a la alcaldía del municipio de la
Playa, por parte de un grupo armado ilegal.
Las Farc durante el 2007 ha reiterado las amenazas contra los alcaldes de la región del
Catatumbo y en la actualidad, varios de ellos despachan desde Ocaña. En el municipio el Tarra,
producto de las amenazas proferidas en el mes de agosto de 2007 por las Farc, un funcionario
de la administración tuvo que abandonar la localidad. El Alcalde de este municipio, Yurgen
Rincón Quintero, ejerce sus funciones en Ocaña desde hace dos meses, cuando recibió
amenazas por parte de la guerrilla.
El 3 de septiembre, la Personería Municipal de El Tarra, confirmó la salida de la localidad del
inspector de policía, y las amenazas de la subversión contra la presidenta del Concejo
municipal.
En el municipio de Ocaña, se han registrado asesinatos selectivos contra comerciantes y
desmovilizados de las autodefensas y, se presenta un fenómeno de rearme de reductos
paramilitares, que se autodenominan Águilas Negras, que atemoriza a la población y es un
factor de riesgo en las próximas elecciones.
Por su parte, en el área Metropolitana de Cúcuta así como, en el municipio de Puerto
Santander, Villa del Rosario y los Patios, la situación de violencia es cada vez más compleja,
teniendo en cuenta que el rearme de reductos o facciones de los Bloque Central Bolívar,
Bloque Catatumbo y Bloque Norte, vienen desarrollando acciones violentas como parte de una
estrategia de ajuste de cuentas, al igual que por otros intereses relacionados con el narcotráfico.
En el municipio del Carmen, la Personería Municipal, recibió quejas de los candidatos del
Partido Liberal en el sentido que las Farc les prohibió hacer campaña proselitista en la región
del Bobalí, esto es, por las veredas la Paz, el Páramo, el Esfuerzo, Santa Fe, Playa Rica, Aguas
Claras, Culebritas, Playas lindas y, la Bogotana, además, por las comunidades indígenas
Bridicayra, Ichiryndacayra y Corroncayra).
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Cúcuta
Alto
Abrego
Alto
Alto
Cáchira
democrático, retenciones ilegales
democrático, retenciones ilegales,
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Convención Alto
"Águilas Negras"
El Carmen
Alto
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Hacarí
Alto
"Águilas Negras"
La
Esperanza
Alto
La Playa
Alto
Alto
El Tarra
El Zulia
Los Patios
electoral
electoral
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Ocaña
Alto
Puerto
Santander
Alto
San Calixto Alto
Sardinata
Alto
Teorama
Alto
Tibú
Alto
Villa Del
Rosario
Alto
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
electoral
Cuadro 20: Listado Municipios identificados en riesgo Norte de Santander.
3.3 Departamento de Santander
Las guerrillas de las Farc y el ELN, en su objetivo de recuperar el control territorial y social en
algunos municipios de este departamento, en los que en el pasado ejercieron dominio,
probablemente constituirán alianzas que les permitan fortalecerse militarmente para intimidar a
las comunidades campesinas, desestabilizar el debate electoral e influir en los gobiernos locales.
Por su parte, los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC denominados
Águilas Negras, están afianzando el control social y político, especialmente, en las zonas
urbanas, con el fin de continuar usufructuando las rentas provenientes del narcotráfico
(producción y comercialización de narcóticos) e invertir el capital en proyectos económicos
legales.
En el departamento de Santander, por el monitoreo adelantado a la dinámica del conflicto
armado en esta zona del país y por la acción armada de la guerrilla como de las nuevas
estructuras armadas ilegales que se autodenominan “Águilas Negras, Los municipios
identificados en un nivel de riesgo alto son 16 que se discriminan así: Bolívar, California,
Charta, Cimitarra, El Peñón, El Playón, Girón, La Belleza, Landázuri, Lebrija, Matanza,
Rionegro, Sucre, Suratá, Barrancabermeja y Sabana de Torres. Y en nivel de riesgo medio se
identifican cinco (5) municipios que corresponden a Bucaramanga, Cerrito, Floridablanca,
Piedecuesta y Puerto Wilches.
En la Provincia de Soto, el riesgo electoral se ha incrementado especialmente en los municipios
de Surata y California, resultado de las amenazas de los grupos insurgentes contra alcaldes,
personeros, servidores públicos, candidatos y funcionarios de las dos compañías mineras más
importantes que se encargan de explotar oro en las minas del municipio de California.
En el Área Metropolitana de Bucaramanga, las Águilas Negras vienen efectuando amenazas
contra organizaciones no gubernamentales, sindicales y organizaciones políticas de izquierda
(Polo Democrático Alternativo y PCC), a quienes acusan de manera reiterada de ser
colaboradores de la subversión, especialmente a través de panfletos, seguimientos, llamadas
telefónicas y correos electrónicos.
Durante el mes de agosto de 2007, las amenazas contra candidatos y electores se acentuaron en
los municipios de Piedecuesta, La Belleza (corregimiento La Quitaz, vereda La Tipa), Sucre
(corregimiento Sabana Grande, vereda Árales), Lebrija (corregimiento Uribe y Uribe), Surata y
California (corregimiento Cachiri, veredas El Silencio y Tablanca), producto de las amenazas
de los guerrilleros de las Farc, frentes 20 y 23, y el frente Guillermo Vásquez del ELN.
En el municipio de Bolívar, la polarización entre los simpatizantes de los postulantes a la
alcaldía local, podría ser canalizada por los insurgentes y las Águilas Negras, agudizando las
confrontaciones internas.
En la región del Magdalena Medio Santandereano, posterior a la desmovilización de los
grupos de autodefensas, surgieron nuevos grupos armados irregulares, los cuales se trenzaron
en disputas territoriales orientadas a detentar los beneficios derivados de las económicas
regionales, tanto licitas como ilícitas.
En Barrancabermeja, la reconfiguración de los nuevos grupos armados ilegales
postdesmovilización de las AUC, se traduce en el incremento de las medidas de control para
los habitantes del sector del comercio, del puerto, de los sectores Las Escalas y La Rampa y del
sector sur y nororiental de la ciudad; particularmente a través de presiones y amenazas contra
líderes sociales y sindicales, líderes políticos, aspirantes a las corporaciones públicas regionales
y locales.
De igual se han agudizado las amenazas contra organizaciones que participan en el Polo
Democrático Alternativo. En los meses de febrero y agosto de 2007, circularon panfletos por
Internet a nombre de Bloque Central de las Águilas Negras de Colombia en los cuales
amenazan a organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, líderes políticos y
defensores de derechos humanos.
En el barrio La Paz, del municipio de Floridablanca, el 28 de septiembre se presentaron
hostigamientos de personas armadas contra los participantes en una reunión política que
adelantaba la candidata a la Alcaldía de ese municipio, Alba Luz Vega, perteneciente al
movimiento Convergencia Ciudadana.
En Puerto Wilches, el 4 de septiembre de 2007 aparecieron múltiples grafitos en los barrios
La Ciénaga, La Granja y Díaz, alusivos al Frente 20 de las Farc, que decían: “muerte a todos los
candidatos a la alcaldía FARC-EP”.
En Sabana de Torres, las Farc, frente 20, remitieron un panfleto expresando: “Se le hace saber
al municipio de Sabana de Torres que el actual alcalde y algunos integrantes de su gabinete
llegaron al palacio municipal en las elecciones siendo apoyados por paramilitares, de igual
manera están haciendo en la campaña actual los señores Jazmín Vargas, Urien Valencia,
Fernando Pedraza, El ingeniero Chacón ex – secretario de planeación Lina Monroy vienen
siendo patrocinados por los grupos emergentes Águilas Negras”.
Municipio
Bucaramanga
Nivel de
Riesgo
Medio
Barrancabermeja Alto
Bolívar
Alto
California
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
"Águilas Negras"
constreñimiento al
sufragante, Perturbación del
"Águilas Negras"
del certamen democrático
"Águilas Negras"
Atentados, hostigamientos,
retenciones ilegales,
"Águilas Negras"
democrático
Municipio
Cerrito
Charta
Nivel de
Riesgo
Medio
Farc, ELN
Alto
"Águilas Negras"
Cimitarra
Alto
El Peñón
Alto
El Playón
Alto
Floridablanca
Medio
Girón
Alto
La Belleza
Alto
Landázuri
Lebrija
Grupo Armado Ilegal
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Posible Conducta
Vulneratoria
al sufragante
democrático, restricciones a
la movilidad
al sufragante
al sufragante
democrático
al sufragante
del certamen democrático,
electoral
democrático
Municipio
Nivel de
Riesgo
Matanza
Alto
Piedecuesta
Medio
Puerto Wilches
Medio
Rionegro
Alto
Sabana De
Torres
Alto
Sucre
Alto
Suratá
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
"Águilas Negras"
la movilidad.
nuevos grupos armados ilegales al sufragante, perturbación
post desmovilización de las AUC del certamen democrático,
"Águilas Negras"
electoral
al sufragante
"Águilas Negras"
"Águilas Negras"
democrático
constreñimiento al
"Águilas Negras"
electoral
Farc, ELN
al sufragante
"Águilas Negras"
la movilidad.
Grupo Armado Ilegal
Cuadro 21: Listado Municipios identificados en riesgo Santander.
4.REGIÓN CENTRO ORIENTE
Las acciones de los grupos armados ilegales (guerrilla, estructuras no desmovilizadas de las
AUC y otros grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC e inclusive estructuras
mafiosas relacionadas con el narcotráfico) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Casanare, Meta, Vichada y Guaviare, se pueden constituir en escenarios de riesgo en el marco
del proceso electoral, si se materializan en amenazas, intimidaciones y actos de terror con el
ánimo de incidir en los resultados electorales. Sin embargo, el accionar de los grupos armados
al margen de la ley es distinto según la zona de injerencia, el tipo de actor, el tipo de relaciones
que el grupo armado ilegal haya establecido con los actores sociales de cada localidad,
permitiéndole aprovechar las condiciones que ha impuesto para lograr resultados favorables en
los comicios.
El escenario de esta región revela dos grandes áreas de control: la zona andina, comprendida
por los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, y la de llanura, integrada por los
departamentos de Meta, Casanare, Guaviare y Vichada. En la primera zona, se encuentran los
mayores asentamientos humanos y por tanto el Estado tiene un mayor control en materia de
seguridad. Sin embargo, aún quedan algunos municipios bajo la influencia de la guerrilla, Farc y
ELN, que por su condición geográfica en la cordillera oriental hacen parte de los corredores de
movilidad de los diferentes frentes de la subversión. A su vez, el difícil acceso y las precarias
condiciones de vida de sus pobladores contribuyen a facilitar la influencia de esos grupos; allí
se encuentran los municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba y Pajarito en Boyacá, La Salina,
Sácama, Recetor y algunos sectores rurales de Támara y Nunchía en Casanare.
En la zona de Llanura es donde predominan las estructuras paramilitares en proceso de
reorganización y donde la disputa por el control prácticamente se ha definido. Sin embargo, en
las zonas de fronteras de los frentes de colonización, el control se lo disputan los grupos
guerrilleros de las FARC y las estructuras no desmovilizadas de las AUC (Bloque Meta y
Guaviare de alias “Cuchillo”), otros grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC
(denominados “Los Paisas” o “Macacos”, o Cooperativa de Seguridad Meta y Vichada) y los
reductos de las Autodefensas Campesinas de Casanare –ACC–. Las áreas de mayor injerencia
de los grupos guerrilleros se encuentran en las zonas selváticas de los departamentos de
Guaviare, Vichada y Meta, particularmente en los municipios de Cumaribo, Mapiripán,
Macarena, La Uribe, Mesetas, El Castillo, San Juan de Arama, Lejanías, Vistahermosa, Puerto
Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y
Miraflores.
El accionar de la guerrilla genera por una parte el riesgo de la presión armada y las amenazas
contra electores y candidatos que permitan influir sobre el poder local y las rentas provenientes
de la contratación pública para financiar su proyecto político de insurgencia armada. Por otro
lado, el surgimiento de otros grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC, en
confrontación con las estructuras no desmovilizadas de las AUC en la región, con pretensiones
de control político y social buscarán acceder al manejo de los recursos de las administraciones
municipales, para lo cual emplearán el clientelismo político y la amenaza armada contra líderes
comunitarios electores y aspirantes a los cargos de elección popular, que no pertenezcan o se
opongan a sus intereses particulares de canalizar recursos del presupuesto público hacia sus
redes clientelistas.
Igualmente, hay que tener en cuenta la exacerbación de la violencia armada en tiempos
electorales contra las personas que manifiestan su militancia y apoyo político, pues la
Orinoquía colombiana es una zona donde la expresión de la violencia política es muy fuerte.
En síntesis, los grupos armados intentarán garantizar sus clientelas políticas a efectos de
mantener injerencia en las comunidades y proyectos económicos tanto lícitos (agroindustria,
minería y extracción de hidrocarburos) como ilícitos (de producción de coca) razón por la cual
se considera factible la intervención en las próximas elecciones de octubre como mecanismo
para lograrlo. A ello contribuye la falta de presencia de la Fuerza Pública en zonas apartadas
donde se llevarán a cabo los comicios, lo que implica un riesgo de mayor injerencia de los
actores armados.
A continuación se describen los municipios en donde existe riesgo potencial de trasgresión al
proceso electoral por parte de los grupos armados ilegales.
4.1 Departamento de Boyacá
En el departamento operan las FARC con los Frentes 38, 45, 28 y 52; así mismo se ha
establecido la presencia de estructuras reagrupadas provenientes de grupos paramilitares y de
grupos de justicia privada.
En el departamento de Boyacá, los municipios de Paya, Pisba, Pajarito y Labranzagrande, han
sido considerados históricamente de alto riesgo para el desarrollo del proceso electoral.,
específicamente en sus zonas rurales donde el accionar de los Frentes 56 y 28 de las FARC-EP,
provenientes del departamento del Casanare, pueden generar constreñimiento en la población
civil.
En el resto del departamento se han reportado situaciones que configurarían posibles
escenarios de riesgo en los municipios de Somondoco, Tunungua y Socotá, con un nivel de
riesgo alto en donde se prevé posibles amenazas, constreñimiento y corrupción al sufragante y
perturbación al certamen electoral.
La Personería de Somondoco recibió una queja, el 24 de Agosto de 2007, en la cual el
candidato a la Alcaldía Cristian Fernández Sánchez, de Alas Equipo Colombia, manifiesta que
ha sido objeto de panfletos difamatorios y amenazas.
La Personería del municipio de Tunungua informó que el señor Jorge Eliécer Combita
Santana, candidato a la Alcaldía municipal, ha sido objeto de amenazas por parte de grupos
armados al margen de la ley.
El Comité Municipal de Seguimiento y Garantía Electoral del municipio de Socotá, informó
que el señor William Eusebio Correa Durán, candidato a la Alcaldía municipal por el Partido
Liberal, ha sido objeto de amenazas contra su vida e integridad personal por parte de grupos
armados al margen de la ley. Además, en las inspecciones de Pueblo Viejo, Cipaviejo y El Oso
se han presentado muertes selectivas, atribuidas a grupos armados al margen de la ley. Por ello,
el Comité, garantizando el derecho a los electores, recomendó a la Registraduría, trasladar las
mesas de votación a las Inspecciones de Comeza y Los Pinos, de la misma jurisdicción.
Municipio
Cubará
Nivel de
Riesgo
Medio
Grupo Armado Ilegal
"Águilas Negras"
Labranzagrande Medio
Farc, ELN
Pajarito
Medio
Farc, ELN
Paya
Medio
Farc, ELN
Pisba
Medio
Farc, ELN
Socotá
Alto
Farc, ELN
Somondoco
Alto
Ogai
Amenazas, Atentados,
democrático
movilidad
movilidad
movilidad
movilidad
Municipio
Tunungua
Nivel de
Riesgo
Alto
Grupo Armado Ilegal
nuevos grupos armados
ilegales post desmovilización
de las AUC
Cuadro 22: Listado Municipios identificados en riesgo Santander.
4.2 Departamento de Casanare
En el departamento de Casanare se presentan dos escenarios de riesgo potenciales que podrían
interferir con los próximos comicios electorales; en primer lugar, los municipios cuyos
territorios de su jurisdicción se ubican (o al menos una parte de su territorio) en la zona
cordillerana del piedemonte llanero como Recetor, Chámeza, Aguazul, Yopal, Nunchía,
Támara, La Salina y Sácama; y, en segundo lugar, los municipios de la sabana, como Hato
Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué, Yopal, Aguazul, Maní,
Tauramena, Villanueva, Monterrey y Sabanalarga.
En estos dos escenarios de riesgo, los grupos armados ilegales aprovechan las ventajas
geográficas para desarrollar sus estrategias de control territorial y poblacional. Es así como en
la zona cordillerana del Piedemonte Llanero, aún se mantienen activos algunos frentes
guerrilleros de las FARC (53, 38 y 28) y del ELN (frentes José David Suárez y Adonai Ardila,
con influencia del Frente Domingo Laín en los límites con el departamento de Arauca). Estos
frentes guerrilleros, mantienen un histórico control sobre esta zona de cordillera; sin embargo,
la existencia de importantes yacimientos petroleros en Aguazul, Tauramena y Yopal, ha hecho
que la presencia de la Fuerza Pública sea notoria y mantenga sobre estos territorios constantes
operativos, particularmente de la Brigada XVI de la Cuarta División del Ejército.
No obstante, en respuesta a los operativos contrainsurgentes que el Ejército Nacional ha
mantenido durante los últimos meses, las estructuras guerrilleras de las FARC y el ELN, vienen
aprovechando la actual coyuntura electoral para demostrar su presencia y supuesto control
territorial y desprestigiar con ello los resultados de los operativos de la Fuerza Pública. Es por
ello que, en algunas zonas rurales de los municipios descritos en este sector de la cordillera, es
posible que se presenten presiones y amenazas contra candidatos y electores que quieran
realizar proselitismo en sus zonas de influencia e interferencias contra el libre desarrollo de los
comicios. Muchos de los partidos que tienen restringida su actividad en algunas de estos
sectores rurales son los partidos políticos que apoyan o han apoyado al actual Gobierno
Nacional. El ELN es el grupo que más influencia parece presentar en la zona.
En el municipio de Aguazul, el candidato a la Alcaldía por el movimiento político "Cambio
Radical" manifestó que fue declarado “objetivo militar” por el ELN. También un concejal
municipal fue objeto de este tipo de amenazas.
En la zona de Sabana o Llanura, los grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC
que aún siguen ejerciendo control territorial, especialmente en la zona de influencia del río
Meta y los municipios frontera con Casanare, como son La Primavera y Santa Rosalía en el
Vichada, y Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, los cuales mantienen disputas entre sí por
hacerse al control hegemónico de la región, podrían afectar el proceso electoral de octubre
próximo. En el sur de Casanare, donde predominó la influencia de las Autodefensas
Campesinas de Casanare –ACC–, aún sin desmantelar y desmovilizar totalmente, la disputa por
el control de estas administraciones mantiene la zozobra entre los habitantes por saber quién
ejercerá el control político y que pasará con la disputa entre los grupos armados
postdesmovilización de las AUC (Cuchillos y Macacos en el Meta y Vichada) y las posibles
alianzas entre el que se imponga y, alias Martín Llanos, quien controlara en otrora las ACC. El
temor de los candidatos y electores de esta región, es por las posibles retaliaciones que puedan
suscitarse en la medida en que su estructura armada ilegal logre recomponerse, y el actual
proceso electoral puede servir de acicate para alcanzar este objetivo estratégico.
En consecuencia, una potencial situación de riesgo se pueden encontrar en los municipios de
Orocué, Aguazul (especialmente en la zona de piedemonte), Villanueva, Monterrey, Maní, San
Luis de Palenque y Trinidad.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Chámeza
Medio
Farc, ELN
Hato
Corozal
Medio
AUC
La Salina
Medio
Farc, ELN
Monterrey
Medio
Nunchía
Medio
Orocué
Medio
Aguazul
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Constreñimiento al
sufragante
Constreñimiento al
Constreñimiento al
Autodefensas no desmovilizadas
Constreñimiento al
ACC -“Autodefensas Campesinas de
sufragante
Casanare”
Constreñimiento al
nuevos grupos armados ilegales post Constreñimiento al
sufragante
Constreñimiento al
Farc, ELN, Autodefensas no
desmovilizadas ACC -“Autodefensas
Campesinas de Casanare”
Municipio
Nivel de
Riesgo
Paz de
Ariporo
Medio
Recetor
Medio
Sácama
Medio
San Luis de
Palenque
Medio
Tamara
Medio
Posible Conducta
Vulneratoria
Constreñimiento al
Constreñimiento al
Farc, ELN
Constreñimiento al
Farc, ELN
nuevos grupos armados ilegales post Constreñimiento al
sufragante
Farc, ELN, Autodefensas no
Constreñimiento al
desmovilizadas ACC -“Autodefensas
sufragante
Campesinas de Casanare”-.
Grupo Armado Ilegal
Cuadro 23: Listado Municipios identificados en riesgo Casanare.
4.3 Departamento de Cundinamarca
El riesgo electoral se identifica en las provincias de Rionegro, Oriente y Tequendama. Las
amenazas a los alcaldes, candidatos a las alcaldías, concejales salientes y registradores
municipales, se han incrementado en razón de su trabajo o de los intereses que puedan tener
los partidos políticos y los grupos armados presentes en el departamento. De manera
específica, el accionar de las FARC y de grupos armados ilegales pos-desmovilización de las
AUC constituye una presión para la ciudadanía, los candidatos, los partidos políticos y los
funcionarios públicos para ejercer el derecho al voto y el derecho a ser elegido.
Los municipios del departamento de Cundinamarca que presentan un nivel de riesgo alto son:
San Cayetano, La Palma, Nimaima, Sasaima, La Mesa, Viotá, Cabrera, Fusagasugá, Venecia,
Beltrán, Pulí y Nilo en donde se prevén posibles amenazas, constreñimiento al sufragante,
perturbación del certamen electoral y corrupción al sufragante.
Las FARC, hacen presencia en el municipio San Cayetano, provincia de Rionegro,
manteniendo el riesgo electoral en las veredas de Cuibuco, La Floresta y Laguna Verde, el cual
se ha extendido al casco urbano del municipio y las veredas El Mortiño, Páramo Alto y La
Montaña. En esa misma municipalidad, el Frente 53, a través de un comunicado, solicitó la
renuncia de tres concejales y los declaró objetivo militar.
En el municipio de La Palma se ha evidenciado la presencia de grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, los cuales podrían ejercer presiones sobre los electores, acciones
que contribuirían a crear temor y constreñimiento electoral en la población civil.
En el municipio de Nimaima, provincia de Gualiva, la presencia de grupos armados sin
identificar, podría determinar que las autoridades reubiquen el puesto de votación de la vereda
El Cerro.
En el municipio de Sasaima, provincia de Gualiva, la concejala Marleny Patricia Bermúdez
Mójica, fue amenazada y obligada a desplazarse de la localidad.
En el municipio de La Mesa, provincia del Tequendama, Freddy A. Monroy, candidato a la
Alcaldía Municipal por el Polo Democrático Alternativo, fue amenazado por las
autodenominadas Águilas Negras.
En el municipio de Viotá, provincia del Tequendama, las concejalas de Cambio Radical, Jenny
Liceth Tovar Franco, Yolanda Rodríguez, y Margarita Torres, han sido objeto de amenazas. El
candidato a la Alcaldía de Viotá, Eduardo Moreno Peña, recibió amenazas contra su vida,
cuando aún era precandidato. De igual manera, el Polo Democrático Alternativo, ha informado
de presuntas amenazas de muerte proferidas por grupos armados al margen de la ley contra
algunos integrantes de la ONG Cohuso que aspiran a cargos de elección popular.
En Fusagasugá, municipio de la provincia de Sumapaz, las Farc pueden ejecutar acciones de
presión contra los ciudadanos votantes en las veredas El Carmen, Santa Lucía y Guavio Bajo.
El candidato al Concejo Municipal por el Partido Conservador, Edgar Alberto Acosta, se
encuentra amenazado.
En el municipio de Cabrera, provincia de Sumapaz, la Personería Municipal informó que en las
veredas donde se pueden presentar acciones que afecten el normal proceso electoral son: Las
Águilas, Cañada y Hoyerias.
En el municipio de Venecia, vereda Sabaneta Alta, de la provincia de Sumapaz, el 23 de mayo
de 2007, fue amenazado el concejal José Flaminio Mora Quintín.
En el municipio de Pulí, provincia de Magdalena Centro, se tiene conocimiento de las
amenazas de las cuales ha sido objeto el alcalde Jeremías Castro Marín y la registradora
municipal, Piedad Holguín, quien se ha trasladado al municipio de Vianí, Cundinamarca.
En el mes de febrero, en el municipio de Nilo, provincia del Alto Magdalena, el concejal Carlos
Julio Ricardo recibió una amenaza, presuntamente, proveniente de las FARC.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Beltrán
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Municipio
Nivel de
Riesgo
Cabrera
Alto
Fusagasugá
Alto
Guataquí
Alto
Guayabetal
Medio
Jerusalén
Alto
La Mesa
Alto
La Palma
Alto
Nariño
Alto
Nilo
Alto
Nimaima
Alto
Ospina
Pérez Venecia
Alto
FARC
Alto
las AUC
Alto
Pulí
San
Cayetano
Posible Conducta
Vulneratoria
FARC
FARC
sufragante, Corrupción al
sufragante
ilegales postdesmovilización de las sufragante, corrupción al
sufragante
FARC
democrático
FARC
FARC
las AUC
sufragante
las AUC
sufragante
FARC
sufragante
Grupo Armado Ilegal
certamen electoral, corrupción
al sufragante
Municipio
Nivel de
Riesgo
Silvania
Alto
FARC
Soacha
Alto
Farc, ELN, AUC no
desmovilizadas, nuevos grupos
Viotá
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
movilidad
Cuadro 24: Listado Municipios identificados en riesgo Cundinamarca.
BOGOTA D.C
Las guerrillas de las FARC y el ELN y los Nuevos grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, hacen presencia en la ciudad de Bogotá con el propósito de copar
espacios de poder urbano y de regular la dinámica social y política.
En este sentido, es probable que estos grupos al margen de la ley empleen las amenazas, los
actos de terror y los atentados contra la vida y la integridad personal contra los ciudadanos y
ciudadanas en el Distrito Capital; en particular contra el servicio de transporte urbano y de
Trasmilenio, contra las sedes políticas ubicadas en las localidades de Chapinero y Teusaquillo y
contra edificios gubernamentales. En las elecciones de 2006, la guerrilla realizó ataques
terroristas contra el servicio público de transporte y contra Transmilenio.
Estas acciones violentas estarían orientadas a configurar un nuevo mapa político local, como
resultado del sometimiento de la población civil, que podría estar articulado a una estrategia de
consolidación de estructuras armadas y de presencia territorial, que no puede ser simplificada
en una sola dimensión, pues factores financieros, políticos, sociales, militares y logísticos se
complementan. De allí el interés por neutralizar a sus opositores políticos, como medio para
garantizar el cumplimiento de sus propósitos y fines estratégicos.
En consecuencia, es probable que en el Distrito Capital se presenten interferencias al proceso
electoral, por parte de células urbanas de la guerrilla, de estructuras no desmovilizadas de las
AUC, o de nuevos grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC, en las localidades
de Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Usme, Ciudad Bolívar,
Bosa, Sumapaz y Kennedy.
Por otro lado, las organizaciones sindicales, de derechos humanos, grupos estudiantiles y otras
organizaciones sociales que se encuentran adscritas al Polo Democrático Alternativo (PDA),
así como militantes de este partido han sido objeto de amenazas y hostigamientos por grupos
armados ilegales:
En el mes de febrero de 2007 se presentaron amenazas y hostigamientos contra el Senador del
Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro y su familia, en particular contra la señora María
L. Urrego, militante de ese partido y familiar del Senador aludido.
De igual manera, el Polo Democrático Alternativo denunció ante las autoridades competentes
las amenazas realizadas por correo electrónico y los seguimientos a Diego Alonso Arias,
secretario general del Sindicato Gremial de la Guardia del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario y militante del Polo en Bogotá.
También Fernando Dávila Villamizar, militante del Polo en Engativá, al parecer fue
amenazado por un grupo que se autodenomina “Apoyo al Ciudadano Desprotegido por las
Autoridades Distritales y Locales”.
La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuagro, denunció ante la opinión
nacional e internacional, las reiteradas amenazas que viene recibiendo vía correo electrónico,
firmadas por la “Mesa Central de Dirección Nacional Colombia Libre de Comunistas” y la
presencia de hombres que llegaron hasta sus oficinas en Bogotá, localidad Santa Fe, en forma
muy sospechosa, quienes insistían en ingresar al interior de la sede.
En abril de 2007 la Asociación de Estudiantes Universitarios –ACEU- denunció públicamente
amenazas de muerte de la que son objeto siete dirigentes estudiantiles. Según la información, al
correo institucional del Polo Democrático Alternativo PDA llegó un mensaje de un grupo
identificado como Águilas Negras Bloque Disidente de las AUC.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció amenazas y actos de hostigamiento
contra el Señor Iván Montenegro, líder de esta organización sindical ocurridas, de acuerdo con
las informaciones recibidas, el 16 de marzo de 2007 al dirigirse a la oficina del sindicato en
Bogotá, localidad de Santa Fe.
La sede del Partido Comunista Colombiano, en la ciudad de Bogotá, localidad de Teusaquillo,
ha sido objeto de amenazas. El 24 de agosto de 2007 fue agredido Cesar Santoyo, dirigente del
Partido Comunista y candidato a edil en la localidad de Kennedy, quien fue víctima de una
violenta retención por individuos que después de rociar sobre su rostro una sustancia
desconocida lo introdujeron en un vehículo para luego dejarlo abandonado en un potrero de la
localidad de Bosa.
En los últimos tres meses en la ciudad se han presentado atentados, que ponen en alerta a las
autoridades, de las posibles acciones que los diferentes grupos ilegales, específicamente las
milicias urbanas de los grupos guerrilleros, pueden adelantar con miras a perturbar el normal
desarrollo de los próximos comicios electorales: El 22 de agosto explotó un petardo cerca de
la sede del Partido de la U, a la altura de la Carrera Séptima con calle 58, el 20 de septiembre,
un petardo detonó en el barrio Villa Mayor, en la localidad Rafael Uribe Uribe y el 1 de octubre
estalló un artefacto explosivo en una estación de servicio ubicada en la Avenida Primero de
Mayo con carrera 24 en el barrio el Vergel.
Las autoridades electorales del Distrito han manifestado la necesidad reforzar la seguridad en
algunas localidades del Distrito Capital que por su situación de conflictividad pueden presentar
problemas de orden público el día de las elecciones, en la Localidad de Ciudad Bolívar, en los
puestos de votación de los barrios Sierra Morena y Pasquilla; en la Localidad de San Cristóbal;
en el puesto de votación del barrio Juan Rey y en las Localidades de Usme y Sumapaz.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Bogotá D.C. Alto
Grupo Armado Ilegal
Farc, ELN, AUC no
desmovilizadas, nuevos grupos
Posible Conducta
Vulneratoria
acciones de terror, atentados
contra la vida e integridad
personal de dirigentes políticos y
candidatos.
Cuadro 25: Listado Municipios identificados en riesgo Bogotá D.C.
4.4 Departamento del Guaviare
En las zonas rurales de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y
Miraflores, la injerencia de los frentes 1 y 7 de las FARC puede afectar el libre desarrollo de las
elecciones, teniendo en cuenta que las elecciones representan un escenario de visibilización de
su acción armada en las zonas apartadas y en las que históricamente han tenido presencia. En
las cabeceras municipales las estructuras no desmovilizadas de las AUC también pueden
presionar a la población y candidatos. Esto se ha evidenciado con algunas amenazas que se han
hecho por teléfono en contra de candidatos a los Concejos Municipales y a la Asamblea
Departamental, y con el constreñimiento y prohibición para votar que se ha presentado en el
municipio de Miraflores. La situación de riesgo para los próximos comicios electorales en el
departamento del Guaviare, está supeditado a la respuesta que las FARC puedan realizar a las
operaciones antinarcóticos ya que San José, sirve como centro de operaciones de apoyo aéreo
para el despliegue de la estrategia militar diseñada por el Gobierno Nacional. Esto significa que
para las FARC, en la medida en que puedan realizar incursiones armadas, atentados y demás
interferencias contra el proceso electoral y los comicios, servirá para mostrar sus supuesta
fortaleza y capacidad militar de incidir en el orden social de la región.
En el municipio de Calamar, se tuvo conocimiento de que un concejal indígena fue víctima de
desplazamiento forzado por múltiples amenazas y atentados contra su vida. En el municipio
El Retorno, el 11 de julio del 2007, los concejales municipales recibieron una llamada telefónica
en la cual se les exige la renuncia, bajo amenaza de que podrían sufrir graves afectaciones
contra su vida e integridad personal.
Así mismo, en el caserío Unilla, municipio El Retorno, pueden presentarse constreñimientos al
elector, ya que históricamente las FARC han señalado los candidatos por los cuales se debe
sufragar.
En el municipio de Miraflores, específicamente en los caseríos la Vuelta del Alivio y Lagos del
Dorado, los mecanismos de coerción empleados por las FARC, Frente 1, y el traslado de la
Brigada Móvil 10 del Ejército Nacional que operaba en esta zona, hacia el departamento del
Meta, Sierra de la Macarena, facilitará la imposición de conductas electorales por parte de la
guerrilla.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
San José del
Alto
Guaviare
Farc, AUC no desmovilizadas
Calamar
Alto
las AUC
El Retorno
Alto
las AUC
Miraflores
Alto
FARC
Posible Conducta
Vulneratoria
movilidad
movilidad
movilidad
Cuadro 26: Listado Municipios identificados en riesgo Guaviare.
4.5 Departamento del Meta
El departamento del Meta presenta tres escenarios de riesgo para las elecciones regionales. Un
primer escenario es la disputa de las estructuras no desmovilizadas de las AUC y otros grupos
armados ilegales postdesmovilización de las AUC en proceso de expansión y consolidación
que en su afán de hacerse al control territorial pueden utilizar el proceso electoral como la vía
para lograrlo.
En este sentido, el grupo denominado “Los Paisas”, que se considera heredero del Bloque
Centauros (del asesinado Miguel Arroyave), pretende controlar toda la zona de injerencia que
tuvo dicho Bloque y contener el avance de alias “Cuchillo”, quien comanda el otrora Bloque
Guaviare. Los municipios bajo la influencia de “Los Paisas” son Villavicencio, Acacías,
Guamal, Granada, El Dorado, San Martín, Restrepo, Puerto Gaitán, Puerto López, Cabuyaro,
Fuente de Oro y las cabeceras de El Castillo (corregimiento de Medellín del Ariari). Otra de las
estructuras armadas es el Bloque Guaviare, comandado por alias “Cuchillo” quien ejerce
control desde San Martín, Vistahermosa, San Juan de Arama, Puerto Lleras, Puerto Rico,
Puerto Concordia, Mapiripán y algunas veredas de Puerto Gaitán.
Un segundo escenario tiene que ver con la amenaza de las FARC (Frentes 26, 27, 39, 40, 43,
44) en el avance y recuperación de territorio, particularmente las cabeceras municipales. Es así
como el control de este grupo guerrillero se da principalmente en las veredas y corregimientos
distantes, de difícil acceso y de producción de coca, entre estos se encuentran: Mapiripán
(especialmente el corregimiento de Puerto Alvira), Puerto Concordia (interfluvio de los ríos
Guayabero y Ariari), Puerto Rico y Puerto Lleras (margen derecha del río Ariari), Vistahermosa
(margen derecha del río Güejar), San Juan de Arama, Lejanías, Mesetas, El Castillo, La Uribe
(en el corregimiento de La Julia) y La Macarena. Los operativos de control y antinarcóticos de
la Fuerza Pública, en el marco del Plan Patriota, es otro factor ante el cual reacciona las FARC
para presionar e intimidar a la población y afectar el proceso electoral en la región de La
Macarena, Ariari y Guayabero.
En el marco de estos dos escenarios se han presentado amenazas a los candidatos a la alcaldía y
al concejo Municipal de Villavicencio y contra un candidato a la alcaldía del municipio de La
Uribe, todos del partido político Polo Democrático Alternativo. También el alcalde del
municipio Lejanías, José Nelson Calvo, recibió amenazas de las FARC, por medio de un
panfleto.
La situación de Villavicencio es de especial atención, debido a la serie de atentados ejecutados
contra establecimientos comerciales (durante los últimos 45 días han ocurrido más de 15
atentados con granadas de fragmentación contra establecimientos comerciales que ha dejado
daños materiales y algunas personas heridas) y la ingobernabilidad por la que atraviesa la ciudad
(en los últimos cuatro años la capital del Meta ha tenido nueve alcaldes y se han producido 11
cambios en ese cargo). Esta última situación demuestra la puja política y contribuye a agudizar
los factores de riesgo para los próximos comicios en la medida en que la disputa por los cargos
públicos del municipio son de gran interés para las estructuras armadas postdesmovilización de
las AUC, que buscan mantener el control sobre esta ciudad como principal centro comercial y
poblacional del Oriente colombiano. Cualquier candidato que sea considerado con tendencias
e ideas de izquierda, puede ser objeto de amenazas y constreñimientos al igual que sus
seguidores o miembros de su organización o movimiento político.
La serie de atentados ocurridos en Villavicencio, donde los comerciantes han sido los más
afectados por las amenazas y los actos de terror, a través de la explosión de granadas de
fragmentación contra los establecimientos comerciales, evidencia el propósito de los grupos
armados ilegales de disputarse el control territorial, político y social de esta ciudad.
Particularmente, el frente 53 de las FARC y una de las facciones de los nuevos grupos armados
conformados con posterioridad a la desmovilización autodenominadas “Los Cuchillos”, serían
los presuntos responsables de los atentados cometidos en Villavicencio, porque estos grupos
ilegales buscan con estas acciones generar presión en los comerciantes, para garantizar la
financiación de sus actividades delictivas. Estos eventos de violencia también deben ser
evaluados por las autoridades del municipio, toda vez que pueden incidir en el normal
desarrollo del proceso electoral pues las amenazas se podrían extender a los candidatos y a los
electores.
Un tercer escenario, derivado de los dos anteriores, tiene que ver con la intención de voto de
las comunidades rurales a favor de determinados candidatos, ya que muchas veredas y
corregimientos que han estado bajo control de las FARC han sido privadas durante muchos
años del derecho al sufragio en sus lugares de asentamiento, en donde las autoridades
electorales y municipales han aludido problemas de seguridad. Aparte, la actual coyuntura
política representa para estas comunidades una oportunidad para revalidar su potencial
electoral y ser tenidos en cuenta en la asignación presupuestal del municipio. Esta iniciativa
puede generar señalamientos y estigmatización en candidatos y electores a los cuales apoyen y
representen. Así mismo, la estigmatización ideológica y política que pueden derivar en
situaciones de riesgo, se pueden presentar en dos sentidos: desde las comunidades rurales hacia
la población que reside en las cabeceras municipales de influencia paramilitar y desde las
cabeceras de influencia paramilitar hacia la población y candidatos de las zonas rurales.
Finalmente, el cruce de señalamientos que se puede presentar entre los distintos actores
políticos que se acusan de tener simpatías o nexos con los grupos armados por distintas
circunstancias (alcaldes en ejercicio interesados en que sus candidatos ganen; candidatos que
hacen señalamientos contra contendientes políticos; potenciales electores que en el
proselitismo político pueden también acusar y señalar), pueden derivar en situaciones de riesgo
tanto para los candidatos como para los sufragantes. Estas situaciones se han evidenciado, por
ejemplo, en el municipio de Guamal donde se presentaron choques entre el Alcalde y algunos
candidatos a las corporaciones públicas; de igual manera en Acacias, donde se presentaron
acusaciones de presión política al Alcalde por presunto favorecimiento a uno de los candidatos
que aspiran a este cargo, éste respondió aduciendo que las acusaciones se debían a la presencia
de desmovilizados de las AUC.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Villavicencio Alto
Cabuyaro
Medio
Cubarral
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
nuevos grupos armados ilegales corrupción al sufragante,
post desmovilización de las AUC Perturbación del certamen
democrático
las AUC
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
El Castillo
Alto
El Dorado
Alto
Granada
Medio
Mapiripán
Alto
Mesetas
Alto
La Macarena Alto
La Uribe
Alto
Lejanías
Alto
Puerto
Concordia
Alto
Puerto
Gaitán
Alto
Puerto
López
Alto
Puerto
Lleras
Alto
Grupo Armado Ilegal
las AUC
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático
las AUC
las AUC
ilegales post desmovilización de sufragante, perturbación del
las AUC
FARC
las AUC
ilegales post desmovilización de sufragante, Perturbación del
las AUC
Farc, AUC no desmovilizadas,
AUC no desmovilizadas, nuevos Amenazas, constreñimiento al
grupos armados ilegales post
sufragante
AUC no desmovilizadas
"Autodefensas Campesinas de
Casanare", nuevos grupos
sufragante
sufragante
las AUC
Municipio
Nivel de
Riesgo
Puerto Rico Alto
San Juan De
Alto
Arama
San Martin
Medio
Vista
Hermosa
Alto
Grupo Armado Ilegal
las AUC, AUC no
desmovilizadas
las AUC
ilegales post desmovilizados de
las AUC, AUC no
desmovilizadas
Posible Conducta
Vulneratoria
sufragante
sufragante
Cuadro 27: Listado Municipios identificados en riesgo Meta.
4.6 Departamento Vichada
En los municipios de La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía tienen presencia grupos
armados ilegales post-desmovilización de las AUC; allí las estructuras armadas de alias “Diego”
(desmovilizado del Bloque Centauros de las AUC), de integrantes de la Cooperativa Seguridad
Meta y Vichada, Los Macacos y Cuchillos, tienen fuerte injerencia en la región y se disputan el
control de las rutas del narcotráfico y de potenciales proyectos agrícolas y mineros.
En el municipio de Cumaribo, la disputa entre las estructuras paramilitares
postdesmovilización de las AUC (Paisas o Macacos contra Cuchillos o Llaneros) y también la
presencia del frente 16 de las FARC, en las zonas rurales que se ubican entre los interfluvios de
los ríos Vichada y Guaviare, podría afectar el libre ejercicio electoral de los ciudadanos que allí
residen.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Puerto
Carreño
Medio
La
Primavera
Alto
Santa
Rosalía
Alto
Grupo Armado Ilegal
Posible Conducta
Vulneratoria
Municipio
Cumaribo
Nivel de
Riesgo
Alto
Grupo Armado Ilegal
las AUC, AUC no
desmovilizadas
Cuadro 28: Listado Municipios identificados en riesgo Vichada.
Posible Conducta
Vulneratoria
5. REGION SUROCCIDENTE
Los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, por su
ubicación geográfica, su importancia estratégico y perspectivas de desarrollo, se han
constituido en territorios de refugio, expansión, disputa y supremacía espacial por parte de los
diferentes grupos armados ilegales (guerrilleros y paramilitares). Durante la década del 80, la
guerrilla de las FARC, empleó el territorio como espacio de expansión de sus Bloques y
Frentes, fuentes de financiamiento de su logística de guerra (mediante la implantación de
cultivos de uso ilícito, y la realización de extorsiones y secuestros), desarrollo de tácticas de
lucha insurgente y planificación de acciones bélicas.
Con la consolidación del proyecto paramilitar, a través de la unificación de los diferentes
grupos contrainsurgentes en las Autodefensas Unidas de Colombia (finales del 90 y principios
del 2000), se desencadenó una confrontación armada por detentar el control de los corredores
naturales en las Cordilleras Oriental, Central y Occidental (se configuraron grupos de
autodefensas en el Caquetá, Tolìma, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo), las áreas aptas para
el sembrado de cultivos de uso ilícito (los cultivos de hoja de coca se trasladaron de Putumayo
a Nariño, profundizándose el conflicto armado), las salidas al mar Pacífico, y las franjas
fronterizas con Ecuador, Perú y Venezuela. Disputa que recayó en la población civil la cual fue
declarada objeto de ataque, supuestamente por otorgarle lealtad a los grupos subversivos.
Mientras los grupos paramilitares lograron consolidar su dominio territorial, específicamente
en las zonas planas, centros de producción agropecuaria y principales núcleos de aglomeración
de población, bienes y servicios; las organizaciones guerrilleras fortalecieron su control en los
centros terciarios de población, zonas de economías campesinas y de colonización, franjas de
expansión agrícola y corredores fronterizos.
Los grupos armados ilegales, una vez fortalecidos espacial y poblacionalmente, ingresaron en
una fase de consolidación social, soportada en la penetración de los aparatos políticos locales y
regionales: la eliminación, cooptación y destierro de actores contrarios; la construcción de una
base de apoyo social; y la instauración de unas redes clientelares que les permitiera injerir sobre
las administraciones públicas, captando recursos presupuéstales del erario. De esta forma, los
actores armados ilegales, impulsaron mecanismos de coerción contra los candidatos y electores
en las contiendas electorales del 2006; allí se observaron claramente dos tendencias: las
organizaciones guerrilleras presionando para deslegitimar la Política de Seguridad Democrática
y la reelección presidencial; por su parte, los grupos paramilitares, en una postura vigilante,
manifestaron su intención de impedir cualquier intento de sabotaje al proceso electoral en sus
zonas de control.
Para las elecciones del 2007, los actores armados ilegales recrudecieron sus posturas (amenazas,
intimidaciones, imposiciones, restricciones, atentados y ejecuciones), dados los intereses por
incidir en el manejo de las administraciones locales y regionales, lo cual les posibilitará insertase
en las administración departamental y municipal y filtrarse en los espacios de participación
nacional.
En la actualidad, el riesgo al proceso electoral está mediado por la confrontación armada entre
las organizaciones guerrilleras FARC y ELN (el Comando Central del ELN emitió, desde la
Habana-Cuba, una carta abierta al Estado Mayor y Secretariado de las FARC, “ordenando a sus
fuerzas guerrilleras disponerse a buscar la resolución del enfrentamiento” y “llama a las Farc a actuar con
similar disposición y dar inicio al dialogo fraterno”. publicado por el diario El Tiempo en octubre 1 de
2007), y también por la aparición de nuevos grupos armados ilegales (Águilas Negras,
Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Organización Nueva Generación), posteriores a
la desmovilización de las autodefensas (Frente Libertadores del Sur, bloque Calima, bloque
Pacifico, bloque sur Putumayo y bloque sur de los Andaquíes), y otros grupos armados
irregulares al servicio del narcotráfico (Rastrojos y Machos –la captura de Diego León
Montoya, máximo jefe, generará luchas por el poder en los mandos medios y recomposición
en la estructura organizativa-).
5.1 Departamento de Caquetá
Durante el 2007, en 11 de los 16 municipios que conforman el departamento, se han
presentado acciones violentas particularmente de las FARC (Cartagena del Chairá, San Vicente
del Caguán, Doncello, Puerto Rico, Montañita, Florencia, El Paujil, Milán, Albania, Solano y
Curillo), en contra de candidatos y funcionarios públicos, lo cual atenta contra el normal
desarrollo de las próximas elecciones:
El 10 de julio de 2007, varios hombres con armas cortas, vestidos de civil, al parecer
pertenecientes a la columna móvil Teófilo Forero de las Farc que operan en Doncello,
asesinaron al concejal Argemiro Medina Villarrica, a la concejala Ofelia Betancurt Villada y a su
hermana, Rosalía Betancurt Villada, hecho que motivó la salida de todos los concejales
municipales hacia la capital de la República.
El miércoles 11 de julio de 2007, los concejales de Cartagena del Chairá que se encontraban
reunidos en Florencia (Gustavo Alberto Vergara, Wilmar Jiménez, Edilson Escobar, Edwin de
Jesús Jaramillo, Luz Marina Castillo y Jair Guerrero) fueron intimidados por supuestos
miembros de las FARC, los cuales pretendían atentar contra sus vidas, motivo por el cual
solicitaron protección a la Policía.
Asimismo, el 22 de julio de 2007 la columna móvil Teófilo Forero de las FARC amenazó por
medio de un panfleto a Jair Díaz Díaz, candidato a la Alcaldía de El Doncello y a Nelly Suárez
de Rengifo junto con sus familias. En esa oportunidad las personas mencionadas fueron
declaradas objetivo militar debido a que no acataron la orden impartida el 17 de mayo, cuando
el mismo grupo les dio 15 días de plazo para abandonar el municipio.
El 14 de julio de 2007, la columna móvil Teófilo Forero expidió un nuevo comunicado (el 20
de febrero, mediante panfletos amenazaron a los precandidatos y concejales de Puerto Rico y
San Vicente del Caguan y Doncello), ordenándole a los alcaldes y concejales de Neiva, Campo
Alegre, Algeciras, Gigante, Hobo, San Vicente del Caguán y Puerto Rico renunciar a sus cargos
de manera inmediata.
El control histórico ejercido por las FARC en las zonas rurales, cabeceras corregimentales,
caseríos y poblados veredales, se convierte en mecanismos de presión contra candidatos y
votantes, motivo por el cual, es previsible que los electores sean presionados o amenazados
para que no acudan a las urnas, que se impongan restricciones a la movilidad de los mismos y
que los jurados de votación y los funcionarios de la Registraduría destinados a estas zonas sean
amenazados. Estas presiones incrementarán las posibilidades del traslado de los puestos de
votación rurales a las cabeceras municipales, restringiendo la participación de los sufragantes.
Ante las amenazas presentadas el 17 de mayo de 2007, la Comisión para la Coordinación y
Seguimiento a los Procesos Electores, decidió trasladar los lugares de inscripción instalados en
las zonas rurales de seis municipios hacia las cabeceras municipales: corregimientos Danubio y
San Pedro e Inspección de Norcasia en el municipio de Florencia; Inspecciones El Recreo y
los Pozos, pertenecientes a San Vicente del Caguán; Versalles y Bolivia, jurisdicción de El
Paujil; Inspección Granario en el municipio de Milán; Berlín, circunscripción de El Doncello, y
Santafé, municipio Cartagena del Chairá.
De otra parte, las autoridades locales informaron que la guerrilla de las FARC probablemente
ejercerá presión sobre la población civil y obstaculizaran la instalación de mesas en las
inspecciones de Puerto Valdivia y Salamina, circunscripción de Curillo; El Dorado y Versalles,
jurisdicción Albania; así como Versalles y Bolivia en el municipio de El Paujil. Del mismo
modo, el Frente 15 de las FARC ejerce presión a la población civil para direccionar su
intención de voto en el municipio Montañita, Inspección de Mateguadua, veredas El Cedro,
El Cedrito y Las Juntas, y El Santuario, vereda Villa Rica, como también en la Inspección
Granario, del municipio Milán.
El 24 de septiembre de 2007, integrantes de las FARC, ingresaron al Resguardo indígena
Coropoya, de la etnia Huitoto, del municipio Solano, y obligaron a salir de la zona a Bernardo
Valverde, candidato indígena por el Partido Liberal al Concejo Municipal.
El 26 de septiembre, en reunión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento a los
Procesos Electorales, con representantes de la totalidad de los Partidos y movimientos
políticos presentes en el departamento del Caquetá, la Brigada XII del Ejército Nacional, hizo
pública la solicitud de traslado de las siguientes mesas de votación a las cabeceras municipales
(del Corregimiento Orteguaza, caserío Santana de las Hermosas, corregimiento El Danubio,
caserío Remolino y corregimiento de San Pedro hacia Florencia; de las Inspecciones de San
José de Risaralda, Remolinos del Caguán y Santafé del Caguán a Cartagena del Chairá; de las
Inspecciones de Versalles y Bolivia a El Paujil; de las Inspecciones de La Paz a Pueblo Rico;
de las Inspecciones de Granario, La Ilusión y San Antonio de Getuchá a Milán; de la
Inspección de Araracuara, vereda Coemani; Inspección Danubio Campoalegre, Inspección de
Mononguete; Inspección de Peñas Blancas y Puerto Tejada a Solano). Para el municipio de San
Vicente del Caguán se solicitó el traslado de El Recreo, Los Pozos y Gibraltar la totalidad de
las mesas de la zona rural.
El 18 de septiembre, en reunión de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento a los
Procesos Electorales, con representantes de la totalidad de los Partidos y movimientos
políticos presentes en el departamento del Caquetá, la Brigada XII del Ejército Nacional, hizo
pública la solicitud de traslado de las siguientes mesas de votación a las cabeceras municipales:
corregimientos Danubio, Orteguaza, y Santana las Hermosas en el municipio de Florencia;
Trasladar las Mesas del Recreo a la Inspecciones los Pozos, Las mesas de La Pavas a Puerto
Betania y las de Gibraltar hacia la cabecera de San Vicente del Caguán; Bolivia, jurisdicción de
El Paujil; Inspección Granario y la Ilusión Maticurú en el municipio de Milán; Berlín, Peñas
Negras y Puerto Hungría circunscripción de El Doncello, Remolinos del Caguán, municipio
Cartagena del Chairá; Puerto Valdivia en Curillo, La Fraguita y Puerto Nuevo en San José del
Fragua; Playa Rica en Valparaíso; y el traslado de las mesas de votación de Cuemaní hacia
Araracuara, y el resto de las inspecciones a la cabecera de Solano .
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Florencia
Alto
de las AUC "Águilas Negras"
Albania
Alto
FARC
Cartagena
del Chairá
Alto
FARC
Curillo
Alto
FARC
Amenazas, Homicidio,
democrático, Restricciones a la
movilidad
Restricciones a la movilidad
Amenazas, atentados, homicidio,
material electoral
material electoral
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
El Doncello Alto
El Paujil
Alto
La
Montañita
Alto
FARC
Milán
Alto
Puerto Rico Alto
San Vicente
Alto
del Caguán
Solano
FARC
Alto
material electoral
movilidad
movilidad
movilidad
movilidad
material electoral
Cuadro 29: Listado Municipios identificados en riesgo Caquetá.
5.2 Departamento del Cauca
En los municipios de Piamonte, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Argelia, Balboa y
Caldono, la presencia y disputa armada entre las Farc–ELN y grupos armados ilegales
derivados de las autodefensas (Águilas Negras), están generando acciones armadas y
mecanismos de constreñimiento contra electores y postulantes a cargos de elección popular.
En el municipio de la Sierra, las Farc a través de panfletos conminaron, en el mes de mayo de
2007, a todos los candidatos a renunciar; a la par, en Morales, el 30 de mayo de 2007 se
conoció un comunicado firmado por las FARC en el cual amenazaba al candidato por el
Partido Liberal Javier Jaramillo; y en la zona rural de Argelia y Timbiquí, constriñeron a los
votantes, con el fin de obligarlos a inscribir sus cédulas en zonas específicas.
El 24 de julio de 2007 en el municipio de El Tambo, fue asesinado con arma de fuego el
concejal Orlando Hoyos Moncada. Al día siguiente, el presidente de esa corporación recibió
una llamada amenazante de un grupo ilegal armado sin identificar, el cual se adjudicaba la
muerte del edil, conminando tanto a los funcionarios locales como al resto de concejales a
renunciar. Este hecho ocasionó la dimisión masiva de los dignatarios de la municipalidad,
quienes aceptaron continuar en funciones, previo compromiso de la Fuerza Pública y del
Ministerio del Interior de fortalecer las medidas para su protección.
En el municipio de la Vega, el 18 de agosto de 2007 fue asesinado el concejal Hernán Mopan
Melenje, situación que motivó a las autoridades locales y candidatos a solicitar ante el consejo
de seguridad realizado posterior al evento, la protección adecuada para el normal desarrollo de
sus actividades y así garantizar el libre desarrollo del proceso electoral del próximo 28 de
octubre de 2007.
En Piamonte, integrantes del grupo “Los Rastrojos”, amenazaron a Alexandra Cuellar,
candidata a la Alcaldía del municipio; asimismo las FARC intimidaron a José Joaquín Ramos,
postulante a la Alcaldía, al cual se le prohibió realizar proselitismo político en la zona rural.
El 23 de septiembre de 2007, en el corregimiento Usenda, municipio de Silvia, fue asesinado
por las FARC, Javier Jaramillo candidato por el Partido Liberal a la Alcaldía del municipio de
Morales. Además, las FARC amenazaron a los concejales y al candidato por la Alcaldía del
partido conservador Yesid González Duque.
En el municipio de la Sierra, el 9 de octubre de 2007 la camioneta que transportaba al
candidato a la alcaldía de la Sierra señor Miller Hurtado, perteneciente al partido político
Convergencia Ciudadana fue objeto de disparos cuando realizaba visita a la vereda la Cuchilla.
En el municipio de Timbio, en la primera semana de octubre de 2007, Luis Fernando García
candidato por el partido Liberal a la Alcaldía, fue víctima de balas que impactaron su vehículo
provenientes desde una moto cuando se trasladaba por la vía panamericana que conduce desde
Timbio hacia Popayán.
En el municipio de Corinto, la Personería municipal, remitió el informe del Comité de
Seguimiento Electoral el día 13 de octubre de 2007, al Defensor Regional del Pueblo en el cual
se dan a conocer las denuncias de los señores Diego Martín Prado Muñoz candidato
independiente a la alcaldía municipal y el señor Jairo Zapata Ururiaga candidato a la alcaldía
por el partido liberal, en el sentido de haber sido requeridos por parte de las FARC para que
presentaran su renuncia por estar apoyando la candidatura a la Gobernación del señor
Guillermo Alberto Gonzáles Mosquera. En esa misma reunión el señor Orlando Quesada,
candidato del movimiento político apertura liberal se refirió a que había recibido las mismas
instrucciones por parte de las FARC pero que no ha presentado hasta el momento ningún de
denuncia formal.
Un componente que puede incidir en el proceso electoral es el llamado que está realizando las
FARC a los pobladores de las zonas rurales de los municipios del Norte, Occidente y Sur del
Cauca, con la finalidad de realizar una movilización y taponamiento de vías públicas el próximo
12 de octubre; indicando a los lugareños que deben aprovisionarse de alimentos para varios
días y pagar una cuota en dinero para los gastos que demanda la movilización.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Alto
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Alto
"Águilas Negras"
Caldono
Medio
"Águilas Negras"
Corinto
Medio
FARC
El Tambo
Alto
Ogai "Rastrojos"
Argelia
Balboa
Buenos
Aires
Amenazas, intimidaciones,
movilidad
democrático
movilidad
movilidad
democrático
movilidad
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
La Sierra
Medio
FARC
La Vega
Alto
FARC
Morales
Alto
Farc
Alto
"Águilas Negras", Ogai
"Rastrojos"
Santander
de
Quilichao
Medio
"Águilas Negras"
Silvia
Alto
FARC
Timbiquí
Medio
FARC
Piamonte
democrático
democrático
democrático
material electoral
democrático, quema de urnas y
material electoral
movilidad
democrático
Cuadro 30: Listado Municipios identificados en riesgo Cauca.
5.3 Departamento del Huila
El factor de riesgo electoral en este departamento lo constituyen las amenazas y actos de
constreñimientos que las FARC realizan constantemente contra los funcionarios locales
(Alcaldes, Personeros y Concejales) de los municipios de Neiva, Campoalegre, Saladoblanco,
Hobo, Gigante, Algeciras, Palestina, Santa María y Rivera, al igual que contra los candidatos a
cargos de elección popular, contra algunos diputados a la Asamblea Departamental y contra
ciudadanos y ciudadanas. Es relevante anotar que las administraciones de estos municipios han
sido históricamente amenazadas y objeto de ataques y de atentados contra sus vidas e
integridad personal por parte de las FARC.
Actualmente, los concejales de Rivera y Algeciras, al igual que su alcalde, residen fuera de estos
municipios; sesionan y laboran en la ciudad de Neiva.
El 14 de julio de 2007, la columna móvil Teófilo Forero expidió un nuevo panfleto en el cual
ordenaron a los alcaldes y concejales de Neiva, Campo Alegre, Algeciras, Gigante y Hobo,
dimitir de sus cargos.
Durante julio y agosto, las FARC extendieron sus amenazas a los municipios de Palestina y
Santa María; enviando, el 26 de julio, un panfleto dirigido al Personero Municipal de Palestina,
declarándolo objeto de ataque; igualmente amenazaron al alcalde y los concejales. El Alcalde de
Santa María, mediante comunicado del 3 de agosto de 2007, denunció las presiones de la
guerrilla contra líderes comunitarios y candidatos al Concejo de las veredas Baché, Bachecito y
San Francisco; de igual manera, contra finqueros y comerciantes simpatizantes del candidato a
la Alcaldía por el partido conservador, señor Marlio Peralta Ardila.
El 12 de septiembre de 2007, se presentó un atentado contra Abel Palacio, ex diputado y
candidato a la alcaldía de Algeciras, cuando el aspirante por el Partido Liberal regresaba al
centro de la localidad después de que se llevara a cabo, una reunión política en el barrio
Abraham Palacios.
Mediante oficio de septiembre 12 de 2007, el Personero delegado de los derechos humanos de
Neiva, informó que el señor Hernán Emilio García Campos, concejal del municipio de Neiva,
denunció mediante escrito ante la Personería de Neiva, que ha sufrido atentados, amenazas de
muerte, persecución política e intimidación por parte de un grupo al margen de la ley,
presuntamente por el Frente Joselo Losada y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Neiva
Alto
las AUC
Algeciras
Alto
FARC
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático
homicidios, constreñimiento al
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Campoalegre Alto
FARC
Gigante
Alto
FARC
Hobo
Alto
FARC
Palestina
Alto
FARC
Rivera
Alto
FARC
Saladoblanco Medio
FARC
Santa María
FARC
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
homicidios, constreñimiento al
perturbación al certamen
movilidad
movilidad
sufragante
movilidad
sufragante
Cuadro 31: Listado Municipios identificados en riesgo Huila.
5.4 Departamento de Nariño
Específicamente en la Costa Pacífica, municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Barbacoas, Maguí
Payán, Roberto Payan, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco e
Iscuande, existen indicios de amenazas o intimidaciones de las organizaciones guerrilleras de
las FARC -Frentes 29, 48 y 60, Columnas Mariscal Sucre, Daniel Aldana, Omar Rodríguez,
Jacinto Matallana, Jacobo Arenas; ELN -Compañías Héroes de Sindagua, Mártires de
Barbacoas y José Luis Cabrera; nuevos grupos armados post-desmovilización de las
autodefensas (Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Organización Nueva Generación
y Águilas Negras), y otros grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico -Machos y
Rastrojos–, amenazas e intimidaciones que se hacen a través de comunicados, panfletos,
rumores, declaraciones públicas a los pobladores o precandidatos, ofrecimiento de seguridad o
de apoyo económico, entre otras.
Del mismo modo, en la subregión centro (municipios de Potosí, Córdoba, Puerres, Pasto y
Túquerres), cordillerana occidental (Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara, Los Andes,
Samaniego, Santacruz, Linares, Sandoná, y La Florida,), y municipios del sur (Ipiales, Ricaurte,
Mallama y Cumbal), los grupos insurgentes de las FARC y ELN, las Autodefensas Campesinas
Nueva Generación y “Águilas Negras” están implementando mecanismos de violencia física y
psicológica para interferir en las elecciones del 2007, tales como la restricción a la circulación
de votantes, control al registro de cédulas bajo presión armada o económica, promoción de
reuniones políticas bajo presión, retención de cédulas, además de amenazas contra candidatos,
funcionarios de las administraciones municipales, líderes sociales, líderes comunitarios,
representantes legales y autoridades de resguardos indígenas y territorios colectivos. Estas
presiones que pueden ser las causas del asesinato del candidato al Consejo municipal de Ipiales
por el corregimiento La Victoria y su hijo, acaecidas el 4 de septiembre de 2007.
El 27 de septiembre de 2007, el candidato a la Alcaldía de Samaniego por la Alianza Social
Indígena –ASI– y su familia fueron señalados por un grupo armado ilegal de pertenecer a la
guerrilla, colocando además en riesgo a sus simpatizantes.
En el mes de octubre, integrantes del grupo armado ilegal “Organización Nueva Generación”
incrementaron sus amenazas contra Hernando Chindoy Chindoy, candidato indígena Inga a la
Alcaldía municipal de Tablón de Gómez. El 7 de octubre, esta misma agrupación armada
asesinó a un joven Inga integrante de dicha campaña política.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Pasto
Alto
Ancuya
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Amenazas, Homicidio, ,
Restricciones a la movilidad,
desplazamiento,
"Águilas Negras" "ONG", Ogai Perturbación del certamen
democrático
Amenazas, Homicidio,
armados ilegales
postdesmovilización de las
"ONG", Ogai
movilidad
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Barbacoas
Alto
Consaca
Alto
Cordoba
Alto
Cumbal
Alto
Cumbitara
Alto
El Charco
Alto
El Peñol
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Homicidio, Amenazas,
Restricciones a la movilidad,
desplazamiento,
"Águilas Negras", “ONG”,Ogai
democrático, quema de urnas y
material electoral
armados ilegales
AUC "Águilas Negras",
“ONG”, Ogai
movilidad
Homicidio, amenazas,
desplazamiento, constreñimiento
al sufragante, perturbación del
"Águilas Negras", “ONG”,
Ogai
"Águilas Negras", “ACNG”,
Ogai
"Águilas Negras" "ACNG",
“ONG”, Ogai
armados ilegales
"ONG", Ogai
movilidad
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
El Rosario
Alto
El Tambo
Alto
Tablón de
Gómez
Alto
Ipiales
Alto
La Cruz
Alto
La Florida
Alto
La Tola
Alto
La Unión
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Ogai
armados ilegales
"ONG", Ogai
movilidad
ilegales postdesmovilización de
las AUC "Águilas Negras" y
“ONG”
movilidad
Ogai
"Águilas Negras" "ONG", Ogai
Ogai
“ONG”, Ogai
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Leiva
Alto
Linares
Alto
Los Andes
Alto
Magui-Payan Alto
Mallama
Alto
Mosquera
Alto
Olaya
Herrera
Alto
Francisco
Pizarro
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Ogai
Ogai
“ONG”, Ogai
Ogai
restricciones a la movilidad, ,
“ONG”, Ogai
“ONG”, Ogai
“ONG”, Ogai
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Policarpa
Alto
Potosí
Alto
Puerres
Alto
Pupiales
Alto
Ricaurte
Alto
Roberto
Payan
Alto
Samaniego
Alto
Sandoná
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Ogai
Ogai
Ogai
Ogai
“ONG”, Ogai
Ogai
Grupo Armado Ilegal
Municipio
San Pablo
Nivel de
Riesgo
Alto
Santa Bárbara Alto
Santa Cruz
Alto
Tangua
Alto
Tumaco
Alto
Tuquerres
Alto
Yacuanquer
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
“ONG”, Ogai
Ogai
Ogai
“ONG”, Ogai
Ogai
Grupo Armado Ilegal
Cuadro 32: Listado Municipios identificados en riesgo Nariño.
5.5 Departamento de Putumayo
La presencia en los municipios de Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Villa Garzón, y
Puerto Guzmán de la guerrilla de las FARC, frentes 2, 13, 49, 48, 32, y columna Jacinto
Matallana; además de un nuevo grupo armado ilegal (“Águilas Negras”) que emergió con
posterioridad a la desmovilización del Frente Sur Putumayo y de la organización armada al
servicio del narcotráfico “Los Rastrojos”, incidirán en el libre ejercicio del voto, a través de la
restricción a la libre movilización de electores, y la dificultad de los candidatos de adelantar
jornadas de proselitismo político en áreas rurales. De igual manera, se pueden presentar
acciones de sabotaje y amenazas a funcionarios electorales.
En el mes de junio de 2007, las FARC profirieron amenazas contra Jairo Casanova,
precandidato a la alcaldía de Puerto Guzmán por el Partido Liberal, restringiendo su actividad
proselitista a ciertas áreas de la localidad. El 15 de septiembre de 2007, presuntos integrantes
de las Farc lo asesinaron, después de haber participado en una reunión política en Tres
Esquinas sector rural de Puerto Guzmán. Este caso de amenaza se hallaba registrado en el
Informe de Riesgo Electoral – Versión de julio 2007 – del Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo.
Los ediles del municipio de Villagarzón, también han sido objeto de acciones violentas por
parte de grupos armados irregulares: El 6 de julio de 2007, el Concejal Carlos Barragán se vio
obligado a salir del municipio junto con su familia a raíz de las amenazas proferidas al parecer
por las Farc. El 18 de julio de 2007 explotó un artefacto frente a la vivienda de la Concejala
Gloria Guerrero, barrio Villa Amazónica; resultando dos casas averiadas; y, el 28 de julio
sujetos desconocidos detonaron un artefacto en la residencia del Concejal Municipal de Villa
Andrés López.
En la actualidad, alrededor de nueve candidatos a corporaciones públicas han solicitado
medidas de protección y de seguridad, a las autoridades competentes, debido a los
antecedentes de amenazas y presiones que se han presentado en anteriores procesos
electorales.
Un factor que puede incidir en el debate electoral, es la posible realización de un paro armado a
nivel departamental para restringir la circulación y acceso de los electores a determinadas zonas
de votación del departamento o para interferir en los escrutinios.
Municipio
Orito
Nivel de
Riesgo
Alto
Grupo Armado Ilegal
Farc, Ogai “Los Rastrojos”
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático
Municipio
Nivel de
Riesgo
Puerto Asís
Medio
Puerto
Guzmán
Alto
Valle del
Guamuez (La Alto
Hormiga)
Villa Garzón
Medio
Posible Conducta
Vulneratoria
movilidad
movilidad
las AUC, Ogai “Los Rastrojos”
democrático
las AUC
democrático
Grupo Armado Ilegal
Cuadro 33: Listado Municipios identificados en riesgo Putumayo.
5.6 Departamento del Valle del Cauca
La presencia de las Farc, de las autodenominadas Águilas Negras, y de otros grupos armados
al servicio del narcotráfico en los municipios de Buenaventura, Florida, Pradera, Bugalagrande
y Sevilla, perturbará el certamen democrático electoral mediante el constreñimiento al
sufragante, amenazas, atentados y restricciones a la movilidad.
Dentro de los actos violentos acontecidos en este departamento se reseñan los siguientes: El 7
de julio de 2007, fue asesinado Antonio Colorado, aspirante al Concejo municipal de Sevilla
por el movimiento Cambio Radical.
Las Farc, profirieron amenazas en contra de la aspirante a la alcaldía de Yumbo, Daisy Mancilla
Angulo, del Movimiento Alianza Social Indígena, del aspirante al concejo de Riofrío Jair
Rincón Zuluaga, y del aspirante al concejo de Sevilla, Alberto Cruz Rivera, del Partido Liberal.
Con la captura de Diego León Montoya, jefe de la banda de los Machos, los Rastrojos se
constituyeron en el principal actor fuente de riesgo electoral, en la zona norte del
departamento, principalmente en los municipios de Trujillo, Bolívar y El Dovio.
Durante el 2007, se han presentado casos de amenazas, atentados y homicidios en contra de
aspirantes a concejos y alcaldías de los municipios de Yumbo (5), Buga (2), Sevilla (2),
Buenaventura (2), Argelia (1), Riofrío (1), Roldanillo (1) y Palmira (1).
El 6 de septiembre, el abogado Osvaldo Viera Cuero, aspirante a la Alcaldía de Buenaventura,
por la Alianza Social Indígena –ASI–, denunció que fue declarado “objetivo militar” por las
Farc; el 7 de septiembre, Lady Tatiana Palacios, aspirante al Concejo Municipal de
Buenaventura, por el Partido de la U, Lady resultó herida producto de un ataque a la entrada
de su sede política.
El 11 de septiembre de 2007, el señor Héctor Copete, aspirante a la Alcaldía de Buenaventura
por el Partido de la U, fue víctima de un atentado y, el señor Giovanni Storino, candidato a la
Alcaldía Municipal de Palmira – Valle del Cauca, por el partido Verde Opción Centro, fue
víctima de un atentado. Y, en Buenaventura, el 27 de septiembre de 2007, tres hombres
armados atacaron la sede de la campaña política de la señora Maritza St Omer, candidata al
Concejo Municipal de esa localidad por el Partido de la U, resultando cinco personas heridas.
Municipio
Argelia
Nivel de
Riesgo
Medio
Buenaventura Alto
Buga
Alto
Bugalagrande Alto
El Dovio
Medio
Florida
Alto
Palmira
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
Farc, Ogai
democrático.
ilegales post desmovilización de perturbación del certamen
las AUC
movilidad.
FARC
movilidad.
las AUC
Ogai
sufragante.
ilegales post desmovilización de sufragante, restricciones a la
las AUC
movilidad.
FARC
Grupo Armado Ilegal
Municipio
Nivel de
Riesgo
Pradera
Alto
Riofrío
Medio
Roldadillo
Medio
Sevilla
Alto
Trujillo
Medio
Yumbo
Alto
Posible Conducta
Vulneratoria
las AUC
FARC
Grupo Armado Ilegal
Ogai
Constreñimiento al sufragante.
las AUC
democrático.
Farc, Ogai
Ogai
democrático.
Cuadro 34: Listado Municipios identificados en riesgo Valle del Cauca.
6. REGION DEL ORIENTE SELVÁTICO
El Oriente Selvático está conformado por los departamentos del Vaupés, Guainía y Amazonas;
es una región con débil presencia del Estado, de precarias condiciones sociales y económicas
de sus habitantes, y por ser una zona fronteriza de difícil acceso, se convierte en área
estratégica para los actores armados ilegales, en particular, de la guerrilla de las Farc.
En los años 80, la guerrilla incursionó y se asentó en esta región para ejercer control territorial
teniendo en cuenta las ventajas estratégicas que le brindaba el territorio. En los 90, las Farc
fortalecen su presencia en la zona e intensifican los controles sociales y políticos en la región.
En esta década, las Farc se interesan por las administraciones públicas locales y comienzan a
tener injerencia en el manejo político de los entes territoriales; además, en noviembre de 1998,
se produjo la toma de Mitú, un ataque indiscriminado realizado por las Farc contra el puesto
de policía.
Una vez culminada la zona de distensión en febrero de 2002 y el desarrollo de operaciones
contrainsurgentes por el Ejército Nacional, en el marco de la Política de Seguridad
Democrática, las Farc se replegaron hacía estos territorios que les sirve de zona de refugio y
como área propicia para la implantación de cultivos de uso ilícitos y el procesamiento y
tráfico de estupefacientes. La presencia de las Farc en territorio selvático ha traído como
consecuencia la perdida de la autonomía por parte de las comunidades indígenas en sus
territorios ancestrales y la agudización de las agresiones contra estos pueblos, debido al
confinamiento, al reclutamiento de jóvenes indígenas y a los desplazamientos forzados
intraselvaticos. Con la puesta en marcha, en el año 2006, de una fase de operaciones militares
en la región del Oriente Selvático la guerrilla recurrió a la siembra de minas antipersonales
afectando gravemente la integridad física y la vida de los pobladores de estos territorios y en
muchas ocasiones se les impuso restricciones a su movilidad.
Por la precaria presencia estatal en las zonas rurales de estos departamentos, los procesos
electorales suelen ser objetos de interferencias por los grupos armados ilegales, obligando
muchas veces a las autoridades electorales a suspender las elecciones con grave perjuicio a los
derechos políticos de los ciudadanos que habitan esa región.
6.1 Departamento del Guainía
En el departamento del Guainía los territorios en los que podrían incidir los grupos armados
ilegales serían Puerto Inírida y los corregimientos de Barrancominas, La Guadalupe,
Mapiripana, La Unión, Puerto Colombia y San Felipe en donde es probable se presenten
cconstreñimiento al sufragante por parte del Frente 16 de las Farc y actos de perturbación al
En los cascos urbanos de Puerto Inírida y Barranco Minas se evidencia un estricto control por
parte de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, y la Policía Nacional por lo que al parecer,
se garantiza el normal desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, en la zona rural de estos
dos municipios hacen presencia las FARC y es posible que se presenten restricciones a la
movilidad, acciones de terror y constreñimientos al libre ejercicio del derecho al voto.
En los corregimientos departamentales de Mapiripana, La Unión, Barrancominas, San Felipe,
Puerto Colombia, y La Guadalupe, no se registraron inscripciones de cédulas por restricciones
impuestas por la guerrilla de las Farc, lo que denota que no existen garantías para el normal
desarrollo del proceso electoral en estas zonas del departamento del Guainía y se podría
presentar actos de perturbación en los comicios y escrutinios.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Corregimiento
Alto
Barrancomina
Farc
Corregimiento
Alto
Mapiripana
Farc
Corregimiento
Alto
San Felipe
Farc
Corregimiento
Puerto
Alto
Colombia
Farc
Corregimiento
Alto
La Guadalupe
Farc
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático
democrático
democrático
democrático
Cuadro 35: Listado Municipios identificados en riesgo Guainía.
6.2 Departamento del Vaupés
Los municipios del departamento del Vaupés que presentan un nivel de riesgo alto son: Mitú,
Carurú y Taraira, particularmente en la zona rural, donde se prevé constreñimiento al
sufragante y perturbación del certamen democrático. En octubre del año 2003 no hubo
elecciones territoriales en los municipios de Carurú y Taraira por problemas de orden público.
Una comisión interinstitucional que visitó en el mes de agosto a la comunidad indígena de
Tapurucuara perteneciente a la Zonal de Unión Indígena del Querari –UNIQ-, área del Gran
Resguardo del Vaupés, Municipio de Mitú, en atención a las denuncias de la población civil,
constató la presencia de las FARC en el territorio. Esta comisión fue informada de casos de
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y de la advertencia hecha por las Farc a
la población de abstenerse de votar por los partidos uribistas y por el partido Cambio Radical.
En el municipio de Carurú, específicamente en la zona rural, las condiciones geográficas del
territorio y la presencia de la guerrilla de las Farc, que tradicionalmente se ha opuesto a que en
esa área se lleven a cabo actividades de proselitismo político y elecciones, hace prever que se
presenten actos de constreñimiento al libre ejercicio del voto y que se incremente la violencia
contra las comunidades allí asentadas.
Tal y como se advirtió en el informe de Riesgo 050 de Diciembre 2006, con estas actividades,
los actores ilegales del conflicto armado, imponen reglas de comportamiento social y político,
que afectan sensiblemente la autonomía personal de la población Civil.
En el Municipio de Tararaira, en el marco de la reunión de la Comisión de Seguimiento
Electoral, del 05 de septiembre de 2007, se expuso la preocupación de las autoridades locales
con respecto a las garantías de los sufragantes en los comicios de octubre, solicitando la
presencia de la Fuerza Pública en Bocas de Taraira. El día 30 de Marzo de 2007, un
funcionario de la Administración Municipal de Taraira fue objeto de amenazas y
hostigamientos por parte de las Farc y declarado blanco militar junto con su familia
generándose como consecuencia su desplazamiento forzado.
Municipio
Nivel de
Riesgo
Grupo Armado Ilegal
Mitú
Alto
Farc
Carurú
Alto
Farc
Taraira
Medio
Farc
Cuadro 36: Listado Municipios identificados en riesgo Vaupés.
Posible Conducta
Vulneratoria
democrático
democrático
democrático.
RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORÍA FRENTE A LOS RIESGOS
ELECTORAL POR RAZONES DEL CONFLICTO ARMADO
La Defensoría del Pueblo en virtud del diagnóstico y panorama de riesgo descrito en esta
primera parte del informe hace un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y
municipales para que previa evaluación de la información implementen las recomendaciones
que de manera reiterada ha formulado esta institución a través de los informes parciales de
riesgo electoral de los meses de Junio y Julio de 2007 y las que de forma complementaria
enuncia este informe con el fin que eviten o reduzcan los riesgos de eventos de violencia
selectiva o masiva en el marco del proceso electoral, de los comicios del 28 de octubre de 2007
y del proceso de escrutinio.
1) Adopción de medidas de protección eficaces.
A las autoridades electorales, al Ministerio del Interior y de Justicia, a los Gobernadores,
Alcaldes Municipales y a la Fuerza Pública diseñar planes de prevención y protección para
adoptar medidas tendientes a garantizar el derecho a la vida e integridad personal de los
ciudadanos y las ciudadanas de las regiones descritas en riesgo, a los líderes políticos, sociales y
comunitarios como a los candidatos a corporaciones públicas y cargos de elección popular que
participaran en el proceso electoral.
2) Medidas tendientes a prevenir actos de perturbación durante y post elecciones.
A la Fuerza Pública, adoptar medidas eficaces de control para prevenir eventuales incursiones,
ataques, acciones violentas de la guerrilla y de estructuras armadas que han emergido con
posterioridad a la desmovilización de las AUC, que atenten contra los derechos fundamentales
de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegido y a participar libremente en la jornada
electoral o durante los escrutinios, que afecten bienes civiles o la infraestructura vial,
económica, energética, y de comunicaciones.
3) Acciones para neutralizar a los grupos armados al margen de la Ley.
A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública, implementar las medidas de seguridad para
neutralizar las acciones de los grupos armados irregulares que pretendan obstaculizar o impedir
el libre desarrollo de los comicios del 28 de Octubre de 2007 y de los escrutinios y, prevenir
además, ataques contra funcionarios electorales y contra la zona y el material electoral.
4) Suspensión del uso de la tinta indeleble.
A las autoridades electorales y al Gobierno Nacional, estudiar la posibilidad de suspender el
uso de la tinta indeleble en los municipios señalados en riesgo electoral, para prevenir
atentados y acciones retaliatorias contra los ciudadanos que ejerzan el derecho al voto.
5) Plan de contingencia frente a posibles desplazamientos forzados.
A las autoridades departamentales, municipales para que en coordinación con la Agencia
Presidencial para la Acción Social, diseñen una estrategia o plan de contingencia, de atención
y de acompañamiento humanitario, frente a los posibles desplazamientos forzados que se
llegaren a presentar por la acción de los grupos armados ilegales en el desarrollo del proceso
electoral.
6) Garantizar el transporte de los votantes en caso de reubicación de las mesas de
votación.
Al Ministerio del Interior y de Justicia y al Registrador Nacional del Estado Civil, se
recomienda que en los casos en que, por razón de grave perturbación del orden público, se
reubiquen puestos de votación, las autoridades que adopten la medida deben simultáneamente
garantizar los medios de transporte necesarios para que los electores puedan trasladarse a los
nuevos sitios de ubicación de tales puestos.
La medida del traslado de mesas o puestos de votación debe tener como única finalidad la de
garantizar el derecho al voto de los ciudadanos allí inscritos, razón por la que de no ser posible
garantizar el fácil acceso de los electores a los nuevos sitios de ubicación sería preferible
suspender las votaciones, pues el simple traslado de las mesas o puestos de votación no
constituirían verdadera garantía para el ejercicio de este derecho ciudadano.
7) Medidas de protección para los representantes y candidatos de los pueblos
indígenas y comunidades afrocolombianas.
Al Ministerio del Interior y de Justicia para que a través de la Dirección de Etnias y de la
Dirección de Derechos Humanos se implementen medidas eficaces de protección y se brinde
un acompañamiento especial a los líderes, candidatos y miembros de las comunidades
indígenas de los departamentos del Caquetá, Putumayo, Nariño, Chocó, Córdoba, Caldas y
Risaralda, que han denunciado amenazas e intimidaciones por parte de los grupos armados
ilegales
II PARTE
INFORME DE RIESGO POR FALLAS EN EL SISTEMA ELECTORAL4
Elección de Autoridades Territoriales
INTRODUCCIÓN
El domingo 28 de Octubre del presente año los colombianos elegirán diputados,
gobernadores, concejales, alcaldes y miembros de juntas administradoras locales, en todas las
circunscripciones territoriales en que se encuentra dividido el país, para un período
institucional de cuatro (4) años que se iniciará el 1º de enero de 2008.
Se trata de la primera elección de gobernadores y alcaldes que se realizará en la misma fecha después de varios años de controversia jurisprudencial sobre la naturaleza de los períodos de
dichas autoridades territoriales y la fecha de su iniciación-, en desarrollo del artículo transitorio
incorporado a la Constitución por el Acto Legislativo 02 de 2002 “Por el cual se modifica el período
de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”.
Diversos factores asociados a la actividad de grupos armados ilegales en ciertas regiones del
país han llevado a la Defensoría del Pueblo de Colombia a implementar en los últimos años un
mecanismo de monitoreo con el objeto de identificar, entre otros factores, los riesgos contra la
vida, la integridad y la libertad personales, en cuanto constituyen, a su vez, riesgo o amenaza
contra el derecho a elegir y ser elegido.
En esta oportunidad la Defensoría consideró necesario ampliar el monitoreo a otras conductas
o factores no necesariamente atribuibles a grupos armados ilegales pero que igualmente afectan
el derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática del país y/o atentan contra la
transparencia del proceso electoral mediante el cual ejercen dicho derecho. El criterio utilizado
en esta parte del informe, para la identificación de las conductas o hechos constitutivos de
riesgo electoral, es el de que estos constituyan violación directa de reglas electorales vigentes o
que tipifiquen delitos electorales.
Esta sección del informe aborda los siguientes temas: El examen de los principales problemas
de nuestro sistema electoral; las conductas o hechos constitutivos de riesgo electoral, la
presentación de los riesgos detectados y, finalmente, la formulación de algunas
recomendaciones y propuestas sobre la forma como la Defensoría del Pueblo considera que
podrían minimizarse o enfrentarse tales riesgos.
I.- EL SISTEMA ELECTORAL5
COLOMBIANO NO GARANTIZA
SUFICIENTEMENTE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS CIUDADANOS
4
Informe elaborado por los doctores Antonio José Lizarazo Ocampo y Guillermo Sagra Serrano. Septiembre
de 2007.
A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA CONFORMACIÓN DEL PODER
POLÍTICO, NI LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES.
La Defensoría del Pueblo comparte plenamente los análisis que sobre los problemas de
nuestro sistema electoral han venido haciendo el señor Procurador General de La Nación, el
Consejo Nacional Electoral, las actuales directivas del Congreso de la República, las
universidades, los medios de comunicación social y las diversas organizaciones de la sociedad
civil, entre las que cabe destacar la Misión de Observación Electoral –MOE-.
Como se ha dicho de manera reiterada, la organización y el funcionamiento del sistema
electoral no se encuentra a tono con las concepciones políticas y jurídicas que en materia
electoral inspiraron la Constitución Política de Colombia de 1991 y sus posteriores reformas e
interpretación jurisprudencial en el marco de la normatividad vigente del derecho internacional
de los derechos humanos.
El marco legal electoral, por su parte, además de su obsolescencia, data de 1986, al que se han
pretendido ajustar otros desarrollos legales6 y reglamentarios presenta vacíos, contradicciones e
inconsistencias, dando lugar a que los ciudadanos y, en general, los actores políticos, no tengan
certeza sobre las reglas aplicables a los procesos electorales en los que participan.
Los problemas normativos a los que nos referimos en este apartado no constituyen, sin
embargo, los únicos ni los más graves. Probablemente no lograremos avanzar en la superación
de los males que afectan a nuestro sistema electoral si no se producen, además de reformas
normativas, cambios sustanciales en materia de cultura política, tarea en la que están llamados a
cumplir un papel determinante, entre otros actores, los partidos y movimientos políticos.
Resulta necesario señalar, igualmente, que la pobreza y la exclusión de amplios sectores de la
población amenazan seriamente la libertad y la igualdad de los ciudadanos que se encuentran
en esta situación de vulnerabilidad, aprovechada por algunos actores políticos para obtener su
apoyo electoral a cambio de bienes de diversa naturaleza, suministro de servicios públicos,
empleo o dinero, entre otras expresiones propias del tradicional “clientelismo”7 político que
rige, esencialmente en épocas electorales.
Por todo lo anterior, considera la Defensoría del Pueblo, que el sistema político de Colombia,
necesita cambios profundos en cuanto a la organización y el funcionamiento del sistema
electoral, la cultura política y, como mínimo, las condiciones de acceso de la población a los
bienes y servicios a cargo del Estado. No obstante lo anterior, dado el alcance del presente
5
Entendiendo por sistema electoral el conjunto de órganos, reglas y procedimientos, previstos en nuestro ordenamiento
jurídico en relación con la función electoral.
6
Ley 130 de 1994.
7
Sobre las características del clientelismo puede leerse en el Diccionario Electoral de CAPEL lo siguiente: “La relación
patrón-cliente ha recibido múltiples atributos en la literatura socio-política. Puede definirse como un tipo especial de
relación diádica que asume en gran medida un carácter instrumental en el cual el individuo de estatus socio-económico
más alto (el patrón) usa su influencia y recursos para ofrecer protección y beneficios a la persona de estatus más bajo,
quien a su vez retribuye al patrón ofreciendo apoyo, asistencia y servicios personales”.
informe, nos limitaremos a señalar que desde el punto de vista normativo, algunos de los
principales problemas del sistema electoral son los siguientes:
1.1. Fallas en la Organización Electoral.
Ciertamente, como lo señalan algunos estudios recientes8, uno de los principales problemas de
la organización electoral es su inconveniente politización. Las normas diseñadas bajo
inspiración del Frente Nacional -como la exigencia de distinta filiación política para el acceso a
diversos cargos dentro de la organización electoral-, tuvieron su razón de ser en un contexto
político y social que hoy no existe en Colombia. Es lo que ocurre con las disposiciones
orientadas a garantizar la participación igualitaria de los partidos y movimientos políticos en la
designación de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Secretario
General, Delegados y Registradores), de los Jurados de Mesa y de las Comisiones
Escrutadoras.
La autoridad electoral -responsable de la dirección y organización de las elecciones, así como
de los escrutinios-, debe ser absolutamente independiente e imparcial y, por lo mismo, su
designación no puede obedecer a criterios basados en la representación partidista. La legítima
intervención de los partidos y movimientos políticos en el control y vigilancia de los procesos
electorales puede garantizarse mediante su participación en instancias a cargo de estas
funciones y mediante la creación o el fortalecimiento de otros mecanismos de control, como el
de las auditorías, observaciones y los testigos electorales.
La Reforma Política de 2003 dio un paso importante en la dirección de la despolitización de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la que resulta indispensable su
implementación mediante la expedición de la correspondiente Ley de Carrera aplicable a los
servidores de dicha entidad.
Igualmente, representa un grave problema la debilidad institucional y técnica del Consejo
Nacional Electoral, así como su falta de autonomía administrativa y presupuestal, pues ello
merma su capacidad como órgano supremo de inspección y vigilancia de la organización
electoral y como responsable de que los procesos electorales se adelanten en condiciones de
plenas garantías.
1.2. Normatividad electoral dispersa y contradictoria.
El Código Electoral es una compilación de normas en su mayoría adoptadas antes de la
Constitución de 1991, al que se le han introducido diversas reformas puntuales, pero que, en
todo caso, se encuentra desactualizado y presenta vacíos y contradicciones normativas.
8
Proyecto Reforma Política PNUD-IDEA. 2007. Lizarazo, Antonio; Merchán Rafael. ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
ELECTORALES EN COLOMBIA: Principales Problemas y Propuestas de Reforma Normativa" (Pendiente de
publicación).
No contempla, por ejemplo, regulaciones propias de los procesos electorales relacionados con
los mecanismos de participación ciudadana. No prevé tampoco mecanismos de control de
legalidad de la inscripción de candidatos, y las reglas sobre escrutinios corresponden a
modalidades de votación que ya no existen (respecto de las cuales se justificaban causales de
reclamación y medidas de anulación de los votos que hoy podrían considerarse
inconstitucionales).
La Legislación electoral, por otra parte, se encuentra dispersa, pues además del Código
Electoral tenemos algunos aspectos esenciales de los procesos electorales que actualmente se
encuentran regulados en otras leyes como ocurre, por ejemplo, con el régimen de inhabilidades
para los cargos y corporaciones de elección popular9, la financiación de las campañas
electorales, la rendición de cuentas y la propaganda electoral10.
Como producto de lo anterior, en la actualidad se debate en diferentes espacios de la vida
nacional la legalidad de la revocatoria del aval, y por ende, la inscripción de candidatos, al
parecer inhabilitados, para las elecciones regionales y municipales del 28 de octubre de 2007.
En la normatividad estatutaria y reglamentaría vigente, y en la de los partidos y movimientos
políticos, no está previsto un procedimiento que, garantizando el debido proceso y el derecho a
la defensa, conlleve a una decisión en derecho de excluir a éstos de la contienda electoral, sin
que se dé lugar a posteriores conflictos jurídicos por violación a derechos fundamentales de los
excluidos. Lo cierto es, que los denominados “inhabilitados”, mientras esperan la decisión
correspondiente por parte de los partidos y movimientos políticos, del Consejo Nacional
Electoral o del Registrador Nacional del Estado Civil, continúan haciendo campaña.
En materia de financiación, aspecto sensible para la legitimidad del sistema, existen reglas sobre
todos los aspectos que los expertos recomiendan controlar, pero insuficiente o
inadecuadamente regulados, como ocurre por ejemplo con la falta de límites precisos a la
financiación privada individual y colectiva -al punto que hoy en día un solo contribuyente
puede financiar la totalidad de los gastos de una campaña11-, o con la publicidad de los ingresos
y gastos de campaña, que en la práctica no garantizan la accesibilidad a la información a
muchos ciudadanos, clave para la decisión del voto y para el control social sobre el monto,
origen y destino de los recursos. Es así como la Ley 996 de 2005, autoriza la propaganda
política a través de emisoras locales y comunitarias dentro de los tres meses anteriores a las
elecciones Presidenciales y de Congreso12, mientras las normas vigentes para las elecciones
regionales y municipales la prohíben.13.
9
Ley 617 de 2.000.
10
11
Ley 130 de 1994.
Excepto las campañas presidenciales, respecto de las cuales se adoptaron reglas muy precisas en la Ley 996 de 2005.
Ley 996, del 24 de noviembre de 2005. Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República de
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política, y de acuerdo con lo establecido en el acto legislativo
02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. “Artículo 24. Propaganda electoral. Cada una de las campañas
presidenciales, podrán contratar sólo durante los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial en primera vuelta, y
durante el lapso entre esta y la segunda vuelta, si la hubiere, con los concesionarios y operadores privados de televisión,
espacios para divulgar propaganda electoral de las respectivas campañas. Las campañas presidenciales podrán contratar y
12
Finalmente, podría mencionarse también, dentro de la problemática que se viene examinando,
la inexistencia de mecanismos de auditoría respecto de las tecnologías incorporadas a los
procesos electorales, especialmente las relacionadas con la identificación de los electores, el
voto electrónico y los escrutinios. Sobre este particular es preciso señalar que los resultados de
los escrutinios prácticamente dependen en la actualidad de la utilización de programas de
computador, los cuales realizan todas las operaciones necesarias para determinar el umbral, la
cifra repartidora y la asignación de curules, pero no se han adoptado normas que garanticen el
principio de auditabilidad.
1.3. Ausencia de enfoque de derechos humanos en el Sistema Electoral.
A nuestro juicio, el más grave problema que enfrenta el actual sistema electoral, con normas
contradictorias y reglas de juego no claras, que por demás, se activa y articula cuando se
avecinan las contiendas electorales con la finalidad de arrojar los resultados esperados, unos
elegidos para ejercer el mandato encomendado a nivel nacional o regional, es la carencia de un
enfoque de derechos humanos.
La organización electoral, por ejemplo, se ve precisada a tomar decisiones como la anulación
de cédulas inscritas en forma expedita, sustrayendo de la participación en los escrutinios a
potenciales electores, para que posteriormente las autoridades competentes investiguen y
sanciones la presunta irregularidad de las conductas por las cuales ya se tomaron decisiones,
previo tramite sumario, que atañen a derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido, y
el de presunción de inocencia, entre otros. No lejos de esta situación, se encuentra el tema de
los llamados “inhabilitados” y la imposibilidad de hacer propaganda política durante los
últimos tres meses a las elecciones, desde emisoras comunitarias y locales, para los candidatos a
cargos uninominales y corporaciones públicas del nivel regional, municipal y local, ya
abordados, en los que se podrían estar afectando los derechos a la participación ciudadana, la
presunción de inocencia y el derecho a la igualdad, entre otros derechos fundamentales.
realizar propaganda electoral en la prensa escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección
presidencial. Cada campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social desea pautar, teniendo como
límite los topes establecidos en la presente Ley.
Las propagandas no podrán utilizar los símbolos patrios. Las empresas que prestan el servicio de televisión por
suscripción tienen prohibida la transmisión o divulgación de propaganda electoral referente a la campaña presidencial en
Colombia, que sean transmitidos en los canales de televisión extranjeros. Los concesionarios y operadores privados de
radio y televisión están en la obligación de emitir propaganda política a una tarifa inferior a la mitad de la efectivamente
cobrada por estos mismos espacios durante el año anterior.
Parágrafo. También podrá transmitirse divulgación política o propaganda electoral a través del servicio de televisión y
radio difusión comunitaria.”
13
Circular 012, del 13 de agosto de 2007. Ministerio de Comunicaciones, de agosto de 2007, expedida con
fundamento en las prohibiciones de los artículos 4 y 6 del Decreto 1981 de 2003...
II.- DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS O HECHOS CONSTITUTIVOS DE
RIESGO ELECTORAL.
Para efectos de este informe, la Defensoría ha considerado necesario hacer monitoreo a
conductas o hechos susceptibles de constituir riesgo contra el derecho a la participación de los
ciudadanos en la conformación del poder político y que, al mismo tiempo, constituyan delitos
electorales o violación de normas consagradas en nuestro régimen electoral, las cuales se
clasificaron así:
Constreñimiento a electores14. Incluye toda clase de amenazas o hechos de violencia contra
los ciudadanos para que voten en uno u otro sentido, o se abstengan de hacerlo.
Corrupción de electores15. Se refiere a casos de corrupción a electores mediante promesas,
pagos o entrega de dinero o dádivas, para que voten en uno u otro sentido, o se abstengan de
hacerlo. En estos casos no se recurre al uso de la violencia sino a la corrupción.
Obstáculos a la participación por razones administrativas16. Se trata de hacer seguimiento
al trámite y entrega de la cédula a los ciudadanos que la han solicitado por primera vez o han
pedido su reposición por deterioro, pérdida o hurto, etc., y que por diversas razones no son
entregadas a sus titulares o no se encuentran disponibles para su entrega. Como se sabe, este es
un problema que afecta el derecho al voto de centenares de miles de ciudadanos, aunque es
preciso reconocer los esfuerzos realizados durante el presente año por la Registraduría para
agilizar la entrega de las cédulas represadas. El proyecto de modernización tecnológica
permitirá, sin duda, resolver definitivamente el problema de la mora en la expedición de este
documento pero ello seguramente ocurrirá a partir del 2010 cuando concluya el mencionado
proceso de modernización. En estas elecciones, en consecuencia, los ciudadanos que no tengan
la cédula de ciudadanía el día de las elecciones no podrán ejercer su derecho al voto.
14
Artículo 387 del Código Penal.- CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE: “El que utilice las armas o amenace por
cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por
determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del
derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses”.
15
Artículo 390 del Código Penal.- CORRUPCION DE SUFRAGANTE: “El que prometa, pague o entregue dinero o
dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado
candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho
(48) a noventa (90) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(….)
El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en
prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
16
De conformidad con el artículo 99 de la Constitución, la condición de ciudadano en ejercicio es condición
previa e indispensable para ejercer el derecho al voto. El artículo 114 del Código Electoral determina, por su
parte, que el ciudadano se identificará ante el jurado de votación, con la cédula de ciudadanía.
Inscripción o retención irregular de cédulas17. Se refiere a la inscripción de ciudadanos no
residentes en el respectivo municipio o distrito, como consecuencia de amenazas u otros
hechos de violencia y/o corrupción. Igualmente se incluyen aquí los casos de retención
irregular de cédulas por parte de cualquier actor político o grupo al margen de la ley.
Atentados contra la libre inscripción de candidatos18. Incluye las amenazas u otros hechos
de violencia o intimidación que hayan impedido a algunos candidatos a cargos o corporaciones
de elección popular inscribirse dentro de la oportunidad legal para ello, y/o los casos en que,
como consecuencia de tales amenazas o hechos de cualquier otra naturaleza, el resultado haya
sido la inscripción de candidatos únicos a cargos y corporaciones en la respectiva
circunscripción.
Financiación ilícita de las campañas19. Casos de financiación ilegal de las campañas en
cuanto al origen (contribuciones prohibidas), monto (violación de topes) y destino de los
recursos (corrupción a electores mediante promesas, pagos o reparto de bienes).
Perturbación de las votaciones y/o de los escrutinios20. Incluye amenazas de perturbación
de las votaciones y/o de los escrutinios, así como hechos de violencia con el fin de intimidar a
la población y obligarla a actuar de determinada forma durante el actual proceso electoral.
Limitaciones al derecho de los desplazados a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político21. Se refiere a la situación de miembros de la población civil que
17
El artículo 316 de la Constitución establece que en las votaciones que se realicen para la elección de
autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos
residentes en el respectivo municipio.
18
El artículo 107 de la Constitución consagra que los partidos y movimientos con personería jurídica podrán
inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno, y que también podrán hacerlo los
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, previo cumplimiento de los requisitos de
seriedad que establezca la ley.
19
El artículo 109 de la Constitución señala que podrá limitarse el monto de los gastos de las campañas
electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, y que los partidos, movimientos y
candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de los ingresos.
20
ARTICULO 386. PERTURBACION DE CERTAMEN DEMOCRATICO: “El que por medio de maniobra
engañosa perturbe o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática,
o el escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a
ciento ocho (108) meses.
La pena será de prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses cuando la conducta
se realice por medio de violencia.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor
público”.
21
El artículo 40 de la Constitución consagra el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación,
han sido expulsados de su territorio hacia otros lugares del mismo u otros municipios o
departamentos, así como de población desplazada desde otros lugares del mismo u otros
municipios, y los obstáculos que les impiden participar en el certamen electoral en curso.
Hechos que afectan la gobernabilidad de las entidades territoriales. Los casos en que el
alcalde, el personero o los concejales del municipio o distrito, se encuentran ejerciendo
funciones desde la capital del departamento o desde otros municipios, o cuando se han
presentado amenazas u otros hechos de violencia contra autoridades públicas, en general, y
particularmente contra autoridades locales o electorales.
III.- RIESGOS DETECTADOS POR FALLAS ELECTORALES.
En este acápite se enuncian los principales riesgos detectados en las diferentes
circunscripciones departamentales, en los cuales se indican la población afectada y las
conductas constitutivas de riesgo electoral y que hacen referencia a los obstáculos a la
participación ciudadana por razones administrativas (cédulas sin entregar o no reclamadas), a la
inscripción irregular de cédulas y al desplazamiento forzado de la población. También se
presentan casos, aunque en menor medida, de atentados contra la libre inscripción de
candidatos y de perturbación de las votaciones, como se reseña a continuación.
3.1. Obstáculos a la participación por razones administrativas.
Según un informe reciente de El Tiempo22, 1´100.000 cédulas se encuentran sin entregar
porque sus titulares no las han reclamado, y 180.000 se encuentran en trámite por razón de las
limitaciones que tiene actualmente el proceso de producción de cédulas, limitaciones que se
encuentran en vía de solución con la implementación del proyecto de modernización
tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual deberá culminar en el 2010.
Lo anterior quiere decir que durante el actual proceso electoral los ciudadanos titulares de
dichas cédulas no podrán votar por cuanto no dispondrán del único documento que de
conformidad con el artículo 114 del Código Electoral sirve a los electores como documento de
identificación ante el jurado de votación.
3.2. Inscripción o retención irregular de cédulas.
En cuanto a la impugnación por inscripción irregular de cédulas, tenemos que el Consejo
Nacional Electoral – CNE - recibió 2.435 impugnaciones respecto de 725 municipios. Hasta
mediados de septiembre, el CNE había dejado sin efecto 176.005 inscripciones en 452
municipios, lo cual equivale al 50.3% del total de las 349.657 inscripciones impugnadas en
dichos municipios. Los departamentos donde se hizo evidente esta situación son: Antioquia,
Atlántico, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Nariño
y Santander.
3.2.1. Departamento de Antioquia
Se impugnaron las inscripciones en 38 municipios y en 24 de ellos se dejaron sin efecto el 50%
o más de las inscripciones impugnadas
3.2.2. Departamento de Atlántico
Es probablemente el departamento con el mayor número de irregularidades por esta conducta.
Se impugnaron las inscripciones en 16 municipios y en 13 de ellos se dejaron sin efecto el
22
El Tiempo, edición del viernes 7 de septiembre de 2007, página 1-4 Nación.
100% o más de las inscripciones impugnadas, excepto Tubará en donde se dejó sin efecto el
80% de las inscripciones. Sin embargo en los Municipios de Palmar de Varela, Ponedera, Santa
Lucia y Santo Tomás, el CNE dejó sin efecto mucho más del doble de las inscripciones
impugnadas.
3.2.3. Departamento de Boyacá
o más de las inscripciones impugnadas
3.2.4. Departamento de Casanare
Igualmente, junto con el departamento de Atlántico, es uno de los departamentos con mayor
número de inscripciones impugnadas. En efecto, se impugnaron las inscripciones en 17
municipios y en 11 de ellos se dejaron sin efecto el 50% o más de las inscripciones
impugnadas, entre ellos Yopal con 9.441 inscripciones dejadas sin efecto, Villanueva (1.109),
Trinidad (1.142), Tauramena (1.195), San Luis de Palenque (1.085), Paz de Ariporo (1.116),
Orocue (1.183),
3.2.5. Departamento de Cauca
Se impugnaron las inscripciones en 22 municipios y en nueve de ellos se dejaron sin efecto el
50% o más de las inscripciones impugnadas
3.2.6. Departamento del Cesar
Se impugnaron las inscripciones en nueve municipios y en siete de ellos se dejaron sin efecto el
20% o más de las inscripciones impugnadas, siendo los casos más significativos los municipios
de El Paso (1.275) y Manaure Balcón (933).
3.2.7. Departamento de Chocó
o más de las inscripciones impugnadas, siendo los casos más significativos los municipios de
Atrato (944), Cantón de San Pablo (455), Certeguí (566), Lloró (429), Medio Atrato (897),
3.2.8. Departamento de Córdoba
Buenavista 1.394 (78.6%), Canalete 1.149 (73.6%), La Apartada 1.853 (90.7%), y San Carlos
1.014 (65%).
3.2.9. Departamento de Cundinamarca
Se impugnaron las inscripciones en 196 municipios y en 29 de ellos se dejaron sin efecto el
de Mosquera 2.365 (42%)
3.2.10. Departamento de Huila
o más de las inscripciones impugnadas.
3.2.11. Departamento de La Guajira
Albania 3.351 (74.4%), Barrancas 2.156 (65.3%), Dibulla 2.856 (72%), Distracción 1.234
(57.7%), Hato Nuevo 1.910 (58.1%), Maicao 5.874 (61.6%), Riohacha 4.273 (56.9%), Uribia
2.124 (92.7%).
3.2.12. Departamento de Meta
Se impugnaron las inscripciones en 10 municipios y en cinco de ellos se dejaron sin efecto el
de Cabuyaro 862 (86.6%), Castilla la Nueva 2.721 (56.6%) y Puerto Gaitán 2.621 (94.7%)
3.2.13. Departamento de Nariño
3.2.14. Departamento de Santander
Girón 6.215 (58.5%), Guavata 1.667 (92.5%), Sabana de Torres 1.557 (59.7%),
3.2.15. Departamento de Valle del Cauca
El caso más significativo es el del Municipio de San Pedro en el que se dejaron sin efecto
3.007 inscripciones, equivalente al 73% de las inscripciones impugnadas.
3.4. Limitaciones al derecho de los desplazados a participar en la conformación,
Aunque la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UDAPV) -creada en 2004 mediante
convenio entre la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC - y la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR-, adelanta una importante
labor de otorgamiento de documentos de identificación a personas desplazadas y a otros
sectores vulnerables de la población, tal labor no incluye ni implica garantizar la participación
de los ciudadanos pertenecientes a estas poblaciones en las elecciones de las autoridades y
corporaciones públicas de las entidades territoriales a las que pertenecen.
En algunos casos la RNEC admite que los desplazados se inscriban en el censo electoral de las
circunscripciones municipales o distritales en las que se encuentran asentados, lo cual sin duda
les permite ejercer su derecho al voto, pero no para elegir a las autoridades de los municipios o
distritos de donde fueron expulsados y en donde probablemente tienen mayor interés de
participar para la conformación del poder político local. Incluso, en algunos casos, el
desplazamiento forzado pudo haber obedecido precisamente al propósito de impedir la
participación de estas comunidades en los procesos electorales locales.
IV.- MEDIDAS PROPUESTAS ORIENTADAS A REDUCIR LOS RIESGOS
Diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación social, académicos,
universidades y organismos de cooperación internacional, entre otros, como ya se dijo, han
venido señalando diversos factores de riesgo electoral, regiones y localidades en donde se han
presentado y/o en donde existen posibilidades de que se presenten en las próximas elecciones
y, en algunos casos, recomendaciones orientadas a minimizar el impacto de tales riesgos o
amenazas.
Por ello, la primera recomendación que cabe hacer a las autoridades electorales y, en general, a
las autoridades responsables de la conservación del orden público y de la persecución de los
delitos electorales, es la de examinar con especial atención tales informes de riesgo y adoptar
las medidas que consideren apropiadas para enfrentarlos. En este sentido resultan de la mayor
importancia los informes preparados por la Misión de Observación Electoral –MOE-,
FESCOL, y El Tiempo.
Por otra parte, no puede perderse de vista, bajo ninguna circunstancia, que la participación
electoral de los ciudadanos constituye derecho fundamental de aplicación inmediata cuya
protección obliga a las autoridades. Las soluciones que se adopten, en consecuencia, no
pueden tener como efecto el desconocimiento de los derechos y libertades que se pretenden
proteger. Las restricciones a este derecho, como ocurre respecto de los demás derechos
fundamentales, deben respetar los principios de tipicidad, interpretación restrictiva, entre otros
y, en todo caso, deben diseñarse en función de un proceso electoral más libre y democrático,
teniendo en cuenta que todo sacrificio del derecho de determinados ciudadanos sólo se
justifica si con ello se logra mejorar su ejercicio por la colectividad, conforme a reiterada
jurisprudencia constitucional.
Parece existir consenso en el sentido de que la principal recomendación para resolver los
problemas de nuestro sistema electoral es el de promover reformas y acciones de fondo, que
abarquen no sólo los aspectos institucionales y normativos, sino también las cuestiones
económicas, sociales y culturales, que inciden negativamente en el ejercicio de la función
electoral por parte de los ciudadanos23.
Sin embargo, dada la improbabilidad de que ello ocurra en el corto plazo, la Defensoría
comparte la idea expresada por diversos sectores en el sentido de que resulta indispensable que
las autoridades con responsabilidades directas en materia electoral adopten medidas que
contribuyan a minimizar los riesgos y las amenazas denunciadas. Algunas de tales medidas, a
juicio de la Defensoría del Pueblo, podrían ser las siguientes:
23
Esfuerzos como el del Ministerio de Educación al implementar el programa de Formación en Competencias
Ciudadanas, representan un ejemplo del tipo de acciones que se pueden desarrollar con el objeto de construir
una nueva cultura de participación.
4.1. Presencia focalizada de autoridades públicas en circunscripciones, zonas o puesto
de votación, con nivel de riesgo alto.
El Informe de Riesgo Electoral elaborado por organizaciones de la sociedad civil, coinciden en
señalar lugares en donde de manera reiterada se presentan, elección tras elección, diversas
modalidades de fraude electoral, así como aquellos de mayor nivel de riesgo en el actual
proceso y, en casos atribuibles a grupos armados ilegales, los actores responsables de los
mismos.
Se recomienda, en consecuencia, organizar la presencia focalizada de las correspondientes
autoridades públicas, según la clase o factor de riesgo, en aquellos lugares -circunscripciones,
zonas o puestos de votación-, identificados como de riesgo alto por su ocurrencia reiterada en
el pasado y/o por las amenazas detectadas durante el proceso electoral en curso.
La idea es garantizar, de esta manera, una presencia especial de la Fuerza Pública en aquellos
lugares sometidos a riesgo de constreñimiento a electores y perturbación de las votaciones o de
los escrutinios por parte de grupos armados ilegales; de la Procuraduría y/o de la Fiscalía en
aquellos lugares de mayor ocurrencia de casos de corrupción de electores; del Consejo
Nacional Electoral o de los Tribunales de Garantías en aquellos sitios con mayores problemas
de financiación ilícita de las campañas; o de todas las autoridades concernidas en aquellos sitios
que así lo ameriten, entre otras formas de coordinación y colaboración entre las autoridades
públicas responsables de la organización, vigilancia, control y seguridad de las elecciones.
4.2. Investigar casos de inscripción de candidatos únicos.
El Consejo Nacional Electoral, órgano al que corresponde constitucionalmente velar por que
los procesos electorales se adelanten en condiciones de plenas garantías y por los derechos de
la oposición y de las minorías, debe investigar las razones por las cuales en algunas
circunscripciones departamentales y municipales se inscribieron candidatos únicos.
Es evidente que si tal circunstancia ha sido producto de la violencia ejercida contra otros
candidatos, al punto de impedir su inscripción, la elección del candidato único no podría
considerarse válida en cuanto no es el resultado de la libre determinación de los ciudadanos.
La jurisprudencia del Consejo de Estado24 ha admitido como causal de nulidad de la
declaratoria de una elección la no participación de los ciudadanos en una contienda electoral
por amenazas de grupos al margen de la ley que no fueron evitadas por el Estado, por
considerar que viola los artículos 40, 258 y 260 de la Constitución. Aunque los
24
“La no participación de los ciudadanos en una contienda electoral por amenazas de grupos al margen de
la ley que no fueron evitadas por el Estado, viola los artículos 40, 258 y 260 de la Constitución. (….) la
violación de las normas legales y constitucionales a que se hizo referencia se concreta cuando el acto que
declaró las elecciones impugnadas no contiene la verdadera voluntad popular, es necesario determinar si la
ausencia de participación por actos ajenos a la voluntad de los ciudadanos y atribuibles al Estado afectó el
resultado electoral” (Sentencia de octubre 11 de 2002, Sección Quinta, Consejero Ponente Darío Quiñones).
pronunciamientos se han referido a casos de no participación de electores, resulta claro que los
argumentos constitucionales que sirvieron de fundamento a tales decisiones jurisprudenciales,
caben igualmente respecto de la no participación de candidatos por causa de amenazas de grupos
al margen de la ley que no fueron evitadas por el Estado, por cuanto en tales eventos el acto que
declara la elección del candidato único no contiene la verdadera voluntad popular.
4.3. Medidas especiales en municipios con mayor número de inscripción irregular de
cédulas.
Dado que esta situación constituye una evidente pretensión de falsear la voluntad popular,
conviene evaluar la posibilidad de implantar en los municipios de mayor ocurrencia de esta
irregularidad, la toma de la huella dactilar de los electores en el registro de votantes. Esta
medida podría resultar más eficaz que la utilización de tinta indeleble, pues facilitaría las
investigaciones posteriores a efectos de determinar la participación de ciudadanos no
habilitados para votar en las circunscripciones municipales de que se trate.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, por su parte, podría adelantar de manera prioritaria
en tales municipios, aún antes de que finalicen los escrutinios, la revisión de las listas de
sufragantes y de los registros de votantes a que se refiere el Artículo 83 del Código Electoral,
con el objeto de facilitar la disposición oportuna de pruebas necesarias para establecer la
participación de ciudadanos no residentes o la eventual suplantación de electores.
4.4. Entrega de cédulas durante la jornada electoral.
Es de esperar que con la campaña de entrega de cédulas que adelanta actualmente la
Registraduría el número de ellas sea significativamente menor que el de las últimas elecciones
cuando más de un millón de cédulas se encontraban en las Registradurías el día de las
elecciones.
Sin embargo, en los últimos años la Registraduría ha optado por no entregar cédulas de
ciudadanía el día de las votaciones con el fin de evitar la utilización fraudulenta de las que se
encuentran en su poder sin reclamar. Esta medida, aunque se inspira en un propósito plausible,
tiene el efecto indeseable de que impide a sus titulares, si lo desean, ejercer el derecho al voto
previa reclamación de la cédula de ciudadanía.
Convendría evaluar otras alternativas para impedir la indebida utilización de las cédulas sin
reclamar, que no impliquen el sacrificio del derecho por parte de quienes, por la razón que sea,
no la hayan retirado con anterioridad, como la de que voten en una mesa especialmente
habilitada para ello, en la que se tome la huella dactilar de los sufragantes y se faciliten las
verificaciones previas y posteriores que sean del caso, a efectos de detectar la posible
suplantación de electores que no hicieron uso de su derecho.
4.5. Garantizar el derecho al voto de los desplazados.
Aunque la Registraduría ha venido facilitando la inscripción -en el censo de los municipios de
destino-, de los ciudadanos que se encuentran en la condición de desplazados, esa solución no
les garantiza el derecho a tomar parte en la elección de las autoridades de la entidad territorial
de origen, en la que seguramente tienen sus intereses.
El deber que tiene el Estado de garantizar, entre otros, la efectividad de los derechos
fundamentales a elegir y ser elegidos y a participar en las decisiones que los afecten, no se
satisface plenamente en relación con la población desplazada si no se adoptan medidas que les
permita ejercerlos respecto de la circunscripción electoral que corresponda a su “residencia” de
origen, a menos que hayan decidido establecerse definitivamente en el lugar en el que
actualmente se encuentran.
El mecanismo del voto electrónico podría facilitar la puesta en práctica de soluciones para el
ejercicio del derecho al voto de ciudadanos desplazados y que, por lo mismo, se encuentran
fuera de su residencia transitoriamente, por razones ajenas a su voluntad, siempre y cuando se
encuentren inscritos en el censo electoral que corresponda a su residencia de origen.
INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
DEL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO.
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas.
Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil
Como Consecuencia del Conflicto Armado – Sistema de Alertas Tempranas.
Bogotá, D.C. - 2007
I. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO25.
1. Contenido y alcance del derecho a votar y a ser elegido
Tanto el apartado b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –
PIDCP -, como el apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la Convención Americana,
consagran el derecho de los ciudadanos a “votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores”. En este sentido conviene tener en cuenta los dos
aspectos que conlleva este derecho: por un lado, el derecho a votar o a elegir y, por otro, el
derecho a ser elegido. Cualquier restricción al ejercicio de este derecho, en sus dos aspectos:
1. tiene que estar reglamentado por ley;
2. sólo puede basarse en razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental;
3. o por condena dictada por juez competente en proceso penal;
4. tiene que basarse en criterios objetivos y razonables.
Aunque los instrumentos internacionales no imponen ningún sistema electoral concreto, el
sistema electoral elegido por un Estado debe garantizar que: 1) el voto sea secreto; 2) el
sufragio sea universal e igual; 3) la delimitación de los distritos electorales y el método de
asignación de votos no desvirtúen la distribución de los votantes ni comporten discriminación
alguna contra ningún grupo; 4) las elecciones sean libres y periódicas.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el mismo asunto ha
manifestado “Aunque el Pacto no impone ningún sistema electoral concreto, todo sistema
electoral vigente en un Estado Parte debe ser compatible con los derechos amparados por el
artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores. Debe
aplicarse el principio de un voto por persona y, en el marco del sistema electoral de cada uno
de los Estados, el voto de un elector debe tener igual valor que el de otro. La delimitación de
los distritos electorales y el método de asignación de votos no deben desvirtuar la distribución
de los votantes ni comportar discriminación alguna contra ningún grupo, ni tampoco excluir o
restringir en forma irrazonable el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus
representantes.
En sus informes, los Estados deben indicar las medidas que han adoptado para garantizar
elecciones auténticas, libres y periódicas, y la forma en que su sistema o sistemas electorales
garantizan y dan efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores. En los informes se
debe describir el sistema electoral y explicar cómo las distintas opiniones políticas de la
comunidad están representadas en los órganos elegidos. En los informes deberán describirse
asimismo las leyes y procedimientos que garantizan que los ciudadanos puedan ejercer de
25
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. María Girlesa Villegas Muñoz. Directora. Bogotá,
julio 31 de 2007.
hecho libremente el derecho de voto e indicarse de qué forma la legislación garantiza el
secreto, la seguridad y la validez del proceso electoral. Deberá explicarse la aplicación práctica
de estas garantías en el periodo abarcado por el informe de que se trate”26.
El artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, consagra quienes están facultados para
postularse como candidatos a cargos de elección popular, incluyendo a los miembros de los
partidos políticos, de movimientos políticos o sociales.
La ley 130 de 1994, en desarrollo de la Constitución establece que: “Todos los colombianos
tienen derecho a constituir partidos y movimientos políticos, a organizarlos y desarrollarlos, a
afiliarse y retirarse de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas”.
Partidos y Movimientos Políticos.
En Colombia los partidos y movimientos políticos reconocidos para el proceso actual son
siguientes de acuerdo a la Resolución No. 1057 del Consejo Nacional Electoral, emitida el 13
de julio de 2006, son los siguientes:
26
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 25, “El derecho a participar en los asuntos
públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en igualdad, a las funciones públicas”, párr. 21 y 22.
NOMBRE PARTIDO O
MOVIMIENTO
No. POLÍTICO VIGENTE
1
2
3
4
5
PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO
PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO
MOVIMIENTO APERTURA
LIBERAL
PARTIDO CONVERGENCIA
CIUDADANA
PARTIDO CAMBIO RADICAL
COLOMBIANO
REPRESENTANTE
LEGAL
JOSE NOE RIOS MUÑOZ
ALVARO GUILLERMO
RENDON LOPEZ
MIGUEL ANGEL FLOREZ
RIVERA
LUIS ALBERTO GIL CASTILLO
ANTONIO ALVAREZ LLERAS
PARTIDO OPCION CENTRO CARLOS RAMON GONZALEZ
MOVIMIENTO AUTORIDADES
JULIO NEL CALPA PISMAG
INDIGENAS DE COLOMBIA
7 "AICO"
MOVIMIENTO ALIANZA
MARCO AVIRAMA
8 SOCIAL INDÍGENA
NESTOR RAUL PALACIOS
9 MOVIMIENTO " MIRA "
SUESCUN
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD
LUIS GUILLERMO GIRALDO
NACIONAL " PARTIDO DE LA
HURTADO
10 U"
PARTIDO POLO
JORGE ENRIQUE ROBLEDO (
DEMOCRATICO
E)
11 ALTERNATIVO
PARTIDO COLOMBIA
MARIO URIBE ESCOBAR
12 DEMOCRATICA
6
MOVIMIENTO COLOMBIA
13 VIVA
MOVIMIENTO ALAS-EQUIPO
14 COLOMBIA
MOVIMIENTO POLITICO
15 "AFROUNINCCA"
MOVIMIENTO ALIANZA
SOCIAL AFROCOLOMBIANA
16 "ASA"
HABIB MERHEG MARUN
DIRECCION
TELEFONO /FAX
5934500/3231070
Av. Caracas No. 36-01
3690011/3690053
Av. 22 No. 37- 09
5712221
Av. 3 No. 5-70 Barrio Latino
6476411/6572964/6573784
Kra. 27 A No. 48-33
2107373 FAX /2106800
Cra. 7 No. 26-20 piso 26
Carrera 36 A No.61-12 2º piso
6081312-3153992252
CIUDAD
Bogotá
Bogotá
Cucuta
B/manga
Bogotá
Bogotá
CORREO ELECTRONICO
[email protected]
secretariageneral@partidoconserva
dor.org
movimientoaperturaliberal@totmail.
com
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[email protected]
[email protected]
3418930/3418930
Bogotá
Calle 23 No. 7-61 Of. 501
[email protected]
2434757/2827474/2868422
Calle 17 No. 5-43 Piso 8
3693222/3693210
Transversal 29 No. 35 A -40
Bogotá
Bogotá
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[email protected]
3500215 EXT.108
Bogotá
Carrera 7 No. 32-16 PISO 21
WWW.ELPARTIDODELAU.COM
2886188/2880023
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Carrera 17 A No. 37-27
Av.Calle 40A No13-09 of.1703
Carrera 10 No.27-51 int.150
oficina 2711 res. Tequendama
2873763/2870600/FAX338231
0
3813708-313-4424511
Bogotá
[email protected];
[email protected]
contactenos@colombiademocratica.
com
Bogotá
2660444/2660477
JAIME ARIAS RAMIREZ
Cra. 46 No.7-59 Patio Bonito
Medellin
[email protected]
Bogotá
[email protected]
3157389/316-6930957
Carrera 12 No. 23-41 ofc.1001
2096302
JOSEFINA VILLARREAL
SANCHEZ
AV. JIMENEZ No.8-74 of.515
Bogotá
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Julio de 2007.
Comisiones Electorales. Otras normas internas, para garantizar este derecho en Colombia,
son las que han establecido la Comisión Nacional para el Seguimiento Electoral que mediante
el Decreto 2267 del 12 de septiembre de 1997, integrada por el Ministro del Interior, quien la
presidirá, el Ministro de Comunicaciones, el Ministro de Defensa Nacional, el Procurador
General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República, el Fiscal General de la Nación, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, el
Registrador Nacional del Estado Civil, o sus delegados. El decreto 2390 del 23 de agosto de
2003, sobre el mismo tema dispone que "Serán invitados permanentes: 1. El Procurador
General de la Nación, o su delegado. 2. El Fiscal General de la Nación, o su delegado. 3. El
Defensor del Pueblo, o su delegado. 4. El Presidente del Consejo Nacional Electoral, o su
delegado, y 5. El Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado.
Esta ultima reglamentación manifiesta que se podrán invitar en forma especial los miembros de
los Partidos Políticos y los Movimientos Políticos.
A nivel regional, funcionan las Comisiones Regionales Electorales y Municipales, en las cuales
el representante del señor Defensor del Pueblo es el Defensor Regional o Profesional
Responsable de la Seccional. En los municipios, el Personero Municipal representa al
Ministerio Público.
Otras figuras concebidas para garantizar el ejercicio de este derecho en Colombia son los
testigos y los jurados electorales.
Testigos y Jurados Electorales. Los testigos electorales, debidamente acreditados por la
Registraduría Nacional de Estado Civil y con funciones públicas transitorias, previamente
postulados por los Partidos o Movimientos Políticos, al momento de la instalación de los
jurados y apertura de las votaciones podrán i. Comprobar que las actas y demás documentos
no hayan sido diligenciados previamente y que las urnas se encuentren vacías. ii. Durante las
votaciones: Verificar que los votantes concurren libremente y en secreto a escoger las listas
inscritas por el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos de su
preferencia y depositar su voto sin presión o interferencia de alguna clase y al iii. Al cierre de
las votaciones: Presenciar la apertura de la urna y el conteo de las tarjetas.
Los jurados de votación, ciudadanos con derechos políticos en ejercicio, reconocida
honorabilidad y menores de 60 años, vinculados a entidades públicas, privadas,
establecimientos educativos, tanto educadores como estudiantes universitarios, y ciudadanos
que hagan parte de los partidos y movimientos políticos y movimientos independientes que
hayan inscrito candidatos a la respectiva elección; que hayan resultado escogidos en el sorteo.
Estos ciudadanos deben regir su actividad por principios de imparcialidad, del secreto del voto
y de la publicidad del escrutinio, de eficacia del voto y de la capacidad electoral; realizan la
labor de adelantar el escrutinio o contabilización de los votos de la respectiva mesa donde
hayan sido asignados, siguiendo en detalle las instrucciones que para el cabal desempeño de sus
funciones haya impartido la Registraduría Nacional del Estado Civil en las jornadas de
capacitación y consignados en los instructivos o cartillas que para tal efecto se entregan.
Estudiantes Universitarios como Jurados de Votación. Recientemente, el Decreto 1794
del 23 de mayo de 2007, estableció la participación de los estudiantes de educación superior
como jurados de votación en los procesos electorales. Para tal efecto decretó que los
representantes legales de las Instituciones de Educación Superior, previa solicitud por parte de
los Registradores Distritales, Municipales y Auxiliares, deberán enviar la lista de los estudiantes
matriculados, mayores de dieciocho (18) años, para que presten el servicio como jurados de
votación. Igualmente, que la lista que remita la Institución de Educación Superior deberá
contener el nombre completo, el número de cédula de ciudadanía y la dirección de residencia
de cada Estudiante, y que La Registraduría Nacional del Estado Civil y los Rectores de las
Instituciones de Educación Superior, establecerán de manera conjunta los programas de
capacitación de los estudiantes para que desempeñen eficazmente la labor como jurados de
votación.
En forma preventiva el legislador a definido que no podrán ser jurados de votación los
funcionarios y empleados adscritos a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, las primeras
autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, los funcionarios que realizan
tareas electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del Ministerio de
Comunicaciones, Telecom, empresas de teléfonos, los funcionarios de la Administración
Postal Nacional, los Miembros Directivos de los Directorios Políticos, los candidatos a
corporaciones públicas, sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
de afinidad a primero civil, no podrán ser jurados de votación, y los parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del Registrador Nacional,
Registradores Distritales, Municipales o Auxiliares, ni de los Delegados del Registrador.
La conducta de los jurados de votación, como la de los testigos electorales, está regulada por la
Ley 734 de 2002, quienes son destinatarios de la Ley Disciplinaria aplicable a los servidores
públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas permanentes o transitorias. En este
orden, serán sujetos disciplinables los ciudadanos vinculados a un proceso electoral en calidad
de provisionales, supernumerarios, contratistas y jurados de votación, entre otros.
Misiones de Veeduría Internacional. El Acto Legislativo 02 de 2004, que reformó el
artículo 36 de la Constitución Política de Colombia, consagró unas garantías especiales, entre
ellas las Misiones de Veeduría Internacional para las Elecciones Presidenciales, bajo el texto
siguiente: “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo
con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”, en su
artículo 36 sobre Condiciones Especiales: “El artículo 36 prevé la existencia de veedurías
internacionales de acompañamiento del proceso de elección en caso de que se presenten
indicios serios y razonables de riesgo inminente de alteración del orden público o fraude el día
de las elecciones que puedan comprometer el desarrollo normal de las votaciones”.
Observadores Electorales de la Sociedad Civil. Para el año 2006, paralelamente a las
Misiones de Veeduría Internacionales, la sociedad civil organizada empieza a realizar
observación a los procesos electorales en el país, una de las misiones de observación más
sobresalientes es la Misión de Observación Electoral MOE, que se afianza en experiencias
internacionales de participación ciudadana en materia electoral, como son Participación
Ciudadana –República Dominicana, Instituto para el Desarrollo de la Democracia-Nicaragua,
Grupo Cívico Ética y Transparencia- Nicaragua, Acuerdo de Lima, Transparencia Perú, y el
Centro de Asesoría y Promoción Electoral –Capel, que es un programa especializado del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), creado en el año 1983 y que inició
labores en el año 1985, cuya función es asesoría técnica electoral y la de promoción de las
elecciones, con un enfoque multidisciplinario.
1.1. El derecho a votar.
Conforme a la doctrina del Comité de Derechos Humanos, las condiciones o requisitos que se
exijan en un país para el ejercicio del derecho al voto deben estar reguladas en la ley. A pesar de
que la edad constituye una restricción legítima a este derecho (normalmente la legislación
comparada establece un límite mínimo de 18 a 21 años para su ejercicio), no constituyen
restricciones objetivas y razonables:
1. La discapacidad física de una persona (no la mental verificada).
2. Su capacidad para leer y escribir. Respecto de las personas analfabetas, los Estados tienen la
obligación de poner a disposición de las mismas
3. El nivel de instrucción.
4. La situación económica.
5. La pertenencia de una persona a un partido político.
Además, los Estados deben establecer mecanismos ágiles para la inscripción de las personas
que se encuentren en capacidad de votar en el censo o padrón electoral, y deben realizar
campañas de educación acerca del procedimiento(s) que establece la ley para la inscripción de
los votantes.
En relación con las campañas electorales, el Pacto permite que la ley establezca un límite a los
gastos en que pueden incurrir los partidos o candidatos electorales con la finalidad de no
afectar la libre voluntad de los votantes. La asistencia que se brinde a los discapacitados, por
ejemplo, para su traslado a los centros electorales, no debe condicionar su voto por un
determinado candidato o partido.
Con la finalidad de garantizar la autenticidad de las elecciones, la ley debe crear una junta
electoral independiente que supervise el proceso electoral y garantice que éste se desarrolla en
forma justa e imparcial. Igualmente, y con la anterior finalidad, el proceso de escrutinio de
votos y el proceso de recuento deberá realizarse de forma independiente y con posibilidad de
revisión judicial u otro proceso equivalente.
La doctrina del Comité de Derechos Humanos establece que: “10. El derecho a votar en
elecciones y referendos debe estar establecido por la ley y sólo podrá ser objeto de
restricciones razonables, como la fijación de un límite mínimo de edad para poder ejercer tal
derecho. No es razonable restringir el derecho de voto por motivos de discapacidad física ni
imponer requisitos o restricciones relacionados con la capacidad para leer y escribir, el nivel de
instrucción o la situación económica. La afiliación a un partido no debe ser condición ni
impedimento para votar.
11. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que todas las personas que
tengan derecho a votar puedan ejercerlo. Cuando se exige que los votantes se inscriban, su
inscripción debe facilitarse, y no deberán ponerse obstáculos para efectuarla. Si, para hacer la
inscripción, existen requisitos relativos al lugar de residencia, éstos serán razonables y no
deberán imponerse de forma que impidan a las personas que carezcan de vivienda ejercer su
derecho de voto. Deberá prohibirse mediante disposiciones penales todo acto que interfiera en
exceso con la inscripción o el voto, y esas disposiciones deberán aplicarse estrictamente. Para
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en el artículo 25 por una
comunidad bien informada es preciso hacer campañas de educación e inscripción de los
votantes.
12. La libertad de expresión, la de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el
ejercicio efectivo del derecho de voto y deben protegerse plenamente. Deberán adoptarse
medidas positivas para superar toda dificultad concreta, como el analfabetismo, las barreras
lingüísticas, la pobreza o los obstáculos a la libertad de circulación, que impidan a las personas
con derecho de voto ejercer sus derechos en forma efectiva. Se deberá disponer de
información y material acerca de la votación de los idiomas de las distintas minorías. Deben
adoptarse métodos concretos, como fotografías y símbolos, para que los electores analfabetos
puedan votar contando con suficiente información. Los Estados Partes deberán indicar en sus
informes la forma en que se hace frente a las dificultades mencionadas en el presente párrafo.
(…)
19. De conformidad con el apartado b), las elecciones deben ser libres y equitativas, y
celebrarse periódicamente en el marco de disposiciones jurídicas que garanticen el ejercicio
efectivo del derecho de voto. Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a
favor de cualquier candidato y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a
referéndum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción
indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los
electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera independiente, libres de toda
violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo.
La limitación de los gastos en campañas electorales puede estar justificada cuando sea necesaria
para asegurar que la libre elección de los votantes no se vea afectada o que el proceso
democrático quede perturbado por gastos desproporcionados en favor de cualquier candidato
o partido. Los resultados de las elecciones auténticas deberán respetarse y ponerse en práctica.
20. Debe establecerse una junta electoral independiente para que supervise el proceso electoral
y garantice que se desarrolla en forma justa e imparcial y de conformidad con disposiciones
jurídicas compatibles con el Pacto. Los Estados deben tomar medidas para garantizar el
carácter secreto del voto durante las elecciones, incluida la votación cuando se está ausente de
la residencia habitual, si existe este sistema. Ello comporta la necesidad de que los votantes
estén protegidos contra toda forma de coacción para revelar cómo van a votar o cómo han
votado, y contra toda injerencia ilícita en el proceso electoral. La renuncia de estos derechos es
incompatible con las disposiciones del artículo 25 del Pacto. Deberá garantizarse la seguridad
de las urnas y los votos deben escrutarse en presencia de los candidatos o de sus agentes. Debe
haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes y con posibilidad de
revisión judicial o de otro proceso equivalente a fin de que los electores tengan confianza en la
seguridad de la votación y del recuento de los votos. La asistencia que se preste a los
discapacitados, los ciegos o los analfabetos deberá tener carácter independiente. Deberá
informarse plenamente a los electores acerca de estas garantías27
En relación con el derecho al voto, la Constitución Política en su artículo 258 expresa: “El
voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán
secretamente en cubículos individuales instalados en casa mesa de votación, con tarjetas
27
Observación General No. 25, “El derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas”, párr. 10-12, 19 y 20.
electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas
oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes
instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones
todos los candidatos.
La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el
libre ejercicio de este derecho a los ciudadanos”.
El artículo 259 de la misma Constitución, por su parte establece con relación a las elecciones
regionales y municipales que. “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato
al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el
ejercicio del voto programático”.
Es así como en ordenamiento constitucional colombiano se han incluido directamente una
serie de garantías electorales con el fin de brindar mayor protección a la transparencia del voto,
es decir, a la voluntad de los ciudadanos representada en las urnas. En este orden de ideas,
“(…) se le concedió rango constitucional a la organización electoral (CP, arts. 263 ss.) –la cual
fue elevada simultáneamente a la categoría de organismo independiente y autónomo (CP, arts.
113 y 120) –, e incluso, con el objeto de garantizar de manera más clara el libre ejercicio del
voto, se reglamentó constitucionalmente que éste se efectuaría en cubículos secretos y a través
de tarjetas electorales suministradas por la organización electoral”28
La Corte Constitucional ha afirmado que este derecho está supeditado a condiciones
normativas que establezcan las circunstancias de validez del voto, individualmente considerado,
así como de la actividad electoral, analizada en conjunto, en aras de rodear de garantías el
ejercicio libre del voto, y maximizar la transparencia del proceso electoral. Lo anterior, porque
a juicio de esa corporación: “El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos
centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de
elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos. El
ejercicio del voto constituye una manifestación de la libertad individual, en la medida en que la
persona selecciona el candidato de su preferencia. Así mismo, constituye base de la legitimidad
del sistema. Desde el punto de vista del voto como derecho y manifestación de la libertad
individual, la Corte ha señalado que se trata de un derecho complejo, que comporta la elección
individual y supone la existencia de una organización prestadora. Además tiene una función
organizacional, lo cual no le resta su carácter de derecho fundamental, de aplicación
inmediata29”
A fin de delimitar el núcleo esencial de este derecho, ha diferenciado tres elementos que lo
componen:
“El primero de ellos hace alusión a la libertad política de escoger un candidato.
28
29
Corte Constitucional, sentencia SU-747 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
El segundo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a obtener del Estado los medios
logísticos e informativos para que la elección pueda llevarse a término de manera adecuada y
libre.
Finalmente, el tercer elemento hace relación al aspecto deontológico del derecho, esto es, al
deber ciudadano de contribuir con su voto a la configuración democrática y pluralista de las
instituciones estatales30”.
De otro lado, es de tener en cuenta con el Acto Legislativo Número 01 de 2003, se
introdujeron importantes cambios desde el punto de vista electoral con la denominada
“Reforma Política”, que implementó un nuevo instrumento de asignación de curules, diferente
del cuociente electoral del sistema electoral anterior, en la medida que los integrantes de las
corporaciones públicas de elección popular (Senado, Cámara de Representantes, Asambleas
Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales), alcanzaban su
escaño al obtener un cuociente o un mayor residuo.
Se implementó la “cifra repartidora” para asignar curules de manera proporcional a la votación
obtenida por los distintos partidos o movimientos políticos y movimientos independientes, al
permitir la utilización de una variante del Método D´Hondt, la cual ha sido adoptada en
diversos países latinoamericanos.
La introducción de la “cifra repartidora” de forma conjunta con el denominado “umbral” se
encuentra descrito en el Artículo 263 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 12
del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003 afirma que: “Para garantizar la equitativa
representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos,
las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora
entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al dos
por ciento (2%) de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50%)
del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezca la
Constitución y la Ley”.
Por su parte, la Ley 131 de 1994 ha reglamentado el voto programático, consagrado en el
artículo 259 de la Carta para la elección de gobernadores y acaldes, entendiendo por éste el
mecanismo de participación mediante el cual los electores “imponen como mandato al elegido
el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la
inscripción de su candidatura”, figura que se complementa con la posibilidad de revocar el
mandato del candidato elegido, en caso de que incumpla con el programa de gobierno
prometido (art. 2).
La revocatoria del mandato se hará mediante convocatoria a pronunciamiento popular, con un
memorial suscrito por un número de ciudadanos no inferior al 40% del total de votos que
30
15 Corte Constitucional, sentencia T-324 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
obtuvo el elegido, y requiere del voto afirmativo de la mitad más uno de los ciudadanos que
participen en la respectiva convocatoria, “siempre que el número de sufragios no sea inferior al
cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al
respectivo mandatario” (art. 11).
La Ley 403 de 1997 ha creado el Certificado Electoral, que se expide por los jurados de
votación, o por los registradores, al momento en que la persona ejerce su deber de votar en las
elecciones y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación
constitucionalmente autorizados, y el cual constituye plena prueba para recibir una serie de
beneficios, a saber: preferencia para el ingreso a instituciones de educación superior, empleos
de carrera del Estado y adjudicación de becas y subsidios; descuentos en la matrícula para
estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, y rebaja de un mes en la prestación
del servicio militar obligatorio.
La Corte Constitucional reconoció a los invidentes el derecho a votar mediante el sistema
Braile; entre otras, la providencia ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil: “ (...) que
debe hacer publicidad con el fin de que los invidentes que quieran utilizar el sistema Braille
hagan conocer su interés de votar con ese sistema a la Organización Electoral; debe también
hacer acopio de la información del número de personas invidentes, con las organizaciones o
asociaciones de invidentes que existan, diseñar una política y un programa que le permita
identificar a los usuarios del sistema Braille u otro con el que se pueda determinar las personas
invidentes que deseen votar sin acompañante, con el fin de determinar la cantidad de personas
que ejercerán su derecho al voto por este sistema y tendrá un plazo máximo de un (1) año
contado a partir de la fecha de estas sentencia para ponerlo en ejecución respecto de todos los
invidentes que no han sido actores dentro de esta sentencia.(...)”31.
1.2. El derecho a ser elegido.
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP - como la Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, consagran el derecho de
los ciudadanos a presentarse a cargos electivos. Al igual que el “derecho a votar”, este derecho
puede ser restringido por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental. Sin embargo, cualquier restricción que se imponga al ejercicio del
“derecho a ser elegido” tiene que basarse en criterios objetivos y razonables. En este sentido
conviene tener en cuenta que no se viola este derecho cuando se exige que los candidatos para
determinados cargos tengan una edad mayor que para ejercer el voto. En cambio, se viola este
derecho cuando se imponen requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio en relación
con el nivel de instrucción, el lugar de residencia o la decencia de los candidatos, o bien, se
31 Corte Constitucional, sentencia T-473 del 9 de junio de 2003, M. P. Jaime Araujo Rentería.
impone como requisito el pago de derechos o el depósito de sumas exorbitantes, o un número
no razonable de partidarios, para la presentación de candidaturas.
Según la doctrina del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “La realización
efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que todas las
personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos. Toda restricción del
derecho a presentarse a elecciones, como la fijación de una edad mínima, deberá basarse en
criterios objetivos y razonables. Las personas que de otro modo reúnan las condiciones
exigidas para presentarse a elecciones no deberán ser excluidas mediante la imposición de
requisitos irrazonables o de carácter discriminatorio, como el nivel de instrucción, el lugar de
residencia o la descendencia, o a causa de su afiliación política. Nadie debe ser objeto de
discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura.
Los Estados Partes deben indicar y explicar las disposiciones legislativas en virtud de las cuales
se puede privar a un grupo o categoría de personas de la posibilidad de desempeñar cargos
electivos. 16. Las condiciones relacionadas con la fecha, el pago de derechos o la realización de
un depósito para la presentación de candidaturas deberán ser razonables y no tener carácter
discriminatorio. Si hay motivos razonables para considerar que ciertos cargos electivos son
incompatibles con determinados puestos [por ejemplo, los de la judicatura, los militares de alta
graduación y los funcionarios públicos], las medidas que se adopten para”32
1.3. Responsabilidad estatal, respecto a las amenazas por parte de grupos armados
ilegales a los candidatos y autoridades elegidas.
En relación con las amenazas que han sufrido diferentes candidatos electorales en Colombia
por parte de los grupos armados irregulares, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Colombia señaló que: “ Los actos de violencia perpetrados por los grupos paramilitares y los
grupos disidentes armados contra candidatos electorales son incompatibles con las normas de
protección de los civiles dictadas conforme al derecho humanitario internacional. Conforme
explica la Comisión en el capítulo IV de este informe, no puede tratarse a los candidatos
políticos y a las autoridades elegidas como blancos militares sobre la base de su mera
participación en un proceso electoral. Además, muchos de los secuestros suponen la toma de
rehenes, que está prohibida por el derecho humanitario internacional. Finalmente, como lo
manifestó la Comisión en los comunicados de prensa emitidos con motivo del secuestro de
observadores electorales nombrados por la OEA por parte del ELN, los actos de esta clase
consumados por disidentes armados interfieren en el libre ejercicio del derecho de los
colombianos a votar y participar en la política. La Comisión reitera su condena a todos los
actos que interfieran en el ejercicio de este importante derecho reconocido en el artículo 23 de
la Convención Americana.
32
Observación General No. 25, “El derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas”, párrs. 15 y 16.
La Comisión considera que la importancia del derecho a la participación política, consagrado
en el artículo 23 de la Convención Americana, crea al Estado una obligación especial de actuar
de manera afirmativa y hacer todo lo que sea viable a fin de asegurar que los candidatos estén
protegidos y que las elecciones se desarrollen sin interferencias. Para la Comisión es motivo de
suma preocupación la posibilidad de que estos ataques constantes, violatorios del derecho
humanitario internacional, desemboquen en algún momento en una situación en la que la
ciudadanía colombiana se vea privada de acceso efectivo al derecho al sufragio y a la
participación política directa o representativa. La Comisión insta al Estado a tomar todas las
medidas necesarias a fin de asegurar la protección de los derechos a la participación política,
con objeto de que Colombia siga siendo un Estado plenamente democrático”33
Entre las recomendaciones que la CIDH realizó al gobierno en este sentido, se encuentran:
“Que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto por el derecho de la
ciudadanía a la participación política. A este respecto, el Estado debería actuar afirmativamente
para hacer todo lo posible por garantizar la protección de los candidatos y la celebración
ordenada de las elecciones.
Que adopte medidas inmediatas y efectivas para proteger la vida y la integridad física de los
funcionarios elegidos. Esas medidas deben incluir, como medio crucial para brindar
protección, la investigación y sanción de quienes perpetren ataques contra los funcionarios
elegidos.
Como consecuencia de lo anterior, y dado que los candidatos políticos y las autoridades
elegidas son “personas que no participan directamente en las hostilidades”, conforme al
derecho internacional humanitario (DIH), todo atentado contra su vida o amenaza constituye
una infracción del artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra, y al artículo 4 del Protocolo
Adicional II relativo a la protección de las víctimas en los conflictos armados no
internacionales. Igualmente, estos actos constituyen un crimen de guerra en el caso de
conflictos armados que no sean de índole internacional, según el artículo 8.2.c) i) del Estatuto
de la Corte Penal Internacional. El Estado se comprometió a respetar y garantizar los derechos
reconocidos en la Convención Americana y en el PIDCP, entre ellos, el derecho a la vida, a la
integridad personal y los derechos políticos. Por este motivo, el Estado tiene “(…) una
obligación especial de actuar de manera afirmativa y hacer todo lo que sea viable a fin de
asegurar que los candidatos estén protegidos y que las elecciones se desarrollen sin
interferencias”34
En relación con el conflicto armado interno que se desarrolló en Guatemala, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bámaca Velázquez, señaló: “La Corte ha
33
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 Rev. 1, del 26 de
febrero de 1999, cap. IX, párrs. 38, 40 y 48.
34
Ibíd.
considerado demostrado que, al momento de los hechos del presente caso, se desarrollaba en
Guatemala un conflicto interno. Como ya se ha afirmado este hecho, en vez de exonerar al
Estado de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos de las personas, lo obligaban a
actuar en manera concordante con dichas obligaciones (...) La Corte Considera, con
fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que Guatemala está obligada a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para
garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Lo anterior se impone independientemente de que los responsables de las violaciones de estos
derechos sean agentes del poder público, particulares o grupos de ellos, ya que según las reglas
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier
autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos en la misma Convención” 35
Por tanto, los atentados contra la vida y los actos de violencia perpetrados por los grupos
disidentes armados contra candidatos electorales y/o autoridades elegidas, además de constituir
una infracción al DIH, constituyen una violación del deber del Estado de garantizar los
derechos políticos a sus ciudadanos. En relación con el deber de garantía, el Estado tiene la
obligación de brindar protección a los candidatos electorales y/o a las autoridades elegidas, así
como investigar y sancionar a quienes perpetren ataques contra los funcionarios elegidos.
Por su parte la Corte Constitucional, al analizar la situación de amenazas contra la vida e
integridad personal, reconoce que existe riesgo para estos derechos fundamentales al expresar
“4.1 Colombia es uno de los países en donde se registran altos índices de secuestros,
desapariciones forzadas y homicidios. Esta posición se debe al régimen de terror implantado
por los diversos grupos al margen de la ley que operan en las diferentes zonas del territorio
nacional. Tal situación ha ocasionado que muchos colombianos abandonen sus domicilios o
sus lugares de residencia, en busca de protección, así como innumerables situaciones en las
que la vida y la seguridad de los ciudadanos se ven amenazados o vulnerados por los actores
del conflicto armado.
4.2 Lo descrito ofrece retos de especial complejidad relacionados con la forma en la que el
Estado, bien sea a través del Gobierno, de la Rama Legislativa o de sus jueces, debe proteger
los derechos fundamentales de las personas. Una situación de guerra interna, un conflicto
armado generalizado, en principio –podría pensarse- estaría asociado con una violación
universal del estatuto del individuo y de las garantías constitucionales de que éste goza. Sin
embargo, es necesario señalar que el conflicto que atraviesa el país presenta diversos grados de
intensidad que varían de acuerdo con factores tan complejos como el territorial, el poblacional,
las riquezas existentes en determinadas zonas, la tradición de los pobladores en cuanto a sus
relaciones con las autoridades del Estado y los diversos agentes del conflicto, etc. Así pues, los
retos derivados de la protección estatal a las personas, ganan la complejidad que se deriva de
las mismas situaciones de riesgo particulares a las que se ven sometidos un grupo de
individuos o personas específicas.
35
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte Interamericana), caso Bámaca Velázquez,
sentencia del 25 de noviembre de 2000, párrs. 207 y 210.
4.3 De igual manera, ha de tenerse en cuenta cuál el papel que una persona en riesgo
desempeña dentro de la sociedad. Ello con el objeto de establecer si a determinado individuo
se le puede exigir que soporte una determinada carga de riesgo al que se encuentra expuesto.
Tal y como ha manifestado esta Corte, de acuerdo con el deber de solidaridad establecido en
el numeral 2º del art. 95 de la Carta Política, los ciudadanos deben asumir las cargas públicas
inherentes a la convivencia en sociedad y a la prestación de los servicios públicos; siendo
cierto lo anterior tanto para los que se benefician de dichos servicios, como para las personas
encargadas de su prestación. Acerca de las cargas que deben asumir los servidores públicos, ha
sido establecido por la jurisprudencia constitucional que para poder desarrollar las diferentes
actividades estatales se requiere que soporten un mayor nivel de cargas. Ello, por cuanto no
puede generalizarse que debido a los riesgos inherentes que contra la vida y la integridad física
existen en determinados lugares, la prestación de los servicios públicos se vea interrumpida. La
carga a soportar es aún mayor tratándose de funcionarios cuya función es la instrucción de
procesos penales; de los agentes de seguridad o incluso, de los miembros de las Fuerza
Pública.
Cuando una persona se encuentra en peligro y considera amenazados derechos fundamentales
como la vida y la integridad personal, es necesario que el Estado dirija su accionar a evitar que
se materialice el daño en concreto, y dicho accionar sólo podrá estar precedido por una
comprensión particular de los diversos factores de riesgo que rodean a la persona. Y las cargas
que, en solidaridad, está llamada a soportar.
Por las consideraciones anteriores la misma Corte, al ordenar la protección para la vida y la
integridad personal de un educador amenazados por miembros de un grupo armado al margen
de la ley, y frente a la recurrencia de estos hechos en el país, solicita medidas de protección
acorde a diferentes niveles de riesgo para estos derechos. “4.4 En relación con la problemática,
recientemente la jurisprudencia de esta Corte ha señalado herramientas conceptuales para
identificar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto el sujeto y según ello tomar las
medidas que resulten necesarias, de acuerdo con la siguiente clasificación:
4.4.1 Nivel de riesgo mínimo. En este nivel se encuentran todas las personas, por el solo
hecho de nacer. El riesgo al que se enfrenta es a la muerte y a las enfermedades.
4.4.2 Nivel de riesgo ordinario. Se trata de todos aquellos riesgos causados por el hecho de
vivir en sociedad. La amenaza no es causada por factores individuales, como en el nivel
anterior, sino que se produce por factores externos, tales como la acción del Estado y la
convivencia con otras personas. La población que se encuentra en este nivel de riesgo no
puede solicitar medidas especiales de protección, por cuanto el Estado, dentro de su finalidad,
debe establecer medidas ordinarias y generales encaminadas a proteger a los asociados en
relación con este tipo de riesgo. Lo derechos fundamentales que puedan verse amenazados se
protegen de la manera indicada.
4.4.3 Nivel de riesgo extraordinario. Cuando la persona se encuentra en este nivel de riesgo,
es necesario que el Estado adopte medidas especiales y particulares para evitar que se vulneren
los derechos fundamentales amenazados. El riesgo extraordinario, según la Jurisprudencia de
la Corte Constitucional, debe presentar las siguientes características:
(i) debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo genérico. (ii)
debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos particulares y manifiestos, y no
en suposiciones abstractas. (iii) debe ser presente, esto es, no remoto ni eventual. (iv) debe ser
importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el
sujeto, por lo cual no puede tratarse de un riesgo menor. (v) debe ser un riesgo serio, de
materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede ser improbable.
(vi) debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso.
(vii) debe ser un riesgo excepcional, en la medida en que no es uno que deba ser soportado por
la generalidad de los individuos. (viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que
deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.
Cuando confluyen las características anteriores, la persona se encuentra frente a un riesgo
extraordinario, que no tiene el deber jurídico de soportar, por lo cual puede invocar una
protección especial por parte del Estado. Las medidas deben estar encaminadas a garantizar
los derechos fundamentales amenazados en este evento, la vida y la integridad personal.
4.4.4 Nivel de riesgo extremo. Este es el nivel de riesgo más alto. En esta categoría también
se ponen en peligro derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. Para que el
individuo pueda obtener una protección especial por parte del Estado en este nivel, el riesgo
debe reunir las características indicadas en relación con el nivel anterior y, además, debe ser
grave e inminente. Es grave aquel riesgo que amenaza un bien jurídico de mucha entidad o
importancia. La inminencia se predica de aquello que o está para suceder prontamente. Así, el
riesgo extremo es aquel del que se puede decir que en cualquier instante puede dejar de ser
una amenaza y materializarse en una vulneración de los derechos a la vida o a la integridad
personal, que son evidentemente primordiales para el ser humano36”.
1.4. Conductas violatorias de los derechos a elegir o votar y ser elegido.
Violación del derecho a votar y ser elegido Se configura la violación cuando, en el marco de un
proceso electoral:
a) Se entorpece o conculca el ejercicio libre, personal y secreto del derecho al voto.
1. constreñimiento a electores.
2. Corrupción de electores.
3. Obstáculos a la participación en los procesos electorales por razones administrativas
(Ej. falta de cédula).
4. No garantizar el ejercicio del derecho al voto de los desplazados por la violencia.
36
Corte Constitucional ST 719 de 2003.
b) Cualquier acto de la autoridad dirigido o que tiene como resultado impedir o negar
indebidamente la inscripción a un ciudadano que cumple con los requisitos legales
exigidos y tiene el derecho a ejercer los derechos políticos.
1. Restricción a la libre inscripción de candidatos.
4. No garantizar el ejercicio del derecho de los desplazados por la violencia a ser
elegidos.
c) El proceso de escrutinio y recuento de votos no se realiza de forma independiente o
cuando no existe un proceso de revisión judicial u otro proceso equivalente.
1. Perturbación del escrutinio.
d) Los candidatos o partidos políticos prestan asistencia a discapacitados, ciegos,
analfabetos o ancianos, condicionando su voto.
e) Se impide, entorpece o restringe en forma arbitraria el derecho a postularse como
candidato a un cargo electivo, por ejemplo, al imponerse como requisito el pago de un
depósito exorbitante o un número mínimo de partidarios no razonable, para la
presentación de su candidatura.
f) Se destituye al titular de un cargo electivo sin base legal, o cuando la ley no disponga
criterios objetivos y razonables que comporten procedimientos justos y equitativos
para la destitución de un titular.
g) Se produce cualquier tipo de fraude electoral.
1. Financiación ilícita de las campañas políticas.
2. Inscripción o retención irregular de cédulas.
3. Perturbación de las votaciones. o certamen democrático
4. Fraude en inscripción de cedulas.
5. Voto fraudulento.
6. Favorecimiento de voto fraudulento.
7. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación.
8. alteración de resultados electorales.
9. Ocultamiento retención y posesión ilícita de cédulas.
h) Violación del derecho a participar en la dirección de asuntos públicos. La violación
de este derecho se produce cuando se restringe, entorpece o impide en forma arbitraria la
participación en actividades políticas o la creación y el funcionamiento de organizaciones,
asociaciones o partidos políticos.
1.5. Conductas que tienen efectos disciplinables y constituyen delitos electorales.
Las conductas que amenazan o violan los derechos a elegir y ser elegido o elegida, también
constituyen delitos, es por ello que el Estado para tutelar a los ciudadanos el libre ejercicio y
goce de sus derechos políticos, ha desarrollado instrumentos jurídicos para reprimir todo acto
que los lesione.
El Estado Colombiano quien tiene la potestad de regular la conducta de las personas, para el
caso, se protege el derecho al sufragio, cuando un individuo – sujeto activo, mediante
conductas que recaen en otras personas con el fin de perturbar una votación pública, impedir
el desarrollo de actividades electorales y el libre ejercicio de un candidato.
Las conductas orientadas a perturbar, amenazar, obtener, pagar, entregar, prometer, suplantar,
retener e incumplir, puede ser cometidas por un servidor público o por una persona particular,
razón por la cual, serán aplicables según el caso, tanto el Código Disciplinario Único para los
Servidores Públicos como el Código penal Vigente.
Son conductas delictivas según el Código Penal las siguientes:
Perturbación de certamen democrático. El que por medio de maniobra engañosa perturbe
o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, o el
escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto, incurrirá en penas privativas de la
libertad. La pena será más gravosa, cuando la conducta se realice por medio de violencia, y así
mismo la pena será aumentada cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
Constreñimiento al sufragante. El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por
determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le
impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en penas privativas de la libertad. De
igual forma será sancionado con pena privativa, quien por los mismos medios pretenda
obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación
en determinado sentido o impida el libre ejercicio del sufragio. .
Fraude al sufragante. El que mediante maniobra engañosa, obtenga que un ciudadano o a un
extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente política, o
lo haga en blanco, incurrirá en pena privativa de la libertad. De igual modo, será sancionado,
quien por el mismo medio obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del
mandato, votación en determinado sentido.
Fraude en inscripción de Cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas
habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio
o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja
en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato,
incurrirá en penas privativas de la libertad. .
Corrupción al sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano
o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto a favor de determinado
candidato, partido o corriente política, voto en blanco, o se abstenga de hacerlo incurrirá en
pena privativa de la libertad. De igual forma, es penado, quien incurra quien por los mismos
medios obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, votación
en determinado sentido. El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los
fines señalados, también será castigado con pena de prisión. .
Voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o
vote más de una vez, o sin derecho consigne su voto en una elección, plebiscito, referendo,
consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en pena privativa de la libertad.
Favorecimiento de voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la Ley, o votar más de una vez o hacerlo sin
derecho, incurrirán en pena privativa de la libertad. .
Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. El servidor público
que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de registro electoral, sellos de urna o
de arca triclave, incurrirá en penas privativas de la libertad.
Alteración de resultados electorales. El que por medio distinto de los señalados
anteriormente, altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones o
tarjetas electorales indebidamente, incurrirá en penas privativas de la libertad.
Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. El que haga desaparecer, posea o
retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del
derecho al sufragio, incurrirá en pena privativa de libertad.
Denegación de inscripción. El servidor público a quien legalmente corresponda la
inscripción de candidatos o lista de candidatos para elecciones populares que no cumpla con
esta función o la dilate o entorpezca, incurrirá en pena privativa de libertad. Así mismo, se
sanciona a quien realice las conductas anteriores cuando se trate de plebiscito, referendo,
consulta popular y revocatoria del mandato.
Las penas por delitos contra el sufragio en la Ley 1142 de 2007.
La Ley 1142 de 2007, que modifica las leyes 599 y 600 de 2000, y la ley 996 de 2004, endurece
las penas por delitos contra el sufragio. Las modificaciones básicamente son las siguientes:
ARTÍULO 39. El artículo 386 de la Ley 599 de 2000, Código Penal quedará así: ARTÍULO
386. Perturbación de certamen democrático. El que por medio de maniobra engañosa perturbe
o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, o el
escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto, incurrirá en prisión de cuatro (4)
a nueve (9) años. La pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años cuando la conducta se
realice por medio de violencia. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la
conducta sea realizada por un servidor público.
ARTÍULO 40. El artículo 388 de la ley 599 de 2000, Código Penal quedará así: ARTÍULO
388. Fraude al sufragante. El que mediante maniobra engañosa, obtenga que un ciudadano o a
un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado candidato, partido o corriente
política, o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de cuatro
(4) a ocho (8) años. En igual pena incurrirá quien por el mismo medio obtenga en plebiscito,
referendo, consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido.
ARTÍULO 41. El artículo 391 de la ley 599 de 2000, Código Penal quedará así: .1 ARTÍULO
391. Voto fraudulento. El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley,
o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección, plebiscito, referendo,
consulta popular, o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
392. Favorecimiento de voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más de una vez o hacerlo sin
derecho, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
394. Alteración de resultados electorales. El que por medio distinto de los señalados en los
artículos precedentes altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones
indebidamente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la conducta
constituya delito sancionado con pena mayor. La pena se aumentará de una tercera parte a la
mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
395. Ocultamiento, retención y posesión i1ícita de cedula. El que haga desaparecer, posea o
retenga cédula de ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del
derecho de sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la conducta
constituya delito sancionado con pena mayor.
447. Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible
adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen
mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de seis punto sesenta y
seis (6.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o
combustible que se lleve en ellos; o sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas,
telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión, o distribución
de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado, la pena será de seis (6) a trece (13) años de prisión y multa de siete (7) a
setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza sobre un
bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena
se aumentará de una tercera parte a la mitad.
1.6. Elementos básicos sobre el voto o el sufragio.
Concepto: Por medio del VOTO o el SUFRAGIO, los ciudadanos ejercen el derecho
reconocido por la Constitución a participar en comicios para la designación de sus
representantes o para pronunciarse frente aquellas propuestas que le sean sometidas a su
consideración, tales como plebiscitos, referendo, consultas populares y revocatorias del
mandato.
El voto representa el principal mecanismo de participación ciudadana, razón por la cual le
corresponde al Estado asumir la gran responsabilidad de proteger, auspiciar y fomentar el
derecho del sufragio, cuando este sea el camino para que los ciudadanos participen en la
conformación y control del poder político. Corresponderá por ende, al legislador, por una
parte, señalar las reglas que la desarrollan y la hacen posible y por otro lado, como es obvio, a
las autoridades electorales, implementar los medios y organizar las estrategias que facilite su
efectivo ejercicio, en un ámbito de transparencia y funcionalidad.
Características del Voto:
¾ Es un deber y un derecho. Cuando un ciudadano ejerce un derecho constitucional
del sufragio depositando su voto en una urna, cumple con uno de sus máximos
deberes, como es el de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
¾ Es libre. El voto es libre cuando su ejercicio no está sujeto a presión alguna,
intimidación o coacción. El ciudadano, en ejercicio de este derecho fundamental,
sufraga a su libre albedrío por un candidato o una lista que se ha puesto a
consideración en un evento democrático, o por el contrario, sufraga a favor o en
contra de una opción participativa que se coloque a su decisión.
¾ Es secreto. Todo proceso electoral debe propender para asegurar que el sufragio y
las votaciones se constituyan y por ende se traduzcan en la libre, espontánea y
auténtica voluntad de los ciudadanos, razón por la cual el voto debe ser secreto y en
consecuencia, las autoridades deberán garantizar que cuando un ciudadano sufrague
lo haga libremente sin revelar sus preferencias.
¾ Es electivo y participativo. A través del voto es posible contar con la participación
de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a su
consideración, con el fin, entre otros, de configurar las instituciones estatales, formar
la voluntad política, y mantener el sistema democrático. En efecto, los colombianos
votamos para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernadores,
Alcaldes, Congresistas, Diputados, Concejales y miembros de las Juntas
Administradoras Locales, pero también ejercemos el derecho al voto en actos de
participación ciudadana como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la
iniciativa legislativa y normativa y la revocatoria del mandato.
¾ Es individual y personal. Evidentemente, el ciudadano elector debe ejercer si
derecho por sí mismo, sin que se permita, el voto por correo o por mandato. La
citada característica corresponde a la expresión “un ciudadano, un voto”. El voto se
ejerce mediante la expresión formal y material denominado acto de votación,
procedimiento previsto en las normas electorales, las cuales disponen que una vez
acreditada la identificación de elector, esta debe realizarse en cubículos individuales o
en urnas separadas.
¾ Es universal: Se entiende que el voto es patrimonio de todos. Pertenece a todos sin
ninguna distinción que conlleve discriminación o visos de desigualdad, por lo tanto,
esta característica no puede estar ligada a factores culturales, políticos, raciales,
sociales y morales. Solo el ciudadano que cumpla los requisitos legalmente
determinados y se halle en la plena capacidad de goce de sus derechos políticos
puede elegir y ser elegido.
¾ El sufragio es igual. La idea del voto igual se expresa en la tradicional fórmula “un
hombre, un voto”. Todo ciudadano tiene idéntico derecho a votar y a que los votos
valgan lo mismo sin que sea posible diferenciar la importancia del voto en función
de criterios de propiedad, educación, religión, raza, sexo o posición política. De
todas formas, es pertinente tener presente que el principio de igualdad del voto
añade a la formulación tradicional de “un hombre, un voto” la idea del valor igual de
cada voto.
¾ Voto condicional o voto programático. El voto es condicional porque cuando
elegimos a los Gobernadores y Alcaldes, éstos quedan obligados a cumplir el
programa de gobierno que presentaron a nuestra consideración al inscribirse como
candidatos. Según el Artículo 259 de la Constitución Nacional, si incumplen los
ciudadanos pueden promover libremente la revocatoria del mandato en el caso de
Gobernadores y Alcaldes.
Inscripción de ciudadanos invidentes.
Con el propósito de garantizar el derecho al sufragio a los ciudadanos invidentes o con
limitación visual y que voluntariamente opten por ejercer este derecho con tarjetas
electorales con el sistema de lectura BRAILLE, la Registraduría Nacional del Estado Civil,
con ocasión de los procesos electorales del 2006 (Elecciones de Congreso de la República y
Presidente), se encuentra adelantando una campaña nacional en procura para que estos
ciudadanos inscriban su cédula de ciudadanía en cualquier Registraduría del país, de tal
forma que para los mencionados procesos electorales, no solo se identifique a la persona
con estas características, sino que al momento de la votación y de acercarse a las urnas, sea
posible suministrarle la tarjeta electoral adaptada con el sistema Braille.
Asignación de curules.
Sobre la reforma constitucional del Acto Legislativo O1 de 2003. Con el Acto Legislativo
Número 01 de 2003, se introdujeron importantes cambios desde el punto de vista electoral
con la denominada “Reforma Política”, que implementó un nuevo instrumento de
asignación de curules, diferente del cuociente electoral del sistema electoral anterior, en la
medida que los integrantes de las corporaciones públicas de elección popular (Senado,
Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas
Administradoras Locales), alcanzaban su escaño al obtener un cuociente o un mayor
residuo.
Cifra repartidora.
Se implementó la “cifra repartidora” para asignar curules de manera proporcional a la
votación obtenida por los distintos partidos o movimientos políticos y movimientos
independientes, al permitir la utilización de una variante del Método D´Hondt, la cual ha
sido adoptada en diversos países latinoamericanos.
La introducción de la “cifra repartidora” de forma conjunta con el denominado “umbral”
se encuentra descrito en el Artículo 263 de la Constitución Política, modificado por el
Artículo 12 del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003 afirma que: “Para garantizar la
equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de
cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no
podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragados para Senado de la República o al
cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones,
conforme lo establezca la Constitución y la Ley”.
En este orden, la cifra repartidora se aplica únicamente a aquellos partidos o movimientos
que superen el umbral exigido, el cual para corporaciones como los concejos, corresponde
así a la mitad del cuociente electoral.
Cálculo del umbral.
Se contabilizan los votos válidos, como lo sostuvo el artículo 14 del Reglamento 01 de
2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 26 de octubre de
2003, al expresar que el UMBRAL corresponde a la cantidad mínima de votos válidos que
debe obtener una lista para que le sea aplicada la cifra repartidora. Se emplea para listas a
corporaciones. En ningún caso se computarán para su cálculo las tarjetas no marcadas ni
los votos nulos.
Por ejemplo, para las elecciones territoriales, el umbral será el cincuenta por ciento
(50%) del cuociente electoral.
El cuociente es el número que resulta de dividir el total de votos válidos entre el
número de puestos por proveer. Si ninguna de las listas supera el umbral, se les aplicará
a todas la Cifra Repartidora.
Procedimiento para hallar el Umbral. Encuentre el total de VOTOS VALIDOS.
Estos son el resultado de sumar la votación que obtuvo cada una de las listas, más los
VOTOS EN BLANCO. NO se tienen en cuenta, las tarjetas no marcadas, ni los votos
nulos.
VOTOS VALIDOS = VOTOS POR LISTAS + VOTOS EN BLANCO
Ejercicio para calcular el CUOCIENTE ELECTORAL. Se divide el total de votos
válidos por el número de curules a proveer (Cantidad de Ediles, o Concejales o
Diputados que integran la respectiva corporación).
CUOCIENTE
ELECTORAL
VOTOS VALIDOS
NUMERO DE CURULES A
PROVEER
=
UMBRAL: Se obtiene de dividir por 2 el cuociente Electoral (Equivale a calcular el
50%).
UMBRAL
=
CUOCIENTE
ELECTORAL
2
Las listas de Candidatos cuya votación no supere en votos el UMBRAL, no serán tenidas en
cuenta para la asignación de curules.
Las listas que obtengan ó superen el UMBRAL, se les aplicará la cifra repartidora para
determinar si alcanzan o no curules. Es pertinente aclarar que obtener el UMBRAL no
garantiza que se vaya a obtener curules.
En caso tal que ninguna lista obtenga el umbral se aplicará la cifra repartidora.
Ejercicio sobre el procedimiento para hallar la CIFRA REPARTIDORA.
Recordemos, que la adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará
por el sistema de cifra repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres...
hasta el número de curules a proveer, el número de votos válidos obtenidos por cada lista,
ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de
resultados igual al número de escaños por asignar. Visto lo anterior, se debe proceder:
Se ordenan las listas que superaron el UMBRAL, de mayor a menor votación.
Se divide cada una de las votaciones por uno, por dos, por tres, y así sucesivamente hasta un
número igual al de curules a proveer (cantidad de ediles, de concejales o de diputados, según la
circunscripción). De este ejercicio se obtiene una matriz de resultados, que puede tener la
siguiente presentación:
Convenciones
N = Número de curules a proveer M = Votación obtenida por la última lista que iguala o
supera el umbral.
Se toman los mayores resultados, tantos como curules a proveer y se ordenan de mayor a
menor. El último de esos resultados es la CIFRA REPARTIDORA.
Ejercicio sobre el procedimiento para aplicar la CIFRA REPARTIDORA
(Asignación de Curules):
Se divide cada una de las votaciones de las listas que superaron el UMBRAL por la cifra
repartidora y el valor entero de cada uno de los resultados es el número de curules que obtiene
cada lista.
TOTAL VOTOS POR LISTA
Asignación de curules =
= Nº curules por lista
CIFRA REPARTIDORA
Si al aplicar la cifra repartidora no fuera posible adjudicar el total de las curules a proveer, se
asignaran las faltantes a las listas que tengan las mayores fracciones decimales del resultado de
dividir cada una de las votaciones entre la cifra repartidora
Ejemplo de cálculo del umbral y de la cifra repartidora por listas
En el Municipio de VILLAROSARIO se elegirán NUEVE (9) concejales, se presentaron SEIS
(6) listas que obtuvieron la siguiente votación:
Partido FUSIA:
491 Votos Partido REAL:
312 Votos
Movimiento SISMICO:
317 Votos Partido ROSADO: 1800 Votos
Movimiento COMUNAL:
808 Votos Partido GRIS:
1688 Votos
VOTOS EN BLANCO:
286
TARJETAS NO MARCADAS
46
VOTOS NULOS:
69
TOTAL VOTOS:
5817
Ejercicio sobre el CÁLCULO DEL UMBRAL
Cálculo de los Votos Validos:
Votos
Válidos
=
Votos
por
listas
+
Votos
en
Blanco
Votos por las listas: 1800+ 1688 + 808 + 491 + 317 + 312 = 5416
Total Votos Válidos = 5416 + 286 = 5702
Cálculo del Cuociente:
CUOCIENTE
ELECTORAL
=
VOTOS VALIDOS
=
Nº DE CURULES A PROVEER
5702
9
CUOCIENTE = 633 (Se tiene en cuenta únicamente el valor entero)
Se calcula el UMBRAL:
UMBRAL
=
CUOCIENTE ELECTORAL
2
=
633
2
316,5
UMBRAL = 316 (Se tiene en cuenta únicamente el valor entero)
Ejercicio sobre APLICACIÓN DEL UMBRAL (Asignación De Curules): Las listas que
obtuvieron votación superior al UMBRAL, participan en la asignación de curules, para el caso,
aquellas que obtuvieron una votación igual o mayor a 316 votos.
Según el ejemplo son las siguientes:
Partido FUCSIA: 491 Votos
Mov. SISMICO: 317 Votos
Partido ROSADO: 1800 Votos
Mov. COMUNAL:808 Votos
Partido GRIS:
1688 Votos
Sin embargo, estos partidos aún no tienen garantizada la obtención de curules. La lista del
Partido REAL no se tiene en cuenta al momento de asignar curules, ni participa del cálculo de
la cifra repartidora, por cuanto su votación fue de 312 votos, cifra menor al UMBRAL.
Ejercicio sobre CÁLCULO DE LA CIFRA REPARTIDORA
Se procede a ordenar las listas en forma descendente por votación de aquellas que superaron el
UMBRAL:
Primera Votación: Partido ROSADO:1800 Votos
Segunda Votación:Partido GRIS:
1688 Votos
Tercera Votación: Mov. COMUNAL:808 Votos
Cuarta Votación:: Partido FUCSIA: 491 Votos
Quinta Votación: Mov. SISMICO 317 Votos
Se elabora la matriz de resultados:
Como son nueve (9) los escaños para asignar se toman los primeros nueve (9) resultados de
mayor a menor en forma consecutiva obtenidos en la matriz así: 1800, 1688, 900, 844, 808,
600, 562, 491 y 450.
La última cifra, es decir el noveno resultado que es 450, es la CIFRA REPARTIDORA.
La cifra repartidora: Se procede a dividir cada una de las votaciones de las listas que
superaron el UMBRAL, por la CIFRA REPARTIDORA:
Asignación de
Curules
Número de Votos por Lista
Cifra Repartidora
=
PARTIDO
Partido ROSADO
Partido GRIS
Móv. COMUNAL
Partido FUCSIA
Móv. SISMICO
TOTAL CURULES
VOTACIÓN
1800 votos
1688 Votos
808 Votos
491 Votos
317 Votos
----------
OPERACIÓN
1800/450 =
1688/450 =
808/450 =
491/450 =
317/450 =
----------
CURULES
4
3
1
1
0
9
Si aplicada la cifra repartidora resultare que varias listas obtuvieren derecho a la última curul a
proveer, ésta se asignará a la que tenga la mayor fracción decimal. Si persiste el empate, se
asignará por sorteo en los términos señalados por el artículo 183 del Código Electoral.
Acto seguido se toman las listas por Partido ó Movimiento que alcanzarán a obtener curules y
se procede a la declaratoria de elección y entrega de credenciales, en el mismo orden en que
fueron inscritas las listas y presentadas al electorado.
II. Instructivo de Informe Integral sobre riesgos para procesos electorales37.
1.- Variables frente a riesgos por anomalías electorales:
Con el objeto de preparar un informe integral sobre factores relevantes que ponen en riesgo la
libertad de los electores y la transparencia de los procesos electorales en curso, se propuso las
siguientes variables de monitoreo:

Inscripción o retención irregular de cédulas;
Restricción a la libre inscripción de candidatos;
Financiación ilícita de las campañas;
Constreñimiento o corrupción a electores;
Perturbación de las votaciones y/o de los escrutinios;
Situación de los desplazados frente al derecho a la participación electoral;
Obstáculos a la participación en los procesos electorales por razones administrativas.
En consecuencia, además de las cuestiones sobre las cuales se indagó en el proceso electoral
del 2006, era indispensable recaudar en esta oportunidad la siguiente información:
1. Municipios o distritos en los que durante el presente año se han presentado quejas por
inscripción irregular de cédulas, particularmente por la inscripción de ciudadanos no
residentes en el respectivo municipio o distrito, indicando el número total de ciudadanos
inscritos, el número de inscripciones cuestionadas, los casos en que tales inscripciones
irregulares fueron producto de amenazas u otros hechos de violencia y/o corrupción, y los
actores de las mismas.
2. Municipios o distritos en los que durante el presente año se han presentado quejas o
denuncias por retención indebida de cédulas, número de cédulas retenidas y actores
responsabilizados de tales retenciones.
3. Casos de inscripción de candidatos únicos a gobernaciones o alcaldías, indicando la
circunscripción electoral y el partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos que
37
Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del
Conflicto Armado. Herramienta de trabajo del Sistema de Alertas Tempranas para monitoreo e informes de
riesgo frente a procesos electorales. Bogotá D.C. Junio de 2007.
lo inscribió, así como las posibles causas de dicha situación. En general, reseñar los casos
de restricción a la libre inscripción de candidatos mediante amenazas u otros hechos de
violencia o intimidación que hayan podido obligar a algunos candidatos a abstenerse de
participar o a renunciar a su aspiración.
4. Casos de financiación ilícita de las campañas en cuanto al origen, monto (violación de
topes) y destino de los recursos (corrupción a electores mediante promesas, pagos o
reparto de bienes), señalando el candidato y el partido, movimiento o grupo significativo
de ciudadanos que lo avala o que lo inscribió como candidato, así como el cargo o
corporación a la que aspira.
5. Municipios o distritos en los que durante la presente campaña se han presentado casos de
constreñimiento a electores, mediante amenazas u otros hechos de violencia, para que
voten o se abstengan de hacerlo, indicando los responsables de tales hechos y los
candidatos, cargos o corporaciones posiblemente afectadas.
6. Municipios o distritos en los que se han presentado amenazas de perturbación de las
votaciones o de los escrutinios (y con posterioridad a tales eventos, en los que
efectivamente se concretaron las amenazas), identificando a los responsables de tales
hechos y los candidatos, cargos o corporaciones afectadas.
7. Número total de cédulas en trámite y número total de cédulas que reposan en las
respectivas registradurías pero que aún no han sido entregadas a sus titulares, en cada uno
de los municipios o distritos del respectivo departamento, indicando las posibles causas de
la demora (respecto de las que se encuentran en trámite) y de la no entrega (respecto de las
que se encuentran sin entregar en las registradurías).
8. Municipios o distritos desde y hacia los cuales se han presentado fenómenos de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley, indicando si ellos
se han producido antes o después de las elecciones de 2003, si han tenido la oportunidad
de inscribir sus cédulas de ciudadanía y, en caso afirmativo, cuántos lo hicieron, con el
objeto de participar en los procesos electorales del respectivo distrito o municipio.
2. Identificación de escenarios de riesgo por incidencia del conflicto armado frente al
proceso electoral.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo adscritos a la Unidades Operativas y al Esquema
General de Atención del Macroproceso de Atención, así como los Analistas del Sistema de
Alertas Tempranas, adscrito a la Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil
como Consecuencia del Conflicto Armado; tendrán en cuenta los siguientes criterios para el
monitoreo de las situaciones de riesgo de la población civil.
Con ocasión de los comicios que se realizaran en Colombia en el mes de octubre de 2007 para
elegir Gobernadores, diputados, concejales y alcaldes municipales, es necesario identificar los
escenarios de riesgo de la población civil en el marco del proceso electoral 2007, con el objeto
de elaborar un informe especial que contendrá entre sus componentes un mapa de riesgo
frente a la incidencia de los armados en el debate electoral, por lo que se propone las siguientes
variables de monitoreo.
1. Municipios o localidades donde se han detectado indicios intimidación o amenazas de
los actores armados frente a las elecciones: comunicados, panfletos, declaraciones de
prensa, mítines, grafitis.
2. Municipios o localidades donde se han presentado denuncias y casos de amenazas,
atentados, secuestros, desapariciones y homicidios contra precandidatos o candidatos a
corporaciones publicas
3. Municipios o localidades donde los alcaldes, personeros o concejales municipales están
ejerciendo funciones desde la capital del departamento o de otras municipalidades.
4. Municipios o localidades donde los candidatos han renunciado.
5. Municipios o localidades donde se ha presentado homicidios, secuestros u otros
atentados contra Alcaldes, Gobernadores, Diputados, Concejales o autoridades
electorales y municipales
6. Municipios o localidades donde se han tomado fuertes medidas de seguridad para los
candidatos a consulta popular y cargos de elección popular.
7. Determinar en cuales municipios se pueden presentar dificultades con relación al
proceso electoral a partir de: disputa territorial, presencia o hegemonía de un nuevo
actor armado.
8. Municipios donde se está presentando y se agudizará el constreñimiento al ejercicio de
la libertad política como acción derivada del conflicto armado: Amenazas para
favorecer a uno u otro candidato; amenazas para votar favorablemente el referendo,
y/o amenazas contra personas que promueven la abstención; mecanismos de presión
como trasporte de electores, control de registro de cedulas bajo presión armada,
promoción de reuniones políticas bajo presión armada, retención de cedulas, entre
otras.
BIBLIOGRAFIA.
Constitución Política de Colombia 1991.
Acto Legislativo 02 de 2004
Ley 24 de 1992.
Ley 131 de 1994
Ley 403 de 1997
Ley 617 de 2000.
Ley 996 de 2005.
Ley 1142 de 2007.
Código Penal. Ley 599 de 2000.
Código de Procedimiento Penal. Ley 600 de 2000
Código Único Disciplinario. Ley 734 de 2002.
Decreto 1981 de 2003.
Circular 012, del 13 de agosto de 2007. Ministerio de Comunicaciones, de agosto de 2007.
Corte Constitucional, sentencia T-324 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, sentencia SU-747 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional, sentencia T-473 del 9 de junio de 2003, M. P. Jaime Araujo Rentería.
Corte Constitucional ST 719 de 2003.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velázquez, sentencia del 25 de
noviembre de 2000, párrs. 207 y 210.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 Rev.
1, del 26 de febrero de 1999, cap. IX, párrs. 38, 40 y 48.
Defensoría del Pueblo. Manual Interactivo de Calificación de Conductas Violatorias de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bogotá D.C. Marzo de 2007.
Registraduría Nacional del Estado Civil. Página Web de la. Junio de 2007.
Defensoría del Pueblo, Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil – Sistema
de Alertas Tempranas, Informe de Riesgo Número 069 de 2003.
Defensoría del Pueblo, Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil – Sistema
de Alertas Tempranas, Informe Especial de Riesgo Elecciones 2006, marzo y mayo de 2006.

informe especial de riesgo elecciones 2007 - SISAT

Transcripción

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