revue européenne du droit social - RevueEuropeenne

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Revista europeană de drept social
REVUE EUROPÉENNE
DU
DROIT SOCIAL
1
Revue europénnee du droit social
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2
REVUE EUROPÉENNE
DU
DROIT SOCIAL
Volume XXI • ISSUE 4 • Year 2013
Édition Bibliotheca
Târgovişte, 2013
3
La Revue est reconnuée par le
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de l‘Enseignement Supérieur (CNCSIS)
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en évidence BDI Copernicus, CEEOL et EBSCO Publishing
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1. Antonio Baylos, Professeur de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale à
l'Université de Castilla La Mancha, Spain
2. Dimitri Uzunidis, Directeur du Laboratoire de Recherche sur l'Industrie et
l'Innovation (ULCO, France)
3. Alexandru łiclea, Professeur, Recteur de l’Université Ecologique Bucarest
Roumanie
4. Sophie Boutillier, Directrice de recherche au laboratoire Redéploiement
industriel et innovation à l'Université du Littoral-Côte d'Opale, France
5. Ahmed Smahi, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion, Université de Tlemcen, Algérie
6. Ana R. Martín Minguijón, Doyen de la Faculté de droit UNED Madrid, Spain
7. Vlad Barbu, Professeur, Vice-recteur de l’Académie de Police,,Alexandru Ioan
Cuza” Bucarest, Roumanie
8. Rafael Junquera de Estéfani, Vice-doyen de la Faculté de droit UNED Madrid,
Spain
9. José Alvarez Pestana, Professeur de Sociologie, UNED Madrid, Spain
10. Edvana Tiri, Charge de cours, Docteur en droit, Université “Sevasti et Parashqevi
Qiriazi”, Faculté de Droit, Koder Kamez, Tirana, Albania
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ISSN 1843-679X
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4
SOMMAIRE
IDENTIDAD, GÉNERO Y TRANSEXUALIDAD (Pedro Fernández SANTIAGO) / 7
LES DROITS SOCIAUX DANS L’UNION EUROPÉENNE (II) (Dan łop) / 23
EL SILENCIO DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(Marta Lozano Eiroa) / 39
LÉSION DANS LE RÈGLEMENT DU NOUVEAU CODE CIVIL
(Adrian łutuianu) / 57
GOVERNMENT OWNERSHIP OF BANKS IN ALGERIA:
WHAT ABOUT THE CREDIT TO SMEs? (Ahmed Smahi) / 71
IMPACTO DE SECOND LIFE Y OTROS MUNDOS CIBERNÉTIC
OS DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y SOCIAL
(Rosa Peñasco Velasco, Jesús Fernández Rodríguez) / 85
COMPÉTITIVITÉ, INTERNATIONALISATION DES PME
ALGÉRIENNES (Sultana Bouzadi Daoud) / 97
EL MOBBING COMO UNA CAUSA POTENCIAL DE EXCLUSIÓN SOCIAL
(Rosa Peñasco) / 111
LA CRISE MONDIALE DANS LES MASS MEDIA (Valerică NiŃu) / 130
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA EN EUROPA
Y EN ESPAÑA (Carmen Alemán Bracho) / 136
CRÉDIT BANCAIRE ET CROISSANCE EN CÔTE D’IVOIRE
(Prao Yao Séraphin) / 166
5
SPLENDEURS ET MISÈRES DE LA TECHNIQUE JURIDIQUE
(Henri Bouillon) / 182
LES DÉTERMINANTS DE LA COMPÉTITIVITÉ ET LES STRATÉGIES
INTERNATIONALES DES BANQUES MAROCAINES
(Abdelabar Ejbari, Ridoaune Ejbari) / 196
ELEMENTS OF COMPARED LAW ABOUT HOW THE STATES RELEASED
BY TOTALITARIAN REGIMES PROCEEDED TO THE ELABORATION
AND ENFORCEMENT OF RESTITUTION (Loredana Pădure) / 207
6
IDENTIDAD, GÉNERO Y TRANSEXUALIDAD.
Pedro Fernández SANTIAGO
Profesor Servicios Sociales y Fundamentos Histórico Jurídicos
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Summary: In that article we defend the necessity of the diferent expressions in the
human sexuality and the need to build a common genus, and where the expression of the
sexuality isn't the defining diferences between men and women. We can born men or
women, but become men or women is the consequence of weaving through the values and
culture that it’s impose to us, and look us a stereotyped image. Human are "more than
bodies", the human body is transformed. People said that human is governed by the brain,
but it isn't the fact of society, in which the brain doesn't prevail, prevailing the common
interest to live in community. In the search of the armony of the countered interest, we use
the laws and "agents" that we consider like necessary for all the laws can be achieved, and
all based and seeking the "common good"
Keywords: sexuality, genus, values, indentity, transexuality.
1. Introducción
Ya en 1948 la declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su
preámbulo establecía que: „la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana; que el desconocimiento
y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad, se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido
al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, que los pueblos
de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad, proclama la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
7
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción”.
En base a lo afirmado en este preámbulo y lo referido en el artículo 1 „Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”., y artículo 2 „Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, artículo 12
„Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques, y tomando en cuenta que las Constituciones de los países Occidentales
capitalistas de tradición judeo-cristiana respetan en las mismas esta declaración, tratare
de defender como ciudadano de la „polis global” lo que en la Declaración se proclama
como „familia humana”, el concepto de un „único género”, el humano, como forma
de evitar la confrontación entre los géneros masculino y femenino, superador de la
diferenciación en la que parece que no queremos dejar de estar anclados.
No es interés ni tiene sentido para este artículo negar las diferencias biológicas
de los diferentes componentes de esta familia humana, existen, como existen las
diferencias en el resto del mundo animal del que formamos parte, no hablaremos de
las diferencias biológicas sino de la construcción social y cultural que nos diferencia.
2. Masculino y femenino
El status1 desigual entre los grupos produce el prejuicio. Al tratar de
determinar cómo se crea ese status desigual, se debe tener en cuenta un principio
general de la teoría del intercambio: cuando los resultados en términos de
ganancias y de costos de dos grupos diferentes se perciben como mutuamente
excluyentes, de tal manera que cada grupo puede aumentar sus resultados a costa
del otro grupo, los miembros de cada grupo trataran de proteger o aumentar los
resultados del grupo, es la base de la discriminación y el conflicto. Sí los dos
grupos son desiguales en poder, establecerán diferentes resultados a no ser que
ciertas normas restrinjan la explotación del débil por parte del más poderoso.
Lo que significa masculino y femenino y el tipo de relaciones que existen entre
hombres y mujeres son hechos culturales2, es decir que forman parte de las visiones
y acuerdos mediante los cuales los miembros de una comunidad perciben y
organizan el mundo y funcionan en el diario vivir. „No es la propiedad sino el
1
2
Backman, S., Psicología social, Mcgraw-Hill, Mexico 1976
MacCormack y Strathern, M. (1980), “Nature, Culture and Gender”, Cambridge University Press, New
York, 1980
8
intercambio el que regula las relaciones sociales entre los sexos, Lévi-Straus ve en
la sociedad un conjunto de sistemas organizados a su vez según un orden de cosas,
para este autor el principio fundamental según el cual funcionan las sociedades es
el de la diferenciación sexual3”.
La feminidad es una construcción social una forma de aplicar las normas de
género, la Real Academia Española define el género como conjunto de seres que
tienen uno o varios caracteres comunes, mientras que el sexo está determinado
biológicamente, el género está determinado culturalmente, esta determinación
cultural favorece e incluso impulsa determinadas ideas de superioridad en el
hombre y expectativas de obediencia en la mujer. Hay tres áreas principales en las
que la discriminación tiene una especial trascendencia, las relaciones sociales, la
educación sexual y el acoso sexual.
Es necesario señalar, que ya en 1640, Thomas Hobbes4 ponía en entredicho la
autoridad patriarcal, y hablaba por primera vez del carácter convencional de la
dominación del varón sobre la hembra. Este aporte de Hobbes, se basa para su
justificación en la teoría del Contrato Social, es uno de los pocos autores que
cuando habla de naturaleza humana, o de los hombres, se está refiriendo a la
especie humana y por tanto no está estableciendo ninguna exclusión por género.
Para este autor, el dominio del padre sobre sus vástagos, no se produce por efectos
de una ley natural, sino como producto de un convenio.
Si por derecho natural hay un dominio y una sujeción debida, este derecho le
pertenece a la madre. El análisis de los conceptos no se entiende sin su relación con
los fines humanos, es decir, sin una ética5. Esta ética es necesaria para una
adecuada comprensión de la lucha encarnizada, que aún siguen y necesitan seguir
manteniendo las mujeres en esta sociedad, que sin lugar a dudas ha conseguido
grandes avances en la igualdad entre los géneros; pero que no obstante las sigue
apartando de la consecución de la plena igualdad.
3. Género
El interés en el género como categoría analítica ha surgido sólo a finales del
siglo XX. Está ausente del importante conjunto de teorías sociales formuladas desde
el siglo XVIII hasta comienzos del XX. A decir verdad, algunas teorías construyeron
su lógica sobre analogías a la oposición hombre y mujer, otras reconocieron una
cuestión de mujer, y otras, por último, se plantearon la formación de la identidad
sexual subjetiva, pero en ningún caso hizo su aparición el género como forma de
hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales. El género es un elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los
3
Pérotin-Dumon, A (2002), “La historia de las mujeres”, en htto://www.sas.ac.uk/ilas PNUD (1999)
“Informe sobre Desarrollo Humano 1999” Oxford University Press, New York, 1999
Hobbes, T.(1979) “Elementos de Derecho Natural y Político”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid
5
Villorrio, L. (1982), “Crecer, saber, conocer”, Siglo XXI, México
4
9
sexos y el género, es una forma primaria de relaciones significantes de poder. El
género debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una visión de igualdad
política y social que comprende no sólo el sexo, sino también las clases y la raza.
Las expresiones más radicales sobre la igualdad de los géneros, nacieron y se
gestaron desde los momentos más tempranos de la Ilustración, mientras que
posteriormente se desarrollaron unas reacciones virulentas por parte de la mayoría
de sus portavoces. Siguiendo a Verena Stolke6 podemos encontrar la afirmación de
que la palabra género se introdujo por parte de sexólogos y psicólogos americanos
en los años 1950, con la intención de distinguir el sexo anatómico del género
social. Esa construcción biomédica de género es relevante para entender las
dificultades epistemológicas en la teoría feminista.
El interés en el género como categoría analítica ha surgido sólo a finales del
siglo XX. Está ausente del importante conjunto de teorías sociales formuladas desde
el siglo XVIII hasta comienzos del XX. A decir verdad, algunas teorías construyeron
su lógica sobre analogías a la oposición hombre y mujer, otras reconocieron una
cuestión de mujer, y otras, por último, se plantearon la formación de la identidad
sexual subjetiva, pero en ningún caso hizo su aparición el género como forma de
hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales. El género es un elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los
sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. El
género debe redefinirse y reestructurarse en conjunción con una visión de igualdad
política y social que comprende no sólo el sexo, sino también las clases y la raza.
El género abarca todos los rasgos que la cultura atribuye e inculca a hombres y
mujeres, es decir, el género se refiere a la construcción cultural de las características
masculinas y femeninas. „La naturaleza biológica de hombres y mujeres debería ser vista
no como un estrecho recinto limitador del organismo humano, sino, más bien como
una amplia base sobre la que puede construirse toda una variedad de estructuras7”.
Esta sociedad está organizada sobre unos estereotipos masculinos y femeninos
a los que hemos de supeditarnos unos y otras, teniendo en cuenta que los
estereotipos cumplen dos funciones: la primera, facilitar la clasificación y
especificación de los objetos y hechos, esto es, agilizar nuestros procesos mentales;
y en segundo lugar, y ya en una dimensión social, afirmar el propio grupo,
diferenciándolo de los demás, a los que generalmente se les descalifica, en un afán
de cohesión y protecciones colectivas.
El género se define como el dominio psicológico, social y cultural de la
condición de varón hembra. El género es una construcción social y un sistema de
significados multidimensional que incluye a la identidad de género, tanto personal
como social. La identidad de género se interpreta incluyendo componentes de la
identidad personal y de la identidad social, esto es, la persona tanto en su vertiente
6
Stolke, V. (2004). “La mujer es puro cuento: La cultura del género”, en Revista Estudios Feministas,
vol.12, número 002, Rio de Janeiro, Brasil
7
Friedl, E. (1975), “Woman and Men: An Anthropologist´s View”, Rinehart y Wiston, New York 1975
10
individual como cultural. La identidad de género ha sido definida como la
uniformidad, unidad y persistencia de la individualidad de una persona como varón
o hembra (o ambivalente) en mayor o menor grado, en especial si se experimenta
como autoconciencia y conducta.
Las personas tienen varios atributos que difieren en su visibilidad o
diferenciación. La sociedad escoge ciertos atributos como medios de identificación
de varias categorías de personas y desprecia otros. Estos atributos pueden ser físicos,
como pueden estar relacionados con la participación en un grupo, organización o
sociedad, como afiliaciones ocupacionales, religiosas o nacionales; o aún pueden
estar basados en ciertos patrones comportamentales, Campbell en 1967, citado en
Backman8 sugiere que cuanto mayor sea el contraste entre dos grupos en un cierto
atributo, mayor será la posibilidad de que este atributo aparezca en la imagen
estereotipada que cada uno tiene del otro. Esto sucede igualmente en los atributos
que identifican a un grupo como en las características del estereotipo en sí.
4. Sexualidad versus género
Pensamos, hablamos y nos relacionamos dentro de un contexto social
determinado. Por ello, de la misma forma que ese contexto social nos puede
condicionar, también lo podemos construir o utilizar según nuestros intereses e
intenciones: cada uno de nosotros podemos construir nuestro mundo. A veces,
algunos pretenden construir mundos para los demás, sin dejar sitio a la elección o
decisión personales9.
Siguiendo a José Antonio Nieto y Según Stoller el sexo se refiere a los
componentes biológicos que incluyen, cromosomas, genitales externos, gónadas,
aparato sexual interno, estado hormonal, características sexuales secundarias e
incluso el cerebro. De manera general incluye los genitales y otras características
fisiológicas adscritas a varones o mujeres.
La teorización de la sexualidad humana10 se ha convertido en una tarea básica
para los teóricos sociales dedicados a la elaboración de nuevas teorías de la
persona, la identidad y la corporalidad humanas. El nuevo pensamiento sobre
sexualidad humana ha surgido de una amplia y diversificada serie de campos
políticos e intelectuales: del feminismo radical de los gays, las lesbianas y de la
teorización queer, que plantea la hipótesis sobre el género, afirmando que la
orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas, son el
resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles
8
Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, M.A., y Morales Navarro, J., Metodología de las Ciencias
Sociales. Una Introducción Critica, Tecnos, Madrid, 2008
10
Rival, L.; Slater, D. y Miller, D.(2003). “Sexo y sociedad. Etnografías comparativas de objetivación
sexual, en: Nieto, J.A. “Antropología de la sexualidad y diversidad cultural” Talasa, Madrid
9
11
sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino
formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales.
La Sexualidad11 es distinta al género aun cuando ambos conceptos se
encuentran altamente vinculados. La sexualidad de un individuo está definida por
aspectos relacionados con quien tiene relaciones sexuales, de qué manera, por qué
y bajo qué circunstancias, así como con qué tipo de consecuencias. „Es más que un
comportamiento sexual, es un concepto multidimensional y dinámico”. Las reglas
explícitas e implícitas impuestas por la sociedad, definidas por el género, edad,
estatus económico, etnicidad y otros factores, influyen en la sexualidad de la
persona. En cada sociedad hay una multitud de sexualidades.
El poder es fundamental tanto para la sexualidad como para el género. La
balanza desigual de poder en las relaciones de género, que favorece a los hombres,
se traduce en un desequilibrio en las relaciones heterosexuales: en las que el placer
del hombre reemplaza al placer de la mujer y en donde el hombre tiene un mayor
control que la mujer sobre cuándo, dónde y cómo tiene relaciones sexuales. Así
mismo, las dinámicas de poder son críticas para entender la sexualidad. El poder
afecta cualquier tipo de relación sexual (heterosexual, homosexual o transgénero) y
determina como la sexualidad es expresada y vivida.
5. Identidad y sexualidad
Conciencia de clase es un concepto marxista que define la capacidad de los
individuos que conforman una clase social de ser consciente de las relaciones
sociales antagónicas -ya sea económicas, políticas, etc.,-y de actuar de acuerdo a
ellas para beneficio de sus intereses. Para esta corriente de pensamiento la
explotación de la burguesía sobre el proletariado es un hecho y el poder entender
esta situación como derivada de la lógica del antagonismo fundamental de clases es
conciencia de clase. Su opuesto sería la alienación; la imposibilidad de ver la
explotación capitalista en la propia vida cotidiana. Uno de los desarrollos teóricos
más relevantes en este ámbito es el del filósofo húngaro Georg Lukács en su libro
Historia y conciencia de clase.
Marx12 expresa claramente las condiciones de posibilidad de esa relación entre la
teoría y la praxis: „No es suficiente que el pensamiento tienda hacia la realidad;
también la realidad debe tender hacia el pensamiento”; y en un escrito anterior, dice:
„Entonces se verá que desde hace mucho tiempo que el mundo posee el sueño de una
cosa de la cual basta tener conciencia para poseerla realmente”. „Solamente semejante
relación entre la conciencia y la realidad hace posible la unidad entre la teoría y la
praxis (…) Marx ha expresado este pensamiento en innumerables pasajes. Citaré
11
12
Consejo Internacional de Organizaciones con Servicios en SIDA (ICASO), en
http://www.icaso.org/publications/genderreport_web_ESP_080505.pdf
Marx, C. en Lukács, G., Historia y conciencia de clase. Ciencias Sociales, La Habana, 1970, en
http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/06/hcc.pdf
12
solamente uno de los textos más conocidos: „Un negro es un negro, y solamente en
ciertas condiciones se convierte en esclavo. Una máquina de tejer algodón es una
máquina de tejer algodón, y sólo en ciertas condiciones se convierte en capital”.
Siguiendo con los símiles, y desde el ámbito normativo podríamos argumentar
que un ciudadano es ciudadano de pleno derecho si es consciente de que los tiene y
puede disfrutar de ellos, que un ciudadano es libre cuando las condiciones no le
convierten en esclavo de los mismos.
Es importante destacar la necesidad de todos y cada uno de los individuos de
sentirse insertos en un grupo social en el que poder desarrollarse e interaccionar,
cualquier dificultad en esta interacción acarrea para el mismo procesos de
exclusión parcial y/o total, la negación de la „normalidad”, es decir de lo
„admitido” por las estructuras y/o grupos que la conforman, apartan la posibilidad
de plenitud social y posiblemente en algunos casos la toma de posturas contra la
misma. En este sentido argüíamos con anterioridad la lucha de clases.
En una sociedad cada día más compleja como la actual y tal vez en algunos de
los planos, muy diferente de la que conoció Marx, la lucha de clases en las
sociedades opulentas se da más en los planos de la posibilidad de acceso a los
„bienes sociales”, que a la los factores económicos exclusivamente, lo cual, no
niega ni la existencia de luchas de clases, ni que la economía no tenga nada que ver
con el poder alcanzar lo que antes definíamos como „bienes sociales”.
La conciencia de pertenecer a un grupo social, protegido por los influjos
culturales, así como la lucha por alcanzar una identidad individual (en este caso
concreto, sexual), aceptada por el grupo social al que nos sentimos pertenecientes,
se nos hace imprescindibles para sentirnos „normales”; del mismo modo es
necesario destacar que el grupo social al que pertenecemos y al que hacemos
referencia, es al humano, es decir, al que todas las identidades nacionales se han
acogido, ratificado, y afirmado en las diferentes Constituciones de sus respectivos
países. Seguimos intentando argumentar que no planteamos una quimera ni una
utopía, que en todo caso lo que planteamos, es el respeto a las normas de las cuales
cada uno de los países que componemos esta gran aldea global nos hemos dotado.
El concepto de identidad sexual, podría definirse como la suma de las
dimensiones biológicas, culturales y de conciencia que permiten a los seres
humanos reconocerse pertenecientes a un sexo u otro (macho o hembra),
independientemente de su identidad de género (varón o mujer) o su orientación
sexual, el concepto de identidad sexual esta en estrecha relación con la de identidad
de género, incluso en muchos momentos se suelen utilizar como sinónimos.
Relacionado con la identidad y el género, nos encontramos con personas con
genitales masculinos, que pueden sentirse mujeres y a la inversa, con mujeres con
genitales femeninos que se pueden sentir hombres, y a esto es a lo que definiríamos
como disforia de género, es decir una inconformidad con el rol de género que le
toca vivir. Por otro lado la identidad sexual debe diferenciarse de la orientación
sexual, en la que pueden darse individuos heterosexuales, homosexuales,
13
bisexuales y asexuales. De igual manera que la orientación sexual, la identidad
sexual no se puede elegir.
Sería un hecho infrecuente, observar en la mayoría de las personas, un
cuestionamiento en cuanto a la relación existente entre su género anatómico y su género
social, es más, sería extrañamente probable, observar en las personas un conato de
diferenciación de géneros como planteamiento vital y ejecutor de sus comportamientos
individuales y conductas grupales. Pues bien, esta es la clave que hace emerger un
sistema identitario, el cual, generalmente está condicionado por la aceptación social de
lo diverso y por el conocimiento individual de la diversidad sexual.
Particularizando en el sentido de la realidad tratada, nos vamos a centrar en la
denominada población Transexual, considerando que el término tiene un origen
estrictamente médico-científico, si bien es cierto, que la evolución real y social de
la realidad terminológica experimenta diversos posicionamientos que en general,
suponen una denigración del colectivo denominado.
Absorbemos, cual esponjas sociales, es decir, como individuos imbuidos de
nuestro entorno y relaciones que éste genera y en ocasiones impone, nos
envolvemos con aquellas pautas y normas de comportamiento que coexisten con
nuestras formas de ser, pensar y sentir la realidad circundante, a la par que damos
lugar a las más variadas posibilidades que deberán ser restringidas y censuradas por
los poderes políticos para obtener un mayor control social, moral y demográfico de
la población. Recordando a Foucault13 deberíamos preguntarnos si, una vez más,
„todos los discursos en torno a la sexualidad están dirigidos a montar una
sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora.”
6. Minorías sexuales, transexualidad y género
Las minorías sexuales están compuestas por personas cuyas sexualidades y
comportamientos y/o prácticas sexuales no coinciden con lo que es considerado
como una normativa social o con lo que es aceptable socialmente. Las mismas
incluyen, entre otros, a hombres gay, hombres bisexuales, lesbianas, mujeres
bisexuales, personas transgénero y transexuales. En muchas sociedades, esas
poblaciones están altamente estigmatizadas y existen en un entorno de
marginalización, desigualdad, discriminación, criminalización, opresión y violencia.
El control que tienen las personas sobre sus propias vidas y alternativas
sexuales está, al mismo tiempo, afectado por las normas y valores basados en el
género que definen la masculinidad y feminidad. Esas normas y valores de género,
culturalmente definidos, evolucionan a través del proceso de socialización que
comienza en las primeras etapas de la infancia.
La religión y las creencias religiosas forman las bases de la vida comunitaria
en la mayoría de las sociedades. La religión consagra las directrices éticas de
13
M. Foucault. La Voluntad De Saber. Madrid, Siglo XXI, 1995
14
muchos aspectos de nuestra vida diaria y también orienta las creencias y normas
que rodean a la sexualidad. La mayoría de las creencias moldeadas por las
religiones prohíben el sexo antes del matrimonio, los anticonceptivos, incluyendo
el uso de condones, y la homosexualidad. Algunas religiones también consagran un
rol sumiso de la mujer, alimentan la desigualdad de género en las relaciones
matrimoniales y promueven la ignorancia de las mujeres en temas sexuales como
un símbolo de pureza.
Como breves definiciones aclarar qué entendemos por sexo: Carácter de los
seres orgánicos por el cual pueden ser macho o hembra, y por sexualidad:
Circunstancia de tener uno u otro sexo. Conjunto de fenómenos biológicos,
psicológicos, sociales, etc., relativos al sexo.
La sexualidad no debe ser reducida a la genitalidad y actividad coital; la
sexualidad se expande a todo el cuerpo, a los sentidos, emociones, deseos y
fantasías. Además involucra aspectos biológicos, emocionales, sociales, culturales,
éticos y filosóficos. Si bien las personas nacen con una determinada carga genética
que define su sexo biológico, el proceso a través del cual se llega a asumir la propia
sexualidad como una dimensión personal y relacional, se ve fuertemente ligado a
condiciones del medio ambiente y a las relaciones interpersonales, en especial, las
relaciones afectivas que se establecen a través del tiempo. De esta forma, la
sexualidad es una dimensión constitutiva de las personas, que comienza y termina
conjuntamente con la vida.
Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la
libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y dado que la
salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho
humano básico, pues es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.
La Declaración del XIII Congreso Mundial de Sexología, 1997, Valencia,
España. Revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de
Sexología (WAS) el 26 de agosto de 1999 en el XV Congreso Mundial de Sexología,
Hong Kong, República Popular China, plantea una serie de derechos, como son:
Derecho a la libertad sexual.
Derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad sexual del cuerpo.
Derecho a la privacidad sexual.
Derecho a la igualdad sexual.
Derecho al placer sexual.
Derecho a la expresión sexual emocional
Derecho a la libre asociación sexual.
Derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables.
Derecho a la información sexual basada en el conocimiento científico.
Derecho a la educación sexual integral.
Derecho a la atención de la salud sexual.
Del mismo modo nuestra Constitución en su artículo 10.1 refiere que: „La
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás
15
son fundamento del orden político y de la paz social”. Así mismo en el artículo
10.2: „Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España”. El artículo 14. Por su parte dice que:
„los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”.
Expertos de la sexología como Masters y Johnson, Kensey14 o la feminista
Sere Hite ponían el acento en la importancia del conocimiento del propio cuerpo,
así como en saber excitarlo correctamente, influyeron fuertemente en la visión
sobre la sexualidad a los movimientos feministas.
Dentro de los movimientos feministas existen diferentes posiciones sobre la
transexualidad. Mientras algunos consideraban la transexualidad como un invento
del patriarcado que refuerza la división en dos géneros y caricaturiza el género
femenino negándoles que sean „realmente” mujeres. Otros creemos que
representan un desafío para el feminismo porque cuestionan el binarismo del
sistema de géneros actual, metiéndonos de lleno en el debate de las identidades y
obligándonos a deconstruir las dicotomías y binarismos, tanto en el género como
en la sexualidad. Su existencia y los debates con los que interrogan al feminismo
cuestionan una acción feminista basada en una identidad feminista fuerte y
esencialista. Y con ello no reivindico que sea posible prescindir de cierto sentido
identitario. Probablemente es necesario seguir construyendo identidades pero es
bueno hacerlo sabiendo que son ficciones, construcciones políticas necesarias para
generar movimiento y rebeldía, pero que deben ser cuestionadas y reinventadas
nada más adoptadas15. En esta misma línea y entre sus conclusiones apunta esta
autora que: „Asimismo, defender la libre elección de formas de ser (género), de
formas de placer y de afecto que no son mayoritarias, puede tener un potencial
subversivo. En esta línea, luchar contra la supuesta homogeneidad que dan las
categorías existentes y afirmar la diferencia, incluso dentro de ellas me parece algo
importante. Y en este camino tiene mucho interés poder subvertir las etiquetas y
redefinir sus contenidos”.
En estas mismas Jornadas feministas la ponente Juana Ramos arguye algo que
creo que se debería destacar como uno de los factores a tener en cuenta como es „la
evolución de los debates en el seno del movimiento (o los movimientos) trans
aporta un modo más flexible de concebir los sexos-géneros-identidades,
cuestionando la necesidad de las cirugías y otras tecnologías moldeadoras de los
caracteres sexuales como forma de legitimar las disidencias transidentitarias.
Hombres trans que no consideran necesario someterse a cirugía de mamas para
14
Domínguez Morano, C., Homosexualidad: aspecto psicológicos, en De la Torre, J., Sexo, sexualidad
y Bioética, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2008
15
Garaizabal, C.(2009). “Debates feministas sobre la sexualidad”. Jornadas feministas, Granada
16
reivindicarse hombres, transmujeres sin cirugía genital, transpersonas que no se
amoldan a los estereotipos de mujer o de hombre y que se mantienen en los
márgenes, intersex que se reivindican en su plenitud corporal”.
De esta manera los movimientos y perspectivas trans están contribuyendo a
una decisiva renovación de las concepciones sobre los sexos y los géneros. Y el
impulso para llegar a este estado es la superación del sufrimiento que supone la
imposición de unos modelos determinados, rígidos y exclusivos, cuando la persona
no se adapta o identifica con ellos.
Este artículo parte de la premisa fundamental de que el sentimiento identitario
sexual excluyente genera marginación y violencia. Cuando hablamos de
identidades16, por lo general nos referimos a ciertas características exclusivas y a la
vez reflexivas de un movimiento, de un grupo o de todo un pueblo.
Cuando hablamos de sexualidad hablamos habitualmente de sentimientos,
hacia sí mismo y/o hacia otra/s personas, en este artículo defendemos la expresión
libre y responsable, que no incurra en la comisión de ningún delito penal o civil,
hablamos de formas de expresión y/o sentir natural y humano. Desde la experiencia
de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre violencia de género y
discapacidad17, hemos planteado que existe legislación en España que aporta
consideración y respeto hacia determinadas personas y colectivos que hasta el
momento de su aplicación no eran adecuadamente considerados, y como no podía
ser de otro modo, todo ello a la luz del reconocimiento de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Decimos así mismo que leyes bien intencionadas como
la Ley integral sobre violencia de género, contempla medidas para tratar y erradicar
de nuestra sociedad la lacra de la violencia de género, pero que esto se hacía
pensando en la gran mayoría de las mujeres no en el total de las mismas, dado que
persisten en la actualidad todavía recursos y medidas que contempla la ley que no
están adaptadas para las mujeres con discapacidad.
Argüíamos del mismo modo que a las mujeres con discapacidad se les niega
en muchos momentos su identidad como mujeres, y entre una de las consecuencias
encontramos la negación y en muchos casos tutela de la sexualidad de dichas
mujeres. La mujer discapacitada no es el tema de este artículo, pero nos sirve para
que el mismo no se identifique con un determinado colectivo, sino sobre el
sufrimiento, cuando no violencia y exclusión, que muchos seres humanos padecen
cuando les negamos la capacidad de expresión de algo tan natural como es la
sexualidad y sus formas expresivas y emotivas.
Los seres humanos somos „algo más que cuerpos”, el cuerpo humano se va
transformando, así mismo se dice que el ser humano está regido por el cerebro, no
es ese el caso de la sociedad, en la que no impera el cerebro, imperan los intereses
también naturales de vivir en comunidad. En la búsqueda de la armonización de
16
17
Ortiz, R (1996)., Otro territorio, Univ. Quilmes, Buenos Aires
Fernández Santiago, P (2009). “Compendio sobre violencia de género y factores de discriminación
en la mujer con discapacidad. Tirant lo Blanch, Valencia
17
intereses contrapuestos, nos dotamos de leyes y de los „agentes” necesarios para
que éstas se cumplan, y todo esto basado y en la búsqueda del „bien común”. La
diferencia es suma y no resta, tal vez desde el respeto a la diferencia y a la
inclusión de todos los seres humanos respetuosos de las normas y del proceso
social dinámico, transformador y de cambio, encontraremos un mayor grado de paz
social capaz de acercarnos al reto del respeto universal de los derechos humanos.
El control que tienen las personas sobre sus propias vidas y alternativas
sexuales está, al mismo tiempo, afectado por las normas y valores basados en el
género que definen la masculinidad y feminidad. Esas normas y valores de género,
culturalmente definidos, evolucionan a través del proceso de socialización que
comienza en las primeras etapas de la infancia.
Lumann18 afirma que „En cierto sentid, se piensa, el hombre tiene el privilegio
de poder equivocarse –el mundo no se equivoca sobre sí mismo- y por ello es
responsable también de la corrección de sus yerros. La sociedad moderna, con su
extenso saber histórico y culturalmente comparativo, se obliga a sí misma a un
reconocimiento de la relatividad de todas las concepciones del mundo y, por lo
tanto, de todo conocimiento, si de alguna manera queremos atribuir conocimiento
al ser humano debemos referirlo a su conciencia y reconocer en todo caso a la
vida una participación necesaria para hacer posible las observaciones
discriminantes, y en particular para hacer posibles los errores. Es frecuente la
práctica de un reduccionismo en la relación entre vida, conciencia y órdenes
sociales….Toda observación del mundo debe tomar de alguna manera el mundo
como diferencia y no como unidad”.
7. La sociedad, costumbres, valores y actitudes morales
La conformación de leyes, costumbres, valores y actitudes morales están
basadas en el derecho y la tradición, siendo estos rígidos, mientras que las
costumbres y valores son dinámicos, el hombre se va a adaptando a estos cambios,
es decir van reescribiendo y describiendo una nueva historia de adaptaciones.
En muchos momentos, como cuando se describe a la justicia como una imagen
con los ojos vendados y manteniendo en la mano una balanza, queremos expresar
que la justicia es ciega e intenta equilibrar interés contrapuestos, siendo el derecho
rígido y en muchas ocasiones inflexible, las costumbres y actitudes morales son
dinámicas, por su parte, la tradición defiende un mundo estático, donde los logros
siempre y cuando no varíen lo constituido son aceptados, y negado todo aquello
que reconozca y habilite nuevas visiones del mundo. Sin embargo las relaciones
humanas y sociales, en estos momentos de globalización donde el mundo se
empequeñece y en el cual se cuestionan los sistemas sociales y económicos
imperantes, se reclama el respeto por el medioambiente y la biodiversidad, se exige
18
Lumann, N. La ciencia de la sociedad, Universidad Iberoamericana, México, 1996
18
una nueva vida respetuosa con la naturaleza y el respeto a toda forma de vida
biológica, social y cultural.
Durkheim en un momento de creciente inquietud y en medio de un contexto de
transformación derivada del proceso de industrialización en el que dichas
innovaciones parecían amenazar el orden y bienestar de las sociedades europeas,
mostro su preocupación por el orden social y la cohesión social, para dicho autor la
cohesión social representa la condición esencial de la vida colectiva, sólo si esta
cohesión existe podrá existir el todo social.
La vida social requiere, tanto en sus formas más elementales como en sus
instituciones más complejas, normas y patrones de conducta que permitan la
interacción ordenada, así como una integración social sostenible, no obstante estos
patrones preexisten cristalizados en sistemas normativos que constituyen la
conciencia colectiva „La causa determinante de un hecho social debe buscarse
entre los hechos sociales antecedentes y no entre estados de conciencia individual
(…). La función de un hecho social ha de ser forzosamente social, es decir,
consistir en la producción de efectos socialmente útiles (…) la función de un hecho
social ha de buscarse siempre en la relación que sostiene con un fin social”
8. Ética y justicia
Desde Aristóteles19, fundador de la ética, el „Logos común” ha de preocuparse
antes que de ninguna cosa por un arte de saber vivir, diseñando las prácticas de
análisis y autocontrol destinadas a darnos una buena vida, que sólo alcanza su
verdadero sentido en el seno de la polis, como vida orientada a la convivencia con
los otros. Algo que implica un extraordinario esfuerzo de autoconocimiento,
reciprocidad, autocontrol, tolerancia y respeto (…) En esta tradición, las
preferencias, pasiones, inclinaciones y deseos han de someterse a la implacable
exigencia de una razón compartida; a la reflexión de un „Logos común” y político:
a la razón común de los hombres.
Platón en los primeros libros de la Republica y por medio de Trasímaco realiza
una primera definición de justicia: „la justicia es la fuerza”. Las leyes declaran que
es justo aquello que el poder y la voluntad del Estado que las promulga quieren,
que el hombre verdaderamente justo es aquel que no identifica poder y derecho, y
es por lo tanto un hombre más sabio y más feliz. El hombre que sigue a su razón
tiene un camino claro en su vida, mientras que el que sigue la ley de la fuerza causa
no sólo infelicidad en los demás, también la suya propia, pues se condena a sí
mismo a poder ser dominado arbitrariamente cuando se encuentre con alguien con
mayor poder que él. Platón del mismo modo cree que la justicia social es la
armonía entre los individuos
19
Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, M.A., y Morales Navarro, J., Metodología de las Ciencias
Sociales. Una Introducción Critica, Tecnos, Madrid, 2008
19
El hombre aparece en Platón como un ser que tiene tres virtudes principales, el
deseo, la razón y el espíritu. El deseo es aquel elemento que nos lleva al placer y a
la satisfacción por las cuales se apagan el hambre y la sed que le dan su origen. La
razón por el contrario es la que el hombre aprende a conocer. La consecuencia de
este aprendizaje es estar preparado para amar, dado que esta es la suprema forma
de conocimiento. El espíritu participa del deseo y del amor, es el coraje el que hace
al hombre arrojado, y es un instinto que nos lleva a acatar lo justo y a indignarnos
contra lo injusto. En lo primero se parece al deseo, y en esto último a la razón.
Para vivir en sociedad es necesario respetar las normas de convivencia que nos
permiten avanzar en una sociedad dinámica y cambiante Como apunta Rousseau20 El
hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. Algunos se creen
los amos de los demás aun siendo más esclavos que ellos (…) si no tomase en
consideración más que la fuerza y el efecto que se deriva de ella, diría que, mientras
un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece hace bien, pero que, cundo puede
sacudirse el yugo y consigue liberarse, hace todavía mejor, porque de no recobrar la
libertad basándose en el mismo derecho por el que había sido despojado de ella, está
legitimado para recuperarla, o no lo estaba el que se la arrebató. Sin embargo el
orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los restantes. Mas este
derecho no procede de la naturaleza, sino que se fundamenta en convenciones.
Las normas morales que seguimos en nuestro devenir diario, así como las
actitudes que tomamos, responden a unas normas de conducta que decidimos
seguir y que están guiadas por nuestros valores. El actor21 no es neutral con
respecto al hecho de si sus expectativas son confirmadas por el comportamiento de
la otra persona. El no sólo anticipa el comportamiento de la persona sino que siente
que la otra persona está obligada a comportarse de acuerdo con sus expectativas.
Supone que el otro individuo comparte con él las mismas expectativas del rol. De
esta manera las expectativas de rol son normativas y el que la persona no se
conforme con lo esperado será molesto para el actor, siendo la opinión la
manifestación de una actitud que se produce en una situación de controversia
Respecto a las actitudes argumentar siguiendo a Kimball Young22 que: „Se
puede definir una actitud como la tendencia o predisposición aprendida, más o
menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante
persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en
contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos
materiales, o a una persona o grupo de personas”.
Sin ser siempre conscientes de ello, nuestra conducta se inspira casi
contantemente en unas normas que cumplen el oficio de modelos. A este respecto
casi nada es fruto de nuestra personal invención, aun cuando hayamos asimilado
como propias todas esas costumbres. Se trata de „maneras de obrar” que
20
Rousseau, J.J., El contrato social, Altaya, Barcelona, 1993
22
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
21
20
incorporamos a nuestra conducta para prestar a nuestra acción las orientaciones
más apropiadas en la civilización, en los medios, en los grupos en cuyo seno
estamos llamados a vivir, estas maneras de obrar, de pensar y de sentir, resultan
pues coercitivas porque se nos presentan bajo la forma de reglas, de normas, de
modelos en los que debemos inspirarnos para encauzar y orientar nuestra acción, si
queremos que sea aceptable dentro de la sociedad en que vivimos. La coacción
social a la que se refería Durkheim, corresponde pues a lo que en sociología se da
en llamar la orientación normativa de la acción, es decir, la acción orientada de
acuerdo con unas normas o reglas colectivas23.
Como definición de valor y siguiendo a Rocher, se puede decir que „es un
manera de ser o de obrar que una persona o una colectividad juzgan ideal y que
hace deseables o estimables a los seres o a las conductas a los que se atribuye dicho
valor, inscribiéndose este doblemente en la realidad: se presenta como un ideal que
exige adhesión o que invita al respeto, y se manifiesta en cosas o en conductas que
lo expresan de manera concreta o, más exactamente, de una manera simbólica. Los
juicios de valor están inspirados por los valores lo cual quiere decir que el valor es
anterior al juicio de valor
La sociedad trata de implantar en las personas valores comunes, que no sólo
determinan las normas morales que rigen nuestro comportamiento, sino que las
normas jurídicas que predominan en una sociedad también están influidas por los
valores dominantes en esa cultura, por esta misma razón podemos argüir que
distintos grupos sociales pueden diferir en sus valores, así como en distintas
culturas las normas pueden ser muy diferentes.
9. Conclusiones
Dejando claro las diferencias existentes entre género y sexualidad, defendemos
la necesidad de las diferentes expresiones de la sexualidad humana y la necesidad
de construir un género común donde la expresión de la sexualidad, no sea la que
defina las diferencias entre los hombres y las mujeres. Se nace macho o hembra, el
llegar a ser hombre o mujer es cuestión de tejer por medio de los valores y cultura
que nos imponen una imagen estereotipada, es decir, se hace. Los seres humanos
somos „algo más que cuerpos”, el cuerpo humano se va transformando. Se dice que
el ser humano está regido por el cerebro, no es ese el caso de la sociedad, en la que
no impera el cerebro, imperan los intereses también naturales de vivir en
comunidad. En la búsqueda de la armonización de intereses contrapuestos, nos
dotamos de leyes y de los „agentes” necesarios para que éstas se cumplan, y todo
esto basado y en la búsqueda del „bien común”.
La diferencia es suma y no resta, tal vez desde el respeto a la diferencia y a la
inclusión de todos los seres humanos respetuosos de las normas y del proceso
23
Rocher, G., Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona, 1985
21
social dinámico, transformador y de cambio, encontremos un mayor grado de paz
social, capaz de acercarnos al reto del respeto universal de los derechos humanos.
La Constitución Española en su artículo 10.1 refiere que: La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social. Así mismo en el artículo 10.2: Las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España.
Nada mejor que para finalizar esta conclusión, que apoyar, proteger y afirmar
el respeto a las leyes de las que nos hemos dotado, y mucho más, si representan al
total de la humanidad, y no a una minoría que hemos tenido la suerte de nacer en
una parte de este mundo global.
Bibliografía
Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, M.A., y Morales Navarro, J., Metodología de las
Ciencias Sociales. Una Introducción Critica, Tecnos, Madrid, 2008
Fernández Santiago, P. „Compendio sobre violencia de género y factores de discriminación
en la mujer con discapacidad. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009
Friedl, E., „Woman and Men: An Anthropologist´s View”, Rinehart y Wiston, New York 1975
Garaizabal, C.. „Debates feministas sobre la sexualidad”. Jornadas feministas, Granada, 2009
Hobbes, T.“Elementos de Derecho Natural y Político”, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1979
Lumann, N. La ciencia de la sociedad, Universidad Iberoamericana, México, 1996
MacCormack y Strathern, M, „Nature, Culture and Gender”, Cambridge University Press,
New York, 1980
Ortiz, R., Otro territorio, Univ. Quilmes, Buenos Aires, 1996
Pérotin-Dumon, A, „La historia de las mujeres”, en htto://www.sas.ac.uk/ilas, 2002
PNUD „Informe sobre Desarrollo Humano 1999” Oxford University Press, New York, 1999
Rival, L.; Slater, D. y Miller, D. „Sexo y sociedad. Etnografías comparativas de objetivación sexual,
en: Nieto, J.A. „Antropología de la sexualidad y diversidad cultural” Talasa, Madrid, 2003
Rocher, G., Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona, 1985
Rousseau, J.J., El contrato social, Altaya, Barcelona, 1993
Stolke, V. „La mujer es puro cuento: La cultura del género”, en Revista Estudios Feministas,
vol.12, número 002, Rio de Janeiro, Brasil, 2004
Villorrio, L., „Crecer, saber, conocer”, Siglo XXI, México, 1982
Páginas en internet
Consejo Internacional de Organizaciones con Servicios en SIDA
http://www.icaso.org/publications/genderreport_web_ESP_080505.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
22
(ICASO),
en
LES DROITS SOCIAUX
DANS L’UNION EUROPÉENNE (II)
Dan łOP
Faculté de Droit et Sciences Sociales et Politiques
Université Valahia de Târgovişte, Roumanie
Abstract: Social rights are also recognized by the addition of a legally binding
reference to the Charter of Fundamental Rights. It includes a chapter (track 4) on solidarity
where a number of rights and principles directly related to the social area are. Are
mentioned in the Charter as a number of social rights: the right to information and
consultation of workers in the enterprise bargaining rights and collective action, the right of
access to placement services under which all Everyone has the right of access to a free
placement service, protection in the event of unjustified dismissal, fair working conditions
and fair, the prohibition of child labor; reconcile family life and professional life, social
security and welfare, protection of health, etc... If the European Union is founded on the
indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity, it is
necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in
society, progress social and scientific and technological developments.
Keywords: The Charter of Fundamental rights, social rights, the protection of human
rights, social development, legal regulation of social rights.
L’Article 31 établis des conditions de travail justes et équitables sous deux aspects:
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa
sécurité et sa dignité.
La question de la sécurité et de la santé a été une préoccupation majeure1 dans
les dispositions de l'UE, à cet égard de nombreuses dispositions concernant cette
question peuvent être trouvées même dans les traités instituant les Communautés
européennes, et dans un grand nombre de directives adoptées sur la base de celle-ci.
La plus important est la Directive 89/391 CEE relative à l'introduction de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail. Ceci est le document cadre en matière de sécurité et de santé.
Ce texte contient des principes généraux concernant la prévention des risques
professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l'élimination des facteurs
de risque et d'accident, l'information, la consultation, la participation équilibrée
conformément à la législation nationale, la formation des travailleurs et de leurs
représentants, et en général pour la mise en œuvre pratique de ces principes.
La Directive 89/391/CEE du 12 Juin 1989 relative à la mise en place de mesures
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.2
1
2
Nicolae Voiculescu, Droit communitarian de travail, édition Rosetti, Bucarest, 2005, p.135
JO L 183/1 du 29 juin 1989
23
Le Traité instituant la Communauté économique européenne à l'article 118 A
prévoit que le Conseil, par voie de directives, établi des prescriptions minimales
pour promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un
meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs;
Il précise que la directive ne saurait justifier aucune réduction du niveau de
protection déjà atteints dans chaque État membre, s'attachant, en vertu du traité, à
promouvoir l'amélioration des conditions de vie dans ce domaine et à harmoniser
les conditions dans le progrès;
Comme il a été démontré que les travailleurs tout au long de leur vie active
peuvent être exposés aux effets des facteurs ambiants dangereux au travail, les
États membres ont la responsabilité de promouvoir l'amélioration de la sécurité et
de la santé des travailleurs sur leur territoire, alors que les mesures de protection la
santé et de la sécurité au travail contribuent, dans certains cas, à préserver la santé
et, éventuellement, la sécurité des personnes résidant avec eux;
Le but de la directive est d'introduire des mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. À cette fin, elle
comporte des principes généraux concernant la prévention des risques
professionnels, la santé et la sécurité, l'élimination des facteurs de risque et
d'accident, l'information, la consultation, la participation équilibrée conformément
aux législations et pratiques nationales et la formation des travailleurs et de leurs
représentants, et les lignes directrices générales concernant l'application mentionné.
Cela ne portera pas préjudice aux dispositions du droit national et du droit
communautaire, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail. (Article 1 paragraf.3 a
Elle (la directive) s'applique à tous les secteurs, tant public que privé (industrie,
agriculture, commerce, gouvernement, services, éducation, culture, sports et ainsi de
suite). Elle n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines
activités spécifiques dans le gouvernement, comme les forces armées ou la police, ou
à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de
manière contraignante.
L’employeur en vertu de l'art. 5, l'obligation doit assurer la sécurité et la santé
des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si l’employeur utilise des
services spécialisés ou des personnes extérieures à l'entreprise ou l'établissement, il
n'est pas dégagé de ses responsabilités dans ce domaine. (Article 5, paragraphe 2).
Il est également fait valoir que les obligations des travailleurs en matière de
santé et de sécurité au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de
l'employeur.
Les textes n’affectent pas la possibilité pour les États membres de prévoir
l'exclusion ou la limitation de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à
des circonstances indépendantes de leurs circonstances inhabituelles et
imprévisibles ou exceptionnelles, dont les conséquences ne pouvaient être évitées
malgré la diligence exposées
24
Obligations générales des employeurs Dans le cadre de ses responsabilités,
l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des
travailleurs, y compris la prévention des risques professionnels, l'information et la
formation, et en fournissant l'organisation et les moyens nécessaires. (Art. 6
paragraf.1)
L'employeur doit veiller à adapter ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et visent à améliorer les situations existantes.
L'employeur doit mettre en œuvre les mesures visées dans les principes
généraux de prévention suivants:
(A) éviter les risques;
(B) évaluer les risques qui ne peuvent être évités;
(C) combattre les risques à la source;
(D) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des lieux de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes
de production et de travail, dans l'ordre, en vue notamment d'atténuer le travail
monotone et règles de travail et la réduction leur effet sur la santé;
(E) portant adaptation au progrès technique;
(F) remplacer ce qui est dangereux par le non dangereux ou moins dangereux;
(G) l'élaboration d'une politique de prévention cohérente et globale qui couvre la
technologie, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales
et l'influence des facteurs liés à l'environnement de travail;
(H) donnant aux mesures de protection collective la priorité des mesures de
protection individuelle;
(I) donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Nonobstant les autres dispositions de la directive et tenant compte de la nature
de l'entreprise ou de l'établissement, l'employeur doit:
(A) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, entre autres,
le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques
utilisés, ainsi que les emplois de montage. À la suite de cette évaluation et, au
besoin, par des mesures préventives et les méthodes de travail et de production
mises en œuvre par l'employeur doit:
- Veiller à l'amélioration de la sécurité et à la protection de la santé des
travailleurs;
- intégrer ces préoccupations dans toutes les activités de l'entreprise et / ou à
l'établissement et ce à tous les niveaux hiérarchiques;
(B) tenir compte de la capacité des travailleurs de leur santé et de leur sécurité
chaque fois qu’il leur confie une tâche;
(C) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles
technologies fassent l'objet de consultation avec les travailleurs ou leurs
représentants concernant les conséquences du choix de l'équipement, les conditions
de travail et l'environnement de travail pour la sécurité et la santé des travailleurs;
25
(D) prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que seuls les travailleurs
qui ont reçu des instructions adéquates puisse accéder aux zones de danger grave et
précis.
Si, sur le même lieu de travail, sont présents des travailleurs qui relèvent de
plusieurs entreprises, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre de l'hygiène de
la sécurité, de la santé et du travail, en tenant compte de la nature des activités, la
coordination de la protection et de la prévention des risques professionnels les
employeurs doivent s’informer et doivent également informer leurs travailleurs ou
leurs représentants des risques.
Il (le texte de directive) ajoute également que les mesures relatives à la
sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent pas entraîner, en toutes
circonstances, des obligations financières envers les travailleurs.
Services de protection et de prévention
L'employeur doit désigner un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des
activités de protection et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise
ou l'établissement.
Les travailleurs désignés ne devraient pas être désavantagés en raison des
activités liées à la protection et à la prévention des risques professionnels. Ils
doivent avoir le temps de ET à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la
présente directive.
Si les ressources de l'entreprise ou de l'établissement sont insuffisantes pour
l’organisation de la protection et de la prévention du personnel spécialisé,
l'employeur est tenu d'utiliser les ressources (personnes et services) de l'extérieur
de l'entreprise ou de l'établissement.
Si l’employeur fait appel aux ressources de ces personnes, les services doivent
être informés par l'employeur des facteurs connus ou suspectés d'affecter la sécurité
et la santé des travailleurs et devraient avoir accès à des informations visées à
l'article 10, paragraphe 2.
Dans tous les cas:
- Les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et les
moyens nécessaires;
- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes
personnelles et professionnelles et les ressources nécessaires;
- Les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés
doivent être suffisants pour faire face à l'organisation des mesures de protection et
de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise ou de l'établissement et
des risques auxquels sont exposés les travailleurs et de leur répartition l'entreprise
ou l'établissement.
La Protection et la prévention des risques pour la santé et la sécurité, sous
réserve du présent article est assuré par un ou plusieurs travailleurs par un ou
plusieurs services distincts indiquant, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ou
de l'établissement.
26
Les travailleurs et le service ou les services doivent travailler ensemble chaque
fois que nécessaire.
Les États membres peuvent fixer en fonction de la taille et de la nature de
l'activité, les types d'entreprises dans lesquelles l'employeur est compétent, et
assumer la responsabilité de ces mesures.
Les États membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au
paragraphe 5. Ils peuvent définir les nombres suffisants mentionnés.
Premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des travailleurs, danger
grave et imminent
L'employeur doit (art. 8):
- Prendre les mesures nécessaires pour l'aide, les premiers secours
et l'évacuation des travailleurs, adaptés à la nature et à la taille de l'entreprise ou
aux activités des unités et en tenant compte de la présence d'autres personnes;
- Organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en
termes de capacité à prodiguer les premiers soins, offrant services médicaux
d'urgence, des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie.
L'employeur doit, entre autres, désigner des travailleurs chargés de mettre en
œuvre ces mesures de premiers secours, lutte contre l'incendie, évacuation des
travailleurs. Le nombre de ces travailleurs, leur formation et l'équipement
disponible devront être appropriée, compte tenu de la taille et des risques
spécifiques de l'entreprise ou de l'établissement.
Employeur:
(A) doit, dès que possible, identifier tous les employés qui sont ou peuvent être
exposés à un danger grave et imminent procéder à l’identification du risque encouru
et identifier les mesures prises ou à prendre en ce qui concerne leur protection;
(B) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux
travailleurs d'arrêter le travail et de quitter le travail immédiatement et de se
déplacer vers une zone sûre, en termes de mise à l’abri du danger grave, imminent
et inévitable;
(C) sauf exception dûment justifiée, ne pas demander aux travailleurs de
reprendre le travail lorsque le travail est toujours caractérisé par l’existence d’un
danger grave et imminent.
Les travailleurs en cas de grave, imminent et inévitable, doivent pouvoir
quitter leur poste de travail ou une zone dangereuse et ne devront pas être
désavantagés, mais être protégé contre toutes conséquences dommageables et
injustifiées, conformément aux législations et pratiques nationales. (Art. 8,
paragraphe 4)
L'employeur doit s'assurer que tous les travailleurs en cas de danger
grave et immédiat pour leur propre sécurité et celle des autres, si le responsable
supérieur immédiat ne peut être contacté, peuvent prendre les mesures appropriées,
conformément à leurs connaissances et leurs moyens techniques pour éviter les
conséquences d'un tel danger.
27
Leurs actions en ce sens ne nuisent pas, sauf si ils ont agi avec insouciance ou
par négligence.
Des obligations diverses des employeurs sont fixées à l'article 9, de sorte que
l'employeur doit:
(A) être en possession d'une évaluation des risques pour la sécurité et la santé
au travail, y compris ceux qui concernent des groupes de travailleurs exposés à des
risques particuliers;
(B) se prononcer sur les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le
matériel de protection à utiliser;
(C) tenir un registre des accidents du travail entraînant une incapacité d'un
travailleur de plus de 3 jours;
(D) à la demande des autorités compétentes, conformément aux législations et
pratiques nationales, établir des rapports sur les accidents du travail subis par les
travailleurs.
Information des travailleurs (article 10). L'employeur prend les mesures
appropriées pour veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants dans
l'entreprise ou l'établissement reçoivent, conformément aux législations et pratiques
nationales, qui peuvent prendre en compte, entre autres, la taille de l'entreprise ou
l'établissement, toutes les informations nécessaires sur:
(A) les risques pour la santé et la sécurité les mesures et activités de protection
et de prévention à la fois au sein de l'entreprise ou l'établissement en général et
pour chaque type de poste ou de position, en particulier;
(B) les mesures prises en application de l'article 8, paragraphe 2.
L'employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs de
travailleurs de toute entreprise ou établissements engagés dans le travail dans son
entreprise ou son établissement reçoivent, conformément aux législations et
pratiques nationales, des informations adéquates sur les questions visées aux
alinéas a et b, pour les travailleurs concernés.
Il prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les travailleurs qui
exécutent des fonctions spécifiques relatives à la protection de la santé et la
sécurité des travailleurs et/ou leurs représentants aient à s'acquitter de leurs
fonctions conformément aux législations et pratiques nationales, et leur permet de
mettre en œuvre et d’être bénéficiaires des informations sur ce qui suit:
L'évaluation des risques
(A) les mesures de protection visées à l'article 9, paragraphe 1, points a et b;
(B) la liste des rapports visés à l'article 9, paragraphe 1, points c et d;
(C) les informations fournies sur les mesures de protection et de prévention par les
services d'inspection et les organismes chargés de la santé et de la sécurité.
Consultation et participation Les employeurs consultent les travailleurs et
leurs représentants pour leur permettre de prendre part aux discussions sur toutes
les questions relatives à la sécurité et la santé au travail. (Article 11)
28
Cela comprend ce qui suit:
- Consultation des travailleurs;
- Le droit des travailleurs et de leurs représentants de faire des propositions;
- La participation équilibrée conformément aux législations et / ou pratiques
nationales.
Le droit pour les représentants des travailleurs ayant une fonction spécifique
pour la sécurité et la santé des travailleurs de prendre part aux activités suivantes de
façon équilibrée, conformément aux législations et pratiques nationales, ou d’être
consultés au préalable et en temps utile par l'employeur sur:
(A) toute action qui pourrait affecter de manière significative la sécurité et la santé;
(B) la désignation des travailleurs prévue à l'article 7, paragraphe 1 et à l'article 8,
paragraphe 2, et les activités visées à l'article 7, paragraphe 1;
(C) les informations visées à l'article 9, paragraphe 1 et à l'article 10;
(D) l'utilisation, le cas échéant, les services ou personnes compétents en dehors de
l'entreprise ou de l'établissement conformément à l'article 7, paragraphe 3;
(E) la planification et l'organisation de la formation visée à l'article 12.
Les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique pour la sécurité et
la santé des travailleurs ont le droit de demander à l'employeur de prendre des
mesures appropriées et de soumettre des propositions pour atténuer les risques pour
les travailleurs et / ou éliminer les sources de danger.
Les travailleurs et les travailleurs mentionnés peuvent être désavantagés en
raison de leurs activités ainsi couvertes.
Les employeurs devront fournir aux représentants des travailleurs, ayant une
fonction spécifique pour la sécurité et la santé des travailleurs des congés payés
correctement et leur fournir les moyens pour leur permettre d'exercer leurs droits et
fonctions découlant de la présente directive.
Les travailleurs et leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément
aux législations et pratiques nationales, à l'autorité responsable de la sécurité et de
la santé au travail, s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par
l'employeur de ne pas d’atteindre les objectifs nécessaires pour assurer la sécurité
et la santé au travail.
Lors des inspections, les représentants des salariés doivent avoir la possibilité
de présenter leurs observations aux autorités compétentes
Formation des travailleurs
L'employeur doit s’assurer (article 12) que chaque travailleur reçoive une
formation suffisante et appropriée en matière de sécurité et de santé, en particulier
sous la forme d'informations et d'instructions sur:
- L'emploi;
- En cas de changement d'emploi ou de transfert d'emploi;
- La mise en place des équipements de travail ou d'un changement dans les
équipements,
- L'introduction de toute nouvelle technologie.
29
Cette formation être faite de la manière suivante:
- être adaptée à l'évolution et à l'émergence de nouveaux risques;
- Être répétée périodiquement si nécessaire.
L'employeur doit s'assurer que les travailleurs qui sont employés dans les
entreprises ou établissements reçoivent une formation adéquate en matière de santé
et de risques de sécurité pendant leurs activités dans l'entreprise ou l'établissement.
Les représentants ayant une fonction spécifique en matière de protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs ont droit à une formation appropriée.
La formation ne peut être prise en charge par les travailleurs ou leurs
représentants. (Article 12, paragraphe 4)
Obligations des travailleurs. Conformément à l'art. 13, chaque travailleur est
tenu de prendre soin, autant que possible, de sa santé et de sa sécurité et celle des
autres personnes qui peuvent être affectées par ses actes ou ses omissions au
travail, conformément à la formation et aux instructions données par son
employeur
À cette fin, les travailleurs en fonction de leur formation et des instructions
données par l'employeur, doivent en particulier:
(A) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances
dangereuses, équipements de transport et autres moyens de production;
(B) utiliser correctement les équipements de protection individuelle fourni et,
après utilisation, le ranger à sa place;
(C) s'abstenir d’arbitrairement débrancher, changer ou enlever les dispositifs
de sécurité, pour machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser
ces dispositifs de sécurité correctement;
(D) informer immédiatement l'employeur et les autres travailleurs ayant une
fonction spécifique pour la sécurité et la santé de toute situation de travail dont ils
ont des motifs raisonnables de croire qu'elle constitue un danger grave pour la
sécurité et la santé ainsi que de toute défectuosité des systèmes de protection;
(E), conformément à la pratique nationale, avec l'employeur et les travailleurs
ayant une fonction spécifique pour la sécurité et la santé aussi longtemps qu'il est
nécessaire prendre les mesures nécessaires pour permettre à toutes les tâches ou
exigences imposées par l'autorité compétente afin de protéger la santé et la sécurité
des travailleurs d’être effectuées;
(F) conformément aux pratiques nationales, avec l'employeur et les travailleurs
ayant une fonction spécifique pour la santé et la sécurité aussi longtemps qu'il est
nécessaire prendre les mesures nécessaires pour permettre à l'employeur de veiller
à ce que l'environnement de travail et les conditions de travail soient appropriées et
non nocives pour la santé et la sécurité dans son domaine.
La Directive à l'article 14 se réfère à l'examen médical afin de s'assurer que les
travailleurs reçoivent une surveillance médicale adaptée aux risques pour la santé
et la sécurité auxquels ils sont confrontés au travail, et prévoit l'introduction de
mesures en conformité avec la loi et la pratique nationales.
30
Ces mesures doivent être telles que chaque travailleur, s'il le souhaite,
bénéficie d’une surveillance de santé à intervalles réguliers. La surveillance de la
santé peut être fournie dans le cadre du système national de santé.
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les
dangers les affectant spécifiquement. (Article 15)
Le Conseil a adopté (article 16), la proposition de la Commission en vertu de
l'article 118 du traité, concernant les directives, entre autres, dans les domaines
énumérés à l'annexe. Les dispositions de la directive s'appliquent pleinement à tous
les domaines couverts par les directives, sans préjudice des dispositions plus
restrictives ou spécifiques de ces directives.
Pour les directives d'ordre purement technique vertu de l'article 16,
paragraphe 1, en fonction de: l'adoption de directives en matière d'harmonisation
technique et de normalisation, et / ou le progrès technique, l'évolution des
réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, la
Commission est assistée par un comité composé de représentants des États
membres et présidé par le représentant de la Commission. (article 17)
Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le
comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question. L’avis est émis à la majorité prévue à l'article
148 paragraphe 2 du traité sur les décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont pondérées conformément à l'article. Le président ne vote pas.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à
l'avis. (Article 17, paragraphe 3). Si les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis ou sans opinion, la Commission doit, sans délai, faire une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à
l'expiration de trois mois à compter de la date de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
La Commission communique le texte des dispositions de droit interne qu'ils
(les états membres) ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive. (Article 18). Les États membres font rapport à la Commission
tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en
indiquant les points de vue des partenaires sociaux.
Les principaux problèmes mis en évidence dans la littérature juridique en
Roumanie contiennent des dispositions appropriées relatives à la protection et à des
services de prévention, surveillance de la santé et à la participation des salariés
pour les problèmes de santé et de sécurité au travail. L'employeur doit s'assurer que
chaque travailleur reçoive une formation suffisante et appropriée en matière de
santé et de sécurité, en particulier dans les instructions du formulaire et des
informations. La responsabilité de chaque travailleur de prendre soin de leur propre
santé et sécurité et d'autres personnes directement liées à l’œuvre.
31
En application de la directive 91/383 CEE ont été réalisées des mesures pour
améliorer la sécurité et la santé au travail des travailleurs ayant une relation de
travail à durée déterminée ou une relation de travail intermédiaire, étant prévu pour
cette catégorie de travailleurs de la même protection que pour les autres
travailleurs.
Toutefois, la directive cadre 89/391/CE a servi de base à l'adoption d'un total
de 17 directives couvrant les questions de santé dans des domaines particuliers.
En plus de ces directives ont été adoptées les dispositions de la législation
communautaire dans le domaine d'intérêt (sécurité santé des travailleurs), tels que
le règlement 2062/94 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé
au travail; 96/82/CEE, la Directive sur le contrôle des dangers liés accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à
des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle
de congés payés.
La Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains
aspects de l'aménagement du temps de travail3 a été adoptée. Elle s'applique (art. 1)
à des périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé
annuel, de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail et quotidienne de
travail, à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
Elle précise également qu'elle s'applique à tous les secteurs, public et privé, au
sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18
et 19 de la directive, qui ne s'appliquent pas aux gens de mer tels que définis dans
la directive 1999/63/CE.
Cet ajout de préoccupations et périodes de repos journalier, de pause, repos
hebdomadaire de travail, des congés annuels et de certains aspects du travail de
nuit et le travail posté (en équipe) permet de les prendre en compte. Il existe des
dispositions pour le secteur du transport routier, les activités en mer et des activités
civiles.
L'article 3 prévoit que tout travailleur a droit à une période minimale de repos
de 11 heures consécutives dans un délai de 24 heures.
Si le temps de travail journalier est supérieur à six heures, il doit bénéficier
d’une pause (article 4), pour plus de détails, y compris la durée et les conditions de
rémunération ils sont fixés par des conventions collectives ou des accords entre les
partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.
3
JO, L.299 du 18 novembre 2003.
32
Les États membres doivent prévoir (art. 5) que tout travailleur a droit dans un
délai de sept jours, à une période minimale de repos sans interruption de 24 heures,
plus de 11 heures de repos journalier prévues dans l'art. 3. Dans des cas justifiés en
raison de, l'organisation technique ou de travail on peut établir une période
minimale de repos de 24 heures seulement.
En fonction de la nécessité de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, la
durée hebdomadaire de travail doit être limitée par les lois, règlements et
dispositions administratives ou conventions collectives ou accords entre les
partenaires sociaux et le temps moyen de travail pour chaque sept jours, y compris
les heures supplémentaires, ne dépasse pas 48 heures (article 6).
L'article 16 prévoit pour chacune de ces circonstances, les périodes de
référence différentes: la période de repos hebdomadaire ne dépassant pas 14 jours
pour (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne
dépassant pas quatre mois (12 semaines).
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur
ai droit (art. 7) à des jours de congés annuels payés d'au moins quatre semaines,
conformément aux conditions d'obtention et d'octroi du congé prévues par les
législations et pratiques nationales. La période minimale de congé annuel payé ne
peut être remplacée par une indemnité financière, sauf lorsque la relation de travail
est résilié. En outre, les périodes de congé annuel payé et les périodes de congé de
maladie ne sont pas inclus ou sont neutralisées pour le calcul de la moyenne.
Dans la plupart des pays européens, la durée juridique minimale du congé
accordé est de 20 jours ouvrables. Cinq pays ont un minimum de 25 jours (France,
Autriche, Danemark, Luxembourg et Suède), tandis qu'au Portugal et en Espagne,
l'employé a droit à 22 jours. D'autre part, la durée moyenne du congé annuel établi
par les conventions collectives dépasse 5 à 13 jours minimum pour le pays de l'UE,
les plus petites différences entre ces deux variables sont enregistrées dans les
nouveaux États membres, la Roumanie et la Bulgarie.
En Roumanie, le congé annuel est un cadre de droit garanti à tous les employés
et il ne peut pas faire l'objet d'une cession, d’une renonciation ou limitation, il est
réglementé par les règles de l'art. 139 à 146 du Code du travail et, en fonction de
leurs réglementations spécifiques existent des règles spéciales
pour les
professionnels du droit, les enseignants, les personnels diplomatiques et
consulaires, la police, etc… Tous les employés (et les fonctionnaires) ont droit,
pour chaque année civile à un congé annuel payé de base.
Le droit à un congé annuel est fixé par la loi pour le travail au cours de chaque
année civile il survient lorsque le temps de travail de référence prévu par le contrat
de travail individuel ou la loi est effectué. La durée minimale du congé est de 20
jours (140 par. L).
33
La longueur réelle est déterminée par le contrat individuel de travail elle est
accordée au prorata du travail accompli dans une année civile (article 140,
paragraphe 2). Les vacances ne sont pas de travail ainsi que les congés payés
établis par la convention collective ils ne sont pas inclus dans la période de congé
annuel (article 140, paragraphe 3).
Le congé doit être pris chaque année et seulement avec une autorisation
exceptionnelle l'année suivante (dans les cas expressément prévus par la loi ou la
convention collective applicable). Sa rémunération en argent n’est autorisées que
dans le cas de résiliation du contrat individuel de travail (article 141, paragraphe 4),
ou, lorsque, pour des raisons objectives ne peut être pris (144).
Ce congé peut être interrompu à la demande de l’employer, pour des raisons
objectives, l'employeur peut rappeler l'employé en congé en cas de force majeure
ou intérêts urgents exigeant la présence de l'employé au travail.
L’employé qui a été absent du travail pendant toute l'année civile en raison
d’un congé de maladie ou d’un congé non payé n'a pas droit à un congé annuel de
l'année considérée.
Chaque employé a droit au congé annuel payé en Bulgarie pendant au moins
20 jours ouvrables. Ces jours peuvent être pris en une fois ou divisée, mais la
moitié d'entre eux au moins doit être pris consécutivement dans l'année civile pour
laquelle ils sont dues.
Les employés qui en sont à leur premier emploi n'ont droit à un congé annuel
payé qu’après avoir travaillé 8 mois.
En France, l'employé a théoriquement droit à un congé de 30 jours ouvrables
(chaque mois travaillé dans une entreprise donne droit à 2,5 jours de congé).
Toutefois, en vertu de la loi, la semaine de travail de référence pour le calcul
comprend 6 jours ouvrables, même si l’entreprise du travailleur ne fonctionne que
5 jours par semaine. Par conséquent, le congé réel est de 25 jours ouvrables.
L’employé peut invoquer ce droit après un mois de travail dans la même entreprise.
Le droit français présente deux caractéristiques intéressantes. Tout d'abord, la durée
légale des congés payés se entre situe entre le 1er mai et le 31 Octobre.
Deuxièmement, l'employé qui effectue un travail pendant les congés payés ainsi
que les travailleurs sans emploi qui effectue un travail pendant les congés payés
peuvent être poursuivis et contraints de payer des dommages pour le compte de la
caisse de chômage. Mais en fait cela reste théorique en pratique dans ces cas il n’y
a pas de poursuites contre les intéressés.
En Allemagne, l'employeur est tenu d'accorder un congé pour se reposer
pendant au moins 24 jours, mais pas plus tôt que 6 mois travaillés par le salarié
dans l'entreprise. Le droit allemand contient un passage semblable au controversé
article 143 du Code du travail roumain, qui stipule que l'employé doit prendre un
34
congé d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs s'il a droit à plus. En outre, le
congé annuel qui est reporté à l'année suivante doit être donné dans les trois
premiers mois (Janvier, Février, Mars) et non tout au long de l'année.
Le nombre moyen de jours de congés annuels fixés par les conventions
collectives est plus élevé en Allemagne (30) qu’en Roumanie (24). Cela peut
s'expliquer, entre autres, par le niveau élevé de la productivité de l'économie
allemande, qui permet ainsi l'octroi d'un congé annuel plus long.
En Belgique, le statut juridique du congé annuel payé est réglementé par la loi,
mais rien n'empêche les employés de bénéficier de règles plus favorables contenues
dans les conventions collectives ou d'accords ou selon les usages. Un employeur ne
peut priver une personne de congé annuel ou un employé ne peut renoncer à son
profit au congé annuel payé. Rien n’arrête l'employé de continuer à travailler s'ils
reçoivent salaire normal sans bonus ou autres rémunérations. L'effet des jours de
vacances travaillé, c'est qu'ils ne peuvent pas être reportés sur l'année suivante.
Leur durée est de 2,5 jours mois de travail à moins qu'il ne soit établi un mois ou 4
semaines ou 24 jours. La période de référence pour le calcul des congés se situe
entre le 1 er Juin de l'année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Pour être
admissible à un congé payé l'employé doit faire preuve d'un minimum de 10 jours
de travail. Ne sont pas prises en compte les périodes d'absence sauf les jours fériés,
en cas de maladie, de chômage ou de grève techniquement, mais ils sont pris en
compte lors de la formation des autres congés payés tels que ceux pour événements
familiaux maladie ou d'accident repos de compensation ou de congé de maternité.
La durée du congé est déterminée par accord collectif ou par l'employeur et
doit inclure la période du 1er mai au 31 Octobre. Le calcul prend en compte les
journées de travail et inclut le samedi sauf s'il est le premier jour du congé. Les
dates de départ sont fixées par l'employeur, après consultation avec le personnel.
L'employeur doit prendre en considération une famille d'employés. Les
conjoints au sein de la même entreprise ont, par exemple, le droit de la quitter en
même temps pour leurs congés annuels payés. La même chose s'applique aux
partenaires qui ont signé un pacte civil de solidarité.
Les périodes de congés annuels doivent être communiquée aux employés, au
moins un mois avant le départ et ne peut être modifiée après ce délai. Un employé
ne peut avoir plus de 24 jours ouvrables consécutifs et doit avoir au moins douze
jours consécutifs hors du 1er mai au 31 Octobre.
Aux Pays-Bas chaque employé a droit à un congé annuel payé durant une
année complète de travail. Le nombre minimum de jours de congé annuel est de
quatre fois le nombre de jours travaillés par semaine (généralement 4x5 = 20
jours). En outre, chaque salarié a droit à un congé de cotisation minimum, payé une
fois par an, généralement en Juin (généralement 8% du revenu mensuel).
35
La durée minimale du congé apprécié par ceux qui travaillent en Espagne est
de 22 jours, en étant si proche du minimum garanti par la loi de l'Union
Européenne.
Contrairement à la France, les employés qui travaillent les jours fériés ne sont
pas poursuivis, mais bien payé. En outre, si l'entreprise assure loyer de l’employé,
elle est tenue d'accorder de tels droits pour la durée du congé. En outre,
l'employeur doit verser au salarié en congé une prime de départ équivalant à 7 jours
ouvrables, et un autre jour pour chaque année travaillée dans l'entreprise, jusqu'à un
maximum de 21 jours.
La Grande-Bretagne est un cas particulier dans le paysage législatif européen,
dans la mesure où le marché du travail est traditionnellement «irrégulier» dans le
sens où l'Etat a un minimum d'intervention dans la régulation de l'offre et de la
demande. Une première étape dans l'évolution de cette réalité était la Directive
93/104/CE du Conseil, qui a forcé la Grande-Bretagne à garantir aux salariés un
congé annuel payé minimal de 20 jours au lieu de 15, comme c'était le cas jusqu'en
1993. Le temps de travail est réglementé à la fois en (1998) et par les amendements
de (2003) à la loi qui garantit un congé payé d'au moins 4 semaines.
Toutefois, la loi prévoit des exceptions, ce qui donne à l'employeur le droit de
le refuser à l'employé, du moins, dans les cas où il travaille comme matelot sur les
navires marchands, la pêche, le transport de personnes ou de l'armée ou la police.
La Constitution italienne prévoit à l'art. 36 que tout travailleur bénéficie d'une
période personnelle et inaliénable de congé auxquels l'employé ne peut renoncer, et
qui devraient être efficaces, mais ne précise pas la durée minimale de la période.
Un décret législatif4 établi que toutes les conventions collectives prévoient une
durée minimale de 20 jours, et l'art. 10 du décret législatif n °. 213/2004, a ordonné
que le salarié a droit à une période de congé payé d'au moins quatre semaines, qui
peut être converti en équivalent de trésorerie, à moins qu'il puisse y avoir des
raisons objectives. La négociation collective ou individuelle peuvent être
supérieurs à la loi.
Par le jugement qui a réglé les affaires jointes C-350/06 et C-520/06 SchultzHoff/Deutsche Rentenversicherung Bund et Stringer et autres / recettes de Sa
Majesté et des douanes, la Cour européenne de justice (CEJ) a jugé qu’un un
employé ne perd pas le droit au congé annuel payé qu’il n'a pas été en mesure
d'exercer pour cause de maladie. Cela doit être compensé pour les congés annuels
non pris.
4
Décret législatif No.66/2003
36
La CJCE a interprété les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 Novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail.
Landesarbeitsgericht a dû se contenter d'une demande d'indemnité de congé
annuel payé par un travailleur qui n'a pas été en mesure d'exercer son droit à ce
congé en raison d'une incapacité de travail suivie de la retraite des travailleurs.
Selon la législation allemande, le droit du travailleur au congé annuel payé non pris
s'éteint à la fin de l'année civile concernée et au plus tard à la fin de la période du
rapport, à moins qu'une exemption en faveur du travailleur fixée par convention
collective d'une durée de trois mois existe. Si le travailleur a été en incapacité de
travail jusqu'à la fin de ce rapport, le congé annuel payé non pris n'est pas
compensé par une indemnité à la cessation d'emploi.
Outre une demande analogue d'indemnisation pour congé annuel non pris au
cours de la période de référence définie par la loi britannique, la Chambre des
Lords a été amenée à examiner le cas d'un travailleur à qui, au cours d'un congé de
durée indéterminée médical, son employeur a demandé de jouer dans deux mois
pour demander quelques jours de congés payés annuels.
Dans son jugement, la Cour relève que le droit au congé de maladie et la façon
d'exercer ce droit ne sont pas régies par le droit communautaire.
En ce qui concerne le droit au congé annuel payé, les États membres ont le
droit de définir les conditions de son exercice et de sa mise en œuvre en précisant
les circonstances spécifiques dans lesquelles les travailleurs peuvent exercer, sans
l'existence même de ce droit qui peut être soumis à certaines conditions.
Dans ce contexte, le droit au congé annuel payé consacré par la directive sur le
temps de travail ne s'oppose pas, en principe, à procéder à un congé annuel payé
pendant les congés de maladie, il n’y a pas d'interdiction d'un tel comportement,
mais à la condition que dans le dernier cas, le salarié concerné doit être en mesure
d'exercer son droit au congé pendant une autre période. Bien que les conditions
d'exercice du droit au congé annuel payé soient différentes dans les États membres
elles sont régies par ces dispositions sur les congés pris et sont cependant
subordonnées à certaines limites.
À cet égard, la Cour a déclaré que le droit au congé annuel payé d'un
travailleur en congé de maladie dûment prescrit ne peut pas être soumis à
l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence prévue
dans un État membre. Par conséquent, un État membre peut prévoir la perte du
droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou le report sur la
période que si le travailleur concerné a effectivement été mis en mesure d'exercer
leur droit de quitter l’entreprise pour leur congé.
37
La Cour a jugé qu'un travailleur qui est en congé de maladie durant toute la
période de référence de report fixée par le droit national est privé de toute
possibilité de bénéficier de son congé annuel payé. La même chose est vraie d'un
travailleur qui a travaillé pendant une partie de la période de référence avant de
partir en congé de maladie.
La Cour conclut que le droit au congé annuel payé ne doit pas s'éteindre à la
fin de l'année et/ou du report de la période prévue par le droit national, lorsque le
travailleur a été en congé de maladie durant toute la période ou une partie et
l'incapacité travail a été poursuivi jusqu'à la fin de son travail, c'est pourquoi il ne
pouvait pas exercer son droit au congé annuel payé.
En ce qui concerne le droit à une indemnité de cessation d'emploi, le congé
annuel payé que le salarié était incapable d'exercer, la Cour estime qu'une telle
indemnité doit être calculée de manière à mettre le travailleur en question dans une
situation comparable à celle qui aurait la sienne s'il avait exercé ce droit au cours
de son emploi.
La CJCE conclut que la rémunération normale de ce travailleur, qui doit être
maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel
payé, est également déterminante en termes de compensation financière du congé
annuel non pris à la cessation d'emploi
38
EL SILENCIO
DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Marta Lozano EIROA
Doctora en Derecho
Abstract: The silence of the victims of gender violence crimes, due to the exemption
from the duty to testify against relatives provided by article 416 Spanish criminal procedural
Law, has become one of the most important obstacles for the Administration of Justice in the
fight against impunity for such crimes. This circumstance has reasoned that both, the
doctrine and the public organizations with responsibility in gender violence, have urged the
amendment of the article excluding victim-witnesses from the privilege not to testify. The
purpose of this paper is to analyze different aspects such as the nature and purpose of the
article, its scope and procedural consequences posed by the absence of warning, all this in
order to issue a considered opinion regarding the suitability of its reform.
Keywords: gender violence, silence, victim- witness, relatives, complainant.
I. Introducción
En los procedimientos judiciales tramitados al amparo de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, resulta incuestionable la posición de la víctima como principal fuente
de conocimiento de los hechos delictivos. Su capacidad de dominio de tal
información, como consecuencia de la facultad procesal que le confiere el art. 416
LECrim1, se ha convertido en uno de los más importantes obstáculos con los que se
encuentra la Administración de Justicia en la lucha contra la impunidad de este tipo
de delitos. Ello es así por cuanto, si bien es cierto que la dispensa contemplada en
el referido precepto, no introduce a favor del testigo ningún poder de disposición
1
Art. 416 LECrim: «Están dispensados de la obligación de declarar:
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona
unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y
los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se
refiere el número 3 del artículo 261.
El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene
obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que
considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.
2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de
defensor.
Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes
con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que
su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido».
39
sobre el objeto del proceso2, no lo es menos que, en no pocas ocasiones, y como
consecuencia del ámbito íntimo en el que estos delitos se cometen3, la declaración
de la víctima constituye la única prueba de cargo con la que cuenta el Tribunal para
enervar la presunción de inocencia del supuesto agresor4.
Ante tal situación, muchas han sido las voces que se han alzado manifestando la
conveniencia de modificar el tenor del art. 416 LECrim y suprimir de la dispensa a los
delitos de violencia de género. Lo cierto es que el precepto aludido cobra especial
protagonismo en los juicios celebrados en sede de violencia de género, pues no es
infrecuente en la práctica forense que la víctima haga uso de su derecho a no declarar,
con las dificultades que ello comporta para la persecución y sanción de este tipo de
delitos en los que, como ya ha quedado dicho, el material probatorio suele ser escaso.
A través de este trabajo se analizará aspectos tales como la naturaleza y
finalidad del precepto, su ámbito de aplicación y las consecuencias procesales que
entraña la falta de advertencia previa, y todo ello con el propósito de emitir una
opinión ponderada en cuanto a la idoneidad de su reforma.
II. Naturaleza y finalidad de la dispensa.
El derecho a no declarar contra un pariente o familiar contemplado en el art.
416 LECrim, constituye un derecho de configuración legal consagrado a nivel
constitucional en el párrafo segundo del art. 24 de la Constitución: «La ley
regulará los casos en que por razón del parentesco, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos» (art. 24.2 CE)5. Así, pues, el art.
416 LECrim ha conferido al referido derecho constitucional un concreto contenido
y exime de la obligación de declarar, entre otros parientes, al cónyuge del imputado
o persona unida a él por una relación de efectividad análoga al matrimonio6.
La finalidad de este precepto ha sido analizada por el Tribunal Supremo que, si
bien en un primer momento consideró que el referido derecho debía ser entendido
2
Como es sabido, los delitos de violencia de género son perseguibles de oficio por lo que, con
independencia de la renuncia a la continuación del proceso penal por parte de la víctima, en ningún
momento ésta posee el control del procedimiento, ni tan siquiera para su iniciación. Lo contrario sería
tanto como admitir la existencia de un derecho de no penetración del Derecho Penal en el ámbito
familiar, aún en delitos públicos o semipúblicos.
3
Luaces Gutierrez, A.I., «La exención del deber de declarar de las víctimas de violencia de género», en
Práctica de Tribunales, núm. 101, Sección Estudios, Marzo-Abril 2013, pág.46.
4
Para que la declaración de la víctima pueda enervar la presunción de inocencia y fundar una
sentencia condenatoria, la jurisprudencia ha venido exigiendo el cumplimiento de tres premisas que
necesariamente han de concurrir: ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima; verosimilitud del
testimonio mediante la corroboración de ciertos datos periféricos y, persistencia en la incriminación.
Cfr., entre otras muchas, SSTS 687/2002, de 16 de abril; 1157/2003, de 12 de julio; de 15 de abril de
2004; 593/2006, de 25 de mayo.
5
Cfr. STC 94/2010, de 15 de noviembre.
6
La referencia a las personas unidas por una relación análoga a la matrimonial fue incorporada tras la
reforma efectuada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal
para la implantación de la nueva Oficina judicial.
40
como un beneficio que se imponía a favor del imputado («el precepto contenido en
el artículo 416.1 Lecrim está concebido para proteger al reo y presunto culpable y
no para perjudicarlo y de ellos se desprende la ausencia de la obligación de
declarar»7), poco después sustituyó dicho criterio al entender la dispensa como un
derecho que protege al testigo8. En cualquier caso, resulta inconcuso que cuando el
pariente se acoge a la dispensa, tal silencio favorece al acusado, en tanto no se
introducen en el proceso nuevos elementos incriminatorios. Pero, siguiendo a
Villamarín López9, ésta es la consecuencia inevitable de la aplicación del precepto,
no su razón de ser.
Así, pues, el Tribunal Supremo viene justificando esta exención desde el principio
de no exigibilidad de otra conducta y señala al respecto que la finalidad del precepto
radica en resolver el conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir
verdad (exigible a todos los testigos- art. 433 LECrim-) y «el vínculo de solidaridad y
familiaridad que le une al procesado» o «su deber de lealtad y afecto hacia personas
ligadas a él por vínculos familiares»10. Tales argumentos han sido respaldados por el
Tribunal Constitucional que en su STC 94/2010, de 15 de noviembre establece que «el
Tribunal Supremo, en una reiterada línea jurisprudencial constitucionalmente adecuada,
invoca como fundamento de la dispensa de la obligación de declarar prevista en los arts.
416 y 707 LECrim los vínculos de solidaridad que existen entre los que integran un
mismo círculo familiar, siendo su finalidad la de resolver el conflicto que pueda surgir
entre el deber de veracidad del testigo y el vínculo de familiaridad y solidaridad que le
une al acusado».
Se trata, pues, de un derecho subjetivo que ostentan los parientes frente al
Estado, toda vez que, como apunta Villamarín López11, tal y como está previsto este
derecho en el art. 416 LECrim, otorga a los parientes allí referidos el poder de decidir
si declaran o no en cada una de las fases del proceso que se dirige contra un familiar
suyo, colocándoles en una posición «privilegiada» frente a los demás testigos,
derivada de la titularidad de otros derechos, también fundamentales, como lo son el
derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE)12. Más que una exención del
deber de declarar, el art. 416 articula una fórmula jurídica que libera al testigopariente de la obligación de colaborar con la Administración de Justicia en la
investigación del hecho punible. Por tal razón, de su silencio no puede derivarse
consecuencia alguna, lo que no obsta para que, en caso de que decidan declarar,
queden sometidos al régimen general de los testigos (art. 706 LECrim) y, en
7
Cfr. SSTS 1062/1996 de 17 de diciembre y 331/1996 de 11 de abril.
Cfr. SSTS 292/2009, de 26 de marzo; 459/2010, de 14 de mayo; 160/2010, de 5 de marzo.
Cfr. Villamarín López, M.L., «El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal»
en, InDret. Revista para el análisis del derecho, núm. 4/2012, Barcelona, octubre de 2012, pág. 11.
10
Cfr. SSTS 1208/1997, de 6 de octubre; 164/2008, de 8 de abril; 2954/2009, de 28 de enero;
160/2010, de 5 de marzo y 459/2010, de 14 de mayo.
11
en, InDret. Revista para el análisis del derecho, op. cit., pág. 15.
12
En este sentido, Cfr., Lavín Pelayo, M, «¿Es necesaria un reforma del artículo 416 LECr para luchar contra
la violencia de género?» en, De Hoyos Sancho, M., (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de
género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex Nova, Valladolid, 2009, pág. 507.
8
9
41
consecuencia, tengan que hacerlo previa promesa o juramento de decir verdad y bajo
el apercibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio (art. 433 LECrim).
III. Presupuestos para su ejercicio
El momento temporal que ha de ser tenido en cuenta a los efectos de valorar la
pertinencia de admitir la dispensa referida, ha sido otra de las cuestiones que ha
generado una profusa jurisprudencia, nada uniforme, al respecto. En una primera
línea interpretativa, el Tribunal Supremo resolvió que sólo debía extenderse la
facultad contemplada en el art. 416 LECrim a aquellas personas que, en el
momento de prestar declaración, conservasen con el acusado alguna de las
relaciones o vínculos afectivos a los que se refiere el precitado artículo, de manera
que si en el momento de prestar declaración la presunta víctima manifestaba que ya
no era pareja del acusado o que, en los casos de matrimonio, se había divorciado,
se le negaba la posibilidad de acogerse al art. 416 LECrim13. Es reflejo de esta
tesis, entre otras, la STS 13/2009, de 20 de enero en la que el Tribunal de casación
manifestaba que la dispensa sólo resulta aplicable «si la relación existe en el
momento de prestar declaración, pues sólo en esas condiciones se produce la
colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y
de solidaridad que unen al testigo con el acusado»14.
La referido doctrina jurisprudencial justifica su razón de ser en que si el
fundamento de la dispensa descansa en la solidaridad existente entre testigos y
acusados por la relación familiar que les une, desaparecido el vínculo, nada
justifica el mantenimiento de la dispensa. En este sentido, la STS de 22 de febrero
de 2007 señalaba que «la razón de ser de la excepción o dispensa de declarar al
pariente del acusado o al cónyuge o persona unida a él por análoga relación de
afectividad, que establece el art. 416 LECrim tiene por finalidad resolver el
conflicto que se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el
vínculo de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. Esta colisión se
resuelve con la dispensa de declarar que es igualmente válida para el testigo en
quien concurre la condición de víctima del delito del que se imputa al
denunciado». Solidaridad, continuaba diciendo la Sentencia, «justificadora de la
excepción que no sólo desaparece en los supuestos de divorcio sino también lo
hace en los casos de un firme y decidido cese afectivo en la relación de hecho
13
14
Cfr. SSTS 164/2008, de 8 de abril; 13/2009, de 20 de enero y. 17/2009, de 20 de enero; 17/2010, de
26 de enero; 6280/2011, de 29 de septiembre
Tal postura ha sido defendida por Serrano Hoyo, G., «sobre las posibles conductas procesales de la
mujer víctima de delitos de violencia de género» en, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXVIII,
2010, pág. 140 y por Hurtado Yelo, J. J., « ¿Se debe suprimir el art.416 LECrim en los delitos de
violencia de género?», en La Ley Penal, Núm. 76, Sección Legislación aplicada a la práctica,
noviembre 2010, pág. 4. www.laleydigital.es.
42
asimilable». En tales supuestos, «ya no existe el vínculo de familiaridad con el
acusado que justifique una excepción de declarar del testigo»15.
Pero dicho criterio jurisprudencial ha sido matizado en otras resoluciones del
Tribunal Supremo en las que se sostiene que serán las circunstancias concurrentes
en cada caso concreto las que determinen la pertinencia o no de la dispensa
contemplada en el art. 416 LECrim. Así, si en el momento en que se produjeron los
hechos enjuiciados el acusado y el testigo mantenían entre sí un vínculo de los
contemplados en el precepto, con independencia de cuál sea la situación en el
momento de prestar declaración, el Tribunal habrá de indagar sobre cuáles son las
concretas circunstancias personales de la víctima para acordar si procede o no la
dispensa. Resulta ilustrativo, en este sentido, lo manifestado en la STS 459/2010,
de 14 de mayo cuando señala que «se ha reconocido espacial trascendencia a las
circunstancias del caso y al fundamento que justifica la aplicación del art. 416.1
LECrim si conforme a aquellas la solidaridad es el único fundamento, nada obsta
la exigencia de colaboración mediante la prestación del testimonio, si al tiempo de
reclamársela no existe vínculo que la justifique. Pero la ruptura de la efectividad
subsiguiente al cese de la convivencia no puede impedir que el llamado como
testigo se acoja a la excepción si la declaración compromete la intimidad familiar
bajo la cual ocurrieron los hechos objeto de enjuiciamiento»16. Recordaba la
Sentencia referida el Auto del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2006 que,
pese a inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada17, manifestaba que no
podía aceptarse que la convivencia se erija en ratio de la excepción regulada en el
art. 416 LECrim.
Esta línea jurisprudencial se ha decantado por entender que, en principio, la
dispensa contemplada en el art. 416 LECrim debe extenderse a aquellas personas
que en el momento de la declaración mantienen el vínculo, salvo que el testimonio
pueda comprometer la intimidad familiar existente al tiempo de los hechos, en
cuyo caso la presunta víctima estará facultada para acogerse a la dispensa que
establece el art. 416 LECrim.
Aun cuando, como ha quedado expuesto, la doctrina jurisprudencial no
mantenga un criterio uniforme sobre este particular, parece que esta segunda
corriente sea más respetuosa con los fines del art. 416 LECrim18, de manera que si
el criterio general habrá de ser el mantenimiento del vínculo en el momento de
prestar declaración, resulta preciso atender a las circunstancias concurrentes en
15
En esta misma línea, SSTS 13/2009, de 20 de enero; 17/2009, de 20 de enero y 164/2008, de 8 de
abril; 6280/2011, de 29 de septiembre.
En sentido análogo, STS 292/2009, de 26 de marzo de 2009.
17
La Audiencia Provincial de Tarragona planteó una cuestión de inconstitucionalidad acerca del art. 416
por no contemplar en la dispensa, en términos análogos a los previstos para los cónyuges, a las
parejas de hecho.
18
Cfr. Villamarín López, M.L., «El derecho de los testigos parientes a no declarar en el proceso penal»,
16
43
cada caso concreto, toda vez que, aun cuando el vínculo esté roto, la presunta
víctima puede seguir queriendo proteger esa intimidad familiar19.
IV. Aplicación de la dispensa a las víctimas
de violencia de género
La cuestión que suscita más controversia y que ha generado un intenso debate
doctrinal es la relativa a si la dispensa debe o no alcanzar a los parientes que
además han sido víctimas de los hechos enjuiciados. Como ya se expuso al inicio
de este trabajo, se han alzado voces que sugieren la reforma del art. 416 como la
solución a los problemas que genera el silencio de la víctima en la lucha contra la
impunidad de los delitos de violencia de género. Este es el argumento ofrecido por
Lavín Rodríguez20 al señalar que se reclama la modificación del art. 416 LECrim,
de manera que se obligue a las víctimas de malos tratos a declarar contra su agresor
porque lo contrario supone un grave problema de falta de prueba y la consiguiente
imposibilidad de condenar por no poder desvirtuar la presunción de inocencia ante
la falta de prueba de cargo.
Un claro exponente de las propuestas de reforma referidas lo encontramos en la
formulada por el Magistrado Magro Servet21, quien apuesta por excluir literalmente a
las víctimas -testigos de la dispensa a la obligación de declarar contemplada en el art.
41622; señala el autor hasta nueve motivos para defender la no aplicación a las víctimas
de violencia de género de la facultad del art. 416 LECrim, de entre los cuales cabe
19
En contra de este planteamiento se pronuncia De la Fuente Honrubia y señala al respecto que «es
preferible que la dispensa sólo sea operativa cuando el vínculo personal se encuentra vigente, ya que
sólo en esos casos puede hablarse de verdadera inexigibilidad individual del sujeto por una colisión
moral del deber de declarar y el perjuicio que con ello puede originar al procesado con quien
mantiene el vínculo. Extender la dispensa a aquellos testigos que mantuvieron el vínculo matrimonial
o el derivado de una relación de análoga afectividad al matrimonio, y que no lo mantienen en el
momento de declarar, no tiene ningún soporte jurídico ni político-criminal, siendo incluso
contraproducente en materia de violencia de género, donde el testigo puede verse «obligado» a no
declarar por otros móviles distintos a la concurrencia de un conflicto moral». Cfr. De la Fuente
Honrubia, F., «La dispensa del deber de declarar por concurrencia de vínculos personales con el
procesado. Perspectiva jurisprudencial actual» en, La Ley Penal, núm. 68, Sección Informe de
Jurisprudencia, febrero de 2010, pág. 4. www.laleydigital.es.
20
Cfr., Lavín Pelayo, M, « ¿Es necesaria un reforma del artículo 416 LECr para luchar contra la
violencia de género? » en, De Hoyos Sancho, M., (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de
género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, op. cit., pág. 508.
21
Así, Magro Servet efectúa la siguiente proposición legislativa «Están dispensados de la obligación de
declarar, a excepción de las víctimas respecto a las personas denunciadas que se encuentren con
ella en una relación de parentesco de las que a continuación se relacionan: …». Cfr. Magro Servet,
V., «La imposibilidad de conceder a las víctimas de violencia de género la dispensa de declarar
contra su agresor (artículo 416 LECrim) ¿es necesaria una reforma legal?» en, Diario La Ley, núm.
6333, Sección Doctrina, 5 de octubre de 2005, Ref. D-223, pág. 13. www.laleydigital.es.
22
Idéntica opinión mantiene Pérez Tortosa, para quien «las propias características de las víctimas de la
violencia de género hacen inviable un ejercicio responsable de la dispensa del deber de declarar».
Cfr. Pérez Tortosa. F., La prueba testifical de la víctima en los delitos de violencia de género en,
Práctica de Tribunales, Núm. 100, Sección Estudios, Enero-Febrero 2013, pág.4. www.laleydigital.es.
44
destacar el objetivo de garantizar una absoluta seguridad jurídica y ampliar el marco de
protección de las víctimas. Por su parte, Villamarín López23 sostiene que no debiera
reconocerse la dispensa a los parientes víctima desde el prisma de los fundamentos del
derecho a no declarar. Argumenta la referida autora que, en estos supuestos, ya no hay
ocasión de proteger la armonía o paz familiar, porque ésta quiebra automáticamente
como consecuencia del acto violento cometido por el acusado frente a uno de los
integrantes del vínculo familiar. En idéntico sentido se pronuncia Fuentes Soriano24,
para quien los vínculos morales que el art. 416 LECrim pretende proteger han sido
previamente destruidos por el agresor por lo que, en opinión de la referida autora,
favorecer que la víctima pueda escudarse en la dispensa del citado precepto constituye
un fraude de ley que el ordenamiento no debiera consentir.
Los organismos públicos con competencias en materia de violencia de género,
también son partidarios de la reforma del art. 416 LECrim. El Grupo de Expertos en
Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en su
Informe del año 2006 señalaba que, a fin de «garantizar una absoluta seguridad
jurídica y ampliar el marco de protección a las víctimas, se considera preciso que se
proceda a una modificación legislativa muy puntual para incluir en el art. 416
LECrim que esta dispensa de la obligación de declarar no alcanza a las víctimas y
perjudicados respecto de los delitos y faltas cometidos frente a ellos por quienes se
encuentran en una de las relaciones de parentesco que se citan en el citado
precepto»25. Con todo, y ante la previsión de que tal reforma no sea acogida en una
futura, valga la redundancia, reforma legislativa, planteaba en el referido Informe una
modificación alternativa consistente en la inclusión de un art. 730 bis) en la LECrim
que autorizaría la incorporación al juico oral de la declaración sumarial de la víctima
en aquellos casos en los que decidiese guardar silencio en la vista del juicio oral26.
Frente a estas posturas, podría argumentarse la justificación de este privilegio
sobre la base de la existencia de un conflicto de intereses o de conciencia. Apunta, en
23
24
25
26
Cfr. Fuentes Soriano, O., El enjuiciamiento de la violencia de género, Iustel, Breviarios Jurídicos,
Madrid, 2006, pág. 145.
Cfr. Informe del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y sugerencias de reforma
legislativa que los abordan, de 20 de abril de 2006.
En las conclusiones del Seminario de Fiscales delegados en violencia sobre la mujer del año 2005,
aprobadas por el Fiscal General del Estado se adoptó la siguiente conclusión: «Si la víctima se acoge a
su derecho a no declarar, el Fiscal interesará la lectura de la declaración que hubiere realizado en fase
de instrucción de conformidad con el art. 730 de la L.E.Cr. (que debió hacerse con asistencia del Letrado
del imputado o habiendo sido citado a tal efecto y con el conocimiento por parte de la víctima de su
derecho de dispensa recogido en el artículo 416 L.E.Cr.). Si por el Juez o Tribunal se denegara la lectura
de dicha declaración, se hará constar la oportuna protesta y, a la vista de la sentencia, se valorará la
conveniencia de interponer el correspondiente recurso». Tal posibilidad, tal y como ha quedado
expuesto en el presente trabajo, fue desechada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que
motivó que, años más tarde en el Seminario celebrado en 2011, los Fiscales delegados en violencia
sobre la mujer concluyeran que «se acogen los argumentos esgrimidos en las Sentencias del TS
referidas, por lo que se suprime la Conclusión referida del Seminario de Fiscales del año 2005».
45
este sentido, Villamarín López27, que lo que normalmente subyace al silencio del
familiar agredido no es la obligación ética o moral de guardar un secreto o de no
revelar informaciones confidenciales de la familia, sino el temor a sufrir represalias, la
esperanza de que dichas situaciones no vuelvan a repetirse y exista, en definitiva, un
arrepentimiento sincero y efectivo del agresor28. En este sentido, el Grupo de Expertos
en Violencia de Género y Doméstica en el Informe emitido en enero de 2011
justificaba la precitada reforma legal sobre la base de la especial posición de
vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima: «En ningún otro tipo de delitos
aparece la circunstancia de que la víctima no se limita a perdonar a su agresor. Más
allá de esto, se culpa de su propia agresión, e, inmersa en lo que se conoce como „ el
ciclo de la violencia”, se mueve en una situación permanente de agresión-denunciaarrepentimiento-agresión, que supone, en muchos casos, que la misma, aun después de
haber formulado denuncia, y una vez puesto en marcha el proceso penal, utilice la
dispensa de declarar contra su agresor como forma de huir del proceso y evitar que
aquél pueda ser castigado por su ilegítima acción. Esta situación, de hecho, termina
convirtiendo este recurso procesal en un nuevo instrumento de dominación al servicio
del violento cuando el testigo es la víctima de los hechos».
En parecidos términos se pronuncia Gudín Rodríguez-Magariños29, cuando
advierte que el acogerse al derecho a no declarar tiende a erigirse en una suerte de
«patente de corso» por la que muchos maltratadores actúan en la impunidad. Por
ello, considera el citado autor, que dentro del art. 416 LECrim, parece necesario
distinguir entre el silencio frente a delitos cometidos por terceros (donde sí tendría
cabida la dispensa) de los delitos cometidos contra su propia persona (donde dicha
dispensa puede ser un vehículo para tapar una sangrante realidad)30.
27
28
29
30
En parecidos términos, Cfr. Ruby Sibony, Serrano Ochoa, M.A. y Reina Toranzo, O., señalan que
«…reviste especial importancia la versión de la perjudicada frente a la versión del maltratador, quien en su
defensa probablemente niegue todos los hechos e intente mediatizar a la víctima para que ceda ante sus
presiones (o las de la familia) y retire la denuncia o silencie su testimonio, con el fin de controlar también el
curso del proceso judicial» Cfr., Ruby Sibony, Serrano Ochoa, M.A. y Reina Toranzo, O., «La prueba y la
dispensa del deber de declarar por la testigo-víctima en los procesos de violencia de género», en La Toga,
núm. 182, abril-julio 2011, pág. 13. Por su parte, Gudín Rodríguez-Magariños advierte de que «se corre el
riesgo de los ecos del silencio de la persona maltratada sean instrumentalizados, en claro fraude de ley,
para perpetuar una situación de dominación fraguándola impune. De otro lado, parece lógico que los
peores maltratadores, los que ejercen sobre sus familiares una autoridad más férrea o draconiana, estén en
condiciones de infundir un mayor temor a sus víctimas, logrando imponer el silencio, convirtiéndolo en
vehículo de impunidad». Cfr., Gudín Rodríguez-Magariños, F., «El silencio procesal de las víctimas:
¿caballo de Troya para futuros maltratos?» en, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 769/2009, págs. 1-8.
Cfr., Gudín Rodríguez-Magariños, F., «El silencio procesal de las víctimas: ¿caballo de Troya para
futuros maltratos?» en, Actualidad Jurídica Aranzadi, op. cit., págs. 1-8.
En parecidos términos se pronuncia Castillejo Manzanares para quien la modificación del art. 416
LECrim debería redactarse que la dispensa no alcanza a las víctimas y perjudicados respecto de
cualquier delito cometido frente a ellos por sus parientes y no, única y exclusivamente, para los
delitos de violencia de género. Cfr. Castillejo Manzanares, R., «Problemas que plantea la actual
aplicación de la ley integral», en Castillejo Manzanares, R. (Dir.) y Catalina Benavente, M.A. (Coord.),
Violencia de género, Justicia Restaurativa y Mediación, Ed. La Ley, Madrid, 2011, pág. 99.
46
Los argumentos aducidos por la doctrina y los organismos públicos que
reclaman la exclusión de las víctimas de la dispensa contemplada en el art. 416
LECrim, en modo alguno resultan arbitrarios. Ello no obstante, en mi opinión,
surgen dudas en cuanto a si tal medida no supondría una injerencia excesiva por
parte del legislador en lo que parece ser una esfera privada del ser humano. Dudas
que, por otro lado, existen y, con toda probabilidad, han ocasionado que el art. 416
LECrim, hasta la fecha, permanezca inalterado en este sentido, sin que el legislador
aprovechara la reforma operada en 200931 para incorporar excepciones al derecho
de dispensa por razón de la naturaleza procesal en la que el testigo-pariente
interviene en el proceso. El derecho penal no contempla el perdón del ofendido en
los delitos públicos32 pero, ¿hasta qué punto puede o debe el Estado entrar en el
perdón de la esfera privada de las personas? o, lo que es más importante, ¿está
legitimado el legislador ordinario para limitar subjetivamente un precepto que
desarrolla un derecho fundamental? Resulta incuestionable que las víctimas de este
tipo de delitos se encuentran en una situación que las hace especialmente
vulnerables pero que, en modo alguno, debiera ser equiparada a una situación de
incapacidad33 por lo que, a mi juicio, debiera protegerse ese margen de libertad que
le permita discernir y ser dueña de su propia elección. En esta línea se expresaba la
Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 134/2007, de 22 de febrero al
señalar que «puede ser una situación infrecuente pero no insólita. La víctima
puede sobrevalorar el vínculo de afecto y parentesco que le une al victimario, que
el legítimo derecho a declarar contra él. Es una colisión que debe resolverse
reconociendo el derecho a la víctima de decidir libremente, en ejercicio de su
autodeterminación en uno u otro sentido»34.
Lo dicho no empece que, desde luego, tal y como apunta Rodríguez Lainz35, haya
de entenderse conveniente y jurídicamente irreprochable que los servicios de asistencia
a las víctimas asesoren a éstas, guiándolas hacia la conveniencia de denunciar los
hechos o declarar en contra del pariente agresor como forma de evitar la perpetuación
de tan repudiadas situaciones de dominio antijurídico.
31
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la
Oficina Judicial, incluyó en la delimitación del ámbito subjetivo de la dispensa a las parejas de hecho
(«a persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial »).
32
El art. 130. 4 CP establece que la responsabilidad penal se extingue por el perdón del ofendido
«cuando la Ley así lo prevea», fin para el que, sin lugar a dudas, no fue creado el art. 416 LECrim.
33
El art. 47 de la LOMPIVG relativo a la formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios
Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses señala que «…En todo caso, en los
cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas».
34
En el mismo sentido, STS 319/2009, de 23 de marzo.
35
Cfr., Rodríguez Lainz, J.L., Juzgados de violencia sobre la mujer y Juzgado de Guardia, Bosch,
Barcelona, 2006, pág. 302.
47
Pero más allá, donde se manifieste una voluntad libre y decidida de la víctima o
testigo de no declarar en contra de su pariente, la misma deberá ser respetada hasta sus
últimas consecuencias36. Además, a mayor abundamiento, pudiera suceder que la
futura modificación legislativa que establezca la exclusión de la víctima de la dispensa
a declarar, conduzca a la situación de que ante su negativa a declarar, sea imputada por
un delito de obstrucción a la justicia o, que ante la incredibilidad manifiesta de su
declaración o como consecuencia de la divergencia de declaraciones en las distintas
fases procesales, acabe siendo imputada por un presunto delito de falso testimonio37.
La jurisprudencia pone de manifiesto que cuando quien declara resulta ser un familiar
del imputado/ acusado, las advertencias previas de las consecuencias que acarrea la
falta de veracidad en la declaración, no causan los efectos deseados por el legislador.
Así lo manifestaba la STS 319/2009, de 23 de marzo: «El legislador sabe que las
advertencias a cualquier testigo de su deber de decir verdad y de las consecuencias
que se derivarían de la alteración de esa verdad, no surten el efecto deseado cuando es
un familiar el depositario de los elementos de cargo necesarios para respaldar la
acusación del sospechoso. De ahí que, más que una exención al deber de declarar, el
art. 416.1 arbitre una fórmula jurídica de escape que libera al testigo-pariente de la
obligación de colaboración con los órganos jurisdiccionales llamados a investigar un
hecho punible. Ése es el significado jurídico de aquel precepto y su aplicación no
puede ir más allá de su verdadero fundamento».
Frente a esta posibilidad, quienes defienden la modificación del art. 416 LECrim
entienden que lo adecuado, en estos casos, sería minimizar las repercusiones negativas
que puedan sufrir las víctimas38 e incluso, excluir la posibilidad de ser perseguidos contra
un delito de falso testimonio39. Con todo, comparto íntegramente el razonamiento que
36
En este sentido, Miranda Estrampes entiende que «el debate no debe enfocarse en términos de una
mayor eficacia condenatoria, esto es, que la supresión de dicha exención legal determinará, como
beneficio intrínseco, un mayor número de condenas o una reducción del número de absoluciones,
como a veces se plantea desde algunos foros, sino en términos de ponderación de los valores e
intereses que están en juego y de la necesidad de respetar la decisión del testigo-víctima como
manifestación responsable de un ejercicio de autodeterminación, siempre y cuando el sistema en su
conjunto sea capaz de ofrecer a dichas víctimas los recursos y resortes suficientes para salir de la
situación de dominación y vejación constante a la que se encuentran sometidas». Cfr., Miranda
Estrampes, M., «Particularidades de la prueba en los delitos de violencia de género», en De Hoyos
Sancho, M., (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles,
penales y laborales, Lex Nova, Valladolid, 2009, pág.461.
37
Cfr. Piñeiro Zabala, I., «La víctima de violencia de género y la dispensa del artículo 416 de la LECrim»
en, Revista jurídica de Castilla y León, núm. 24. Mayo 2011, págs. 113 y ss.; Castillejo Manzanares,
R., «Problemas que plantea la actual aplicación de la ley integral», en Castillejo Manzanares, R. (Dir.)
y Catalina Benavente, M.A. (Coord.), Violencia de género, Justicia Restaurativa y Mediación, op. cit.,
pág. 120; Miranda Estrampes, M., «Particularidades de la prueba en los delitos de violencia de
género», en De Hoyos Sancho, M., (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género.
Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, op. cit., pág.460.
38
39
Cfr. Informe del Grupo de expertas y expertos en violencia de género y doméstica del Consejo General del
Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de
medidas de protección integral contra la violencia de género y en la de la normativa procesal, sustantiva u
orgánica relacionada, y sugerencias de reformas legislativas que los abordan. Enero de 2011.
48
sobre esta cuestión efectúa Castillejo Manzanares40 cuando señala que con dicha
propuesta, no sólo se trata de hacer un Derecho Penal a medida, sino que además se está
reconociendo que el obligar a la víctima a declarar no va a servir para condenar al
agresor, en cuanto si su voluntad es no perjudicar al presunto culpable, mentirá, por lo
que poco se avanza en la persecución de los hechos constitutivos de violencia de género.
Se plantea necesario, como advierte Piñeiro Zabala41, que más allá de dichos
cambios legislativos en la Ley Procesal, se promueva el conocimiento y muy
especialmente el empoderamiento de las víctimas de violencia de género desde
todas las perspectivas multidisciplinares para lograr superar las dificultades que su
testifical plantea. De esta manera, continúa señalando en citado autor, las víctimas,
asumiendo su condición de tales y su determinante papel procesal en la punición de
este tipo de delitos, por el contexto en el que tienen lugar, testificarán con todas las
consecuencias con independencia de dispensa de declarar alguna.
Sentado lo anterior, entiendo que, por el contrario, no existen obstáculos
insalvables que impidan sostener que en los supuestos en los que la víctima sea al
propio tiempo denunciante de los hechos, no resulta de aplicación la dispensa
contemplada en el art. 416 LECrim. Los mismos argumentos empleados por la Sala
Segunda del Tribunal Supremo para concluir que carece de sentido la advertencia de
la dispensa en los supuestos en los que la víctima acude de forma espontánea a
dependencias policiales para denunciar los hechos, debieran operar en las fases
procesales posteriores. En consecuencia, a mi parecer, existe una conveniencia de
reformar el precepto procesal a fin de que, presentada la denuncia, la víctima pierda
la exención de no declarar contra su presunto agresor. Y es que, como señala Fuentes
Soriano42, en los casos en los que sea la víctima quien interpuso la denuncia, puede
entenderse perfectamente que ejerció una renuncia tácita frente a la facultad que le
brinda el art. 416 LECrim de no declarar contra su supuesto agresor43.
Esta postura ha sido defendida en alguna resolución del Tribunal Supremo que
ha señalado que «en aquellos casos en los que el pariente es la propia víctima que
denuncia los hechos, el alcance de la exención de declarar se relativiza, en la
medida en que la presentación de la denuncia „advierte claramente su voluntad
espontánea de declarar”»44. Con mayor precisión advertía la STS 625/2007, de 12
de julio que «el art. 416.1º establece un derecho renunciable en beneficio de los
testigos, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de hechos que las han
40
Cfr. Castillejo Manzanares, R., «Problemas que plantea la actual aplicación de la ley integral», en
Castillejo Manzanares, R. (Dir.) y Catalina Benavente, M.A. (Coord.), Violencia de género, Justicia
Restaurativa y Mediación, op. cit., pág. 120.
41
Cfr. Piñeiro Zabala, I., «La víctima de violencia de género y la dispensa del artículo 416 de la LECrim»
en, Revista jurídica de Castilla y León, op. cit., pág. 114.
42
Cfr. Fuentes Soriano, O., El enjuiciamiento de la violencia de género, op. cit., pág. 145.
43
En contra de esta opinión se manifiesta Rodríguez Lainz, para quien «el hecho de variar de decisión y
posteriormente decidir no declarar en contra del pariente, una vez formulada la denuncia o incluso
tras haber declarado a presencia judicial no entraña por sí ningún fraude de ley, cuando la víctima o
testigo no hace sino uso de un legítimo derecho». Cfr., Rodríguez Lainz, J.L., Juzgados de violencia
sobre la mujer y Juzgado de Guardia, op. cit., pág. 312.
44
Cfr. STS 326/2006, de 8 de marzo.
49
perjudicado y que acuden a la Policía en busca de protección»45. Y, más
recientemente el Auto de 3 de noviembre de 2012 insistía en que «resulta evidente
que no puede extenderse a la denunciante la dispensa establecida en el artículo
416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Resulta totalmente inaceptable,
contrario a lógica y al principio de no actuar contra los propios actos, que una
persona desencadene, por su libre voluntad, la apertura de diligencias y de un
procedimiento en contra por delitos que son públicos, y que generan para los
órganos del Estado la obligación de investigar por las Fuerzas policiales, de
instruir por el Juzgado de Instrucción, de prestar asistencia y protección a la
víctima por los órganos asistenciales correspondientes, de acusar por el Ministerio
Fiscal si procede, y de enjuiciar por el órgano judicial y, sin embargo, después de
dar cuenta de los hechos y de trasladar la notitia criminis, pretende,
arbitrariamente, acogerse en el devenir procesal a su derecho a no declarar»46.
Además, si atendemos al fundamento o finalidad del precepto, tal y como
quedó apuntado líneas más arriba, la razón de ser del art. 416 no es la de proteger
al imputado dentro del proceso, sino la de proteger al testigo pariente que se
encuentre en situación de conflicto entre la obligación de declarar la verdad y su
interés de mantener oculto o silenciar a la Administración de Justicia el ilícito
penal por razones personales o familiares. Por tal razón, resultaría perfectamente
justificado que la referida dispensa quedara excluida cuando sea la propia víctima
quien, de manera libre y voluntaria, decida iniciar la persecución del delito y de su
presunto autor a través de su denuncia47. La reforma del precepto, por otro lado,
parece obligada, en tanto resulta inconcuso que cuando se introdujo en la Ley
Procesal la previsión del art. 416 LECrim no estaba pensada para supuestos en los
que el pariente fuera al propio tiempo denunciante del delito.
Y es precisamente en este sentido en el que se ha pronunciado el pre-legislador
en el reciente propuesta del Código Procesal Penal que corrige la regulación de
1882 y establece la imposibilidad de contemplar la dispensa en aquellos casos en
los que sea el familiar llamado a declarar quien haya formulado la denuncia:
«Artículo 370- Dispensa de la obligación de declarar por vínculo familiar
1. Están dispensados de la obligación de declarar:
a) El cónyuge del encausado o la persona unida al mismo por una relación
análoga al matrimonio, aunque se haya extinguido el vínculo
matrimonial o haya cesado la convivencia afectiva.
b) Los parientes del encausado en línea recta, por consanguinidad o afinidad,
y los colaterales, hasta el tercer grado por consanguinidad y hasta el
segundo grado por afinidad.
45
En el mismo sentido, Cfr. STS 662/2001, de 6 de abril.
Cfr., en el mismo sentido, STS de 19 de abril de 2012; ATS de 11 de noviembre de 2010.
47
Cfr., en este sentido, Magro Servet, V., «Consecuencias de la no advertencia del derecho a no
declarar y denunciar (arts. 261 y 416 LECrim) (Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10
de mayo de 2007)» en, La Ley Penal, nº 57, Sección Práctica Penal, Febrero 2009, págs. 109 y ss.
46
50
La dispensa prevista en este apartado no regirá para quien hubiere formulado
denuncia»48.
En todo caso, lo cierto es que, en tanto no se materialice la esperada reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la víctima de violencia de género no podrá
ser obligada a declarar en contra de su agresor, ni tan siquiera en aquellos
supuestos en los que sea, al propio tiempo, denunciante de los hechos, toda vez que
el derecho reconocido en el art. 416 LECrim carece de limitación alguna por razón
de la naturaleza del delito, por lo que alcanza, sin lugar a dudas, a las víctimas de
violencia de género49.
V. La declaración no informada del testigo- víctima
El derecho a no declarar contra un pariente a que se refiere el art. 416 cuenta
con un respaldo constitucional (art. 24.2 CE) que, como ha quedado expuesto,
constituye una excepción al deber general de declarar de los testigos, por lo que, es
fácil de entender que el ejercicio de la dispensa exige como presupuesto su
conocimiento por el pariente al que afecta (arts. 416 y 707 LECrim) que «no tiene
obligación de conocer que está eximido de denunciar o declarar. Para renunciar a
un derecho debe informarse que se dispone del mismo, nadie puede renunciar a lo
que desconozca»50.
La excepción de la obligación de declarar también afecta, por expreso
imperativo legal, a la fase preprocesal. Así, el art. 261 de la LECrim regula los
supuestos en los que no existe obligación de denunciar y establece «el cónyuge del
delincuente» como uno de ellos. Aun cuando este artículo no fue objeto de
modificación para incluir junto al cónyuge a la persona unida al delincuente por
análoga relación a la matrimonial, como sí se hizo en el art. 416 de la LECrim a
través de la Ley 13/2009, no cabe duda que una interpretación extensiva del
precepto, en armonía con lo establecido en el citado art. 416 LECrim y, en todo
caso, con la realidad social del momento actual, obliga a incluir dentro de la
dispensa a la obligación de denunciar a la persona unida al presunto autor de los
hechos por una relación análoga al matrimonio51.
Sentado lo anterior, una primera lectura del art. 261 hace necesario concluir
que la falta de advertencia de la dispensa implica la nulidad de la denuncia, toda
vez que tal y como apunta la STS 385/2007, de 10 de mayo «carecería de todo
48
Tal previsión aparece recogida en el Codice di Procedura Penale italiano que, en el art. 199 excluye
de la facultad de abstención a los parientes que hayan presentado denuncia o querella o hayan sido
perjudicados por el delito.
49
Como apunta De la Fuente Honrubia, «una interpretación en el sentido de excluir a estos testigos del
tenor literal del art. 416 LECrim, se constituye en una interpretación que desborda el tenor literal de la
ley». Cfr. De la Fuente Honrubia, F., «La dispensa del deber de declarar por concurrencia de vínculos
personales con el procesado. Perspectiva jurisprudencial actual», en La Ley Penal, op. cit., pág. 7.
50
51
51
sentido que se excluyera a la policía de las obligaciones que se imponen
expresamente al juez de instrucción…»52. Con todo, tal postura ha sido graduada,
años más tarde, por el propio Tribunal de casación que en la STS 294/2010, de 28
de enero puntualizaba que «por la propia razón de ser y fundamento de la norma
cuando la persona acude a dependencias policiales con la decidida voluntad de
formular denuncia contra su pariente, por los hechos en que el denunciante es
víctima, y busca el amparo y protección de la Ley, explicarle que no tiene
obligación de hacerlo, es innecesario: resulta inútil y carece de función respecto a
alguien que ya ha optado previamente por defender sus intereses frente a los de su
pariente, es decir que no necesita se le informe de que puede ejercitar una
dispensa que ya ha decidido no utilizar, cuando voluntariamente acude
precisamente para denunciar a su pariente»53.
Por consiguiente, en los casos de denuncia espontánea, la Policía quedará
exonerada del deber de informar de la dispensa legal de denunciar recogida en el
art. 261 LECrim54. Ahora bien, lo dicho, en modo alguno, habrá de considerarse
extensible a las averiguaciones que obtenga la Policía como consecuencia del
interrogatorio efectuado en relación con los hechos denunciados. Como precisaba
la antes citada Sentencia de 28 de enero de 2010, «la comunicación de esos
diferentes hechos pertenece a la iniciativa del agente interrogante que pregunta
sobre ellos y su comunicación por el declarante no es ya iniciativa suya
previamente decidida libremente, sino respuesta a la averiguación iniciada por la
Policía, por lo que necesita hacerse la previa advertencia de la dispensa legal. La
consecuencia legal de su inobservancia es la ilegalidad del resultado».
La obligatoriedad de información del derecho a la dispensa del testigovíctima, aparece sintetizada con absoluta claridad en la STS de 5 de marzo de
2010: «la participación del testigo víctima se produce en tres momentos: uno
primero, en la fase prejudicial, donde es necesario que se le informe de sus
derecho a no denunciar en virtud de los dispuesto en el art. 261 LECrim, salvo en
algunos casos de „denuncia espontánea”. Una segunda en el Juzgado instructor,
donde se le debe informar el art. 416 LECrim y una tercera en el plenario, el que a
tenor de lo dispuesto en el art. 707, deberá también hacérsele la información del
derecho que recoge el artículo citado, bien entendido que el hecho que en alguna
de estas declaraciones no utilice el derecho a no denunciar o no declarar, no
supone ya una renuncia tácita o definitiva en una ulterior fase».
A la vista de lo expuesto, el deber de informar a la víctima- pariente de la
dispensa que le asiste, se mantiene, con independencia de que haya sido ella la
denunciante de los hechos, para el Juez de Instrucción y habrá de ser nuevamente
informada de dicha facultad en la fase del juicio oral por el Juez de lo Penal o el
Presidente de la Sección de la Audiencia Provincial. Ello es así por cuanto la
52
53
54
Con cita de la STS 662/2001, de 6 de abril.
Cfr., en el mismo sentido, SSTS 101/2008, de 20 de febrero y 160/2010, de 5 de marzo.
Cfr., Luaces Gutierrez, A.I., «La exención del deber de declarar de las víctimas de violencia de
género», en Práctica de Tribunales, op. cit., pág.51.
52
jurisprudencia viene entendiendo que «no haber hecho uso de la dispensa en la
fase de instrucción no impide su ejercicio posterior en cuanto mecanismo de
solución de un conflicto entre deberes que bien puede subsistir y plantearse de
nuevo en otra declaración, ni entraña renuncia a optar por la abstención de
declarar como testigo en el juicio Oral, entre otras razones porque la distinta
naturaleza que corresponde a la declaración sumarial, que no tiene carácter de
actividad probatoria, y la que es propia de la testifical en Juicio Oral, que es
verdadera prueba idónea para desvirtuar la presunción de inocencia, pone de
relieve la posibilidad de usar de diferente manera la dispensa de declarar en
testimonios de tan distintas consecuencias, que es lo que está presente en el
fundamento de esa dispensa, concedida en función de las posibilidades de
perjudicar con la declaración los intereses del pariente procesado o acusado»55.
En consecuencia, la declaración testifical de la víctima a la que previamente no
se le haya advertido de su derecho, en cuanto que no ha sido prestada con todas las
garantías, habrá de reputarse viciada de nulidad, por lo que el Tribunal de
enjuiciamiento no la podrá tener en cuenta a los efectos de enervar la presunción de
inocencia56. Se trataría de una prueba obtenida ilícitamente y que, de conformidad
con lo establecido en el art. 11.1 LOPJ tal ilicitud debiera llevar aparejada,
asimismo, la ineficacia de todas aquellas pruebas derivadas de aquella
declaración57.
La anterior doctrina ha sido matizada por el Tribunal Constitucional en un
caso en el que corrigió la decisión adoptada por el Tribunal de apelación que optó
por no tener en cuenta el testimonio de la denunciante, porque no había sido
informada con carácter previo de la dispensa del art. 416 LECrim. Dispone el Alto
Tribunal que «aunque el Juez de lo Penal tampoco informó expresamente a esta,
víctima de los hechos objeto del proceso penal, de la dispensa de la obligación de
declarar, la espontánea actitud procesal de la demandante de amparo, en las
concretas circunstancias que concurren en este caso, no puede sino
razonablemente entenderse como reveladora de su intención y voluntad de primar
el deber de veracidad como testigo el vínculo de solidaridad y familiaridad que le
unía al acusado, finalidad a la que obedece, como ya hemos tenido ocasión de
señalar, la dispensa del art. 416 LECrim. En efecto, siendo sin duda exigible y
deseable que los órganos judidicales cumplan con las debidas formalidades con el
mandato que les impone el art. 416 LECrim, lo que ciertamente, como la
Audiencia Provincial viene a poner de manifiesto no ha acontecido en este caso,
no puede sin embargo obviarse la continúa y terminante actuación procesal de la
recurrente en amparo, quien denunció en varias ocasiones a su marido por actos
constitutivos de violencia doméstica, prestó declaración contra éste por los hechos
denunciados tanto ante la autoridad policial como ante el Juzgado de Instrucción,
55
56
57
Cfr. SSTS 129/2009, de 10 de febrero; 459/2010, de 14 de mayo; 1010/2012, de 21 de diciembre.
Cfr. SSTS 385/2007, de 10 de mayo; 294/2009, de 28 de enero; 160/2010, de 5 de marzo.
Cfr. Rodríguez Lainz, J.L., Juzgados de violencia sobre la mujer y Juzgado de Guardia, op. cit., págs.
331- 337.
53
ejerció la acusación particular solicitando la imposición de graves penas contra
él, así como, pese a la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal, interpuso
recurso de apelación contra ésta al haber sido desestimadas sus más graves
pretensiones calificatorias y punitivas». Concluye la sentencia señalando que «si
su dilema moral le hubiera imposibilitado perjudicar con sus acciones a su marido
no habría desplegado contra él la concluyente actividad procesal reveladora de
una, al menos, implícita renuncia a la dispensa que le confería el art. 416
LECrim»58.
En definitiva, y de conformidad con la doctrina jurisprudencial señalada, la
obligación de advertir de su derecho a no declarar debe llevarse a cabo tanto en
sede policial como judicial. Ello es así por cuanto, para poder ejercer la facultad
que le otorga la Ley Procesal, los parientes deben ser informados, con carácter
previo a prestar declaración, de la existencia de tal derecho que, por otro parte, no
tienen obligación de conocer, sin que su declaración en fases anteriores impida que
no pueda acogerse a la dispensa en momentos posteriores. Por tal razón, la
jurisprudencia determina que las declaraciones efectuadas sin que previamente
haya mediado la oportuna advertencia impuesta por el art. 416, han de ser
reputadas nulas. Siguiendo a Hurtado Yelo59, lo cierto es que, en el estado actual de
la legislación, que la víctima haya presentado denuncia contra un familiar, no
comporta una renuncia expresa al derecho previsto en el art. 416 LECrim por lo
que, nada impide que, al menos en la actualidad, en un momento posterior a la
denuncia, la víctima decida no declarar contra el imputado60. Lo dicho no obsta
para que, excepcionalmente, pueda otorgarse valor probatorio a aquellas
declaraciones en las que, si bien no ha mediado la advertencia previa por parte del
órgano jurisdiccional, la espontánea, reiterada y concluyente actuación procesal de
la víctima contra el acusado, sea reveladora de una, cuando menos, implícita
renuncia a la facultad prevista por el art. 416 LECrim.
VI. Reflexión final
Atendiendo al tenor literal del art. 416 LECrim, a la naturaleza y finalidad del
precepto y en virtud de la doctrina jurisprudencial expuesta, son varias las
conclusiones que se pueden extraer: a) El art. 416 de la LECrim tiene una relación
directa con el derecho constitucional consagrado en el art. 24. 2 CE, en virtud del
cual «la Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o secreto
58
Cfr. STC 94/2010 de 15 de noviembre.
Cfr., Hurtado Yelo, J. J., « ¿Se debe suprimir el art.416 LECrim en los delitos de violencia de
género?», en La Ley Penal, op. cit., pág. 5.
60
Continúa señalando el citado autor que «si se permite que cualquier persona no se ratifique en su
denuncia en el juicio o en la instrucción, no se entiende por qué no se permite que la víctima decida
no declarar contra el imputado, aunque previamente lo haya denunciado». Cfr., Hurtado Yelo, J. J., «
¿Se debe suprimir el art.416 LECrim en los delitos de violencia de género?», en La Ley Penal, op.
cit., pág. 5.
59
54
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente
delictivos»; b) El fundamento de la dispensa reside en evitar la colisión entre el
deber de colaborar con la Justicia y los vínculos de familiaridad y solidaridad que
une a los parientes con el imputado/acusado; c) La dispensa del deber de declarar
se extiende a aquellas personas que en el momento de prestar declaración
mantienen el vínculo afectivo al que se refiere el precepto, salvo que el testimonio
pueda comprometer la intimidad familiar existente al tiempo de los hechos, en
cuyo caso la presunta víctima estará facultada para acogerse a la dispensa; d) El
derecho reconocido en el art. 416 carece de limitación alguna por razón de la
naturaleza del delito o de la posición procesal que ocupe el testigo dentro del
proceso, por lo que alcanza, sin lugar a dudas, a las víctimas de violencia de
género, incluso en aquellos supuestos en los que, al propio tiempo, sean
denunciantes de los mismos; e) el pariente debe ser advertido, con carácter previo a
prestar declaración, tanto en sede policial como judicial (instrucción y plenario), de
que está eximido de denunciar o declarar; f) La ausencia de advertencia a la
víctima de su derecho a no declarar conlleva la nulidad de la declaración que haya
realizado. Así, en tales casos el Tribunal debe verificar si con la prueba subsistente
existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia.
Dicho lo cual, y sin perjuicio de que el tenor actual del art. 416 LECrim no
establezca excepción alguna en cuanto al ámbito de aplicación de la dispensa,
considero que la reforma del precepto resulta obligada, en tanto no existe duda de
que cuando se introdujo en la Ley Procesal la previsión del art. 416 LECrim, no
estaba pensada para supuestos en los que el pariente fuera al propio tiempo
denunciante del delito. Por tal razón, entiendo que la propuesta formulada en el
reciente Borrador del Código Procesal Penal que excluye de la dispensa a los
parientes que hubieran formulado denuncia, tiene un mejor encaje en los
fundamentos que justifican su existencia.
Bibliografía
DE LA FUENTE HONRUBIA, F., «La dispensa del deber de declarar por concurrencia de
vínculos personales con el procesado. Perspectiva jurisprudencial actual», en La Ley
Penal, núm. 68, Sección Informe de Jurisprudencia, febrero de 2010, págs. 1-11.
www.laleydigital.es
CASTILLEJO MANZANARES, R., «Problemas que plantea la actual aplicación de la ley
integral», en Castillejo Manzanares, R. (Dir.) y Catalina Benavente, M.A. (Coord.),
Violencia de género, Justicia Restaurativa y Mediación, Ed. La Ley, Madrid, 2011.
FUENTES SORIANO, O., El enjuiciamiento de la violencia de género, Iustel, Breviarios
Jurídicos, Madrid, 2006.
GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F., «El silencio procesal de las víctimas: ¿caballo de
Troya para futuros maltratos?» en, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 769/2009, págs. 1-8.
HERRERO YUSTE, M., «Violencia de género y art. 416 de la LECrim», en La Ley Penal,
núm. 24, Sección Informe de Jurisprudencia, febrero 2006, pág.1-7. www.laleydigital.es
55
HURTADO YELO, J. J., « ¿Se debe suprimir el art.416 LECrim en los delitos de violencia
de género?», en La Ley Penal, Núm. 76, Sección Legislación aplicada a la práctica,
noviembre 2010, págs. 1-9. www.laleydigital.es.
LAVÍN PELAYO, M, « ¿Es necesaria un reforma del artículo 416 LECr para luchar contra la
violencia de género? » en, De Hoyos Sancho, M., (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la
violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex Nova,
Valladolid, 2009.
LUACES GUTIERREZ, A.I., «La exención del deber de declarar de las víctimas de violencia
de género», en Práctica de Tribunales, núm. 101, Sección Estudios, Marzo-Abril 2013,
págs. 46-57.
MAGRO SERVET, V., «Consecuencias de la no advertencia del derecho a no declarar y
denunciar (arts. 261 y 416 LECrim) (Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10
de mayo de 2007)» en, La Ley Penal, nº 57, Sección Práctica Penal, Febrero 2009,
págs. 109 y ss.
MAGRO SERVET, V., «La imposibilidad de conceder a las víctimas de violencia de género
la dispensa de declarar contra su agresor (artículo 416 LECrim) ¿es necesaria una
reforma legal?», en Diario La Ley, núm. 6333, Sección Doctrina, 5 de octubre de 2005,
Ref. D-223, págs. 1-14. www.laleydigital.es.
MIRANDA ESTRAMPES, M., «Particularidades de la prueba en los delitos de violencia de
género», en De Hoyos Sancho, M., (Dir.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de
género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex Nova, Valladolid, 2009.
PÉREZ TORTOSA, F., La prueba testifical de la víctima en los delitos de violencia de
género en, Práctica de Tribunales, Núm. 100, Sección Estudios, Enero-Febrero 2013,
págs.1-12. www.laleydigital.es.
PIÑEIRO ZABALA, I., «La víctima de violencia de género y la dispensa del artículo 416 de
la LECrim» en, Revista jurídica de Castilla y león, núm. 24. Mayo 2011, págs. 91-116.
RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., Juzgados de violencia sobre la mujer y Juzgado de Guardia,
Bosch, Barcelona, 2006.
RUBY SIBONY, SERRANO OCHOA, M.A. y REINA TORANZO, O., «La prueba y la
dispensa del deber de declarar por la testigo-víctima en los procesos de violencia de
género» en, La Toga, núm. 182, abril-julio 2011, pág. 13
SERRANO HOYO, G., «Sobre las posibles conductas procesales de la mujer víctima de
delitos de violencia de género» en, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXVIII, 2010
VILLAMARÍN LÓPEZ, M.L., «El derecho de los testigos parientes a no declarar en el
proceso penal» en, InDret. Revista para el análisis del derecho, núm. 4/2012, Barcelona,
octubre de 2012, págs. 1-39.
56
LÉSION DANS LE RÈGLEMENT
DU NOUVEAU CODE CIVIL
Chargé de cours Adrian łUTUIANU
Faculté de Droit et Sciences Sociales et Politiques
Université Valahia de Târgovişte
Abstract: Why not agree upon a contract based on imbalanced services: because the party
benefiting from an excessive service unlawfully exploited the precarious situation of the other
party as a result of whom came to accept an unfair contract, or because contractual equilibrium
must be an essential characteristic of each and every contract with clearly established services?
Which of the two reasons mentioned above is more important in terms of current contractual
discipline? These are two questions which, irrespective of the answers, will involve an important
matter of choice, in relation to which it will be possible to correctly assess the solutions proposed
by the new Romanian Civil Code, as well as by the main drafts on European codification of
contract law. The present study upholds the idea of imbalanced services only if it constitutes
rather a repair for a contractual problem, if it is oriented towards the legitimate interests of the
most vulnerable party of that contract and less interested in punishing the guilty conduct of the
person who has benefited from an excessive service. As a consequence, we support the
objective perspective in what imbalanced services are concerned, a reason for which we will
be making a few comments on some of the new legal provisions, by referring to the main
drafts on the European codification of contract law, and stating later on a few de lege
ferenda proposals, in terms of contracts based on imbalanced services
Keywords: imbalanced services, contractual equilibrium, disproportioned contractual
services, rescission of the contract based on imbalanced services, adapting the contract
based on imbalanced services.
1. Notion
La lésion dans les contrats a représenté depuis toujours un sujet des
préoccupations doctrinaires et jurisprudentielles. Conformément à une définition de
référence avancée par un de plus représentatifs auteurs roumains de droit civil, elle est
« le préjudice subi ou en train d’être subi par un contractant en raison d’un déséquilibre
entre ses prestations et celles de son partenaire contractuel lors de la conclusion d’un
contrat synallagmatique, à titre onéreux et commutatif”1. Par conséquent:
- la lésion n’est pas conditionnée par l’apparition effective du préjudice; elle est
aussi présente quand celui-ci, sans s’être effectivement produit, est prévisible. En
conséquence, ce qui est intéressant dans le cas de la lésion n’est pas l’apparition
effective du préjudice, mais justement le consentement des prestations
disproportionnées, le préjudice se produisant seulement quand le contrat sera exécuté,
ce qui ne signifie pas qu’il ne pourrait pas être frappé par nullité à cause de cette raison;
1
L. Pop, Traité de droit civil. Les obligations. Volume II. Maison d’édition Universul Juridic, Bucarest, 2009, p. 310
57
- toute disproportion de valeur entre les prestations des parties ne peut pas
constituer cas de lésion. Le même auteur mentionne qu’elle doit être « significative »2.
Comme la caractéristique tient de l’essence de la lésion, on devrait la mentionner dans
la définition de celle-ci, tout comme, la plupart des auteurs roumains le font d’ailleurs.
Conformément à ces auteurs, la lésion est le préjudice créé par « une disproportion
évidente entre deux prestations »3, différente des autres disproportions tolérées par le
droit civil, disproportions sur lesquelles on ne pourrait pas dire qu’elles mettent en
question la moralité du contrat. Jusqu'à un certain point, chacune des parties est
intéressée à obtenir le plus possible de son partenaire, de sorte que, dans la
confrontation entre offre et acceptation, les prestations ne soient pas égales. Le droit
intervient seulement dans le cas où la différence valorique entre les prestations est
stridente, en imposant l’intervention du juge, soit pour annuler le contrat soit pour
l’adapter en augmentant la prestation prouvée sous-évaluée. Si on se rapportait
seulement à l’autonomie de la volonté, tout comme elle a été conçue par les
codificateurs français, cela signifierait considérer qu’il n’y a pas de prix plus juste que
celui convenu entre les parties souveraines, conformément au principe libéral de
Fouillée qui disait „qui dit contractuel, dit juste”. Les parties sont libres à quantifier
leurs prestations, mais pas à compromettre le contrat par un déséquilibre manifeste de
manière à mettre en cause une morale minimale. La justice contractuelle est celle qui
requiert une proportion juste entre les prestations convenues entre les parties et, si notre
nouveau Code Civil prévoit à l’art 1221 la condition que la prestation stipulée lors de la
conclusion du contrat ait « une valeur considérablement plus haute », on considère
alors qu’elle doit être mentionnée dans toute définition doctrinale de la lésion.
Selon l’art. 1221 aliénât 1 nouveau Code Civile roumain (NCC) „il s’agit de
lésion chaque fois qu’une des parties, en profitant de l’état de nécessité, du manque
d’expérience ou de connaissances de l’autre partie, stipule en sa faveur ou en
faveur d’une autre personne, lors de la conclusion du contrat, une prestation d’une
valeur considérablement plus grande que la valeur de sa propre prestation”.
2. Évolution de la conception sur lésion dans le temps
Si en principe le droit roman formaliste n’acceptait pas la lésion, il l’a quand
même introduite plus tard, sous l’influence de l’église, dans certains contrats
conclus entre majeurs, de sorte que, pendant Dioclétien, le vendeur ne pouvait pas
2
3
Idem, p. 317
Gh. Beleiu, Droit civil roumain. Introduction au droit civil. Sujets du droit civil. IX-eme d’édition, révisée
et supplémentée par M. Nicolae, P. Truşcă, Maison d’ d’édition Universul Juridic, Bucarest, 2007, ă.
160, E. Lupan, I. Sabău-Pop, Traité de droit civil roumain. Vol. I. Partie Générale, Maison d’ d’édition
C.H.Beck, Bucarest, 2006, p. 208. Similaire, I. Dogaru, S. Cercel, Droit civil. Partie Générale, Maison
d’ d’édition C.H. Beck, Bucarest, 2007, p. 127, I. Dogaru, N. Popa, D.C.Dănişor, S. Cercel, Les Bases
du droit civil. Vol. I. Théorie Générale. Maison d’édition C.H. Beck, Bucarest, p. 456G. Boroi, Droit
civil. Partie Générale. Les personnes. Maison d’édition Hamangiu, Bucarest, 2008, p. 229
58
demander la rescision pour des lésions qui représentaient plus de la moitié de la
valeur du bien vendu.
La lésion allait être consacrée à la suite de la moralisation du contrat de la
pensée des canonistes du Moyen Age dans la conception desquels toutes les
prestations doivent avoir un prix juste, étant désavouées alors toutes opérations
juridiques mercantiles apportant du profit considérable à une partie en défaveur de
l’autre. Une telle vision sur le contrat allait bientôt être obstruée par l’affirmation
d’une nouvelle priorité, celle de la sécurité du commerce impératif qui protège le
contrat contre l’arbitrage du juge sous prétexte de lésion.
C’est de cette manière qu’on explique l’option du Code Napoléon, qui, dans
cette confrontation entre les deux impératives juridiques en collision, a été de
refuser, en principe, la lésion dans des contrats, mais de l’admettre justement
comme exception. Cette solution se retrouve dans la disposition de l’art. 1118 de ce
code d’après lequel « la lésion ne vicie pas les contrats, sinon concernant quelques
contrats et quelques personnes...”4.
C’est intéressant d’observer que les rédacteurs du Code Civil roumain, qui se
sont montrés plus préoccupés de la sécurité des transactions et moins de la justice
commerciale, n’ont pas repris cette disposition, en optant pour exclure la lésion
dans les rapports entre les majeurs, comme explicitement indiqué par la disposition
de l’art. 1165 Code civile selon laquelle « le majeur ne peut pas exercer l’action en
rescision pour lésion”5. La seule exception admise a été celle de l’art. 694 Code
Civil regardant l’acception de la succession dans l’hypothèse où « la succession
serait absorbée ou réduite par plus de la moitié, après la découverte d’un testament
ignoré au moment de l’acception”.
Dans la première variante publiée du Projet du nouveau Code Civil, l’énonciation
de l’art. 938 aliénât (1) était négative, conformément à laquelle « excepté les cas
expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement que par rapport aux
mineurs et aux personnes sous sauvegarde de justice ». L’intention déclarée de ce texte
4
5
Au début, par “certaines personnes”, le Code Civil français prenait en considération les mineurs non
émancipés et par « certains contrats » le code visait le partage partiel, au cas où le co-partageur
recevait un lot inférieur au quota de ¾ de la valeur de son droit et la vente immobilière, au cas où le
vendeur recevait moins de 7/12 de la valeur de l’immeuble. Par des lois promulguées plus tard, parmi
les personnes pouvant invoquer la lésion ont été inclus les mineurs non émancipés, pour tout sorte de
convention, comme suite de la modification de l’art. 1305 Code civil français par la Loi du 14
décembre 1964 ainsi que les majeurs sous sauvegarde de justice (art. 491-2 Code civil français,
comme suite de la Loi du 3 janvier1968).
Scrupuleux en termes de principes, mais moins envers les textes, les rédacteurs de notre Code civil
se sont limités à éliminer la disposition de l’art 1118 Code civil, mais ont repris tale quale, celle de
l’art. 891 Code civil français au cadre de l’art 792 Code civil roumain, conformément à laquelle “celui
contre lequel la requête de rescision a été formulée peut interdire l’annulation du partage, en donnant
au demandeur le supplément de son quota héréditaire en espèces ou nature”. Or, cette norme est
inapplicable tant que, dans notre droit, les partages peuvent être annulés seulement pour dol et
violence, selon l’art. 790 Code civil, et non pour lésion. Pour détails, voir D. Alexandresco, Explication
théorétique du droit civil roumain en comparaison avec les lois anciennes et les législations
étrangères principales, 5-ème tome, Iaşi, Topographie Nationale, 1898, p. 93
59
a été de mettre en évidence le caractère restrictif de la lésion qui allait s’appliquer
seulement au cas des mineurs et des personnes sous interdiction.
Le mouvement international sur la protection des consommateurs des dernières
décennies a été celle à déterminer les changements spectaculaires dans la hiérarchie des
deux principes fondamentaux applicables aux contrats, celle qui a légitimé de plus en
plus l’intervention du juge dans l’espace de volonté des parties considérée intangible
jusqu'à ce moment-là. La théorie des clauses abusives a permis de plus en plus la
censure de la volonté discrétionnaire des parties au nom de la justice contractuelle, en
imposant de plus en plus énergétiquement la sanction des contrats conclus comme
résultat de la position dominante d’une partie lors l’expression de l’accord de volonté.
Le vide laissé par le refus de la lésion, vue, par tradition, d’une manière restrictive, a
déterminé l’assimilation de la violence économique à la violence classique comme vice
de consentement, représentant l’exploitation de l’état de dépendance de l’un des
contractants qui est ainsi persuadé de conclure un contrat désavantageux, moyen
juridique capable d’assurer la liberté de volonté de la partie moins forte du contrat, en
donnant ainsi au juge la possibilité de sanctionner le pouvoir économique dominant. Ce
procès d’assimilation de la volonté économique a influencé la doctrine française qui,
même depuis 1987, définit le vice de la violence économique comme « exploitation
abusive par un contractant dominant, qui est dans un état de supériorité intellectuelle
pendant la négociation caractérisée par des pressions matérielles et psychologiques
affectant le consentement en matière de liberté assez fortement pour justifier
l’annulation du contrat déséquilibré résultant, générateur des avantages injustes en
faveur du contractant dominant”6. C’est bien la raison pour laquelle on a affirmé que la
violence économique est « le cheval de Troie » par l’intermédiaire duquel les concepts
juridiques anglais sont introduits dans le droit français7. Cette assimilation allait
pourtant être acceptée8 et saluée à la manière typique des Français, en dépit des
adversités séculaires.
Concomitamment, sur le plan européen, la lésion dans des contrats devient un
sujet de plus en plus discuté par rapport à la préoccupation de sanctionner les contrats
conclus comme résultat de la position dominante d’une partie contractante envers
l’autre, étant emménagée comme une technique d’assurance de la justice contractuelle.
La doctrine de droit civil se réfère à la lésion dans le cadre d’une condition distincte
du contrat, l’exigence d’un prix contractuel juste9 ou, plus récemment, dans le cadre du
contenu du contrat, vue comme une « exigence de la justice sociale »10.
6
J.Rovinski, Le vice contractuel de violence dans le droit moderne des contrats, thèse, Aix, 1987, no.
133, p.225 et n° 180, p.387.
P. Kinder-Gest, La réception de la violence économique en droit comparé,
http://www.freewebs.com/mja/paris2/MEMOIRES%202008/Violence%20.pdf
8
P. Kinder-Gest, La réception de la violence économique en droit comparé,
http://www.freewebs.com/mja/paris2/MEMOIRES%202008/Violence%20.pdf
9
B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil. Les obligations. 2. Contrat, sixième édition, Litec, 1998, p.322
10
Ph. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 2009, p. 207
7
60
3. Caractérisation de la lésion encadrée par le nouveau code civil
À l’intersection des deux principes majeurs de la même importance pour le
droit civil, la justice contractuelle et la sécurité juridique des transactions, la lésion
a été conçue de sorte qu’elle assure l’équilibre entre les deux, lui étant imprimé les
suivantes caractéristiques définitoires:
- la lésion suppose un déséquilibre originaire des prestations. À l’opposé de
l’imprévoyance où le déséquilibre contractuel survient pendant l’exécution du
contrat, la lésion présume que la différence de valeur entre les prestations ait existé
lors de la conclusion du contrat. Cela explique pourquoi le professeur Liviu Pop,
comme on a déjà indiqué, introduit dans le cadre de la définition l’idée du
préjudice en train de se produire. Un argument est constitué par les solutions de la
jurisprudence française en matière de lésion dans les contrats conclus sous
condition suspensive, conformément auxquels la disproportion de valeur est
appréciée lors de la conclusion du contrat et non lors de l’accomplissement de la
condition11. Contrairement, au cas de la promesse unilatérale de vente, on a décidé
que la lésion se rapporte au moment de son acception par le créditeur, lors de la
conclusion du contrat de vente, et non au moment de la promesse, solution qui a été
ultérieurement consacrée par la Loi no. 49-1509 du 28 novembre 1949 par laquelle
on a introduit un nouveau aliénât à l’art. 1675 Code Civil français, conformément
auquel « au cas de la promesse unilatérale de vente, on apprécie la lésion au
moment de son accomplissement”;
- la lésion a un caractère exceptionnel. Même si, conformément aux nouveaux
règlements, la lésion est aussi admissible entre les majeurs, elle reste quand même
une sanction exceptionnelle parce que, d’un côté, elle annule seulement le contrat
dans lequel la disproportion de valeur dépasse la moitié de la valeur existante lors
de la conclusion du contrat, comme prévoit l’art 1222 aliénât 2 nouveau Code
Civil, et, de l’autre côté, elle affecte seulement le contrat qui ne peut pas être
maintenu si actualisé par le tribunal, opération possible à condition que la partie
favorisée, qui a reçu une prestation excessive, accepte l’adaptation du contrat par
ce que le nouveau Code appelle « une réduction de sa propre créance ou, le cas le
cas échéant, une augmentation de sa propre obligation”.
Le caractère exceptionnel de la lésion résulte encore du fait que,
conformément à l’art. 1224 nouveau Code Civil, ne peuvent pas être affectés pour
lésion les contrats aléatoires, au cas desquels la différence entre prestations fait
partie de leur nature, les parties acceptant soit perdre, soit gagner, puisque la
situation de infériorité n’est pas créée par la volonté des parties, mais seulement par
11
Cass. 1-ère civ., 27 mai 1964, D. 1964.623, JCP 1964, apud Fr. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit
civil. Les obligations, Dalloz, 1999, p. 293
61
le hasard (alea)12, celui qui peut favoriser ou, le cas échéant, défavoriser une partie
ou une autre. Le Nouveau Code Civil reprend aussi une autre exception
traditionnelle de la sanction de la lésion, celle concernant la transaction, solution
qu’on considère discutable, dans le nouveau contexte normatif (v. infra, nr. 6.4).
Comme nous avons déjà observé, le nouveau Code Civil, influencé par les
projets européens de codification du droit des contrats, ouvre la voie à l’adaptation
ou l’annulation et aussi pour les contrats conclus entre les majeurs, en imposant la
condition que la lésion soit plus grande que la moitié de la valeur de la prestation
promise ou exécutée par la partie préjudiciée lors de leur conclusion. À la
différence de celui-ci, le nouveau règlement impose que la disproportion entre les
prestations soit la suite du vice de consentement de la partie défavorisée, celle qui a
conclu le contrat étant dans un état de besoin, ou comme résultat du manque
d’expérience, de connaissances de l’autre partie. Cette dernière condition n’est pas
requise pour les contrats conclus entre les mineurs, l’art. 1221 aliénât 3 du
Nouveau Code Civil se résumant à exiger que les mineurs auront assumé une
obligation excessive par rapport à leur état patrimonial. Selon l’art. 1221 aliénât 2
Nouveau Code Civil, l’existence de la lésion s’apprécie aussi en fonction de la
nature et le but du contrat. Seulement les contrats à titre onéreux, commutatifs et
synallagmatiques peuvent être soumis à la lésion;
- le caractère objectif de la lésion. Même si le nouveau Code Civil adopte la
conception objective et qualifie la lésion comme vice de consentement, avant de
l’examiner d’une perspective subjective, elle a un caractère objectif, concrétisé
dans une disproportion évidente de valeur des prestations, existante lors de la
conclusion des contacts, dans un quantum qui dépasse la moitié de la valeur de la
prestation promise ou exécutée par la partie préjudiciée, conformément à l’art.
1222 aliénât 2 du Nouveau Code Civil;
- détermination abstraite de la lésion. À l’exception de la lésion invoquée par
les mineurs, admissible chaque fois que ceux-ci s’assument une obligation
excessive par rapport à leur état patrimonial, aux avantages obtenus à la suite de la
conclusion du contrat et à l’ensemble des circonstances de la conclusion du contrat,
dans les rapports entre les mineurs, comme déjà indiquée, la lésion peut être
invoquée seulement quand la différence entre les prestations est plus grande que la
moitié de la prestation promise ou exécutée par la partie lésée. Par conséquent, le
Nouveau Code Civil détermine mathématiquement la proportion qui peut
provoquer l’action en annulation du contrat lésionnaire.
Une telle quantification peut être aussi retrouvée dans le Code Civil italien et
le Code Suisse des Obligations, tandis que la majorité des projets européens de
codification du droit des contrats évite une telle détermination procentuelle de la
lésion, préférant les expressions comme « avantage excessif » (PU), „profit
12
Selon la doctrine française, “l’aléa chasse la lésion” (Fr. Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette, œuvres
citées, p. 283, Ph. Malaurie, L. Aynès P. Yv. Gautier, Droit civil. Les Contrats spéciaux, traduction par
D. Dănişor, Maison d’édition Wolter Kluver, 2007, p. 150
62
excessif ou avantage déloyal” (PECL), « prestation ou autres avantages
patrimoniaux visiblement disproportionnés » (Code Européen des Contrats)
„disproportion significative”, Code civil de Québec (CCQ).
4. Lésion en droit comparé
Les principes Unidroit applicables aux contrats commerciaux internationaux
incluent la lésion parmi les vices de consentement dans l’art. 3.10, en ouvrant la
voie à l’annulation du contrat ou de la clause dont une des parties contractante
profite, d’une manière déloyale, et obtient ainsi un avantage excessif de l’autre
partie. On prend en considération que la partie favorisée a profité de la dépendance
de l’autre partie, du désavantage économique ou des besoins urgents de l’autre
partie, ou du fait que celle-ci est imprévoyante, ignorante, n’a pas d’expérience ou
de capacités de négociation. On considère encore la nature et le but du contrat.
L’aliénât 2 de ce texte stipule que l’instance peut adapter le contrat en le
mettant an harmonie avec les standards raisonnables de la négociation correcte en
matière commerciale, et l’aliénât 3 prévoit la possibilité de l’adaptation du contrat
à la demande de la partie qui a été notifiée sur l’annulation du contrat.
Sans se référer expressément à la lésion, les Principes du droit européen des
contrats sanctionne « le profit excessif ou l’avantage déloyal » comme cause
d’annulation du contrat, ainsi que l’erreur, le dol, la contrainte, les clauses abusives.
D’après l’art. 4:109 aliénât 1 « une partie peut provoquer la nullité du contrat si, lors de
sa conclusion, se trouvait dans un état de dépendance envers l’autre partie ou dans une
relation de confiance avec celle-ci, dans un état de difficulté économique ou ayant des
besoins urgents, a été imprévoyante, ignorante, inexpérimentée ou incapable de
négocier, en tant que l’autre partie connaissait ou devait connaitre que, ceci étant les
circonstances et le but du contrat, elle a été avantagée par la situation de la première
partie et que, déloyalement, elle a obtenu un profit excessif ». Ce règlement évite le
terme « lésion », en se référant seulement, par le texte de la norme, à la « partie lésée »,
celle qui peut solliciter l’adaptation du contrat, en l’harmonisant avec ce que les parties
auront pu convenu conformément aux exigences de bonne foi. À l’aliénât 3 c’est prévu
que l’adaptation du contrat peut être faite aussi à la requête de celui qui a reçu la
notification de l’annulation.
Selon la manière dont ils ont été rédigés, les textes de l’art. 4:109 du PECL
évoquent l’état de nécessité plutôt que la lésion, tout comme une autre cause
d’annulation, celle prévue à l’art. 4:110, qui, même si elle se réfère au déséquilibre
significatif entre les droits des parties résultant du contrat, constitue une cause
d’annulation distincte intitulée « les clauses abusives qui n’ont pas fait l’objet
d’une négociation individuelle”.
Le code européen des contrats, projet avancé par les avocats privés de Pavia, guidés
par le professeur Gandolfi, évite de classifier comme lésion la cause d’annulation du
contrat prévue dans l’art. 30 de ce projet, norme qui se réfère au contenu du contrat qui
63
doit être licite et non-abusif, en disposant qu’ «est rescindable tout contrat par lequel une
partie, en abusant de la situation de danger, de nécessite, de l’incapacité de comprendre et
de vouloir, du manque d’expérience, de la contrainte économique ou morale de l’autre
partie, a promis ou fourni, une prestation ou autres avantages patrimoniaux
visiblement disproportionnés par rapport à la contreprestation fournie ou promise ».
Le code civil de Quebec, influencé par la protection juridique des
consommateurs, prévoit à l’art. 1406 que « la lésion résulte de l’exploitation d’une
partie par l’autre, qui entraîne une disproportion signifiante entre les prestations des
parties; le fait même de la disproportion signifiante implique la présomption de
l’exploitation ».Même si le règlement catégorise la lésion comme vice de
consentement, le fait de présumer l’exploitation l’approche de la conception
objective sur la lésion. L’aliénât 2 de ce texte normatif prévoit qu’ « elle peut aussi
résulter, lorsqu'un mineur ou un majeur protégé est en cause, d'une obligation
estimée excessive à l’égard de la situation patrimoniale de la personne, aux
avantages qu'elle retire du contrat et à l'ensemble des circonstances ».
Le code civil italien réglemente différemment les causes de l’annulation du
contrat pour vices de consentement qui incluent l’erreur, le dol, la violence (art. 14271440) et les causes de rescision du contrat pour l’état de danger (art. 1447) se
composant d’un danger actuel ou un dommage personnel grave, ce qui évoque l’état de
nécessite et la lésion (art. 1448) qui concerne le cas où entre les prestations des parties
il y a une disproportion créée par l’état de besoin d’une partie dont l’autre partie a
bénéficié et en a obtenu des avantages. Le texte de l’aliénât suivant prévoit que
l’ « action n’est pas admissible si la lésion ne dépasse pas la moitié de la valeur de la
prestation effectuée ou promise par la partie lésée lors de la conclusion du contrat ».
Un autre repère normatif européen important est l’Avant-projet de reforme du
droit des obligations et de la prescription. Préoccupés par la conservation du code
de Napoléon, mais toutefois sensibles aux solutions modernes imposées par la
protection des consommateurs, les rédacteurs des nouvelles propositions, même
s’ils maintiennent l’énonciation restrictive de l’art. 1118 Code civil français, par
lequel on ouvre la voie à la rescision du contrat pour lésion seulement aux mineurs
non-émancipés et aux majeurs protégés en conformité avec les cas prévus par la
loi, l’incluent dans le cadre des capacités des parties, sans le classifier comme vice
de consentement. Mais, en définissant la violence comme vice de consentement, il
dispose à l’art. 1114-3 qu’ « on peut aussi parler de violence au cas où une partie,
en état de nécessite et de dépendance, fait un engagement, et l’autre partie exploite
une telle situation de faiblesse en obtenant par convention un avantage excessif
manifeste ». Même si la doctrine française qui évalue la jurisprudence en matière
de violence économique s’est prononcée en faveur de la violence classique comme
vice de consentement et non en faveur de la lésion13, cette cause d’annulation n’est
pratiquement qu’une lésion sous forme de violence14.
13
14
Chazal, La contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, RTD civ 2000, p. 827
P. Kinder-Gest, loc. cit, p. 71
64
5. Finalité de la lésion dans les contrats
Quand on analyse la finalité de la lésion, on doit répondre à la question
concernant la raison pour laquelle un contrat dont les parties se sont assumées les
prestations évidemment disproportionnées doit être sanctionné juridiquement, par
rapport duquel, par une opération subséquente, on devra qualifier la sanction à
appliquer. Si la réponse à la première question est à notre portée, en mettant le
contrat en relation avec l’équité, quand on pose le problème de la qualification de la
sanction, les choses sont plus compliquées. En fait, quelle devrait être la finalité
essentielle de la lésion: sanctionner l’attitude de la partie contractante favorisée qui
tire profit de l’état de nécessite de l’autre partie, du manque d’information du dernier,
de son ignorance etc. ou purement et simplement remédier la situation injuste dans
laquelle se trouve la partie défavorisée par le rééquilibre des prestations?
Conformément à l’art. 1206 aliénât 2 du Nouveau Code civil, la lésion est
incluse parmi les vices de consentement, étant perçue de la perspective de la partie
qui tire profit de l’état de besoin, du manque d’expérience ou de connaissances de
l’autre partie. Cette option du Code est influencée par la tendance des projets de
codification du droit des contrats d’admettre la lésion, soit comme cause d’annulation
des conventions qui ont apporté un profit excessif à une partie, soit de permettre au
juge d’adapter telles conventions, en rétablissant l’équilibre contractuel.
La doctrine roumaine majoritaire de droit civil, penchée plus vers la finalité
sanction de la lésion et moins vers finalité remède, est encore le partisan de la
conception subjective sur la lésion, en la voyant comme vice de consentement15,
orientation qui diffère de la conception objective selon laquelle produire un
préjudice au con-contractant est suffisant16.
Il y a eu aussi des auteurs qui se sont prononcés contre la qualification de la
lésion comme vice de consentement. Dans le premier traité de droit civil après
guerre, l’un des illustres auteurs de cette œuvre collective supervisée par le
professeur Traian Ionaşcu, considère que, selon le règlement de l’art 25, aliénât 1
du Décrète no. 32 du 31 janvier 1954, « la lésion ne constitue pas une cause de
dissolution du contrat, mais une condition de l’annulation du contrat pour
incapacité »17. Dans une autre opinion, opposée à la qualification de la lésion
comme vice de consentement, on considère qu’elle est « une cause distincte de
15
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Traité de droit civil roumain, vol. II, Maison d’édition All,
Bucarest, 1997, p. 506, Gh. Beleiu, Droit civil roumain. Introduction au droit civil. Les sujets du droit civil,
Maison d’édition Universul Juridic, IX-ème édition, révisée et supplémentée par M. Nicolae et P. Truşcă,
Bucarest, 2007, p. 160, G. Boroi, Droit civil. Partie générale. Les personnes. III-ème édition, révisée et
supplémentée, Maison d’édition Hamangiu, Bucarest, 2008, p. 229, O. Ungureanu, Droit civil. Introduction.
8-ème édition, Maison d’édition C.H. Beck, Bucarest, 2007, p. 185, M. Mureşan, Dictionnaire de droit civil,
Maison d’édition ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucarest, 1980, p. 313, A. Cojocaru, Droit civil. Partie générale,
Maison d’édition Lumina Lex, 2000, p. 207
16
L. Pop, Traité de droit civil…. Œuvres citées p. 311
17
I. Rucăreanu, Les vices de consentement, dans Traité de droit civil. Partie Générale, vol. I, Maison
d’édition de Academiei, Bucarest, 1967, pp. 182-187
65
dissolution du contrat, qui est basée sur le non-respect de la règle de l’équivalence
des contreprestations, qui doit caractériser un contrat commutatif, synallagmatique
et onéreux »18, idée développée dans le cadre de l’étude dédiée à la lésion dont
l’auteur affirme qu’ « il est recommandable que la lésion soit encadrée en étroite
relation avec l’équilibre contractuel, comme une condition que l’objet de tout
contrat onéreux et commutatif doit accomplir »19.
Tout en partageant cette dernière qualification, nous aussi nous considérons
que la lésion doit être traitée dans le cadre du contenu du contrat20 et qu’elle est
plutôt un vice du contrat et non un vice de consentement. Nous ne pouvons pas
quand même être d’accord avec une autre affirmation du respectable auteur
mentionné ci-dessus, conformément auquel «la lésion est une cause spéciale de
dissolution du contrat et pas du tout un vice de consentement »21. En réalité, la
lésion ainsi que les vices de consentement constituent des causes de dissolution du
contrat mais pour des raisons différentes, de sorte qu’elles ne s’excluent pas
réciproquement, comme on pourrait être tentés de croire. S’il y a un rapport de
contrariété, il s’établit entre la lésion et l’annulation du contrat pour des vices de
consentement. En effet, comme le même auteur le remarque, l’annulation du
contrat a comme conséquence la remise des parties in statu quo ante, solution qui,
dans la plupart des cas ne satisfait pas les intérêts de la victime qui est plus
intéressée à réviser le contrat et rééquilibrer les prestations qu’à le dissoudre. Cette
solution est d’ailleurs avancée par l’art. 4:109 point 2 des Principes du droit
européen des contrats, conformément auquel, à la requête de la partie lésée,
l’instance peut adapter le contrat afin de le mettre en harmonie avec ce que les
parties auront du convenir en conformité avec les exigences de bonne foi. On
retrouve aussi cette solution dans l’art 3. 10 aliénât 2 des Principes Unidroit.
Un indicateur de cette évolution de la lésion vers vice de contrat et non de
consentement est constitué par les solutions prononcées par la jurisprudence
française qui ont consacré la conception objective sur la lésion selon laquelle il
n’est pas nécessaire de prouver la viciation du consentement pour dissoudre le
contrat lésionnaire et inversement, la preuve de l’absence du vice de consentement
ne représente pas un obstacle pour dissoudre la contrat pour lésion, les instances
étant plus préoccupées de l’état d’esprit des parties qui ont conclu le contrat22.
L’option des instances n’a pas pu être bloquée par le fait que la lésion est traitée
par le Code civil français à l’art. 1118 dans la section regardant le consentement.
En analysant l’objet de la preuve en matière de lésion, des auteurs prestigieux de
18
P. Vasilescu, dans I. Reghini, Ş. Diaconescu, P. Vasilescu, Introduction au droit civil, Maison d’édition
ColecŃia Universitaria. Sphère juridique, Cluj-Napoca, 2008, p. 465
19
L. Pop, Equilibre contractuel et lésion dans contrats, Le Droit no. 11/2008, p.77- 98
20
Voir S. Neculaescu, Droit civil. Introduction au droit civil. Maison d’édition Hamangiu, Bucarest, 2008,
pp. 144-145
21
Ibidem
22
Fr. Terré Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 1999, pp. 292-293. Voir, H. et L.
Mazeaud, J. Mazeaud, Fr. Chabas, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie générale, tome II,
premier volume, Montchrestien, Paris, 1998, p. 205
66
droit civil considèrent qu’ « il n’est pas nécessaire de démontrer la viciation du
consentement par dol, erreur ou violence; il est suffisant d’établir le fait objectif de
la lésion, c’est-a-dire l’insuffisance de prix de vente, l’infériorité du lot lors du
partage, l’excès de la rémunération au cas de mandat etc.”23
La conception objective sur la lésion est aussi présente dans le nouveau aliénât
introduit à l’art. 1675 Code civile français par la Loi no. 49-1509 du 28 novembre
1949 selon lequel « au cas de la promesse unilatérale de vente, la lésion s’apprécie
au jour de son accomplissement ». C’est le cas où entre le moment de la promesse
unilatérale de vente et celui de l’acception par l’autre partie, la valeur de
l’immeuble augmente considérablement. En disposant que la lésion s’apprécie au
moment de la promesse, la loi s’éloigne de la conception subjective qui requerrait
la relation de la lésion à la date du consentement du vendeur, en consacrant la
conception objective, celle qui réclame que la lésion soit appréciée lors de la
conclusion du contrat par l’acceptation d’acheteur.
En se demandant quel sera l’avenir de la lésion, la doctrine française se
prononce en faveur de la conception objective24, en affirmant que la sanction la
plus appropriée est la révision du contrat qui assure la stabilité du contrat, solution
préférable à la dissolution rétroactive de la convention lésionnaire. C’est une
conception dictée par la nouvelle philosophie du contrat, vu comme un instrument
de réaliser l’équilibre entre prestations, en harmonie avec ce qu’on appelle de plus
en plus solidarisme contractuel25. Comme préfigurée, la lésion doit être plus un
remède et moins une sanction, étant dirigée vers le rééquilibre contractuel par
l’adaptation du contrat.
Si l’extension de la lésion aux contrats conclus entre majeurs corresponde au
besoin de protection contre un déséquilibre contractuel, la subordination de la lésion
à la condition subjective que la partie ait reçu une prestation considérablement plus
importante « en profitant de l’état de besoin, du manque d’expérience ou de
connaissances de l’autre partie », ne peut pas défendre efficacement les intérêts de la
victime, tant qu’elle sera tenue à prouver telles circonstances. D’autre côté, on
pourrait se demander ce qu’est plus important en termes de lésion: dissoudre le
contrat lésionnaire ou le remédier, en rétablissant l’équilibre contractuel? La réponse
est donnée par une règle d’interprétation du contrat selon laquelle potius valeat quam
ut pereat, celle qui nous réclame que tout contrat soit interprété dans le sens des
effets qu’il produit et non dans le sens de leur dissolution.
C’est justement pour cette raison que nous nous rallions sans réserve aux
auteurs qui encouragent la conception objective sur la lésion, en soutenant que le
simple déséquilibre évident entre les prestations des parties doit être considéré
23
B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil. Les obligations. 2. Contrat, sixième édition, Litec, 1998, p. 351
Ph. Malinvaud, œuvres citées, p. 212, B. Starck, H. Roland, L. Boyer, œuvres citées, p. 351, Fr.
Terré, Ph. Simler, Z. Lequette, œuvres citées, p. 297
25
Voir L. Pop, Essai de synthèse des principales théories sur la fondements du contrat, en se
concentrant sur l’autonomie de volonté et la théorie du solidarisme contractuel, Revue roumaine de
droit privé no. 5/2007, pp. 75-118
24
67
lésion à sanctionner26. Nous croyons que c’est bien le sens fondamental de
l’évolution du droit civil, de plus en plus intéressé à la situation de la victime qui
subit un préjudice injuste et moins intéressé à la sanction de la conduite qui a créé
une telle situation. Nous considérons que le conditionnement de la sanction à l’acte
lésionnaire d’identification et de démonstration de la culpabilité de la partie qui a
profité d’une situation visiblement injuste, en exploitant certaines circonstances, est
une solution injuste qui entre en collision avec les principes modernes de protection
des consommateurs, la matière qui a décisivement influencé l’évolution législative
européenne en matière de vices de consentement. Un contrat qui a visiblement
favorisé une partie en défaveur de l’autre est en soi-même immoral, en imposant la
sanction, sans la conditionner à l’activité nocive de l’autre partie. Cette fois, la
préoccupation de moralisation du contrat, dans la vision des règlements européens
du contrat lésionnaire, repris par notre nouveau Code civil, se dirige vers l’intérêt
de celui qui a tiré profit du contrat, en imposant à la victime de faire la preuve
qu’elle a été exploitée par l’autre partie, ce que nous ne considérons pas comme
signe de progrès dans cette matière.
6. Sanction de la lésion
Selon l’art. 1221 aliénât 1 Nouveau Code Civil « la partie dont le
consentement a été vicié par lésion peut réclamer, à sa discrétion, l’annulation du
contrat ou la réduction de ses obligations par la valeur des dommages-intérêts
auxquels elle aurait droit ». La condition présente dans l’aliénât (2) du même
article dit que la lésion doit dépasser « la moitié de la valeur lors de la conclusion
du contrat, la prestation promise ou exécutée par la partie lésée. La disproportion
doit subsister jusqu’à la date de la requête d’annulation ». À l’aliénât (3) on prévoit
que « dans tous les cas, l’instance peut maintenir le contrat pourvu que l’autre
partie offre d’une manière équitable une réduction de sa propre créance ou, le cas
échéant, une majoration de sa propre obligation. Les dispositions de l’art. 1213
concernant l’adaptation du contrat s’appliquent d’une manière appropriée ».
One peut observer que:
- d’une interprétation littérale des dispositions de ce texte résulterait que
seulement la partie dont le consentement a été vicié peut avoir l’initiative de
l’adaptation du contrat, ce qui n’est pas exact. Et on peut voir que ce n’est pas
exact en lisant le texte de l’aliénât 3 du même article conformément auquel « dans
tous les cas, l’instance peut maintenir le contrat pourvu que l’autre partie offre
d’une manière équitable une réduction de sa propre créance ou, le cas échéant, une
majoration de sa propre obligation », ce qui veut dire que les deux parties peuvent
proposer l’adaptation du contrat. Une disposition expresse peut être trouvée dans
26
Pour détails, voir S. Neculaescu, La lésion, vice de consentement ou déséquilibre contractuel? RDP
no. 3/2010, pp.
68
l’art. 1450 Code Civil italien selon laquelle « le contractant contre lequel la
rescision a été réclamée peut l’éviter en offrant une modification du contrat... »27.
Une disposition similaire existe dans l’art 4:109 aliénât 2 PECL: „d’une manière
similaire, à la requête de la partie qui a reçu une notification sur l’annulation pour
profit excessif ou avantage déloyal, le tribunal peut adapter le contrat... »;28
- l’énonciation de l’art. 1222 aliénât 3 que nous analysons gagnerait en clarté
si, au lieu d’un texte contorsionné, on aurait purement et simplement disposé
« l’instance peut adapter le contrat en équilibrant les prestations », en évitant ainsi
des formules comme « si l’autre partie offre, d’une manière équitable... », tant
qu’en fait, « la manière équitable » n’est que la prestation équitable;
- on ne peut pas comprendre pourquoi les nouveaux rédacteurs évitent d’employer
le seul terme juridique adéquat à la situation à définir, à savoir l’adaptation du contrat.
Il ne peut pas s’agir de «maintenir le contrat » puisque le juge, par hypothèse, soit
réduit, soit augmente les prestations, en rétablissant l’équilibre contractuel. Les
initiateurs de ces textes auraient pu considérer la disposition de l’art. 4:109 aliénât 2 des
Principes Lando selon laquelle « à la requête de la partie lésée, le tribunal peut adapter
le contrat afin de le mettre en harmonie avec ce qui on aurait pu convenir en conformité
avec les exigences de bonne foi », et aussi celle de l’art. 3.10 aliénât 2 des Principes
Unidroit, laquelle qui dispose qu’ « à la requête de la partie qui a invoqué la nullité,
l’instance peut adapter le contrat ou la clause afin de l’harmoniser avec le standards
raisonnables de la négociation correcte en matière commerciale ». D’ailleurs, le
nouveau Code civil même se réfère à l’adaptation du contrat en matière
d’imprévoyance par l’art. 1271 aliénât 2 selon lequel « néanmoins, les parties sont
tenues à négocier en vue de l’adaptation du contrat.... ». On pourrait être tentés de
croire que les deux opérations sont différentes et que, au cas de la lésion, le contrat est
maintenu tandis qu’au cas de l’imprévoyance, il est révisé, ce qui ne peut pas être vrai;
- l’adaptation même du contrat est une sanction de la lésion. Cette opération
réalise d’un côté une fonction sanctionnaire, par le fait que, confrontée avec la
dissolution du contrat, la partie favorisée sera obligée à accepter la proposition de
remaniement des prestations, mais, de l’autre côté, elle représente un remède du
contrat dont la continuité est assurée.
27
28
Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto. Il contraente contro il quale è domandata la
rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Art. 4:109. Profit excessif ou avantage déloyal. (3) À la requête de la partie qui a reçu une notification
d'annulation pour profit excessif ou avantage déloyal, l’instance peut également adapter le contrat,
pourvu que cette partie, dès qu'elle a reçu la notification en informe l'expéditeur avant que celui-ci n'ait
pas agi en conséquence.
69
Conclusion
Comme nous avons déjà vu, le règlement de la lésion comme cause de
dissolution du contrat est une zone sensible du droit civil, de plus en plus assiégé par
la protection des consommateurs qui aspirent à des nouvelles solutions destinées à
éviter le déséquilibre entre les prestations assumées et à assurer la justice
contractuelle. Loin de nous fournir des modèles qui se situent en dehors de toute
critique, les projets de codification européens du droit contractuel peuvent constituer
seulement une occasion d’analyse et de réflexions, signes d’une évolution dans cette
matière qui peuvent être employés comme arguments d’un côté tout comme d’un
autre dans la poursuite des solutions aussi rationnelles que possible.
En rattachant la lésion à l’attitude de celui qui a tiré profit de l’état de besoin,
du manque de connaissances de l’autre partie, tout comme le nouveau Code civil le
fait, nous favoriserons la partie puissante, présumée à être de bonne foi et
défavoriserons la partie faible, en lui imposant de fournir des preuves, tâche
impossible dans la plupart des cas, par le fait qu’elle vise des aspects subjectifs. Or,
dans telles circonstances, on pourrait se demander: qu’est-ce qui est plus important
au cas de la lésion, sanctionner la partie puissante ou protéger la partie faible? Un
esprit élémentaire de justice nous pousse à ne pas hésiter dans cette option et de
préférer la partie faible. D’ailleurs, même le mot « lésion » évoque le blessement
de la partie désavantagée et non l’astuce de la partie qui a tiré profit du contrat
conclu. C’est une manière de concevoir la lésion, mais pas la seule.
70
GOVERNMENT OWNERSHIP OF BANKS IN ALGERIA:
WHAT ABOUT THE CREDIT TO SMEs?
Ahmed SMAHI1
MECAS Laboratory
Tlemcen University, Algeria
Abstract: In the past two decades, economic analysts and policy makers have
increasingly recognised that the financial system can make a significant contribution to
economic growth, productivity and employment creation. So, the importance of SMEs for job
creation and growth is globally recognized, as well as the key role of the financial sector in
ensuring optimal match between financial resources and financing needs. However, despite
the recent banking theory has demonstrated that banks have a comparative advantage in
providing loans to companies, in many countries, banks as well as Government Ownership
of Banks did not participate activity in financing SME's, due to their belief that such
enterprises face banks with considerable risk, realize very limited returns, and are generally
not feasible. Before the reforms, Algerian commercial banks lacked the institutional framework
and the experience to promote efficient financial intermediation. They were burdened by a
legacy of compulsory lending to public enterprises, sectoral credit specialisation, and
inadequate prudential regulations, which weakened the quality of their portfolios considerably.
The solvency of the banking sector deteriorated greatly over the years, to the extent that, by
1990, 65 percent of banks' assets were nonperforming, and recourse to central bank
refinancing were increasing at an alarming rate. To address these problems, a major financial
reform package was adopted to restructure the banking and public enterprise sectors. The
main question is does government ownership of banks promote subsequent financial
development as well as financing SMEs The paper focuses is a study of the experience of
Algerian banks in SMEs financing including an analysis of financial and monetary policies,
role of banks in SMEs financing. We list the constraints and obstacles inherent in SMEs, and
identify the various measures of assistance and support of the contractor of medium and
small enterprise, and report on possible strategies to enhance this sector.
Keywords: financial development, financial intermediation, banks, SME financing,
Credit constraints, Algeria
Introduction
In many countries, informal financial markets are significant suppliers of
financial resources to SMEs, considering that access to credit for micro entrepreneurs
is limited due to the existence of credit market imperfections like rationing.
So, the effort to encourage enterprises in the informal sector to move into the
formal sector should be based on policies that strengthen the formal sector and
1
Associate Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tlemcen, Algeria, BP 226,
13000, Algeria, Tel & Fax +213 (0) 43 21 21 66 E-mail: [email protected] / [email protected]
71
provide positive incentives to operate in that sector. There is also a growing
recognition of the role that SMEs play in sustained global and regional economic
recovery. Thus, according to Ayyagari et al. (2007), in high-income countries
formal SMEs contribute to 50 percent of GDP on average. Despite their
importance, most of the SME literature points to the fact that small and medium
firms face higher barriers to external financing than large firms, which limits their
growth and development. Small firms find an extremely difficult to obtain
commercial bank financing, especially long-term loans, for a number of reasons,
such as lack of collateral, difficulties in proving creditworthiness, small cash flows,
inadequate credit history, high risk premiums, underdeveloped bank-borrower
relationships and including high transaction costs (IFC, 2009). That means that, if
access to bank credit is constrained, then potentially profitable projects cannot be
carried out and economic activity will suffer (UN, 2005).
In the context of Algeria's transition to a market-oriented economy, the
functioning of the financial sector was radically modified in 1989-91. Indeed,
financial sector reforms were aimed at increasing reliance on market forces and
competition, consistent with other market-oriented reforms. In response to the
increasingly complex economy, the financial system had to be transformed from a
mere conduit of funds from the treasury to public enterprises into a system that
would play a dynamic role in resource mobilisation and allocation.
As noted above, the key elements of such a transformation were the move to
market-based instruments of monetary policy, the liberalisation of interest rates, the
progressive liberalisation of current and capital account transactions, and the
adoption of a more flexible exchange rate policy.
The Algerian economy remains highly dependent on the hydrocarbons sector2.
Non-oil exports remain marginal (barely 2% of total exports) and economic
performance is strongly dependent on changes in oil demand and prices. Faced
with this situation, the Government has taken steps to increase the share of other
(non-oil) sectors in the composition of value added. In this way, it has initiated: (i)
the implementation of an infrastructure development policy geared towards greater
regional balance, with a view to fostering the spatial spread of economic activity;
(ii) the promotion of SMEs by guaranteeing bank loans, granting interest rate
subsidies by the Treasury on loans to SMEs, encouraging new ways of financing
the economy (leasing, venture capital firm), reducing the pressure of taxes (direct
and indirect), the creation of a National Investment Fund and the establishment of
48 local investment funds (one per wilaya), with a capital of DZD 1 billion. For
these initiatives to be effective in helping to strengthen the diversification of
growth sources and improve the competitiveness of the economy, they must be
underpinned by far-reaching sector reforms
2
Natural resources are especially important for Algeria, which is a major oil and gas exporter accounting for
2.3 percent of world oil production and 12 percent of European gas supplies, as well as Egypt, Syria.
72
The presence of government representation on the board of private banks has
also become mandatory. Hence, authorities also plan to establish a new bank rating
system and central credit registry, assist banks in modernizing their operations and
means of payment, and facilitate the expansion bank branch networks and the
extension of credit to small and medium enterprises (SMEs)3.This paper provides an
analytical review of the interaction between the public banks in Algeria and SMEs.
I. Review of the Literature on Government Bank Ownership
in financing SMEs
The literature has shown that in most countries; the commercial banking sector
is still the main source of external finance for MEs. Banks usually are reluctant to
provide credit to this type of enterprises. This behavior is due to the relatively
limited publicly available information (Baas and Schrooten, 2005). External
funding is a second-best solution which the company uses as its capital in reserve is
insufficient to finance investment projects unanticipated (Myers and Majluf 1984).
With regard to the importance of banks, we can say that not all previous
literature is unsympathetic to government ownership of banks. Cornett, Guo,
Khaksari, and Tehranian (2003) examine the differences in performance between
state-owned and private banks in 16 Far East countries between 1989 and 1998.
They also find that state-owned banks are significantly less profitable, have lower
capital ratios, greater credit risk, lower liquidity, and lower management efficiency.
In addition, La Porta, Lopez-de-Salons and Shleifer (2002) show that higher
government ownership of banks is associated with slower subsequent financial
development and GDP growth.
On the other hand, Andrianova, Demetriades and Shetland (2008) show that
government owned banks may be more effective in mobilising saving than private
banks when deposit contract enforcement in the private sector is weak. Micco,
Panizza and Yañez (2004) provide a comprehensive analysis of bank ownership and
performance and conclude that state banks in developing countries tend to have
lower profits, higher costs, and larger non-performing loans relative to private banks.
Two recent papers (Korner and Schnabel (2010) and Andrianova, Demetriades
and Shortland (2010)) reach similar conclusions. They find a negative relationship
between a high fraction of public ownership in the banking system and growth
when financial development and the quality of political institutions are low,
conditions that tend to prevail in developing countries.
Marchesnay and Fourcade (1997) note that "before financing an investment
project, the banks will commit only after studying the record of profitability and
debt levels of the company. In this way, according to UNCTAD, (2001), many
3
Many countries and international organizations set their own guidelines for defining an SME, often
based on the number of employees, sales, or assets
73
SMEs in developed and developing countries do not produce reliable financial
information, which could be used by creditors or investors
Note that Farazi et al, (2011) find that state banks are significantly less
profitable than private banks in the non-GCC region. In the other hand, de la Torre
et al, (2010) find that most banks do indeed want to serve SMEs and find this
segment profitable, especially as margins in other banking markets narrow due to
intensified competition. Rocha, Farazi, Khouri, and Pearce (2010) show that state
banks in MENA are as involved in SME finance as private banks, but do not seem
to have the same levels of risk management and SME lending techniques.
Vogel and Adams (1997) show that moral hazard and the costs of monitoring
are also an issue when lending to small businesses
The economics literature on enterprise financing has identified three main
obstacles that may prevent SME from obtaining adequate financing. These
obstacles are as follows4:
- The existence of marked informational asymmetries between small businesses
and lenders, or outside investors;
- The intrinsic higher risk associated with small scale activities;
- The existence of sizeable transactions costs in handling SME financing
The issue of financial market structure and credit availability may matter most
for SME s for three reasons (Jiaobing, Yuanyi. 2011)
1- SMEs are more vulnerable to asymmetric information problems.
2- SMEs are much more bank-dependent.
3- SMEs have less collateral
Using data from 10,000 firms in 80 countries, Beck et al (2006) show that the
probability that a firm rates financing as a major obstacle is 39% for small firms,
38% for medium-size firms, and 29% for large firms
II. Banking intermediation and SMEs in Algeria
I.1.Positioning of the banking sector
Banking and financial sector reform processes have continued over the past
few years. Authorities recently strengthened banking supervisory and regulatory
frameworks, quadrupled capital requirements, enhanced financial intermediation
instruments, introduced a new banking accounting system, and set key interest
rates and excessive rate limits as well as new prudential management ratios for
financial institutions. Authorities also plan to establish a new bank rating system
and central credit registry, assist banks in modernizing their operations and means
4
For more information, see Zavatta, Roberto(2008), in collaboration with Zernike Group and BV Meta
Group SRL,
74
of payment, and facilitate the expansion bank branch networks and the extension of
credit to small and medium enterprises (SMEs).
Considering the economic indicators released by the Bank of Algeria5, the
Algerian banking sector is characterized by a low level of bank penetration and a
high level of liquidity. The sector is still predominant in the financial system and
remains in a large proportion dedicated to public funding
The penetration rate in GDP is estimated at 2.13% in 2009. In late 2010, the
ratio of deposits to non-hydrocarbon / non-hydrocarbon GDP stood at 59.4%
(63.3% in 2009)
The banking rate of the population remains low. According to the final report of
the Bank of Algeria, the coverage is an agency for 26 300 inhabitants in 2010 against
26,700 in 2009. Relative to the workforce, the level of bank penetration is 7900
people of working age by bank machine in 2010 as in 2009. In terms of number of
accounts opened by the bank (active accounts in dinars and foreign currencies) and
by postal giro, the banking rate is 2.5 counts per person of working age.
Nevertheless, the reforms introduced in recent years to modernize the banking
system led to better support customer needs in terms of processing times of
operations, including the introduction of electronic payment systems mass (ATCI)
and large amounts (ARTS).
Finally, in terms of financial strength, the Algerian banking sector is
characterized as strong. Public banks6 and private banks have capital levels well
beyond the regulatory minimum: according to the latest economic Bank of Algeria,
"the ratio of capital adequacy to risks (solvency ratio) increased from 22.11% in
2009 to 23.31% in 2010, while the core capital (common equity) constitute a large
proportion. Under the latter, the adequacy ratio rose by 17.33% in 2009 to 18.76%
in 2010. "
I.2. Algeria’s financial sector is dominated by government banks
The banking sector accounts for 93 percent of the assets in the financial sector,
with government banks holding more than 90 percent of the banking sector’s
assets. There are currently six government banks, which traditionally focus on
financing for larger firms, government corporations and real estate (in the case of
CNEP), and five finance companies7. In addition, Algérie Poste, which has yet to
be authorized as a postal bank, offers an increasingly wide range of financial
services. It has the largest branch network in the country, with 3,271 offices in all
5
Sources: Bank of Algeria, Report on economic and monetary trends in Algeria in 2010,
Note conjunctures first half of 2011, and the United Nations, 2009 African Economic Conference,
Promoting development in an era of economic crisis 11-13 November 2009, Addis Ababa, Ethiopia.
6
Within the non-GCC region, two groups of countries can be identified. In the first group state banks
play a dominant role (Algeria, Libya, and Syria), while in the second group private banks lead financial
intermediation (Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia, and Yemen
7
Including a special purpose government finance company, Banque Algérienne de Développement (BAD).
75
48 willayas. The Algerian government has started the privatization process for
government banks. Crédit Populaire d'Algérie (CPA) should be privatized in 2006.
The following table shows the state banks system and their principal business areas.
Table 1: Characteristics of government banks
Banks
BEA
BNA
Number of branches
76
190 (173 branches + 17
regional operations
management units (DRE))
BADR
327 (290 branches and 37
representative offices)
CNEP
Banque
191 + partnership with
Algérie Poste
BDL
CPA
162 (140 branches + 6
pawn broking branches +
16 operational groups)
136 (121 branches + 15
operational groups)
Main business areas
Large corporations and oil industry
Large corporations and SMEs
Rural customers
(farm credit, equipment credit),
large corporations, SME
Very wide range of savings
products and housing credit solutions,
retail market
General banking, business market,
SMEs and retail market, self-employed
professionals, pawn broking
General banking, business and retail
market, SMEs
Source: CGPA, Final report 2006
As shown in Figure 1, most MENA countries experienced a decline in the part
of state banks during the decade, but the differences across countries are
significant. Indeed, the role of state banks is already modest or negligible in one set
of countries, including Saudi Arabia, Yemen, Bahrain, Jordan, Kuwait, Lebanon,
and Oman. On the other extreme, state banks still dominate financial
intermediation in Algeria, Libya, and Syria. However, it is interesting to note that
Syria has made more progress in reducing the share of state banks in recent years
through the entry of new private banks (there has been no major privatization until
now), although state banks still play a dominant role with a market share of 70
percent of total assets.
76
Figure 1: Share of State Banks in Total Assets in MENA Countries (%),
Averages 2001-03 and 2006-08
Source: Farazi et al, World bank, 2011
Concerning the private banking sector, it is made up of 10 banks today,
including a semi-private bank8. The number of branches is still quite small for
these banks (approximately 70 of the 1,200 bank branches in Algeria), but it is
growing. This sector is made up entirely of subsidiaries of major international
banks. Private credit institutions are aimed primarily at businesses and high-income
personal banking customers, even though credit institutions offering consumer
loans have recently been created to serve a broader base of customers holding
payroll jobs9.
I.3.Foreign-Owned Private-Sector Banks
Ten private-sector banks, which are mainly subsidiaries of major international
banking groups, 67 doing business with a high-end customer base made up of
businesses and rich individuals. There are also three finance companies. However,
these banks have some 70 branches and, for the time being, they are not very
interested in providing retail banking services for low-income customers.
The 1990 Banking Act10 allows banks to be set up under domestic and foreign
private ownership. The regulator’s decision to increase the minimum capital
8
Excluding CNMA Banque, which belongs to the Algerian cooperative farm credit bank group and
distributes its banking products through the CNMA’s branches.
9
Including CETELEM Algérie, which was authorized on February 22, 2006.
10
Act 90-10 of April 14, 1990 on Currency and Credit, as amended by Order O3-11 of August 26, 2003
77
requirement fivefold from DZD 500 million to DZD 2,500 million helped to strengthen
the banking sector and resulted in the withdrawal of authorization from five private
Algerian banks and a semi-private bank between 2003 and March 2006.11
Table 2: description of private banks sector
Banks
Number of
branches
Main business areas
Banque Al Baraka Algérie12
11
Islamic banking
Arab Banking Corporation
Algérie "ABC"
4
High-end business customers
NATEXIS Banque
3
Société Générale Algérie
17
CITIBANK
1
Arab Bank PLC Algeria
3
Trust Bank Algeria
10 (9
branches
and 1
representative
office)
1
Algeria Gulf Bank
1
Housing Bank for Trade and
Finance
3
B.N.P. / Paribas El Djazaïr
Larger SMEs and plans to
develop retail banking and
leasing businesses.
Universal local retail banking
focusing on financing for large
businesses. Rapidly
expanding branch network
and oil industry
Branch of a bank for high-end
business customers
Universal retail bank with an
expanding branch network
Large and medium-sized
enterprises
High-end business and personal
customers
Source: CGPA, Final report 2006
11
The authorizations of a total of nine banks and finance companies were withdrawn between 2003 and
2006. The undertakings affected were: El-Khalifa, BCIA, Union Bank, CAB (disciplinary sanction),
Mouna Bank, Arco Bank, AIB, BGM, and Al Rayan (for failing to comply with regulations regarding the
increase in capital).
12
Bank with public-private ownership equally split between BADR Bank (Algerian government bank) and
Al-Baraka Holding (Bahrain)
78
I.3. Evolution of SMEs in Algeria:
Liberalization period was marked from the beginning of the decade ninety by
the application of economic reforms (tax reform, banking reform, price
liberalization, trade liberalization). In recent converging a liberal claiming "more
facilitator state" and accompanist for private initiative. The SME has been
recognized a key role in boosting the national economy. The government has
significantly broadened the institutional framework (Legislative Decree, 1993) that
benefits its operations. This strategic development of SMEs as an option to break is
part of the objective of diversifying sources of growth by exporting out
hydrocarbures. This determination is confirmed by the new role of facilitator and
guide the state of private initiative and the means used to achieve quality objectives
The economic data presented in this bulletin highlight the continuation and
deepening of the main trends of the development dynamics of the fabric of SMEs
recorded since 2010, notably with the launch of the Five Year Plan 2010-2014.
Thus, in late 2011 (table 1), the global population of this category of enterprises
totaled 659,309 units, all categories taken together. Nearly 99.9% of this set of
entities consist of private companies and 60% of corporations.
In one year, it was recorded, a total of 40,237 new entities created more than
the population of the previous year, representing an annual increase of around
6.50%. Against this trend general category of legal persons is evolving at a slightly
lower rate, of around 6.08%.
As for the number of SMEs in public sector, it increased slightly, by about
2.69% compared to 20.
Table 3: Overall SMEs population at end 2011
Nature of SMEs
1. Privates SMEs
Moral persons
Physical persons
Craft activities
Total 1
2. Publics SME
Moral persons
Total 2
Total
Number of SMEs
Part %
391.761
120 095
146 881
658 737
59,42%
18,22%
22,28%
99,91%
572
572
0,09%
0,09%
659309
100 %
Source: Ministry of industry, statistical bulletin of the SMEs, 2011, pp.11
79
Figure 2: Structure of SMEs sector
Source: Ministry of industry, statistical bulletin of the SMEs, 2011, N0: 20
Specific measures have also been taken to encourage the creation of SMEs,
including establishing guarantee and investment funds, launching a modernization
programme for industrial enterprises, reducing the number of documents required
to start a business, improving the conditions for issuing building permits, reducing
the cost of land and real estate transactions and the timeframe for reviewing cases,
thanks to the adoption of a new code of civil procedure.
However, since last July, the government has encouraged banks to maintain
the 5.5 percent interest rate applied to investment loans granted to SMEs and
authorized the Treasury to apply a two percent bonus on this interest.
In the other hand, public authorities have recently introduced a number of
measures to boost the creation of public leasing companies13 and wishes to promote
this finance solution to increase small and medium enterprises' (SMEs')14 access to
credit. The leasing market was until now dominated by three finance institutions
and five private banks and represents ten per cent of bank financing in Algeria.
Figure 3 show the principal sources of funding of SMEs.
13
14
Leasing is a very common method of financing equipment, motor vehicles, and real estate in many
countries by both banks and other institutions (Berger and Udell, 2005). Likewise, leasing appears as
an important complementary source of investment finance, especially in countries where the collateral
regime and the information infrastructure are weak
Many countries and international organizations set their own guidelines for defining an SME, often
based on the number of employees, sales, or assets (IFC 2010). In the case of Algeria, the SME is
defined, whatever its legal status as a company: - Production of goods and / or services; Employing 1
to 250 people; Whose annual turnover does not exceed 2 billion DA or whose annual balance sheet
total does not exceed 500 million dinars; That meets the criteria for independence. Source;
Orientation law n ° 01-18 of 12/12/2001
80
Figure 3: Structure of hierarchical financing of SMEs
Source: Author’s compilation from various sources
This classification structure is the basis for the study of financial constraints
faced by the firm. Than, SMEs occupy nearly a quarter of banks' portfolios in terms
of credits15. This helps to promote SMEs by supporting initiatives to encourage
private sector participation in economic activity. But, in the "Doing Business 2011"
report, Algeria is ranked 136th out of 183 countries. The main weaknesses lie in the
unstable regulatory framework, high transaction costs stemming from timeconsuming bureaucratic formalities, the difficulty for SMEs to obtain bank financing,
the inflexibility of labour legislation and the complexity of tax procedures.
Conclusion
Variety of financial services (credit, savings, insurance, and payment
facilities) is crucial for growth in the SME life cycle. The financing of small and
medium enterprises (SMEs) has attracted much attention in recent years and has
become an important topic for economists and policymakers working on financial
and economic development.
The role of banks is henceforth decisive in financing of the productive
investments and the creative activities of jobs.
While flying over the milestones in the process of economic change we see
that Algeria is undergoing a radical transformation of its economic environment
since the 90s. So, in recent years, Algeria has displayed remarkable economic
performance characterized by steady GDP growth and a stable macroeconomic
framework.
15
Interview with Mr Abderahmane Benkhalfa, Chief Executive of the ABEF (Professional Association of
Banks and Financial Institutions, in colloque maghrébin sur le financement de la PME, Algiers 11 to 12
march 2009.
81
However, the renewal patterns of thoughts about SMEs, which remains the
real alternative of growth except hydrocarbons as far as it participates in the
economic and social development of the country.
The Algerian experience in the field of SMEs showed that most influenced the
obstacles plaguing this type of company are listed in the following points:
- Lack of access to different means of financing, and the various possibilities
of loans and guarantees;
- Difficulties of access to land because of the complexity and cumbersome
administrative procedures and lack of transparency;
- Administrative Practices and heavy bureaucratic and lack of organization;
- Drop a remarkable level of supervision, monitoring, and management support
for the establishment of SMEs
The support (indirect financial) to the creation and development of five
financial companies "(which Finalep, Sofinance, Arab Leasing...) was an expected
result, as stated in the financing agreement. The aim was to give private SMEs the
opportunity to find external funding for their development needs and thus
compensate for the lack of financial intermediation too prominent, role usually
assigned to banks
So, many recommendations must be taken into consideration to enhance the
situation of SMEs and their sustainable performance:
- Decriminalization of the act of granting credit and the banks to seek financial
security
- Set up at the banks of a policy of human resource management including
adequate remuneration
- Establishment of an information system and integrated management;
- Extension of the entrepreneurial culture;
- Lack of good governance at the SME;
- Launch training and extension and development of sales force;
- Launch of new funding opportunities and development of expertise in
financial engineering
- Decentralization of the credit decision;
- Development of dedicated SME branches with branch offices;
- Ownership of the financial guarantee
References
Farazi Subika, Feyen Erik And Rocha Roberto, (2011). „ Bank Ownership And Performance
In The Middle East And North Africa Region”; January, The World Bank.
United Nations, (2005). ‘Economic trends and impacts banking sector lending behaviour and
efficiency in selected ESCWA member countries’, Issue No. 3
Svetlana Andrianova, Panicos Demetriades, Anja Shortland, (2009). „Is Government
Ownership of Banks Really Harmful to Growth?”, Working Paper No. 09/11, May.
Pedro de Lima and al, (2011),”Banking in the Mediterranean Challenges and Opportunities”
European Investment Bank, 14 November.
82
Creane Susan and al, (2004), „Financial Sector Development in the Middle East and North
Africa”, IMF Working Paper WP/04/201, October.
International finance corporation, World Bank Group, (2010). „Scaling-Up SME Access to
Financial Services in the Developing World”, October.
The Arab Academy for Banking and Financial Sciences, (2005). „The Role of banks,
Financial and Economic Institutions in Promoting & Financing the Small and Medium
Enterprises”, The 12 th Annual International Conference, „Facilitating the Flow of Funds
to SMEs”, 29-31 May, in www.aabsf.org.
CGAP, (2006), « Microfinance in Algeria: opportunities and challenges”, Final Report, June.
Ayyagari, M., T. Beck, and A. Demirgüç-Kunt, (2007). „Small and Medium Enterprises
across the Globe.” Small Business Economics 29, 415–434
Beck, T.H.L., Demirgüc-Kunt, A., & Martinez Peria, M. (2011). Banking financing for SME's:
Evidence across countries and bank ownership types. Journal of Financial Services
Research, 39(1-2), 35-54.
De la Torre, A., M. S. Martinez Peria, and S. Schmukler. (2010). „Bank Involvement with
SMEs: Beyond Relationship Lending.” Journal of Banking and Finance. 34, 2280–2293.
Andrianova, S., Demetriades, P., and Shortland, A., (2010). „Is Government Ownership of
Banks Really Harmful to Growth?”. Discussion Papers of DIW Berlin 987, DIW Berlin,
German Institute for Economic Research
World Bank, „Doing Business (2011).” making a difference for entrepreneurs.
Oya Pinar Ardic, Nataliya Mylenko and Valentina Saltane, (2011). „Small and Medium
Enterprises: A Cross-Country Analysis with a New Data Set” The World Bank Financial
and Private Sector Development, Consultative Group to Assist the Poor, Policy Research
Working Paper 5538, January.
Ministry of industry, small and medium enterprise and investment promotion, data (2011).
„Statistical bulletin of the SMEs”, working paper ref: 42/DGVSEES/2012, Algeria, March
2012. in www.mipmepi.gov.dz
IFC (International Finance Corporation) (2009). „The SME Banking Knowledge Guide,” The
World Bank Group, Washington D.C.
IFC (International Finance Corporation) (2010). „Scaling-Up SME Access to Financial
Services in the Developing World”, the World Bank Group, G20 Soul Summit, October.
Beck, Thorsten, and Aslı Demirgüç-Kunt (2006). „Small and Medium-Size Enterprises:
Access to Finance as a Growth Constraint,” Journal of Banking & Finance 30: 2931-2943
Berger, Allen., and Gregory, Udell., (2006). „A More Complete Conceptual Framework for
SME Finance,” Journal of Banking and Finance 30: 2945-2966.
Rocha, R., Farazi, S., Khouri, R., and Pearce, D., (2010). „The Status of Bank Lending to
SMEs in the Middle East and North Africa Region: The Results of a Joint Survey of the
Union of Arab Banks and the World Bank”, wwwwds.worldbank.org/external/.../Rendered/.../WPS5620.txt
Subika, Farazi., Erik Feyen and Roberto, Rocha., (2011). „Bank ownership and performance
in the middle east and north Africa region, January, The World Bank.
Berger, Allen N., Gregory F. Udell, (2006). „More Complete Conceptual Framework for
Financing of Small and Medium Enterprises”, World Bank Policy Research Working
Paper 3795, December.
De la Torre, A., Soledad Martínez Pería, M., Schmukler; S.L., (2010). „Bank involvement
with SMEs: Beyond relationship lending”, World Bank, Journal of Banking & Finance34
(2010) 2280–2293 www.elsevier.com/locate/jbf
Andrianova, S., P. O. Demetriades, and A. Shortland, (2010). ”Is Government Ownership
of Banks Really Harmful to Growth?”, September 14.
http://www.diw.de/discussionpapers
83
Andrianova, S., Demetriades, P. and Shortland, A. (2008), „Government Ownership of
Banks, Institutions and Financial Development”, Journal of Development Economics, 85,
218-252
La Porta, R., de Silanes, F., and A. Shleiffer. (2002). „Government Ownership of Banks.”
Journal of Finance. Vol. LVII. No 1.
Micco, A., Panizza, U., and Yañez, M., (2004). „Bank Ownership and Performance” InterAmerican Development Bank, Research Department Working Paper 518.
Sapienza., Paola, (2002). „The Effects of Government Ownership on Bank Lending”, Journal
of Financial Economics
Cornett, M.M., L. Guo, S. Khaksari, and H. Tehranian, (2003)., „The impact of corporate
governance on performance differences in privately-owned versus state-owned banks:
An international comparison”, Boston College, Working Paper.
Freeman, Ian, R, (2011), „Seeking synergy in SME financing: an examination of the
dichotomy affecting banks and the needs of small-to-medium business enterprises
(SMEs) in the Australian business banking context”, DBA thesis, Southern Cross
University, Lismore, NSW
Zavatta, Roberto, in collaboration with Zernike Group and BV Meta Group SRL, (2008).
“Financing technology entrepreneurs & SMES in developing countries: challenges and
opportunities” www.infoDev.org
Jiaobing, Yuanyi., (2011) Financial Market Structure and SME’s Financing Constraints in
China”, International Conference on Financial Management and Economics IPEDR
vol.11 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore. INANCING
Timo., Baas, Mechthild Schrooten, (2005). „Relationship Banking and SMEs: A Theoretical
Analysis”, Discussion Papers 469, 13 January.
84
IMPACTO DE SECOND LIFE Y OTROS MUNDOS
CIBERNÉTICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO Y SOCIAL
Rosa Peñasco VELASCO
Profesora Contratada Doctora. Departamento de
Servicios Sociales y Fundamentos HistóricoJurídicos. Grado en Trabajo Social (Facultad de
Derecho, UNED). Correo: [email protected]
Jesús Fernández RODRÍGUEZ
Profesor Ayudante. Departamento de Servicios
Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos.
Grado en Trabajo Social (Facultad de Derecho.
UNED). Correo: [email protected]
Abstract: It is not difficult to see how every time there has been a scientific
advancement and especially a technological one, throughout the centuries, they have
sparked identical controversy in the social, legal, philosophical and ethical enviroments,
perhaps because human nature is the same in every time and place. No matter how new
we may find the possibilities of the Internet to be, and more specifically what Second Life
metaverse represents, the fear of committing crimes through the net, the desire to do
business with the new avenues, the fear of damaging our honor, privacy, identity and image
are fears, fears which have had to be assimilated by those who have had to live through
them, surprised, they saw the arrival of the printing press, the telegraph, telephone, radio or
television. To Deny the implications created by cyberspace in our lives and within it, the
peculiar underworld which is Second Life, is to deny part of our "real" reality, it matters not
that we name it "virtual reality". In turn, forgetting that we are facing another technological
advancement that as all others before generates the same fears as always, is to deny our
essence and our history...
Keywords: Internet, Second Life, virtual reality, avatar, honor, privacy, image, cyber crimes.
La mente es como un paracaídas que sólo funciona si se abre
ALBERT EINSTEIN
Introducción
Siempre nos ha fascinado la peculiaridad del ciberespacio y las realidades
cibernéticas que irrumpieron hace tiempo y siguen irrumpiendo con fuerza en
nuestras vidas, formando parte de ellas para siempre. Pero más que la red en sí, lo
que ha llamado nuestra atención desde su origen, ha sido la infinidad de
implicaciones sociales, éticas, jurídicas, científicas y sobre todo didácticas que
lleva consigo el llamado mundo virtual, quizás porque, paradójicamente y pese a
denominarse virtual, no deja de afectar al mundo real1.
1
En el “Primer Congreso Mundial sobre Informática Jurídica”, celebrado en Lima en el año 2000 ya se
constataba que en España, según estadísticas oficiales, representaban una nimiedad los hogares
españoles que estaba conectados a la red, frente a las más de 2/3 partes de los mismos que hoy
poseen conexión.
85
Para poder aproximarnos al mundo del Sécond Life (en adelante SL) resulta
inevitable recordar a millones de personas que se conectaban a la red para vivir
„una segunda vida”, pasando por el análisis de las necesidades personales que les
hacían querer vivir en otro mundo inventado y creado por ellos mismos, así como
por el hecho de reparar en la infinidad de implicaciones que se generaban en este
metaverso de especiales características. Pero, sobre todo, nos llamó la atención el
hecho de que si de verdad hubiera que definir con algún rasgo específico el
metaverso de Second Life, creemos que sería la paradoja de que la casi ilimitada
creatividad de este mundo virtual, se genera a través de „machinima”, o lo que es
lo mismo, creatividad en tiempo real.
Por tanto, es inevitable comenzar este artículo, agradeciendo la existencia del
cine y la literatura cibernética conocida como „ciberpunk”, a los cientos de blogs
que hemos consultado en la red, a la normativa y a las propias Condiciones de Uso
de Sécond Life de 2010, y a varias páginas de wikipedia que, de otro lado, sin duda
hemos consultado y seleccionado2.
Desde el propio metaverso de Second Life nos atrevemos a comenzar esta
exposición, con la reflexión que como trabajadores sociales, sociólogos,
psicólogos, economistas, juristas o filósofos, todos tenemos en común el interés por
la persona en uno u otro aspecto
Para entender la magnitud jurídico-social que puede llegar a alcanzar el tema
que nos ocupa, quizás sea interesante, antes de empezar, mostrar una serie de datos
relevantes:
- Junto con las energías renovables, el mundo de los videojuegos –en donde
podría encuadrarse Second Life-, es de los pocos sectores que no sólo no ha sufrido
la gran crisis económica que viene salpicando al mundo desde el año 2008, sino
que, además, ha generado millones de dólares de beneficios.
- Solamente en agosto de 2010, existían más de 20 millones de usuarios
registrados en Second Life.
- En SL se han generado millones de dólares desde el año 2003, hasta hoy.
- Prueba de que la virtualidad, se mezcla con la realidad y se generan
interacciones curiosas entre una y otra, es el hecho de que, actualmente, las grandes
universidades, multinacionales, galerías de arte, estadios de fútbol, religiones,
políticos, artistas, movimientos sociales y culturales y, en general, todo tipo de
manifestaciones de cualquier índole, poseen su réplica virtual en Second Life.
Pues bien, hay que tener en cuenta, respecto del increíble universo virtual sin
precedentes que supone SL que, aunque fue lanzado al ciberespacio el 23 de junio
de 2003 por Linden Lab., está inspirado (por mucho que Philip Linden, el dueño de
la empresa Linden haya negado „las más que evidentes analogías”) en la novela de
ciencia ficción „Snow Crash”, publicada en 1992, de Neal Stephenson,
2
Aunque con más énfasis, desde que el profesor José Antonio Gómez-Hernández de la Universidad de
Murcia, publicara en el nº 19 de “Unelibros”, de otoño de 2009, su interesante columna, titulada
“Escribir en Wikipedia: ¿por qué nos interesa?”.
86
perteneciente al movimiento –y para muchos subgénero- literario, denominado
„ciberpunk” que, según la mayoría de las voces, no es más que un subgénero de la
ciencia ficción surgido en los años 80 y caracterizado por la combinación de
cibernética y ciencia avanzada como tecnologías de la información, con el
movimiento punk caracterizado por la existencia de individuos solitarios,
desgarrados y con algún grado de desintegración en el orden social3.
El dato no es en absoluto nimio, pues a la novela „Snow Crash” de Neal
Stephenson, (encuadrada en el movimiento cyberpunk)4, le debemos conceptos
como metaverso5 y avatar6, indispensables para entender el desarrollo del mundo
virtual en general y, más concretamente, el peculiar mundo que supone SL.
Son varias las definiciones que pueden darse de SL, desde el punto de vista
genérico, el hecho de que signifique „segunda vida”, se „vive” o se lleva a cabo en
el mundo virtual y no en el real, aunque su potencia, interacción, perfección y
variopintas implicaciones en multitud de ámbitos „reales” pueden ser de tal calibre
que, sin lugar a dudas, resulta incompleto y hasta inoperante, situar SL en el
genérico cajón desastre del mundo virtual7.
Desde un punto de vista más técnico, en las propias Condiciones de Uso
(actualizadas por última vez en diciembre de 2010), se define SL en el art. 4., como
„un servicio mundial VIRTUAL” y en el 4.1., además de otros conceptos
relacionados con esta „segunda vida”8, se matiza su definición al indicar que es „un
servicio del mundo virtual que consiste en un entorno multi-usuario que incluye el
software, sitios web y espacios virtuales”.
Es evidente, que la definición técnica de SL, sirve para encuadrarlo en el
amplio mundo de la realidad virtual. Y el tema no es fácil, pues barajamos
conceptos que parecen claros y entendidos por todos, pero apenas definidos por
3
4
5
6
7
8
Siguiendo a Lawrence Person, (Wikipedia) “Los personajes del cyberpunk clásico son seres
marginados, alejados, solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros
distópicos donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de
información computarizada ubicua y la modificación invasiva del cuerpo humano”.
El movimiento cyberpunk, que da cobijo a películas tan conocidas como Milenium, Matrix o Blue
runner, cuenta con millones de adeptos en el mundo. De hecho y en “estado puro”, sus miembros se
rigen por reglas consistentes en “ausencias de reglas”, como así consta en uno de sus muchos
manifiestos: el “Manifiesto cyber-punk”, publicado en el año 1997 por Christian As.Kirtche (traducido
por AuRil), y que puede encontrarse en el enlace project.cyberpunk.ru/idb/manifesto_es.html. Su
encabezamiento no deja lugar a dudas: “Somos las mentes electrónicas, un grupo de rebeldes de
pensamientos libres. Vivimos en el Ciberespacio, estamos en todos lugares, no tenemos límites. Este
es nuestro manifiesto. El manifiesto cyberpunk”.
Según datos de http://es.wikipedia.org, “El "metaverso", un término acuñado por Stephenson como
sucesor a internet, constituye la visión de Stephenson de cómo un internet, basado en la realidad
virtual podría evolucionar en el futuro cercano”.
Como preludio de lo que más de una década después sería Second Life, el metaverso de Stephenson
se encuentra poblado por avatares controlados por usuarios, así como programas del sistema.
Téngase en cuenta que gracias a la red, existen infinidad de mundos virtuales pues, “mundo virtual”,
hoy en día, es prácticamente cualquier espacio internauta que simule cierta realidad, con
independencia de haberse inspirado en la realidad o no.
Entre dichos conceptos, -siguiendo la norma de 2010-, se encuentran cuenta, contenido, derechos de
propiedad intelectual, in mundo, linden en el mundo de contenido etc.
87
nadie. O, sobre todo, si tenemos en cuenta que hoy en día la realidad virtual puede
parecer tan real, que se ha debilitado notablemente la frontera entre lo que es real y
simplemente virtual, ya que la virtualidad ejerce consecuencias en la realidad y la
realidad en lo que, al menos, aparentemente, sólo parece virtual.
Sin embargo, definir el binomio „realidad virtual” como simple sensación de
existencia real, sin duda queda incompleto a la hora de encuadrar un producto
como SL, pues, además de la apariencia de realidad, lo importante es que el
usuario, interactúe y se sienta parte de dicha realidad. Así pues, tan importante es
tener en cuenta que no basta con crear tecnológicamente una „apariencia de
realidad”, sino, también, permitir al usuario tener la sensación de estar presente y
formar parte de ella.
Claro que si tanto un correo electrónico como un chat, una red social, los
videojuegos o el propio SL, son parte de la realidad virtual, ¿cuál es el matiz que
diferencia a esta Segunda Vida del resto? En nuestra opinión, el matiz se encuentra
en los diferentes grados de virtualidad. Porque la realidad virtual puede ser, en
base a los planos y dimensiones que intervengan:
- Bidimensional.
- Tridimensional: en donde, partiendo de lo puramente imaginario, la sensación
de realidad va aumentando con las dos dimensiones, hasta conducirnos a una gran
semejanza con la realidad, a través de la tridimensionalidad. Evidentemente, SL debe
encuadrarse dentro de la tridimensionalidad, típica de la realidad virtual.
- Cuarta dimensión: surge siempre cuando a un objeto tridimensional le afecte
el elemento tiempo (se mueva, salte, corra, etc.).
A su vez y aunque en ambos casos exista interacción, la realidad virtual, tal
vez en base a „las sensaciones” -de mayor o menor vivencia y realidad- que
produce en el sujeto que se adentra en ella, también puede ser:
- Realidad virtual inmersiva, (inmersión). Es típica de la tridimensionalidad de
muchos videojuegos y también de SL. En ella, se da la interactuación entre sujetos
en tiempo real, pero muchas veces se necesitan accesorios en el equipo (gafas,
cascos, programas de diseño 3D, etc.), que sirven para generar sensaciones „reales”
(típica de videojuegos).
- Realidad virtual no inmersiva (o navegación): También se interactúa en tiempo real
(chat, redes sociales, Google, etc.), pero sin necesidad de un ordenador con dispositivos
especiales y, probablemente, sin la misma intensidad en las sensaciones de „realidad”
Partiendo de estas clasificaciones, no es difícil encuadrar a SL, en el ámbito de
la realidad virtual tridimensional y completamente inmersiva Y ello es así porque,
tal y como se dijo en otras líneas, SL, realmente es un metaverso: un metaverso que
fue lanzado a la red el 23 de junio de 2003 por la empresa Linden Lab.
A su vez, el concepto „metaverso”, definido como entornos donde las personas
actual socialmente en un ciberespacio considerado como una alegoría del mundo
real pero carente de sus limitaciones físicas, fue inventado por Neal Stephenson,
(autor de „Snow Crash”). A su vez, podríamos decir que lo que diferencia a un
88
metaverso de otros espacios virtuales „no inmersivos” o no dinámicos, son los
siguientes caracteres9:
- Interactividad o acción-reacción: El usuario es capaz de comunicarse con el
resto de usuarios, y de interactuar con el metaverso. Esto implica además, que sus
comportamientos pueden ejercer influencia sobre objetos u otros usuarios.
- Corporeidad. El entorno al que se accede, está sometido a ciertas leyes de la
física, y tiene recursos limitados. Además, dicho acceso se hace en primera persona.
- Persistencia. Aunque no esté ningún usuario conectado al Metaverso, el
sistema sigue funcionando y no se para. Además, las posiciones en las que se
encontraban los usuarios al cerrar sus sesiones serán guardadas, para volver a
cargarlos en el mismo punto cuando vuelvan a conectarse.
En resumen: sólo puede definirse a SL como un metaverso porque todo
metaverso posee interactividad, corporeidad y persistencia
1º La creatividad como objetivo y límite de Second Life,
a diferencia de videojuegos y otros mundos cibernéticos: Machinima
La diferencia entre SL y otros mundos cibernéticos como, por ejemplo,
algunos videojuegos, a priori no parece nada fácil. No obstante, SL, también se
diferencia de las plataformas sociales tradicionales, pues está representado en un
amplio universo que puede ser explorado y está abierto a la interactividad, hasta el
punto de que puede ser tratado de una forma tan creativa como el residente desee.
Por tanto y más allá de la intención personal que posea cada usuario-avatar
(entrar en un país, construir, comprar, relacionarse, etc.), cuando entre en el
metaverso SL, en esta segunda vida, no importa perder kilos, hacer deporte, ganar
puntos, obtener créditos… La única regla y a la vez limitación que caracteriza y
diferencia a este metaverso de otros, es la creatividad10. Y su importancia es tal
que, además de los conceptos de tridimensionalidad, realidad virtual inmersiva,
metaverso y avatar, Second Life nos sitúa ante el término MACHINIMA, o la
creación de animaciones y hasta de videojuegos, y hasta de películas y cortos de
animación, en tiempo real. La clave es que la creación se dé en tiempo real.
Sin embargo, si la creatividad es fundamental en SL, se debe a que sin ella no
existiría este metaverso, ya que se nutre de machinima o de las creaciones que en
tiempo real llevan a cabo los usuarios, para dar consistencia a este peculiar mundo
creado por ellos mismos.
9
La clasificación fue realizada por Edward Castronova, profesor de Economía y Telecomunicaciones en la
Universidad de Indiana, en sus estudios sobre las características fundamentales de los metaversos.
10
Es interesante tener en cuenta que en sus orígenes, SL estaba dirigido a ser un videojuego más. Sin
embargo, viendo la amplia receptividad, colaboración y respuesta creativa de los usuarios, en una
junta general de accionistas en 2001, la empresa Linden redirigió SL hacia una experiencia guiada
por la misma comunidad y basada en su propia creatividad.
89
1.1 Las posibilidades de Second Life.
Una vez que se ha realizado el registro que nos permite la creación de un
avatar y el acceso al metaverso SL, las posibilidades son infinitas. Los residentes
pueden comprar, vender y comerciar propiedad virtual, relacionarse y tener
contactos, aprender cualquier cosa, etc. Hay que decir, no obstante, que el espacio
virtual se divide en islas, y no entendidas como en la vida real, sino en sectores o
lugares amplios en donde se llevan a cabo las diversas actividades (isla de la
diplomacia, isla del emprendedor y etc.). Veámoslo resumidamente algunas de las
casi infinitas posibilidades de SL:
- Cultura: prácticamente cualquier actividad cultural, es posible en SL. Como en la
vida real, las condiciones de acceso a determinados recintos –en este caso virtuales-,
pueden ser gratuitos o no, y serán establecidas por los dueños de los mismos.
- Educación: cursos de idiomas, enseñanza a todos los niveles, multitud de
Universidades se encuentran en SL, tanto extranjeras y de prestigio como Harvard
y Oxford, o nacionales como la UE de Madrid y etc.
- Religión: son varias las religiones (como una iglesia cristiana con sede en
Oklahoma, denominada „Experience Island”) y hasta construcciones religiosas con
presencia en SL (iglesias anglicanas o la catedral de Notre Dame y etc.).
- Política: todo tipo de manifestaciones políticas tienen lugar en SL, desde la
campaña electoral de Obama, a las manifestaciones de los indignados y hasta
delegaciones „virtuales” de diversos partidos políticos (la alcaldía de Oviedo, el PP
en Castilla la Mancha, y etc.)
- Relaciones Internacionales: Son muchas las embajadas que poseen una
réplica virtual en Second Life.
- Relaciones Sociales: tal vez debería redefinirse el concepto de relaciones
sociales. ¿Tenemos nuevas formas de relacionarnos? ¿O lo que ocurre en la red no
deberían considerarse relaciones sociales? ¿Ha cambiado el concepto de relación
social, del mismo modo que ahora se llama „amigo” a cualquier contacto que se
adhiere al perfil de facebook? Corresponde a psicólogos y sociólogos determinar
este aspecto, pero lo cierto es que al margen de las posturas encontradas sobre el
particular, a través de SL, se puede:
- Formar parte de redes sociales como Twenty y Facebooc.
- Muchos profesionales han extendido sus consultas a este mundo virtual para,
por ejemplo, hacer terapias psicológicas, quizás porque a través del anonimato de
un avatar, la gente es capaz de expresar sentimientos y emociones que no puede
expresar de otra forma.
- Los avatares hacen amigos (con el matiz que supone la palabra amigo en un
entorno virtual).
- Compartir aficiones y formar parte de grupos y asociaciones con intereses
comunes.
- Acceder a salas de contenido sexual.
90
-El rizo del rizo, es que el avatar también tiene su propio perfil en las redes
sociales, su correo electrónico o su página web.
-Negocios y actividad económica: por muy increíble que parezca, lo que de
verdad se compra, vende, alquila, cede y etc., son los objetos virtuales diseñados en
3D, o sea, los dibujos y los diseños en 3D (de ahí también la importancia de la
creatividad en SL). Es más: según ya muchas voces, es posible, que en un futuro no
muy lejano, existan enlaces que, partiendo de empresas virtuales –por ejemplo
Mercedes-, directamente hagan efectiva la compra en la sede real de dicha empresa
–de la misma manera que se compran productos por internet que se adquieren en la
vida real11. Los negocios que pueden llevarse a cabo, tienen distinta magnitud,
dependiendo de la pretensión del usuario y de la forma de acceder al programa.
2º Implicaciones socio-jurídicas y económicas de Second Life
No es difícil observar, con carácter muy general, que cada vez que se ha
producido un avante científico y, sobre todo tecnológico a través de la Historia, se
han desatado las mismas controversias sociales, jurídicas, filosóficas y éticas. Porque
la naturaleza humana es la misma en cada tiempo y lugar y, sin la menor duda, los
anhelos, las preocupaciones y los debates, giran en torno a los mismos temas.
Por muy novedosos que nos resulten los avances de turno, como en este caso es
internet y en concreto el metaverso de SL, el temor ante el daño al honor, a la propia
imagen, a la usurpación de identidad o a la comisión de delitos de la más variada
naturaleza, son idénticos al momento en el que irrumpió la imprenta, la radio, el
teléfono o la televisión. Aun así, veamos las implicaciones concretas de SL.
Hay que partir de la base de que, como con cualquier otro producto de Internet, es
necesario aceptar las condiciones de uso, revisadas por última vez en diciembre de 2010.
Como regla general, para proceder a su acceso, podría decirse que estas
condiciones de uso, son como casi todas las que existen entre proveedores de
servicios y más concretamente de proveedores de un servicio en internet, un
contrato de adhesión en el que, si no aceptas las condiciones de uso y el acuerdo
correspondiente, no permite el acceso. Un contrato de adhesión que, como tantos
que poseen esta categoría, sea probablemente abusivo, al menos en el sentido de
que la empresa –Linden Lab en este caso-, prácticamente se auto-exonera de
cualquier responsabilidad civil y penal que pudiera derivarse de los actos llevados a
cabo por los usuarios-avatares al utilizar la aplicación de SL. Por el contrario, no
pueden registrarse y utilizar este servicio:
- Usuarios suspendidos del servicio, durante el tiempo que dure la suspensión
llevada a cabo por Linden Lab.
11
Para hacer transacciones, Second Life creó una moneda conocida como dólares Linden (L$), que es
usada por los residentes para comprar y vender los artículos y servicios creados dentro del mundo
virtual. La equivalencia del dólar estadounidense con los dólares Linden en el mundo virtual, fluctúa
según la oferta y la demanda.
91
- Usuarios dados de baja por Linden Lab.
- En cualquier momento si se trata de una persona impedida para recibir los
servicios bajo la ley aplicable.
Partiendo de ahí, tal vez sea interesante analizar, brevemente, las interesantes
implicaciones socio-jurídicas que pueden derivarse, sólo por el hecho de acceder a SL.
Como existen diversas formas de acceso respecto a la edad, este servicio está
concebido para ser utilizado por personas que hayan cumplido al menos 13 años de
edad. Si fuera utilizado por menores de 13 años, la responsabilidad caerá
directamente en los padres y en los tutores legales12.
Para menores entre 13 y 16 años, SL ha creado un servicio especial,
denominado Second Life Teen, de contenidos específicos para adolescentes. Los
usuarios, están adscritos a una cuenta especial denominada „Cuenta de afiliado” y
verificada a través de un registro especial denominado „Registro API”. Existen
además, las „Teen Directrices” o las que SL sugiere que el adolescente revise con
sus padres. A su vez, las empresas o los particulares que se dediquen al público
juvenil, también son responsables de que los contenidos se adapten a esta franja de
público y no son derivados a otros lugares de SL.
Lo importante es que además de no poder acceder a otros lugares con contenidos
„duros o de adultos”, en la zona teen, no pueden hacer transacciones comerciales
significativas porque para ello, deberían tener una cuenta de usuario especial, que
requiere la verificación de la mayoría de edad. Hay que decir que la empresa se
permite, por medios no especificados en el acuerdo, establecer pruebas de madurez,
aunque lo interesante es que el control de edad en este caso es a la inversa, es decir,
se controla al mayor de 18 años para entrar en salas de contenido „fuerte”13.
Los usuarios mayores de 18 años tienen acceso tanto a las áreas de
clasificación general, así como a las moderadas y adultos.
Finalmente y en cuanto a las personas físicas que acceden a SL, hay que
indicar que el castigo por falsedad en la declaración de la edad, tiene como
principal consecuencia la suspensión de las cuentas, que pueden terminar
inmediatamente y sin previo aviso, sin reembolso u otra compensación, cuando:
- El usuario es menor de 13 años.
- Si es menor de 18 años de edad y se representa como mayor de 18 años.
- Si es mayor de 18 años y se representa como menor (curioso el ejemplo inverso)14.
12
13
14
Según las condiciones de uso de 2010: “Al aceptar este Acuerdo en relación con una cuenta, usted
declara que es mayor de 13 años de edad y tiene la autoridad legal para realizar este acuerdo. Si
usted tiene por lo menos 13 años de edad o es menor de 18 años de edad, se entiende que su padre,
madre o tutor legal ha dado su consentimiento para que usted tenga una cuenta en Second Life”.
Los usuarios mayores de 16 y 17 años, pueden acceder a las Áreas de Calificación General siempre
que se cumplan las condiciones de madurez general establecidas por SL, o seguir con la cuenta de
menores y tener acceso a los bienes “teen”.
La empresa se reserva la manera de verificar la mayoría de edad para los “contenidos especiales”.
Según algunos cibernautas, desde que fueron reformadas las condiciones de uso de SL en 2010,
muchos usuarios han cancelado sus cuentas porque el anonimato no es del todo total.
92
2.1 Personas Jurídica en Second Life
Puesto que además del avatar individual, en SL existen réplicas de empresas,
multinacionales, asociaciones y negocios varios, es necesario determinar quién,
cómo y en qué nombre, operan estas instituciones en SL. Sin embargo, podría
establecerse la regla general respecto de la identidad empresarial, de que responde
la supuesta empresa por usurpación de identidad o no representatividad. Veamos:
-Si se está utilizando el servicio en nombre de una empresa, organización u
otra entidad legal (en adelante, "Organización de Usuario"), SL da por hecho que el
usuario en cuestión, verdaderamente representa y garantiza que es un empleado de
esa organización de usuarios u otra persona autorizada para hacerlo.
- Lo mismo ocurre respecto a las empresas dedicadas al mundo adolescente,
pues responden de que el contenido es, efectivamente, adolescente. Es decir, que
también responde de los contenidos aptos para el sector comprendido entre 13 y 16
años, si es una empresa anunciadora en dicho sector.
Para acceder al mundo de los negocios en Second Life, hay diversos tipos de
cuentas. Valga el siguiente esquema para distinguirlas y ver las diferentes
implicaciones jurídicas que supone la utilización de unas y otras. En primer lugar,
hay que distinguir entre Cuentas de registro y facturación y Cuenta Premium con
acceso a la tierra virtual.
En cuanto a las primeras, el usuario no podrá elegir un nombre de cuenta que
Linden Lab considere que puede causar engaño o confusión, que pueda violar
cualquier derecho de marca, derechos de autor u otro derecho de propiedad o confundir
a los usuarios con respecto a otros su identidad o afiliación, o cualquier nombre que
Linden Lab determine a discreción, que es vulgar, ofensivo o inapropiado.
A su vez, Linden Lab se reserva el derecho de borrar o cambiar cualquier
nombre de cuenta que viole este apartado, y no tendrá ninguna responsabilidad con
respecto al uso o eliminación de cualquier nombre de cuenta. Para facturar, se debe
establecer una cuenta específica, usando la información de registro verdadera. El
usuario no puede transferir o asignar su cuenta y sus derechos contractuales licencias
y obligaciones a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Linden Lab.
Por lo que respecta a la Cuenta Premium, es necesario pagar unas tasas al
margen del valor del suelo y se considera responsabilidad del usuario garantizar el
pago por adelantado de todos los aspectos del servicio y asegurar que su tarjeta de
crédito o de débito u otros instrumentos de pago aceptados por Linden Lab, son
válidos. Es posible que la siguiente, sea una cláusula abusiva: Linden Lab tiene el
derecho de cambiar y/o eliminar cualquier aspecto, sobre las características o
funciones del servicio según lo crea conveniente, en cualquier momento y sin
previo aviso, y no se compromete, expresa o implícitamente, para mantener o
continuar cualquier aspecto del servicio. El usuario debe aceptar que su uso está
sujeto a estos riesgos y, a sabiendas, asume y decide participar en dicho servicio,
aportar contenidos y gastar su dinero.
93
De otro lado, si nos referimos al mundo de los negocios y a la compra de tierra
en S.L., es completamente necesario, tanto hacer una referencia a la moneda oficial
de Second Life, llamada Linden Dólar y que además del formato específico, posee
sus propias características, como a las características de la llamada „tierra
virtual”15. La tierra virtual es la representación gráfica de un espacio tridimensional
del mundo virtual. Cuando se adquiere la tierra virtual, se obtiene una licencia
limitada para acceder y utilizar ciertas funciones del Servicio relacionados con la
tierra virtual, almacenada en los servidores de Linden Lab.
La Licencia de la tierra virtual es transferible por el titular a cualquier otro
usuario, siempre que cumplan con las Condiciones de servicio, mantengan sus
cuentas al día, y no estén en mora en las cuentas de pago. El usuario reconoce que
la Tierra Virtual es un derecho de licencia limitada, no es un derecho real o de
bienes raíces reales, y no es canjeable por ninguna suma de dinero de LindenLab.
No obstante, el usuario es libre de permitir o denegar el acceso a otros usuarios a
su tierra virtual, según las condiciones definidas por el propio usuario.
2.2 Delitos en Second Life
Como no podía ser de otra manera, el usuario es responsable de todas las
actividades realizadas a través de su cuenta. En el caso de que sea descubierto un
fraude, ilegalidad o cualquier otra conducta que viole el Acuerdo, SL puede
suspender o cancelar la cuenta o cuentas del usuario. Por tanto, respecto a los
delitos en SL, hay que distinguir:
- Delitos (informáticos) cometidos por el usuario de SL (IP rastreada por la
policía informática).
- El posible vacío legal que puede suponer, el comportamiento con apariencia
delictiva del avatar.
- En el caso de que sea descubierto el fraude, la ilegalidad o cualquier otra
conducta que viole el Acuerdo, SL puede suspender o cancelar la cuenta o cuentas
del usuario.
- Con carácter general: el usuario siempre es responsable porque también lo es
de la confidencialidad, secreto y seguridad de su contraseña.
Hay que tener en cuenta que aunque el usuario, según el acuerdo, conserva todos
los derechos de propiedad intelectual, esta propiedad es relativa o, al menos, no
posee la protección jurídica de una creación de este tipo, que se hubiera producido
fuera de SL. Y según las condiciones del servicio, el usuario se compromete a
respetar ciertas reglas de conducta, como a no enviar o transmitir contenido
prohibido, incluyendo cualquier contenido que sea ilegal, no mostrar o transmitir
15
Según las Condiciones de Uso, el usuario “reconoce que la Tierra Virtual es un derecho de licencia
limitada y no es un derecho real o de bienes raíces reales, y no es canjeable por ninguna suma de
dinero de LindenLab”.
94
contenido que viole alguna ley, no hacerse pasar por otra persona o entidad sin su
consentimiento, no acechar, acosar, o realizar cualquier conducta sexual, sugerente,
lasciva o inapropiada con menores de edad, no utilizar los avatares infantiles de una
forma sexualizada16, no mostrar o transmitir un contenido perjudicial, amenazante,
difamatorio, injurioso, falso, inexacto, engañoso, ni publicar o transmitir contenido
obsceno, odioso, racial o étnico, no impedir la "funcionalidad, o a invadir la
privacidad de otros usuarios y no participar en una conducta dolosa o perjudicial que
impida o interfiera con el uso de otros usuarios normales del servicio.
A su vez, Linden Lab puede cancelar la cuenta de un usuario por violación del
acuerdo y cualquier aspecto de las condiciones de uso. Además puede suspender o
cancelar la cuenta si determina, a su discreción, que dicha acción es necesaria o
conveniente para cumplir con los requisitos legales o para proteger los derechos e
intereses de Linden Lab, de la comunidad de SL o de terceros y si considera que un
usuario es un delincuente sexual registrado, o que ha participado o intentado
participar en daños contra menores, o que por cualquier otra razón puede ser un
riesgo inaceptable para la comunidad de SL.
3. Conclusiones
Vistas las implicaciones éticas y jurídico-sociales que genera la utilización de
SL y otros metaversos, no tiene sentido darle la espalda a un mundo virtual que no
hace sino depositar infinidad de consecuencias en el mundo real. Porque, ¿qué es
real?, ¿qué es virtual? ¿Podemos seguir afirmando, ya en pleno siglo XXI, que
cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o que la realidad supera a
la ficción? ¿No será que con el cambio de milenio, es la ficción la que está
desbordando y superando a la realidad?
De hecho, es la propia creatividad la que da consistencia al universo, o más
correctamente metaverso de SL, hasta el punto de que sus orígenes el que iba a ser un
simple videojuego más, pronto se transformó en un organismo independiente
formado y alimentado de aquella creatividad. El hecho no es nada desdeñable cuando
por ejemplo, las agencias de evaluación universitarias ensalzan la creatividad en la
formación del alumnado como un valor fundamental e inseparable del siglo XXI.
Si bien, se hace necesario delimitar social y jurídicamente la nuevas realidades
que, a su vez, ha destapado con insolencia la virtualidad real o la realidad virtual
que supone SL. Entre otras, además del temor al daño al honor, intimidad y propia
imagen, típicos de cualquier medio de comunicación, creemos que es urgente
delimitar el concepto de delito aplicado al mundo virtual. Porque más allá de los
delitos cometidos a través de la red, SL también pone de manifiesto la duda de si el
16
Es importante tener presente que además de una cancelación inmediata de la cuenta, “SL puede
informar de todos los incidentes de este tipo, con cada uno de los datos personales correspondientes,
a todas las autoridades que consideren oportunas”.
95
avatar creado por nosotros mismos, puede injuriar, difamar y por lo tanto, delinquir
en el ámbito de este especial metaverso.
No podemos creer que de verdad somos trabajadores sociales, juristas,
humanistas, psicólogos, economistas o educadores, si negamos la realidad
cibernética que nos ha tocado vivir, ya que son infinitas las terapias, reuniones con
grupos, manifestaciones sociales y todo tipo de consecuencias sociales, éticas,
económicas y jurídicas, las que se generan en ella. Esperamos que este resumen
sobre el minúsculo aspecto de dicha realidad que supone SL, haya servido para
acercar un metaverso, al universo del lector y esperamos que, como mandan los
cánones del s. XXI, sepamos reinventarnos para poder desarrollar mejor nuestras
profesiones.
Bibliografía
Castillo Jiménez, C. (2001). „Protección del Derecho a la Intimidad y uso de las nuevas
tecnologías de la información”, en Derecho y Conocimiento. Anuario Jurídico sobre la
sociedad de la información y del conocimiento, nº 1, Universidad de Huelva. Hueva p. 35-48.
Castronova, E. (2003). Teorry of the Avatar. Cesifo Working Paper no. 863. Fullerton.
Gómez Hernández, J. A. (2009). „Escribir en Wikipedia. ¿Por qué nos interesa?” en
UNElibros nº 19, UNE Madrid p. 9.
Merlo-Vega, J. A. (2009) „Referencia digital y servicios electrónicos de información” en
Anuario Thinkepi 2009. p. 137-140
Rodríguez Morales, C. (2003). „El Internet y la protección del Derecho a la Intimidad” en
Revista Jurídica Universitaria de Puerto Rico 805.
Cuanticsire.blogspot.com (Junio 2011).
Elprofesionaldelainformacion.metapress.com (Mayo 2012).
Eprints.ucm.es (Junio 2013).
Sedici.unlp.edu.ar (Julio 2013)
www.secondlife.com (Junio 2011-Mayo 2013).
www.udima.es (Abril 2013).
http://es.wikipedia.org (Mayo 2011).
96
COMPÉTITIVITÉ, INTERNATIONALISATION
DES PME ALGÉRIENNES
Sultana BOUZADI DAOUD
Maître de conférences HDR
Université des Sciences et de la Technologie (USTO)
Oran - Algérie
Abstract: We are looking to account for the internationalization profile Algerian SMEs
and see how the government is trying to encourage this type of firms to exceed the country's
borders. For a better analysis of the object studied, we based on the main explanatory theories
of the internationalization of SMEs. Our analysis has been deepened by the results of a inquiry
of a population grouping a sample of small and medium enterprises operating in the industrial
sector, located in the West region of the country. This allowed us to identify obstacles to
competitiveness and to examine the internationalization's opportunities of this type of firms
Keywords: Internationalization, SMEs, competitiveness, public policy, transition economy
En Algérie, les sources d'accumulation n'ont pas été fournies par le secteur
industriel qui été souvent en déclin, mais par les revenus de la rente, plus de 96%
des recettes d’exportation proviennent des hydrocarbures qui sont exploités par une
seule entreprise publique le « Groupe Sonatrach ». A partir du début des années
quatre vingt dix, une nouvelle approche est mise en œuvre afin de développer les
PME dont l’objectif est de diversifier les sources de croissance et d’améliorer les
échanges extérieurs en exportant hors hydrocarbures.
A travers ce travail, nous étudions le profil d’internationalisation des PME
algériennes. Dans notre analyse nous nous basons principalement sur le champ
d'analyse que nous offrent les théories de l’internationalisation des PME et sur les
résultats d’une enquête que nous avons menée sur une population regroupant un
échantillon de PMI localisées dans la région Ouest du pays
1. La problématique d’internationalisation des PME algériennes
Au cours de cette période de transition, la relance de l’économie algérienne par
la promotion de la PME revêt un caractère de plus en plus décisif. Par le passé,
c’était une économie entièrement étatisée et où la grande entreprise publique
occupait une place importante dans la stratégie de développement, Le secteur de la
PME1 constitué majoritairement d’entreprises privées. Il a été longtemps perçu de
manière négative. Il a été considéré douteux, non transparent. Le fort pourcentage
1
Pour des raisons de commodité, nous parlerons de petite et moyenne entreprise (PME) pris comme
terme générique pour l’ensemble TPE-PME-PMI.]
97
plus de 96% des recettes des hydrocarbures dans les ressources d'exportation est un
indicateur révélateur à la fois de l'importance des recettes pétrolières dans le
financement de l'économie et du faible engagement à l’international des entreprises
en générale (cf. figure 1).
Figure 1Structure des exportations par groupe d’utilisation
Structure des exportations par groupes d'utilisation
Alimentation
Enérgie et
lubrifiants
150
%
100
50
Produits bruts
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
0
Demi-produits
Années
Biens
Source: Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, Direction Générale des Douanes, 2010
Le début de la décennie 2000 a été marqué par les efforts fournis par les
pouvoirs publics, pour promouvoir les PME et dynamiser les exportations hors
hydrocarbures. Cette volonté est confirmée par le nouveau rôle de l’Etat facilitateur
et accompagnateur de l’initiative privée et par les moyens mis en œuvre pour
atteindre des objectifs qualitatifs. Ainsi, un cadre législatif et réglementaire propice
à la relance de l’investissement, Ordonnance (2001) est mis en place Il précise
toutes les garanties attribuées aux investisseurs en mettant en place un dispositif
d’incitation qui change selon la localisation et la nature de l’investissement. En
effet, pour soutenir le développement des PME, plusieurs structures ont été mises
en place dont des missions diffèrent on peut les regrouper comme suit:
• Des structures ayant pour mission d’établir la stratégie de développement de
l’investissement, de mettre en œuvre la politique nationale de développement
de la PME et d’alléger les démarches administratives relatives au lancement
des projets d’investissement à travers un guichet unique décentralisé au
niveau local;
• Des structures en tant que source d’informations; d’accompagnement,
d’encadrement, d’appui et d’orientation pour les entreprises;
• Des structures pourvoyeuses de fonds de garantie;
• Des structures ayant pour mission l’animation et l’accompagnement des
opérations du commerce extérieur, nous distinguons: l’Office algérien de
promotion du commerce extérieur (PROMEX), la Compagnie algérienne
d’assurance et de garantie des exportations (CAGEX), les Chambres de
commerce et de l’industrie et la Société algérienne des foires et des
expositions (SAFEX).
98
Ces structures d’appui aux PME bénéficient d’un réseau à travers le territoire
national dont l’objectif est de renforcer ce type d’entreprises. Mais en réalité, leur
pluralité et leur dispersion concourent à rendre le dispositif public d’appui à ces
entreprises non performantes. Il est nécessaire que les mesures politiques sousjacentes doivent opter pour une approche holistique, basée sur la vision de la chaîne
de valeur, du processus d’internationalisation et viser les PME dans leur
individualité, de leur offrir un soutien personnalisé qui consiste par exemple à la
recherche d’une coopération transfrontalière, (Commission européenne 2003, p.59).
2. La pertinence des théories d’internationalisation
dans un contexte de PME
La globalisation génère toutes variétés de conséquences pour
l’internationalisation des firmes, surtout pour les stratégies de croissance des PME.
Plusieurs approches théoriques se sont développées pour analyser le processus
d’internationalisation des PME. Nous nous intéressons aux trois approches
théoriques les plus importantes.
2.1. L’approche béhavioriste
Les bases de la majorité des travaux sur l’internationalisation ont leurs origines
dans la théorie béhavioriste ou comportementale de la firme. L’idée d’acquisition
de connaissances et d’expérience est au centre de cette approche qui prétend que le
changement des comportements de l’individu ou de la firme découle d’un cumul
d’expérience.
L’internationalisation est vue comme un processus progressif, caractérisé par
un apprentissage. Il est composé de plusieurs étapes qui sont des passages
obligatoires pour la firme. En raison d’un manque de connaissances et de
l’incertitude relative à la décision d’internationalisation, l’entreprise augmente sa
présence sur les marchés étrangers de manière graduelle (Ageron et Huault, 2002).
Les travaux conçus sur les fondements de cette approche peuvent être rassemblés
en deux modèles:
Le modèle d’Uppsala (U- modèle) développé au début par Johanson et
Wiedershein-Paul (1975) puis par Johanson et Vahlne (1977);
Le modèle Innovation (I- modèle) fondé surtout par Bilkey et Tesat (1977).
Ces travaux supposent les hypothèses suivantes:
- La pré-condition de l’implantation de l’entreprise sur le marché domestique;
- L’internationalisation est le résultat d’un enchaînement de décisions
incrémentales;
- Le terme international renvoi à un comportement de la société vis-à-vis de
l’activité à l’étranger ou à l’accomplissement réel des activités à l’étranger.
99
Sur la base de l’histoire de quatre entreprises suédoises, le modèle empirique
et étapiste élaboré par Johanson et Wiedershein-Paul (1975) qu’après l’étape
préalable du développement du marché national, la firme débute par l’exportation,
ensuite la création d’une unité commerciale à l’étranger et finalement la création
d’une unité de production.
L’entreprise commence par se développer sur le marché domestique. Elle
accroît sa présence sur des marchés rapprochés sur le plan géographique et/ou
psychologique, pour éviter de prendre le risque. En évoluant vers des stratégies
prometteuses, lui permettant le développement de ses activités, la firme accumule
l’expérience, ce qui l’incitera à s’engager sur de nouveaux marchés, plus éloignés
de son marché domestique. C’est ce processus d’apprentissage cumulatif, qui va
fortifier son engagement sur la scène internationale, en commençant premièrement,
par la mise en place des filiales commerciales, ensuite des filiales de production.
Le modèle Innovation (I- modèle) développé par Bilkey et Tesat (1977)
conceptualise la décision d’internationalisation en tant que processus d’innovation
pour la firme. Chaque phase du processus s’inscrit en séparation avec l’autre et
exprime une innovation qu’il s’agit de diriger convenablement (Cavusgil, 1980).
Cette approche recèle des apports et des limites que nous pouvons résumer
comme suit:
L’U- modèle est intégralement pertinent, hormis la pré-condition avancée,
celle de l’implantation sur le marché domestique. Effectivement, l’étape 1 du
modèle ne coïncide pas souvent avec la réalité des entreprises. Une firme qui
décide de s’engager à l’international n’est pas tenue obligatoirement à se
développer sur le marché national. Ce qui témoigne de la faiblesse de cette
approche à envisager des cas des firmes « nées globales »qui s’internationalisent
dés leur naissance (Torrès, 2004).
En outre, l’U- modèle ne considère pas le scénario de dés- internationalisation
(Bigler et Nyffeler, 2006), et pourtant de nombreux travaux montent qu’une
entreprise peut être entraîné à se dés-internationaliser et de ce fait, revenir à une
étape de développement antérieure, il s’agit de l’étape 2, sans être après, capable de
rattraper son niveau de développement international précédent.
De plus, c’est un modèle principalement descriptif, qui n’a pas réussi à
expliquer les conditions du passage d’un stade du processus à l’autre différemment,
que par un cumul d’expériences. Ce qui ne permet pas de concevoir
convenablement l’échec parce que l’internationalisation s’exprime de fait, en tant
qu’engagement quasi automatique vers une étape suprême: la firme multi-nationale
(Ageron et Huault, 2002), (Pantin, 2006).
Par ailleurs, Il ne prend pas en considération la dimension entrepreneuriale
dans le processus d’internationalisation (Etrillard, 2004). Il considère l’exportation
en tant qu’activité autonome du portefeuille d’activités de l’entreprise (Ageron et
Huault, 2002).
100
Enfin, la stratégie qu’un tel modèle suppose est de nature surtout réactive, or
l’engagement de plusieurs entreprises sur le marché international (l'absence de
l’étape 1) admet une attitude plutôt proactive.
2.2. L’approche par les ressources
Tout en s’inscrivant dans le raisonnement d’un processus par étapes,
l’approche des ressources tente de saisir pourquoi une entreprise passe d’une étape
à une autre. À juste titre, dans son analyse, Penrose (1959) définit l’entreprise
comme un ensemble de ressources productives et les compétences dont jouisse
l’équipe dirigeante jouent un rôle décisif dans le processus de croissance de la
firme. Plus tard, cette analyse sera affirmée par Hamel et Prahalad (1990). Ces
derniers soulignent que les « compétences clés » de la firme, au niveau stratégique
comme au niveau opérationnel, doivent être vues comme des « ressources
critiques ». La firme peut se garantir un vrai avantage concurrentiel grâce à la
mobilisation et à la combinaison de pareilles ressources.
L’approche par les ressources permet incontestablement de développer la
réflexion sur le processus d’internationalisation et d’éclairer le passage d’une étape
de développement à une autre: l'accroissement ou par contre l’inaction du
processus, et même le retour à une étape antérieure. Sa complémentarité à
l’approche béhavioriste est formelle.
2.3. L’approche par les réseaux
L’approche des réseaux trouve ses fondements dans l’école d’Uppsala, en
réaction aux jugements émis envers la théorie des étapes, surtout en ce qui
concerne la non prise en considération des interférences de la firme avec son
environnement. Les lacunes appréhendées dans les deux premières approches
théoriques, ont permis aux auteurs de réfléchir à cette troisième approche, qui
jugeait-on, parvenait à satisfaire les carences explicatives enregistrées auparavant.
Cette approche perçoit l’internationalisation en tant que processus de
connaissance du marché qu’une firme acquiert en nouant des relations avec des
acteurs inconnus. En fait, le concept réseau, signifie l’ensemble des relations
d’échange que la firme peut développer avec d’autres agents économiques, et aussi
les relations privées de la totalité des acteurs de la firme. Ainsi, les réseaux
permettent d’instaurer des échanges entre les industriels et le système de
production où les ressources sont utilisées. Le positionnement de l’entreprise dans
le réseau l’aide à développer ses facultés pour une meilleure coopération avec les
différents acteurs avec lesquelles elle noue des relations. Bien sûr le succès de
l’internationalisation d’une firme dépend éventuellement de la qualité et de la
101
variété des réseaux qu’elle a parvenu à créer. Les réseaux insèrent donc un élément
multilatéral dans le processus d’internationalisation. D’ailleurs, selon cette
approche les accords internationaux se constituent grâce à l’appartenance des chefs
d’entreprise et des entreprises à des réseaux. De ce fait, cette approche admet de se
reporter à un concept essentiel, le « capital social » considéré en tant qu’ensemble
de ressources devenues accessibles pour l’entreprise par le bais d’un réseau de
relations stables
Dans ce cadre, Johanson et Mattson (1988) présentent un modèle d’internationalisation à travers les réseaux qui associe le degré d’internationalisation de l’entreprise
avec le degré d’internationalisation du marché. On distingue quatre statuts d’entreprise
différents. Chacun représente une combinaison nouvelle entre les degrés
d’internationalisation faisables susmentionnés: Early starter, Lonely international, Late
starter et International among others (Bigler et Niffeler, 2006, p. 10)
Il nous semble que l’approche par les réseaux est complémentaire aux deux
approches précédentes, du fait qu’elle place préalablement, dans ce contexte de
mondialisation, les ressources externes à l’entreprise. Elle permet de mettre en
lumière le poids du milieu en tant qu’élément essentiel dans les choix individuels.
Mais elle est incapable d’éclairer les différences sectorielles ou géographiques.
Les approches que nous avons pu analysé se sont avérées incomplètes pour
expliquer le processus d’internationalisation des PME. Divers travaux ont révélé la
nécessité de prendre en compte les phénomènes macroéconomiques pour mieux
analyser l’internationalisation dans un contexte de PME, il s’agit des théories des
échanges internationaux. On assiste aussi à d’autres formes d’internationalisation
dont l’internationalisation par démonopolisation et par délocalisation.
Toutefois de nombreuses études empiriques récentes semblent contester la
séquence du modèle d’Uppsala. Il y a effectivement des entreprises, les « Born
global » qui s’engagent sur les marchés internationaux dès les premiers jours de
leur établissement (Knight et Cavusgil, 1996), (Madsen et Servaisn, 1997). Se sont
des entreprises qui opèrent fréquemment dans un environnement en perpétuelle
mutation et qui se distingue par la turbulence des marchés qui peut générer des
nouvelles opportunités. Ces entreprises qui naissent pour investir immédiatement le
marché international, sont généralement, dans des produits très spécialisés ou de
hautes technologies que le marché local ne peut pas les absorber. Elles bénéficient
d’un avantage concurrentiel qui se manifeste dans leurs capacités à développer des
nouvelles innovations et à rechercher les niches.
En outre, les recherches sont dirigées vers l’analyse de l’internationalisation en
rapport avec le profil des dirigeants, en mettant en relief l’emprise des facteurs d’ordre
personnel dans de nombreuses décisions stratégiques engagées par le groupe dirigeant
propriétaire de l’entreprise. D’où un nouveau domaine de recherche est apparu, il s’agit
de l’entrepreneuriat international (Wright, 1999), qui est le croisement de
l’entrepreneuriat, de la gestion des PME et de la gestion internationale. Somme toute,
le contexte actuel impose le besoin d’intégrer toutes les différentes approches
théoriques dans l’analyse de tout processus d’internationalisation des PME.
102
3. Les limites des PME à l’internationalisation
Les chefs d’entreprise frappés par la libéralisation économique brusque n’ont
pas cessé de formuler leur désarroi à travers la presse nationale. Pour certains, les
conséquences de cette ouverture les a contraint à la fermeture de leur entreprise vu
son insuffisance à s’adapter au nouveau climat des affaires (Daoud, 2008). Pour
d’autres, elle prévenait le changement de leur activité. Rares ceux pour lesquels elle
présentait de nouvelles opportunités d’affaires profitables avec de nouveaux risques.
Ce contexte a suscité d’analyser l’internationalisation des PME pour mieux
saisir les enjeux et les défis auxquels ces entreprises sont confrontées. Approfondir
leur stratégie offensive pour accéder à de nouveaux marchés, ou leur stratégie
défensive pour préserver leur part de marché contre les nouveaux concurrents.
Dans ce sens, notre intérêt s’est porté sur une centaine de petites et moyennes
entreprises industrielles localisées dans la région d'Oran à l’Ouest du pays. Mais
nous n’avons pu interroger qu’une trentaine de dirigeants d’entreprise en entrevue,
à l’aide d’un questionnaire, sachant que l’utilisation des supports traditionnels
moins coûteux (en frais et temps) comme l’envoie postal, l’internet ou autres n’est
pas apprécié par eux.
Nous avons préféré étudier la petite et la moyenne entreprise industrielle,
malgré qu’elle ne représente que 19% et occupe le 3ème rang derrière le groupe des
branches services et celui du bâtiment et travaux publics qui sont respectivement de
plus de 45% et 33%. Ce choix délibéré pour l’étude des PMI a pour but de jauger
leurs capacités à contribuer à la diversification et à la complémentarité aux grandes
entreprises industrielles publiques déjà établies, surtout que la structure des
importations algériennes par groupe de produits montre que les importations des
biens industriels demeurent en première position. Dans ce sens, la question qui se
pose concerne la non reprise de ces importations par une PME qui s’en sert pour
fabriquer un produit valorisé. La substitution à l’importation demeure, sans doute
un modèle porteur pour les PME en général. De même, cette diversification pourra
aussi, se traduire par un vrai pôle de croissance à effet dynamisant les économies
locales et régionales en exploitant mieux les ressources.
L’analyse de la répartition spatiale des PME indique leur forte localisation
autour des centres urbains (Ministère de la PME, 2009, p. 19). Les trois premières
villes sont: Alger, Oran et Tizi Ouzou qui ont enregistré au 1er semestre 2009
respectivement 41 006, 19 785 et 16 204 PME. La région d’Oran représente 6,11%
du total des PME existantes au niveau national. Elle comporte trois zones
industrielles et présente un taux de concentration de PME s’élevant à presque 15‰
habitants. La moyenne nationale est de 10‰. Dans ce cadre, l’Algérie est classée
parmi les derniers pays.
Nous relevons un nombre important d’entreprises en veilleuse ou en cessation
d’activité, ce qui explique les réactivations et les radiations qui sont assez
importantes (Ministère de la PME, 2009, p. 18). La répartition par branche
103
d’activité montre que les branches de l’agro-alimentaire ainsi que celle de chimie et
plastique sont dominantes. En revanche, le textile est en écroulement à cause de la
concurrence étrangère, notamment les produits chinois qui sont destinés à une
catégorie sociale à faible revenu qui représente une tranche importante de la
population.
Selon les réponses de nos répondants nous avons remarqué que cette période
de transition connaît moins de contraintes par rapport à la période d’avant
l’ouverture de l’économie nationale. Des contraintes persistent encore pour
entreprendre localement ou bien à l’international. Principalement les facteurs de
l’environnement sont très prépondérants, d’ailleurs, la recherche sur
l’entrepreneuriat affirme qu’ils sont parmi les influences majeures affectant à la
fois le processus de création d’entreprises et celui de l’engagement à
l’international. Des améliorations sont constatées entre les deux périodes étudiées,
mais elles demeurent insuffisantes vu le nombre d’organismes d’appui crées durant
ces deux dernières décennies.
Les approches théoriques que nous avons pu étudiées nous ont permis de
mieux comprendre le comportement des PMI analysées. Nous avons relevé que
l’ensemble de ces entreprises se sont engagées d’abord sur le marché domestique.
Et après cette étape préalable, elles commencent par l’exportation qui constitue
théoriquement l’étape 1 dans le processus d’internationalisation. Leurs activités se
limitent à l’exportation. Elle est reconnue par sa simplicité en tant que première
opération d’apprentissage aux activités internationales. Les échecs possibles auront
peu d’effets négatifs sur l’entreprise vu le faible engagement de cette dernière.
Cette situation dont l’impact est insignifiant sur l’économie nationale, nous
l'expliquons par les conclusions essentielles que nous avons dégagées des résultats
de notre enquête et qui sont notamment de l’ordre de trois types.
3.1. L’environnement immédiat de l’entrepreneur
Certains travaux confirment que les entrepreneurs bénéficient d’un nombre
d’attributs distinctifs « chaque personne, chaque situation et chaque milieu possède
sa dynamique propre et ses particularités » (Gasse, 2003, p. 50). Plusieurs
dirigeants d’entreprise interviewés à l’égard de l’engagement à l’international,
éprouvent des réticences semblables à celles qu’ils ont envers le marché
domestique telles: la crainte du risque, le refus de la décentralisation de la prise de
décision, et la ténacité pour le pouvoir dans l’entreprise. Ceci nous permet de dire,
que les objectifs qui orientent l’entreprise dans l’ouverture internationale sont très
attachés aux buts classiques des dirigeants. Ce qui confirme que les aptitudes
entrepreneuriales sont le résultat des changements que connaissent les personnes
dans certains milieux. Le profil de ces dirigeants propriétaires d’entreprises ne
reflète que la culture du pays, ses valeurs, croyances et normes qui agissent
négativement sur la tendance entrepreneuriale. On assiste encore à l’absence de
104
culture d’entrepreneuriat: la vocation d’être employé dans une entreprise publique
est encore éminente. De plus, la subordination des entrepreneurs à l’Etat pour
garantir des avantages est dominante. Certains auteurs qualifient les entrepreneurs
maghrébins de «Chasseur de rentes » ayant amassé des ressources colossales, en
réalité par leur subordination à l’Etat, qu’en considération de leur dynamisme
entrepreneuriale, (Gobe 1996, p. 336). D’ailleurs, certains travaux, (Gasse, 2003) et
(Verstraete, 2000, 2002) insistent sur le milieu immédiat en soulignant que
l'apparition d’une économie entrepreneuriale est autant un fait culturel et
psychologique qu’un événement économique ou technologique. De ce fait, certaines
communautés véhiculent plus aisément les valeurs entrepreneuriales que d’autres.
3.2. L’offre d’information
Les entrepreneurs interrogés déplorent surtout l’accès à l’information et la
défaillance des structures responsables de la diffusion de l’information et le manque
de moyens appropriés à leurs prérogatives. Ils se plaignent du manque d’appui de
l’Etat sur le plan de l’accompagnement, particulièrement pour les primo exportateurs.
Et pourtant, durant l’année 2011, le gouvernement a adopté plusieurs mesures
destinées à inciter les exportations hors hydrocarbures telles que, le prolongement
des délais de rapatriement des revenus des exportations et le relèvement du taux de
rétrocession des devises dans le compte libre utilisation, toutefois ces décisions
conviennent de manière insuffisante aux aspirations des exportateurs. Comme par
ailleurs, souvent, ces structures répondent aux pratiques des économies de marché en
la matière, mais sans pour autant écarter les obstacles qui se rattachent à leur
application et résultant de nombreux facteurs, qui en fait, caractérisent les économies
en transition et particulièrement l’Algérie. En effet, ces organismes se distinguent par
l’oisiveté et la lenteur bureaucratique qui imprègnent leurs services rendus par une
mauvaise qualité (registre de commerce, foncier, douanes, démarches
administratives, fonds d’appui, infrastructures environnantes, infrastructures
portuaires, accès aux crédits bancaires, garantie des crédits, les avantages octroyés en
matière de fiscalité, d’exportation, etc.). Nos répondants ont insisté sur les retards
enregistrés dans le remboursement des frais couverts par le fonds spécial de
promotion des exportations (FSPE) géré par le ministère du commerce. Après avoir
exporté leurs produits, ils patienteront de un à deux ans pour parvenir à rembourser
les frais de leurs exportations auprès de ce fonds. Ils ont fortement souligné la rigidité
de la banque d’Algérie, le manque de l’accompagnement à l’étranger et le faible
montant réservé aux frais de mission, ainsi que l’absence d’experts spécialisés dans
le commerce international. Pourtant, la disponibilité et l’accès des moyens et de
ressources adéquats peuvent rehausser la capacité des dirigeants d’entreprises. Ils
seront motivés et persistants dans leurs efforts pour acquérir des parts de marché à
l’international. Toutefois, l’importance de la dynamique psychosociologique dans les
organisations est fortement soulignée. Ainsi, les milieux facilitateurs et qui
105
présentent des ressources appropriées sont absolument privilégiés en matière
d’internationalisation des entreprises.
3.3. Les capacités exportatrices des PME
Les exportations hors hydrocarbures n’arrivent pas à se positionner sur les
marché étrangers, malgré les dispositifs d’appui aux exportations hors
hydrocarbures tels que: les nouvelles mesures introduites dans la loi de finance
complémentaire de 2009, le programme de renforcement des capacités
exportatrices des PME pour améliorer l’environnement des affaires
(OPTIMEXPORT): sensibiliser, former et orienter les entreprises exportatrices ou
potentiellement exportatrices dans leur développement à l’international et le
programme de mise à niveau.. Mais « l’internationalisation doit être comprise
comme une stratégie globale touchant les flux de marchandises mais aussi les
procédés, les routines, l’organisation et la sélection des ressources de sorte que ce
sont souvent les impacts sur l’organisation qui peuvent freiner certains dirigeants
de PME plutôt que ses avantages » (St-Pierre et al. 2011, p.7).
Nous notons que le rapport Doing Business 2011 de la Banque Mondiale
classe l’Algérie à la 148ème place par rapport aux 184 pays étudiés, moins cinq
places par rapport à l’année 2010. Selon le classement de ce rapport en ce qui
concerne le commerce à l’étranger qui figure parmi les 10 domaines analysés,
l’Algérie se place au 127ème rang, enregistrant ainsi, une perte de quatre places par
rapport à l’année précédente. Pour les entreprises qui désirent exporter, il leur faut
huit documents, dix sept jours et un coût de 1248 dollars par container. D’ailleurs
les données de l’agence du commerce extérieur (Algex) révèlent que les
exportateurs sont de moins en moins nombreux. Leur nombre ne dépasse pas 350
opérateurs en 2010 contre 450 exportateurs en 2008. Ce mouvement peut
s’expliquer aussi par le fort taux de mortalité que connaît la PME algérienne en
général.
En dépit du potentiel que recèle l’Algérie dans les domaines de l’agriculture, la
pêche, l’industrie manufacturière et agroalimentaire, les données susmentionnées
(cf. figure 1) révèlent que durant les deux dernières décennies, les exportations hors
hydrocarbures ont demeuré marginales ne dépassant pas les 3% des exportations
globales. Elles sont constituées de trois catégories de produits:
• Produits agricoles transformés: beurre de cacao, eaux minérales et gazefiées,
résidus des corps gras, l’huile d’olive et ses fractions, vins, pâtes
alimentaires et couscous. Pourtant les produits agroalimentaires sont
exonérés du paiement de tout impôt, particulièrement la TVA sur le chiffre
d’affaires obtenu à l’exportation.
• Produits de la pêche: plusieurs types de poisson
• Produits industriels: Ammoniac, déchets et débris de cuivre et de zinc
représentant les 80% des produits industriels. Par contre, la part des produits
106
manufacturiers est négligeable regroupant: les objets de verre, les
pneumatiques neufs en caoutchouc, les ouvrage en liège aggloméré,
l’emballage en papier et carton, le tissu à point de gaz à usage médical et les
médicaments.
Ces dernières années, la compétitivité de certains produits tels que l’huile
d’olive et le poisson frais leur a permis de s’acquérir d’une certaine place sur les
marchés européens. Une forte demande est enregistrée de la part des
consommateurs européens, elle tend vers l’accroissement, mais elle continue à être
modique. Tous les produits exportés enregistrent des transactions qui sont
changeantes et dont les montants sont faibles. Ce qui témoigne de l’absence d’une
stratégie d’internationalisation de la part de ces entreprises.
Malgré toute la panoplie de mesures prises par l’Etat pour encourager les
exportations hors hydrocarbures, nous avons eu des difficultés pour approfondir
notre analyse, car la majorité des propriétaires dirigeants interrogés n’avait pas
d’objectif bien déterminé à moyen terme: nous n’avons pas eu de réponses sur le
développement de leurs exportations dans l’avenir et si l’exportation était une
stratégie prioritaire pour l’entreprise. D’ailleurs, ceux qui favorisent des stratégies
internationales tiennent généralement « à des valeurs comme l’ambition,
l’agressivité, le pouvoir, la compétition et l’argent » (Cadieux, 2009, p. 5). Cette
attitude peut aussi s’expliquer d’une part, par leur faible niveau d’instruction et de
compétence, car ce dernier peut déterminer l’efficacité personnelle constatée dans
la réalisation des activités souhaitées. Ailleurs, des études montent que le niveau
moyen de scolarité des dirigeants de PME est de 13 ans et que près de 75% avaient
fait des études universitaires (Gasse, 2003, p. 51). Et d’autre part, par le fait que
l’économie algérienne jusqu’à tout dernièrement été bâtie autour de la logique de
satisfaction de la consommation nationale, corroborée par une forte protection
contre l’importation des produits étrangers, la conséquence actuellement est que la
plupart des PMI ont de faibles performances en matière d’exportation, leurs
productions ne sont pas concurrentielles, parce qu’elles ont demeurés longtemps
coupées des standards internationaux de concurrence et de qualité. Cependant, une
certaine causalité est avérée entre la performance de l’entreprise et sa réussite à
l’international. Ceci est du à sa capacité à supporter les coûts fixes à l’exportation.
Toutefois, la plupart de nos répondants doivent revaloriser la compétitivité de leurs
produits et services, surtout en matière de qualité et des délais de livraison vers
leurs partenaires potentiels.
En revanche, certain nombre de dirigeants de PME non exportatrices ou
potentiellement exportatrices ont un intérêt limité pour les activités internationales.
L’engagement à l’international ne constitue pas vraiment une priorité pour elles. La
plupart d’entre-elles ne parviennent pas à acquérir des parts régulières sur le
marché domestique. Il est reconnu que « la réussite sur les marchés internationaux
exigent de combiner un « dirigeant volontaire » et une « entreprise ayant le
potentiel requis ». L’intervention des pouvoirs publics pour favoriser
107
l’internationalisation des PME demande ainsi de définir avec plus d’acuité la cible
des différentes actions » (St-Pierre et al. op.cit).
Nous ne pouvons pas conclure que le faible développement à l’international
des PMI étudiées est insurmontable. L’internationalisation n’est pas seulement une
question d’exportation. C’est également chercher à l’étranger des technologies et
autres activités, les intégrer au sein de l’entreprise sous forme de pratiques
d’affaires spécifiques. Ailleurs, de nombreuses PME s’internationalisent pour
acquérir un savoir-faire et/ou une offre de travail. Leurs démarches sont appuyées
par l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, (Commission européenne 2003, p. 59). Probablement c’est en
s’inspirant de ces démarches susmentionnées que les PMI étudiées peuvent
progresser. Également, le regroupement et le partenariat peuvent être pour elles, un
appui en matière d’internationalisation.
Conclusion
Nous reconnaissons que seule une analyse tenant compte du dirigeant de la PME
et des caractéristiques de son environnement et de son entreprise permettra de
formuler une représentation reflétant la réalité et d’identifier les possibilités d’appui
les plus appropriées pour stimuler les PME à un engagement à l’international.
Les résultats présentés révèlent encore un entretien de l’économie de rente.
L’internationalisation des PME, tient à la mobilisation de plusieurs facteurs. Les
politiques publiques sont peu adaptées. Il s’agit d’assurer une bonne articulation
entre les différents organismes de soutien à l’exportation: de faire une réflexion axée
sur une politique globale qui permettra à ces structures d’avoir d’une part, des
objectifs ajustés à une vision à long terme, et d’autre part une structuration les dotant
d’une meilleure organisation. D’ailleurs, en considération de leurs moyens et
compétences, ces entreprises n’admettent d’opter pour des comportements ou des
pratiques qui ne concordent pas avec leurs objectifs stratégiques. A cet effet, les
politiques publiques sont appelées à articuler leurs programmes et leur appui aux
PME selon les différentes stratégies de ces dernières. Aussi, de lancer des formations
d’experts et de consultants spécialisés dans le commerce international, ayant pour
rôle d’accompagner les entreprises exportatrices et de répondre à une demande
spécifique orientée sur les besoins particuliers de ces entreprises. Enfin, de provoquer
une prise de conscience auprès des dirigeants quant à l’engagement à l’international.
Somme toute, un prolongement de ce travail est nécessaire pour des recherches
envisageables dans le domaine des PME, progressant vers une vision plus large de
l’internationalisation. L’internationalisation des PME peut ainsi englober les
activités d’importation, de sous-traitance à l’international et les diverses
coopérations. Ces activités offrent aux PME l’opportunité de l’apprentissage de
l’international et l’amélioration de leurs compétences internationales, par les
échanges avec d’autres cultures variées.
108
Bibliographie
AGERON, B, HUAULT, I, Complexité du processus d’internationalisation de la PME: vers un
enrichissement de l’analyse béhavioriste, Management international, 2002, n°2, vol 6,
p.43-53
BILKEY W, TESAT G, The export behaviour of smaller sized Wisconsin manufacturing
firms, Journal of international business Studies, 1977, n°1, vol. 8, p.93-98
Cadieux, L, Les propriétaires dirigeants de PME face à la croissance par le biais de
l’internationalisation: une question d’attitude?, Info-PME, 2009, 9(2).
CAVUSGIL T, On the internationalization process of the firm, The Journal of the Europaen
Society of Opnion and Marketing Research, 1980, n°8, p.273-280.
DAOUD, S. Environnement institutionnel et politique de promotion de la PME le cas de
l'Algérie, dans Guerraoui, D et Richet, X, Economies émergentes et politiques de
promotion de la PME; expériences comparées, L'Harmattan, Paris, 2001, p.333-347
DAOUD, S, La problématique de l’intégration des PME algériennes aux échanges
extérieurs: double handicap pour des compagnies dynamiques, dans Joyal, A Sadeg,
M.& Torrès, O, La PME algérienne et le défi de l’internationalisation: expériences
étrangères, L’Harmattan, Paris, 2010, chapitre 7, 151-174
ETRILLARD, R, L’internationalisation des PME, pour une relecture en termes de stratégies
entrepreneuriales, Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME,
Montpellier, 2004
GASSE, Y, L’influence du milieu dans la création d’entreprises, Revue Organisation et
territoire, Printemps –Eté, 2003
GOBE, E. Les entrepreneurs arabes au miroir des sciences sociales, annuaire de l’Afrique
du Nord, 1996, Tome XXXV, p. 327
JOYAL, A, JULIEN P A, DESCHALIES, L, RAMANGALAHY C, Typologie des
comportements stratégiques des PME exportatrices, Revue. Gestion, 1996, n°1, vol 21
JOHANSON, J, WIEDERSHEIN, P, The internationalization of the firm, for Swedish Cases
,
», Journal of Management Studies, 1975, n° 3,Vol 12, p.305-322
JOHANSON, J, VAHLNE, J, « The internationalization process of firm a model of
Knowledge Developpement and Increasing Foreign market Commitment », Journal of
international business Studies, 1975, n°1, vol 8, p.23-33
JOHANSON, J, MATTSON,L, G, Internationalization in industrial systems- A Network
approach, strategies in Global », Competition Selected Papers from the Prince Bertil
Symposium, London, Croom Helm, 1988), p.287- 314
JULIEN, P A, L’internationalisation des PME », Communication à la 31° WPSMEs, octobre,
OCDE, Paris, 2008
KNIGHT, G A, CAVISGIL, S T, The born global: firm a challenge to international theory »,
Revue Advance in International Marketing, 1997, vol. 8, p.11-26
MADSEN, T K., SERVAIS, S P, The internationalization of born global: an evolutionary
process », International Business Review, 1997, vol 6, p.561-583
PENROSE, E, Theory of the Growth of the firm, John et Sons, New York, 1959
PRAHALAD, C, Hamel, G, The core competence of the corporation », Harvard Business
Review, 1990,, n°3, vol 90, p.79-91
ST-PIERRE, J, RAYMOND, L, LAURIN, F, UWIZEYEMUNGU, S, Mondialisation et PME: le
comportement des PME québécoises, Rapport de recherche pour CIRANO, Institut de
recherche sur les PME, 2011, 49p
TORRES, O, Essai de théorisation de la gestion des PME, de la mondialisation à la
proximité, rapport d’habilitation à diriger des recherches, 2004
VERSTRAETE, T, Histoire d’entreprendre-les réalités de l’entrepreneuriat, Ed. Management
et Société, 2000
109
VERSTRAETE, T, Essai sur la singularité de l’entrepreneuriat comme domaine de
recherche, 2002 (http://www.adreg.net)
Commission européenne, L’internationalisation des PME, vol.4, Observatoire des PME
européennes, 2003
Journal Officiel de la République Algérienne, Loi n° 01-18 du 12 décembre portant loi
d’orientation sur la promotion de la PME, Alger, 2001, n° 77
Bulletin d’informations économiques, Ministère de la PME et de l’artisanat, Alger, 2009
Report World Bank, Doing business Middle East &North Africa, World Bank, 2011
Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, Direction Générale des Douanes, Alger, 2010
110
EL MOBBING COMO UNA CAUSA
POTENCIAL DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Rosa PEÑASCO
Profesora Contratada Doctora
en el Departamento de Servicios
Sociales. Facultad de Derecho. UNED
Abstract: When analysing the causes for social exclusion, it is not common to find a
thorough list of them, but a statement of risk factors which, at least potencially, can create
some of them. However, the phenomenon known as mobbing or, in other words, labour
moral and psicologycal harassment at work, is seldom analysed from the social exclusion
point of view, eventhough taken to the limits and developed to the acute-phase, has caused
that real professionals who have suffered constant, systematic and deliberate abuse at
work, after a series of incidents hardly held in the juridical state, have finally been part of the
terrifying reality which is the social exclusion.
Keywords: social exclusion, mobbing, labour harassment, psicologycal harassment.
1. Causas de exclusión social y mobbing
“El mobbing no deja cicatrices en la carne,
sólo te corroe el alma, a veces, hasta el suicidio”.
Rosa Montero
Cuando se analizan las causas de exclusión social, no es común encontrar una
enumeración exhaustiva de las mismas, ya que lo habitual no es contar con la
facilidad de una lista cerrada y sí con una exposición de los factores de riesgo que
pueden ser potencialmente generadores de la exclusión social. Son innumerables
las situaciones que, combinadas o no con ciertos elementos, pueden dar lugar a la
exclusión social y, entre ellas, no es extraño encontrarnos con realidades tales
como inmigración, drogodependencia, desempleo, género, desahucios,
prostitución, infancia, marginalidad y etc., etc. Sin embargo, rara vez el fenómeno
conocido como mobbing o, en otras palabras, acoso moral y psicológico en el
trabajo, es analizado desde la óptica de la exclusión social.
Y tal omisión tal vez sea un error. De hecho, creo que el presente artículo debe su
origen a dos detonantes: En primer lugar, la Sentencia que recogieron los medios de
comunicación el 24 de febrero de 2013, en la que el Tribunal Supremo condena a un
empresa de transportes, a pagar las prestaciones por muerte a la viuda de un trabajador
que se suicidó1. Aun así y pese a la excepcionalidad que supone la asociación de la
1
Contra todo pronóstico, la mencionada Sentencia es importante y no sólo porque considera la muerte
como accidente laboral sino porque muchos años después del suicidio del trabajador, la Sala de lo
Penal declaró probada la difícil y temida relación de causalidad o, en otras palabras, la relación entre
su problemática laboral y la depresión que le llevó al suicidio.
111
muerte con un accidente de trabajo, no resulta descabellado relacionar el fenómeno del
acoso psicológico en el trabajo, con la empresa privada. Sin embargo, sí es más difícil
imaginarlo en empresas públicas y, sobre todo, con determinadas instituciones.
Y es precisamente, su sorprendente relación con una empresa pública, surgida del
segundo detonante al que me refería más arriba, cuando creo que de verdad comenzaron
estas líneas. Porque el hecho tuvo lugar cuando me encontraba en uno de los múltiples
albergues y comedores sociales que ahora, con motivo de la crisis económica, apenas dan
abasto para atender a una población que cada vez solicita en mayor medida y asiduidad
una cama y un plato de comida caliente. Como cabía esperar, allí fueron frecuentes las
exposiciones de los diferentes dramas personales relacionados con la crisis y la delirante
cadena que había llevado a muchas familias de clase media, a formar parte del vasto
conjunto de las que rozaban o ya habían traspasado, de lleno, el llamado umbral de la
pobreza. Podría decir que los relatos sobre desempleo, desahucios, agotamiento de
ayudas y prestaciones varias y el por desgracia, ya casi común recorrido con dirección a
la pobreza de tantas y tantas personas, fueron la tónica general.
Pero la tónica general, también encontró una excepción en la persona de J. L.
R., un Doctor en Biología de mediana edad que sin dejar de pronunciar palabras
como mobbing y acoso psicológico en el trabajo, no dudó en afirmar que su
exclusión social también tenía que ver con la crisis, „pero no con la crisis
económica, sino con la crisis moral y de valores que sufría una sociedad en la que –
según sus palabras- a veces sólo la mediocridad podía sobrevivir en la propia
mediocridad de algunas instituciones”.
Fue a partir de este momento, cuando comencé a observar el „fenómeno
mobbing” no como una realidad relacionada únicamente con la empresa privada y
sí con todo tipo de instituciones que, de reunir ciertas características y formas de
funcionar internamente, podrían generar factores que al menos en potencia,
también darían lugar a una nueva causa de exclusión social, sobre todo si el acoso
se conjugaba con ciertos elementos y tenía lugar en sus fases más agudas.
Y así, también fue a partir de entonces cuando creo que comencé a percatarme de
cómo últimamente, distintos medios recogían noticias sobre la celebración de
Congresos y Plataformas Anticorrupción y antiacoso en diversos ámbitos o de
protocolos contra el acoso moral creados por diferentes organismos o de manifiestos
ideados por las víctimas para hacerlos llegar a los medios de comunicación y a distintas
instituciones y estamentos. Y mi primera conclusión, no se hizo esperar: el sólo hecho
de que existan movilizaciones de este tipo, quizás debería hacernos pensar que además
de otros factores de riesgo de la temida exclusión social, tal vez sea el momento de
prevenir e idear soluciones para evitar o cortar de raíz el acoso laboral.
Porque expertos como Leyman, Hirogoyen o Piñuel, no dudan al indicar que el
acoso moral, más comúnmente conocido como mobbing, es un „maltrato
psicológico, continuo y deliberado, ejercido en el ámbito laboral, con ánimo de
quebrar la resistencia de la víctima para que salga de la organización”.
Para empezar, pensemos en que es UN MALTRATO. Y si es un maltrato, es
incomprensible que hoy en día, en el siglo XXI, algunas instituciones no quieran ni
112
oír hablar de mobbing. Pero aún hay más: El maltrato, no es cualquier maltrato. Es
un maltrato psicológico continuo y deliberado. Y psicológico significa „a
escondidas, sibilinamente y sin dejar pruebas”, en tanto que continuo equivale a un
sin vivir, a faenas constantes llevadas a cabo, muchas veces, por puro sadismo.
Además, y como bien indica Hirigoyen, „es a perpetuidad” o para siempre. Lo peor
es que también es deliberado o pensado, maquinado e ideado para que una persona
termine saliendo de la organización y hasta llegue a perderlo todo.
Quiere esto decir, ni más ni menos, que tras tantas luchas por la protección y
defensa de las personas y por los derechos humanos y de los trabajadores, en los
casos de mobbing podemos encontrarnos ante un desamparo atroz, ya que parece
inevitable encontrarnos con lo que, en Derecho, se conoce nada más y nada menos,
como premeditación. Y habiendo premeditación, no podemos decir que el acosador
no sabe lo que hace, ha sido un trastorno mental transitorio, y etc. Es cierto que está
enfermo, muy enfermo. Es más: los expertos lo tachan de psicópata organizacional y
psicoterrorista laboral, pero ¡cuidado!: sabe muy bien lo que hace y hasta podemos
decir sin rubor, que disfruta haciendo lo que no deja de hacer.
Y visto lo visto: ¿Cómo se explica que según los estudios realizados, el
mobbing afecte, nada más y nada menos, que a más del 15% de la población
laboral activa, y se siga cerrando los ojos ante estos asesinatos de guante blanco?
¿Quién puede dar una explicación convincente y coincidente con el Estado de
Derecho en que vivimos? Porque ni los que reparamos en esta cuestión podemos
entenderlo, ni las víctimas de éste y de cualquier otro tipo de maltrato tampoco.
Unas víctimas difíciles de ser consideradas como tales porque no les sangra el
cuerpo, sino el alma y, ¡claro!, una muerte del alma rara vez va a ser tenida en
cuenta por el Derecho, que necesita „las pruebas del delito” para poder reaccionar.
Porque con el mobbing, nunca van a aparecer las huellas dactilares, ni el arma del
delito, ni los testigos de verdad2
2
Quizás, explicado con creatividad y ejemplos prácticos, es más fácil entender el fenómeno mobbing.
Porque además de todo lo dicho hasta ahora y además de generar unas situaciones del todo
incompatibles con el Estado de Derecho, el acoso psicológico o mobbing es un fenómeno que
quiebra la literatura policíaca o la que, durante siglos, nos ha venido enseñando que el crimen
perfecto no existe. Pero el crimen perfecto SÍ existe: se llama mobbing y es difícil de descubrir, entre
otras cosas porque el acosador actúa por detrás, sin testigos o si acaso delante de un “rebaño mudo”,
pero siempre sin dejar huellas.
Para los que necesiten imágenes que les ayuden a comprender cualquier cosa, quizás les sea de
utilidad volver a ver la película “Rebecca” de Alfred Hitchcook, aunque deben hacer el esfuerzo de
intentar trasladar aquella mansión fantasmagórica, a un lugar de trabajo cualquiera. Es fácil ver un
fuerte acoso psicológico en este filme, en el que intervienen dos partes bien distintas: a) una ama de
llaves de apariencia impecable –quizás demasiado impecable-, rígida e impoluta-, es decir, la
persona que acosa y, b) una persona inocente y hasta vulnerable, es decir, la persona acosada. La
relación entre ambas se desenvuelve a través de un lento, muy lento, complicado, macabro y sibilino
juego psicológico, que alcanza su punto más alto cuando la víctima está a punto de suicidarse,
inducida claro está, por su verdugo. Lo mismo ocurre con el mobbing porque, aunque puede ser de
distintos grados y desarrollarse en fases diferentes, llevado a su extremo más radical, puede
desembocar en el suicidio de la víctima.
113
En un país en el que el derecho suele ir muy por detrás de unos movimientos
sociales que tantas veces surgen alertados por el número de víctimas que
desencadena una situación, me pregunto cuantas víctimas deben dejar su vida en el
muro mobbing, para que podamos reaccionar…
2. Mobbing en las instituciones
A simple vista, suele sorprender mucho la asociación del terrible fenómeno del
acoso moral o mobbing con ciertas instituciones y no sólo con la empresa privada.
Pero no debería sorprendernos si pensamos que el mobbing, es un virus contagioso
que se extiende y se extiende, sin distingos de ningún tipo, por todos los ámbitos.
Y aún hay más: Está comprobado que en instituciones en donde la estructura
es muy jerárquica e incluso a veces obsoleta, férrea, con ausencia de control entre
unos estamentos a otros y, consecuentemente, con grandes vacíos de poder, el
mobbing campea a sus anchas y casi con más facilidad que en otros lugares. Y si
no, pensemos por ejemplo, en noticias sobre acoso psicológico producidas en
hospitales, el ejército, la administración pública y el propio ámbito universitario.
Porque en la empresa privada el mobbing también campea a sus anchas pero, por
muy crudo que resulte, no debemos olvidar que un empresario puede utilizar
figuras como el despido procedente e improcedente, cuando no quiera que un
trabajador preste sus servicios en su empresa.
En cambio, cuando pronunciamos la palabra funcionario y hasta „personal
laboral indefinido”, la cosa cambia. Porque si uno de estos trabajadores „molesta” a
un acosador, al no poder utilizar figuras como el despido tal y como ocurre en la
empresa privada, no dudará en emplear todas sus armas para hacerle la vida
imposible e ir mermando, poco a poco, su resistencia psicológica, hasta que llegue
un momento en el que al trabajador no le quede otro remedio que „tirar la toalla”.
En otro orden de cosas, pensemos, por ejemplo, en cómo se distribuyen las
distintas funciones en estructuras tan poderosas y rígidas como el Ejército
(Soldados, Cabos, Sargentos, Capitanes y Jefe de las Fuerzas Armadas), la Iglesia
(Monaguillos, Párrocos, Obispos, Cardenales y Papa), el mismo Estado
(Concejales, Alcaldes, Presidentes de las distintas Comunidades Autónomas,
Ministros y Presidente del Gobierno) e incluso la propia Universidad. Porque para
quien desconozca el funcionamiento interno de la Universidad, tal vez sea
interesante indicar que posee el mismo tipo de jerarquización que las instituciones
nombradas antes. Y si no, basta con reparar en una estructura ordenada y
jerarquizada en los „niveles” siguientes: Profesores, Directores de Departamento,
Decanos de las distintas Facultades, Vicerrectores y Rector.
Por tanto, si la Universidad posee una estructura jerárquica tan poderosa y
cerrada como por ejemplo, la Iglesia, el Estado o el Ejército, debe dejar de
sorprendernos que, también entre sus campus, exista el virus-mobbing. Y que
exista, hasta el punto de haber hecho afirmar a LÓPEZ-CABARCOS que „El
114
acoso moral es un problema de incuestionable importancia y trascendencia en el
ámbito laboral público o privado, siendo el primero, por sus particulares
características, el que registra un mayor número de casos. El sistema universitario
es, dentro del ámbito público, uno de los más afectados por las consecuencias de
los procesos de acoso moral”.
Aún así, consciente de que resulta difícil creer que en la supuesta elite del
saber el mobbing pueda hacer estragos, pese a los interesantes y variados estudios
que se han hecho al respecto, que hasta han detectado cifras tan alarmantes como el
25%, 51%, 49% de mobbing entre el profesorado encuestado de entre las pocas
Universidades que se han atrevido a permitir la realización del trabajo de campo,
intentaré sintetizar la manera de cómo una persona inocente, y hasta con
considerables cualidades personales y profesionales, termina convirtiéndose en un
apestado universitario primero, y social después, tras haber sufrido, igual que el
doctor en Biología que nos expuso su caso en el albergue, el horroroso mobbing en
las organizaciones, en todos sus grados y variantes.
Pero eso sí: dejando muy claro desde el principio que ni las líneas que siguen
se refieren a TODAS las Universidades, ni a TODOS los profesores universitarios
o quienes, en mi opinión, se dedican a desempeñar una de las actividades más
hermosas que existen: la docencia.
3. Las distintas fases que dan lugar a la exclusión social,
surgida del acoso psicológico en el trabajo
3.1. La desmitificación de las instituciones
Si queremos destapar „la caja de Pandora” del mobbing en las instituciones y,
más concretamente, del mobbing universitario, quizás deberíamos, en primer lugar,
desmitificar a la Universidad, indicando ab initio que la Universidad es una
maravillosa institución en donde algunas personas van a especializarse como
profesionales, pero dejando claro que no por ello son más cultos y educados que el
resto los ciudadanos no universitarios.
Y ello es así porque está demostrado que la cultura puede adquirirse de
muchas formas (leyendo, viajando, siendo receptivo y curioso, etc.), pero no sólo
estudiando una carrera. Es más: existen personas muy cultas que no poseen
estudios universitarios y, por el contrario, universitarios especialistas en algún
aspecto muy concreto de una aún más concreta realidad, pero tremendamente
incultos respecto al resto de las cosas.
Lo mismo ocurre con la educación, que se adquiere desde el origen, en la
familia y en los colegios y como bien abogaba Pitágoras con su maravillosa frase:
„Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
115
Por tanto y para poder admitir la existencia de un problema, tal vez debamos
comenzar haciendo un ejercicio de desmitificación, por ejemplo afirmando que
cultura y educación no son sinónimos de Universidad. Es sencillo entender que es
lógico, de otro lado, que la Universidad esté idealizada desde el origen, pues no
debemos olvidar que surge en la Edad Media o cuando la mayoría de la población
era analfabeta y bastante tenía con centrar sus energías en sobrevivir a la miseria.
En aquel entorno, sólo quienes accedían a la Universidad tenían acceso a la
cultura y a la educación y, probablemente, desde aquellos tiempos remotos, vienen
confundiéndose ambos conceptos3. Hoy en día, en cambio, especialización es lo
que sí puede garantizar la Universidad y con especialización, a veces sin cultura y
educación, puede darse perfectamente el mobbing universitario entre los que
Ortega y Gasset denominó „nuevos bárbaros”, o aquellas personas que „conocen a
fondo una cosa, pero ignoran la raíz de todas las demás”¿Puede existir entonces
acoso moral o mobbing en la Universidad o en la institución que, durante siglos, ha
sido equiparada al mayor grado de educación y cultura? Por descontado que sí,
porque como ya ha quedado expuesto, la Universidad de hoy en día, en contra de lo
que ocurrió con la Universidad de la Edad Media, no garantiza ni la educación ni la
cultura y sí, solamente, la especialización4.
Sin embargo y si de un lado, la Universidad posee la misma estructura que
instituciones tan poderosas como el Ejército, la Iglesia o el Estado, si además se ha
detectado un número escandaloso de profesores afectados por mobbing
universitario allá donde se han permitido la realización de los estudios oportunos y
si, por último, educación y cultura no son sinónimos de Universidad, ¿por qué se
sigue negando la realidad del mobbing universitario5 y hasta la posibilidad de que
pueda existir?6
3
Los gráficos de la página siguiente, fueron realizados por LÓPEZ CABARCOS, A., VÁZQUEZ
RODRIGUEZ, P. (2004): “Mobbing en la Administración Pública”. Ed. Tórculo. Santiago de Compostela.
4
Además y prueba de lo dicho hasta ahora, es la celebración de, nada más y nada menos, “Congresos
contra la corrupción y el acoso en la Universidad”. La sola existencia de estos eventos y la reunión de
profesores pertenecientes a diversas categorías profesionales, asignaturas y Universidades
esparcidas por nuestro país, ya es un dato lo suficientemente relevante que debería hacernos pensar
y reflexionar sobre la existencia del mobbing en la Universidad.
5
Gráficos de LÓPEZ CABARCOS, A., VÁZQUEZ RODRIGUEZ, P. (2004): “Mobbing en la
Administración Pública”. Ed. Tórculo. Santiago de Compostela.
6
Quizás sea por una simple cuestión de interés, por la política del débito de favores, por el
corporativismo que tantas y tantas veces rezuman las instituciones, hasta el punto de que los propios
cargos que deberían actuar contra el acoso, no arriesgan el lucro que le reporta dicho cargo, por
ejemplo luchando contra el acoso.
Para otros autores, es la “herencia histórica”, la que vuelve a tener relación con esta realidad. Porque
según algunos expertos, en tiempos de Dictadura la Universidad sólo fue “un instrumento al servicio
del poder” que, en la figura del Rector, cobraba muchas veces su mejor aliado. A su vez, el Rector,
por supuesto acorde con las preferencias del régimen, hacía y deshacía a su antojo para contratar
profesores que, años más tarde y con la sólo aparente liberalización de Ley Orgánica de
Universidades de 1983, ya estaban asentados y con el poder suficiente como para contratar a más
gente de su cuerda, hasta llegar a nuestros días o en los que, sin rubor, podemos afirmar que
muchas veces el contagio y la red de la endogamia puede ser muy extensa.
116
Manifestaciones del acoso en la actividad docente
MANIFESTACIÓN
Nº DE CASOS
PORCENTAJE
Control de actuaciones
Imposición de asignaturas
Racionamiento de material
Imposición de programas
Imposición de horarios
Imposición de grupos
Otra: Problemas de plazos
Otra: Control de información
Otra: Calumnias
Otra: Impedir las promociones
Otra: Desprecio
Otra: No participación en toma de decisiones
Otra: Desprestigio profesional
Otra: Tratar de retirar de una asignatura
Otra: Falta de ayuda
Otra: Trabas al desarrollo laboral
Otra: Aislamiento
Otra: No especificada
19
17
15
11
10
7
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
44,2
39,5
34,9
25,6
23,3
16,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
TOTAL (respuesta múltiple)
Nº de personas que han contestado
95
43
100,0
79,6
Manifestaciones del acoso en la actividad investigadora
MANIFESTACIÓN
Marginación y aislamiento
Imposición de temas de investigación,
firmantes de trabajos, etc
Limitaciones en el crecimiento profesional
Desprecio y minusvaloración
Robo de ideas o datos
Problemas de pagos y financiación
Amenazas y vejaciones
Limitaciones en bienes materiales (espacio,
mobiliario, etc.)
Críticas destructivas
Manipulación de alumnos
Calumnias y difamaciones
TOTAL (respuesta múltiple)
Nº de personas que han contestado
Nº DE CASOS
PORCENTAJE
9
19,6
19,6
9
5
5
3
3
3
3
10,9
10,9
6,5
6,5
6,5
6,5
2
2
2
4,3
4,3
4,3
46
34
100,0
63,0
117
Por si fuera poco, a veces se ha dado la paradoja de la que tanto se quejó
Ortega y Gasset en su libro „Misión en la Universidad”, y que consiste en que
precisamente quien más ama a la Universidad y se queja de sus talones de Aquiles
pretendiendo que se reforme lo echado a perder, es quien es tachado de –siguiendo
al autor-:“destructor del orden establecido o de demente o forajido y como si
reforma fuese lepra”.
Sin duda, el mobbing es un fenómeno repleto de contradicciones y, en el
ámbito universitario, quizás la primera incongruencia sea precisamente ésta: justo
quien se atreve a denunciar el acoso porque ama a la Universidad y sueña con una
institución sana repleta de vanguardia, creatividad, docencia e investigación, desde
luego del todo incompatible con el mobbing o con cualquier otra vulneración de los
Derechos Fundamentales de las personas, es quien muchas veces termina siendo
apartado y en consecuencia maltratado, por la propia institución.
¿Será porque como afirmó Voltaire, „la civilización no suprime la barbarie
porque sólo la perfecciona?”
3.2. Las partes implicadas en los casos de acoso
Respecto a los casos de mobbing en general y en el ámbito universitario en
particular, siempre es necesario que intervengan una serie de elementos personales.
Es fundamental tener en cuenta que, según los expertos en la materia, el acoso
psicológico nunca existiría sin la mezcla entre la mediocridad y personalidad
repleta de complejos del acosador que tiene el poder, y ciertas connotaciones en la
personalidad del acosado que, laboralmente y en mayor o menor medida, puede
depender de aquél. Veámoslo:
El acosador universitario es igual que cualquier otro acosador, puesto que
posee los mismos vacíos en su personalidad, los complejos y la vida personal y
familiar frustrada que tanto han resaltado los psicólogos y expertos estudiosos. Sin
embargo, en relación a la empresa privada y siguiendo a dichos expertos, hay algo
que los diferencia de otros psicópatas organizacionales o terroristas laborales que
puede hacer del acoso moral o mobbing universitario, una realidad más difícil de
detectar: el acosador universitario es experto en disimular sus acciones,
revistiéndolas con un aura de honorabilidad a través de cargos, títulos,
publicaciones, congresos y libros7.
7
118
Categoría profesional del acosador (%)
65
57,9
46,2
25
23,1
23,1
15,8
5,3
Superior
Igual
USC
UDC
UVI
Inferior
5
Superior, Igual e
Inferior
15,8
7,7
5
5,3
Superior e Igual Superior e Inferior
Y hasta tal punto es así que parece que cuanto más malvado es un acosador,
mejor y más disimula que lo es, quizás amparándose en el retorcimiento de una
civilización que, volviendo a la brillante frase de Voltaire, „no suprime la barbarie
porque sólo la perfecciona”.
El profesor que es acosado en la Universidad, tampoco es diferente de
cualquier persona acosada en otros ámbitos pues, otra vez según los expertos,
poseerá una serie de cualidades como la brillantez, elevado sentido de la justicia,
alto porcentaje intelectual, honestidad, independencia, sentido del humor,
creatividad, profesionalidad y solidaridad, por ejemplo8.
Sea como sea, está claro que al acosado universitario también puede aplicársele
la maravillosa frase-sentencia de Mary France Hirigoyen: „El clavo que sobresale se
encontrará con el martillo” porque -según la autora-: „Los perversos eligen a sus
víctimas entre personas que se muestran más llenas de energía y que saben gozar de
la vida, como si intentaran acaparar parte de su fuerza. Pero los bienes a los que
nos referimos, rara vez son bienes materiales. Son cualidades difíciles de robar:
alegría de vivir, comunicación, creatividad y dones musicales y literarios”.
Es lamentable que precisamente las personas que poseen cualidades tan
importantes para el desarrollo de cualquier trabajo o función, sean las que sufran la
devastación del acoso. Porque al prescindir de sujetos con estas maravillosas
características, perdemos todos, ya que cualquier entorno sería más enriquecedor si
se incentivaran y todos aprendiéramos de sus cualidades, en vez de que se
exterminaran. Pero la que más pierde es la propia Universidad: Tengamos en
cuenta que son nuestros impuestos los que costean su funcionamiento y,
económicamente hablando, tiene el mismo coste un profesor bueno que el malo,
8
En un porcentaje mucho más pequeño, el acosado también puede ser alguien vulnerable o que esté
atravesando una etapa emocional difícil. En estos casos, la cobardía del acosador se hace aún más
palpable puesto que aprovechará la debilidad del acosado, para volcar en él todas sus frustraciones
en forma de mobbing.
119
listo o tonto. Además, es un auténtico suicidio científico que pagarán los
estudiantes de hoy, el hecho de que se aniquile, precisamente en la Universidad, la
tolerancia, la apertura, el debate académico, la profesionalidad, la creatividad, la
curiosidad, la honestidad y la investigación.
Son los hombres y mujeres del mañana los que pagan los platos rotos del mobbing
universitario de hoy y, en este sentido, el acoso en la Universidad, posee un matiz que lo
hace doblemente grave en relación al mobbing en otros ámbitos, ya que permitiéndolo,
directa o indirectamente todos defraudamos la educación y el futuro de nuestro país.
Sin embargo, probablemente sólo con las figuras del acosador y acosado no
existiría el mobbing: ni en la Universidad ni en cualquier otro ámbito. Para que
exista mobbing, es igual de necesario añadir otro elemento personal importante,
conocido como „testigo-s mudo-s”9. Del mismo modo, tal vez sea oportuno indicar
que en la Universidad, nunca se produciría el mobbing, si los que se conocen como
„testigos mudos”, rompiesen su silencio. El problema es que en un Departamento
universitario cualquiera, de una asignatura cualquiera, de una Universidad
cualquiera, el testigo enmudece bien por formar parte de la misma estirpe familiar
o amistosa del acosador o bien por puro interés10.
Además de la familia y amigos universitarios que nacen de la endogamia o del
puro interés, es muy posible que un testigo mudo calle, simplemente, por miedo a
perder su trabajo. Pero con independencia de la endogamia, el interés o el miedo, lo
importante es saber que el mobbing –universitario o de otros ámbitos- nunca
existiría sin la figura del testigo mudo o quien con su silencio y preso de una
alineación, o un pánico y servilismo atroz, termina convirtiéndose en un cómplice o
un colaborador necesario de este asesinato de guante blanco llamado mobbing.
Y es triste porque como brillantemente dijo Albert Einstein: „Cuando se
escriba la historia del s. XX, se verá que lo más grave no fue la actitud de los
asesinos, sino de los que les dejaron hacer”.
3.3. Del mobbing personal al departamental
Llegados a este escalón de la delirante pirámide del mobbing, a la verticalidad
del maltrato debe añadirse la aún más dañina horizontalidad del mismo. Porque
quien en un principio sólo fue perseguido por una persona con poder, por la simple
y paradójica razón de –una vez más según los expertos- poseer determinadas
9
Pensemos en una dictadura cualquiera, de un país también cualquiera y de una época cualquiera: La
Historia siempre ha demostrado que los abusos de poder pudieron llevarse a cabo porque a un ser
con poder pero repleto de complejos, nadie le paró los pies. Un cobarde con poder, nunca cometería
las barbaridades que adornan tantos y tantos libros de historia, si el entorno “hubiera dicho no”.
10
Y es que en el ámbito universitario, cualquier profesor que se enemiste con otros profesores de los
que depende en muchos aspectos, no podrá publicar, asistir a Congresos, defender su tesis o, sin ir
más lejos, sacar la plaza fija o la que, si su proceso se desenvuelve como de costumbre, se iniciará
con la propuesta de dicha plaza por el Departamento.
120
cualidades que destapan la envidia, los celos, los complejos y la inseguridad del
acosador, tras la colaboración necesaria de los testigos mudos, muchas veces
también acosado por sus propios compañeros.
Además de haber nacido el „huérfano universitario” gracias a una sucesión
delirante de cócteles, nos encontramos ante una fase del mobbing en la que destaca
un dato esencial en la vida del acosado: un Departamento Universitario cualquiera,
de una Facultad cualquiera, de una Universidad cualquiera, ya ha podido
convertirse en un auténtico núcleo del terror11. Además, no es fácil verificar en esta
fase del acoso que las personas apadrinadas y protegidas por el acosador inicial,
gracias a los débitos de favores se han multiplicado, promocionado y,
sorprendentemente, llegado a ser mucho más peligrosas que aquél.
En cambio, el huérfano universitario se encuentra totalmente solo, aislado,
difamado, ninguneado y con una brillante carrera totalmente frustrada,
simplemente por gozar de ciertas cualidades, por haber tenido la osadía de ser
independiente o la honestidad de no haber querido dar por buenas ciertas cosas…
3.4. Del departamental al mobbing institucional
El mobbing, primero personal y después departamental, se convierte muchas
veces en mobbing institucional, si el acosado, con su inocencia inicial, acude a
denunciar lo que le ocurre a las „altas esferas de la organización”. En cualquier
ámbito, pero en lo que respecta al ámbito universitario en particular, se han dado
casos de que pese a las fechorías escandalosas de un acosador en particular al que
amparan los testigo mudos del Departamento Universitario que, en otro orden de
cosas, suele carecer de controles fácticos-, en el Rectorado ni siquiera han recibido
a la víctima o si lo han hecho, las consecuencias no han pasado de –como indica el
psicólogo experto en mobbing, Iñaki Piñuel- unas palmaditas en la espalda.
Paradójicamente, cuando un acosado que además de estar desgastado por
haber sufrido personalmente los devastadores efectos del mobbing ya
departamental, se atreve a dar la queja en las altas esferas de la organización, en
vez de amparo y agradecimiento por contribuir a que la institución sea más sana,
por ejemplo evitando la epidemia del acoso además de favorecer al esclarecimiento
de una situación del todo incompatible con los Derechos Fundamentales de las
personas, o por facilitar la denuncia de hechos también incompatibles con las
11
Y es que quien no conozca el funcionamiento interno de instituciones como la Universidad,
desconocerá que en última instancia, es en los distintos Departamentos en donde se masca el poder
de hacer y deshacer, convocar oposiciones, aprobarlas o suspenderlas, asistir a congresos, publicar
en ciertos sitios o no, tener más o menos carga docente, impartir conferencias y así, un largo etcétera
cuyo extremo más radical puede observarse, sin duda, en la triste posibilidad de poder ser o no ser,
¡profesor universitario! Y hasta tal punto y sin exagerar, este dato puede llegar a ser así que por los
pasillos de la Universidad, es de todos conocido un dicho sobre “cómo se puede ser profesor
universitario a través de las oposiciones oportunas”: “Lo primero y principal, es conocer al tribunal. Lo
segundo e importante, es no tener contrincante. Puede ser de alguna ayuda, conocer la asignatura”.
121
normas que sobre Salud e Higiene en el trabajo amparan a cualquier trabajador, se
encuentra, muchas veces para su sorpresa, con un corporativismo escandaloso y, lo
que es peor: con que las altas esferas de la institución, prefieran aislar aún más a la
víctima que denuncia, antes que investigar los hechos y enfrentarse a un
maltratador que, además de acomplejado e inseguro, es poderoso y hasta peligroso.
Llegados a este punto, la víctima se encuentra absolutamente sola, indefensa y
perseguida „a perpetuidad” por quien disimula con honorabilidad y libros la
persecución que lleva a cabo sin testigos o delante de „testigos mudos”. Además -y
como de nuevo afirma Hirigoyen-, acosada por puro sadismo y „a perpetuidad”.
Entre otras cosas porque el maltratador nunca le perdonará que con su denuncia, lo
haya puesto en evidencia ante los demás.
Lo más terrible de esta cadena de despropósitos, es que resulta sumamente
probable que en este momento, la salud física de una persona que normalmente
lleva meses y a veces hasta más de un año luchando contra el acoso, haya notado
las devastadoras consecuencias del maltrato, a través de trastornos corporales y
enfermedades variadas. Respecto a la salud psicológica, además de una autoestima
ya prácticamente inexistente que se han encargado día a día de ir mermando el
maltratador, los testigos mudos y ya también las altas esferas de la institución de
que se trate, es frecuente que aparezcan diagnósticos tan espeluznantes como la
depresión grave o el estrés postraumático agudo12.
3.5. Del isntitucional al mobbing legislativo
Llegados a este punto, el mobbing ya ha salpicado cada rincón de la vida de la
víctima. Una víctima que ha visto cómo la „fase culpa” o aquella en la que gracias al
trabajo sibilino del acosador llega a sentirse culpable de todo cuanto le ocurre, se ha
sustituido por la „fase miedo”, o el pánico de ver que haga lo que haga, es el blanco de
alguien que, por puro sadismo y „a perpetuidad”, no va a dejar de perseguirlo jamás.
En nuestro país, y concretamente hasta finales del año 2011, se daba una
incongruencia que traspasaba los muros de sistemas como el universitario, para
alcanzar inevitablemente las incongruencias del sistema legislativo. Me refiero a
que por muy paradójico que pueda resultar, durante décadas el acoso psicológico
no ha sido considerado enfermedad laboral o accidente laboral, pese a que
resultaba evidente que el daño causado al acosado, había tenido lugar en su lugar
12
Si los expedientes, las informaciones reservadas u otros medios que tiene cualquier institución como,
por ejemplo la Universidad, para sancionar y esclarecer anomalías, no se utilizan o se utilizan mal,
nos encontramos ante una paradoja aún mayor que la propia existencia de la víctima de mobbing: la
Universidad no ha entendido bien en qué consiste el hermoso principio de la Autonomía Universitaria.
Por tanto, y si ya en el s. XXI, parece que con la tapadera del saber, pueden cometerse delitos tan
graves como la lenta extinción de una persona, no es difícil preguntarnos: ¿Estaremos ante una
variante del famoso despotismo ilustrado? ¿Llevaba entonces razón Voltaire, al afirmar que “la
civilización no suprime la barbarie porque sólo la perfecciona?”
122
de trabajo13. Este dato ha dado lugar a que numerosas víctimas de acoso, también
hayan tenido que sufrir la humillación de ver cómo se les culpaba de locura,
obsesión, problemas personales y hasta de una fantasía que había inventado todos
los comportamientos que, lamentablemente, no estaban recogidos en ninguna ley
de Seguridad e Higiene en el trabajo. Por suerte, La Ley General de Salud Pública
de octubre de 2011, aunque tampoco definió el acoso psicológico en el trabajo, sí
vino a establecer en su art. 32 y con carácter genérico, que „La salud laboral tiene
por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los
trabajadores en relación con las características y riesgos derivados del lugar de
trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, promoviendo
aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y
rehabilitación de la patología producida o relacionada con el trabajo”14.
13
Como excepción, el 24 de febrero de 2013, destacó la siguiente noticia publicada en
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/supremo-considera-accidente-laboral-suicidio-conductor-: “ El
Tribunal Supremo ha confirmado que la empresa de Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) deberá
pagar las prestaciones por muerte a la viuda de un trabajador que se suicidó. El trabajador, conductor de
autobús, se encontraba inmerso en un juicio con la empresa por su supuesta participación en los
piquetes de una huelga, y la Sala de lo Penal declara probada la relación entre su problemática laboral y
la depresión que le llevó al suicidio, considerando su muerte como accidente laboral”.
14
A su vez, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, también estableció en el Artículo
33, medidas sobre “La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral”. A saber:
1. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral se desarrollará de forma coordinada con los
empresarios y los representantes de los trabajadores y comprenderá los siguientes aspectos:
a) Promoción, con carácter general, de la salud integral de los trabajadores.
b) Vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, para detectar precozmente los
efectos de los riesgos para la salud a los que están expuestas.
c) Desarrollo y actuación en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos laborales.
d) Promoción de la información, formación, consulta y participación de los profesionales sanitarios, de
los trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los planes, programas y
actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral.
2. La autoridad sanitaria, de forma coordinada con la autoridad laboral, llevará a cabo las siguientes
actuaciones además de las ya establecidas normativamente:
a) Desarrollar un sistema de información sanitaria en salud laboral que, integrado en el sistema de
información de salud pública, dé soporte a la vigilancia de los riesgos sobre la salud relacionados con
el trabajo.
b) Establecer un sistema de indicadores para el seguimiento del impacto sobre la salud de las políticas
relacionadas con el trabajo.
c) Impulsar una vigilancia de la salud de los trabajadores, a través de la elaboración de protocolos y
guías de vigilancia sanitaria específica en atención a los riesgos a los que estén expuestos.
d) Desarrollar programas de vigilancia de la salud post-ocupacional.
e) Autorizar, evaluar, controlar y asesorar la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos
laborales.
f) Establecer mecanismos para la integración en los sistemas de información públicos del Sistema
Nacional de Salud de la información generada por las actividades sanitarias desarrolladas por los
servicios de prevención de riesgos laborales y por las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la salud de los trabajadores.
g) Fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo, a través del fomento y desarrollo de
entornos y hábitos de vida saludables.
h) Establecer mecanismos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, en especial
para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación.
i) Cualesquiera otras que promuevan la mejora en la vigilancia, promoción y protección de la salud de
los trabajadores y la prevención de los problemas de salud derivados del trabajo.
j) Promover la formación en salud laboral de los profesionales sanitarios de los sistemas sanitarios públicos.
123
Aún así, es evidente que la Ley sigue siendo ambigua en lo que respecta al acoso
laboral y, muchas veces, es el trabajador quien además de soportar lo insoportable,
deberá „probar” que el mal psicológico y hasta físico, derivan de otro mal mayor
llamado mobbing. Porque cuando el trabajador lleva meses siendo maltratado,
primero verticalmente a través del acosador principal y también horizontalmente a
través de sus compañeros-testigos-mudos, e incluso institucionalmente por la
indiferencia y hasta el castigo de las altas esferas de la organización, llega un
momento en que su baja laboral es inevitable. Además y aunque el daño haya tenido
lugar en el ámbito laboral y con independencia de que las normas lo reconozcan o no,
el mobbing, a diferencia de un accidente laboral cualquiera, salpicará sin rubor, todas
las facetas de la vida personal de la víctima. Y todas, son TODAS, y si no, veamos a
título de síntesis lo que ocurre a lo largo de este largo, maquiavélico y lento proceso:
1º) La salud física quiebra porque el mobbing conlleva tal nivel de tensión
interior prolongada en el tiempo que, fácilmente, produce caídas de pelo,
alteraciones menstruales y gastrointestinales, quistes, alteraciones celulares,
accidentes cardiovasculares, aumentos y disminuciones drásticas de peso, eccemas
y un largo etcétera que en más de un caso ha desembocado en cáncer.
2º) La salud psicológica queda más dañada aún y la depresión grave, mezclada
con unos estados de ansiedad casi insoportables, hacen estragos en la vida de la
víctima que, además, verá cómo se le diagnostica el terrible „estrés postraumático
agudo” o el mismo mal que se le determina, por ejemplo, a supervivientes de
catástrofes como terremotos, terrorismo o accidentes de tráfico.
3º) Y no es para menos aquel diagnóstico porque toda la vida de la víctima ha
saltado por los aires. A nivel laboral, por ejemplo, siente como sus sueños, su
vocación, sus esfuerzos, sus estudios, su especialización, su currículo y sus
desvelos durante años, han quedado en nada. Y lo que es más grave: la víctima está
tan hundida, que es incapaz de imaginarse haciendo otra cosa porque en estos
momentos no es capaz de hacer nada. La baja laboral, debido a la presión extendida
en el tiempo, es un efecto común en los casos de mobbing15.
Ha estado de baja laboral como consecuencia del acoso moral
UDC
USC
85%
Sí
No
Sí
No
32%
15%
15
UVI
85%
68%
Sí
No
15%
124
4º) Al terrible estado anímico y físico, hay que añadir un daño social añadido:
la mayoría de las veces, él o ella no se sentirá en condiciones de relacionarse
socialmente como antes, perdiendo así una valiosa posibilidad de expandirse,
relajarse e incluso de curar y olvidar. Sin embargo, en otras ocasiones, serán otras
personas quienes darán la espalda a la víctima, pues muchos de sus conocidos o
personas que en su día, con insolencia se llamaron amigos, no querrán saber nada
de ella por temor a un contagio del propio mobbing.
5º) El mundo familiar y emocional del acosado, también puede quebrar por
culpa del mobbing16. Y es que no debemos olvidar que de un lado, el acoso
psicológico no es un mal evidente, visible, palpable y, de otro, es un daño lento,
devastador y muy, muy extenso en el tiempo. Quiere esto decir que familiar y
emocionalmente, este mal sordo y devastador suele abarcar largos periodo de
tiempo y, por tanto, no es extraño que en el camino, surjan separaciones, divorcios
y rupturas dolorosas.
6º) Por último, hay que decir que la economía también quiebra, generando una
presión añadida a la víctima que no es nada desdeñable. Y es que al estar de baja,
la nómina se reduce, pero además, muchos ingresos extras con los que en su
economía cotidiana contaba la víctima de mobbing para por ejemplo pagar su
hipoteca, también desaparecen. En el caso de un profesor universitario, hay que
contar con conferencias, congresos, artículos pagados, clases extras o
16
“Mobbing: ¿Cómo repercute el mobbing en el ámbito familiar del afectado?”, en
http://riesgospsicosociales.ning.com/?xg_source=msg_mes_network, se indica que “demás de las
gravísimas consecuencias que tienen el mobbing o acoso laboral sobre el trabajador afectado,
debemos tener en cuenta que éste no es una entidad aislada, sino que tiene una familia en la que
también repercuten las acciones del mobbing.El entorno social del acosado padece las
consecuencias de tener cerca una “persona que ha perdido la motivación, las expectativas de
futuro y las ganas de trabajar, que se siente deprimida, nerviosa”. Los que más sufren estos
efectos son los familiares más cercanos”. Consecuencias en el ámbito familiar más cercano: “El
acoso laboral que sufren los padres se convierte en ansiedad, estrés o depresión, que afecta a su
comportamiento familiar y, por lo tanto, acaba repercutiendo en los hijos. Según estudios
científicos, la mayoría de los hijos cuyos padres sufren mobbing, acaban presentando algún tipo de
problema psicológico, que suele presentarse como un estado de ánimo bajo, trastornos de salud,
problemas escolares, disminución del rendimiento académico, dificultades de concentración...”
Otras consecuencias familiares que pueden estar provocadas por el acoso laboral son:
•Agresividad y aumento de los conflictos familiares. •Retraimiento del acosado en la vida familiar,
mostrándose frío y distante. •Incomprensión, falta de apoyo y rechazo de la familia por su
“obsesión laboral”. •Problemas económicos: Si la victima tiene que acabar abandonando el puesto
de trabajo, pueden sumarse dificultades económicas a la situación. Si, además, el acosado ha
quedado tan “tocado” que no es capaz de reincorporarse al mercado laboral, los problemas
económicos pueden agravarse, sin que muchas veces la familia pueda comprender la causa de
sus dificultades para reintegrarse en un nuevo puesto. En cuanto a la relación de pareja: Se puede
resentir por la tensión, la falta de autoestima, la incomprensión o la falta de apoyo. Es necesario
establecer una buena comunicación en la pareja para poder comprenderse y apoyarse. Ésta será
la única manera de encontrar una salida de la situación, consiguiendo además que la relación no
se resienta. Acosadores que no se contentan con dañar directamente a la víctima: Existen
acosadores que no se contentan con dañar directamente a la víctima, sino que llegan más allá,
atacando a su familia: cartas amenazantes, llamadas a altas horas de la noche, amenazas de
agresión física... En estos casos, la familia puede pasar por un autentico infierno, que puede
acarrear graves consecuencias físicas y psicológicas a sus miembros”.
125
publicaciones. Todo esto, también desaparece, igual que al desarraigo típico del
mobbing, hay que añadir el desarraigo por la pérdida de la casa cuando la víctima
no puede hacer frente al pago de la hipoteca. Pero lo peor es que no sólo deja de
percibir una cantidad considerable de ingresos, sino que los gastos se multiplican
entre psicólogos, psiquiatras y, en algunas ocasiones, hasta abogados...
En este momento, si tenemos en cuenta los enormes grados de presión
extendida en el tiempo que viene soportando una víctima de mobbing, y si además
también pensamos en que como dijo Hirigoyen, el maltrato se sigue dando porque
es „a perpetuidad”, no es difícil entender los intentos de suicidio o el abandono
total a una extinción lenta del acosado. Además de la pérdida injusta e irreparable,
lamentablemente estos hechos no harán sino conducirnos a la conclusión que
exponíamos al principio de este trabajo: en esta macabra paradoja, el acosador
acaba de salirse con la suya, logrando un perfecto asesinato de guante blanco que,
imbuido de una impunidad que podrá llevarle a repetir su acción, no dejará pruebas
de sus actos…
3.6. Del legislativo, al mobbing judicial
Es una heroicidad que teniendo en cuenta el lamentable estado de un acosado,
tanto a nivel de salud física y psíquica, económico, social, laboral, familiar y
emocional, tenga el valor de denunciar el mobbing ante los Tribunales.
Y la denuncia es una decisión de la víctima y sólo de ella porque, al fin y al
cabo, sólo ella soporta este maremagno de horrores y, sólo ella, sabe realmente el
nivel de fuerzas con las que cuenta para afrontar las batallas jurídicas. Además, el
sistema legislativo y después el judicial, también están a la altura del betún en el
tema mobbing. Por eso, es importante advertir al acosado que si decide
denunciar, puede que se encuentre con otro tipo de desierto de años. En primer
lugar porque la justicia es lenta, casi más lenta que el desarrollo en el tiempo del
propio mobbing. Y, en segundo lugar, porque pese al horroroso proceso que
acabamos de ver, el mobbing ni a nivel profesional es considerado por la OMS
una enfermedad laboral –salvo la ambigua referencia al bienestar físico y
psicológico del trabajador del art. 32 de la Ley de 2011-, ni hasta el año 2010, por
el Derecho Penal, un delito.
Porque aunque el vigente Código Penal, dedicaba el Titulo XV a los delitos
contra los trabajadores -artículos 311 a 318-, no podía apreciarse en este articulado
el fenómeno mobbing porque de ninguno de ellos se desprendían conductas típicas
de la figura, tales como el hostigamiento, la persecución, la difamación y sobre
126
todo y según los expertos, el acoso continuo, sistemático, prolongado durante un
tiempo y siempre surgido en una relación de trabajo17.
Hasta finales del año 2010, la única manera de perseguir penalmente el
mobbing, era encuadrándolo en el nº 1, del amplio cajón de sastre del art. 173 del
C. Penal de 1995: „El que infligiera a otra persona un trato degradante,
menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años”. La ambigüedad del texto, complicaba aún más la
propia ambigüedad del mobbing, con la dificultad de prueba, con la inversión de la
carga y con unos testigos que en realidad no lo eran por el hecho de ser mudos. Por
suerte, a finales del año 2010, una ley orgánica vino a añadir otro párrafo al citado
artículo 173, para dar cabida por primera vez en España al acoso laboral como
delito: „Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier
relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad,
realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a
constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”.
Estos datos, marcados por la lentitud de la legislación y la mayor lentitud de
un poder judicial cuyo funcionamiento ya se encuentra colapsado, han hecho que la
indefensión de la víctima se acentúe, la desprotección del sistema recaiga
directamente sobre ella, la pésima política de Recursos Humanos también caiga por
su propio peso y que los maltratadores sigan haciendo de las suyas porque cada día
descansan sobre la tranquilidad de la impunidad.
Además, aún vivimos en un país que hace de la cultura de las apariencias un
gurú y, esto hace que muchas veces cuando la víctima opta por pleitear, se enfrente
al psicópata organizacional o a una persona revestida de currículo, honorabilidad y
hasta de cargos importantes, frente a un acosado que se encuentra derrumbado y
aniquilado física y psicológicamente... ¿Cómo evitar la ironía, si pensamos que en
17
Aún así y quizás con carácter esporádico, los Tribunales ya se pronunciaron sobre conductas
típicas del mobbing, pese a no existir un tipo delictivo concreto, pero sí un daño a la integridad
moral de la víctima, tipificado en el art. 173 del C. Penal. De manera más concreta, la Sentencia de
17 de enero de 2006, RJ 2006/942, en el ámbito militar, estableció que: “El tipo subjetivo requiere
un comportamiento doloso, esto es, que el autor sabe el mal uso que hace del mando (elemento
intelectual) y actúa en función de ese conocimiento (elemento volitivo), sin necesidad de que
concurra algún componente intencional o de tendencia dirigido a la causación de algún efecto. El
resultado típico consiste en «irrogar un perjuicio grave al inferior», que éste debe experimentar
como consecuencia de aquella conducta abusiva. La determinación de la gravedad del perjuicio
como resultado de la conducta es concepto normativo, sometido a la ponderada y casuística
apreciación judicial, sobre todo en consideración a la amplitud del término «perjuicio» que, en
principio, puede referirse a cualquier clase de lesión, enfermedad, quebranto, daño o menoscabo,
y luego su grave entidad cuyo relativismo requerirá, por razones de seguridad jurídica, que se
integre mediante remisión a otras normas aplicables por razón de análogo fundamento. El grave
perjuicio ha de ser ocasionado por aquella actuación o conducta del sujeto activo, en términos de
adecuada relación o nexo causal de manera que el juicio de autoría dependerá en primer lugar de
la imputación causal, ya sea aquella conducta única o preponderante en términos de decisiva
influencia en su producción. Tal resultado, que forma parte del tipo objetivo, ha de ser abarcado
por el dolo del autor al menos a título de dolo eventual, en que éste se representa el desenlace y lo
acepta como consecuencia de su acción."
127
un pleito cualquiera, quien lo parece, es justo quién no está en su sano juicio? Y
¿cómo no decirle a los Jueces: Fallen Señorías, por favor, FALLEN, pero
¡ACIERTEN!?
Conclusión: el mobbing como causa de exclusión social
Analizando cómo se desenvuelve esta carrera de despropósitos y viendo el
desarrollo, siempre en el lugar de trabajo, de los distintos eslabones de la cadenamobbing, no es difícil concluir que el acoso laboral, sí puede convertirse
fácilmente, en una causa de exclusión social que en sus fases más agudas, termine
conduciendo a una persona inocente, bien preparada y hasta con cualidades
destacadas por todos los especialistas, a la alienación, la pérdida de todo lo
conseguido en su vida y, en casos extremos, a veces hasta el suicidio.
Ahora bien: pese a estos datos nada halagüeños, quiero hacer hincapié en
cómo se desenvuelve otro tipo de proceso, también bastante peculiar: A) A mayor
publicidad de un hecho, mayor conciencia social. B) A mayor conciencia social,
mayor sensibilización. C) A mayor sensibilización, más posibilidades de
regulación jurídica. D) Con regulación jurídica, comienzan los primeros
precedentes que sientan jurisprudencia.
Quiere esto decir que si en su día fue difícil, por ejemplo, la regulación
jurídica de realidades tan antiguas como el maltrato de género o el acoso sexual y,
en parte, se logró gracias a la fuerza ejercida por la propia opinión pública, no es
descabellado que nos esperancemos, pensando que poco a poco se contribuya de
diversas formas y desde distintos ámbitos, a una mayor sensibilización sobre la
tremenda magnitud del acoso psicológico en el trabajo, para que además de estar
bien regulado, se establezcan precedentes jurisprudenciales y pueda atajarse de
raíz, con celeridad y diligencia, esta horrible situación. Todos, tanto víctimas de
mobbing que han superado el acoso, como personas sensibles a cualquier realidad
que atente contra los derechos fundamentales de las personas, debemos colaborar
para que nadie vuelva a sufrir este calvario. Por eso, finalizo estas líneas, con las
esperanzadoras palabras de Gregorio Marañón: „La semilla de la verdad puede
tardar en florecer, pero al final florece, pase lo que pase”.
Bibliografía
ANDERSSON, J. (2001): „Informe sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339
(INI)”. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Parlamento Europeo.
BARA GARCÍA, E. (2002): „Acoso Moral”. En http://www.msc.es/insalud
BARÓN DUQUE, M. (2001): „La espiral del Mobbing”. Agence Européenne pour la Sécurité
et la Santé au Travail. En http://europe.osha.eu.int/good_practice/forums
BLANCO BAREA, M.J. (2002): „Mobbing a funcionario público: delito de tráfico de
influencias”. En http://mobbing-opinion.com/artman/publish/
128
BLÁNQUEZ CORRAL, A. (2002): „Acoso moral, violencia de guante blanco: lenta y
silenciosa alternativa al despido”. Ponencia presentada al Curso de Verano
„Fustigamento moral no traballo: unha epidemia do século XXI”. Universidade de
Santiago de Compostela
BUENDÍA, J. (2003): „Estudio realizado sobre el mobbing en la Universidad de Murcia”.
Mobbing Opinión (12-11-2003).
ENCINAS, A. (2002): „Un congreso de profesores denuncia la corrupción de la universidad
pública”. Diario El Mundo, 21 septiembre.
GARRIDO GENOVÉS, V. (2000): „El psicópata. Un camaleón en la sociedad actual”. Ed. Algar.
GONZÁLEZ DE RIVERA, J.L. (2002): „El maltrato psicológico. Cómo defenderse del
mobbing y otras formas de acoso”. Ed. Espasa Práctico.
HIRIGOYEN, M.F. (2001): „El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso”.
Ed. Paidós.
LA VANGUARDIA DIGITAL (2001): „El TSJC califica el suicidio de un trabajador como
accidente laboral”. La Vanguardia Digital, 25/12/2001 – 02.15 horas.
LEYMANN, H. (1996): „Mobbing. La persécution au travail”. Ed. Du Seuil, París.
LÓPEZ CABARCOS, A., VÁZQUEZ RODRIGUEZ, P. (2004): „Mobbing en la Administración
Pública”. Ed. Tórculo. Santiago de Compostela.
LÓPEZ GARCÍA SILVA, J.A. (1998): „Violencia física y psicológica en la administración
pública”. Medicina y Seguridad del Trabajo, nº 45, pp. 31-47.
MARTÍN DAZA, F.; PÉREZ BILBAO, J.; LÓPEZ GARCÍA-SILVA, J.A. (1998): „NTP 476: El
hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing”. Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el trabajo.
MOLINA NAVARRETE, C. (2001a): "Una 'nueva' patología de gestión en el empleo público:
el acoso institucional". La ley, año XXII, nº 5436.
MORÁN ASTORGA, C. (2002): „El mobbing: persecución o psicoterror en el trabajo”,
Capital Humano, nº27, pp. 44-48.
PIÑUEL Y ZABALA, I (2003): El maltrato psicológico en la Universidad. El silencio de los
corderos. Mobbing Opinión (22-11-2003).
PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001): „Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el
trabajo”. Ed. Sal Terrae.
PIÑUEL Y ZABALA, I. (2002): „Informe Cisneros II sobre violencia en el entorno laboral.
Resultados Preliminares del Barómetro Cisneros II”. Universidad de Alcalá de Henares.
PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003): „Mobbing. Manual de autoayuda. Claves para reconocer y
superar el acoso psicológico en el trabajo”. Ed. Aguilar S.A.
REYES NÚÑEZ, Mª. (----): „Diagnóstico, consecuencias, tratamiento y prevención del acoso
moral en el trabajo. En www.terra.es/personal7/agacamt/
RUANO HERNÁNDEZ, A. (2000): „Violencia y agresividad en el trabajo”. Mapfre Seguridad, nº 78.
SALAS ROMERO, J.F. (2001): „Una estrategia empresarial de avanzada tecnología: el
hostigamiento laboral”. En www.analitica.com
SÁNCHEZ CABACO, A. (1999): „Variables individuales (cognitivo-emocionales) y grupales
en las nuevas patologías: el caso del mobbing o acoso psicológico en las
organizaciones”. Revista Iberoamericana de Educación, Salud y Trabajo, nº 0.
SÁNCHEZ DE ANDRÉS, P. (2002): „Cómo actuar ante el mobbing”. En http://mobbingopinion.com/artman/publish/
VILLASANTE, M. (2002b): „Un estudio alerta de que 20.000 empleados de la universidad
son objeto de mobbing”. Diario La Razón, 21 septiembre.
129
LA CRISE MONDIALE DANS LES MASS MEDIA
Valerică NIłU
Université Valahia de Târgovişte
[email protected]
Abstract: During this period of extremely important events take place that lead a hand
to repeat the past, but on the other hand already engage future developments. The current
financial crisis in the stock exchanges, banks or insurance companies, first in the United
States that subsequently spreads to Europe, repeats the 1929 financial crisis on Wall Street.
The financial crisis has particularly interested the media specialist in the field, financial
publications have amply addressed this theme. It referred to the layoffs come. The article
"The labor market: the deficit of workers in mass layoffs" appeared in the Business Standard
December 29, 2008 shows the employment situation along the last year and reviews the
most important forecasts for the year 2009.
Keywords: financial crisis, media, layoffs, solution.
L’article paru dans le Business Standard le 29 décembre 2008 parlait du
besoin urgent de main d’œuvre en Roumanie pour remarquer que, malgré ces
prévisions, à la fin de l’année on assiste à des licenciements et de départs négociés
massifs. En quelques mois donc on est passé d’un déficit, estimé de 100 000 à
environ un million d’employés, à un excédent en main d’œuvre.
Les media roumaines se sont intéressées non seulement aux causes de cette
crise, mais aussi à sa durée et à ses effets. Dans le journal Adevărul, dans un article
intitulé Combien va encore durer la crise?, paru le 18 novembre 2008, on pouvait
lire: « La situation économique ne reviendra pas à la normale avant deux ans au
moins. À mesure que les effets de la crise se ressentent dans l’économie roumaine,
les analystes roumains se montrent eux aussi de plus en plus préoccupés de cette
situation. »
« Les media se sont montrés beaucoup plus sages et ont eu une attitude
beaucoup plus responsable », déclarait Mugur Isărescu, le gouverneur de la Banque
Centrale, qui entendait remercier les journalistes pour leur approche.
D’autres pays aussi débattent le rôle des media dans la perception de la crise,
contribuant selon le cas à calmer le jeu ou bien à accentuer la présente crise, vu le
facteur psychologique qui peut décider de l’évolution des événements.
En France, des lecteurs ont manifesté leur mécontentement face à l’attitude des
journaux qu’ils accusaient d’avoir excessivement dramatisé la situation. Un homme
politique a même demandé publiquement que les rédactions licencient les
journalistes qui ont parlé de la crise.
130
Les directions des quotidiens Le Monde et Libération expliquent qu’il s’agit de
la plus grave crise financière du siècle, une crise qui frappera certainement et de
manière durable leurs lecteurs qu’ils ont l’obligation de tenir informés.
Les ventes qui ont enregistrées une croissance depuis le début de la crise
attestent l’intérêt du public pour cet événement livré sous forme de feuilleton qui
tient le public en haleine.
Le quotidien Les Échos compare le fait d’informer l’opinion publique
occidentale de l’existence d’une crise économique très proche et inévitable à
l’annonce d’un cyclone qui se dirige vers un pays tropical.
La différence entre météorologie et économie tient en l’infirmation. Dans le
cas d’un cyclone, on annonce à la population un danger certain. Dans le cas de la
crise économique, l’annonce transmet non seulement une information, mais
contribue du même coup à aggraver le phénomène ou même à le créer, vu que
annoncer la crise déterminent les gens à adopter un comportement prudent –
bloquer son crédit et ses investissements – et cette prudence précipite le
déclenchement de la crise.
D’autres phénomènes s’ajoutent pourtant et Les Échos cite le cas étonnant de
la banque Lehman Brothers qui a dû déclarer sa faillite, provoquée, semble-t-il,
par une banque concurrente.
À présent on n’hésite pas à affirmer, comme le fait le premier ministre français
François Fillon, que cette crise est aussi grave que celle de 1929. Mais ce qu’on
disait du krach boursier de 1987. À la fin de 1987 les analystes annonçaient pour
l’année suivante une stagnation, voire même une récession de l’économie des
Etats-Unis et de l’Europe. Or, nous rappellent Les Échos, en 1988 on a enregistré
une des plus grandes croissances par rapport à la décennie. Ce scénario est en passe
de se reproduire? Difficile à dire.
Afin de prévenir l’apparition d’une crise, c’est la réaction des autorités
(gouvernement, banque centrale) et celle des media qui importe. Surtout les media
peuvent accélérer l’apparition d’une psychose. J’exprime là mes réserves, car les
media roumaines, comme le public, est assez inexpérimentée.
La presse roumaine pourrait être elle aussi frappée par la crise qui entraînera
des licenciements – on a d’ailleurs enregistré les premiers licenciements en janvier
2009. Plusieurs quotidiens se préparent à affronter cette éventualité en haussant le
prix de vente pour pouvoir absorber la hausse des dépenses de production. C’est le
cas des journaux de sport ou du quotidien Evenimentul zilei. La crise mondiale a
frappé déjà la presse de l’Hexagone, plusieurs rédactions étant obligées de recourir
à des licenciements. Les quotidiens américains affrontent une baisse de leurs
recettes à cause notamment de la baisse des publicités liée au changement des
habitudes des consommateurs et à la crise en général.
Après quelque trois ans de hausse de plus de 20 % du marché des media, on
n’envisage plus à présent de nouveaux investissements, de mettre sur pieds de
nouvelles chaînes de télévision. Déjà la presse écrite est confrontée à la
concurrence de la presse en ligne et on estime que de moins en moins de personnes
131
achèteront des journaux. Les trusts envisagent de réduire leurs coûts par des
licenciements, par une diffusion exclusivement en ligne des journaux, par l’arrêt de
certains produits media. Les media s’avèrent être un domaine qui n’a plus le
support économique qui lui assure la survivance.
La crise frappe, cela va de soi, la presse, la radio et la télévision locales,
l’Internet aussi. Nous sommes confrontés à la chute des ventes et le managerait des
sociétés de media se pose sérieusement le problème de la réduction des coûts par
tous les moyens. Il y a de plus en plus de sociétés qui renoncent à la publicité dans
les media. Du moins pour l’instant. Une autre mesure est de passer un contrat de
publicité que l’on paie en nature. Il n’y a presque plus de journal qui ne soit pas
dans le rouge.
Dans ces conditions il est naturel de se demander quel avenir pour les media
locaux? Ont-ils la capacité de traverser cette crise, vu le grand rôle que tient la
publicité dans leur financement? Ce sont des questions sans réponses. Personne ne
peut y répondre parce que personne ne sait comment vont évoluer les choses.
On peut voir ce qui se passe ailleurs. The Washington Post et Baltimore Sun se
serviront en commun d’articles et de photos. The New-York Times vend pour la
première fois de la publicité à la une, selon HotNews. Le quotidien canadien The
Globe and Mail va réduire son personnel de 10 %, c’est-à-dire 80 ou 90 de ses
employés, espérant qu’il y aura des départs volontaires, selon AFP. La revue
Forbes a licencié 19 éditeurs, selon Business Standard.
En Roumanie on commence à voir les effets de cette même crise. Au sein de
MediaPro se préparent des changements importants. On n’aurait pas estimé que le
géant media puisse avoir des problèmes et pourtant le grand nombre de journalistes
et le personnel auxiliaire pèse lourd en cette période de crise. Même si le trust le
dément, plusieurs employés déclarent avoir été licenciés ou poussées à
démissionner. La réduction du personnel s’est manifestée aussi à ProTV et la revue
Descoperă et le quotidien local BănăŃeanul n’ont plus que des éditions en ligne;
par ailleurs, la revue Target sera relancée sous le titre DA Premium comme
supplément mensuel du journal Ziarul Finaciar. Il est possible aussi que Ziarul de
Duminică soit disponible uniquement en ligne. ProSport subira des licenciements
et les employés de Gândul n’auront plus droit aux tickets restaurant et leur salaire
sera même diminué.
Le trust Impact subit lui aussi les conséquences de la crise, envisageant déjà
des mesures qui visent la réduction des coûts de production. Selon
Paginademedia.ro, les employés du groupe de presse dirigée par la famille
Voiculescu vont voir leurs salaires diminués de 20 %.
Quelques publications, dont Adevărul, România liberă et Gazeta Sporturilor,
continuent de faire des investissements en 2009, les autres se contentant de
fonctionner et de remettre à plus tard de telles décisions.
Je remarque qu’au niveau national on décide dans tous les cas une réduction
importante des coûts, y compris par la réduction des salaires. Dans ma société
aussi, qui édite le quotidien en ligne Impact de l’hebdomadaire imprimé Impact les
132
effets de la crise se font sentir. C’est la première fois depuis la création de la
société que les journalistes toucheront leur paie plus tard que prévu. C’est déjà une
victoire qu’il y aura de paie! La presse locale subit de plein fouet les effets de la
crise et il n’est pas facile de trouver des solutions.
Il y a de nombreux journaux qui n’ont survécu que grâce aux intérêts
politiques de leurs patrons. Ce sont les premiers à disparaître. Buster les ventes en
proposant des encarts peut rapporte à court terme, mais pas une solution à moyen
terme, comme on a pu le voir avec les initiatives de Cotidianul, qui vendait quelque
30 000 exemplaires et qui est revenu à présent à 10 000 exemplaires. C’est ce que
fait Adevărul à présent. En fait, les gens achète le livre/le film, pas le journal et une
fois finie la période des encarts, les ventent chutent.
On peut estimer qu’au niveau national peu de journaux continueront d’exister,
des journaux comme Jurnalul NaŃional, Evenimentul Zilei, Adevărul, Cotidianul,
peut-être aussi România liberă. La presse a l’avantage d’avoir encore une main
d’œuvre relativement bon marché (assez bien payée pourtant par rapport à ce
qu’elle fait le mieux, réécrire les nouvelles fournies par Madiafax/Rompres), ce qui
va permettre une relative survie. La presse locale est dans la même situation,
comme non propre journal, où on a dû réduire le nombre d’employés pour faire
face à la crise.
La télévision rencontre les mêmes problèmes. La survie de chaînes comme
B1TV, NaŃional TV, N24, Romantica, The Money Channel. En ce qui concerne le
groupe Impact, c’est surtout la chaîne Antena 2 qui est menacée, bien qu’elle
propose des émissions avec un certain potentiel (Brancu, Ciutacu, Cristina Cioran)
qui pourraient pourtant migrer ver la chaîne Antena 3. Les réorganisations offrent
une solutions, Columna TV renonçant à quelques collaborateurs importants.
La radio se porte mieux parce que les coûts sont moindres. Je regrette la
disparition de certaines chaînes radio comme NewsFM et la survie d’une chaîne
stupide comme ZU et j’espère que Romantic FM survivra, malgré le bruit qui court.
La presse en ligne n’est pas pour le moment menacée, mais cela ne tardera pas.
La menace, ce sont les sites comme Ziare.com, Wall Street, 9Am, DailyBusiness ou
HotNews.
À quelques exceptions notables, Metropotam, Trilulilu, la presse en ligne
roumaine n’offre pas grand-chose, étant dominée par les jeunes. Cela ne semble
pas gêner, l’ancien premier ministre considérant HI5 comme une plate-forme de
socialisation sans qu’aucun conseiller le lui déconseille.
Un autre aspect est la réduction de la publicité qui touche tous les secteurs,
télévision, radio, presse. On peut voir l’effet de cette conséquence de la crise dans
le cas du trust ProTV qui a mis à la porte certains de ses employés et décidé la mise
en ligne de ses publications.
Sans considérer que l’on peut parler d’un ralentissement ou d’une stagnation
du marché de la publicité en 2009, l’analyste, managing partner Comănescu SRLMedia Consultancy pense que la crise aura deux types d’effets sur la presse. Le
premier, direct, vient de la baisse du marché de la publicité; l’autre, plutôt
133
psychologique, qui accompagne toute évolution substantielle d’indicateurs. Ce
dernier effet est aggravé, selon l’analyste, par le management pratiqué dans les
media roumaines, jugé fataliste et peu professionnel, qui décide des mesures
disproportionnées, réduisant les coûts, qu’il s’agisse des salaires ou du nombre de
pages d’une publication. Petrişor Obae, journaliste à paginademedia.ro, pense lui
aussi qu’on assiste à une réduction des budgets de publicité, d’autant plus qu’en
début 2008 on planchait sur une croissance de 20 à 25 %. Obae donne aussi un
exemple concret: en novembre dernier, les fournisseurs de publicité avaient réduit
leur investissements, ce qui a eu pour conséquence une baisse des revenus des
media. Il suffit de voir l’évolution du temps d’antenne réservé à la publicité pour se
rendre à l’évidence qui enregistre des baisses significatives par rapport à l’année
précédente (moins 35% Pro TV, moins 37% Antena 1, moins 50% Prima TV). Et
P. Obae de conclure que, si la demande rendait possible une position forte des
télévisions dans la négociation des prix pour la publicité, en 2009 la situation
changera. Selon cet auteur, les media pourront réduire leur personnel, à
commencer par les journaux ou les chaînes locales, les chaînes ayant des coûts de
production élevés, comme les chaînes d’actualités, étant les premières à devoir
réduire leurs dépenses.
L’effet principal de la crise dans le domaine des media sera la disparition des
produits media les moins importants, les journaux à petit tirage, les chaînes ayant
une audience réduite. Les journaux et les chaînes plus forts, qui jouissent en plus
du support de grands groupes de presse, resteront sur le marché. En ce qui concerne
les media en ligne, moins chère et qui sont performantes, elles seront moins
affectées par la crise, selon P. Obae, qui croit que les premières victimes de cette
crise seront la presse et la radio.
L’impact de la crise financière sur l’industrie media
Impact général
1. La baisse temporaire des investissements publicitaires. Les domaines les
plus touchés: les banques, les services financiers, l’industrie de luxe, les affaires
passées en line. Les secteurs moins touchés: secteurs technologiques.
2. La hausse de la consommation dans le domaine des media, surtout dans des
media audiovisuelles et d’affaires.
Impact spécifique
1. La concentration des media: les compagnies petites et moyennes seront les
plus touchées.
Certaines disparaîtront, d’autres vont se consolider. Tandis que certains
analystes voient une menace à l’adresse de la liberté d’expression, par la réduction
du nombre de « voix » indépendantes, d’autres y voient une opportunité de
134
« nettoyage » et de régénération d’une industrie où le manque de
professionnalisme, encouragé par le boom dans le domaine des médias, a conduit à
une méfiance de la part du consommateur.
2. « La culpabilisation » de l’industrie média et l’exagération de son rôle dans
la crise financière, manifestée dans des attaques politiques jusqu’à la censure
gouvernementale.
3. L’accélération du déclin des journaux et leur transformation en produits en ligne.
4. La disparition de la « bubble media business », compagnies dont la valeur
sur le marché a été exagérée, et des affaires construites dans le domaine des media
non rentables (incapacité de capitaliser l’audience générale).
Les opportunités
1. La consolidation de l’industrie média par la sélection et la disparition
partielle de « vanity media ».
2. L’amélioration de la qualité du contenu des journaux.
Dès le début de l’année, on est assailli de nouvelles sur les effets de la crise
dans le domaine des media et de la publicité.
« Pendant la crise, la fonction d’information des média s’accroît » a déclaré,
récemment, Cristina Simion, Managing Directory Edipresse AS Romania, qui a
présenté, dans le cadre de la conférence internationale IAA, quelques directions
d’analyse visant le rôle de la presse dans l’information du public sur la crise
financière. Les conclusions, intitulées « The crysis in the press or the press in the
crysis », sont les suivantes: Les journalistes ont été incapables d’informer
objectivement sur la crise, dans le contexte de la campagne présidentielle des ÉtatsUnis. Les journalistes se sont laissés entraîner par la course présidentielle, traitant
la plus grande crise financière depuis la Grande Récession sous la forme
d’informations banales sur les indices boursiers. Cela a été possible parce que les
journalistes ne s’y connaissent en économie, ou bien à cause de leur subjectivisme
en matière politique, les deux causes pouvant se combiner.
La presse d’information nationale a alloué peu de temps et peu d’importance
pratique à chaque aspect de cette crise: des causes, des mesures de prévention, des
effets immédiats et des conséquences à long terme.
Bibliographie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Journal « Adevărul », 18 novembre 2008
Hebdomadaire « Impact » – 20 novembre 2008
« Busineess Standard » – 29 décembre 2008
paginademedia.ro
Agence Nationale de Presse – Agerpres
Mediafax
Rompres
135
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INFANCIA
EN EUROPA Y EN ESPAÑA
Carmen Alemán BRACHO
Catedrática de Trabajo social y Servicios Sociales UNED.
[email protected]
Abstract: The study carries out an analysis of the Child protection policies at an
International level and in Spain, with a special focus on the legal, political, administrative and
social services developments.
The article examines the public policies for the Child, in the context of the social
transformations that have recently emerged in this field. In the last decades, and due to
various reasons, the international organizations have had great prominence in the regulation
of the Child protection and in the establishment of measures for its execution. The rights
established for the safeguard of the Child protection have driven numerous social services.
The measures developed by the International Organizations have been slowly
assumed by European countries, such as Spain that not only has a State-level legislation,
but also a prolix Autonomic-level one. Many Administrative Plans of Intervention have been
elaborated with validity for several years and have articulated a wide range of benefits for
Child. Without any doubt, we have one of the social services with a larger dynamism due to
the constant changes of the need of protection.
The article analyzes the impact of the crisis in children and teenagers, as a
consequence of family situations, or as a result of the public policies taken to face those
situations.
The study finally highlights the consequences of not taking into consideration the
impact in Child of the decisions in social, economic, educative and health politics, and the
consequences of not protecting correctly the Child and its rights during this hard and
complex period of social and economic transformations.
Keywords: Social protection, abandonment, foster, adoption, social services.
Políticas sociales para la infancia
1. Introducción
La protección social del menor, o de la infancia, figura en la Constitución
encabezando el capítulo de los principios rectores de la política social y
económica. Desde siempre, la protección de la infancia ha constituido uno de los
sectores hacia el que se han orientado diversos ámbitos del sector público, así la
sanidad, la educación, la seguridad social y los servicios sociales.
La infancia es un periodo de desarrollo decisivo para el ser humano. Durante
la infancia, se define nuestra propia identidad y la forma de relacionarnos con el
mundo. Al tiempo que es una etapa crucial para la formación de la persona, es
también aquella que requiere de una mayor protección. A medida que crece, el niño
136
va ganando mayor autonomía para actuar y tomar decisiones. Sin embargo, se
encuentra en una situación de fuerte dependencia en la que el entorno social más
inmediato, especialmente la familia, desempeña un papel determinante para
asegurar las condiciones de seguridad y bienestar que permiten su desarrollo.
En este artículo, se van a tratar las políticas públicas para la infancia, en el
ámbito de las actuales transformaciones sociales. Para ello se examinan
previamente los derechos establecidos para salvaguardarla, pues constituyen la
base de los servicios sociales. Sobre todo en los últimos veinte años, y a causa de
distintos problemas que han surgido en el mundo moderno y que afectan muy
directamente a la protección del menor, los organismos internacionales se han
movido para legislar al más alto nivel los derechos que asisten al menor y
establecer medidas para su ejecución. La legislación mundial se ha trasladado a
Europa, del ámbito europeo a España y, en nuestro país, no sólo existe legislación
estatal, sino también legislaciones autonómicas. También se han elaborado
numerosos Planes administrativos con vigencia plurianual, de modo que tenemos
ya establecido un elenco amplio de prestaciones de servicios. Sin duda nos
encontramos ante uno de los servicios sociales con mayor dinamismo, pues la
problemática del menor se encuentra en constante mutación.
2. La protección de la infancia en el ámbito internacional
Los derechos y protección especial que ha de tener la infancia se han reflejado,
ya desde hace años, en numerosos textos y documentos de ámbito internacional del
más alto rango jurídico. Se hace a continuación una referencia a los más
importantes, en especial aquellos que han tenido una influencia directa en nuestra
Constitución y legislación interna.
2.1. Organización de las Naciones Unidas
La primera Declaración de Derechos del Niño se aprobó en 1924 por la
Asamblea de la Sociedad de Naciones, antecedente de la Organización de
Naciones Unidas. Después de la II Guerra Mundial, comienzan a adoptarse
medidas específicas en favor de la infancia. Su manifestación más destacada fue la
aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas (1959) de una nueva Declaración
sobre los Derechos del Niño, más completa. En ella se sientan las primeras bases,
que serán desarrolladas con posterioridad en la Convención sobre los Derechos del
Niño (1989). Sin embargo, a pesar de suponer un avance en el reconocimiento de
los derechos de la infancia, la Declaración de 1959 carecía de los instrumentos de
garantía para hacerlos efectivos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
1998:137).
137
2.1.1. Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
Ratificada por España en 1990. Es el instrumento jurídico fundamental,
inspirador del resto de legislaciones internacionales y nacionales. Dedica especial
atención a establecer instrumentos para la efectividad de los derechos que reconoce
al niño. Reconoce el derecho del niño a su propia identidad, a la libertad de
expresión, pensamiento, conciencia y religión, así como a la intimidad y no
discriminación. Junto a dichos derechos básicos, establece la obligación de los
poderes públicos de asegurar a la infancia un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. (artículo 27), de crear las
condiciones para hacer efectivo el derecho a la educación (artículo 28), a la salud
(artículo 24), a la Seguridad Social (artículo 26) y de generar mecanismos para la
protección del menor en las situaciones que supongan riesgo para su integridad o
desarrollo. La segunda parte del texto de la Convención da cuenta de los mecanismos
para la garantía de estos derechos, incluida la creación de un Comité sobre los
Derechos del Niño que asegure el cumplimiento del texto aprobado en 1989.
La adopción de la Convención por parte de un gran número de Estados y
organizaciones regionales, incluida la Unión Europea, llevó a la evaluación de las
medidas de atención a la infancia desarrolladas hasta el momento y a un nuevo
impulso de las acciones para su protección en el ámbito nacional. En el caso de
España, la ratificación del texto de la Convención contribuyó a la creación de un
nuevo marco legislativo, la Ley de Protección del Menor de 1996, que superó el
Decreto de 1948 (Texto refundido de la legislación sobre protección de menores),
regulador hasta el momento de la materia.
2.1.2. Protocolos Facultativos de la Convención
sobre los Derechos del Niño (2000)
La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2000 el Protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación
de niños en conflictos armados, así como el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Ambos Protocolos
han sido ratificados también por España en 2002.
La conciencia de la necesaria protección del niño como ser más vulnerable de la
sociedad, se ha visto además favorecida por otras actuaciones de la ONU.
Concretamente en diciembre de 1946, se fundó UNICEF (Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia), como medio para canalizar la cooperación internacional, con el fin
de dar ayuda de emergencia a los niños víctimas de la guerra. Más tarde esta
organización amplió su campo de acción con programas en ámbitos como el de la
salud y la nutrición. A partir de 1961, además de ocuparse en estas tareas, incluirá
acciones en el campo de la educación, la orientación vocacional, la capacitación de
personal, y todos los servicios orientados al bienestar de la infancia.
138
Los marcos de protección al menor han seguido desarrollándose tanto en el seno
de organizaciones internacionales como en el ámbito estatal y regional, abordando
nuevas situaciones consecuencia de los cambios sociales más recientes, entre ellas la
presencia de la imagen de los niños y niñas en los medios de comunicación, o en
redes de información como internet. Igualmente, el reconocimiento de determinados
problemas globales, ha llevado a tratar cada vez con más frecuencia, en conferencias
y declaraciones internacionales (entre ellas el Congreso Mundial de Estocolmo o el
Compromiso de Yokohama), situaciones como la explotación económica del menor
o el turismo sexual, que afectan a un importante número de niños y niñas que viven
en los países más afectados por la desigualdad internacional.
2.2. Unión Europea
La actividad de la Unión Europea en materia de infancia implica distintas
facetas: protección de los derechos de niños y niñas, fomento de su bienestar,
apoyo a los Estados miembros en sus políticas, lucha contra la pobreza y la
exclusión de niños y niñas a través de la cooperación al desarrollo.
2.2.1. Estrategia y marco normativo de la Unión Europea
para la protección de la infancia
a) Primeros pasos en la protección de la infancia
El Parlamento Europeo aprueba en 1986 la Carta europea de los niños
hospitalizados, y 1992 la Carta europea sobre los Derechos del Niño. En esta última
el Parlamento propone, como principios mínimos, la protección de la Carta a todos
los menores de 18 años, el reconocimiento de sus derechos y el establecimiento de
las medidas para la protección de este grupo de población. En este sentido, el texto
reconoce que "todo niño deberá gozar de unos servicios sociales adecuados en el
terreno familiar, educativo y de la reinserción social". El Consejo de la UE ha
desarrollado igualmente instrumentos para la protección del menor; entre ellos los
referidos a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes (1977), la
integración de los niños y jóvenes con discapacidad en los sistemas educativos
ordinarios (1990), la protección de los jóvenes en el trabajo (1994), y la lucha contra
la explotación sexual y los malos tratos a los niños (1997). Sin embargo, gran parte
de esta legislación ha tomado la forma de recomendaciones a los Estados miembros,
sin tener un carácter obligatorio ni directamente aplicable en los marcos normativos
nacionales. De ahí que las propias instituciones de la Unión Europea, especialmente
el Parlamento Europeo y el Consejo de las Regiones, pusieran de manifiesto la
necesidad de reforzar las medidas de protección al menor en el ámbito comunitario y
de los Estados. El compromiso de la Unión a través de La Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, unido al fortalecimiento de la política común de
justicia y seguridad, darán lugar a un necesario nuevo impulso a la política
comunitaria en materia de infancia.
139
b) La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Fue formalmente proclamada en Niza en diciembre de 2000 por el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión; fue enmendada y proclamada por segunda vez
en diciembre de 2007, y en diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa, adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados. La
Carta de los Derechos Fundamentales reconoce una serie de derechos personales,
civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y residentes de la UE,
consagrándolos en la legislación comunitaria. En virtud de lo establecido en el
artículo 10.2 de la Constitución española, sus preceptos tienen fuerza constitucional
vinculante en nuestro país. Dedica el artículo 24 a los derechos del menor: „1. Los
menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su
bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en
relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez. 2.
En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas
o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración
primordial. 3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones
personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios
a sus intereses”.
c) Aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros.
En 2004 el Consejo se plantea un marco normativo común a nivel europeo
para abordar cuestiones tales como la tipificación penal, las sanciones, las
circunstancias agravantes, la competencia y la extradición en materia de trata de
seres humanos, explotación sexual de los niños y pornografía infantil.
d) Estrategia sobre derechos de la infancia (2006)
Contiene la acción y los compromisos de la UE y de los Estados miembros
recogidos en la Convención sobre Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.
La Comisión Europea propone en ella una estrategia de protección de los derechos
del niño en el marco de las políticas internas y externas de la UE, que se articula en
torno a los siguientes objetivos específicos, entre otros:
1. Establecer las prioridades de una futura acción de la UE.
2. Tener sistemáticamente en cuenta los derechos del niño en todas las
políticas externas e internas de la UE.
3. Garantizar una coordinación y mecanismos de consulta eficaces.
4. Comunicar más eficazmente sobre los derechos del niño.
5. Promover los derechos del niño en el marco de las relaciones exteriores.
Con el fin de conseguir estos objetivos, la Estrategia prevé varias medidas.
Entre ellas las siguientes:
− Creación en la UE de un número de teléfono único para las líneas de
asistencia a los niños y de un número único para llamadas urgentes
referidas a niños desaparecidos o víctimas de explotación sexual.
140
− Apoyo a los esfuerzos de los bancos en su lucha contra la utilización de las
tarjetas de crédito para la compra en internet de imágenes de pornografía
infantil.
− Lanzamiento de un plan de acción en el marco de la cooperación al
desarrollo.
− Creación de un foro europeo sobre derechos del niño.
2.2.2. Programas e iniciativas comunitarias
vinculadas a la protección del menor
El respaldo comunitario a la protección y el bienestar de la infancia también se
plasma en distintas iniciativas y programas de cooperación y apoyo a los Estados
miembros. Entre ellas se mencionan los siguientes:
a) Programa Daphne III (2007-2013)
Tiene como finalidad prevenir y combatir todas las formas de violencia,
especialmente física, sexual y psicológica, hacia los niños, los jóvenes y las
mujeres. Se dirige igualmente a proteger a las víctimas y a los grupos de riesgo,
con el fin de conseguir un elevado nivel de protección de la salud física y mental,
de bienestar y de cohesión social en todo el territorio de la Unión. Puesto
inicialmente en marcha para el período 2000-2003, repetido en años sucesivos, se
abrió un nuevo periodo de cobertura para 2007-2013. Entre sus objetivos se señalan
los siguientes:
− Apoyar a las ONG para que se movilicen contra la violencia.
− Crear redes multidisciplinares para reformar la cooperación de las ONG.
− Estudiar los fenómenos ligados a la violencia y su impacto sobre las
víctimas y sobre la sociedad (costes sanitarios, sociales y económicos).
− Elaborar programas de asistencia a las víctimas y a las personas con riesgo,
así como programas de intervención con los autores de actos violentos.
b) Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)
Constituye un enfoque común para abordar los desafíos que plantea la llegada
a la UE de un elevado número de menores no acompañados. Se basa en el principio
del interés superior del menor. Menores no acompañados son los nacionales de
terceros países o que llegan a un país de la UE sin ir acompañados de un adulto que
los tenga a su cargo, o a los menores que quedan sin compañía después de su
llegada al territorio de un país de la UE. Este Plan establece tres vías de acción
principales:
− Prevención. Es esencial la colaboración con los países de origen y de
tránsito, así como con la sociedad civil y las organizaciones
internacionales. Se debe abordar el problema de la migración de menores
no acompañados en otros ámbitos políticos, tales como la cooperación al
141
desarrollo, la reducción de la pobreza, la educación, la salud y los derechos
humanos.
− Protección. Cuando se detecte un menor no acompañado en una frontera o
en el territorio de la UE, se le debe proporcionar una protección adecuada.
Debe garantizarse la designación de un representante para cualquier menor
no acompañado.
− Soluciones duraderas. Se ha de evaluar cada caso por separado, teniendo
presente el interés superior del menor. Un menor no acompañado podrá
retornar a su país de origen, dando preferencia al regreso voluntario; o
beneficiarse de una protección internacional o de otro estatuto jurídico e
integrarse en el país de acogida.
c) Programa Safer internet plus 2005-2008.
La UE presenta igualmente el máximo interés en vigilar los peligros de las
nuevas tecnologías para los niños, para lo cual ha establecido este programa, uno
de cuyos objetivos es proteger a los niños de la explotación sexual originada en
Internet.
d) Programa Invertir en las personas.
Dentro de la proyección exterior de la política europea y de la cooperación al
desarrollo, este programa incluye una importante aportación presupuestaria para
llevar a cabo medidas centradas específicamente en los niños y los jóvenes en las
acciones exteriores. Se pretende utilizar esos fondos de modo que tengan un efecto
catalizador, abordando temas como el trabajo infantil, la trata de niños, los niños y
los conflictos armados y la violencia contra los niños.
e) Programas educativos
La importancia de los programas educativos es primordial para conseguir la
más adecuada integración social del niño. La organización y el contenido de los
sistemas de educación y formación son competencia de los Estados miembros, por
lo que el papel de la UE consiste en prestarles apoyo. La Comisión Europea trabaja
estrechamente para ayudarles a desarrollar y modernizar sus políticas de educación
y formación principalmente de dos maneras. Por un lado, mediante el programa de
trabajo Educación y formación 2010, que forma parte de la Estrategia de Lisboa
revisada y que facilita el intercambio de información y mejores prácticas mediante
el aprendizaje mutuo y la revisión por pares. Por otro, a través del nuevo programa
de aprendizaje permanente. El programa marco para el período 2007-2013 recoge
los anteriores subprogramas Grundwig (educación para adultos), Leonardo (para
formación profesional), Erasmus (para educación universitaria) y Comenius, todos
ellos integrados en la iniciativa Sócrates.
142
2.3. Consejo de Europa
Del Consejo de Europa han emanado gran cantidad de normas, unas con carácter
vinculante (tratados y acuerdos internacionales) y otras que revisten la forma de
recomendaciones. Ejercen gran influencia en la legislación de los Estados miembros.
Son bastante numerosas, por lo que nos limitamos a reproducir las más significativas.
2.3.1. Carta Social Europea y Carta Social Europea revisada
La Carta Social Europea fue hecha en Turín en 1961; fue ratificada por
España en 1980. La Carta Social Europea revisada fue hecha en Estrasburgo en
1996; no ha sido ratificada por España. Ambas completan el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950),
ratificado por España en 1979. Contiene referencias al derecho de los niños y de
los adolescentes a la protección (artículo 7), a la protección social, jurídica y
económica de la familia (artículo 16), así como el derecho de las madres y los
niños a una protección social y económica (artículo 17). El artículo 17.1 de la Carta
revisada integra los derechos garantizados por la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño. Para su vigilancia y cumplimiento ha sido
creado el Comité europeo de derechos sociales. Se compone de miembros
independientes, elegidos por el Comité de Ministros para un período de seis años.
Asimismo, determinadas organizaciones internacionales de empleadores y
empresarios pueden dirigirle reclamaciones colectivas. Ha ampliado el campo de
aplicación del artículo 7.10 de la Carta Social Europea, que asegura „una
protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos
los niños y los adolescentes”, con el fin de que cubra la protección de los niños
contra la trata de seres humanos y el mal uso de las técnicas de la información.
2.3.2. Otras Convenciones internacionales del Consejo de Europa
Se mencionan algunas de las más significativas, entre el amplio elenco de
disposiciones jurídicas el más alto nivel:
− Convención del Consejo de Europa para la protección de los niños contra
la explotación y los abusos sexuales (2007).
− Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres
humanos (2005). Esta Convención reconoce que todas las formas de trata
de seres humanos constituyen una violación de los derechos del hombre, y
llama a los Estados a proteger a sus víctimas, hombres, mujeres o niños. Se
aplica a todas las formas de explotación, ya se trate explotación sexual, del
trabajo o de servicios forzosos. Contiene disposiciones específicas que
toman en cuenta la vulnerabilidad de los niños y su necesidad especial de
protección y asistencia.
143
− Convención sobre la Cybercriminalidad (2001). El preámbulo hace
referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño. El artículo 9 se refiere a la pornografía infantil; en él se dispone que
las partes contratante adopten las medidas legislativas que se juzguen
necesarias para tipificar como delito determinados usos informáticos
relacionados con la pornografía infantil.
− Convención europea sobre el ejercicio de los derechos de los niños (1996).
Esta Convención tiene por objeto promover los derechos de los niños y
proteger sus intereses superiores. Prevé medidas de orden procedimental
que permitan a los niños ejercer sus derechos, así como la obligación de
suministrarlas las informaciones pertinentes.
2.3.3. Recomendaciones
Son muy numerosas, y proceden tanto de la Asamblea Parlamentaria como del
Comité de Ministros. Nos limitamos a mencionar alguna de ellas que hacen
referencia más directa a aspectos de protección social de la infancia:
− Recomendación CM/Rec(2009)10, del Comité de Ministros, sobre
estrategias nacionales integrales de protección de los niños con la
violencia. De conformidad con las recomendaciones del Comité de
derechos del Niño de las Naciones Unidas, esta Recomendación anima a la
puesta en práctica de un dispositivo nacional cuya finalidad sea proteger
los derechos del niños y eliminar la violencia ejercida contra ellos. El texto
de la Recomendación se articular en torno a ocho principios generales:
protección contra la violencia, derecho a la vida y a las mejores
condiciones posibles de supervivencia y de desarrollo, no discriminación,
igualdad de sexos, participación de los niños, obligaciones del Estado,
obligaciones y participación de otros agentes e interés superior del menor.
− Recomendación Rec(2005)5, del Comité de Ministros, relativa a los
derechos de los niños que viven en instituciones. Establece como principios
fundamentales que la familia es el entorno natural donde el niño debe
crecer, en una atmósfera de bienestar, y que los padres son los primeros
responsables de la educación y desarrollo de los hijos. La
institucionalización debe ser entendida como excepción; ha de tener como
primer objetivo el interés superior del niño y garantizar el respeto pleno de
sus derechos fundamentales. No debe durar más tiempo del necesario, debe
ser objeto de evaluaciones periódicas, y debe proporcionarse a los padres
toda la ayuda que sea posible, a fin de favorecer un retorno armonioso del
niño al hogar familiar y a la sociedad. El procedimiento, organización y
modalidades de institucionalización tendrán en cuenta la opinión del niño,
en función de su edad y madurez. Las medidas de disciplina y control
aplicadas en las instituciones deben fundamentarse en reglamentaciones
oficiales y en normas establecidas.
144
3. Políticas públicas y marco de protección
jurídica del menor en España
3.1. La Constitución de 1978
El deber de los poderes públicos de protección del menor y salvaguarda de su
bienestar aparece recogido en la Constitución, en el artículo 39. Dicho artículo
establece: 1) la obligación de los poderes públicos de asegurar la "protección
social, económica y jurídica de la familia"; 2) la protección integral de los hijos, en
situación de igualdad con independencia de su filiación y el estado civil de la
madre; 3) el deber de asistencia de los padres a los hijos; y 4) el desarrollo de los
instrumentos jurídicos y medidas para hacer efectivos los acuerdos internacionales
que velan por los derechos del niño. Pero ahí no acaba la atención que presta
nuestro texto constitucional a la infancia, existen referencias que de forma explícita
o implícita recogen el deber de protección y bienestar a este sector, entre ellas, el
artículo 20.4 que señala como límite a la libertad de expresión la "protección de la
juventud y de la infancia". Y referencias implícitas, como el artículo 27, sobre el
derecho al desarrollo de la personalidad a través de la educación, así como otros
preceptos que garantizan diversos aspectos del bienestar del niño (artículos 43, 45,
47 y 49).
3.2. Legislación estatal: La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
Con anterioridad a la actual etapa democrática, la protección al menor había
sido regulada a través del Decreto de 2 de julio de 1948, por el que se refundió la
legislación en materia de protección de menores. Una vez iniciado el nuevo
periodo se aplican sobre este texto numerosas modificaciones parciales y
multiplicidad de medidas legales que tratan de hacer frente a las necesidades de la
población más joven. Así, la Ley de 13 de mayo de 1981 abordará el
establecimiento de un trato igualitario de derechos y deberes entre los hijos, con
independencia de su filiación matrimonial o no matrimonial, reconociendo al
tiempo la investigación de la paternidad; la Ley de 24 de octubre de 1983, llevará
igualmente a una reforma del Código Civil en el tratamiento de la materia de tutela
y guarda de menores. Posteriormente se regulará sobre materias como el
exhibicionismo y provocación sexual en relación con los menores (1992) o el
respeto a los derechos del niño en el ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (1994). Mayor importancia tuvo la Ley 21/1987, de 11 de noviembre. Su
texto sustituye el concepto de abandono por el de desamparo, agilizando los
procedimientos de protección al menor. Introduce asimismo la consideración de la
adopción como un elemento de plena integración familiar y da entrada en nuestro
ordenamiento jurídico al acogimiento familiar. Por todo ello, la aportación
145
fundamental de la citada Ley reside en la introducción de un nuevo modelo de
protección a la infancia, caracterizado por su desjudialización y la consiguiente
promoción de la prevención y la intervención llevada desde instancias
administrativas tales como los servicios sociales.
Pero el hito decisivo será la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, que introducirá importantes modificaciones en el
Código civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta Ley reconoce la necesidad de dar solidez a un nuevo edificio de derechos
de la infancia gestados en torno a las transformaciones sociales y culturales
operadas en nuestra sociedad. Considera a los menores como sujetos de derechos
"activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio
personal y social, de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y
en la satisfacción de las necesidades de los demás" (Exposición de motivos).
3.2.1. Catálogo de derechos reconocidos al menor
Se reconoce un cuerpo de derechos del menor, recogidos en el Titulo I de la Ley:
1. Los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados
Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención sobre
los Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el
ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento,
nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura,
opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social (artículo 3).
2. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (artículo 4). Este
derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones. Se trata de preservar la
utilización que los medios de comunicación puedan realizar de la imagen de los
menores, así como de salvaguardar al menor de las situaciones que afectan a su
integridad personal, entre ellas la pornografía infantil ligada cada vez más a internet.
3. Derecho a la información (artículo 5). Su salvaguarda recae en toda la
sociedad, pero especialmente sobre los medios de comunicación, responsables de
garantizar a través de su programación, así como en la publicidad inserta en la
misma, la emisión de imágenes y contenidos que eviten la violencia o la
explotación sexista de las relaciones interpersonales.
4. Derecho a la libertad ideológica (artículo 6). Tiene su límite en la libertad
de los demás. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que
el menor ejerza esta libertad de manera que contribuya a su desarrollo personal.
5. Derecho a la participación, asociación y reunión (artículo 7). Conlleva el
establecimiento de los cauces adecuados para la formación y participación dentro
de asociaciones infantiles y juveniles, así como la constitución de órganos de
participación en los que los menores puedan tomar parte en las decisiones que les
atañen.
146
6. Derecho a la libertad de expresión (artículo 8), en especial en lo que se
refiere a la publicación de sus opiniones, edición y producción de medios de difusión
y acceso a ayudas que las administraciones públicas establezcan para tal fin.
7. Derecho a ser oído (artículo 9), tanto en el ámbito familiar, como en el
administrativo y judicial, cuando sea directamente interesado y se trate de una
decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.
Con el fin de poder hacer efectivos estos derechos, el menor podrá solicitar la
protección y tutela de la Administración pública, poner en conocimiento del
Ministerio Fiscal las situaciones que considere atentan contra sus derechos,
plantear sus quejas al Defensor del Pueblo y solicitar los recursos sociales
disponibles de las administraciones públicas. Éstas, por su parte, deberán asegurar
el desarrollo de dichos recursos a través de políticas integrales para la infancia.
Los menores extranjeros que se encuentren en nuestro país tendrán acceso a
estos recursos sociales, incluida la educación. Igualmente, la ley reconoce „el
derecho a la asistencia sanitaria y a los demás servicios públicos a los menores
extranjeros que se hallen en situación de riesgo o bajo la tutela o guarda de la
Administración pública competente, aun cuando no residieran legalmente en
España" (artículo 10.4).
3.2.2. Principios que deben regir las actuaciones
públicas a favor de la infancia
Las actuaciones públicas en favor de la infancia se rigen, según el marco
normativo de de la Ley del Menor de 1996, por los siguientes principios (artículo
11.2):
− Supremacía del interés del menor.
− Mantenimiento del menor en el medio familiar de origen siempre que sea
posible.
− Integración familiar y social.
− Prevención de aquellas situaciones que puedan perjudicar a su desarrollo
personal.
− Sensibilización a la población ante situaciones de indefensión del menor.
− Promoción de la participación y solidaridad social.
− Objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora
hacia el menor.
3.2.3. Medidas a adoptar
Los principios antes citados son los que han de guiar la acción pública en las
situaciones de desprotección social del menor (Título II de la Ley). Las medidas
que deben adoptarse serán de diferente tipo dependiendo de la situación en que se
encuentre el niño. La Ley distingue entre:
147
− Situaciones de riesgo. Aquellas en las que el perjuicio sufrido por el menor
no es lo suficientemente grave como para aconsejar su separación del
núcleo familiar. En estos casos los poderes públicos ejercerán funciones de
guarda sobre el menor.
− Situaciones de desamparo. Se considera situación de desamparo „la que se
produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o
inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes
para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la
necesaria asistencia moral o material” (artículo 192 del Código civil).
Registran una gravedad mayor, lo que puede llevar aparejadas medidas que
retiren la patria potestad a los padres y lleven a la asunción de la tutela por
parte de las instituciones públicas, conforme a lo establecido en el artículo
172 del Código Civil. Dicha tutela, como dispone este artículo, se
establecerá a través del acogimiento familiar o el acogimiento residencial
en centros u hogares para menores, procurando en todo caso que el niño
permanezca internado el menor tiempo posible. Este tipo de tutela también
será ejercido cuando los padres o tutores no puedan cuidar del menor y
siempre que el juez así lo determine.
En todo caso, los poderes públicos deberán prever y reparar las situaciones de
desprotección social del menor. Los ciudadanos, por su parte, tendrán la obligación de
comunicar estas situaciones y prestar auxilio inmediato al niño. Serán las entidades
públicas las que evalúen las medidas necesarias para dar fin a la situación de riesgo.
Teniendo en cuenta esta valoración se tomarán medidas de guarda o de tutela,
dependiendo de la gravedad de la situación familiar en que se encuentra el menor.
En el supuesto de que la entidad pública considere necesaria la acogida
residencial del menor, se procura que la estancia en situación de internado sea lo
más breve posible. Los servicios, hogares funcionales o centros dirigidos a
menores, públicos o privados, se han de regir por los criterios establecidos al efecto
por las administraciones públicas, quienes velarán para que dichos establecimientos
cumplan las condiciones de "seguridad, sanidad, número y calificación profesional
de su personal, proyecto educativo, participación de los menores en su
funcionamiento interno, y demás condiciones que contribuyan a asegurar sus
derechos" (artículo 21).
No obstante, el interés por el desarrollo de una vida no institucionalizada del
niño ha llevado, de manera creciente, a la opción por el acogimiento familiar. La
Ley reconoce esta figura introducida en la Ley 21/1987, dándole un tratamiento
más extenso. Igualmente el texto normativo hará referencia a los procesos de tutela,
adopción y adopción internacional, dedicando especial atención a este último. En
este sentido, y si bien la Ley del Menor de 1996 actúa como base normativa en
materia de protección a la infancia, su desarrollo se irá complementado con una
regulación específica y complementaria que afectará en parte a su articulado. La
Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y, la
148
Ley 54/2007 de adopción internacional, son muestra de un marco normativo
dinámico, en el que continúa el debate sobre su funcionamiento y posibilidades de
reforma. Es importante señalar que está en fase de debate el Anteproyecto de Ley
de actualización de la legislación de protección a la infancia, que simplifica la
adopción y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
3.3. Legislación autonómica
3.3.1. Normas reguladoras
La política de atención a la infancia reviste especial importancia en el marco
autonómico. No se olvide que, históricamente, fueron las entidades locales,
municipios y diputaciones provinciales, las que tuvieron encomendada la atención
de los niños en situación de desamparo o de vulnerabilidad. Eran los municipios
quienes primero detectaban la necesidad, y los centros de acogida (casas de
expósitos, de huérfanos, etc.) dependían de la beneficencia provincial.
Por ese arraigo histórico las competencias sobre atención al menor fueron de
las primeras en ser asumidas por las comunidades autónomas, bien porque las
recibieron directamente de las extinguidas diputaciones provinciales (en los
supuestos de comunidades autónomas uni-provinciales), bien porque las
incorporaron a su gestión. De hecho, la mayor concreción en cuanto a legislación,
planes administrativos de actuación, y organización gestora, se encuentra en las
comunidades autónomas, que tienen encomendadas por normas estatales de
Derecho civil la guarda y tutela de los niños en situación de desamparo.
No podemos extendernos en estas páginas en la descripción de su ámbito
competencial. Al menos quede constancia de la legislación autonómica existente.
No se apartan de lo establecido en los Convenios internacionales y
Recomendaciones sobre la materia y en la Ley Orgánica del Menor de 1996, pero
integran mucho mayor contenido, con medidas de diverso tipo, sanitarias,
educativas, de servicios sociales, de integración social, laboral, etc., tanto
preventivas, como rehabilitadoras y de intervención social con los niños,
adolescentes y sus familias. Se trata ya de una legislación consolidada que, en
determinadas comunidades autónomas, está siendo objeto de frecuentes
modificaciones para adaptarla a las circunstancias cambiantes del momento. La
relación de Leyes es la siguiente:
− Andalucía: Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al
menor.
− Aragón: Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en
Aragón.
− Asturias: Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor.
− Canarias: Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores.
149
− Cantabria: Ley 7/1999, de 28 de abril, de protección de la infancia y
adolescencia.
− Castilla-La Mancha: Ley 3/1999, de 31 de marzo, del menor de Castilla-La
Mancha.
− Castilla y León: Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y
protección a la infancia en Castilla y León.
− Cataluña: Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades
en la infancia y la adolescencia.
− Comunidad Valenciana: Ley 12/2008, de 3 de julio, de protección integral
de la infancia y la adolescencia de la Comunitat Valenciana.
− Extremadura: Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de protección y atención a
menores.
− Galicia: Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia y la
adolescencia.
− Islas Baleares: Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de los derechos
de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.
− La Rioja: Ley 1/2006, de 28 de febrero, de protección de menores de La
Rioja.
− Madrid: Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la
infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid.
− Murcia: Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la infancia de la Región de
Murcia.
− Navarra: Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y
protección a la infancia y a la adolescencia, modificada por la Ley Foral
18/2010, de 8 de noviembre.
− País Vasco: Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la
infancia y la adolescencia, modificada por la Ley 3/2009, de 23 de
diciembre.
Asimismo, todas las comunidades autónomas han establecido un órgano gestor
para todo lo que tiene relación con los servicios sociales de atención a la infancia.
Su necesidad es del todo manifiesta, pues son los servicios sociales los encargados
de valorar la situación de desamparo del menor, con el fin de tomar las medidas
urgentes que proceda ante dicha situación y, en cualquier caso, ponerlo en
conocimiento de la autoridad judicial. Por otra parte, existen muchas actuaciones
sociales relacionadas con la tutela, tales como el acogimiento familiar, la acogida
temporal en centros, la derivación a centros educativos, y un sinfín de actividades
que requiere una población tan vulnerable hoy en día como es la de los niños y
adolescentes. Actuaciones que los servicios sociales deben realizar en el contexto
de la familia, pues ésta es el núcleo insustituible donde debe crecer y desarrollarse
el niño para conseguir una plena integración social.
150
3.3.2. Prestaciones
Con independencia de la producción normativa, todas las comunidades
autónomas han establecido prestaciones de servicios y económicas de atención al
menor. Sirvan, como ejemplo de las prestaciones autonómicas existentes, las que
figuran en la cartera de servicios sociales de Cataluña, que prevé prestaciones de
servicios para la infancia, adolescencia y juventud, sector de población que incluye
dentro de los servicios sociales especializados
Contempla, como prestaciones garantizadas (exigibles), las siguientes:
• Servicio de tutela para niños/as y adolescentes en situación de desamparo:
servicio dedicado a la protección de niños/as y adolescentes en situación de
desamparo.
• Servicio especializado de atención a la infancia y a la adolescencia:
servicio de atención a la infancia y la adolescencia y a sus familias; se presta desde
los equipos de atención a la infancia y la adolescencia, distribuidos
territorialmente, y se dedica a la valoración, actuación y atención de niños/as en
riesgo de desamparo o en situación de desamparo, así como al seguimiento y el
tratamiento de sus familias.
• Servicio de centro de acogida: servicio residencial de estancia limitada y
transitoria cuyo objeto es realizar atención, observación y el diagnóstico de la
situación o riesgo de desamparo de menores respecto a sus familiares, a fin de
elaborar la correspondiente propuesta de medida.
• Servicio de centro residencial de acción educativa: servicio de acogida
residencial, para la guarda y educación de sus usuarios y usuarias, donde residen
temporalmente con la medida administrativa de acogida simple en institución.
• Servicio de centro residencial de educación intensiva: servicio residencial
de acogida de estancia limitada, cuyo objetivo es dar respuesta educativa y
asistencial a adolescentes y jóvenes que, por presentar alteraciones conductuales,
requieren unos sistemas de educación intensiva.
• Servicio de piso asistido para jóvenes de 16 a 18 años: servicio de
vivienda de carácter asistencial y educativo con medida de acogida simple en
institución, para quienes se considera necesario iniciar un proceso de
desinternamiento progresivo.
• Servicio de integración familiar: servicio que contempla las tareas
derivadas de la valoración y formación de la familia o persona que solicita acoger o
adoptar y la integración en ésta de un/a niño/a o un adolescente.
• Servicio de unidad convivencial de acción educativa: servicio de
integración familiar especializado de niños/as y adolescentes que llevan a cabo
personas, previamente seleccionadas y cualificadas por razón de su titulación,
formación y experiencia, relacionadas con la infancia y la adolescencia.
151
• Servicio de centro socioeducativo diurno: servicio social especializado de
atención diurna dirigido a adolescentes en situación o riesgo de desamparo que ofrece
actividades dirigidas de habilidades sociales y/o de carácter formativo prelaboral con el
objetivo de que adquieran una mejor preparación para la vida adulta.
• Servicio de centro socioeducativo nocturno: servicio residencial de
alojamiento nocturno de corta duración de personas menores extranjeras recién
llegadas no acompañadas, mientras se realiza la propuesta más adecuada.
• Servicio del teléfono de la infancia (Infancia Responde): atención
telefónica permanente y gratuita de llamadas relativas preferentemente a
situaciones de riesgo para niños/as y adolescentes.
• Servicio de equipos de valoración de maltratos infantiles: servicio de
valoración de maltratos infantiles. Este servicio se presta desde los equipos de
valoración de maltratos infantiles, integrados por psicólogo/a y trabajador/a social.
Estos equipos asesoran, valoran e informan los casos de maltratos o sospecha de
maltratos notificados al organismo competente desde el ámbito sanitario.
Como prestaciones no garantizadas, que únicamente se conceden si existe
disponibilidad presupuestaria, establece las siguientes prestaciones de servicios:
• Servicio de piso asistido para jóvenes mayores de 18 años: viviendas
destinadas a jóvenes entre 18 y 21 años sin recursos propios ni familiares que, al
llegar a la mayoría de edad, salen de las instituciones en las que han estado
acogidos.
• Servicio de residencia o pisos para jóvenes vinculados a programas de
inserción laboral: servicio social residencial para personas trabajadoras menores de
edad (de 16 a 18 años) tuteladas por la Administración de la Generalidad de
Cataluña y para personas mayores de edad (de 18 a 20 años) extuteladas.
• Servicio de acompañamiento especializado a jóvenes tutelados y
extutelados: servicio destinado a prevenir o paliar la situación de riesgo de jóvenes
entre 16y 20 años, tutelados y extutelados, procurando su integración sociolaboral
y fomentando su autonomía y emancipación.
• Servicio de apoyo a la adopción internacional: servicio de apoyo
consistente en la gestión y mediación para la adopción de menores en el ámbito
internacional.
• Servicio de atención postadoptiva: servicio que ofrece un espacio de
asesoramiento, orientación e intervención individual y familiar para tratar
dificultades que tienen que ver con la integración de los/as niños/as en el seno de
su familia adoptiva.
También existen, a nivel autonómico, Planes administrativos de la infancia y
adolescencia, a semejanza del Plan Estratégico Nacional. En uno de los anexos de
este último se encuentra la relación de los existentes hasta su fecha de aprobación.
Se han venido renovando paulatinamente. Fácilmente puede deducirse que el
contenido de dichos Planes es bastante similar al del Plan Nacional, si bien
circunscrito a los problemas y características del territorio autonómico respectivo.
152
Ha de aludirse, finalmente, a la eficaz tarea realizada también por los servicios
sociales municipales en este ámbito, como también habría de mencionarse a las
importantes funciones que tiene asignada la Fiscalía de Menores, los Juzgados de
Menores, el Defensor del Pueblos estatal y los autonómicos, los Defensores del
Menor, la policía de menores, etc. Por lo que se refiere a aquéllos ha de tenerse en
cuenta que, por estar palpando a diario, la realidad cotidiana de las familias y
niños, su tarea es imprescindible para que las entidades de las comunidades
autónomas responsables de la tutela del menor actúen con la mayor prontitud. Así
como el Código civil encarga la protección del menor a la entidad pública
territorial correspondiente (Comisión de tutela del menor, u órgano equivalente)
cuando aquél se encuentra en situación de desamparo para las situaciones de
riesgo, es decir, cuando existen factores en el entorno del menor que pueden
generar cierta alarma pero no se puede considerar que el menor esté desamparado,
las funciones corresponden fundamentalmente a los servicios sociales municipales.
3.4. Planes de acción
Los procesos de planificación dirigidos a la infancia han venido en gran parte
impulsados por los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la
materia. Los Planes estratégicos en infancia y adolescencia forman parte de las
recomendaciones que el II Informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre
los Derechos del Niño realiza a nuestro país. El Plan de acción contra la explotación
de la infancia y la adolescencia viene instado por el Protocolo Facultativo de la citada
Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía y los compromisos adquiridos en Yokohama; Como
resultado, convivirán estos Planes durante el período 2006-2013.
3.4.1. Plan estratégico nacional de infancia y
adolescencia (PENIA) 2006-2009 y II Plan (PENIA) 2013-2016
Son principios de los Planes el interés superior del menor, la no discriminación
en su doble faceta de inclusión social e igualdad de género, la participación plena y
la garantía del derecho fundamental del niño y la niña a la vida, así como el
desarrollo pleno de sus potencialidades. Se establecieron en él los siguientes
objetivos:
− Establecer un sistema permanente de información con el fin de mejorar el
conocimiento de la situación de la infancia en España.
− Mejorar la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas y
demás organismos y agentes implicados de ámbito nacional e internacional.
− Promocionar las políticas de apoyo a las familias en el ejercicio de sus
responsabilidades de crianza y facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar.
153
− Fomentar la sensibilización social sobre los derechos, necesidades e
intereses de la infancia y la adolescencia.
− Impulsar los derechos y protección de la infancia en los medios de
−
−
−
−
−
comunicación y las nuevas tecnologías.
Potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en
situación de riesgo, desprotección o discapacidad o en situación de
exclusión social.
Intensificar las actuaciones en la infancia y adolescencia estableciendo
mecanismos preventivos y de rehabilitación ante situaciones de conflicto
social.
Garantizar una educación de calidad para todos que, caracterizada por la
formación en valores, la atención a la diversidad y el avance en la igualdad.
Fomentar el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción y
protección de la salud dirigidas a la infancia y adolescencia.
Favorecer un entorno físico, medioambiental, social, cultural y político que
permita el desarrollo adecuado de las capacidades de los niños, niñas y
adolescentes.
A cada objetivo se asigna la ejecución de distintas medidas, entre las que se
citan: mayor flexibilidad de horarios laborales, servicios de orientación, mediación
y puntos de encuentro familiar y coordinación entre familia, escuela y sistema
sanitario, acogimiento familiar, creación de un plan Integral de atención para los
menores de tres años con grave discapacidad, etc.
3.4.2. I y II Plan de Acción contra la explotación
sexual de la infancia y adolescencia.
A partir de la evaluación del I Plan contra la explotación sexual de la infancia
y la adolescencia, y siguiendo la misma estructura, se establecen un conjunto de
objetivos generales:
− Conocimiento de la realidad sobre la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia en España y articulación de mecanismos de detección y
denuncia.
− Sensibilización, movilización social, y prevención de situaciones de
explotación sexual de menores.
− Establecimiento de un marco jurídico idóneo para combatir la explotación
sexual de menores, tanto en el nivel nacional como internacional.
− Protección e intervención con los niños, niñas y adolescentes que sufren
explotación, y tratamiento de los agresores.
154
− Fortalecimiento de las instituciones y organizaciones –públicas y privadasque intervienen en la lucha contra la explotación sexual de menores y en su
protección.
Cada uno de los anteriores objetivos se subdivide en objetivos específicos y
éstos, a su vez en acciones, entre las cuales se encuentran las siguientes:
− Prevención y detección de explotación en estancias en el extranjero, en el
uso de internet como soporte para la pornografía infantil, y en situaciones
en las que se registra una mayor incidencia de riesgo o desamparo.
− Colaboración con organizaciones no gubernamentales, empresas turísticas
y medios de comunicación en la prevención.
− Refuerzo del marco legislativo a través de la incorporación de la normativa
comunitaria a nuestro Código penal.
− Acceso a servicios de asistencia, indemnizaciones, ayudas económicas y
materiales a las víctimas de explotación social infantil, etc.
4. Medidas de protección del menor
Existen situaciones en las que, por la ausencia de los padres o la desprotección
en que se encuentra el niño, se hace necesario el establecimiento de medidas para
integrarlo en un entorno que permita su pleno desarrollo. Se exponen a continuación.
4.1. Medidas de protección al menor que no suponen el establecimiento
de una relación paterno-filial reconocida jurídicamente
Entre las instituciones de protección al menor del primer tipo, son
tradicionales la tutela y la curatela. Junto a ellas se han desarrollado figuras
destinadas a preservar el interés del niño, fundamentalmente la tutela, la guarda
administrativa y el acogimiento familiar (Moreno Quesada, 1999: 227 y ss).
4.1.1. La tutela
Es una figura de protección estable del menor (también de otras personas) que
se aplica, entre otros casos, en las situaciones en las que el menor no se encuentra
bajo patria potestad o se encuentra en situación de desamparo. Sustituye la
capacidad de obrar del tutelado.
La tutela se establece por resolución judicial, que atribuye al tutor la guarda de
la persona y los bienes del menor. Al tutor corresponde velar por el menor tutelado,
su buena alimentación y educación, así como por la promoción de aquellas
condiciones que favorezcan su inserción en la sociedad (artículo 269 del Código
civil). La tutela puede ser asumida de forma automática por la Administración
pública competente en materia del menor, en el caso en que éste se encuentre en
155
situación de desamparo y sea necesaria una intervención urgente. En tal caso la
entidad pública ha de informar al Ministerio Fiscal y a los padres o tutores de esta
decisión en el plazo de cuarenta y ocho horas.
4.1.2. La curatela
A diferencia de la tutela, no sustituye la capacidad de obrar del menor, sino
que la asiste y complementa en los casos en que la ley lo establezca. Se establece,
asimismo, por decisión judicial.
4.1.3. La guarda administrativa
Es la institución jurídica a través de la cual los poderes públicos asumen la
protección del menor cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no
puedan cuidarlo. La guarda puede ser requerida por los padres o tutores, o impuesta
por decisión judicial. En el primero de los casos, las personas a cargo del niño,
habiendo valorado que no pueden cumplir sus obligaciones de protección del
menor, pueden solicitar a una Administración pública que asuma la guarda del
menor durante el tiempo que se prolonguen las circunstancias inestables para el
menor. Se trata de esta forma de evitar situaciones de desamparo que tendrían
como consecuencia la privación de la patria potestad. En caso que se produzca esta
situación de riesgo y no sea solicitada la guarda del menor a los poderes públicos,
será el juez quien establezca la guarda asistencial.
4.1.4. El acogimiento familiar
Es una de las principales novedades que presenta la Ley del Menor de 1996. En
el acogimiento familiar el niño no deja de ser miembro de su familia, pero por la
situación de desprotección o riesgo de desamparo que sufre en ella, puede ser
acogido por otra familia. La ley de 1996 establece tres tipos de acogimiento familiar:
− Acogimiento familiar simple. Tiene carácter temporal, bien porque se
prevea la integración del menor a su hogar de origen, bien porque se
establezca como medida transitoria mientras que se logra una situación
más estable.
− Acogimiento familiar permanente. Tiene lugar cuando la edad del niño u
otras circunstancias así lo aconsejen. En este caso, la autoridad pública
puede solicitar del juez que conceda a las personas que acogen al niño las
responsabilidades generadas por su tutela.
− Acogimiento familiar preadoptivo. Este tipo de acogimiento se puede
establecer cuando se considere necesario un periodo de adaptación del
menor a la familia que propone adoptarlo. Es el juez quien, teniendo en
cuenta las características de los acogedores, toma la decisión.
156
4.1.5. El acogimiento residencial
En los casos en que el acogimiento no pueda ser realizado por una familia, el
menor pasará a la situación de acogimiento residencial en un centro asistencial. El
acogimiento residencial ha de ser lo más breve posible, ya que se considera que el
entorno familiar es el más adecuado para el desarrollo del niño, según es doctrina
común en distintas normas de rango internacional.
4.2. Medidas para la protección del menor que implican
una relación paterno-filial reconocida jurídicamente: la adopción
La adopción supone el establecimiento de una relación paterno-filial de
carácter no biológico, sino jurídico. Está regulada por los artículos 175 al 180 del
Código civil, (modificados por la Ley del Menor de 1996). A través de dichos
preceptos se establecen las condiciones que deben reunir los adoptantes y el
adoptado, así como el proceso de adopción. La adopción puede ser nacional e
internacional.
4.2.1. Adopción nacional
1.Requisitos del adoptante:
− Persona física (soltera, viuda, divorciada, casada) con capacidad de obrar y
mayor de 25 años de edad.
− Parejas unidas por matrimonio o con una relación análoga de convivencia;
en estos casos será suficiente con que uno de los miembros haya cumplido
la edad anterior. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción
permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte.
− El adoptante deberá tener al menos 14 años más que el adoptado.
2.Requisitos del adoptando:
− Menores de 18 años que no estén emancipados. No obstante, podrá
adoptarse de forma excepcional a un mayor de edad o a un menor
emancipado, si hubiese existido una situación ininterrumpida de
acogimiento o convivencia iniciada antes de que el adoptado haya
cumplido los catorce años.
− Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción
se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. En caso de
muerte del adoptante, es posible una nueva adopción del adoptado.
− No se puede adoptar a un descendiente ni a un pariente en segundo grado
de la línea colateral por consanguinidad o afinidad.
157
3.Trámites
La adopción se produce por resolución judicial. Hasta llegar a la misma se
desarrolla un proceso en el que se pueden distinguir las fases siguientes:
• Iniciación administrativa del expediente. La entidad pública, servicios de
protección del menor en las comunidades y ciudades autónomas, propone el adoptante al
juez, y expone a éste el informe sobre idoneidad del mismo e interés del menor. En dicho
proceso, y cumpliendo funciones de mediación, podrán colaborar entidades no lucrativas
previamente autorizadas para tal fin por los poderes públicos. El informe de idoneidad es
realizado por el equipo multiprofesional del servicio de protección de menores, que
realiza un estudio psicosocial de los solicitantes a fin de valorar la capacidad para adoptar
y su idoneidad para ejercer la patria potestad. En los casos de ser huérfano y pariente del
adoptante en tercer grado, ser hijo de consorte del adoptante o llevar más de un año en
acogimiento preadoptivo o tutela no se requiere propuesta por parte de la entidad pública.
• Tramitación judicial del expediente. Durante la tramitación, el juez deberá
escuchar a las distintas partes, atendiendo al consentimiento de los adoptantes, el
del adoptado mayor de doce años y el de los padres del adoptando, salvo que estén
privados de la patria potestad o estén incursos en causa de privación.
• Resolución judicial final. Teniendo en cuenta el interés del adoptado y la
idoneidad del adoptante, el juez dictará resolución judicial constituyendo el vínculo
adoptivo. Si la resolución es positiva se produce la integración plena del menor en
la familia y entran en vigor todos los derechos que al menor concede la relación
filial (de apellidos, sucesorios, de alimentos, etc ).
4.2.2. Adopción internacional
En los últimos años se ha experimentado un aumento considerable de las
adopciones internacionales en relación con las nacionales. Según fuentes oficiales,
si bien en el año 1997 el 47% de las adopciones fueron nacionales y el 53%
internacionales, algo más de una década más tarde, en 2008, nos encontramos que
en España el 84,30% de las adopciones que se están llevando a cabo (3.156
adopciones) son internacionales, frente al 15,70% nacionales (588 adopciones). En
relación a la procedencia de los niños y niñas adoptados por familias españolas, el
origen más frecuente son los países de Europa del Este (41,32%) y de Asia
(27,41%), a los que siguen África (20,79%) y América Latina (10,49%); dentro de
estas áreas geográficas, la Federación Rusa, China y Ucrania son las que ofrecen
cifras más elevadas (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2006).
Con el fin de armonizar y lograr una mayor coordinación entre los sistemas
autonómicos de adopción internacional se creó en 2005 el Consejo consultivo de
adopción internacional (Real Decreto 521/2005, de 13 de mayo) un órgano de
participación y colaboración de todas las administraciones y entidades implicadas
en estos procesos. Su objetivo se centra en el análisis de la legislación sobre
adopción internacional y la formulación de propuestas que introduzcan mejoras en
el procedimiento.
158
Fruto de sus trabajos fue la promulgación de la Ley 54/2007 de adopción
internacional cuyo principal objetivo es consensuar una única norma para toda
España. Será este Ley y el Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia internacional firmado en La Haya el 29 de mayo de 1993
los que sirvan de marco normativo para la adopción internacional. Entre las
novedades de la Ley se destacan las siguientes:
a) Prohibición de tramitar adopciones en países en conflicto o inmersos en un
desastre natural.
b) Derecho de los menores adoptados a conocer información sobre su origen
biológico cuando alcancen la mayoría de edad.
c) Transformación de las adopciones simples o menos plena constituida por
autoridades extranjeras en las adopciones plenas reguladas por el Derecho español
cuando se den las condiciones para ello. Por adopción simple se entiende aquella
en la que no hay ruptura de los vínculos personales y jurídicos entre el niño y su
familia biológica. Pero los requerimientos cerrados de adopción dejan fuera en la
práctica a los países islámicos, que no contemplan la adopción sino la kefala, una
suerte de tutela sin vínculos de filiación ni de herencia. Hasta ahora se adoptaban
niños de este modo y en España se convertían con el tiempo en adopciones plenas.
d) Unificación de la dispersa normativa existente y fijación de límites que
eviten el tráfico o secuestro de niños y niñas.
La adopción de un niño extranjero implica la colaboración entre dos Estados:
el de origen del niño y el de los padres adoptivos. Para que se produzca la adopción
el Convenio de la Haya establece que las autoridades del Estado de origen deben
haber verificado que es la mejor opción en interés del niño, asegurando que las
personas o instituciones que se encargan de su tutela, así como el niño cuando su
edad y grado de madurez lo permitan, han dado libremente su consentimiento para
que el proceso se inicie. Las autoridades del Estado de destino deberán a su vez
expedir el certificado de idoneidad de los adoptantes. Una vez que el niño es
adoptado adquiere la nacionalidad española.
A la administración central española le corresponde según se desprende del
Convenio, y se reconoce en el art. 25 de la Ley del Menor, la expedición de los
certificados de idoneidad de los adoptantes, así como la recepción y tramitación de
las solicitudes de adopción.
Otra alternativa es la tramitación del expediente a través de Entidades
Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAIs). Estas entidades deberán estar
habilitadas por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma y autorizadas
por el órgano competente del país donde quieren desarrollar su trabajo y en el que
contarán con un representante debidamente autorizado. En todo caso, se habrá de
comunicar a los servicios de protección de menores el inicio del proceso por esta
vía, para que la administración pueda unir al expediente el certificado de idoneidad,
informes psico-sociales, y cuando corresponda, el compromiso de seguimiento
post-adopción de los solicitantes.
159
5. Servicios sociales para la protección de la infancia
Las características propias de cada una de las etapas de crecimiento, unidas a
las necesidades especiales en el caso de desventaja debida a discapacidad o riesgo
social en el hogar, hacen que el sistema de bienestar social disponga de un amplio
catálogo de recursos, programas y equipamientos con el que adaptarse a la diversa
realidad de la infancia y la familia.
5.1. Servicios sociales de atención primaria
La atención a la familia comienza en la colaboración del nivel de atención
social primaria de los servicios sociales municipales con el sistema educativo y el
de salud. Los centros escolares, los centros de salud y los centros de servicios
sociales detectan aquellas situaciones que requieren de una especial actuación.
Desde los equipos de servicios sociales de atención primaria, a través de los
servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación, de asesoramiento
técnico, ayuda a domicilio y similares, o de los programas de educación de padres,
se ofrece apoyo a la familia en diversas vertientes, que van desde la detección
precoz de situaciones de riesgo para el menor, hasta el apoyo a las familias
cuidadoras de personas dependientes. Se estima que, del total de población
atendida por los servicios sociales de atención primaria, el 10% de los usuarios son
menores de 18 años.
Estos servicios sociales refuerzan su actuación en las situaciones de riesgo
social debidas a procesos de desestructuración del hogar. En estos casos, los
equipos de servicios sociales diseñan programas de intervención individualizados
que proporcionan habilidades y recursos para una dinámica familiar positiva y que
incluyen, si se evalúan como necesarias, ayudas económicas de carácter periódico
(escuela infantil, comedor escolar, etc.) o de emergencia; estas últimas con el fin de
prevenir las situaciones de riesgo de exclusión.
5.2. Servicios sociales de atención especializada
Desde los servicios sociales de atención especializada, o especializados, y en
colaboración con el resto de administraciones que participan del sistema de
bienestar para los más jóvenes, se vienen definiendo protocolos de actuación para
situaciones específicas como son el maltrato infantil o los menores extranjeros no
acompañados. En la intervención en casos de maltrato infantil la falta de detección
y de estimaciones sobre el número real de casos supone una de las mayores
dificultades. Aun así, y según cifras recogidas por el Observatorio de la infancia, el
número de casos de maltrato registrados en niños, y especialmente niñas, se triplicó
en el período 2001-2005. Siguiendo las indicaciones del II Plan contra la
160
explotación sexual de la infancia y adolescencia 2006-2009, se ha establecido un
protocolo común, así como hojas de detección, notificación y registro de casos
aplicables en servicios sociales con identificación, tipo de negligencia o maltrato y
gravedad percibida por el profesional (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2006:57 y ss.).
Por su parte, el Protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados
(2007), aprobado a escala nacional por el Observatorio de la infancia, recoge de
forma ordenada y secuenciada cada uno de los pasos necesarios para garantizar que
las intervenciones se adapten a lo contemplado en la Ley y en el reglamento de
extranjería, así como las competencias y funciones de las distintas administraciones
implicadas.
Los servicios sociales de atención especializada se prestan desde alguno o
algunos de los siguientes equipamientos:
− Centros de educación infantil. En los primeros años de la infancia, los
centros de educación infantil (guarderías), las ludotecas y los centros de día
favorecen el desarrollo de las capacidades de los más pequeños, así como la
conciliación de la vida familiar y profesional de sus padres. El aumento del número
de plazas de guarderías (se tiene previsto que, para 2015, las plazas públicas cubran
un tercio de las necesidades de niños de 0 a 3 años), así como el apoyo a la
creación de guarderías en centros de trabajo por parte de las propias empresas, son
instrumentos previstos para alcanzar este objetivo. Por otra parte, en algunas áreas
vinculadas a actividades económicas estacionales, como puede ser la recogida de
productos agrícolas, se han puesto en marcha guarderías de carácter temporal como
equipamiento complementario.
− Centros de día y ludotecas. Son recursos de carácter no residencial que
acompañan la trayectoria de intervención social con la familia. Los centros de día,
en colaboración con las familias a las que ofrecen orientación y apoyo, favorecen
una intervención integral de carácter preventivo en la que se incluyen medidas para
el desarrollo personal y social, la formación, la orientación familiar y el ocio. Las
ludotecas son centros que completan la formación del niño a través del juego,
favoreciendo el desarrollo social, afectivo y cognitivo en su tiempo libre. Las
ludotecas trabajan en coordinación con los equipos de servicios sociales dando
prioridad a los menores en situación de mayor vulnerabilidad, a quienes puede
favorecer el carácter preventivo de sus contenidos, entre los que se incluye la
educación para la salud, la paz o el desarrollo sostenible.
− Centros de protección o de acogida inmediata. Se caracterizan por acoger
a menores durante un breve espacio de tiempo en el que se analiza su situación
psicosocial y familiar.
− Residencias. Son centros que ofrecen a los menores el alojamiento,
convivencia y educación necesaria para su adecuado desarrollo hasta que sea
posible el retorno a su familia o se adopte otro tipo de medida.
161
− Casas-hogares. Se caracterizan por seguir los patrones habituales que
conforman una unidad familiar de tipo medio. Están ubicadas en viviendas
totalmente integradas en la comunidad. Cada vez con más frecuencia se apunta
hacia la casa-hogar u hogar funcional como opción residencial más adecuada para
el menor que se encuentra en situación de desamparo. Su influjo se ha dejado sentir
en la actuación de los centros públicos, hoy orientados claramente en esta línea de
pequeños núcleos de acogida. Estos centros de carácter residencial pueden
destinarse a grupos de edad concretos o presentar programas de intervención
específicos. Así, existen centros residenciales y programas dirigidos a jóvenes que
tratan de promover la autonomía, independencia e integración laboral de aquellos
menores de más de doce años que no encuentran posibilidad de retorno a su familia
de origen, o para los que no ha sido posible el acogimiento familiar o la adopción.
− Centros especializados para menores infractores. La especial atención que
deben recibir los menores que han infringido la ley penal, lleva a un trabajo
especial de rehabilitación e integración social en centros residenciales de carácter
semiabierto o cerrado, según se establezca en la decisión judicial. Junto a los
centros de internamiento, y cuando así lo autorice el juez de menores, las medidas
podrán ejecutarse en centros socio-sanitarios. Así se recoge en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero que regula la responsabilidad penal de los menores que
han cumplido los catorce años. La vida en el centro debe tomar como referencia la
vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento
pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos
sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y
participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración
social, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente. Los
artículos 56 y 57 de la Ley regulan los derechos y deberes del menor en estos
centros. No obstante, hay que tener en cuenta que, de forma complementaria, las
administraciones estatal y autonómicas vienen estableciendo convenios-programa
para desarrollar medidas distintas al internamiento dictadas por jueces de menores
y de capacitación de profesionales de las Comunidades Autónomas.
− Centros especializados para menores no acompañados. El aumento en la
llegada de menores no acompañados ha llevado al desarrollo por parte de
comunidades autónomas, y con el apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración,
de centros de acogida para estos menores. Se trata de centros de atención
inmediata, de carácter temporal, para menores nacionales de terceros países que
llegan a España sin venir acompañados de un adulto que los tenga a su cargo,
declarados en situación de desamparo provisional o con resolución de ingreso en
centro de protección dictada por el ministerio fiscal o por el juez de menores.
España es uno de los países con mayor número de menores extranjeros no
acompañados. Buena parte de ellos son chicos marroquíes entre 14 y 17 años, con
distintos perfiles sociales.
162
6. Conclusiones
A lo largo del siglo XX, la protección a la infancia ha estado presente en la
actuación de los poderes públicos. Un marco de referencia obligado ha sido y es la
Organización Nacional de Naciones Unidas que, desde su fundación, ha
desarrollado una serie de instrumentos jurídicos internacionales de vital
importancia. Entre otros, la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1958, o la
más reciente Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Junto a estos
instrumentos jurídicos, también se han desarrollado paralelamente otras
actuaciones. Quizás la más significativa ha sido la fundación de UNICEF en 1946,
que ha desarrollado una serie de intensas e interesantes actividades en materia de
cooperación internacional programas de salud, nutrición, educación, orientación
vocacional, capacitación personal y servicios orientados al bienestar de la infancia.
En el escenario de la Unión Europea, ha sido a partir de los años ochenta, con
la entrada en vigor del Acta Única, cuando se han activado una serie de medidas
legislativas. Medidas especialmente impulsadas por parte del Parlamento Europeo
y el Consejo Europeo. El hito más reciente y significativo ha sido la reciente
redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007).
Unido a ello, también se han puesto en marcha una serie de programas (Daphne,
Safer, Comenius, Plan de acción sobre menores no acompañados, entre otros).
Asimismo, el Consejo de Europa ha promulgado diversos textos normativos, unos
con carácter vinculante por ser Convenios de carácter internacional y, en mayor
número, diversas Recomendaciones relativas a la protección de la infancia.
Por lo que se refiere a España, la Constitución de 1978 recoge en el artículo 39
el deber de los poderes públicos de proteger y salvaguardar el bienestar del menor.
Asimismo, desde la década de los 80 se han desarrollado una serie de actuaciones
en diversos terrenos. Dentro de la legislación ordinaria, hay que destacar las
sucesivas Leyes de Protección del Menor, la más reciente de 1996. En ella se
recogen una serie de derechos y principios que están siendo el eje de las
actuaciones de las diferentes administraciones públicas. No obstante, como
consecuencia de las recomendaciones establecidas por la Comisión Especial del
Senado para estudiar la problemática de la adopción nacional y los temas afines
(2008), en el año 2011 se propone el Anteproyecto de Ley de actualización de la
Legislación sobre Protección a la Infancia. Reforma que se dirige a revisar el
concepto del „Interés Superior del Menor” y a promocionar el acogimiento familiar
(pre-adoptivo) frente a otras formas de protección al menor.
En el terreno administrativo-institucional ha sido y es muy relevante toda la
consolidación de una serie de medidas y recursos por parte de nuestro sistema de
bienestar para la protección de la infancia y más en el contexto de la crisis
económica. Por lo que respecta a las medidas, recordar que el marco normativo
español recoge diversas figuras de protección del menor en situaciones especiales.
Estas medidas se distinguen interiormente en función de la existencia de una
163
relación paterno-filial reconocida o no reconocida jurídicamente. Y en cuanto a los
recursos, señalar que, en la actualidad, nuestro sistema de bienestar cuenta, gracias
a la colaboración de las administraciones central, autonómica y local, de una
importante estructura para la atención de las necesidades de la infancia. Una red en
la que es clave la colaboración de los servicios sociales con el sistema educativo y
el de salud.
Bibliografia
ADROHER BIOSCA, S. y VIDAL FERNÁNDEZ, F. (directores) (2009): Infancia en España: nuevos
desafíos sociales, nuevas respuestas jurídicas, Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
ALEMÁN BRACHO, C. ALONSO SECO, J y GARCÍA SERRANO, M. (2011): Los Servicios sociales
públicos” Ed Tecnos, Madrid.
BUENO BUENO, A. (coord.) (2010): Infancia y juventud en riesgo: programas de intervención,
fundamentación y experiencias, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante.
CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (2008): La Ley 54/2007 de 28 de
diciembre 2007 sobre adopción internacional: reflexiones y comentarios, Comares,
Granada.
CANTÓN DUARTE, J. y CORTÉS ARBOLEDA, M. R. (1997): Malos tratos y abuso sexual infantil.
Causas, consecuencias e intervención, Siglo XXI, Madrid.
COMISIÓN EUROPEA (2006): „Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos
de la Infancia”. (COM, 2006, 367 final).
COMISIÓN EUROPEA (2007): „Escuelas para el siglo XXI”. Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión.
CONSEJO DE EUROPA: Convenios y Recomendaciones, http://www.coe.int
CONSEJO EUROPEO (2004): Decisión Marco relativa a la lucha contra la explotación sexual de
los niños y la pornografía infantil.
FERNÁNDEZ DEL VALLE, J. (2008): El acogimiento familiar en España, una evaluación de
resultados, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
LOIZAGA, F. (2010): Adopción hoy: nuevos desafíos, nuevas estrategias, Mensajero, Bilbao.
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (2008): Estadísticas sobre adopción
nacional e internacional.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (1998): Código sobre protección internacional
de la infancia, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2010): Guía de ayudas sociales para la familia,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto Universitario de la Familia de la
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2010): III Plan de Acción contra la explotación
sexual de la infancia y adolescencia 2010-2013.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2006): II Plan de Acción contra la explotación
sexual de la infancia y adolescencia 2006-2009.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2002): I Plan contra la explotación sexual de la
infancia y la adolescencia 2002-2003.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2006): Plan estratégico nacional de infancia y
adolescencia 2006-2009, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
MORENO QUESADA, B. Y OTROS (1999): Derecho civil de la persona y de la familia, Comares,
Granada.
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA (2006): Maltrato Infantil: detección, notificación y registro de
casos, núm. 3, Ministerio de Trabajo Asuntos Sociales, Madrid
164
PADIAL ALBÁS, A. (2007): Estudios jurídicos sobre la protección de la infancia y de la
adolescencia, Tirant lo Blanch, Valencia.
REIS MONTEIRO, A. (2008): La revolución de los derechos del niño, Popular, Madrid.
RODRÍGUEZ CRUZ, R. Y OTROS (2007): Curso de intervención con infancia y familias, IESE,
Madrid.
RODRÍGUEZ PASCUAL, I. (2007): Para una sociología de la infancia: aspectos teóricos y
metodológicos, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.
UNICEF (2009): Estado mundial de la infancia 2009, Fondo de las Naciones Unidas, Nueva
York.
UNIÓN EUROPEA: Tratados y Recomendaciones, http://europa.eu
UNIVERSIDAD DE VIC (2007): Calidad de los servicios para la primera infancia y estimación de
la demanda, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
VIDAL FERNÁNDEZ, F. (2008): Encuesta de infancia en España 2008, Cuadernos Fundación
SM (n. 11), Madrid.
VILLAGRASA ALCAIDE, C. (2009): Por los derechos de la infancia y de la adolescencia: un
compromiso mundial desde el derecho de participación en el XX aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, Bosch, Barcelona.
165
CRÉDIT BANCAIRE ET CROISSANCE EN CÔTE D’IVOIRE
Prao Yao SÉRAPHIN
Enseignant-Chercheur au département des Sciences
Economiques et de Développement de l’Université
Alassane Ouattara
[email protected]
Abstract: The present article examines the link between the bank credit and the
economic growth in Ivory Coast over the period 1961-2003. The study is based on the
approach the VAR (vector autoregression): tests of cointegration of Johansen and models
with correction of error of variables integrated. Our study make tests of cointegration and
causality in the sense of Granger. The results show that there is a stable long-term relation
between the bank credit and the economic growth in Ivory Coast. It seems that the bank
credit does not influence the growth in the sense of Granger. Besides, the results reveal that
the variable delayed bank credit influences the current growth. It is certainly due to the fact
that the monetary policy affects the real sector with a delay. These results show that Ivory
Coast should rather set up measures favorable to the development of the banking sector
Keywords: Financial development; Economic
growth; Ivory Coast; Unit Root;
Cointegration; Causality; Model with correction of error; VAR; MCE.
1. Introduction
1.1. Problématique
Le développement financier stimule la croissance économique, à travers la
mobilisation de l’épargne, l’allocation optimale des ressources, la gestion des
risques et l’offre de services facilitant les échanges. Schumpeter (1911) explique le
rôle que les banques jouent dans la croissance économique en finançant
l’innovation. Levine (2005) résume l’effet bénéfique du développement financier
sur la croissance en quatre points.
En premier lieu, en mettant en commun l’épargne par le biais de la
diversification et de la gestion des risques;
En second lieu, en facilitant l’échange de biens et de services grâce à la
réduction des coûts de transaction;
En troisième lieu, en améliorant la répartition du capital grâce à la production
d’informations ex ante sur les opportunités d’investissement; En quatrième lieu, en
augmentant la propension des investisseurs à financer de nouveaux projets par le
biais de contrôles ex post et d’une gouvernance d’entreprise. Comme le souligne
Ang (2008), un système financier efficient contribue favorablement à la croissance
économique. Mais le sens de causalité entre le développement financier et la
croissance fait l’objet d’une controverse. Robinson (1952) soutient que « là où
166
l’entreprise conduit, la finance suit ». Pour lui, le développement financier est une
conséquence du développement économique. Patrick (1966) propose à juste titre de
distinguer le développement financier « initié par l’offre » du développement
financier « induit par la demande ». Gulde et Pattillo (2006) soulignent que « le
manque de crédit freine la croissance, abaisse le niveau de vie et entrave la lutte
contre la pauvreté».
Ainsi la principale question que nous posons dans cette étude est de savoir
quelle est la place du crédit bancaire, donc des banques dans la croissance
économique en Côte d’Ivoire?
1.2. Objectifs de l’étude
L’objectif de cet article est d’examiner la relation entre le crédit bancaire et la
croissance économique en Côte d’Ivoire. Spécifiquement, il s’agira de mesurer
l’effet du crédit bancaire sur la croissance en Côte d’Ivoire.
Pour atteindre nos objectifs, nous postulons d’une part que le crédit bancaire
stimule la croissance et d’autre part, que le crédit à court terme n’est pas profitable
à la croissance économique.
1.3. Contribution
Le présent travail contribue de plusieurs manières à la littérature empirique
cherchant à mesurer l’impact de la finance sur la croissance économique. Il
complète la liste restreinte des études empiriques sur la Côte d’Ivoire. Ce travail se
distingue des études antérieures en deux points.
Premièrement, l’interaction entre le développement financier et la croissance
économique est mesurée par un indicateur du secteur bancaire et la croissance
économique.
Deuxièmement, l’utilisation du crédit domestique comme mesure du
développement financier au lieu de la masse monétaire cherche à exhiber la
contribution du secteur bancaire à la croissance économique.
Par la suite, l’étude utilise la méthodologie des séries temporelles basée sur des
tests de racine unitaire, de cointégration, et des tests de causalité au sens de granger.
La suite de l’article s’articule autour de cinq sections. La section 2 se veut une
sommaire revue des développements théoriques et empiriques sur la question du
rôle de la finance sur la croissance économique. Dans la section 3, nous donnons
un bref aperçu sur l’économie ivoirienne, notamment l’évolution des agrégats
financiers et monétaires. Le modèle utilisé, la méthodologie adoptée et les sources
de données sont exposés dans la section 4. La section 5 présente les principaux
résultats obtenus. Enfin, les implications de politique économique
sont
développées dans la section 6.
167
2. La revue de littérature
2.1. La littérature théorique
Théoriquement, la relation positive entre le développement financier et la
croissance économique est évidente mais l’accord est moins large sur le sens de
causalité. En effet, il est fortement admis que le développement financier stimule la
croissance qui a son tour raffermie le développement financier. Le développement
financier serait même la condition sine qua non de la croissance économique ( Ang
et Mckibbin, 2007; Singh, 2008; Giuliano et Ruiz-Arranz,2009). Pour Baltagi et al
(2009), le développement financier des banques, assuré par la libéralisation
financière, est un mécanisme de croissance à long terme dans les pays en
développement.
En revanche, d’autres auteurs soulignent l’importance de la croissance
économique dans le développement financier. Greenwood et Smith (1998) ont
élaboré des modèles dans lesquels les marchés financiers apparaissent après une
période de développement économique où l’expansion de ces marchés accentue la
croissance réelle.
2.2. La littérature empirique
Le lien positif entre le développement financier et la croissance a été mis en
évidence par plusieurs études (Roubini et Sala-i-Martin, 1992; King et Levine,
1993a, Levine 2005). En général, ces études sont basées sur l’analyse en coupe
transversale, consistant à régresser le PIB réel par tête moyen sur l’indicateur de
développement financier et un ensemble de variables de contrôle incluant les
conditions initiales et les caractéristiques des pays. Si les travaux empiriques sur le
lien développement financier et croissance économique, dans le cadre des séries
temporelles sont limités (Pagano, 1993), les études portant sur le sens de causalité
sont nombreuses (Gupta, 1984; King et Levine, 1993a; Jung, 1986; Demetriades et
Hussein, 1996 ).
Dans cette riche littérature, une poignée d’études a porté sur les économies
subsahariennes (Spears, 1992; Gelbard et Leite, 1999; Collier et Gunning, 1999;
Ndikumana, 2000; Ghirmay, 2004; Kpodar, 2005; Aka, 2010).
La causalité monnaie-activité des pays de l'UEMOA a fait l'objet d'une étude
par Kalulumia et Yourougou (1997: 197-230). Les données sont trimestrielles et
portent sur la période 1964.1-1993.4. Cinq des sept pays de l'Union sont
considérés: la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Togo et le Burkina Faso. Le
Mali et le Bénin sont exclus de l'échantillon, en raison de l'absence de données sur
les prix et le PNB. Deux indicateurs de masse monétaire sont considérés: la
monnaie au sens strict (M1) et la monnaie au sens large (M2). L'activité est
168
mesurée par le PNB en volume et le taux de change réel bilatéral en termes de $ est
l'indicateur du taux de change. Il apparaît alors que les innovations sur M2 sont non
neutres sur l'activité en Côte d'Ivoire.
Dembélé Esaïe (2010), arrive à des conclusions suivantes: les taux de
croissance antérieurs des variables financières (taille, profondeur) ainsi que celui
du produit intérieur brut réel lui-même favorisent son niveau actuel.
Concernant le cas spécifique de la Côte d’Ivoire, Fofana F. N (2003) a, quant à
lui étudié les liens entre le développement de la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM) et l’évolution de l’activité économique. Il a abouti à une
causalité unidirectionnelle qui va de la croissance économique vers le marché
financier. Par ailleurs, il invite à considérer le marché boursier comme facteur
pouvant avoir une contribution significative à la croissance économique. Ensuite,
Diarrassouba. V (2007) s’est penché sur le même problème et a conclu une
corrélation positive entre le marché boursier et la croissance économique.
3. Évolution du crédit bancaire et de la croissance économique
Une analyse de l’évolution des indicateurs de développement financier et du
taux de croissance en Côte d’Ivoire est présentée dans cette section. Les données
macroéconomiques relatives aux indicateurs utilisées proviennent du CD-Rom du
FMI (2006).
3.1. Quelques indicateurs de développement financier
A l’instar du système bancaire de la zone UEMOA, celui de la Côte d’Ivoire
est oligopolistique en dépit de la levée des restrictions sur les taux d’intérêt; le
secteur bancaire n’est toujours pas concurrentiel. Selon Saab et Vacher (2007),
depuis quelques années, avec la création de nouvelles banques détenues par
des Africains et l’entrée des banques d’autres continents, le degré de
concentration diminue sans pour autant changer l’ossature du système financier.
Le système bancaire ivoirien est sous-développé. La profondeur financière
mesurée par le ration « M2/PIB » a évolué en Côte d’Ivoire, entre 25 et 30% depuis
1970. Sur la période 1962-2004, le ratio mesurant l’approfondissement financier
atteint son maximum en 1977 (0,32) et son minimum en 1963 (0,18). Sa moyenne
qui est de l’ordre de 0,26 est à peu près le niveau atteint en 1971, légèrement en
dessous de celui de 1994 (0,28).
En Côte d’Ivoire, le ratio de l’approfondissement n’atteint jamais le seuil de
36,5. En effet, Berthélémy et Varoudakis (1998) ont validé par une analyse de panel
l’idée selon laquelle l’impact de l’approfondissement financier sur la croissance ne se
manifeste qu’à partir d’un certain seuil ( M 2 / PIB au moins égal à 36,5).
169
Graphique 1: Évolution de l’approfondissement financier en Côte d’Ivoire
TXM2
.34
.32
.30
.28
.26
.24
.22
.20
.18
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Source: Graphe obtenu à partir des données disponibles
sur International Monetary Fund, IFS CD-ROM version 1.1.55 (2006)
À partir de 1991, l’indice a commencé à décroître dans le cas ivoirien, avec les
politiques de libéralisation financière et le programme de reconstruction et de
stabilisation économique (PASFI). Ce dernier comportait un volet financier dont
l’objectif était de « promouvoir, avec une structure institutionnelle appropriée, un
système financier solvable, diversifié et étendu, capable de satisfaire les demandes
d’épargne et de crédits des agents économiques » et de « financer le développement sur
des bases saines, c’est-à-dire sans l’appropriation des fonds par le secteur public »1.
Graphique 2: Évolution du taux de crédit domestique en Côte d’Ivoire
TXCREDITDOM
.55
.50
.45
.40
.35
.30
.25
.20
.15
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
sur International Monetary Fund, IFS CD-ROM version 1.1.55 (2006).
1
Banque Africaine de développement (1994), Rapport sur le développement en Afrique.
170
Sur cette période, le taux de crédit (crédit domestique rapporté au PIB) atteint
son maximum en 1983 (0.51), son minimum en 1963 (0.15) et sa moyenne en 1975
(0,31). La part du crédit domestique dans le PIB n’a pas cessé de baisser depuis le
début des années 1980.
Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’évolution de l’orientation sectorielle des
crédits bancaires, sur la période 2004-2007, se présente comme indiqué sur le
graphique qui suit.
Graphique 3: Évolution de l’orientation sectorielle des crédits bancaires en Côte d’Ivoire (2004-2007)
Source: Rapport annuel de la commission bancaire de l’UMOA, 2007, p. 53
3.2. Le taux de croissance du PIB
En Côte d’Ivoire, le modèle agro-exportateur a stimulé une forte croissance
économique d’environ 7% en moyenne sur la période 1960-1980. Après cette
période de forte croissance, la croissance économique de la Côte d’Ivoire a
évolué en dents de scie, passant par une période de recul de la croissance
économique (1980-1994) et une période de reprise de la croissance économique
(1994-1999) boostée par les effets positifs de la dévaluation de janvier 1994. Cette
relance de l’activité économique ivoirienne a été estompée par le coup d’Etat
militaire de décembre 1999 et la crise militaro-politique depuis le 19 septembre
2002. Cette crise ivoirienne a consacré la partition du pays en deux (2) zones et
paralyse fortement l’activité économique du pays. Ainsi, la Côte d’Ivoire connaît
depuis 1999 des années de faible croissance économique voire des années de
croissance négative (-4,1% en 2000 et -0,3% en 2003).
171
Graphique 4: Évolution du taux de croissance du PIB en Côte d’Ivoire (1963-2003)
sur International Monetary Fund, IFS CD-ROM version 1.1.55 (2006)
4. Le cadre méthodologique
Pour apprécier l’impact du développement financier sur la croissance économique,
plusieurs auteurs ont proposé diverses modélisations théoriques et empiriques. Le
crédit bancaire est rarement associé dans une régression au taux de croissance. Menant
une étude sur la Malaisie, Ang (2008) conclut qu’un système financier développé
contribue favorablement à la réalisation des taux élevés de croissance économique par
le biais de l’augmentation de l’épargne et des investissements privés. L’association
empirique, entre le développement financier et la croissance est plus solide que la
littérature théorique en raison de la variété d’études.
4.1. Spécification du modèle
Le modèle à tester est le suivant:
(1)
Choix des variables
L’indicateur du développement financier retenu est le crédit
domestique qui est composé du crédit au secteur privé et du crédit au secteur public. Le
crédit domestique est rapporté au produit intérieur brut (PIB). Il est souvent influencé
par les politiques de crédits dirigés et les programmes gouvernementaux de subvention.
Il risque, en outre, de ne pas saisir convenablement le niveau de développement
172
financier, si celui-ci s’effectue en dehors de la sphère bancaire, en l’occurrence au
travers des marchés financiers (cas des pays développés).
Le taux de croissance du PIB. Le taux de croissance est choisi pour
mesurer la dimension réelle. C’est la variable endogène du modèle.
Méthode économétrique
Avant de procéder au test de causalité au sens de Granger (1963), il convient
de s’assurer de la stationnarité des variables et de l’absence de cointégration entre
les variables prises deux à deux. En cas de relation de cointégration entre les
variables, il est nécessaire d’estimer un modèle à correction d’erreurs destiné à
corriger le biais d’estimation induit par la relation de cointégration. En effet,
l’analyse de cointégration permet d’identifier la relation entre plusieurs variables.
Cette notion a été introduite dès 1974 par Engle et Newbold, sous le nom de
« spurious regressions », ou regressions fallacieuses, puis formalisée par Engle et
Granger en 1987, et enfin par Johansen en 1991 et 1995.
intégrés de même ordre, on peut
estimer le modèle à correction d’erreur (MCE) suivant:
(2)
On s’attend à ce que le coefficient
soit significativement négatif. Le
coefficient
se déduit directement du coefficient
de
Un modèle VAR (1) a été estimé. Soit le modèle VAR (p) pour lequel les
variables DTCPIB et DTXCREDITDOM sont stationnaires:
Le test consiste à poser ces deux hypothèses:
ne cause pas
acceptée:
ne cause pas
si l’hypothèse
suivante est
si l’hypothèse
suivante est
acceptée:
On teste ces deux hypothèses à l’aide d’un test de Fisher classique.
4.2. Sources des données
Les données macroéconomiques utilisées sont annuelles et couvrent la période
allant de 1960 à 2004. Elles sont issues du CD-Rom du Fonds monétaire
international (2006).
173
5. Les résultats empiriques et interprétations
5.1. Validation statistique du modèle
Test de cointégration
Nous reprenons ici l’algorithme en deux étapes de Engle et Granger.
Etape 1: L’ordre d’intégration des deux variables
L’ordre d’intégration a été vérifié avec le test de Dickey et Fuller augmenté.
La condition nécessaire de cointégration est que les séries doivent être intégrées de
même ordre. Si les séries ne sont pas intégrées de même ordre, elles ne peuvent pas
être cointégrées.
Tableau 1: L’ordre d’intégration des séries
TCPIB
TCPIB
ADF test
Statistic
-2.246709
5% critical
value
-2.929734
Non
DTCPIB
ADF test
Statistic
-7.794083
5% critical
value
-2.933158
Oui
TCPIB est non
stationnaire car
-2.246709
est supérieur à
-2.929734
DTCPIB est
stationnaire car
-7.794083 est
inférieur à 2.933158
TXCREDITDOM
TXCREDITDOM
ADF test Statistic
-0.899733
5% critical value
-2.929734
DTXCREDITDOM
ADF test Statistic
-5.473262
5% critical value
-2.931404
Non
Oui
TXCREDITDOM est
non stationnaire car
-0.899733est
supérieur à
-2.929734
DTXCREDITDOM
est stationnaire car
-5.473262 est
inférieur à
-2.931404
Source: Estimation de l’auteur avec le logiciel Eviews.
Modèle à correction d’erreur
Estimation de la relation de long terme
TCPIB et TXCREDITDOM étant intégrés d’ordre 1, nous avons estimé la
relation de long terme suivante:
.
Le résultat de l’estimation est le suivant:
.
(-1.244878)
( 3.353481)
F-Statistic = 1,59
174
Pour que la relation de cointégration soit acceptée, le résidu
issu de cette
régression doit être stationnaire. Nous avons donc testé la stationnarité du résidu
issu de cette régression. La stationnarité
du résidu étant accepté, un modèle à correction d’erreur (MCE) a été estimé.
Tableau 2: Test de stationnarité du résidu
ADF test Statistic
-4.231292
5% critical value
-2.929734
est stationnaire car -4.231292 est inférieur à -2.929734
Source: Test effectué par l’auteur
Nous avons enfin estimé par MCO la relation du modèle dynamique de court
terme. L’estimation a été faite en une seule étape, les résultats étant les mêmes
lorsqu’on a une seule variable explicative (Bourbonnais, 2011, p.301)).
Les résultats du modèle dynamique sont les suivants:
Tableau 3: Résultat de l’estimation du modèle dynamique
Variable
Variables
expliquée
explicatives
DTCPIB DTXCREDITDOM
TCPIB(-1)
TXCREDITDOM(-1)
C
Coefficient
-1.372387
-0.567978
-0.064164
0.076897
Std.
Error
0.495140
0.137234
0.135810
0.048373
t-Statistic
-2.771713
-4.138766
-0.472454
1.589653
Prob.
0.0084
0.0002
0.6392
0.1198
F-Statistic = 9,39
Prob (F-statistic) = 0,000079
Le coefficient de TCPIB(-1),
est bien significativement
négatif. Le coefficient
se déduit directement du coefficient
de
Il
est égal à:
Le modèle est acceptable car la probabilité du F-statistic (0,000079) est
inférieur à 0,05. Dans le modèle, les coefficients des variables DTXCREDITDOM
et TCPIB(-1) sont significatifs.
Le modèle VAR(1) indique que D(TXCREDITDOM) dépend à la fois des
valeurs passées de D(TXCREDITDOM) et de D(TCPIB) tandis que D(TCPIB)
175
dépend seulement de la valeur passée de D(TXCREDITDOM)(annexes). Les tests
de causalité au sens de Granger indique les résultats suivants:
Null Hypothesis:
Obs F-Statistic Prob.
D(TXCREDITDOM) does not Granger Cause D(TCPIB) 43
D(TCPIB) does not Granger Cause D(TXCREDITDOM)
2.99390
0.34551
0.0913
0.5600
Comme 0,0913 est supérieur à 0,05, l’hypothèse nulle est acceptée. On
constate que D(TXCREDITDOM) n’influence pas au sens de Granger D(TCPIB)
car 0,249 > 0,05 et
D(TCPIB) n’influence pas au sens de Granger
D(TXCREDITDOM) car 0,85 > 0,05.
5.2. Interprétation et analyse économique des résultats
En considérant l’échantillon et la période d’étude, il ressort que le taux de
croissance du PIB serait négativement affecté par le crédit domestique mais
positivement par la valeur passée du taux de croissance du crédit. En clair, le
système bancaire agit négativement sur la croissance du PIB. Particulièrement,
l’effet négatif du crédit domestique sur la croissance du PIB traduit une mauvaise
allocation soit un rationnement du crédit. Nos résultats coïncident avec ceux de
Bamba N’galadjo (2004), pour qui, le système financier de l’UEMOA pèse
négativement sur la croissance.
Il a trouvé que les variables qui reflètent les fonctions bancaires,
particulièrement, ont eu une influence négative sur le taux de croissance du PIB
dans les pays de l’Uemoa. Il s’agit de la taille des banques, du niveau et la qualité
des crédits domestiques, et dans une moindre mesure du taux d’intermédiation
financière. Le fait que D(TCPIB) dépende seulement de la valeur passée de
D(TXCREDITDOM) indique le manque d’efficacité du système bancaire et les
difficultés pour ceux qui ont la chance d’avoir le crédit de mettre tout de suite en
place une activité génératrice de revenus.
Les politiques de libéralisation financière ont certes conduit à l’écartement du
Gouvernement du secteur bancaire mais cette politique a eu ses effets pervers dont
les plus significatifs sont l’augmentation des « spreads » de taux d’intérêt et la
surliquidité bancaire. Dans le cas de la Côte d’Ivoire, selon Pacal Labazée et Yves
Fauré (2000, p.114), les taux d’intérêt, très élevés pratiqués par les grandes
banques ivoiriennes restent fortement expliqués par les marges bancaires. Ces taux
hors commissions sont compris entre 14 et 20% et des marges bancaires de l’ordre
de 5 à 8,5%.
Au moins quatre raisons pourraient expliquer l’impact négatif du crédit
domestique sur la croissance économique.
176
Premièrement, les instruments financiers sont limités et la politique d’épargne
reste approximative. La faiblesse des crédits est un frein à la mobilisation de
l’épargne nationale. En effet, les petits commerçants préfèrent garder sur eux leur
argent pour l’utiliser tout de suite en cas de besoin. Pour renouveler son stock de
marchandises et éviter les files d’attente lors du passage à la caisse, l’épargne du
secteur informel est thésaurisée.
Deuxièmement, le rationnement du crédit. L’offre de crédit est couteuse (taux
d’intérêt élevé) et insuffisante. En dehors de quelques grands groupes internationaux,
l’économie ivoirienne est composée de PME. Or, les PME africaines ont une
difficulté d’accès aux financements bancaires. La difficulté la plus courante serait
liée à l’analyse du risque associé aux prêts. La plupart des entreprises n’arrive pas à
fournir les informations nécessaires à cette analyse décisive.
Troisièmement, l’accord de classement en vigueur dans l’Union Economique
et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) impose des ratios de structure très
contraignants pour les banques prêteuses. Très peu d’entreprises arrivent à
respecter les ratios de décision.
Quatrièmement, le manque de collatéral de qualité comme des biens
immobiliers de grande valeur constitue un autre blocage. Pour se couvrir contre le
risque de crédit, les institutions financières exigent des collatéraux de valeur et
dont la monétisation est immédiate. Le secteur banque prêtent avec un maximum
de garanties, et très souvent aux fonctionnaires ou agents économiques qui ont un
compte assez fourni.
Cinquièmement, le climat des affaires manque également de lisibilité. Du coup,
les banques s’engageant dans des contrats de dette de courtes périodes, engageant le
plus souvent de faibles montants. L’environnement macroéconomique constitue donc
un facteur qui limite l’émergence des financements accordés aux PME.
6. CONCLUSION
Le présent article analyse empiriquement le lien entre le crédit bancaire et la
croissance en Côte d’Ivoire, sur la période 1961-2003. En utilisant le crédit
bancaire domestique comme indicateur du secteur bancaire et le PIB comme
indicateur de croissance, l’étude utilise la méthodologie reposant sur des tests de
racine unitaire, des tests de cointégration et des tests de causalité basés sur une
représentation VAR.
Les résultats révèlent l’existence d’une relation de long terme entre le crédit
bancaire et la croissance économique en Côte d’Ivoire. Nonobstant, le crédit
bancaire ne cause pas la croissance économique au sens de Granger. Ceci pourrait
être dû à plusieurs écueils, à savoir le caractère informel des entreprises en Côte
d’Ivoire, la faiblesse de l’épargne collectée par les banques, l’environnement
macroéconomique et les ratios de structure très contraignantes pour les banques. En
outre, l’absence de causalité entre le crédit bancaire et la croissance pourrait être le
177
fait d’un effet de seuil, qui nécessite un niveau de développement bancaire
suffisant pour que le crédit bancaire influence la croissance économique.
L’implication de politique économique de ces résultats est que des mesures
pour promouvoir la bancarisation, la mobilisation de l’épargne par le secteur
bancaire, l’amélioration de l’environnement légal et règlementaire, le
renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises sont susceptibles
de mobiliser le crédit bancaire au profit de la croissance économique en Côte
d’Ivoire.
Bibliographie
Aka B.E., 2010, „ Développement Financier, Croissance Économique et Productivité
Globale Des Facteurs en Afrique Subsaharienne”, African Development Review, Vol.22,
No. 1, pp. 23-50.
Ang J.B., 2008, „ Survey of Recent Developments in the Literature of Finance and
Growth”, Journal of Economic Surveys, Vol. 22, pp. 536-576.
Ang J.B., McKibbin W.J.,2007, „Financial liberalization, financial sector development and
growth: Evidence from Malaysia”, Journal of Development Economics, Vol.84, pp. 215-233.
Baltagi B.H., Demetriades, P.O., and Law, S.H., 2009, „Financial development and
openness: Evidence from panel data”, Journal of Development Economics, Vol.89,
pp.285-296.
Bamba N.L (2004), „Intermédiation financière et croissance économique des pays de
l’UEMOA”, Lettre de politique économique, n° 54, juin.
Berthelemy J.C., Varoudakis A., (1998), „Développement financier, réformes financières et
croissance: une approche en données de panel”, Revue Economique, Vol. (49), n° 1, pp:
195-206.
Bourbonnais R.,2011, Econométrie: Manuel et exercices corrigés, 8ème éd. Paris: Dunod.
Collier P., Gunning J.W.,1999, „Explaining African Economic Performance”, Journal of
Economic Literature, Vol. 37, No. 1, pp. 64-111.
Dembele E., 2010, „Contribution du financement bancaire à la croissance économique en
Côte d’Ivoire ”, Mémoire de DESS en Gestion des Politiques économiques.
Demetriades P.O., Hussein K.H., 1996, „Does Financial Development Cause Eco- nomic
Growth? Time Series Evidence From 16 Countries”, Journal of Development Economics,
Vol. 51, pp. 387-411.
Diarrassouba V., 2007, „ Marché Boursier et Croissance Economique en Côte d’Ivoire”,
Programme de Formation en Gestion de la Politique Economique (ABIDJAN). Dossier De
Politique Economique.
Dickey D.A., Fuller W.A., 1981, „Distribution of the Estimators for Autoregressive Time
Series With Unit Roots”, Econometrica, Vol. 49, pp. 157-1072.
Engle R., Granger C.W.J., 1987, „Cointegration and Error Correction: Representation,
Estimation, and Testing”, Econometrica, Vol. 55, pp. 251-276.
Fofana F.N., 2003, „Stock market development and economic growth: evidence from Côte
d’Ivoire”, Unpublished working paper.
Gelbard E., Leite S., 1999, „Measuring Financial Development in Sub-Saharan Africa”, IMF
Working Papers Series, No.99/105,pp.1-28, International Monetary Fund, Washington D.C.
Ghirmay T., 2004, „Financial Development and Economic Growth in Sub-Saharan African
Countries: Evidence from Time Series Analysis”, African Development Re- view, Vol. 16,
No. 3, pp. 415-432.
178
Giuliano P., Ruiz-Arranz M.,2009, „Remittances, financial development, and growth”,
Journal of Development Economics, Vol. 90,pp. 144–152.
Granger C. W. J., Newbold P., 1974, „Spurious Regressions in Econometrics ”,Journal of
Econometrics Vol.2, pp.111-120.
Greenwood J., Smith B.D., 1997, „Financial Markets in Development, and the Development of
Financial Markets”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.21, pp. 145-182.
Gulde A.M., Catherine P., 2006, „Financiarisation de l’Afrique”, Finances et Développement,
Juin (Washington, FMI).
Gupta K.L., 1984, Finance and Economic Growth in Developing Countries, Croom Helm,
London.
Johansen S., 1991, „ Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating vectors in
Gausian Vector Autoregression Models”, Econometrica, Vol. 59, pp. 551-580.
Johansen S., 1995, „Likelihood-based inference in co-integrated vector autoregressive
models”, Oxford University Press, 267 p.
Jung W.S., 1986, „Financial Development and Economic Growth: International Evidence”,
Economic Development and Cultural Change, Vol. 34, pp. 336-346.
Kalulurnia P., Yourougou P., 1997, „ Money and income causality in developing countries: a
case study of selected countries in Sub-Saharan Africa ”, Journal of African Economies,
vol. 6, n° 2, pp. 197-230.
King R.G., Levine R., 1993a, „Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly
Journal of Economics, Vol. 108, pp. 717-737.
Kpodar K., 2005, „Le Développement Financier et la Croissance: L’Afrique Sub-Saharienne
est-elle marginalisée?”, African Development Review, Vol. 17, No. 1, pp. 106-137.
Labazée P (dir.)., Fauré Y-A. (dir.), 2000, « Petits patrons africains: entre l'assistance et le
marché », Paris: Karthala (Hommes et Sociétés).
Levine Ross., 2005. "Finance and Growth: Theory and Evidence," Handbook of Economic
Growth, in: Philippe Aghion & Steven Durlauf (ed.), Handbook of Economic Growth,
edition 1, volume 1, chapter 12, pp. 865-934 Elsevier.
Ndikumana L., 2000, „Financial determinant of domestic investment in Sub-Saharan Africa:
evidence from Panel data”, World Development, Vol.28, n°2, February.
Pagano M., 1993, „Financial markets and growth: an overview”, European Economic
Review, Vol.37,pp. 613-622.
Patrick H., 1966, „Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped
Countries”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 14, pp. 174-189.
Robinson J., 1952, „The Rate of Interest and Other essays”, Macmillan, London.
Roubini N., Sala-I-Martin X., 1992, „Financial, repression and economic growth”, Journal of
Development Economics Vol.39,pp. 5-30.
Saab S.Y., Vacher J., 2007, „Banking sector integration and competition in CEMAC“,
Working Paper, n° 3, IMF, pp.1-27.
Schumpeter J.A., 1911, A Theory of Economic Development, Harvard University Press,
Cambridge, MA.
Singh, T., 2008. Financial development and economic growth nexus: A time-series evidence
from India. Applied Economics, Vol.40,pp. 1615-1627.
Spears A., 1992, „The Role of Financial Intermediation in Economic Growth in SubSaharan Africa”, Canadian Journal of Development Studies, Vol. 13, pp. 361-380.
179
Annexes
Dependent Variable: TCPIB
Method: Least Squares
Date: 06/10/13 Time: 21:41
Sample: 1960 2004
Included observations: 45
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
TXCREDITDOM
0.157762
-0.182760
0.047044
0.146810
3.353481
-1.244878
0.0017
0.2199
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.034786
0.012340
0.111040
0.530186
36.07455
1.549722
0.219919
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.102943
0.111732
-1.514425
-1.434128
-1.484491
1.207492
Null Hypothesis: RESID01 has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
t-Statistic
Prob.*
-4.231292
-3.588509
-2.929734
-2.603064
0.0017
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RESID01)
Method: Least Squares
Date: 06/10/13 Time: 21:49
Sample (adjusted): 1961 2004
Included observations: 44 after adjustments
180
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
RESID01(-1)
C
-0.605165
-0.000704
0.143021
0.015585
-4.231292
-0.045164
0.0001
0.9642
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.298876
0.282183
0.103365
0.448744
38.44756
17.90383
0.000123
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
-0.001909
0.122002
-1.656707
-1.575608
-1.626632
2.012603
Estimation du modèle VAR(1)
Vector Autoregression Estimates
Date: 06/12/13 Time: 10:06
Sample (adjusted): 1962 2004
Included observations: 43 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
D(TCPIB)
D(TXCREDITDOM)
D(TCPIB(-1))
-0.222088
(0.15722)
[-1.41261]
0.024788
(0.04217)
[ 0.58780]
D(TXCREDITDOM(-1))
1.094506
(0.63256)
[ 1.73029]
0.195727
(0.16967)
[ 1.15356]
C
-0.003013
(0.01787)
[-0.16858]
0.000240
(0.00479)
[ 0.05006]
R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent
0.171354
0.129921
0.549100
0.117164
4.135744
32.74014
-1.383262
-1.260388
-0.002197
0.125608
0.032639
-0.015729
0.039507
0.031427
0.674815
89.32401
-4.015070
-3.892196
0.000206
0.031183
Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion
1.03E-05
8.92E-06
127.9552
-5.672333
-5.426584
181
SPLENDEURS ET MISÈRES
DE LA TECHNIQUE JURIDIQUE
Henri BOUILLON
Doctorant à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Abstract: It is little of field at the same time also essential and as neglected as the
legal technique. It is omnipresent.
The concept is opaque. It hardly is the object of an effort of definition, nor of synthesis.
This study aims after having proposed technique a short definition, to carry a critical
appreciation on the legal technique.
This appreciation will show that the technique is primarily ambivalent, that it can be as
well splendid as miserable.
Keywords: technique; effectiveness; specialization; means; finality.
Le droit est dorénavant pensé et enseigné comme une matière essentiellement
technique. Le constat est classiquement admis sans contestations. Certains y voient
un gage d’efficacité des normes juridiques. D’autres déplorent la disparition d’une
réflexion plus profonde sur le droit, une réflexion lui conférant toute sa
signification. Malgré l’unanimité du constat et l’existence de ces quelques
réflexions disparates, il semble que l’analyse ne soit pas souvent poussée plus
avant. La chose est relevée, mais elle n’est guère approfondie. Elle est de ces
constats qui n’interrogent pas, comme s’ils relevaient de la fatalité. Et François
Gény pouvait déjà dire en son temps que la technique juridique demeure « dans une
obscurité fâcheuse »1.
Les questions que ce constat appelle sont pourtant nombreuses. Qu’est-ce,
véritablement, que la technique juridique? Quelle répercussion ce développement
technique du droit entraîne-t-il? Ne peut-on y voir que des avantages ou doit-on lui
imputer des inconvénients? Voilà des questions que l’on néglige trop souvent et
qui, pourtant, touchent la structure même du travail juridique contemporain.
L’objet de cette étude n’est pas d’apporter à ces épineuses questions une réponse
complète et définitive. Beaucoup plus modeste, il est simplement de procéder à une
brève évaluation critique de la technique juridique. Considérée uniquement dans la
magnificence de ses réalisations, celle-ci apparaît très souvent parée de toutes les
vertus. Mais un bilan plus global oblige à balancer ses aspects positifs évidents par la
prise en compte de conséquences plus néfastes. Et la misère dans laquelle sombre
alors la technique juridique compense l’éclat aveuglant de sa splendeur.
La volonté de dresser ce bilan se heurte toutefois immédiatement à un double
obstacle:
1
François Gény, Science et technique en droit positif, Sirey, 1921, tome 3, p. 2.
182
En premier lieu, et ce problème n’est pas des moindres, la technique juridique
ne fait l’objet d’aucune définition précise et consensuelle. Or, pour apprécier les
qualités et défauts d’un objet, il est bien sûr nécessaire de le cerner avec une
précision suffisante. Aussi faudra-t-il entamer ce travail par quelques remarques
préliminaires relatives aux éléments de définition de la technique juridique (1).
Mais la définition de la technique juridique fait surgir immédiatement un second
obstacle: il s’avère impossible de dresser purement et simplement une liste d’avantages
et une liste de griefs imputables à la technique juridique. La raison en est simple:
chacune des caractéristiques de la technique présentent tout en même temps des effets
positifs et négatifs, qu’il s’avère impossible de séparer. Et chacun des développements
dont elle fait l’objet produit simultanément ces deux types d’effets indissociables.
Démêler et isoler chacun de ces effets est donc une tâche vouée à l’échec. Aussi
faudra-t-il procéder, non par une recension d’avantages et d’inconvénients, mais par un
raisonnement prospectif, détaillant les traits les plus saillants de la technique juridique
et analysant les conséquences ambivalentes qu’ils peuvent respectivement avoir (2).
1. Remarques préliminaires sur la définition
de la technique juridique
La définition de la technique juridique (a) suffit à montrer la place
prépondérante, voire l’omniprésence, qui est la sienne au sein du droit positif (b).
a. Définition générale de la technique juridique
1° De manière générale, une technique peut être appréhendée comme la réunion
et l’organisation coordonnée de moyens et de procédés, afin de réaliser avec le plus
d’efficacité possible une finalité déterminée. Le dictionnaire philosophique d’André
Lalande définit la technique comme un « ensemble de procédés bien définis et
transmissibles, destinés à produire certains résultats jugés utiles »2.
La technique comprend ainsi deux caractéristiques fondamentales:
Elle est en premier lieu une coordination de moyens. Une technique se
présente toujours comme un ensemble de moyens, dont l’ordonnancement
constitue le cœur même de la technique. Aussi, bien que l’on réduise trop souvent
la technique à la machine, cette définition ne cantonne-t-elle pas nécessairement la
technique dans le domaine mécanique ou physique. Une technique peut
parfaitement être intellectuelle: c’est le cas d’une méthode. Ainsi en est-il d’une
technique d’apprentissage ou d’enseignement, d’une technique de séduction, d’une
technique d’analyse, etc. On comprend dès lors que la technique puisse gagner des
domaines a priori hermétiques aux machines, comme c’est le cas du droit.
En second lieu, la technique est conditionnée par une certaine finalité et ne se
conçoit que dans cette perspective téléologique. Une technique vise toujours la
2
André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, collection Quadrige dicos de
poche, 2010, p. 1106.
183
production d’un certain résultat. Puisque la technique permet d’atteindre une
certaine fin, les moyens et procédés dont la coordination sera désignée comme une
technique ne se comprennent qu’au regard de la fin poursuivie. La fin permettra de
sélectionner les moyens adéquats et justifiera la synchronisation dont ces moyens
vont faire l’objet. En outre, la définition donnée par Lalande indique que la
technique a une fin jugée « utile »: l’utilité de cette fin distingue la technique du
gadget, lequel produit un résultat dont on n’avait pas besoin, qui amuse ou distrait,
mais dont l’utilité est nulle.
2° Cette définition peut être transposée sur le terrain juridique. Comme toute
technique, la technique juridique est avant tout une coordination de moyens ou de
procédés. Que sont ces moyens?
Premièrement, il faut rappeler que la technique juridique ne touche qu’au droit
positif. « La technique juridique relève du droit positif, c’est-à-dire du droit
concret, réel, considéré comme en vigueur au sein d’une société donnée. »3 Le droit
naturel peut intervenir dans l’ordre des finalités à rechercher, et avoir de ce fait une
influence considérable sur la technique juridique. Il n’en reste pas moins que cette
influence est extérieure à la technique. Intrinsèquement, la technique juridique se
développe exclusivement de manière positive. C’est donc uniquement au sein du
droit positif que doivent être recherchés les moyens que la technique juridique aura
pour fonction de coordonner.
Une seconde réflexion logique peut être déduite de la première. Sans être
normativiste pour autant, on peut dire que le droit positif est constitué d’un
ensemble de normes juridiques. Il n’y a pas lieu ici de définir la norme juridique,
ce qui déborderait largement le cadre de notre étude. Il est inutile de trancher entre
les définitions qui en font une prescription appuyée par la sanction, un
commandement du souverain, le produit de l’interprétation d’un organe
d’application ou encore un complexe de droits et d’obligations induit par un
rapport de droit: suffisamment compréhensif, le concept de norme suffira à cette
analyse, une définition précise n’étant pas nécessaire. Toujours est-il que,
indépendamment de la nature même de la norme juridique, on ne peut qu’admettre
qu’elle est la composante essentielle du droit positif.
De ces deux remarques, une déduction s’impose: les moyens ou procédés
constitutifs de la technique juridique, puisqu’ils touchent au droit positif, sont à
puiser dans les normes juridiques elles-mêmes. Ils sont essentiellement de nature
normative. Plus encore, puisque la technique est la coordination de moyens, on
peut émettre l’hypothèse que les moyens qu’il s’agit de coordonner ici sont les
normes juridiques elles-mêmes. En disant que la technique juridique est une
coordination de moyens ou de procédés, on indiquerait ainsi que la technique
juridique consiste à agencer certaines normes juridiques et à les ordonner entre
elles, en vue de produire certains résultats. En effet, rien ne saurait s’opposer à ce
3
Rafael Encinas de Munagorri, « Qu’est-ce que la technique juridique? Observations sur l’apport des
juristes au lien social », Recueil Dalloz, 2004, p. 711.
184
que les normes juridiques soient considérées comme des moyens destinés à remplir
une certaine finalité. Cela ne signifie pas nécessairement que chaque norme est
douée d’une finalité propre et indépendante (ce débat déborde largement le cadre
de cette étude). La finalité dont il est présentement question est celle que l’on a en
vue lorsque l’on constitue un groupe ordonné de normes juridiques, lorsque l’on
élabore une technique juridique. Cette finalité est celle du complexe de normes,
non des normes considérées individuellement.
Quant à la finalité à produire, elle est aussi diverse que les techniques juridiques
elles-mêmes. Chaque technique sera dotée d’une finalité qui lui sera propre et qui
justifiera sa création et ses modifications. La technique de la rationalisation du
parlementarisme est par exemple destinée « à préserver la stabilité du gouvernement
en l’absence d’une majorité parlementaire stable »4; la technique du recours en
cassation vise à faire casser un arrêt d’appel ou un jugement rendu en premier et
dernier ressort; la technique de codification vise à compiler et à organiser toutes les
normes juridiques relatives à une matière déterminée, etc. Si bien que, dans le cadre
de cette étude générale, on ne peut préciser davantage ce que l’on entend en
désignant la finalité de la technique juridique, critère éminemment relatif à la
technique considérée. Mais il ne faut pas pour autant négliger le poids fondamental
de cet aspect: il conditionne entièrement la technique juridique, dans la mesure où il
préside au choix des moyens et à leur agencement.
On peut donc définir la technique juridique comme un ensemble coordonné de
normes juridiques destiné à produire un certain résultat.
b. L’omniprésence de la technique juridique dans le droit positif
La définition qui vient d’être donnée de la technique juridique est extrêmement
large. Beaucoup de phénomènes juridiques peuvent être incorporés dans cette
définition. Dès lors que l’on assiste à une coordination de normes pour remplir une
certaine fonction, une technique juridique existe. Le droit positif en est donc empli,
de telle sorte que les illustrations pourraient en être multipliées.
Pour user de quelques exemples généraux, on peut se référer à l’ensemble des
procédures juridictionnelles, à la codification, à la fiction juridique, aux
présomptions, etc. Mais il ne faut pas se contenter de ce niveau de généralité. Des
exemples beaucoup plus particuliers existent aussi. Il est absolument
inenvisageable de tous les évoquer. Citons quelques exemples complètement
disparates pour montrer que, partout, existent des ensembles de moyens destinés à
produire certains résultats. On peut ainsi évoquer la résiliation des contrats, la
préemption, la répression disciplinaire, les différentes espèces de licenciement, le
droit d’amendement des parlementaires, les contrôles sanitaires, la garde à vue, le
contrôle fiscal sur pièces, l’expropriation, etc.
4
Stéphane Pinon, « Boris Mirkine-Guetzévitch et la diffusion du droit constitutionnel », Droits, n° 46,
2008, p. 188.
185
Il n’est également pas rare de voir certaines techniques juridiques englober
d’autres techniques de moindre envergure. Elle constitue alors une technique
juridique qui, en vue d’une finalité unique, coordonne d’autres techniques
juridiques, procédant elles-mêmes à l’agencement de diverses normes pour une
finalité déterminée. La rationalisation du parlementarisme est par exemple une
technique qui, visant la stabilité du gouvernement, englobe et coordonne d’autres
techniques, comme la motion de censure, la dissolution de la chambre basse, la
nomination du chef du gouvernement, etc., chacune de ces techniques particulières
concentrant elle-même un ensemble de moyens en vue d’une finalité.
Mais il faut encore évoquer un autre aspect, dont on méconnaît sans doute trop
souvent le caractère technique: il s’agit de la personnalité juridique. Les personnes
juridiques constituent une certaine forme de technique juridique. Aucune différence
ne doit être faite ici entre les personnes morales et les personnes physiques. Toutes
deux traduisent, sur le plan du droit, une réalité préexistante, qui peut aussi bien
être un individu (personne physique) qu’un certain ensemble de liens sociaux,
c’est-à-dire une certaine société (personne morale); elles font exister juridiquement
une certaine « réalité de base »5. Or cette traduction juridique est une pure
abstraction, opérée par une technique juridique. La chose paraît relativement
évidente dans le cas de la personne morale: juridiquement, celle-ci n’est rien
d’autre qu’un ensemble de normes juridiques instituant des organes et conférant
des compétences à ces organes; elle est donc un ensemble coordonné de normes
permettant de servir la fin de la personne morale. Une nouvelle fois, il n’est pas
question de nier que la personne morale (Etat, commune, société anonyme,
association, syndicat, etc.) traduit une réalité sociale, mais cela n’exclut en aucune
façon que le droit superpose une structure juridique, qui fera juridiquement exister
cette réalité sur la scène juridique. Le même constat pourrait encore être réalisé au
sujet de l’individu-personne physique: sur le plan du droit, la personne physique est
un centre d’imputation de droits et d’obligations, c’est-à-dire une coordination de
normes juridiques; cela ne signifie bien sûr pas que l’individu n’a pas d’existence
réelle et factuelle, mais simplement que cette réalité reçoit une consécration
juridique par le biais d’une technique juridique. Bref, la personnalité juridique est
ainsi une technique qui traduit une réalité (individu ou société) en constituant un
ensemble de moyens purement juridiques en vue de permettre la réalisation
juridique de la finalité qu’entend poursuivre cette personne juridique.
Ces quelques exemples, cités pêle-mêle et sans aucune espèce d’exhaustivité,
doivent simplement montrer combien la technique juridique marque profondément
tout le droit positif. Aucun domaine n’en est exempt. En tout point du système
juridique où se porte le regard, il ne voit que des techniques juridiques. Cette
espèce d’universalité de la technique impose au juriste d’en étudier l’impact et d’en
rechercher tant les atouts que les défaillances.
5
Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 15ème édition, Dalloz, collection précis Dalloz, 1994, p. 36.
186
2. Prospection sur les avantages et inconvénients
de la technique juridique
Dresser un bilan général de la technique juridique devrait impliquer de
s’intéresser à toutes ses manifestations, c’est-à-dire à toutes les techniques, afin
d’apprécier leurs résultats et conséquences. Mais la définition que nous venons de
donner de la technique juridique est trop large et s’applique dans de trop nombreuses
hypothèses pour que l’on puisse espérer en analyser toutes les manifestations.
C’est pourquoi un bilan des effets de la technique juridique ne peut être dressé
qu’à partir des différentes caractéristiques qu’elle revêt en elle-même. Il s’agit des
caractères, non pas de chacune des techniques prises individuellement, mais des
caractères généraux de la technique, qui se retrouvent donc dans toute technique
(au-delà de ses spécificités) et que François Gény désignait comme les « qualités
ou desiderata d’une bonne technique juridique »6. On pourra ainsi sonder les effets
de chacun de ces caractères et, à travers ces différentes facettes, dresser un
panorama général des effets de la technique juridique.
a. L’efficacité de la technique
L’efficacité est la motivation première de la technique. Toute technique est
recherchée pour son efficacité et la constitution d’une technique répond toujours à
un besoin de rendement et de productivité7. La technique véhicule « l’idée d’une
économie d’effort, qui augmentera le rendement »8.
Une technique est en effet un agencement de moyens en vue de réaliser une fin.
Par voie de conséquence, l’efficacité d’une technique est sa capacité à remplir le plus
parfaitement et le plus rapidement possible le résultat en vue duquel elle a été pensée,
c’est-à-dire en vue duquel les moyens qui la composent ont été agencés. L’efficacité
est sans aucun doute le maître-mot de la technique. Elle est en tout cas ce qui guide le
technicien aussi bien pour élaborer une technique que pour en faire usage.
Il en résulte logiquement que l’efficacité devient en retour l’étalon de mesure
de la technique. La qualité d’une technique est jugée uniquement à l’aulne de son
efficacité. En effet, une technique inefficace serait une technique qui ne permettrait
pas d’atteindre la finalité pour laquelle elle a été conçue. La technique n’ayant
point d’autre objet que de permettre la réalisation d’une fin, en déterminant et en
articulant les moyens les plus aptes à cette réalisation, elle serait dépourvue d’objet
si elle ne parvenait pas à remplir cette fin. Entre ces deux extrêmes que sont
l’efficacité et l’inefficacité, il existe toute une gamme de possibilités. Une
technique n’est jamais pleinement efficace ou totalement inefficace; elle oscille
toujours entre ces deux pôles. La qualité de la technique sera donc calculée au
6
« La productivité est un rapport entre une dépense et l’utilité des résultats obtenus grâce à cette
dépense » (Gabriel Ardant, Technique de l’Etat. De la productivité du secteur public, PUF, 1953, p. 7)
8
7
187
regard de sa place sur cette échelle de l’efficacité: plus une technique sera
efficacité, plus elle sera une bonne technique.
Ce premier trait de caractère est a priori à l’abri de la critique. A lui seul, il
inspire évidemment beaucoup de considération. Peu de qualités sont aujourd’hui
parées d’un plus grand prestige que l’efficacité. Dans notre univers
« technolatrique »9, l’efficacité est une vertu, aussi sûrement que l’inefficacité est
un vice. Quelle plus grande aberration, songe-t-on souvent, qu’une chose
inefficace? Elle ne sert à rien, conclura-t-on sans doute. Le juriste est donc fier de
pouvoir se parer de la légitimité de l’efficacité. Car c’est bien la légitimité que
produit l’efficacité. Une discipline, une institution, une norme juridique ne sont
légitimes qu’autant qu’elles sont efficaces. On drape certes encore les institutions
d’un semblant de légitimité démocratique, mais on ne sait que trop aujourd’hui
que, plus encore que cette légitimité démocratique, c’est bien l’efficacité qui est
susceptible d’asseoir une institution et de la doter d’une légitimité inexpugnable.
Mais l’efficacité de la technique juridique présente certainement des
inconvénients, que l’on ne doit pas négliger si l’on veut instruire son procès aussi
bien à charge qu’à décharge. Le défaut majeur de l’efficacité est le suivant: toute
considération cède devant elle. La technique est réfractaire au jugement moral ou à
la critique idéologique. Ce qui permet d’en jauger la qualité, c’est l’efficacité,
c’est-à-dire l’adéquation des moyens déployés à la fin désirée. « Mise en œuvre de
moyens, on ne doit la juger que sur l’ajustement efficace de ces moyens à la fin
visée. […] Valeur, pour elle, veut dire efficacité. »10 La technique de l’imprimerie a
supplanté l’ancienne technique de la copie des manuscrits car, en permettant une
duplication plus rapide, plus parfaite et plus économe des volumes, elle a été jugée
plus efficace; aucune autre considération, esthétique ou autre, n’aurait pu
concurrencer cet indéniable gain d’efficacité.
Il en va de même des techniques juridiques. Dès lors que leur efficacité est avérée,
il n’est plus aucune objection qui soit recevable. La technique se verra appliquée, au
détriment de principes concurrents dont l’importance aurait peut-être mérité protection.
Les principes les mieux arrêtés cèdent ainsi le pas à l’efficacité technique. Plus encore,
c’est la technique qui devient source de légitimité, comme nous l’avons indiqué. Si
bien que c’est à partir d’elle que pourront être jugés les autres principes. Juge, elle ne
pourra être jugée par rien. Rien ne peut résister à l’efficacité technique. Et les principes
qui pourraient l’entraver seront rapidement écartés.
b. Le souci constant de perfectionnement de la technique
Dans la mesure où une technique ne peut avoir de pire tare que son manque
d’efficacité, tout vice d’inefficacité justifie la recherche d’améliorations. Toute
carence d’efficacité incline à perfectionner cette technique, c’est-à-dire à accroître
sa capacité à remplir aussi assurément que possible la fin qu’on lui assigne.
9
Jacques Ellul, Le bluff technologique, Pluriel, 2010, p. 69.
Cornelius Castoriadis, « Technique », Encyclopaedia universalis, 1985, tome 17, p. 756 et 758.
10
188
Se déduit alors l’une des propensions naturelles de toute technique: la
technique se réforme sans cesse, parce que ce n’est qu’ainsi qu’elle peut se
perfectionner, c’est-à-dire acquérir plus d’efficacité. Elle cherche à conquérir la
légitimité que lui conférera l’efficacité.
Mais le propre de la technique est toujours son inachèvement foncier. Il est
bien rare qu’une technique ne soit plus perfectible. Il est toujours envisageable
qu’elle puisse atteindre la finalité qui est la sienne de manière plus simple, moins
longue, plus assurée, moins fatigante, plus rentable, moins coûteuse, etc. Voilà ce
que l’on peut dénommer le phénomène technique, qui consiste en « la recherche du
meilleur moyen dans tous les domaines »11. Le terme meilleur n’a ici, bien entendu,
aucune connotation morale: le moyen le meilleur est le moyen le plus efficace, il
est celui qui atteindra le plus sûrement le résultat escompté et qui, de surcroît, y
parviendra en nécessitant le moins d’effort possible. En outre, on doit préciser que
cette quête d’efficacité, cette recherche des meilleurs moyens, est ininterrompue,
puisque la technique pourra toujours recevoir des améliorations.
Quel regard peut-on porter sur ce perfectionnement technique constant?
D’aucuns diront sans doute que c’est là le progrès, mot mythique devant
lequel on s’incline avec déférence. Mais, sans porter de jugement sur la qualité de
l’évolution technique (constitue-t-elle vraiment un progrès?), on peut se contenter
d’un constat plus neutre: cette évolution marque la technique du sceau de
l’instabilité. Toujours avide d’efficacité, la technique est et sera éternellement
insatisfaite de son manque d’efficacité, ce qui l’encourage à se réformer sans répit.
D’où son instabilité foncière, ses mutations perpétuelles.
Voilà sans doute ce qui explique la prolifération désordonnée des normes
juridiques et l’association parfois douteuse dont elles font l’objet. En effet, le
législateur a, par exemple, tendance à multiplier les lois destinées à remplir certains
objectifs (résorption du chômage, réduction des déficits publics, etc.), recherchant
sans cesse une efficacité plus grande. Dans l’espoir de trouver une technique plus
efficace, dans l’espoir d’obtenir des résultats plus évidents (ce qui n’est pas en soi
illégitime), on fabrique sans cesse de nouvelles normes, groupées en de nouvelles
techniques, qui entraînent logiquement un imbroglio juridique, source de
confusions et d’incertitudes.
Autre défaut fondamental qui résulte de cette instabilité, il y a une véritable
imprévisibilité du droit. Puisque les normes, tant textuelles que jurisprudentielles,
vont être amenées à se réformer sans cesse, il devient impossible de prévoir le
comportement qui leur serait conforme. Les conséquences en sont suffisamment
dénoncées pour que nous n’ayons pas à les dénombrer ici. Pour le sujet qui est le
nôtre, soulignons simplement que cette imprévisibilité est néfaste à la technique
juridique elle-même. En effet, la prévisibilité du système juridique est essentielle
au travail technique du juriste. Comment produire un travail efficace et rentable si
11
Jacques Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Economica, collection Classiques des sciences
sociales, 2008, p. 18.
189
ce travail peut être remis en cause, en un instant, par une donnée imprévisible de la
technique que l’on manie? Le problème est particulièrement prégnant en droit
fiscal, où la législation varie souvent et où le juriste peine par exemple à prévoir la
politique fiscale de son entreprise. L’incertitude liée à l’imprévisibilité des normes
est donc créatrice d’inefficacité, car elle entraîne une vaine duplication des efforts
et une potentielle perte de temps.
Pour combler ce manque de stabilité, sont mises en place de nouvelles
techniques juridiques. Le juge cherche ainsi à neutraliser l’instabilité de sa
jurisprudence et son caractère rétroactif, alors même que celui-ci est inhérent à la
jurisprudence elle-même. Pour contraindre l’administration à une sorte de constance
normative, le juge administratif lui impose également le respect de principes
généraux, comme la sécurité juridique; mais ce principe ne peut à son tour n’être
qu’une finalité qui sera atteinte par la mise en place d’autres techniques et de moyens
variés (interdiction de la rétroactivité, obligation de publication, édiction de mesures
transitoires, etc.). Le législateur cherche aussi à stabiliser le droit, en faisant œuvre
fondatrice. On constitutionnalise des normes afin d’en assurer la permanence. On
adopte des lois de programmation, afin de donner une plus grande lisibilité de la
politique législative suivie. Les études d’impact et l’énoncé des motifs des lois sont
censés assurer leur stabilité en démontrant leur légitimité, laquelle légitimité
s’acquiert en démontrant l’efficacité technique de ladite loi.
Mais ce phénomène n’est pas dépourvu d’ambiguïté: tous ces efforts semblent
vains. Tout cela accroît le poids de la technique juridique, sans résoudre les
problèmes qu’elle rencontre. Car le progrès technique exigera toujours
l’amélioration de l’efficacité. Et la prévisibilité sera toujours en-deçà des
espérances du juriste. Est parfaitement vain l’espoir d’extirper du droit tous ces
facteurs d’imprévisibilité; il s’en crée de nouveaux par l’augmentation continuelle
de la technique et par la recherche continuelle de son efficacité. Mais tout cela
n’est pas clairement perçu. Le juriste constate que la technique juridique produit
des résultats immédiats, concrets, utiles. Il cède alors aux préoccupations de
l’instantané. Il ne pourrait s’en passer, l’essentiel de son activité reposant sur la
technique juridique, la productivité de son travail en dépendant étroitement: en
dehors de la technique juridique, il ne semble y avoir pour lui aucun salut possible.
Finalement, le juriste déplore la profusion et l’instabilité des normes sans
s’apercevoir qu’elles ont pour cause principale (mais pas unique) cette technique
qu’il glorifie tant pour son efficacité.
c. La spécialisation de la technique et du juriste
Du caractère technique du droit, découle logiquement une spécialisation des
juristes. Chaque branche du droit est dorénavant composée de tant de techniques
pointues et particulières que seul un expert de la matière peut en maîtriser tous les
ressorts. L’amplification de la technique juridique impose en effet au juriste de
consacrer toute son activité à l’étude et à l’exercice d’un ensemble de techniques
clairement identifiées: il ne pourrait en effet s’intéresser à plusieurs matières
190
techniques sans disperser son effort et amoindrir sa productivité. Pour connaître
précisément le maniement d’une technique, il doit la travailler presque
exclusivement, il doit en suivre les évolutions et les nombreuses modifications:
l’accroissement technique et la mutation du droit, en vue de son perfectionnement,
impose un travail de remise à jour permanente des connaissances.
Ici aussi, les points positifs et négatifs se répartissent équitablement.
De cette spécialisation, il résulte que le juriste sera un technicien efficace. Le
technicien est en effet le spécialiste d’une technique; il est celui qui maîtrise le
maniement d’une technique, aussi bien dans son élaboration que dans son
exploitation. Sa spécialisation permettra au juriste d’être productif, d’avoir une
activité rentable, d’optimiser ses résultats, d’être productif. Elle lui donne une
véritable puissance d’exécution, que rien ne saurait remplacer. Le juriste sait
désormais être efficace dans son domaine, parce qu’il choisit la technique la plus
appropriée à l’objet qu’il se propose, parce qu’il en connaît le maniement concret et
intellectuel, parce qu’il peut parfois perfectionner lui-même la technique qu’il met en
œuvre. L’avocat connaît les subtilités des voies de recours dont il faut user dans telle
situation, il n’ignore rien des arguments (que l’on appelle d’ailleurs des moyens!)
qu’il pourra invoquer devant le juge et il sait d’avance ceux qui seront inopérants.
Les acteurs du système juridique sont désormais tous spécialisés. La
spécialisation de chacun assure l’efficacité du fonctionnement global du système.
Comme une mécanique dans laquelle les rouages sont parfaitement ordonnés,
chaque acteur s’intègre dans ce système pour en assurer la bonne marche et la
cohérence générale, pour faire mouvoir le ressort qui assurera une part de la vitalité
du tout. Le caractère technique du droit permet en effet de gommer les
particularités propres à chaque juriste, pour ne pas dire leur liberté et leur
personnalité. En effet, lorsque l’on exerce une activité purement technique, la
liberté du technicien, dans le cadre de son activité professionnelle, est oblitérée. Il
n’a plus à choisir entre plusieurs moyens pour produire un certain résultat. Il doit
opter pour les moyens les plus efficaces: c’est une nécessité qui s’impose à lui.
Pourquoi en choisirait-il d’autres? Pourquoi déciderait-il sciemment d’être moins
efficace, plus lent, moins assuré de réaliser son objectif? Voilà qui serait dénué de
rationalité. Tout ce que le technicien doit faire, c’est connaître le plus parfaitement
la technique qui est la sienne et l’appliquer avec précision et sans atermoyer sur le
choix des moyens. Il existe donc un évident déterminisme technique. Il en résulte
que la personnalité du technicien est sans aucune importance. Puisqu’il n’a aucun
choix à opérer, puisque la technique conditionnera toute son activité, peu importe
quels sont ses goûts ou son caractère, ses aspirations et sa culture: le raffinement
des goûts et l’élévation de la pensée lui sont devenus des luxes superflus. Tant qu’il
maîtrise et emploie correctement sa technique, il s’intègre parfaitement dans
l’univers technicien, sans que sa personnalité n’ait à interférer dans son travail.
Mais tout cela, dont on s’applaudit souvent, compense sans doute difficilement
les inconvénients corrélatifs que l’on peut détecter. Car si la nécessité de
spécialisation est gage d’efficacité, elle entraîne logiquement l’impossibilité de tout
191
connaître. Et quand nous disons qu’il est impossible de tout connaître, nous
voulons bien sûr dire qu’il est impossible de connaître toutes les techniques mais,
ce qui est certainement plus grave, il est également impossible de connaître le Tout.
La spécialisation a en effet tourné les préoccupations du juriste vers la technique,
l’empêchant de développer une réflexion sur le droit lui-même, sur ses fondements
théoriques, sur sa nature et sur ses fonctions. L’actualité du droit, si mouvante et
instable, entraîne le juriste dans un flot de préoccupations instantanées, qui
l’empêche d’avoir le recul nécessaire pour juger de ces évolutions sur le fondement
d’une pensée mûrement réfléchie. « La compétence technocratique est celle de
l’expert dont l’aveuglement général enveloppe la lucidité spécialisée. »12
Dès l’enseignement universitaire, la technique envahit pleinement l’esprit du
juriste. Il a relégué parmi les options les matières de philosophie, de sociologie ou
d’histoire du droit. Il inculque en revanche une méthode propre à structurer
techniquement le raisonnement juridique. L’Université semble rechercher cette
espèce de légitimité que confère la technique. Mais que l’on n’en déduise pas que
cet exclusivisme technique est imposé unilatéralement aux étudiants. Ceux-ci le
réclament au contraire, persuadés que la technique leur donne un brevet d’accès à
l’emploi, préoccupation au demeurant fort légitime. Mais n’ayant pas reçu du droit
la vision globale leur permettant de saisir l’importance de la théorie, ils ne
comprennent pas que, quel que soit le poste qu’ils occuperont, la technique qu’il
leur faudra maîtriser sera si spécifique à leurs fonctions qu’ils ne la connaîtront pas
avant d’y être confrontés et qu’ils devront l’acquérir par la pratique. Aussi
technique soit-il, il est bien rare que l’enseignement leur délivre la technique
adaptée à leurs futures responsabilités professionnelles. Et alors, il leur sera
préjudiciable de ne pas posséder cette fameuse vue d’ensemble, qui peut seule leur
permettre d’assimiler aisément toute technique nouvelle.
Une autre conséquence néfaste de cette spécialisation atteint le profane, c’està-dire le non-technicien. Personne n’ignore plus aujourd’hui que le principe en
vertu duquel nul n’est censé ignorer la loi n’est plus qu’un vœu pieux. Il est vrai
que ce principe est avant tout destiné à empêcher un justiciable d’alléguer son
manque de connaissance du droit pour s’affranchir de son respect. De la sorte, il ne
vise pas tant une connaissance véritable de la loi par le citoyen qu’une application
uniforme et générale de celle-ci. Mais l’on conviendra aussi que la méconnaissance
du droit par le citoyen est un vice fondamental de la spécialisation. Les
conséquences déplorables de cette méconnaissance sont innombrables et la
doctrine ne manque pas de les dénoncer. Si l’on se positionne uniquement du point
de vue technique, on constatera que l’ignorance du droit par le citoyen nuit à
l’efficacité de la technique juridique elle-même: comment le droit pourrait-il être
efficacement appliqué s’il est méconnu? La technique juridique serait d’autant plus
efficace qu’elle serait maîtrisée par plus de personnes. Si le citoyen avait
connaissance du droit, il l’appliquerait non pas immanquablement, mais de manière
12
Jacques Ellul, Le bluff technologique, Pluriel, 2010, p. 154.
192
plus certaine que s’il l’ignorait complètement. On voit ici une nouvelle ambiguïté
de la technique: la spécialisation est un gage d’efficacité pour le spécialiste, mais
elle induit que le non-spécialiste ne peut connaître le droit, ce qui nuit
indéniablement à son efficacité.
d. La rapidité et l’urgence
Corollaire logique de l’efficacité, puisqu’elle en est sa transposition au plan
temporel, la rapidité est devenue une nécessité à laquelle la technique juridique
cherche à apporter son soutien. Que l’on ne pense pas que cette exigence se borne
uniquement à la question des délais de recours. Tout est rapide aujourd’hui, depuis
l’information, la communication, les échanges, les déplacements, jusqu’à la
production, la consommation, la péremption et la dégradation des produits, etc. Le
droit n’échappe pas à cette accélération généralisée de la vie sociale. Enserré dans
le tissu social, il y est contraint par cette accélération même. Car il serait
inconcevable que, selon l’expression consacrée, le droit soit un frein au progrès.
Comme il réglemente et encadre les rapports sociaux, le droit pourrait être une
entrave à leur rapidité, à leur fluidité, à leur flexibilité. Or ceci est unanimement
condamné. L’efficacité et la rapidité technique plient tout à leurs exigences. Le
droit ne doit pas se croire exonérer de cette soumission. Il doit donc être aussi
rapide que les faits qu’il régit. Une nouvelle fois, il en va de sa légitimité même.
La rapidité apparaît également revêtue de tous les attributs positifs dont notre
société peut couronner une activité. Il semble impensable de lui dénier son
caractère positif. Le bon sens lui-même ne peut que lui être favorable. Toute perte
de temps est condamnable, surtout lorsque sont en jeu des intérêts importants, voire
vitaux: il est inadmissible que le juge des libertés et de la détention ne puisse
intervenir rapidement pour faire cesser une incarcération injustifiée; il faut que
l’administration dispose des techniques juridiques adéquates pour intervenir en
urgence, lorsque la chose est nécessaire, etc.
Mais ne peut-on également pas détecter des effets plus négatifs?
Tout d’abord, il convient de s’interroger sur la pertinence d’une rapidité
excessive. Il est bien évident que le droit est une discipline où la prudence, au sens
aristotélicien du terme, est de mise. La pondération et la mesure doivent gouverner
l’attitude du juriste. L’exemple de l’instance juridictionnelle est certainement très
éclairant. La lenteur de la justice est sans cesse dénoncée, sans aucune
considération pour l’idée qu’une décision de justice doit être pesée et mesurée avec
soin afin de dénouer efficacement le litige qui lui est soumis. Il n’est pas
contestable qu’une instance juridictionnelle doit être contenue dans des délais
raisonnables. Il n’en reste pas moins que, sans tomber dans l’excès inverse de
l’atermoiement illimité, la précipitation n’est jamais bonne conseillère. Et l’on peut
parfois redouter que les juridictions soient saisies, sous la pression des médias et
des politiques, de « la frénésie de l’évacuation des affaires qui réduit la justice à
193
une simple affaire de rotation rapide des stocks »13. Le juge, comme le législateur,
doit se mettre à l’abri des passions et des préjugés (pour ne pas dire préjugements). Une décision de justice rendue à la va-vite risque de ne pas être
empreinte de la sagesse que seul le recul pris sur l’événement peut conférer.
Instruite contradictoirement et raisonnablement, une décision de justice est
l’inverse du lynchage médiatique, spontané et émotionnel. Si bien que le temps de
la justice ne peut être celui des médias, que la justice ne peut être ramenée à
l’événementiel et qu’une décision trop hâtivement rendue court le risque de ne pas
produire l’effet escompté et de ne pas apaiser le litige qui en est à l’origine.
De plus, la rapidité avec laquelle il convient d’agir contribue évidemment à
multiplier les erreurs. Dans la mesure où le juriste ne peut adopter le temps propice
à la réflexion, dans la mesure où il ne pourra faire un usage correct de la méthode
juridique qu’il doit par ailleurs connaître parfaitement, il sera forcément amené à
commettre plus d’erreurs. Et ces erreurs sont d’autant plus graves que le juriste est
intégré dans un système complexe, dans lequel les opérations techniques, rapides et
efficaces, sont coordonnées entre elles et en conditionnent d’autres. Le rouage
qu’actionne chaque juriste peut rapidement désorganiser l’ensemble s’il est désaxé.
Le revers de la médaille est ici visible: la technique est aussi efficace et rapide
quand elle est bien utilisée que quand elle ne l’est pas, si bien que les résultats
qu’elle engendre seront de toute façon efficaces et prompts, qu’ils soient ou non
conformes à l’intention de son utilisateur. Toute erreur est donc susceptible
d’engendrer d’innombrables et insondables conséquences, d’autant plus graves que
cette erreur aura des répercussions sur d’autres opérations techniques dont elle
conditionnait la réalisation.
Conclusion
Finalement, les effets de la technique juridique peuvent être qualifiés
d’ambivalents, puisqu’ils sont simultanément positifs et négatifs. Chaque aspect de
la technique produit toujours des conséquences bénéfiques et des conséquences
néfastes, ce dont il importe de prendre conscience. Il ne s’agit aucunement
d’accuser ici la technique juridique de tous les maux. Et si nous avons sans doute
approfondi davantage les conséquences néfastes de la technique juridique, c’est
qu’elles apparaissent souvent avec moins d’évidence que les points positifs et qu’il
fallait donc accentuer le trait qui les soulignait. Le juriste ne discerne généralement
que les traits positifs, qui sont sans doute plus immédiats et plus saillants; parant
alors la technique de toutes les vertus, il passe sous silence les aspects négatifs,
bien qu’ils marquent profondément le droit.
13
Marc Richevaux, Brice Mankou et Valérius M. Ciuca, « La justice française: de la justice statistique à
la négation de la justice », colloque organisé par L’Institut de sciences administratives de la
République de la Moldavie, Chisinau, 12/14 octobre 2012. Nous tenons à remercier M. Marc
Richevaux pour la sympathique transmission de cette communication.
194
Aussi ce modeste aperçu cherche-il simplement à susciter une prise en compte
plus grande de ce phénomène technique et de ses conséquences concrètes. Car la
technique juridique demeure le grand impensé du droit. On réfléchit certes sur les
techniques, prises individuellement, afin d’en juger les défauts et d’en perfectionner
les moyens: ce genre d’études ne manque pas. Mais, entendue comme phénomène
global, la technique reste largement ignorée. Il est pourtant inadmissible d’accepter la
technique juridique sans la passer au crible de la raison. Le juriste ne peut en aucune
façon se dispenser d’une utilisation quotidienne de la technique juridique: son
activité tout entière repose sur elle. En revanche, cette utilisation se doit d’être
rationnelle, car toute activité doit être consciente d’elle-même et de ses outils. Or, en
raison même de son ambivalence, la technique présente immanquablement un
caractère ambigu: elle répond sans doute aux exigences immédiates, mais laisse
insatisfaites des questions plus profondes. La réflexion sur la technique juridique
apparaît donc comme une nécessité. « Il faut dépasser l’approche d’un droit
"scientifiquement technicisé" à un droit "philosophiquement pensé". »14 Ces
quelques lignes ne visaient qu’à inciter le juriste à penser la technique juridique. Car
ses splendeurs occultent trop souvent ses misères.
14
Wagdi Sabète, « Quelle théorie de la science juridique? Réflexion sur la représentation scientifique du
droit public », RDP, 2000, n° 5, p. 1315.
195
LES DÉTERMINANTS DE LA COMPÉTITIVITÉ
ET LES STRATÉGIES INTERNATIONALES
DES BANQUES MAROCAINES
Abdelabar EJBARI
UAE, FPL, Laboratoire pluridisciplinaire de la FPL
B.P 745, Poste Principale 92004 - Larache - Maroc
Email: [email protected]
Ridoaune EJBARI
EJBARI Ridouane, UAE, FSJES, Groupe de
Recherche en Gestion de la FSJES
BP. 1373 - Poste principale-Tanger -Maroc
Email: [email protected]
Abstract:The internationalization of banks was considered for a long time as the
consequence of the evolution of the structure of the international trade, banks accompanied their
domestic customers in their operations abroad. Today, the international development of banks
possesses its own logic. The bank is thrown(launched) in an evolution where the level local do
not represent more than a problem of conditioning(packaging) and distribution(casting).
The Moroccan banks saved themselves of movement of conquest of markets outside in
the objective is the strengthening of the competitiveness and the position of the banking
sector on the regional and international chessboard. The Moroccan banks develop
strategies of external growth consequence of a critical size acquired by banks and the high
degree of the competitiveness of certain big fork out Moroccans were able to become
established in several countries of Europe, the Maghreb and the Central and western Africa.
In 2012, the banking network abroad consists of 13 subsidiaries, 39 agencies and branches
and 60 offices (desks) of representation. The Moroccan banks demonstrated, these last
years, their capacity to develop their activities and to find necessary growth drivers to
perpetuate their income
Keywords: strategies international of the banks, international competitiveness,
financial integration, Moroccan banking sector.
Introduction
La globalisation des économies et des marchés financiers conjugués à la
déréglementation ont modifié les conditions de concurrence et accru les
exigences de rentabilité auxquelles sont soumises les banques. Par ailleurs la
gestion et la maitrise sont devenues un enjeu majeur pour les banques. Le métier
bancaire a également été radicalement transformé par les évolutions
technologiques et les innovations financières. Les établissements bancaires ont
dû s’adapter de façon rapide aux bouleversements du paysage bancaire, par la
recherche d’une taille suffisante, à se diversifier et à se réorganiser.
L’internationalisation des flux financiers, le progrès technologique et la
déréglementation ont engendré de nouvelles opportunités pour les banques, et en
même temps une pression concurrentielle plus forte ayant accru les possibilités
de contagion.
196
Les banques marocaines ont réagit positivement à cette nouvelle donne
internationale en se lançant à la conquête des marchés internationaux de proximité
par le développement des stratégies de croissance externe appuyé par une
restructuration interne portant d’un coté sur les banques elles-mêmes et de l’autre
coté sur le secteur bancaire.
Les grandes entreprises ont poussé quelques banques, capables de les
accompagner sur l’ensemble de leurs besoins globaux. Beaucoup de banques,
moyennes à l’échelle internationale, continuent cependant à développer des
services à l’adresse des grandes entreprises internationales, même si la plupart
d’entre elles n’ont d’autres choix que de s’intégrer à des pools bancaires car le
degré d’internationalisation des activités bancaires reste nettement distinct selon
les métiers de la banque, de finance et d’investissement qui mettent en
concurrence le plus directement à une échelle mondiale, de même, dans les
activités de marchés, les métiers sont plus segmenté et plus spécialisés, si bien
que, pour chaque segment, un seul petit nombre d’acteurs sont compétitifs au
niveau mondial. Par ailleurs, L’offre est concentrée sur la banque de détail les
métiers de banque de détail conservent à ce stade un cadre concurrentiel
essentiellement national. Les modèles économiques, les cadres réglementaires,
juridiques et fiscaux et les modalités de concurrence demeurent très différents
d’un pays à l’autre.
L’objectif recherché dans cette communication est de présenter:
– Un état des lieux et un benchmark de développement à l’international des
banques marocaines;
– De rechercher les pratiques liées à cette internationalisation;
– Les déterminants de la compétitivité bancaire à l’international et les
possibilités offertes pour une meilleure intégration des marchés financiers.
1. Evolution du secteur bancaire marocain: La concentration
Durant la période 1993-20012, des opérations de concentration ont animé le
secteur bancaire marocain. La concentration bancaire obéit à une logique de
rentabilité dans laquelle les économies d’échelles constituent une des préoccupations
majeures1. Les opérations de concentration2 se font jusqu’à présent par des
opérations de fusions-acquisitions de petites banques, par l’introduction du capital
étranger et par des accords de coopération et d’association entre banques marocaines
et étrangères. L’objectif recherché de cette concentration est de positionner le secteur
bancaire marocain sur l’échiquier régional et international (fig.1).
1
2
DESCAMP C., SOICHOT J., « À propos de concentration bancaire », BANQUE magazine, n°612,
mars 2000.
SAADI M.S., « Eléments d’analyse de la concentration financière dans le secteur privé marocain »,
Revue marocaine de droit et d’économie de développement, n°142, 2002.
197
Source: EU Banking structures, Banque Centrale Européenne, octobre 2006, p.54
Le taux de concentration au Maroc est de 82%, supérieur et comparable à celui
des pays où le secteur bancaire est bien développé. Notons que, compte tenu de la
proximité de leur métier, le rapprochement entre les banques marocaines a permis de
réduire le nombre d’établissements existants et de déclencher un processus de
concentration. Avec ses opérations de concentration les banques marocaines ont pu
acquérir une taille critique, améliorer la compétitivité bancaire et envisager des
opérations de croissance externe soutenue par les banques étrangère présente au Maroc.
Le Maroc s’est engagé dans un processus d’ouverture et de libéralisation des
activités économiques. Le secteur bancaire présente des opportunités de
développement importantes et il a intéressé les grandes banques internationales. En
2012 le nombre de banques à capital majoritairement étranger s’élève à sept et
disposent de parts significatives dans cinq autres banques3. Les banques
marocaines ont démontré, ces dernières années, leurs capacités à développer leurs
activités et à trouver les relais de croissance nécessaires pour pérenniser leurs
revenus. Un important effort de déploiement à l’international a été entrepris par les
principaux établissements, notamment en direction de l’Europe, du Maghreb et de
l’Afrique Centrale et de l’Ouest.
La physionomie du secteur bancaire marocain est marquée par une dominance
significative du capital étranger français4. L’engagement du Maroc pour une
politique d’ouverture sur la concurrence étrangère et de libéralisation, a permis aux
banques étrangères de renforcer leur présence, en bénéficiant du processus de
restructuration du secteur bancaire. Ainsi, La présence des filiales bancaires
françaises se limite au trois cas suivants:
BNP Paribas contrôle 65,05% de la Banque Marocaine pour le Commerce et
l’Industrie (BMCI). Présent au Maroc depuis 1906, le groupe BNP a
développé ses activités, à partir de 1940, via sa filiale marocaine la BNCIA
(Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie en Afrique). La Banque
3
Rapport annuel de Bank Al-Maghrib de l’exercice 2012
SOLHI S., « Le redéploiement stratégique des banques », Revue pôle de compétence en économie,
n°1, FSJES-Agdal, Rabat, 2002.
4
198
Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) a vu le jour en 1964,
lors du processus de marocanisation;
La Société Générale est le premier groupe financier international au Maroc,
elle contrôle 51,9% de la Société Générale Marocaine de Banques;
Le groupe Crédit Agricole qui y contrôle 52,7% du Crédit du Maroc.
Et à des prises de participation dans le secteur bancaire opérée par le capital
étranger. On recense:
C.I.C français (Crédit Industriel et Commercial) vient d’entrer en juin 2004
dans le secteur bancaire, par l’acquisition de 10% du capital de la Banque
Marocaine du Commerce Extérieure (BMCE);
le groupe français des Caisses d’Epargne entre au Maroc via le Crédit
Hôtelier et Immobilier (C.I.H). Il partage le contrôle de la C.I.H avec la
Caisse de Dépôts et de Gestion (C.D.G) à hauteur de 25%. Dans le plan de
redressement de la C.I.H, l’Etat compte sur le savoir-faire et l’expérience de
la banque française (diversification des métiers du C.I.H);
SANTSUNA
Holding
(Espagne)
avec
14,5%
du
capital
d’ATTIJARIWAFABANK. Ce partenaire espagnole est stratégique pour la
banque marocaine, car il l’a assistée pour la prise de contrôle de la banque
de sud en Tunisie (en décembre 2005). Son intérêt est capital pour le
développement à l’international de la banque marocaine;
Le Crédit Agricole Français avec 1,44% du capital d’Attijariwafabank, mais
il est présent à hauteur de 34% dans les filiales stratégiques telles que
Wafasalaf et Wafagestion.
En outre, le secteur bancaire a intéressé le groupe espagnol CAIXA, les
autorités monétaires marocaines ont accordé l’agrément pour l’ouverture de deux
succursales pour le compte du groupe espagnole.
A côté de cette forme directe de pénétration, les banques marocaines ont
développé des partenariats, des accords d’associations et de mutualisations avec
des banques étrangères dont l’objectif de les assister dans le développement de
leurs activités internes et les accompagner dans leurs croissances externes. Les
gains espérés par l’entrée des banques étrangères sur un marché domestique ont été
résumés dans plusieurs études de la Banque Mondiale. Ils portent principalement
sur les trois éléments suivants:
• accroissement des résultats du secteur bancaire domestique. La rentabilité
s’améliore du fait d’une concurrence accrue. L’ouverture du marché bancaire
local à la concurrence étrangère profite aux banques locales (introduction de
nouvelles technologies, innovations dans la conception des services…);
• meilleure allocation de crédits au secteur privé suite à une amélioration des
techniques d’évaluation du risque de crédit. Les banques entrantes
contribuent à, un financement plus efficace de l’économie. L’ensemble des
études convergent vers l’idée que les consolidations ou les concentrations
renforcent le bien-être des usagers par une amélioration de l’accès au crédit
et une baisse des taux débiteurs ainsi qu’une hausse des taux créditeurs.
199
Cependant, on note aussi que, dans les petites opérations fortement sensibles
à l’information comme les crédits aux petites et moyennes entreprises ou les
activités liées à la finance informelle, les banques étrangères éprouvent des
difficultés à s’imposer face aux banques locales;
• constitution d’un meilleur cadre légal et d’une meilleure supervision bancaire.
L’entrée de banques étrangères améliore la transparence et réduit le degré de
vulnérabilité du secteur bancaire aux crises domestiques. La réduction de
probabilité de crises bancaires dans un pays est l’un des principaux arguments
avancé en faveur d’une ouverture du secteur bancaire local. L’entrée de banques
étrangères renforce aussi la capacité du pays d’accueil à résister aux chocs
financiers. En effet, les entrants disposent le plus souvent d’un portefeuille plus
diversifié que les banques domestiques, offrant ainsi un avantage au pays
d’accueil en termes de stabilité financière, notamment en période de crise5.
Au total, la présence de banques étrangères permet de consolider le secteur
bancaire. Cette hypothèse justifie un degré d’ouverture élevé du secteur bancaire
national à une présence étrangère. Ainsi, LAURENT W6dans son étude conclut que
face à la domination croissante de l’actionnariat étranger dans les secteurs
bancaires des pays en transition, les banques étrangères disposent d’une meilleure
efficience technique7que les banques locales. La contrainte que représente cette
présence élargie et non contrôlée du capital étranger au Maroc est la perte de
contrôle par les autorités monétaires du système bancaire notamment en matière de
politique de crédit. La montée en puissance du capital étranger dans le système
bancaire marocain est davantage liée aux perspectives de profit que permet le
secteur qu’à l’ouverture à l’international des banques marocaines8.
2. Déterminants de l’internationalisation
des banques marocaines
Si l’on retient l’orientation générale des métiers bancaires vers
l’internationalisation et le nécessaire déploiement d’offres globales, la question de
la formation de « champion » nationaux issue d’un vague mouvement de
concentration des banques marocaines ne paraît véritablement pertinente, pour de
nombreux métiers, qu’en termes défensifs, pour verrouiller l’accès à un marché.
5
6
7
8
RALPH D.et IMAN V.L., « Foreign banks and credit stability in central and eastern Europe. A panel
data analysis », Journal of Banking & Finance, n°30, 2006,
LAURENT W., « Propriété étrangère et efficience des banques dans les pays en transition: une
analyse par la méthode DEA », Revue Economique, n °5, Vol 57, 2006.
Une banque est techniquement efficiente dés lors qu’elle maîtrise mieux que les autres les aspects
techniques de la production bancaire et parvient à offrir le maximum de services avec un niveau de
ressources donnée.
- Une banque est économiquement ou allocativement efficiente si elle choisit les combinaisons de
facteur les moins coûteuses et offre les combinaisons de services les plus profitables
AMRANI M.R., « Dynamique du système financier marocain et institution de régulation: quelques
éléments de réflexions », colloque « Mondialisation, Institutions et Systèmes productifs aux pays du
Maghreb » Tunisie, 22 et 23 juin 2006.
200
Car, plus fondamentalement, la question pour chaque établissement est désormais
de déterminer quelle sera sa place dans un monde où les clients des banques seront
toujours plus libres de leurs mouvements. Un monde où les pratiques et donc les
attentes et les degrés d’exigence vont tendre, globalement, à s’uniformiser.
Conscient de cette réalité et pour bénéficier de l’effet d’entrainement auprès
des banques étrangères présente au Maroc, les banques marocaines développent
des stratégies de croissance externe. La taille critique acquise par certaines banques
leur a permis de s’implanter dans plusieurs pays. En 2012, le réseau bancaire à
l’étranger se compose de 13 filiales, 39 agences et succursales et 60 bureaux de
représentation. Les autorités monétaires veillent avec attention à ce qu’il n’y a pas
formation des positions dominantes, en insistant toute fois sur la surveillance de
risques notamment le risque Pays. Compte tenu de la tendance croissante du
déploiement des banques marocaines à l’étranger, la Banque Centrale du Maroc a
édicté, en juillet 2008, par voie de directive les exigences minimales qui doivent
être observées en matière de gestion du risque pays. Aux termes de cette directive,
Le risque pays est défini de manière général comme la probabilité d’enregistrer des
pertes financières résultant de déséquilibres macro-économiques, financiers ou
politiques dans un pays étranger. C’est une réalité à laquelle ont toujours été
confrontés trois types d’acteurs économiques: les entreprises exportatrices, les
entreprises multinationales et les banques commerciales à vocation internationale.
Les banques se distinguent par la manière de gérer la totalité des risques liée à leurs
activités internationales. L’évaluation du risque-pays revêt donc une importance
capitale dans le secteur bancaire. D’après B.MARIOS9, il s’agit « du risque de
matérialisation d’un sinistre, résultant du contexte économique et politique d’un
Etat étranger, dans lequel une entreprise effectue une partie de ses activités ». Ces
définitions, très générales, illustrent bien le fait que le concept de risque-pays est
vague et multiforme.
Le risque-pays peut consister en un risque souverain ou un risque de transfert.
CALVERLEY10le définit comme «le risque qui résulte de l’ensemble des facteurs
propres à un pays et qui affecte la solvabilité des débiteurs privés situés dans ce
pays». Parmi les facteurs les plus importants, on peut noter une dévaluation, une
récession, une forte modification des politiques économiques, une guerre civile, ou
encore une discrimination à l’égard des entreprises étrangères.
Le dispositif de gestion du risque pays11mis en place par Banque Centrale du
Maroc doit permettre d’identifier les engagements bilan et hors bilan comportant
un tel risque et d’en suivre l’évolution sur une base individuelle et consolidée. Il
doit également être adapté en fonction de l’ampleur et de la complexité des
opérations de portefeuille de l’établissement. Les risques identifiés doivent donner
lieu à une couverture par des provisions générales.
9
MARIOS B., « Le risque-pays », Presse Universitaire de France, Paris, 1990.
CALVERLEY J., « Country Risk Analysis », 2nd edition, Butterworth, Londre, 1990.
11
Pour plus de détail voire rapport de la Direction de la Supervision Bancaire de 2008.
10
201
La gestion du risque pays est une condition pour améliorer et maintenir la
compétitivité des banques sur un marché où les variables culturelles, sociales et
économiques sont en constantes évolution.
3. Internationalisation des banques
marocaines: un état des lieux
Les banques marocaines ont démontré, ces dernières années, leur capacité à
développer leurs activités et à trouver les relais de croissance nécessaires pour
pérenniser leurs revenus. Un important effort de déploiement à l’international a été,
en effet, entrepris par les principaux établissements, notamment en direction de
l’Europe, du Maghreb et de l’Afrique Centrale et de l’Ouest. Cette stratégie vise à
assurer une plus grande proximité avec les marocains résidant à l’étranger et un
accompagnement efficient des opérateurs économiques, tout en permettant aux
banques de se positionner en acteur de référence dans la région.
Les deux principales banques privées marocaines, BMCE Bank et
Attijariwafabank sont présentes dans dix-sept pays africains et se sont imposées en
l’espace de quelques années comme des mastodontes en Afrique. Ainsi, le groupe
BMCE Bank a ouvert une banque d’affaire au Sénégal (BMCE Capital Dakar) avant
de prendre le contrôle de la Congolaise de banque (LCB) en République du Congo.
Attijariwafabank s’est déployée au Maghreb en reprenant la Banque du Sud
(devenue Attijari Bank Tunisie) avant de devenir le leader incontesté au Sénégal
en 2008.
La BMCE Bank a pris le contrôle de Bank of Africa (BOA), groupe bancaire
présent dans onze pays, est considéré comme le troisième réseau bancaire dans
l’espace Union Economique et Monétaire Ouest-Africain(UEMOA). Les filiales de
banques marocaines représentent 29% du total du système bancaire de l’UEMOA.
En juillet 2008, Attijariwafabank a acquis 51% de la Banque Internationale du
Mali
(3ième banque du pays en total bilan), et en automne 2008, elle a acquis
cinq banques à la fois, rachetées au groupe français Crédit Agricole.
Le management de ces deux banques regarde du côté de l’Algérie, de la Libye
et d’autres pays africains. De même, Attijariwafabank et la Banque Centrale
Populaire ont obtenu des agréments en Mauritanie.
A l’instar du Maroc, la présence du capital étranger marocain suscite des
inquiétudes dans les pays africains. Les positions dominantes prises dans certains pays
attisent les craintes. En effet, au Sénégal, Attijariwafabank contrôle désormais plus de
33% des dépôts bancaires. Au Mali, la situation est aussi flagrante, la BMCE, à travers
ses deux filiales (BDM et BOA), accapare prés de 40% des dépôts bancaires.
Notons que La BMCE et Attijarriwafabank déploient en effet tous leur moyens et
relégué l’idée de départ de créer un consortium pour conquérir avec une seule entité les
marchés financiers africains, un partenariat qui aurait permis des économies d’échelle
et une meilleure division du risque pour les deux premières banques du pays.
202
L’intérêt porté au marché africain s’explique par les faibles taux de
bancarisation et les opportunités commerciales ne manquent pas dans ces pays.
Telles sont les raisons de l’engouement des banques marocaines pour ces
économies. Les compagnies marocaines on d’ailleurs prouvé leur expertise et leur
savoir-faire à plusieurs reprises en se transformant en géant transfrontalier, les
banques marocaines divisent également et intelligemment le risque afférent à leur
activité. Il y a un risque à prendre à l’entrée: le passif des banques. Les compagnies
marocaines rachètent et les actifs et les passifs, y compris des dettes et des créances
risquées, ce fut le cas à l’entrée d’Attijari dans la banque du Sud, en Tunisie
devenue depuis Attijari Tunis par une opération de recapitalisation. La BMCE mise
également sur le partenariat de sa filiale anglaise Medicapital Bak et Bank of
Africa, ce qui permet des échanges Nord – Sud notamment en matière de transfert
de technologie et de savoir-faire, mais également d’élargir les marchés potentiel.
Selon le management de la BMCE, le projet de rapprochement entre MedCapital
Bank et Bank of Africa constitue le fer de lancer de la stratégie d’expansion du
Groupe BMCE Bank à l’international et de quadrillage géographique des marchés
du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.
Par rapport à son implantation à l’étranger, le secteur bancaire marocain qui
vient d’amorcer le mouvement d’ouverture, doit persévérer dans cette démarche
dans les années à venir. Plusieurs marchés sont encore à prospecter tels que les
pays du Maghreb ou les marchés africains. Toutefois, sur les marchés difficiles
d’accès, ne devrait-il pas exister une mutualisation entre les banques, de sorte à
faciliter la représentation marocaine sur ces marchés? La mutualisation aurait pour
avantage de rendre possible et d’accélérer cette représentation et ce, dans le but
d’accompagner les opérateurs et les investisseurs nationaux.
4. Impact sur la compétitivité des banques
et les possibilités d’intégration régionale
Ce vaste mouvement d’internationalisation des banques marocaines conjugué
à des vagues opérations de concentration sur le marché domestique où celui du
marché externe ne passe sans poser des interrogations au niveau de l’intégration
économique sociale et financière.
Au niveau de la compétitivité les banques marocaines doivent répondre et
s’adapter à l’environnement de leur implantation en proposant des services
complets à leur clientèle pour élargir leur portefeuille de métiers ainsi que leur
couverture géographique. Avec son concept de métier « one stop Bank »12 qui
consiste en la diversification des produits et l’amortissement des frais généraux sur
une vaste gamme de produits et d’être à l’origine d’économie d’échelle. Aussi on
12
SAMIA,B et NATHALI,J « l’enjeu de la diversification:
financières »BANQUE magasin N°646, Avril 2003.
synergies
opérationnelles
ou
203
assiste à l’émergence de la banque virtuelle offrant l’ensemble de ses services à
distance en utilisant les technologies de téléphonie, internet…l’objectif est de
réduire au maximum la structure des coûts et être compétitif sur l’ensemble des
segments.
Le retard pris par les pays de l’Afrique s’explique surtout par le manque de
compétitivité et de diversification. Dès lors, les réformes à mettre en œuvre visent:
la suppression progressive des barrières aux IDE, l’amélioration du climat des
affaires en encourageant la concurrence, en luttant contre les situations de rente et
en favorisant la transparence, la lutte contre les problèmes récurrents de
gouvernance (corruption, pouvoir discrétionnaire, application irrégulière des
politiques) et la promotion d’une économie du savoir.
L’internationalisation des banques marocaine en Afrique est un pas en avant
vers l’intégration Maroc-Africaine et un catalyseur pour la création d’un espace
économique porteur de bien être Les dernières théories de l’intégration mettent
l’accent sur ce qu’on appelle l’intégration par projet et qui consiste à coopérer dans la
création de grand projet qui pourraient se traduire par une croissance externe
génératrice de bien être pour les populations des partenaires, cette piste de recherche
mérite une attention particulière dans la mesure où elle met l’accent sur la corrélation
entre l’internationalisation bancaire et l’intégration économique africaine
Conclusion
Les banques marocaines adoptent une spécialisation de niche, d’emblée pensée
à une échelle mondiale. Les principes d’organisation retenus pour ces
développements focalisés pourraient bien valoir demain un grand nombre de
métiers bancaires: implantation sur les principales places financières mondiales,
centralisation des back-offices au niveau régional; suivi centralisé limité aux
grands clients, aux risques et aux ressources humaines. Le recentrage sur un ou
quelques métiers ou sur un ou quelques marchés géographiques dans l’objectif est
d’optimiser la gestion d’une base de clientèle même limitée, le processus de
mondialisation de l’activité bancaire n’interdisant en rein le maintien dans l’arène
compétitive de banques moyennes, ou même petites.
Aussi le niveau de développement des banques marocaines présentent des forces
qui relèvent plutôt de l’environnement dans lequel fonctionnent les banques; et des
avantages ou des spécificités propres aux banques elles-mêmes. On comprend alors
qu’un certain nombre d’établissement cherchent à compenser la baisse des marges
unitaires par l’augmentation de leur part de marché. Quand la concentration
domestique atteint un certain niveau et que le cadre concurrentiel se caractérise par une
absence de perspective de croissance sur le marché national, les banques sont incitées à
« regarder hors de leurs frontières ». Aussi la concentration du secteur bancaire nous
semble être un bon critère car il nous donne une idée de l’assise des grandes banques
sur le marché national, mais aussi de leur incitation à aller à l’étranger.
204
Etre compétitif pour les banques, c’est notamment poursuivre la maitrise des
coûts et l’augmentation des gains de productivité. Cette maîtrise s’opère
majoritairement par la révolution technologique et à la délocalisation.
Bibliographie
e
MISHKIN F., Monnaie, banque et marchés financiers, 8 édition. Person Education, Paris, 2007.
PATAT J.-P., Monnaie, système financier et politique monétaire, Edition Economica, 2002.
ADRIAN T. et SHIN H.S., « Liquidité et contagion financière », Revue de la Stabilité
Financière de la Banque de France, n° 11, 2008.
AGENOR P.-R et EL AYNAOUI K., « Imperfections du marché du crédit et mécanisme de
transmissions de la politique monétaire dans les pays à moyen revenu », Revue
économique n°04, Volume 59,2008.
AGENOR P.-R et EL AYNAOUI K., « Le mécanisme de transmission de la politique
monétaire au Maroc: un cadre analytique », non publié, Bank Al-Maghrib, 2007.
ALLAIN L. et OULIDI N., « Credit Market in Morocco: A Disequilibrium Approach », IMF,
Working Paper n °53, 2009.
BELHJ F., « Le secteur financier marocain: Quelles perspectives? », 1er Forum Monétique
du Maghreb, de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, Marrakech, Février 2006.
BERVAS A., « La liquidité de marché et sa prise en compte dans la gestion des risques »,
Revue de la stabilité Financière, n°8, 2006.
CETROELLI N., « Does bank concentration lead to concentration in industrial sectors? »,
FRB of Chicago, Working paper, 2001..
EJBARI A., « Liquidité bancaire au Maroc: Mesures statistiques et facteurs explicatifs »,
Thèse de Doctorat, Université Mohamed V-Agdal, Rabat, 2011.
ALLAIN L, OULIDI N., « Credit Market in Morocco: A Disequilibrium Approach », IMF, WP,
n°53, 2009.
TOUHAMI A. et SOLHI S., « Efficience et productivité des Banques Commerciales
Marocaines: Approche non Paramétrique », ERF, novembre 2008. AKAABOUNE M., «
La politique monétaire marocaine dans le cadre de la libéralisation financière », 11ième
rencontre Euro-méditerranéennes, Nice, 15-17 novembre 2007.
Banque Centrale Européenne, « Etude sur la gestion de la liquidité par la Banque Centrale
Europée Bulletins mensuels de conjoncture de Bank Al-Maghrib pour les exercices 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007 et 2008.
Bulletins trimestriels de Bank Al-Maghrib pour les années 1997,1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007 et 2008.
Lettre circulaire N°134/DOMC/07 relative aux dépôts et placements en devises à l’étranger.
-Circulaire de l’Office des changes N°1633 du 01/04/1996 relative à l’institution d’un marché
des changes au Maroc
-Circulaire de l’Office des changes N°1641 du 24/01/1997 relative aux opérations au
comptant en devises contre devises auprès des banques étrangères et Bank Al-Maghrib.
Banque Européen d’Investissement, « L’épargne longue au Maroc », Rapport FMSP, 2007.
JOUHRI A., « Revue Lagezette », n°393, novembre,2004.
Banque Centrale Européenne, « Etude sur la gestion de la liquidité par la Banque Centrale
Européen », Bulletin BCE, février, 2007.
DESCAMP C., SOICHOT J., « À propos de concentration bancaire », BANQUE magazine,
n°612, mars 2000.
SAADI M.S., « Eléments d’analyse de la concentration financière dans le secteur privé
marocain », Revue marocaine de droit et d’économie de développement, n°142, 2002.
Rapport annuel de Bank Al-Maghrib de l’exercice 2008
205
SOLHI S., « Le redéploiement stratégique des banques », Revue pôle de compétence en
économie, n°1, FSJES-Agdal, Rabat, 2002. RALPH D.et IMAN V.L., « Foreign banks and
credit stability in central and eastern Europe. A panel data analysis », Journal of Banking
& Finance, n°30,2006,
LAURENT W., « Propriété étrangère et efficience des banques dans les pays en transition:
une analyse par la méthode DEA », Revue Economique, n °5, Vol 57, 2006. MARIOS B.,
« Le risque-pays », Presse Universitaire de France, Paris, 1990.
CALVERLEY J., « Country Risk Analysis », 2nd edition, Butterworth, Londres, 1990.
Pour plus de détail voire rapport de la Direction de la Supervision Bancaire de 2008.
SAMIA,B et NATHALI,J « l’enjeu de la diversification: synergies opérationnelles ou
financières »BANQUE magasin N°646, Avril 2003.
EL MOUDEN F., ”La dynamique stratégique des banques marocaines: les acquis de la
libéralisation et les défis de globalisation” DESA, FSJES, Université Hassan II,
Casablanca
LICER M.N, «Les nouvelles stratégies des banques marocaines face à l’évolution de leur
environnement », Thèse de doctorat, Université Mohamed V- Agdal, Rabat, 1999
206
ELEMENTS OF COMPARED LAW ABOUT HOW
THE STATES RELEASED BY TOTALITARIAN
REGIMES PROCEEDED TO THE ELABORATION
AND ENFORCEMENT OF RESTITUTION
Loredana PĂDURE
Universitatea Valahia din Târgovişte
Abstract Methods that some ex-totalitary states had fully resolved restitution of
property wrongfully seized - the solutions chosen from a legal perspective (Hungary,
Croatia, Czech Republic and Slovakia, Germany, Bulgaria, Poland )
Keywords: restitution, property,solutions chosen, Est European states, lege ferenda
Return of property confiscated by totalitarian regimes 13 has been performed
in many of those countries 14 whose political and legal situations were different in
various ways both in terms of starting this process and legislative solutions
adopted.
Remedies followed two main models: that of restitution in nature and the
compensation. Restitution in nature seeks restitution of property confiscated in
kind, compensation is only possible in cases where such reassignment is not
possible. This model was applied in Czechoslovakia and East Germany in a
combined form of restitution and compensation. The compensation involves the
return of the property only in a limited number of cases, in most cases former
owners will receive compensation for loss of property in the form of cash, shares,
bonds or vouchers. This model was applied in Hungary. Regardless of the method
of repair or compensation in kind, there are differences in the restitution process in
the countries concerned, such as the amount of compensation, eligibility of
applicants, protect tenants from buildings that had to be returned, 15 decentralized
institutional arrangements or refund process.16
13
14
15
16
Academic Society of Romania, Restitution of property: why it went so wrong in Romania?, The SAR
Policy Brief no. 34/2008, pp.178 -190.
Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina and Georgia have adopted legislation on restitution or
compensation for property nationalized or confiscated.
H. Apple, Justice and Reformulation of Property Rights in the Czech Republic, in East European
Politics and Societies No.1 / 1994 (vol. 9), pp. 22-40.
JM Sariego, NJ Gutiérrez Old righting wrongs: A Survey of restitution Schemes for Possible
Application to a Democratic Cuba, Jr. April 2, 1989, p.28 cited GD Harpe, restitution of property in
Cuba: Lessons Learned from East Europe, Annual Meetings of the Association for the Study of the
Cuban Economy ( ASCE ) " Cuba in Transition " 1999 ( Volume 9 )
207
1. Methods that some ex-totalitay states had fully resolved
regimes restitution of property wrongfully seized – the solutions
chosen from a legal perspective17 (Hungary, Croatia, Czech Republic
and Slovakia, Germany, Bulgaria, Poland )
1.1. Hungary
Hungary regulated the ownership issue by adopting three laws in 1992 18,
after the ratification of the European Convention on Human Rights 19 and opening
the possibility of restitution by non- residents or people of another nationality.
It was used to compensate for the voucher system - securities on the open
market, which can be used, for example, to purchase the property from the state,
including suites - instead of restitution for the following reasons: the economic
situation at the time, the refund would have been very long and it would have
generated a state of uncertainty that would discourage foreign investors, avoid
generating countless lengthy litigation and property and many goods that were
privatized or otherwise acquired by third parties in good faith.20
Compensation Office, an institution created specifically to manage the process,
decided on applications for land, made coupons or vouchers issued and administered
compensation actions where these vouchers were used. Unlike most countries in the
region, where the compensation was proportional to the value of the property,
Hungary introduced a ceiling progressively between 200,000 and 5,000,000 HUF.21
The deadline for applications was 6 months after the approval of the law and
the processing of these requests completed within two years.
The beneficiaries of the law were just individuals: former owners or their
heirs, without distinction of nationality without distinguishing the situation of the
deprived with respect to a legal regulation of the socialist and that of the
dispossessed actually measures.
To date compensation procedures were completed, the success of the adopted
reflected in the absence of any judgment of conviction for violation of Article 1 of
Protocol 1 of the Convention.
17
For details about the presentation of legislation adopted by the former communist state in relation to
goods taken, see and L. Pena, Summary of legislation on restitution or compensation for property
nationalized or confiscated or expropriate in the former European communist countries in the Bulletin
legislative information. No 1/1998 of the Legislative Council.
18
Law no. XXIV/1992 on partial compensation for losses and damages caused by the application of
property of citizens in the period 1 May 1939-8 iunie 1949 Law. XXV/1992 on partial compensation for
losses and damage to public property illegally and Law. XXXII/1992 for compensation to those who
were illegally deprived of their freedom of life and political reasons.
19
Hungary has ratified the Convention on 5 November 1992.
20
L. Pena, restitution of expropriated property in transition countries and in the Republic of Croatia, Ed
Inzenierski Biro, Zagreb, 2000, p.7.
21
J. Tucker - Mohl, Property Rights and Transitional Justice: restitution in Hungary and East Germany,
the Property Rights Under Transition, 1 May 2005.
208
1.2. Croatia
In 1996, Croatia adopted a law on restitution of property taken during the
Yugoslav communist leadership, which came into force on 1 January 1997.It was
chosen the mdel to compensate the loss of property and restitution is permissible
only if they have been acquired from third parties only for the following goods:
land for construction, agricultural and forest land, office space, apartments. If the
former owner opts for restitution, then he will retrieve the object in the state it is,
without being able to claim damages for loss of use or for damages resulting from
damage to property.
For compensation to the former owners or their heirs, whatever their
nationality 22 Fund was created to compensate expropriated properties, which pays
25% of the amount requested and only the apartments that are not returned, and the
remaining issues securities that are rated listed. They are paid from 1 January 2000
until 1 July 2019 forty biannual installments.
1.3. Czech Republic and Slovakia
In the former Czech and Slovak Federal Republic 23 model was applied
immediately after the fall of communism and the refund was not only redress the
abuses of the communist era but also a form of transfer of state property through
the adoption of legislation on the matter.24 They provide restitution to former
owners or their heirs, to be provided by Czech or Slovak citizens of all categories
of goods: mobile, property, land and buildings, taken by administrative or civil law
acts by criminal judgments or civilian, or in fact, except the Nazis confiscated from
Hebrew before this date and properties confiscated by the Czechoslovak
government Sudeten Germans.
The model was that of restitution in full for construction, until 150 hectares of
arable land and 250 ha for any other land. In the event that restitution was not
possible, were given cash compensation up to the ceiling of $ 50 million in
securities over this limit.
Buildings that have been opened tenants were returned to former owners of the
obligation of maintaining the lease for a period of 10 years from the entry into
force of Law nr.403/1990, the rent will be determined by agreement. If the asset
whose return is sought, was previously bought by the third party, the former owner
is entitled only to reimbursement of the equivalent.
22
Fl Baias, B. Dumitrache, N. Marian, Legal Regime of assets confiscated, vol I, commented and
annotated no.10/2001 Law Publishing Rosetti, Bucharest, 2001, p.14
23
Former Czech and Slovak Federal Republic ratified the Convention on 30 June 1993.
24
Law no. 403/1990 on mitigating the consequences of property-related injustices, Law no. 42/1991 on
the regulation of property relations and property rights in cooperatives Law. 87/1991 on extra repairs,
Law no. 229/1991 regulating ownership of land and other agricultural goods.
209
Regarding the refund, it finished, in most cases, during 1995 - 1996 in
Slovakia and 1997 - 1998 in the Czech Republic,25 number of convictions for
violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention being insignificant.
1.4. Germany
In East Germany, the issue of restitution has formed a peculiar chapter in the
Unification Treaty of 1990. Refund program was probably the most voluminous in
the region, covering about 5 million people (about 20% of the population) and 90%
of urban buildings. 26Former owners or their descendants - regardless of nationality
or residence - could seek restitution of property taken by the governments of both
Communist and Nazi, except those confiscated under Soviet occupation.27
1.5. Bulgaria28
Bulgaria was the first country in the region that enacted property restitution
by the adoption in 1991 of the law on property restitution in the 1992 Farm Act
restitution of property nationalized under communism. Applicants can be both
natural and legal persons, both Bulgarian and foreign citizens and persons
receiving a symbolic compensationat the time of nationalization, both former
landowners and workers cooperatives.
Exercise of the right of ownership to buildings was temporarily limited in certain
situations, such as in the case of buildings inhabited by tenants, allowing them to use
them for another three years, or operated buildings where schools and hospitals.
Problems restitution was primarily administrative, they taking mainly the lack
of clear data on property boundaries, incomplete records and a reluctance of local
authorities to surrender, these having considerable discretion in implementation.29
1.6. Poland30
Poland is currently the only country in the region (except for Romania ) which
has not resolved the issue of property restitution, and this despite the fact that the
amount of property confiscated in Poland was much lower than in neighboring
countries. It was nationalized industry in particular, but less residential buildings
25
L. Pena, op.cit., P.198.
M. Blacksell, K. Born, Private property restitution: The Geographical Consequences of Official
Government Policies in Central and Eastern Europe in the Geographical Journal no. 2/2002 ( vol.168 )
27
Academic Society of Romania, Restitution of property: why it went so wrong in Romania?, The SAR
Policy Brief no. 34/2008
28
Academic Society of Romania, op.cit., The SAR Policy Brief no. 34/2008, pp.178 -190.
29
A. Kozminski, Restitution of Private Property. Re- privatization in Central and Eastern Europe,
Communist and Post - Communist Studies nr.1/1997 (vol. 30), pp. 95-106.
30
Academic Society of Romania, op. cit., the SAR Policy Brief no. 34/2008, pp.178 -190.
26
210
and land collectivization was abandoned in 1956 and did not exceed 10% of the
total. Although over the years there have been legislative proposals, none of them
managed to gather the necessary political support, the only way that the previous
owners and the property recovered through normal legal processes.31
2. Conclusions on the appliance of the legislation on refund
of confiscated by the former communist countries
The common characteristics of systems in the analyzed countries are: most
states have adopted legal regulations repairers in the first years after the fall of
communism, speed regulation is prerequisite to success of its application, in almost
all cases it has been observed an obvious concern for the protection of third parties
who have acquired by good faith whose refund is sought and protection on tenants,
some countries have opted for the return of other preferring restitution by
equivalent solution.
The success of the whole process was determined not by the chosen solution
but the speed of its adoption, and determination of state institutions and authorities
concerned to implement this solution.
However illustrative is the description given by the ECHR in Case Maria
Athanasius and Others v. Romania on 12 October 2010:
88. Polish law does not provide for restitution or general compensation for
property seized or nationalized. The only exception is the region of the Bug and
merely provides a right to compensation. This right can be realized at the discretion
of the lender: by deducting the indexed price of goods abandoned public goods
purchased through an action or the payment of monetary damages arising from the
compensation fund. The amount of compensation that may be paid to the creditor
is legally capped at 20 % of the current value of the goods lost in Bug region.
89. Hungarian law regarding partial compensation of damage to public
property state provides compensation in the form of money or compensation of
coupons. The law establishes a ceiling.
90. Most countries in question limits the right to restitution or compensation to
certain categories of goods or people. Some states set their legislative deadlines,
sometimes very short for applications.
91. Some countries (Albania, Bulgaria, the former Yugoslav Republic of
Macedonia and Lithuania ) provide various forms of restitution and / or
compensation by the laws called " refund ". Other included restitution in laws for
rehabilitation (Germany, Moldova, Czech Republic, Russia, Slovakia and
Ukraine). Finally, the problem is treated and property laws (Germany, Bulgaria,
Estonia, Czech Republic and Slovenia).
31
Krakow Post, Debate: Property restitution: Shoud Poland Pay?, Friday, September 12, 2008.
211
92. In all cases, the refund is not an absolute right and may be subject to
numerous conditions or limitations. The same is true for the right to compensation.
A. ratione personae
93. Return of confiscated or nationalized or compensation may be up to see the
former owners or their successors ( legal heirs in Albania). Some legislation, like
Estonia, Lithuania, Moldova, Czech Republic, Slovakia and Slovenia, they
require applicants to have provided a citizen at the time of seizure or be a citizen at
the time of the request for refund, and sometimes both conditions. In addition,
Slovakia and Estonia right requires that the applicant have permanent residence in
the country at the time of entry into force of the law and when the request for
restitution or compensation. For systems that require remediation procedure, only
those rehabilitated under the law may require restitution of their property. This is
the case in Germany, Moldova, Czech Republic, Russia, Slovakia and Ukraine,
countries where the right to restitution or damages arising, in whole or in part, the
rehabilitation of victims of political repression.
B. Categories of goods excluded from refund
94. Some legislation excluded from restitution or compensation several
categories of goods.
95. In certain states are excluded land and buildings whose appearance was
altered (Germany), in others, the goods have lost their original appearance
(Estonia ) or goods that have disappeared or have been destroyed and the goods
were privatized (Moldova, Russia and Ukraine).
96. Moreover, in Estonia, military goods, social or cultural goods or objects
under state protection and administrative buildings of state and local authorities can
not be returned. According to Moldovan law, land, forests, plantations multiannual
or assets that were confiscated for reasons unconnected with political repression
are also excluded from the refund.
97. In Russia and Ukraine, the assets that were nationalized under the law in
force at that date are excluded from refund or compensation.
98. In Lithuania, the refund is possible only for the purpose of housing
buildings. In Serbia, the law provides only partial restitution of agricultural land.
Finally, in the Czech Republic and Bulgaria, restitution laws subject to specific
goods.
C. Limitations of time
99. Certain laws impose time limits for bringing claims for restitution or
compensation. It is the case of Albania and Estonia ( the previous owners
received less than a year to file the application ), the former Yugoslav Republic
of Macedonia, the Czech Republic and Slovakia (one year after the entry into
force of law on rehabilitation ).
100. Other legislation limited restitution or compensation to property
nationalized or confiscated in a certain period. For example, German law limits
compensation to property nationalized after 1949, but provides compensation for
property nationalized during the 1945-1949 Soviet occupation zone.
212
4. Forms of compensation and their limitations
101. Several countries have chosen a good compensation as an equivalent of
the same nature nationalized or confiscated property (Albania, Germany,
Bulgaria, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro).
102. When the exchange is impossible, laws provide a good opportunity to
provide otherwise, a sum of money, bills of compensation (Bulgaria and
Hungary), securities or bonds ( the former Yugoslav Republic of Macedonia,
Slovenia ) or shares in a public enterprise (Albania and Bulgaria).
103. Calculating the amount of compensation paid is based primarily on the
market value of the property at the time the decision to refund or compensation
(Albania, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland and Serbia ) or at the time
of seizure ( Former Yugoslav Republic of Macedonia) or the amount determined
by law.
104. Some countries add other considerations to the market price. If
compensation is shares, the amount is equal to the value of the property at the time
of the decision or privatized public asset value (Albania).
105. In determining the amount of compensation may occur other factors. For
example, in Germany take account of the value of the property prior to
expropriation, which will be multiplied by a factor stipulated by law.
106. Some laws establish ceilings for compensation (Germany, Russia,
Ukraine) or installment payments (Moldova).
The competent authorities decide on the restitution or compensation
107. Responsible authorities rule on restitution or compensation may be
judicial or administrative nature. Among the most common are special committee
of restitution and compensation (Albania, Bulgaria, Moldova, Montenegro),
administrative bodies (Lithuania ), the Ministry of Finance or the Ministry of
Justice and even the courts ( Czech Republic). In all states, the administrative
decisions can be challenged before the administrative or civil courts. "
Suggestions of law on improvement of legislation relating to restitution
buildings abusively by the communist regime
1. Bill to improve property restitution legislation other than farmland and
forest
a. In the action for restitution of property taken by vitiating consent in the state
of art. 6 of Law no. 213/1998 was raised prescriptibility probem. On one hand
action in annulment of vitiation of consent is based on an action in the general
limitation period limitation. On the other hand, the common law action for
recovery is imprescriptible.
In the first opinion, argued 32 that the action is imprescriptible, and while
speaking of vitiation of consent, in another opinion, 33argued that the term " Claim
32
I. Adam, op. cit., p 326; Î.CCJ, Civil Section, Decision no. 5362/2004, in Bulletin of Jurisprudence.
Reports of decisions 2004 All Beck, Bucharest, 2005, page 7.
213
" means " a case for reinstatement of law limitation " similar to those appointed by
art. 13 para. 2 of Law no. 18/1991 of the land and art. Article 5. 4 of Law no.
112/1995 and in the last review, it is argued that the provisions of art. 6 paragraph
2 of Law no. 213/1998, the legal documents prior year ended 22 December 1989,
the default given the benefit of the statute of limitations, in which case the effects
quit ¬ country would be covered by the provisions of art. 1838 et seq. Civil Code,
only then the question of retroactivity because waiving prescription benefit is
subject to the law in force at the time of it, and in other cases the effect of the law
would affect cases already consumed by hypothesis.34
In these circumstances, we consider it necessary by law ferend, change text
article. 6 para. 2 of Law no. 213/1998, for the purposes of any indication therein of
the term in which it can be introduced and its nature.
b. According to article 22 paragraph 1 of Law no. 10/2001, entitled person had
to notify the legal entity owning, requesting return of the property within 6 months
from the date of entry into force of the law. Failure within 6 months after delivery
of the notice referred to invalidate the right to seek legal redress in kind or
compensation. Given the fact that the doctrine and jurisprudence opinions are not
uniform in the sense of considering this period as either statute of limitations 35, or
revocation 36 leading to distinct legal regimes consider that ferend law, it is
necessary to clarify the nature formulating legal limit for notification, as provided
by art. 22 para. 5 of Law no. 10/2001, republished
c. Article 25 paragraph 1 of Law no. 10/2001 provides that " within 60 days of
notification or registration, if applicable, from the date of certifying documents
under art. 23 unit holder is obliged to decide, by a decision or, where appropriate,
provide a reasoned demand restitution in kind. " Again, opinions are not uniform,
supporting the recommendation 37within either character or character term
imperative 38 of legal consequences arising therefrom. We believe therefore that it
is necessary to clarify the legal nature of the 60 days the unit holders must address
notifications to the period provided by art. 25 para. 1 of Law no. 10/2001;
d. According to art. 25 of Law no. 10/2001, within 60 days of the registration
of the notification, as appropriate, from the submission of documents proving the
holding unit was required to decide, by a decision or, where appropriate, provide a
reasoned demand restitution in kind. In support of the request for restitution in kind
to the bodies of the unit holders entitled person is entitled to be invited in writing in
33
M. Nicolae, Reflections on Law no. 213/1998 on public property and its legal status in law no. 6/1999,
p 11; E. Chelaru Law. 10/2001 on the legal status of property confiscated in March 6, 1945 - ¬ 22
December 1989. Commented and annotated, All Beck Publishing House, Bucharest, 2001, p 60
34
M. Nicolae, Problems as transitory law. Applicable law invalid civil legal act ( II ) in the Romanian
private no. 1/2008, pp. 124-125.
35
E. Chelaru Law. 10/2001... Op. cit., p 172-174.
36
Fl Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, op. cit., p 207, I. Adam, Law no. 10/2001..., op. cit., p 217.
37
Fl Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, op. cit., p 227.
38
Î.CCJ, Department of Civil and intelelectual property, Decision no. 5653/2005, in Romanian
Pandectele no. 1/2006.
214
good time to take part in the work of the governing body of the unit holders.
Decision or, where appropriate, provide reasons shall be communicated to the
person entitled within 10 days of adoption. According to section 25.1 of the
Methodological Norms, the deadline for obligation shall be extended by agreement
or acquiescence of the person entitled, if the unit holding the review certifying
documents already submitted, notify the other party within 60 days, the fact that
documentation submitted is insufficient to substantiate the decision to return. To
take benefit of this extension is needed, though holding unit in writing of the
person entitled to that decision and issue substantiation refund are subject to the
tests required. Submission of documents required or entitled person communication
that do not have these documents signifies acceptance of postponements that period
( in this case running time of receiving the documents requested or, where
applicable, from the date of response ).
e. Under section 25.2 of the Methodological Norms, where, after the
communication unit holder, the person entitled is passive not disclosing any
response ), its passivity can be considered as tacit acceptance. Tacit acceptance of
an extension may be obtained of the execution procedure laid down in art. 25 para.
2 of Law ( inviting the person entitled to the debate that application ), being
necessary to the report prepared on this occasion to make mention of the need to
complete the evidence ( the minutes shall be signed and invited person). If the
person entitled but which was asked completing the evidence communicated
explicitly or claim in proceedings under par. 2 of art. 25 of the Act does not possess
or that it is impossible to obtain such documents, the 60 -day period begins from
the date of the last communication or, where applicable, the date of the deposit that
situation in the minutes. If the person entitled, although invited, did not appear to
demand the restitution debate, it is necessary to make that statement in writing.
Note that the unit holders can benefit from the settlement of the extension
request for refund and the person entitled to the refund may be delayed unduly. We
believe that in these circumstances it is necessary to specify the person's right to
appeal the court in holding unit refusal for not solving the notification by the
owning entity and to specify the competent court refused to address the holding
entity to resolve the service if may examine the substance notification in case of
refusal of the unit holders;39
f. to state court is competent to hear the appeal against the decision of the
Special Commission for Restitution ordering restitution.40
g. Since art. 6 para. 1 of Government Emergency Ordinance no. 94/2000
infringes Article 16 paragraph 1 of the Romanian Constitution and discriminates
against holders of restitution claims covering legal property being alienated
subsequent to December 22, 1989 in relation to the holders of restitution claims
covering immobile been legally transferred after December 22, 1989, in violation
39
40
E. Marin, op. cit., p 633.
Ibid, p.634.
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of the provisions of art. 44 para. 2, first sentence of the Constitution, according to
which " Private property is guaranteed and protected equally by the law, regardless
of ownership." In addition, the constitutional principle of equal protection of
private property rights must be observed with respect to any property, any goods,
so that grant holders equivalent remedies of restitution claims covering legal
property being transferred prior to 22 December 1989 should be regulated in the
same way with the right to reparation for holders of restitution claims covering
legal property being transferred after December 22, 1989.
We believe that only by allowing the holders equivalent redress and restitution
claims covering legal property being transferred prior to 22 December 1989 and
amending article 6, paragraph 1 of the Ordinance no.94/2000 this respect, it
respects the right of ownership of the person entitled, as guaranteed by art. 44 of
the Constitution.
2. The bill for the improvement of legislation relating to real estate in
agriculture and forestry land
h.Given the unitary judicial practice, it is required, by law ferend, changing art.
Article 8. 1 of Law no. 10/2001 in that fall, exceptionally, under Law no. 10/2001
and those which, although urban land required under Law no. 18/1991 and Law
nr.169/1997 were not fully restored to the forfeited, if available. In these
circumstances it is necessary to extend the deadline and those entitled to restitution;
i. We believe that the text of Art. 36 para. 5 of Law no. 18/1991 should have the
following wording: " The land on which there are no building is erected or about to
be erected on the basis of investment works approved under the law... " as indicated
without corroboration rule interpreting the Law No. 50/1991, in practice it was held
that "a systematic detail " as a footpath makes these provisions inapplicable.41
j. Article 37 para. 1 believe that we had to bring in the sense of explicitly indicate
the procedure under which persons entitled became shareholders in the company,
established under Law no. 15/1990 in the state agricultural units. Given that Law.
18/1991 is a law of redress or having had expressly provided that it is actually the
company that owned the land area owned by state, whether those entitled to restoration
of property rights could opt for a shareholder to certain companies commercial.
3. Bill to improve judicial procedures in cases of disputes relating to the
return of confiscated abusively
k. Due to the reality that in dealing with cases courts are bound by decisions
rendered in the interest of the law published in the Official Gazette, but before that
the European Court of Human Rights, we believe that art should be amended. 330
paragraph 4 of the Civil Procedure Code, the purpose of "releasing time is required
adjudicated questions of law for the courts of the publication of the decision in the
41
Supreme Court of Justice, the Administrative Section, Decision no. 74/1995, published in op. M. M.
Pivniceru, G. Protea, op.cit., p.257 -258
216
Official Gazette of Romania, Part I, where it is not contrary to European Court of
Human Rights".42
l. We believe that art. 309 of Law no. 303/2004 must be filled by inserting a
new paragraph in which to provide verification as a criterion of professional
competence of the judiciary, periodic evaluation of knowledge on the European
Court of Human Rights on the scope of the magistrate concerned.43
m. Given the task of the government agent on the proceedings before the
European Court of Human Rights, which allow a better understanding of the caseconsider as appropriate to amend Art. 14 of Government Ordinance 94/1999 on
Romania's participation in proceedings before the European Court of Human
Rights and the Committee of Ministers of the Council and the right of recourse of
the state from the judgments and conventions amicable settlement in the sense that
the government agency to have advisory role to draft legislation concerning
fundamental rights and freedoms.44
n. Article 111, second sentence of the Civil Procedure Code finding
establishes the principle of subsidiarity action to demand enforcement of the right:
"The application can not be accepted if the part may require achieve justice." In
other words, an action is admissible only if the finding is not " may require "
achieving his right.
The action requesting a declaration of invalidity is realization action, whether
based on a plea of nullity relative or absolute. 45 It follows that the action for nullity
ownership documents based on art III of Law no. 169/1997 for the amendment of
the Land Law no. 18/1991 is an action of execution. Nullity of title under this text
may be required but only for certain cases determined by law. Owner suffering a
disorder of his right by acts of a third party that is considered the owner does not
have to hand action claim, having possession of the property, but action may have on
hand or provocative finding, based on Law no. 169/1997, an action for nullity title.46
If the third party claiming to be the owner does not have title, but ownership
certificate or report of livery, which, according to the decision in the interest of law
no. 1/1997 to Î.CCJ, not title, then the owner does not have to hand their nullity
action based on art. III of Law no. 169/1997, only one action for his property
rights. Not title, these acts can not substantiate the transmission property.
42
M.-A. Stoian, Implications of European Court of Human Rights on the matter of property law, doctoral
thesis presented at the University "Nicolae Titulescu ", coordinated by Prof. G. Boroi, Bucharest, 2011.
43
See and M.-A. Stoian, op. supra.cit.
44
Ibid.
45
V. M. Ciobanu, G. Boroi, Civil Procedural Law. Selective course. Tests grid, 4th edition, CH Beck,
Bucharest, 2009, p 15, CA Bucharest, Section IV of Civil, Decision no. 414/2000 and CA Bucharest,
Department of Civil III, Decision no. 2372/2000, in G. Boroi, O. Spineanu - Matei, Annotated Code of
Civil Procedure, 2nd edition, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2007, p 255.
46
M. Barbu, Brief consideration of the admissibility of the action for failure to
http://www.juridice.ro/62914/scurte-consideratii-asupra-admisibilitatii-actiunii-in-constatare.html
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Therefore, the owner has a legitimate interest in a finding of void, because they
even valid would not generate alienation.47
However, if the third party claiming to be the owner receives a title, that does
not automatically dismiss must draw in finding inadmissible because it is necessary
to consider whether and to certain grounds of invalidity may bring an action
achievement. Furthermore, nullity of the title certainly does not confer title holder,
only proves the ineffectiveness of legal title to the other.48
The law ferend propose that if the action is found inadmissible finding
generated by the possibility of an action for achieving the same protection as the
court to rule in this regard by the end, leaving the party a deadline for turning
action finding one in performance and following that unless refusal to issue ruling
party passivity.49
47
C.S.J., Sections, Decision no. 1/30.06.1997, quat. in L. Mera, A. Pena, Interest of the law. Admission
decisions from 1993 to 2008. Reports of judicial practice, CH Beck, Bucharest, 2008, pp. 51-66.
M. Barbu, op. cit above.
49
M. Barbu, op. cit above.
48
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