Sobre los hechos sucedidos en la comunidad de Tepoztlán, Morelos,

Sobre los hechos sucedidos en la comunidad de Tepoztlán, Morelos,

26 de julio de 2013
A la sociedad en general
A los pueblos en resistencia
A los medios de comunicación
A los gobiernos Federal y Local de Morelos
Sobre los hechos sucedidos en la comunidad de Tepoztlán, Morelos,
a propósito de la imposición del proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla
En los últimos días, la comunidad de Tepoztlán ha sido privada de sus tierras de manera ilegal. A
través de engaños, represión y abuso de la fuerza –por parte de elementos de la seguridad pública
municipal y estatal, así como de la policía federal, las autoridades han permitido y secundado las
acciones ilegales y arbitrarias de la empresa TRADECO y la SCT, que pretenden imponer el proyecto
de ampliación de la autopista La Pera-Tepoztlán de manera violenta, apelando a fundamentos
jurídicos inexistentes, desatendiendo sus propios compromisos y atentando en contra de los
derechos de la comunidad. Sin importar las peticiones de respeto a la población, las autoridades
han sustituido el diálogo y la mediación por la violencia de las máquinas y granaderos, agrediendo
los ecosistemas de la región y atentando gravemente en contra de la integridad del territorio
tepozteco.
Por ello, SEÑALAMOS que:
 TRADECO y la SCT están incurriendo en actos ilegales y están llevando a cabo un despojo de
tierras comunales en Tepoztlán, Morelos, dado que las obras de ampliación sobre la
propiedad comunal de este municipio son contrarias a Derecho y arbitrarias en vista de que
no existe un fundamento jurídico que respalde las actividades de la empresa, pues ni ésta ni
las autoridades cuentan con documentos legales que sustenten el supuesto derecho de vía y
las obras de ampliación, tales como un convenio de ocupación previa autorizado por la
asamblea de comuneros o un decreto de expropiación que los avale.
 El acta de asamblea de los ejidatarios en la que se autoriza el convenio de ocupación previa
para la realización de las obras de ampliación de la autopista en el área ejidal de Tepoztlán es
ilegal, dado que fue aprobada con 29 firmas de un padrón total de 600 ejidatarios y en una
asamblea que careció de las formalidades exigidas por ley para este tipo de asuntos, motivo por
el cual los ejidatarios afectados interpusieron una demanda ante el Tribunal Agrario que hasta
la fecha no ha tenido respuesta. Esta acta fue firmada por el ex Presidente del Comisariado
Ejidal Juan Cruz Tijera Demesa. El actual Presidente Guillermo Martínez Demesa no ha actuado
para apoyar la impugnación de dicha acta, soslayando de esta manera los deberes propios de su
cargo.
 La Dirección General de Comunicaciones y Transportes, Centro Morelos, en su oficio de fecha
22 de julio de 2013, transgrede dolosamente el principio de legalidad que obliga a las
autoridades a fundar y motivar debidamente sus actuaciones, con la clara intención de
confundir y acelerar los trabajos de ampliación, al señalar como fundamento jurídico para la
reanudación de la obra el acuerdo dictado por el Tribunal Unitario Agrario del 18º Distrito en
Cuernavaca, Morelos, correspondiente al expediente número 322/2006 del 20 de octubre de
2011, aun cuando sabe que los terrenos afectados son distintos a los referidos en dicho
acuerdo.
 TRADECO y la SCT también están actuando ilegalmente cuando violan los decretos de Parque
Nacional El Tepozteco (1937) y del Corredor Biológico Ajusco-Chichinautzin (1988), así como el
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Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Tepoztlán (vigente desde
2009), todas disposiciones de carácter ambiental que claramente señalan que no se pueden
realizar este tipo de obras en el municipio.
TRADECO, la empresa de construcción de infraestructura pesada consentida del sexenio de
Felipe Calderón, ha invadido territorio ejidal y comunal generando daños de difícil reparación
para los ecosistemas y los servicios ambientales que los mismos brindan. La construcción de la
ampliación provocará una destrucción ambiental que acentuará daños anteriores y que
agravará sus impactos locales y regionales.
En ningún momento se ha informado a la opinión pública ni se ha permitido a la comunidad
participar en la definición de propuestas alternativas de opciones viables que pudiesen resolver
o atenuar los problemas de circulación que aquejan actualmente el tramo carretero.
Tampoco se informa que sin la circulación de los tráileres en el tramo La Pera-Tepoztlán, dicha
autopista es suficiente para la actual circulación de autos.
Las autoridades y la empresa TRADECO han tratado de dividir a la comunidad de Tepoztlán con
falsos argumentos de ofrecimiento de empleo en condiciones precarias y con expectativas
falsas respecto de los beneficios públicos del turismo “que resultará de la ampliación de la
autopista”. Una de las personas que sí se beneficiaría de estas circunstancias es Nancy Ortega
Romera, ex Presidenta del DIF de Tepoztlán, esposa del ex Presidente Municipal Gabino Ríos
Cedillo y actualmente Presidenta de la Asociación de Hoteles de Tepoztlán. Al mismo tiempo, la
SCT ofrece descuentos en la caseta de Tepoztlán, ocultando el cobro de peaje que pagarán los
habitantes por transitar en su propio territorio.
Las autoridades crearon un supuesto “consejo ciudadano” que realizó una consulta irregular y
amañada para intentar legitimar el proyecto de ampliación de la autopista en Tepoztlán. Este
“consejo” fue constituido en su mayoría por miembros y ex miembros del Ayuntamiento,
empresarios y personas que se están beneficiando de la ampliación, los cuales incluso han
establecido en su propio domicilio oficial una bolsa de trabajo en la que ahora se contrata a los
trabajadores de TRADECO. Entre dichas personas se encuentran: Elías Navarrete Ortiz, Miguel
García Labastida, Marcos Demesa Noriega, Pedro Heriberto Campos Flores, César Ayala
Escalante, Raúl Ríos Cedillo y Odorico Villegas Ríos.
Los titulares de los contratos de transporte de materiales, que son familiares del Presidente
Municipal actual Francisco Navarrete Conde, junto con el ex Presidente Municipal del trienio
anterior Gabino Ríos Cedillo, son empresarios locales de la construcción que están recibiendo
beneficios económicos de dicha obra y que, además, están operando como grupo de choque a
favor de la ampliación. Dentro de este grupo de choque podemos encontrar a Denia Flores
Rendón, Presidenta del DIF de Tepoztlán y esposa del actual Presidente Municipal Francisco
Navarrete Conde.
Los miembros de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán han actuado conforme a Derecho
y asistidos por la razón al defender la integridad del territorio tepozteco ante los actos ilegales
en que ha incurrido la empresa TRADECO. La Asamblea de Comuneros no se ha pronunciado a
favor de la ampliación de la autopista y menos aún acerca de la celebración del convenio de
ocupación previa, por lo que al no existir documento alguno que avale las obras se hace
necesario que las autoridades intervengan y restablezcan el estado de Derecho en el municipio
frente a las arbitrariedades de la empresa TRADECO. El actual Presidente del Comisariado de
Bienes Comunales es Ignacio Cortés Salazar, quien se ha pronunciado públicamente y en
repetidas ocasiones a favor de ampliación de la autopista, a la vez que ha descuidado y
violentado los deberes de su cargo favoreciendo los intentos múltiples de imposición del
proyecto y se ha negado a actuar legalmente en contra del despojo perpetrado por TRADECO.
Sin embargo, las autoridades han permitido y fomentado la criminalización de la protesta social;
han difamado, perseguido y acosado a distintos miembros de los Frentes Unidos en Defensa de
Tepoztlán, utilizando la violencia de manera desproporcionada. También han realizado acoso e
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intimidación al fotografiar y filmar a quienes protestan y amenazarlos con utilizar sus datos
personales para afectar sus derechos. Igualmente, han manipulado a su favor instrumentos
jurídicos como las órdenes de aprehensión para amedrentar a los miembros de los Frentes
Unidos en Defensa de Tepoztlán. El uso de la fuerza pública en contra de quienes defienden su
territorio y hacen valer sus derechos legítimos es un delito, pues se está protegiendo y
amparando un acto notoriamente ilegal, contrario al orden constitucional, a los derechos
humanos y a cualquier principio jurídico.
 La comunidad de Tepoztlán nunca ha recurrido a la violencia para defender la integridad de su
territorio ni para exigir el respeto de sus derechos. Tampoco ha realizado actos violentos de
ningún tipo ni cometido ningún delito en contra de persona alguna. El Presidente Municipal de
Tepoztlán miente al afirmar que fue secuestrado y golpeado, que hubo de objetos al interior del
Ayuntamiento o que se cometieron actos de vandalismo. Los Frentes en Defensa de Tepoztlán
son un movimiento social pacífico. La irrupción del pueblo de Tepoztlán a las oficinas del
Ayuntamiento fue un llamado de auxilio a la institución que los representa ante la represión
que se había vivido al ser destruido el campamento de vigilancia “El caudillo del sur” y
despojado el terreno comunal. Sin embargo, el Presidente Municipal se mostró reacio a cumplir
las obligaciones legales que tiene para con su pueblo, carente de valor cívico y palabra, pues lo
engañó y se burló de él para luego acusarlo de los peores delitos y difamarlo ante la opinión
pública. En todo caso, si el Presidente Municipal resultó con golpes éstos se debieron a su
propia torpeza dada la forma precipitada y mal organizada, por parte de la gente de su
confianza que lo acompañaba, en la que abandonó el inmueble.
 Las autoridades estatales han encapsulado el pueblo de Tepoztlán ubicando elementos de
seguridad pública en las afueras y puntos estratégicos de acceso al municipio para no permitir
que la protesta salga del centro. Asimismo, la empresa TRADECO continúa el despojo y la
destrucción del territorio comunal bajo el resguardo de la policía que los acompaña en el lugar
de trabajo. Estas acciones las han realizado las autoridades municipales, estatales y federales
para favorecer a TRADECO y permitir que sus obras ilegales avancen rápidamente sin
interrupción, convalidando y participando de manera directa y dolosa en los actos ilegales.
Por todo lo anterior DENUNCIAMOS ante la opinión pública nacional e internacional:
 La violación permanente y continuada de la legislación agraria, ambiental y administrativa
por parte de las autoridades municipales, locales y federales, quienes en una clara omisión de
sus obligaciones han permitido la ilegalidad con que operan la SCT y TRADECO.
 Las gestiones opacas e irregularidad de los procedimientos administrativos que los tres niveles
de gobierno han autorizado en materia ambiental para la construcción de la obra.
 Las interpretaciones jurídicas tendenciosas y equívocas de normas y resoluciones.
 La manipulación e incumplimiento de múltiples acuerdos, minutas de trabajo y compromisos
que autoridades de los tres órdenes de gobierno han firmado con el movimiento de resistencia
en torno al proyecto de ampliación de la autopista.
 La actuación ilegal de la empresa TRADECO, promovida por el gobierno federal, bajo la
protección del gobierno estatal y con la complicidad y negligencia de las autoridades
municipales, ejidales y comunales, que ha desconocido los documentos legales que amparan la
resistencia de la comunidad de Tepoztlán y violado el derecho de propiedad originaria indígena
y los principios de sustento de un ambiente sano, así como los derechos ejidales y comunales –
todo con la aquiescencia y cooperación de las autoridades estatales a cargo del gobernador
Graco Ramírez.
 Las amenazas, persecución y hostigamiento por parte de funcionarios del gobierno local, estatal
y federal en contra de los habitantes de Tepoztlán y dirigentes del movimiento, así como
agresiones serias a su integridad física, su libertad y su dignidad.
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 El incumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
de la comunidad y sus habitantes, en abierta violación al artículo 1º constitucional que vincula a
todas las autoridades (municipales, locales y federales), lo anterior en perjuicio de las
necesidades reales de la población y de las minorías que radican en Tepoztlán.
 La simulación o negación franca del diálogo público y real a través de procedimientos
democráticos que garanticen el respeto de los derechos de la comunidad, de los afectados y
opositores al proyecto, así como la falta de disposición auténtica por parte de las autoridades
para encontrar vías alternativas que permitan resolver el conflicto de manera pacífica.
Finalmente, EXIGIMOS que:
 Se exhiban de inmediato los documentos que acrediten la legalidad y el fundamento jurídico
de las obras de ampliación y el derecho de vía, así como los títulos de propiedad
correspondientes.
 Se detengan, en tanto dichos documentos no sean presentados públicamente, las obras en las
tierras comunales y ejidales, y se retire inmediatamente y sin condiciones toda la maquinaria y
trabajadores de la empresa TRADECO del territorio de Tepoztlán.
 Se retiren del territorio de Tepoztlán las fuerzas públicas estatales y federales que
indebidamente permanecen en él, y se investigue y sancione a los responsables de los actos de
abuso policial acontecidos los días 23 y 24 de julio de 2013.
 Se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad, la libertad y la
integridad de los ejidatarios, comuneros, ciudadanos y personas que participan en los Frentes
Unidos en Defensa de Tepoztlán, y se asegure la no repetición de los actos.
 Se reintegre la totalidad del territorio afectado por la empresa TRADECO dada la ilegalidad del
proyecto de ampliación de la autopista La Pera-Tepoztlán y se investigue y sancione a los
responsables de la destrucción ambiental sufrida en el territorio de Tepoztlán.
 Se detengan inmediatamente el hostigamiento, la criminalización de la protesta social y los
actos de violencia dirigidos en contra de la comunidad.
 Se garantice la presencia de observadores y organismos de derechos humanos en la asamblea
que se celebrará el jueves 8 de agosto de 2013 y subsecuentes en las que se pretenderá
imponer la aprobación del convenio de ocupación previa en las tierras comunales.
 Se establezca el diálogo público y real con los afectados por la ampliación de la autopista en el
municipio de Tepoztlán mediante procedimientos democráticos que garanticen su participación
y la atención prioritaria de las propuestas alternativas de la comunidad para la solución pacífica
del conflicto.
¡Por la defensa de la integridad del Territorio de Tepoztlán
y la lucha de su comunidad en resistencia!
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Colectivo de Abogados Solidarios (CAUSA); Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la
Madre Tierra; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Región Malinche; Frente
Juvenil Xochicuautla; Colectivo por la Autonomía (COA); Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales (ANAA); Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales; Red en Defensa
del Maíz; Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAMI); Grain; Biodiversidad; Centro de
Análisis Social, Información y Formación Popular, A.C. (CASIFOP); Centro Fray Julián Garcés
Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Programa Mesoamérica del Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla; Movimiento de
Liberación Nacional (MLN); Jóvenes Ante el Desastre y la Emergencia Nacional; Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Colectivo Autonomía en los
Barrios del Pueblo de San Nicolás Totolapan, Magdalena Contreras; Coalición en Defensa de
la Cuenca de la Independencia (CODECIN); UPREZ; Coordinadora de Pueblos en Defensa del
Río Atoyac; Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyP); Colibrí:
Publicación en Lenguas Originarias; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero;
Yosoy132Ambiental; Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 (COJUDH132); Acción
Migrante; Alianza de ExBraceros del Norte; Asamblea de Migrantes Indígenas del DF;
Asamblea Popular de Familiares de Migrantes (APOFAM); Caravana de Madres
Centroamericanas; Colectivo de Apoyo a Personas Migrantes (COAMI); Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI); Movimiento Migrante Mesoamericano; Posgrado para la
Defensa y Promocion de los Derechos Humanos de la UACM; Prevencion, Capacitación y
Defensa de Migrantes A.C. (PRECADEM); CDH México Profundo y Vivo; Secretaría del
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento; Fuerza Mundial;
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES-México); Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario (IMDEC); Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo;
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.; #YoSoy132Chihuahua; ISKRA Casa de Cultura; Jóvenes
Ante el Desastre y la Emergencia Nacional-Chihuahua; Colectivo Ratio; Sección Mexicana de
la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública; Apoyo en Tácticas Alternativas
Jurídicas y de Organización Social, A.C. (ATAJOS); Fundación Don Sergio Méndez Arceo;
Cristianos Comprometidos; Programa de las Américas; Medio Ambiente y Sociedad, A.C.;
Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota, en Defensa del Medio Ambiente;
Colectivo La Flor de la Palabra; Coordinadora de Pueblos de Oriente del Estado de México,
en Defensa de la Tierra, su Cultura y sus Recursos Naturales; Frente Ciudadano en Defensa
del Agua Potable y Patrimonio de Chimalhuacán; Asociación Vecinal de Tepetlaoxtoc, A.C.;
Frente del Pueblo en Defensa del Agua y la Tierra de Temascalapa; Movimiento en Defensa
del Agua, la Tierra y el Aire de Ixtapaluca; Unión de Pueblos en Lucha por el Agua; Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco); Texcoco Unido; Movimiento Comunitario
Chimalhuaquense, A.C.; Administración de Agua Potable de Coyotepec; Dra. Sylvia Marcos;
Dra. Ana Alicia Peña López, Dr. Alejandro Álvarez; María de la Luz Arriaga Lemus, Nashelly
Ocampo Figueroa, María de Jesús Ramos Casiano; Graciela Muñoz; Jennifer Arias Reyes; Raúl
Benet; Lourdes Amira Aranda Astudillo; Wendy Mendez; Maíz Azul; El Trazo Méndez; Sonora
Mezcalera; Lengualerta (AHO colectivo).
Seguiremos recibiendo nuevas firmas de apoyo al correo oficial del Colectivo de Abogados Solidarios
(CAUSA): [email protected]
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