Un largo camino por recorrer

Opinión |6 Mar 2011 - 1:00 am
Un largo camino por recorrer
Por: Germán I. Andrade *
NADA MÁS URGENTE EN LA LENTA agenda ambiental del Gobierno que decisiones
acertadas sobre la minería. No sólo sobre los casos más sonados, sino sobre todo el sector.
Porque Colombia no está preparada para una minería que contribuya a la prosperidad para
todos.
Heredamos un preocupante desequilibrio. Según el investigador Guillermo Rudas,
la titulación minera pasó en los últimos ocho años de 1,1 a 8,4 millones de
hectáreas, los dineros asignados en el presupuesto al sector ambiental caían de
0,19% del PIB en 1998 a 0,09% a partir de 1999 y cerca del 50% de los beneficios
en forma de regalías pagadas por la minería y los hidrocarburos quedaron en las
compañías por exenciones al impuesto de la renta. Ha imperado una política en
sentido contrario del bien común. Más que locomotoras estamos frente a
verdaderas aplanadoras. Es verdad que las finanzas públicas se verían
alimentadas por la multiplicación de la actividad, pero no como resultado de un
balance de costos y beneficios de los proyectos.
No puede afirmarse que la intención del Gobierno sea adelantar una minería sin
impactos ambientales: ésta no existe. La sociedad debe definir lo que está
dispuesta a ganar y a perder. Pero, ¿somos conscientes de lo que estamos
dispuestos a perder? La exclusión de la minería solamente en los parques
nacionales y páramos es insuficiente. Como mínimo faltan las selvas de montaña,
humedales y zonas de influencia de los ríos y recarga de acuíferos. La primera
decisión para balancear los costos y beneficios se refiere a dónde no se debe
hacer minería. Costa Rica excluyó la minería a cielo abierto en todo su territorio.
Aquí las concesiones de exploración cubren una enorme extensión, prefigurando
un futuro de conflictos socioambientales.
El reciente estudio del Centro de Salud y Ambiente Global de Harvard muestra
que los costos ocultos de la industria del carbón en EE.UU., al incluir las fases de
extracción, transporte, procesamiento y combustión, ascienden a US$500 mil
millones al año. Desde una perspectiva de gestión del bien común, el balance sólo
se puede hacer con instituciones fuertes. Es urgente la creación del Ministerio del
Ambiente para dotarlo con una unidad de gestión minera del más alto nivel
técnico. Hay que establecer la licencia ambiental de la exploración y explotación, y
para el cierre de los proyectos; así como revisar las compensaciones, regalías y
exenciones tributarias. El escalamiento del conflicto en torno a la minería, y la
llegada de casos a los organismos de control y el Poder Judicial, prueba que con
la actual institucionalidad no estamos preparados. Siembra desregulación y
cosecharás conflictos socioambientales, parece ser la lección en la transición de la
seguridad a la prosperidad democrática.
También es importante redirigir la discusión publica desde los asuntos que desde
el punto de vista legal ya están resueltos —como minería en los páramos o
seguridad industrial— hacia los desafíos del futuro, que ya llegaron. Entre ellos la
minería y la gobernabilidad del territorio, la transición de la informalidad hacia
nuevas formas institucionales, la gestión de los impactos acumulativos de la
pequeña minería, la relación entre la minería y la adaptación al cambio ambiental
global. Y, ¿por qué no?, sobre la escurridiza relación entre el crecimiento
económico que aporta este sector y el desarrollo y bienestar de todos.
*Profesor Facultad de Administración. Universidad de los Andes.
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