Sin título-1

ÍNDICE
FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN (FIBGAR)
02
UNA VISIÓN DEL CONCEPTO DE JUSTICIA UNIVERSAL
03
Derechos Humanos y Justicia Universal
03
Nueva delincuencia económica
03
CURSOS FIBGAR ‐ UMET
04
Curso “Derechos Humanos y Justicia Universal”
05
Curso “Crímenes financieros. Nuevos crímenes de lesa Humanidad”
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DISERTANTE S
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN (FIBGAR)
UNA VISIÓN INTEGRAL DEL CONCEPTO DE JUSTICIA UNIVERSAL
La Fundación Internacional Baltasar garzón se sustenta sobre los pilares de la solidaridad, el respeto, la promoción
de los Derechos Humanos, la cooperación al desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad.
Sobre esas bases, FIBGAR promueve programas para actuar desde los ámbitos de la educación, la justicia, la
sociedad, la política y la cultura para la defensa y aplicación de los Derechos Humanos, la protección de las víctimas
y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Otro objetivo es la persecución de la corrupción y el crimen
organizado en cualquiera de sus formas.
Buenos Aires será el escenario de la primera edición de los Cursos de la Fundación Internacional Baltasar
Garzón en Argentina y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Entre los días 9 y
12 de septiembre de 2014, un destacado grupo de juristas de talla internacional debatirán en la capital
argentina sobre los Derechos Humanos y su estrecha vinculación con el principio de Justicia Universal y
también sobre un tema de máxima actualidad; los crímenes económicos y su estrecha vinculación con la
vulneración de los derechos de la mayor parte de la población mundial. Estos dos cursos se celebrarán en la
sede de la institución académica superior bonaerense.
FIBGAR busca difundir, defender e impulsar:
Los principios de Jurisdicción Universal y Justicia Internacional, mediante una labor de promoción per‐
manente y, con el fin de desarrollar los mecanismos necesarios para combatir la impunidad, a nivel
nacional e internacional, iniciar, desarrollar e impulsar las causas judiciales que suponen la aplicación
práctica de estos principios en cualquier parte del mundo.
Los programas, principios, mecanismos y acciones, en los ámbitos académicos, sociales, políticos y
jurídicos, que fueren necesarios, para perseguir la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de
sus formas.
Promover el conocimiento mutuo y la colaboración activa con instituciones, organismos y organi‐
zaciones en las esferas que afectan a los Derechos Humanos, la seguridad jurídica, la prevención de la
drogodependencia, la promoción de la justicia, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.
Los cursos cuentan con la dirección de Baltasar Garzón, presidente de la Fundación y, además, con la coor‐
dinación de Pablo Vassel, ex representante del Poder Judicial en la Unidad de la Superintendencia para delitos
de lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina).
“Derechos Humanos y Justicia Universal”
El programa de este curso temático se centrará en los aspectos más relevantes del concepto de Justicia Uni‐
versal y su relación con los procesos judiciales en los que se implican delitos que afectan a los Derechos Huma‐
nos. El objetivo fundamental de este curso es analizar y reflexionar sobre el alcance de la aplicación de este
principio de Justicia Universal y, de qué manera, se puede ampliar y consolidar la protección jurídica de los
Derechos Humanos a nivel internacional.
En este extremo, se tomarán como referencia los numerosos casos en los que diferentes tribunales nacionales
actuaron en base a este principio jurídico universal para proteger a las víctimas de este tipo de delitos.
Nueva delincuencia económica
FIBGAR SE SUSTENTA SOBRE LOS PILARES
DE LA SOLIDARIDAD, EL RESPETO, LA
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS,
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS, LA MEDIACIÓN Y LA LUCHA
CONTRA LA IMPUNIDAD
El segundo de los cursos que se celebrará en la UMET del 9 al 12 de septiembre de 2014 lleva por título “Crí‐
menes económicos y financieros: nuevos crímenes de lesa humanidad”. El actual contexto económico inter‐
nacional exige una reflexión sobre el fenómeno creciente del delito económico desde la perspectiva de los
Derechos Humanos y también urge analizar la relación que existe entre los poderes económicos y las dicta‐
duras y gobiernos autoritarios. En este sentido, se impone un análisis desde el punto de vista jurídico de este
tipo de relaciones recurrentes imprescindible a la hora de estudiar las violaciones de Derechos Humanos a
nivel internacional.
Está claro que es necesario investigar el entramado de relaciones económicas que dio y da soporte a los regí‐
menes autoritarios que cometen delitos de lesa humanidad y superar la visión que centra la responsabilidad de
los delitos en los actores políticos de los diferentes procesos dictatoriales.
Un caso claro de esta relación entre economía y dictadura es Argentina. Los crímenes contra los Derechos
Humanos contaron, en el país, con la participación de sectores no estatales que apoyaron económicamente a
la Dictadura militar. Esa complicidad entre 'patrocinio' y crímenes ya se ha empezado a investigar en el contexto
de la violación de los Derechos Humanos y se ha iniciado el camino para extender el concepto de respon‐
sabilidad por este tipo de delitos. Esto, a su vez, ha provocado que se abra un camino que necesita un análisis y
reflexión desde el punto de vista jurídico que desemboquen en la elaboración de instrumentos legales
adecuados para que la Justicia proteja, en todas sus dimensiones, los Derechos Humanos.
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03
CURSOS FIBGAR ‐ UMET
CURSO “DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA UNIVERSAL”
Director de los cursos: Baltasar Garzón
Fechas: Días 9 y 10 de Septiembre de 2014.
Coordinador Académico: Pablo Vassel
Lugar: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UNMET)
Presentación
Estructura del curso: Mañana y tarde de 9.00 a 18.00 h.
Destinatarios:
Profesionales, agentes públicos, estudiantes universitarios avanzados, personal de Organizaciones No Guber‐
namentales vinculados a la temática, que tengan interés en profundizar en conceptos respecto de la defensa y
protección de los Derechos Humanos, a través de expertos nacionales e internacionales de este ámbito.
El concepto de Justicia Universal es uno de los temas que viene siendo objeto de debate internacional en cuanto al
juzgamiento de delitos graves que afectan a los Derechos Humanos. Los Estados Nacionales se han comprometido
a través de tratados internacionales a proteger los Derechos Humanos dando lugar, paulatinamente, al
surgimiento de un derecho supraestatal en el que se enmarca el concepto de Justicia Universal.
Este principio, en su aplicación más “pura”, faculta a cualquier estado a conocer sobre crímenes interna‐
cionales con los que no tiene vinculación alguna atendiendo a que son crímenes de una gravedad tal, que
afectan a la comunidad internacional en su conjunto.
N° de plazas por curso: 150
Criterio de selección del alumnado:
Por riguroso orden de inscripción. Reconocimiento de un curso de 16 horas lectivas a través de un certificado
firmado por las autoridades académicas del curso, que cumplan con los requisitos de asistencia.
Periodo de inscripción:
Desde el 1 de Julio hasta el 29 de Agosto, siempre que queden plazas disponibles.
El presente curso tiene como principal objetivo conocer los alcances de la aplicación del principio de Justicia
Universal para el juzgamiento de Delitos de Lesa Humanidad, y su aplicación, también, a la protección de los
Derechos Humanos en general.
La idea es reflexionar sobre las posibilidades de su aplicación como forma de ampliar y consolidar la defensa y
protección de los Derechos Humanos a nivel internacional, sobre todo tomando como referencia los numerosos
casos en que tribunales nacionales actuaron utilizando este concepto para protección de víctimas de delitos.
Importe de matricula por cursos:
General: $750
Reducida: $500 (debe acreditarse uno de los siguientes motivos: ser alumno/a universitario; estar desem‐
pleado/a o jubliado/a, personas con discapacidad).
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS CURSOS DE FIBGAR ‐ UMET
PUEDES CONTACTAR CON:
[email protected]
04
La distintas interpretaciones respecto de la legalidad y
amplitud de aplicación de un principio fundamental
para la protección de los Derechos Humanos, exige
revisar los conceptos básicos de contenido jurídico que
den sustento a las medidas de protección, así como la
reflexión respecto de los límites que pueden presentar
los marcos legales nacionales para hacer operativos los
reclamos de una manera efectiva.
Es por ello que la Fundación Internacional Baltasar
Garzón plantea la organización de un curso que verse
sobre el asunto.
05
Programa día 9 de Septiembre
Programa día 10 de Septiembre
09.30_ Acreditaciones.
10.00_ ¿Cuáles son las bases filosóficas del concepto de Jurisdicción Universal? Bases jurídico‐filosóficas de
su aplicación.
10.00_Presentación.
10.30_Conferencia inaugural: “Argentina y la Justicia Universal”.
Se trata de introducir a los alumnos en las bases conceptuales de aplicación de la Jurisdicción Universal. El
objetivo es conocer el basamento filosófico y jurídico por el cual se habilita la intervención estatal.
Alejandra Gils Carbo, procuradora general de la Nación.
Eduardo Barcesat, titular de la cátedra Teoría General y Filosofía del Derecho del departamento de Filosofía de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
11.30_Crímenes de lesa humanidad y medios de comunicación.
Fernando Andreu, magistrado del Juzgado de Instrucción n°4 de la Audiencia Nacional.
Horacio Verbitsky, periodista y escritor. Director del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Ricardo Gils Lavedra, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12.30_Concepto de Justicia Universal. ¿Qué conflictos se producen entre la competencia territorial de los
estados y la Jurisdicción Universal?.
Moderadora: Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa de la Nación.
12.00_Franquismo. Aplicación del Principio de Jurisdicción Universal.
Un tema relacionado con la Jurisdicción Universal remite a los conflictos que se suscitan con la competencia
clásica territorial que tienen Estados soberanos. ¿Cómo se ha resuelto particularmente esa situación en el
ejercicio de la Jurisdicción Universal?.
Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del
Franquismo (CeAqua).
Baltasar Garzón, juez y presidente de FIBGAR.
Pedro David, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.
Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Darío Rivas, descendiente de víctima del Franquismo.
Carolina Varsky, procuraduría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público Fiscal.
Matías Bailone, doctor en Ciencias Penales, letrado de la Corte Suprema de la Nación Argentina y director de su
Instituto de Investigaciones.
Moderadora: Leah Tandeter, coordinadora de Política y Justicia Internacional. Amnistia Internacional Argentina.
14.00 _Almuerzo.
15.30_¿Qué normas nacionales son necesarias para hacer operativo la aplicación del principio de Justicia
Universal?. La constitución y los tratados internacionales. Su aplicación en la defensa de los Derechos
Humanos.
¿Cómo es la legislación nacional respecto de la protección de los Derechos Humanos y la aplicación de la
Justicia Universal?. Las normas nacionales y los tratados ratificados por la Nación Argentina que implicancias
tienen en esta temática. ¿Cómo interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Remo Carlotto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Moderadora: María del Carmen Roqueta, presidenta TOCF N°6 , a cargo del Plan Sistemático.
13.30 _Almuerzo.
16.00_Presente y futuro para la Justicia Universal.
Se discute y utiliza como traba de la aplicación del concepto de Justicia Universal la necesaria vigencia de legis‐
lación nacional que autorice la intervención de tribunales de extraña jurisdicción.
Baltasar Garzón, juez y presidente de FIBGAR.
Dolores Delgado, fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Pablo Vassel, ex‐representante del Cuerpo en la Unidad de Su‐perintendencia para delitos de Lesa Humanidad
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hugo Omar Cañon, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. En 1986 fue designado Fiscal General
Federal de Bahía Blanca, desempeñando el cargo durante 23 años.
Moderador: Martín Granovsky, periodista especializado en política internacional.
Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, titular de Cátedra de Derecho Penal en la UBA y en la UNLP.
18.00_Conferencia de clausura.
Moderadora: Diana Conti, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ex con‐
sejera de la magistratura.
Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación “Abuelas de Plaza de Mayo”.
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CURSO “CRÍMENES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. NUEVOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”
Programa día 11 de Septiembre
Fechas: Días 11 y 12 de Septiembre de 2014.
09.30_ Acreditaciones.
10.00_Presentación.
Presentación
10.30_Conferencia inaugural: “Reforma del Código Penal y su posible persecución universal”.
Eugenio Zaffaroni , ministro de la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La relación cómplice entre el poder económico y las dictaduras o regímenes autoritarios es un tema que, cada
vez más, se considera como imprescindible en el estudio de las violaciones a los Derechos Humanos. A nivel
mundial, se reconoce que es insuficiente analizar sólo la cara política de estos procesos y que es necesario
investigar el apoyo económico que fue sostén de los mismos.
11.30_Mesa redonda. “Los abusos del sector bancario y financiero: ¿crímenes económicos y financieros?”.
Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional.
José Alberto Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera ‐ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Jorge Elbaum, sociólogo, profesor UBA y UNLM y embajador argentino ante la IHRA.
Un antecedente importante se encuentra en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Militar de Nüremberg
que ha reconocido la responsabilidad de empresarios que colaboraron con el régimen nazi. A pesar del
creciente poder de los grupos económicos que con su accionar limitan y lesionan los Derechos Humanos, esos
antecedentes jurisprudenciales no se han repetido ni aumentado en el tiempo.
En su origen, el concepto de crimen de lesa humanidad no se ideó para crímenes económicos y financieros. Sin
embargo la tendencia actual es considerar estos crímenes como atentados contra la Humanidad por la
gravedad de los mismos y cómo afectan a la sociedad en su conjunto y al Bien Común.
En la Argentina también se sufrieron y se sufren crímenes de este tipo, como es el caso de la participación de
sectores no estatales que apoyaron económicamente a la dictadura militar. Esa complicidad entre patrocinio y
crímenes es la que ha comenzado a investigarse en el contexto de la violación a los Derechos Humanos,
iniciándose un camino para extender la responsabilidad por los delitos cometidos.
Las respuestas en términos institucionales se reflejan en la creación de unidades de investigación específicas
destinadas al lavado de dinero y financiamiento de redes de delitos internacionales. Estas respuestas son
acordes a la complejidad de las modalidades delictivas, su conformación en redes y su poder fáctico que
requiere de acciones específicas y estrategias adecuadas a ese tipo de delitos. Un esfuerzo que requiere de una
constante reinvención y actualización.
Sin embargo este es un camino incipiente que nece‐
sita reflexión, nuevos conceptos y la elaboración de
instrumentos legales adecuados para que la justicia
alcance y proteja los Derechos Humanos.
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Moderadora: Juliana Oliva, funcionaria judicial en la justicia ordinaria de la Provincia de Buenos Aires.
13.30_ Almuerzo
16.00 _Mesa redonda: “¿Se pueden juzgar y sancionar, desde el derecho local, los llamados crímenes
económicos y financieros?”
Fernando Andreu, magistrado del Juzgado de Instrucción n°4 de la Audiencia Nacional.
Luis Gonzáles, jefe de la Unidad contra las Bandas Criminales (bacrim) de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Alejandro Vanoli , presidente de la Comisión Nacional de Valores.
Moderadora: profesora de la Universidad Metropolitana para la Educación el Trabajo.
LA TENDENCIA ACTUAL ES CONSIDERAR
LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
COMO ATENTADOS CONTRA LA
HUMANIDAD POR LA GRAVEDAD
DE LOS MISMOS Y CÓMO AFECTAN
A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO
Y AL BIEN COMÚN.
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Programa día 12 de Septiembre
DISERTANTES
10.00_Mesa redonda. “Los delitos económicos financieros como base de los crímenes de lesa humanidad”.
Baltasar Garzón Real, magistrado juez en España y presidente de la Fundación Internacional
Baltasar Garzón.
Jorge Taiana, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director general del Centro Internacional de
Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín.
Eduardo Saiegh, empresario argentino. Dictadura y negocios.
María Laura Garrigós, jueza de la Camara Nacional de Casación Penal y presidenta de Justicia Legítima.
Moderador: Pablo Vassel, ex representante del Cuerpo en la Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa
Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
12.30_Break Almuerzo.
14.30 _Mesa redonda: “¿Qué respuesta han dado los gobier‐nos ante los llamados crímenes económicos
financieros?”.
Magistrado. Abogado, director de ILOCAD SL, con sede en Madrid. Coordina la defensa
internacional en Australia, Gran Bretaña, Suecia, Ecuador y EEUU, pro bono de Julián
Assange y Wikileaks. Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón pro
Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, con sede en Madrid, Argentina, Colombia y
México. Proyectos en República Dominicana, Colombia, Ecuador; proyectos académi‐
cos en Argentina y México (Puebla y Morelos).
Carlos Heller, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y presidente del BANCO CREDICOOP.
Miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en 2011‐2012. Autor de 7 libros y múl‐
tiples artículos y ensayos. Actualmente coopera con el departamento de Derechos Humanos de la Universidad
de Washington en Seattle (EE.UU.). Es Doctor Honoris Causa por 26 universidades de todo el mundo y
miembro de diferentes organizaciones humanitarias y centros de Derechos Humanos y de mediación en
conflictos, den‐tro y fuera de España.
Juan Pablo Boholavsky, experto independiente sobre la Deuda Externa y Derechos Humanos del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Argentina.
María Celeste Perosino, antropóloga (Integrantes del Equipo de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de
Valores y auto‐res del Informe).
Carlos Gonella, abogado titular de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Moderador: Por confirmar.
17.30_ Conferencia de clausura.
Moderador: Baltasar Garzón, juez y presidente de FIBGAR.
Doctor en Derecho Penal y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Es el
tratadista más importante de Derecho Penal de habla hispana.
Desde 2003, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Vicepre‐
sidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Secretario General y fundador
de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC).
En 2005 fue miembro del “Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter‐terrorism and
Human Rights” de la Comisión Internacional de Juristas.
Doctor Honoris Causa de más de treinta universidades europeas y americanas.
Ha recibido múltiples distinciones, entre ellas, el Premio Estocolmo en Criminología en 2009.
Director de la Revista de Derecho Penal y Criminología de La Ley ‐ Thomson Reuters.
Estela Barnes de Carlotto, presidenta de “Abuelas de Plaza de Mayo”.
Referente en Argentina en la defensa de los Derechos Humanos. Maestra de primaria y
ama de casa sin ninguna actuación pública. Tenía cuatro hijos, cuando en noviembre de
1977 fue secuestrada su hija Laura Estela Carlotto, quien estaba embarazada, en
momentos que gobernaba el país la dictadura cívico militar autodenominada Proceso
de Reorganización Nacional (1976‐1983). Hizo gestiones para la liberación de su hija
llegando a entrevistarse con el general Reynaldo Bignone, que le quitó toda esperanza
de que su hija estuviera viva. Poco después, en abril de 1978, Estela de Carlotto comenzó
a participar en las actividades de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El 25 de agosto de 1978 fue convocada por los militares y le fue entregado el cadáver de
su hija.
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Horacio Vertbisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Mientras José López Rega estaba el Gobierno Argentino, tuvo que exiliarse a Perú.
Asimismo, durante la dictadura de Videla, difundió cables desde la Agencia de Noticias
Clandestina denunciando la represión, junto con Rodolfo Walsh. Ha escrito diversos
libros sobre la historia política de la Iglesia Católica. Entre sus más destacadas publi‐
caciones se encuentran "Ezeiza", "Robo para la corona" y "El vuelo". Ha sido colabora‐
dor en diarios de otros países como "El País" (España), "TheWall Street Journal" (Estados
Unidos) y "The New York Times" (Estados Unidos).
Martin Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Martín Fresneda es secretario de Derechos Humanos de la Nación. Es abogado querellante
en varias causas de delitos de lesa humanidad. Logró la reapertura de causas en la provincia
argentina de Córdoba, por las que se enjuiciaron a los represores Luciano Benjamín Menén‐
dez y Jorge Rafael Videla. Es uno de los fundadores de la agrupación H.I.J.O.S. en Córdoba.
Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación.
Abogada por la Universidad de Buenos Aires: Con estudios de Maestría en Economía
Política con mención en Economía Argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO Argentina).
Se desempeña como procuradora general de la Nación.
Ocupó el cargo de fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Fue fiscal general subrogante ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Participó como disertante en representación de la República Argentina ante la 23° Conferencia anual de Comi‐
sionados de Protección de datos personales (París, FRANCIA) así como también en un ciclo de conferencias
organizado por la Comunidad de Madrid, sobre “Protección de los Datos Personales”.
Ha participado en proyectos y actividades de organismos internacionales y comunitarios entre los que se des‐
taca “Contact Point” al cual fue designada por la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
Bruselas, Bélgica.
Ha publicado “Régimen Legal de las Bases de datos y Hábeas Data”, bajo editorial La Ley y también ha prestado
colaboración para la publicación en diversos medios especializados.
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Jorge Taiana, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director general del Centro
Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín.
Es sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como minis‐
tro de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto de la República Argentina
(2005‐2010). Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (1996‐2001). Profesor en distintas universidades, ha realizado numerosas
publicaciones en temas de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Perse‐
guido político, permaneció más de siete años en prisión durante la dictadura militar
argentina (1976/1983).
Por su actuación, ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Actual‐
mente es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y director general del Centro Internacional de
Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín.
Remo Carlotto, diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires.
Diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires. Períodos 2005‐2009/2009‐
2013, y electo nuevamente para el periodo 2013‐2017. Fue presidente de la Comisión
de Derechos Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; miembro de la
Comisión de Familiares de Detenidos‐Desaparecidos en la ciudad de La Plata; miembro
de la Delegación Argentina ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Coordinador del Centro de documentación de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos
Aire; coordinador del equipo de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI),
y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo desde 1997; condecorado por la República de Ucrania en diciem‐
bre de 2007; miembro de la Delegación Argentina en las Reuniones de altas autoridades competentes en
Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados y; ha dictado Conferencias sobre Dere‐
chos Humanos en nuestro país, así como en Italia, España, Brasil, Bolivia y Uruguay.
Dolores Delgado García, fiscal de la Audiencia Nacional.
Su trayectoria procede bajo su desempeño en la Fiscalía especial antidroga, desde
donde llevó la acusación en la "Operación Temple" dirigida por Baltasar Garzón. En el
2011 junto con el juez Garzón formó parte del equipo que investigó el régimen de
Muamar el Gadafi por presuntos crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional.
Otra de sus importantes intervenciones fue cuando llevó la acusación contra el exmilitar
Adolfo Francisco Scilingo quien fue condenado por cometer delitos de lesa humanidad,
detención ilegal y torturas durante la dictadura argentina.
Su actividad se ha vinculado en la lucha contra el terrorismo formando parte de los jueces y fiscales de los
nueve países que han constituido la Red de Magistrados Antiterroristas (RIMA).
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Fernando Andreu Merelles, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción Número cuatro de la
Audiencia Nacional de España.
Se lincenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y accedió a la Carrera
Judicial, con categoría de Juez, mediante oposición en el año 1986. En la actualidad, y
desde el año 2002, es titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la
Audiencia Nacional, tribunal que, con jurisdicción en toda España, está encargado de la
investigación y del enjuiciamiento de delitos de especial trascendencia, como los de
terrorismo, crimen organizado narcotráfico, corrupción o delitos económicos.
Por ello, ha dirigido investigaciones sobre terrorismo interno y terrorismo internacional, relacionadas con
grupos terroristas de ideología yihadista extremista, así como asuntos referidos a Derechos Humanos y Justicia
Universal, como los referidos a los genocidios cometidos en Ruanda o contra personas protegidas en Irak.
Igualmente, ha dirigido investigaciones relacionadas con fenómenos de corrupción, delitos económicos de
importantes entidades financieras, narcotráfico, fraudes y sobre organizaciones criminales surgidas en países
del este de Europa como Rusia, Georgia o Serbia. También, ha sido profesor en la Universidad de Derecho de
Cantabria, en el Instituto Vasco de Criminología y en la Escuela de Práctica Jurídica.
Pedro David, juez de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.
Exiliado de las dictaduras, en 1955 y 1976. Juez la Sala II de la Cámara de Casación Penal.
Juez Ad Litem del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La Haya 2005‐2011
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Morón.
Presidente del Comité Académico del Doctorado en Derecho de la universidad John
Fridzerald Kennedy (Buenos Aires, Argentina).
Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales.
Profesor emérito de la Universidad de New México Estados Unidos de América.
Profesor titular extraordinario de Sociología de la Universidad de Morón.
Miembro del grupo de cinco expertos nombrados por el secretario General de la ONU para evaluar el fun‐
cionamiento judicial del Tribunal Penal Criminal Internacional de la ex Yugoslavia y de Rwanda, (La Haya 1999).
Consejero internacional de las Naciones Unidas en prevención del Delito y Justicia Penal (Viena Austria 1982 1993).
15
Alejandro Slokar, juez de Cámara Federal de Casación Penal de la Sala II.
Eduardo Barcesat, consultor externo de la Procuración del Tesoro.
Abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Juez de Cámara Federal de Casación Penal de la Sala II.
Fue defensor general adjunto en lo Penal, contravencional y faltas, con jerarquía de juez
de Cámara en el Ministerio Público de la Defensa ciudad autónoma de Buenos Aires.
Fue prosecretario letrado de la Cámara Nacional de Casación Penal. Cámara de Ape‐
lación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Morón.
Asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
Profesor titular consulto en el Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho,
Facultad de Derecho, UBA.
Consultor externo de la Procuración del Tesoro.
Asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Convencional
Nacional Constituyente (año 1994).
Secretario de cámara en la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de
Morón (Provincia de Buenos Aires).
Secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Jefe de la Delegación Argentina en el XI Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal (Bangkok, Tailandia).
Representante del Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Causa Amia.
Jurado de Concursos de Derecho Público, Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades nacio‐
nales. Jurado de concursos para provisión de cargos en el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de
la Nación. Experto UNESCO en Derechos Humanos. Ex co presidente de la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre. Ex coordinador titular de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.
Miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas. Miembro de la rama
ergentina de la Asociación Americana de Juristas. Ex integrante del Secretariado Internacional de la Asociación
Internacional de Juristas Demócratas. Abogado defensor de Derechos Humanos.
Pablo Vassel, ex director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Abogado egresado de la UBA y especialista en Derecho Procesal de la U.N.N.E y ex sub‐
secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes (2004‐2008). Entre otras
cuestiones realizó la primera investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos
en las islas Malvinas, Premio Nacional de Derechos Humanos B' Nai Brith 2006.
Ex director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación y ex re‐
presentante de dicho cuerpo ante la comisión de seguimiento y agilización de juicios de
lesa humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores.
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de Finanzas
Internacionales y de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó diversos cargos en la actividad pú‐
blica como asesor del Directorio del Banco Central, asesor de la Secretaria de Finanzas
del Ministerio de Economía, jefe de asesores de la Presidencia de la Comisión Nacional
de Valores, coordinador de Estudios del Mercado Interno de la Oficina Nacional de
Crédito Público y Coordinador de Negociaciones Crediticias Externas.
Carlos Heller, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
De extensa trayectoria en el cooperativismo, fue fundador del Banco Cooperativo Cre‐
diccop del que fue gerente general. En la actualidad es presidente de la entidad.
Preside la Comisión de Finanzas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es
vicepresidente primero de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República
Argentina (ABAPPRA).
Es fundador y referente del Partido Solidario. Fue presidente del Club Atlético Boca Ju‐
niors durante diez años.
Carlos Slepoy, abogado de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los
crímenes del Franquismo (CeAqua).
Abogado argentino ejerciente en España desde 1979. Abogado de la Coordinadora Esta‐
tal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo (CeAqua).
Fue presidente durante 10 años de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos en
Madrid, institución fundada en 1989 a raíz de los indultos concedidos en dicha fecha por
el gobierno argentino a distintos militares procesados o condenados.
Es autor de libros y publicaciones en revistas científicas en Argentina y en el exterior, sobre temas financieros,
negociación de la deuda y de economía internacional. Efectúa contribuciones en medios de prensa escritos
locales e internacionales.
Fue uno de los abogados de la Acción Popular en el Sumario del Juzgado Central de Instrucción número cinco de
la Audiencia Nacional, a cargo de Baltasar Garzón Real por los delitos de Genocidio y Terrorismo cometidos
durante las dictaduras militares argentina y chilena. Es miembro de la Asociación Libre de Abogados de Madrid
y de la Casa Argentina de Madrid.
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Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
José Alberto Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera.
Nació en Bahía Blanca en 1947. Se graduó de abogado en la Universidad Nacional de La
Plata. Ingresó por concurso, como empleado judicial en el Juzgado del doctor Omar
Ozafrain de La Plata en 1969. Luego fue secretario del Juzgado Civil y Comercial de Tres
Arroyos, Secretario del Juzgado Penal tres de Bahía Blanca, y defensor de Pobres y
Ausentes de esa misma ciudad. En 1986 fue designado fiscal general federal de Bahía
Blanca, desempeñando el cargo durante 23 años.
Nació en la Ciudad de La Plata, Argentina, el 19 de febrero de 1947. En el año 1970,
obtuvo la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, donde se
desempeña actualmente como docente. Entre otros cargos públicos, ejerció el de di‐
rector general de aduanas entre los años 2003 y 2004. Entre el 2006 y el 2008, fue
presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y en la actualidad ocupa el cargo de presi‐
dente de la Unidad de Información Financiera desde 2010.
Inició la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Vto. Cuerpo de Ejército
y de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. Cuestionó en 1987 la llamada "Ley de Obediencia Debida” por in‐
constitucional, al igual que el indulto a procesados dispuesto por el presidente Menem. Investigó también
especialmente, casos de corrupción y de afectación del medio ambiente.
Luis González León, jefe de la Unidad de Direcciones Nacionales y Seguridad Ciudadana, director
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia. Dependiente de la Fiscalía General de la Nación.
Integró la Comisión de Fiscales denominada "Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal",
destinada a desarrollar trabajos de coordinación y colaboración en todas aquellas causas vinculadas a vio‐
laciones a los Derechos Humanos en el período 1976‐1983, y particularmente actuó con fiscales italianos en el
marco del Plan Cóndor.
En el año 2000 recibió el “Premio Justicia Universal" otorgado por la Asociación Argentina Pro‐Derechos
Humanos, de Madrid. En el 2006 recibió de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata, el “Premio Reconocimiento a la trayectoria y el compromiso con la defensa de los
Derechos Humanos". El doctor Cañón participó en congresos y cursos internacionales sobre Derechos
Humanos, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha escrito libros y artículos de su especialidad.
María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Asociación de Justicia Legítima.
Abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA) en 1979 y
escribana graduada de la misma facultad en 1999, realizó el Posgrado en Derecho Penal
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (2000) y se especializó en Admi‐
nistración de Justicia en I.S.E.J.U.S.‐U.B.A. (2002). Estuvo a cargo del Juzgado Nacional
en lo Correccional número siete de la Capital Federal desde 1993 hasta 2004, fecha en la
que comenzó a desempeñarse como jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal (primero en la Sala IV y luego en la Sala V).
Director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Colombia. Dependiente de la Fis‐
calía General de la Nación.
Fue vicefiscal general de la Nación y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en
calidad de encargado, así como director nacional de Fiscalías, coordinador de la Unidad
Nacional contra el Secuestro y la Extorsión y fiscal regional de Bogotá.
También estuvo a cargo de la Unidad Nacional contra las Bandas Criminales (Bacim) y
también fue Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de Colombia.
María del Carmen Roqueta, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la C.A.B.A.
Abogada por la Universidad de Buenos Aires, participó como disertante en numerosas
conferencias y seminarios sobre Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho
Penal. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho en la mate‐
ria de Derecho Constitucional.
Se desempeñó en causas de narcotráfico, delitos de Lesa Humanidad, entre ellos
"Arancibia Clavel", sobre la D.I.N.A. de Chile y la planificación del homicidio del general
Prats y su esposa en la ciudad de Buenos Aires.
También participó en las causas Videla , Franco, Acosta, Vañek, Magnaco, Bignone, Riveros y otros respecto de
la práctica sistematizada de apropiación de niños de mujeres desaparecidas o muertas y la identidad de estos.
Asimismo, subrogó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número dos desde octubre de 2009 hasta
septiembre de 2011 y miembro de la Cámara de Casación Penal. Es presidenta de la Asociación de Justicia
legítima. Ejerció la do‐cencia en la Universidad de Buenos Aires en la materia “Elementos de Derecho Penal y
Procesal Penal” desde 1983 hasta 2009.
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Matías Bailone, director del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Doctor en Ciencias Penales, letrado de la Corte Suprema de la Nación Argentina y
director de su Instituto de Investigaciones. Profesor de grado y posgrado en Derecho
Penal, Criminología y Derecho Penal Internacional, en la Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de San Martín, Universidad
Andina Simón Bolívar, Ecuador, Universidad San Carlos de Guatemala, Universidad
Central de Chile y Universidad de Castilla ‐ La Mancha, España.
Formó parte de las Comisiones de Reforma de los Códigos Penales del Ecuador y de Bolivia (2008 y 2010).
Secretario General del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Crimen (COPLAD), per‐
teneciente a Naciones Unidas. Editor y coordinador de la revista de Derecho Penal y Criminología de La Ley ‐
Thomson Reuters.
Diana Conti, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
Es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Abogada de la Universidad de
Buenos Aires y licenciada en Psicología por la misma Universidad. Integró el depar‐
tamento de asistencia judicial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fue
miembro del equipo de asistencia jurídica desde 1982 hasta 1985, y ayudante pública en
problemas juveniles desde 1984 hasta 1985, hasta en el Poder Judicial de la Nación. El
10 de septiembre de 1985, Conti formó parte de un consejo consultivo en materia de
Derechos Humanos en la Argentina. Fue senadora nacional por la provincia de Buenos
Aires entre 2002 y 2005.
Carlos Gonella, fiscal general de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC).
Eduardo Saiegh, empresario despojado en la dictadura militar.
Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA en el año 1964. Fue
fundador de la empresa pionera en fabricación de carteles de acrílico en el país,
EDISCAR s.r.l.. Es fundador del Estudio de arquitectura “Arquitecto Eduardo E. Saiegh y
Asociados”, desde el cual desarrolló diversas e importantes obras. Es investigador, y ha
escritos numerosos artículos y dictado conferencias, organizado y participado de con‐
gresos y seminarios, en los cuales desarrolló sus ideas respecto de la arquitectura social,
y el concepto de "arquitectura de sistemas" que trata sobre la importancia del espar‐
cimiento, el ocio y la recreación para el sector laboral.
Fundó el Banco Latinoamericano de Inversión S.A., siendo su accionista mayoritario. Fue secuestrado y tor‐
turado para desapoderarlo del mismo y de todos sus bienes, para beneficiar a socios civiles de los dictadores.
Desde entonces desarrolló una intensa e ininterrumpida batalla judicial, siendo reconocido el Caso Saiegh por
el Estado Nacional como de lesa humanidad y de Terrorismo de Estado, agravado en su condición de judío, sien‐
do en nombre de éste la Secretaría de Derechos Humanos coquerellante en todas las causas penales.
Actualmente continúa con el desarrollo de la arquitectura social y con las actuaciones judiciales reparatorias.
Jorge Elbaum, sociólogo, profesor de UBA y UNLM y embajador argentino ante la IHRA
Es sociólogo, docente universitario e investigador sobre relacionadas con las pers‐
pectivas de género, los Derechos Humanos, la promoción de la diversidad y la investi‐
gación en temáticas de ciencia, tecnología y juventud.
Ha escrito numerosos artículos y libros sobre estos temas.
Embajador argentino ante la Alianza Internacional para la rememoración de la Shoá del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Director de la Escuela de Defensa Nacional (Ministerio de Defensa).
Martín Granovsky, licenciado y profesor en Historia. Periodista.
Carlos Gonella es fiscal general de la Procuración General de la Nación y está a cargo de
la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Abogado y doctorando por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, posee títulos de posgrado por la misma casa de estudios, en Re‐
dacción de Textos Científicos, en Metodología de la Enseñanza, en Metodología de la
Investigación Jurídica y en la Carrera de Especialización en Derecho Penal.
En 2012 fue distinguido como visitante de honor por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Miembro del
Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Coautor del libro
"Temas actuales de Derecho Penal". Parte general y de la obra colectiva La protección penal del patrimonio
cultural en el Código penal y leyes especiales, ha publicado varios artículos en revistas científicas y es autor de
otras tantas publicaciones relacionadas con su especialidad.
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Dicta el Seminario “Brasil actual” para diplomáticos en el Instituto del Servicio Exterior
de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
Periodista por oficio, es columnista del diario argentino “Página/12", donde fue sub‐
director durante 11 años.
Coordina Clacso TV, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Dirige el Núcleo de Estudios del Brasil de la Universidad Metropolitana para la Educación
y el Trabajo. Conduce Sostiene Granovsky, programa semanal de televisión.
Dos veces Premio Rey de España de Periodismo por coberturas vinculadas a los Derechos Humanos, fue presi‐
dente de la agencia estatal de noticias Telam por invitación del presidente Néstor Kirchner.
Realizó numerosas coberturas internacionales, entre ellas la del traspaso de soberanía de Hong Kong en 1997,
y entrevistó a figuras tan diversas como Eric Hobsbawm, Pierre Bourdieu, Luiz Inacio Lula da Silva, Dilma Rou‐
sseff, Rigoberta Menchú, Evo Morales, Juan Manuel Santos y Mijail Gorbachov, entre otros.
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Juan Pablo Boholavsky, experto independiente sobre la Deuda Externa y Derechos Humanos del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Abogado (Universidad Nacional del Comahue, Patagonia, Argentina), con Maestría en
Derecho Empresarial (Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina) y doctor europeo
en Derecho (Universidad de Salamanca, España).
Actualmente es experto Independiente sobre la Deuda Externa y Derechos Humanos
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Fué Hauser Global Fellow (Universidad de Nueva York, EE.UU.) e investigador post‐
doctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Inter‐
nacional (Heidelberg, Alemania).
Trabajó en casos de arbitraje internacional en relación a las nuevas inversiones, y para la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para los países de América Latina y el Caribe (CEPAL), donde realizó investigaciones so‐
bre los servicios públicos y los Derechos Humanos.
En 2009 fue nombrado profesor de la Universidad de Río Negro (Patagonia, Argentina), donde diseñó y publicó
un LL.M. en Derecho Administrativo Global.
Ha publicado libros y artículos sobre la financiación soberana, la inversión extranjera, la justicia de transición y
los Derechos Humanos.
Ricardo Gils Lavedra, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Celeste Perosino, coordinadora de la Oficina de Políticas de DDHH de la Comisión Nacional de Valores.
Coordinadora, Oficina de Coordinación de Políticas en Derechos Humanos, memoria,
verdad y justicia de la Comisión Nacional de Valores.
Es licenciada en Ciencias Antropológicas (orientación arqueología) por la Universidad
de Buenos Aires. En 2008 se graduó como máster en Ética Biomédica por la Universidad
Católica Argentina y en 2013 como doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos
Aires. Durante los años 2000 a 2011 fue investigadora de la ONG Equipo Argentino de
Antropología Forense.
Desde marzo 2012 se desempeña como coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Na‐
cional de Valores y en diciembre de 2012 fundó junto a un grupo de antropólogos y abogados la ONG Acciones
Coordinadas Contra la Trata de Personas.
Darío Rivas, descendiente de víctima del Franquismo.
Darío Rivas tiene 92 años. De niño llegó a la Argentina. Su padre, alcalde en la provincia
de Lugo, fue fusilado por los fascistas españoles. Inició una causa que pretende llevar a
la justicia universal en base a una denuncia para que los crímenes del Franquismo no
queden impunes. Pide justicia por su padre, Severino Rivas, que fue alcalde del ayun‐
tamiento Castro de Rei, en la provincia de Lugo. Lo detuvieron y luego fusilaron “por
traición a la patria”, el 29 de octubre de 1936.
Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires. Fue procurador general en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se desem‐
peñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal. En ese carácter participó del histórico Juicio a las Juntas Militares de la
Dictadura. Fue secretario del interior, y vicepresidente del Comité contra la Tortura de
las Naciones Unidas.
Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y juez ad hoc de la Corte Interamericana de Dere‐
chos Humanos.
Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal de la Asamblea Permanente de los Derechos
Humanos, y del Consejo Asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo Humano en la
Argentina. Fue profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la
Procuración General de la Nación.
Abogada (UBA), actualmente es coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad de la Procuración General de la Nación. Trabajó en el CELS desde 1998 hasta
2013. Fue directora del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo
de Estado y luego directora del área Litigio y Defensa Legal. Ejerció la docencia en Dere‐
chos Humanos y Derecho Constitucional y en Derecho a la Información en la UBA. Es
autora de diversos artículos en libros y revistas especializadas.
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Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
Abogada. Egresada en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales. Diplomada en Abogacía del Estado por la Universidad de Mendoza.
Asesora del Ente Nacional Regulador del Gas. Directora general de Asuntos Legales y
Normativa del Comité Federal de Radiodifusión y de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
Directora general de Gestión Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
Actualmente es la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
Es docente de la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, y docente en Pos‐
grados y Maestrías en diversas unidades académicas.
Ha dado múltiples clases y conferencias en diversos ámbitos, principalmente vinculadas a temas de libertad de
expresión y regulación de servicios de comunicación audiovisual.
Juliana Oliva, funcionaria judicial de la Justicia Ordinaria de Buenos Aires.
Abogada funcionaria judicial en la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires en el
Juzgado Correccional número dos Departamental Morón. Ha cursado estudio de grado
en la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Se encuentra especializada en Derecho Penal con tesis final referida a la “Acción
penal de las Personas Jurídicas en los delitos de lavados de activos desde un enfoque
simbólico social". Ha participado en diversas charlas, conferencias y congresos, como
expositora e integra equipos de investigación sobre la temática del Derecho Penal.
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