Canillas Abiertas de América Latina

Transcripción

Para Valentín
Otro mundo es posible!
Indice
I. INTRODUCCIÓN
I.1. Introducción general
I.2. De Cochabamba a Montevideo: Saludos de La Coordinadora de
Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia a nuestro hermano pueblo
uruguayo a través de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
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II. CANILLAS ABIERTAS. GANANCIAS LÍQUIDAS,
ACTORES GLOBALES Y EL PAPEL DEL GATS.
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II.1. Agua: sector hirviente de la economía
II.2. Al agua pato! La política al salvataje de las transnacionales
II.3. La OMC por el caño: el GATS y la liberalización del sector
II.4. Agua, ¿Derecho humano o mercancía?
II.5. ¿Quién controla el agua del futuro?
II.6. El agua potable como recurso estratégico del siglo XXI.
El caso del acuífero guaraní.
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III. CANILLAS CERRADAS AL NEOLIBERALISMO.
PRIVATIZACIONES FRACASADAS Y LA RECONQUISTA
DEL ESPACIO PÚBLICO
III.1. La ola de resistencia, de Cochabamba a Delhi
III.2. Uruguay- El día que las urnas harán agua
III.3. Argentina- Capital Federal y Gran Buenos Aires:
cuando todo huele a aguas servidas.
III.4. Argentina- Santa Fé: Hasta que se vaya Suez
III.5. Chile- Recursos Hídricos. La ley del que llega primero.
III.6. Bolivia- La Guerra por el Agua en Cochabamba y la construcción
de espacios de rebelión y recuperación de nuestras voces.
III.7. India - Entre participación y privatización
III.8. Filipinas- El servicio de agua en Manila:
entre el afán de lucro y los derechos humanos
III.9. Indonesia- Resistencia a la corrupción de RWE/Thames Water
III.10. Porto Alegre- Participación Popular,
Control Social y Gestión Pública de Agua y Saneamiento
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Las Canillas Abiertas
de América Latina
Introducción
"Nuestro teatro debe suscitar el deseo de conocer y organizar el placer que se experimenta al cambiar la realidad, nuestros espectadores deben no sólo aprender cómo se libera a Prometeo encadenado, sino también prepararse para el placer que se siente liberándolo"
Bertolt Brecht
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Las Canillas Abiertas de América Latina
Nadie duda que la realidad económica del Chicago de los años treinta, cuando Bertolt Brecht
escribió “Die heilige Johanna der Schlachthöfe”
(Santa Juana de los mataderos) es formalmente
muy diferente a la sociedad liberal del siglo XXI,
abocada inexorablemente al capitalismo financiero, con la ironía añadida de que la lógica infecciosa del mercado de capitales ha alcanzado
hasta al agua, convirtiéndola también en una
mercancía a nivel mundial.
El neoliberalismo actual ha eliminado el maniqueísmo sobre el que se asienta la obra de un
Brecht joven que denuncia el funcionamiento de
un capitalismo industrial, pero -atención- que
anuncia su nueva fase. Mauler, el rey de la Carne, recibe instrucciones de la Bolsa de Nueva
York. En puridad, el contexto en el que se desarrolla la historia de Santa Joana ha sido superado, sin embargo vale el refrán, de aquellos polvos estos lodos: el mensaje no ha perdido un
ápice de vigencia. Mauler, Graham y el resto de
los traficantes son hoy por hoy grandes corporaciones sin rostro, fondos de pensiones norteamericanos y europeos o consejos de administración que marcan la geoestrategia económica mundial.
El presente libro habla en su primera parte de
los actores mundiales - los “global players” - de
hoy, que tienen las manos manchadas con petróleo, agua y sangre: las empresas transnacionales, las organizaciones financieras multilaterales y “las manos visibles” que tienen nombre y
apellido, sus centrales, sus cuentas bancarias y
su número de impuestos. No son fantasmas sino instituciones hechas por el hombre...
En su segunda parte este material nos relata las
experiencias de los “socios” locales -para quedarnos en el lenguaje de Bertolt Brecht- de los
Mauler, Graham, Peirano & Co que abren las
puertas a los que vinieron a prometer “paisajes
florecidos” y “el reino del mercado” y por ende
- el fin de la historia. Pero esta segunda parte
también nos cuenta de las resistencias, de los
que se han animado a decir Ya basta, de Madre
Coraje y sus hijos. Nos habla de los pueblos que
buscan alternativas a la irracionalidad social, am-
biental y económica del manejo actual del recurso natural más importante de la tierra: el
Agua.
Este libro tiene una clara intención: brindar información sobre procesos y consecuencias de
privatización de sistemas de agua y saneamiento en la región y en el mundo. En el contexto
actual del Uruguay, esperamos que este material
sirva para enriquecer la discusión pública, para
que el 31 de octubre de 2004 la población tome la decisión correcta y vote el “SI” para reformar la constitución para evitar la privatización del agua.
La Casa Bertolt Brecht apoya plenamente la
propuesta de una reforma de la Constitución
del Uruguay como ha sido elaborado e impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del
Agua y de la Vida (CNDAV). La propuesta establece el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sentando el marco constitucional para una gestión basada en criterios de sustentabilidad y participación social, con servicios
prestados exclusivamente por figuras públicas
estatales.
Desde principio del 2004, la Casa Bertolt
Brecht inició su trabajo solidario con la lucha de
la CNDAV para reafirmar la soberanía sobre
uno de los principales recursos naturales del
país. Al momento de decidir tirarnos al agua, el
apoyo e impulso de la Fundación Heinrich Böll
(Alemania) fue inspirador y decisivo. Luego se
sumaron otras manos solidarias.
En el marco de las actividades del proyecto “El
Agua nOSE vende”, se realizó en cooperación
con Uruguay Sustentable y con el apoyo financiero de la Fundación Rosa-Luxemburgo (Alemania) una Gira de Solidaridad Internacional en
el mes de septiembre del 2004. La gira contó
con la participación de expertos/as y activistas
de Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Se realizaron múltiples charlas
en varias ciudades del interior del país, difusión
en los medios de comunicación, y se organizó la
Conferencia “Las Canillas Abiertas de América
Latina”, en el Teatro Florencio Sánchez de El Ce5
rro. Durante cinco intensos días los invitados
informaron, documentaron y dieron testimonio
sobre las consecuencias de la apropiación privada del agua en su países y sobre los múltiples
formas de resistencia a estos procesos. Desde
un principio, la Casa Bertolt Brecht tuvo clara la
necesidad de sumar las experiencias de estos
“guerrer@s del agua” de otros países y otras
regiones, demostrando que la lucha de la CNDAV en Uruguay, no es una lucha aislada sino
por lo contrario se enmarca en una creciente
resistencia a nivel mundial en contra de las privatizaciones salvajes impulsadas por el huracán
neoliberal de los años 90. Al mismo tiempo, ha
sido muy valioso mostrar a los y las invitad@s
la herramienta profundamente democrática del
referéndum, que se aplica en la lucha en Uruguay a fin de elevar la protección del agua a rango constitucional y mantener su uso presente y
futuro en manos públicas
En pos de afianzar estos valores, fue en la misma gira de Solidaridad que surgió la decisión de
publicar los aportes de los panelistas latinoamericanos y ampliar la documentación con aportes
de otros países.
El libro cuenta con el apoyo sustantivo de varias
organizaciones amigas de la Casa Bertolt Brecht
en Alemania, sin cuyos aportes no hubiera sido
posible realizar este proyecto. Gran parte del
análisis del mercado global del agua, los actores
principales y reflexiones sobre el papel del
GATS lo debemos a la prestigiosa organización
WEED y su autora Christina Deckwirth, que
amablemente nos facilitó materiales de su reciente publicación “Sprudelnde Gewinne”
(WEED Arbeitspapier, feb. 2004). La red de organizaciones no gubernamentales, el INKOTA
NETZWERK e.V. y Brot für die Welt (Pan para
el Mundo), autorizaron la traducción y publicación de varios artículos publicados recientemente en Alemania (INKOTA Brief Nº 128, junio 2004). La Casa Bertolt Brecht agradece a las
tres organizaciones por la exitosa y rápida cooperación.
Por otra parte, Barbara Unmüssig, miembro de
la directiva de la Fundación Heinrich Böll (HBS),
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autorizó la publicación de su ponencia, presentada al Tercer Foro sobre Políticas de Desarrollo en Berlín, en marzo de 2004. Por último los
panelistas de la Conferencia Internacional “Las
Canillas Abiertas de América Latina”, nos han
autorizado incondicionalmente la edición y publicación de sus aportes.
Finalmente, en cuanto al soporte material de la
publicación, cabe destacar que sin el apoyo inicial de la “Fundación Umverteilen “ (Fundación
para un mundo solidario) y el esfuerzo de
nuestros amig@s en Berlín, el proyecto no hubiera sido posible. Le agradecemos a ellos, tanto como a “Brot für die Welt” (Pan para el
Mundo) por su aporte financiero para la impresión del presente libro
Las traducciones fueron realizadas por Ximena
Santos García, Diego Iturrizza y redactadas por
Beat Schmid.
A todos y todas: muchas gracias!.
Entendemos esta obra colectiva como otro
aporte a la lucha del pueblo uruguayo y de la
Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la
Vida para ganar el “SI” en el referéndum del 31
de octubre de 2004. Sin embargo, somos concientes de que luego de la esperanzada victoria
empieza otro trabajo vital para el futuro: las
fuerzas políticas gobernantes, sindicatos, organizaciones sociales y consumidores - juntos- tienen que diseñar e implementar una política sustentable y participativa del manejo de los recursos hídricos del Uruguay.
Claro como el agua, lo enunció en su testimonio Oscar Olivera, “guerrero del agua” en Bolivia: “la victoria implica una inmensa responsabilidad: es el pueblo quien les dará el mandato para cerrar las canillas abiertas que dejó el neoliberalismo”. Es el pueblo mismo que tiene sed
de alternativas.
Con este libro por lo tanto, aspiramos a saciar
en parte esa sed, aportando a fortalecer ideas,
conceptos y sobre todo contactos para elaborar estrategias regionales e internacionales con
la mirada hacia un futuro en el cual otro mundo
es posible.
Robert Grosse
Casa Bertolt Brecht
Montevideo, Octubre 2004
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1.2
De Cochabamba a Montevideo:
Saludos de la Coordinadora
de Defensa del Agua y de la Vida
a nuestro hermano pueblo
uruguayo a través de la Comisión
Nacional en Defensa del Agua
y la Vida.
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida
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Hermanas y hermanos uruguayos:
Nosotros, población sencilla y trabajadora,
hombres y mujeres que no usufructuamos del
trabajo ajeno y que no aspiramos a vivir de la
política electoral. Nosotros, que hemos sido relocalizados y despedidos de nuestros empleos,
que soportamos condiciones cada vez más duras en los centros de trabajo y quienes a través
de múltiples y esforzadas actividades llevamos
sobre nuestras espaldas la carga de que nuestro
país llamado Bolivia continúe existiendo.
Nosotros, que venimos dando la pelea por recuperar lo que en este territorio la Pachamama
nos ha dado y que ha sido vendido y rematado
ilegalmente por una sucesión de malos gobiernos indignos y asesinos. Nosotros todos, reunidos aquí en Cochabamba, y dispuestos a vencer
el cansancio y a no olvidar la sangre derramada
por nuestros hermanos y hermanas, queremos
expresar nuestros más fraternales y revolucionarios saludos, a las valerosas mujeres, hombres,
jóvenes, niños y ancianos de ese territorio charrúa, de esa patria de Artigas, hoy llamado Uruguay, por su historia, sus luchas, sus angustias y
sus sueños.
Hemos seguido de cerca ese proceso llevado a
cabo por la Comisión, tan sacrificado, tan digno,
tan esforzado, pero tan inspirador y esperanzador para su pueblo y nuestros pueblos. No podemos decir que somos solidarios con ustedes,
porque sus luchas son las nuestras, sus derrotas
son nuestras derrotas, sus victorias son nuestras y el triunfo del SI el 31 de octubre próximo, será nuestro triunfo, el triunfo de los pueblos que van librando de manera cotidiana
transformar este mundo, por uno nuevo.
Salud y lucha hermanas y hermanos del Uruguay, que la lucha por el agua, por la vida, nos
una más, como la vertiente que se va convirtiendo en un gran río para llegar al mar, así deben ser nuestras luchas, nuestros saberes, nuestros andares y nuestros soñares…transparentes y en movimiento…Simplemente les decimos HASTA LA VICTORIA.
Cochabamba, septiembre del 2004.
Oscar Olivera, PORTAVOZ
Omar Fernández, PORTAVOZ
Gissel González, PORTAVOZ
¡¡¡El agua es nuestra, CARAJO!!!
9
10
II
Canillas abiertas, ganancias líquidas,
actores globales y el papel del GATS
II.1
Agua: sector hirviente
de la economía
Christina Deckwirth1
“(El agua) normalmente es un producto al alcance sin costo alguno
y es nuestra tarea venderla”
(Gerard Mestraller de la compañía Suez)2
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1 Politóloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS
(¿Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berlín, 2004.
2 Citado según Concannon 2001: 5
La comercialización del sector agua potable
abre un mercado inmenso. En el año 2000 la revista económica estadounidense Fortune pronosticó que “en el siglo 21, el agua parece ser lo
que fue el petróleo durante el siglo 20: un bien
apreciado del cual depende el bienestar de las
naciones”. Según la misma fuente (15.02.2002),
los volúmenes de venta para la rama agua alcanzan 400 mil millones de dólares al año. Fueron
varios los factores que contribuyeron desde el
inicio de los años 90 al surgimiento de este
mercado global de agua:
• La escasez de agua incentiva a los consorcios de empresas.
Sea por la industrialización de la agricultura, necesidades superfluas o el crecimiento poblacional, la demanda de agua se ha visto incrementada en todo el mundo. Pero en muchos lugares
empieza a hacerse sentir la limitada disponibilidad de las reservas de agua. Fue por ello, que las
Naciones Unidas declararon los años 80 década
del agua. La escasez de agua en algunas regiones
constituye un estimulo adicional para las empresas para aspirar a hacer negocios con el preciado bien. A fin de justificar sus intereses expansionistas, los consorcios presentan su participación como solución a una mundial “crisis del
agua”.
• Necesidad de inversión y de colocación
de capital.
El combate a la pobreza y la industrialización requieren la ampliación de infraestructura en muchos países del sur, así también para el sector
agua. Pero también en Europa y particularmente en Europa del Este, los sistemas de cañerías
de agua potable requieren mejoras, existiendo
por ende una real necesidad de inversiones en
el sector agua. A ello se suma la necesidad de
los consorcios transnacionales de seguir rentabilizando su capital en contextos de bajo crecimiento económico, tanto a nivel nacional como
global. Partiendo de la creciente transnacionalización de los consorcios empresariales se ha incrementado a partir de los años 90 la búsqueda
de nuevos mercados. En este contexto no se invierte donde haga falta, sino donde las utilidades
prometen ser mayores y puedan reflejarse en
elevados dividendos para los/as accionistas. Por
ende no podrán tener acceso a inversiones los
países más pobres y necesitados, debido a las
escasas perspectivas de ganancia. La necesidad
de inversión es utilizada como un pretexto que
en la mayoría de los casos no concuerda con la
realidad.
• La política global de privatización frente
a los sectores de la economía que son regulados por el Estado.
La implementación de una política de privatizaciones a nivel mundial por los sectores neoliberales ha llegado a un servicio aún predominantemente público en cuanto a financiamiento, regulación y prestación: el 95% del abastecimiento de agua potable en el mundo está bajo responsabilidad de entidades gubernamentales, lo
cual dificulta el acceso a este mercado para los
inversionistas privados y ha incrementado la
presión a favor de una liberalización de uno de
los últimos sectores no regido por las leyes del
mercado. La liberalización del sector agua abre
grandes mercados potenciales para los consorcios transnacionales.
Representantes de consorcios transnacionales y
tomadores de decisiones políticas en los países
industriales abusan de la creciente escasez de
agua, de la gran necesidad de inversiones y de la
insuficiente red de abastecimiento de las empresas estatales de agua potable en los países
del sur para promover una política de liberalización, apertura de mercados y sometimiento del
bien agua a las leyes del mercado. Frecuentemente términos como “la crisis del agua” y la
“necesidad de inversiones” justifican los proyectos de empresas privadas en el exterior. Solamente los privados tienen la capacidad de cubrir la elevada necesidad de inversión, rezan representantes políticos de gobiernos nacionales
y de la Unión Europea, pero también de Instituciones Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Únicamente empresas privadas tienen los conocimientos y la capacidad administrativa para un
abastecimiento eficiente y sin recarga burocrática, garantizadas por la competencia y la aspiración de lograr utilidades.Así, el Banco Mundial y
otros actores regionales y bilaterales, que otor13
gan financiamientos para el desarrollo, como
por ejemplo la alemana “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW – Instituto de Crédito para la
Reconstrucción), exigen desde los años 90
“profundas reestructuraciones políticas e institucionales”, a fin de facilitarles a actores privados el acceso a los mercados en los países del
Sur (Hoering 2003c: 1), siendo de esta manera
promotores del fortalecimiento de consorcios
transnacionales de agua.
Desde la década pasada, unos pocos consorcios
de agua potable han globalizado sus inversiones
en este sector. Los más relevantes son las transnacionales franceses Veolina (anteriormente Vivendi) y Suez, quienes abastecen a 200 millones
de personas con agua potable a través de sus
empresas Veolina Water y Onedo, seguidos por
la empresa alemana Centrales Eléctricas de Renania-Westfalia (RWE), cuya filial británica Thames Water abastece a 70 millones de personas
con el preciado líquido (ver cuadro 1). Según la
revista Fortune, las tres transnacionales se ubican entre las 500 empresas más grandes del
mundo3. Pero la fulminante incursión de los
consorcios de agua a este nuevo mercado no se
vio compensada con las utilidades esperadas y
la participación de actores privados conllevó diversos problemas.
Cuadro 1
Los mayores consorcios de agua
Consorcio/
empresa
Suez – Onedo
Ventas
Ventas agua
Clientes
(miles de
millones de euros)
(en miles de millones
de euros)
(Millones)
Lugar Global
Fortune4
40.2
10.1
125
74
30.8
11.3
108
42
46.6
2.9
70
82
22.2
2.3
36
211
(Francia)
Veolina – Veolina
Water (Francia)
RWE – Thames
Water (Alemania
– G. Bretaña)
Bouygues – SAUR
(Francia)
Fuente: RWE 2003 según datos de la empresa y www.fortune.com4
14
3 La revista económica estadounidense Fortune elabora anualmente un listado de las 500 mayores empresas del mundo,
ver www.fortune.com
4 Datos ventas del año 2002, cantidad de clientes y lugar Global Fortune correspondientes al año 2003.
Definición
de conceptos
Liberalización
El término Liberalización comprende todas las
medidas que crean o amplían condiciones de
mercado en sectores económicos hasta entonces reglamentados por el estado. El objetivo es ampliar el espacio determinado por las
leyes del mercado, ya sea por la vía de la eliminación de monopolios públicos o de mecanismos estatales de regulación, o el desmontaje de privilegios para empresas públicas. Como desregularización en el sentido estricto de
la palabra se denomina la eliminación de la regulación por parte del estado. Pero no toda liberalización significa una desregularización, ya
que la creación de un nuevo mercado trae
consigo una re-regularización. Desde el punto
de vista de la economía internacional, se entiende por liberalización la eliminación de las
“barreras que afecten el comercio y las inversiones” que limitan la competencia internacional y por ende el mecanismo de autorregulación del mercado. Las liberalizaciones suelen
justificarse argumentando que el impulso
competitivo produce mayor eficiencia y por
ende reducción de costos. Lo que queda fuera de toda consideración son las consecuencias sociales y ecológicas de esta política. La
competencia puede existir sólo entre empresas (privadas) en competencia. Por eso las liberalizaciones allanan frecuentemente el camino para privatizaciones.
Se distinguen dos categorías básicas de competencia:
Competencia de mercado: en la competencia de mercado se trata de distintas empresas que compiten por “clientes” individuales, resp. hogares. En áreas de suministro sujetos a una red (electricidad, tránsito, agua), esta forma de competencia se produce a través
de redes que compiten entre sí o por la transferencia de “productos” de distintos proveedores a través de una red común. En el caso
del suministro de agua, es muy difícil que se
produzca esa competencia, ya que la instalación de tuberías paralelas sería demasiado
costosa y la transferencia de suministros de
diferentes ofertantes inviable por razones tanto higiénicas como técnicas. La competencia
de mercado en el sector del agua no es realizable o solamente en forma muy reducida, pero fue establecida en muchos países en cuanto a transporte, energía y telecomunicaciones.
Competencia por el mercado: en la competencia por el mercado, distintas empresas
compiten por monopolios para un período limitado y un área delimitada, por ejemplo por
el suministro de agua de una ciudad determinada. Posterior a una licitación se firma un
contrato entre el ente responsable (municipio) y el concesionario (la empresa).
Privatización
La Privatización como tal se refiere sólo al
propietario y denomina la transformación de
propiedad pública en propiedad privada (privatización del patrimonio). En un sentido más
amplio significa también traspasar tareas o
servicios públicos a empresas privadas, como
por ejemplo la gerencia de una empresa,
mientras que la infraestructura sigue siendo
estatal, o la terciarización de determinados
sectores de la empresa (privatización funcional). Cuando la función se traspasa enteramente al sector privado, es decir cuando también la autoridad pública traspasa su trabajo y
responsabilidad, hablamos de privatización de
funciones.
Comercialización
El término Comercialización significa la orientación de una empresa o de un área de la vida social hacia un objetivo principal de cobertura de gastos y optimización de ganancias. El
bien común (ya) no es la prioridad de una empresa comercial e implica frecuentemente,
que elementos de solidaridad social en beneficio de los sectores más pobres como subsidios cruzados p.e. del abastecimiento del agua
15
con ingresos provenientes de la venta de
energía eléctrica, sean suspendidos. El cobro
de las tarifas al/a la usuario/a se realiza en parte mediante sistemas de prepago, que permiten el uso del agua recién después que se
compra o recarga una tarjeta prepagada. En
países donde gran parte de la población carece de medios para pagar la conexión y el servicio de agua, este sistema de rentabilidad financiera puede acarrear consecuencias muy
graves.
Las empresas privadas se rigen por principios
económicos, pero también empresas públicas
pueden ser reorientadas en este sentido, ya
sea como medida preparatoria de una privatización o debido a la presión de sectores políticos, quienes exigen medidas de reestructuración y “modernización” para aliviar el erario
público. La priorización del mercado y de la
rentabilidad financiera apunta a una “despolitización” de las decisiones y permite justificar
la eliminación de elementos solidarios por
“necesidades” económicas. La privatización
siempre implica la comercialización, pero también la liberalización incrementa la presión para empresas públicas y privadas de fortalecer
su orientación comercial.
PPP- Public Private
Partnership
La asociación de empresas públicas con actores privados (Public Private Partnership –
PPP) designa un concepto reciente en la cooperación para el desarrollo e implica mayor
participación del sector privado en la prestación de los servicios básicos. Se trata de proyectos comunes entre el sector público y el
privado cuya elaboración, financiación, construcción o puesta en marcha estaban hasta
ahora en manos públicas. Objeto de los proyectos son principalmente el área de infraestructura, en especial el suministro de agua, pero también servicios públicos como la salud,
la educación y el sistema de pensiones. En Alemania el Ministerio de Cooperación (BMZ)
apoya este tipo de proyectos que son tanto
de “utilidad para la política de desarrollo” co16
mo también “de interés para las empresas involucradas”. De hecho, el BMZ ha aportado
entre 1999 y 2002 más de 4700 millones de
euros para alrededor de 1000 proyectos con
estas características (Hoering 2003).
Con frecuencia la participación de una empresa privada se realiza en varias etapas. En un
primer momento, la colaboración para el desarrollo impulsa la descentralización y la creación de empresas autónomas, por ejemplo en
manos de gobiernos locales, pero con orientación comercial de sus operaciones. La reestructuración de las operaciones bajo criterios
comerciales de empresas de suministro público ya existentes con recursos de la cooperación para el desarrollo, sirve para hacerlas
más atractivas para su posterior adquisición
por parte de empresas privadas. Este proceso
de “adecuación” puede conllevar una división
en diferentes empresas, la cancelación de deudas y una reducción de personal.
Una evaluación de los proyectos público-privados de la colaboración alemana para el desarrollo arrojó un balance claramente negativo: metas como la lucha contra la pobreza no
se alcanzaron y el erario público, en vez de resultar beneficiado, fue perjudicado aún más,
que sin la participación privada. A esto se suma el debilitamiento de los mecanismos de
control y el empeoramiento del servicio en
las áreas menos rentables (Hoering 2003a).
Descripción
de las transnacionales:
El surgimiento
de los consorcios de agua
No es casual que casi la totalidad de los consorcios de agua potable tienen su sede principal en
Francia e Inglaterra, sino consecuencia de la organización del servicio de agua potable en ambos países. Mientras que en Inglaterra el gobierno Thatcher privatizó las nueve empresas públicas de abastecimiento de agua existentes en el
país, en Francia el abastecimiento por privados
es admitido desde el siglo 19, teniendo éstos
una participación en el mercado doméstico que
ronda el 80%.
En Alemania predominan aún unas 6000 empresas municipales en el sector agua, pero se visualiza una clara tendencia de fusiones y privatizaciones y ha comenzado la venta loca de las empresas municipales en ciudades y pueblos. Desde hace algunos años atrás se nota una creciente presión para la liberalización del sector agua
y en el año 2001 una evaluación al respecto del
Ministerio de Economía generó mucho debate.
La Unión Europea debate una liberalización del
sector agua similar al de los abastecimientos
con electricidad y gas natural (Ministerio Alemán de Economía 2001, Hall 2003 a/b/c, Krüger
2003). Fue la liberalización del abastecimiento
con energía eléctrica, que le posibilitó a un consorcio alemán posicionarse a la par de empresas franceses e ingleses en el mercado internacional de agua. RWE tuvo un gran crecimiento a
consecuencia de la liberalización del mercado
de energía eléctrica e incursionó al mercado internacional de agua potable en el año 2000, mediante la adquisición de la empresa líder del
mercado británico Thames Water.
Mientras tanto, las empresas transnacionales en
el sector agua potable se han reducido a aproximadamente 10 (p.e. Hilary 2003: 8).Varias empresas transnacionales de agua son consorcios
con actividades en diversas ramas adicionales,
tales como la energía, el tratamiento de aguas
servidas y la basura, así como en servicios relacionados con el tránsito. Esta estrategia del “todo a la mano” les posibilita a las empresas com-
petir en varias ramas y adquirir p.e. en Alemania
las diversas entidades o ramas de servicio público en un mismo municipio. A continuación
presentamos a los tres consorcios más grandes
Suez,Veolina y RWE.
Suez/Ondeo
Del canal de Suez a Potsdam
El origen de la empresa Suez data del siglo 19.
En 1880 fue fundada Lyonnaise des Eaux y se fusionó en 1997 con una empresa aún más antigua, el consorcio financiero e industrial Compagnie de Suez, fundado en ocasión de la construcción del Canal con este nombre.A fin de lograr mayor impacto, el nombre se redujo en el
año 2002 a Suez, el mismo año en el que todas
las actividades relacionadas con el agua fueron
sumados en una empresa separada con el nombre Ondeo. Los ámbitos de actividad del consorcio giran alrededor del agua, la energía, la
evacuación de deshechos y, en menor medida,
telecomunicaciones y medios de comunicación
(Polaris Institute 2002: 2). Hasta finales de los
años 80, la actividad relacionada con el agua se
realizaba únicamente en Francia, donde Suez
abastece actualmente a 17 millones de personas, siendo el segundo prestador privado de este servicio después de Veolina. En Alemania la
empresa Eurawasser, controlada en un 100%
por Ondeo, desarrolla actividades en Rostock,
Goslar, Leuna, Schwerin y Potsdam. En el último
lugar surgieron considerables problemas con
Ondeo/Eurawasser, al insistir la empresa en duplicar las tarifas para aguas servidas, contrario al
contrato que planteaba la estabilidad de los precios para los/as consumidores/as. Debido a ello,
la ciudad de Potsdam declaró nulo el contrato y
enfrenta una demanda por pagos compensatorios promovida por la empresa (Wellmer 2004).
Empresas transnacionales altamente
endeudadas
La empresa Suez ha implementado desde inicio
de los años 90 una agresiva estratégica de expansión a fin de lograr una posición dominante
en el recién surgido mercado del agua. 20 de las
30 mayores ciudades que concesionaron el servicio de agua potable entre 1995 y el año 2000
lo hicieron con Suez, entre otros Casablanca
17
(Marruecos), Amman (Jordania), Atlanta (Estados Unidos de América-EUA) y Buenos Aires
(Argentina) (Gleick y otros 2000: 25 y Kürschner-Pelkmann 2002: 63). Actualmente Ondeo
tiene intereses en 30 países en todas las regiones del mundo y abastece a 115 millones de
personas con agua. Dado que las frecuentes adquisiciones de empresas llevaron a un alto nivel
de endeudamiento del consorcio, éste decidió
en la primavera del 2002 la venta de algunas empresas que no pertenecen al núcleo de servicios
básicos. Pero paralelamente planteó la expansión de sus intereses en el sector agua (Kürschner-Pelkmann 2002) y logró en este mismo año
una concesión de 10 años para el abastecimiento con agua y el saneamiento de todo Puerto
Rico. Desde entonces ha logrado sumar más
ciudades en países como China, Corea del Sur,
Senegal, Canadá y México y pagó 40 millones
para la US Water de la transnacional de construcción Bechtel. Dicha empresa fue concesionaria en Cochabamba/Bolivia y posee participaciones en los sistemas de 40 municipios medianos y pequeños en los EUA. Pero las inversiones
en agua no han arrojado las utilidades esperadas
y en su balance del año 2002, Suez reporta una
deuda de 26.000 millones de euros (Reimon/Felber 2003).
Corrupción y retirada
La mencionada expansión fue apoyada por estrechos contactos de ejecutivos de la empresa
con sectores políticos; el presidente de la empresa Mestrallet ostentaba anteriormente altos
cargos en los ministerios de transporte, economía y hacienda, mientras que el director ejecutivo Monod fungía durante muchos años como
asesor del actual Presidente Jacques Chirac
(Barlow/Clarke 2003). En la ciudad de Grenoble, Francia, la empresa se vio involucrada en un
escándalo de corrupción, siendo condenado un
ejecutivo del consorcio a un año de cárcel por
pago de sobornos (Hall/Lobina 2001).
La retirada de Suez en 2002 de las ciudades de
Buenos Aires y Manila—ambos proyectos considerados modelos por el Banco Mundial—fue
ampliamente difundida. La nueva estrategia empresarial aprobada en enero del 2003 incluía la
retirada de los países pobres y de ingresos me18
dios y reducía en un tercio las inversiones (Comunicado de Prensa de Suez 9.1.2003). Mientras
tanto en Atlanta fue la administración municipal,
la que canceló el contrato a inicios del 2003, dado que no se dio la prometida mejora en la calidad del agua (CEO 2003b). “Otros consorcios
son peores que nosotros” declaró Gerard Payen, presidente de Suez durante los últimos
años (Godoy 2003).
Los vínculos de Suez con
el lobby internacional del agua
Suez participa estrechamente en distintas reuniones internacionales del lobby de agua. Lo que
más llama la atención es el papel de René Coulomb, ex presidente de directorio de Suez,
quien es actual Vicepresidente del Consejo
Mundial de Agua (World Water Council) y
miembro influyente del comité directivo del Patronato Mundial del Agua (Global Water Partnership). Ivan Chêret, asesor de la presidencia
de Suez, integró también el comité de asesoría
técnica del Consejo Mundial de Agua. Margaret
Catley-Carlson, ex presidenta de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional es la
única mujer en la cúpula de los grupos de cabildeo de agua y se desempeña hoy como presidenta del Comité Asesor de Recursos Hídricos
(Water Resources Advisory Commitee), que
co-patrocina Suez. Dicho consorcio es además
miembro del agrupamiento de lobby sobre el
Tratado General sobre Comercio y Servicios
(GATS en sus siglas en inglés)– Foro Europeo
de Servicios (European Services Forum), del Foro Económico Mundial que se realiza anualmente en Davos, de la Cámara Internacional de Comercio y de las organizaciones neoliberales Mesa redonda de Industriales Europeos (European
Roundtable of Industrialists) y Diálogo Transatlántico de Negocios (Transatlantic Business
Dialogue) (Polaris Institute 2000 :20, ICIJ
2003).
Vivendi/Veolina
Agua, Multimedia y muchas deudas
La segunda gran empresa transnacional francesa
en el mercado mundial se llama Veolina y tiene
sus orígenes en la Compagnie Générale des
Eaux, fundada en el siglo 19. Fue con este nombre que la empresa se consolidó como una de
las mayo res transnacionales multisectoriales
con énfasis en agua y desechos. En 1998 cambió
su nombre por el llamativo Vivendi y realizó una
profunda reestructuración bajo la dirección de
Jean-Marie Messier que implicaba la venta de los
sectores inmobiliarios y de construcción—objetos de frecuentes escándalos—, mientras que
los intereses de agua, energía y transporte fueron unidos en la nueva empresa Vivendi Environnement, posteriormente abierta en una tercera parte a capital externo. Los ingresos de esta venta y voluminosos créditos financiaron en
la época del auge de la New Economy la adquisición de múltiples empresas, más que todo de
medios de comunicación y en una acción espectacular se sumaron la empresa televisiva Canal+
y el consorcio de entretenimiento Seagram,
propietario entre otros de los Estudios Universal. Para atraer accionistas a invertir en los mercados prometedores de medios y telecomunicaciones, las deudas fueron cargadas a las áreas
de servicios básicos y distribuidos de esta forma hacia los recibos de agua, luz y desechos, así
como boletos de tren de muchas personas en
todo el mundo (Barlow/Clarke 2003). Fue de
esta manera que el abastecimiento de agua de
millones de personas fue ligado mediante
arriesgadas transacciones financieras con la
construcción del segundo imperio empresarial
mundial de medios y telecomunicaciones.
Pero los ambiciosos planes de Veolina (Vivendi
en aquel entonces) se estrellaron cuando la
prensa internacional difundió que el monto de
las deudas de la empresa ascendía a 34.000 millones de euros. Las acciones perdieron gran
parte de su valor y Messier tuvo que renunciar.
Un conjunto de bancos salvó la empresa con
créditos de 1.000 y luego otros 3.000 millones
de euros.Veolina/Vivendi se separó de gran parte de sus empresas; la rama del agua no estuvo
excluída. En junio del 2003 Veolina/Vivendi vendió la mayoría de acciones de su empresa Viven-
di Environnement y anunció la venta de toda su
participación, dando lugar a una empresa de
servicios básicos, que fue renombrada como
Veolina Environnement para desligarse de la
mala imagen de su casa matriz.
Veolina: nuevo nombre – ¿mayor
suerte?
Veolina abarca las empresas de desechos Onyx,
de transporte Connex, de energía Dalkia y de
agua Veolina. Cada una de estas empresas mantiene numerosas participaciones en otras empresas. En Alemania,Veolina tiene intereses relacionados con el agua en Berlín, Gera y Weihwasser/Sachsen. Veolina y la RWE poseen en
conjunto el 49% de las acciones de la empresa
de aguas de Berlín. Los resultados han sido nefastos para la población que sufrió un incremento del 15% en las tarifas en el 2004, mientras
que el parlamento de la ciudad aceptó la suspensión del pago del canon y se reportan 1000
empleos perdidos (Donnerstagskreis 2003). Dado que las utilidades se vieron mermadas por el
menor consumo de agua, la rentabilidad contratada se obtuvo por medio de las medidas mencionadas.
Vivendi/Veolina en el mercado global
de agua
Veolina atiende a 25 millones de clientes en
Francia y es la empresa con mayor participación
en este mercado. Sus ventas a nivel mundial la
ubican levemente por encima de Suez/Onedo
como número uno del sector con presencia en
todas las regiones.Algunos ejemplos ilustran los
resultados de la gestión de Veolina a nivel mundial:
El gobierno del Estado de Paraná en Brasil decidió en febrero 2003 no prorrogar la concesión
de Veolina para recuperar el control público sobre la gestión del agua. El contrato entre el Estado de Paraná y Veolina concedía al consorcio
francés una participación del 40% en la empresa estatal de aguas SANEPAR, cediéndole todos
los derechos en cuanto a política de personal,
créditos y precios del agua. Como consecuencia
fueron elevados los dividendos en detrimento
de inversiones y precios del agua. En este mismo año Veolina amenazó con su retiro de la re19
gión Catamarca (Argentina) para lograr un incremento de las tarifas de agua (Polaris Institute 2003c).
El recibo de agua financia la expansión
empresarial
Al igual que en el caso de Suez/Onedo, la arriesgada expansión de Veolina en los mercados
mundiales de agua no se vio compensada con
las ganancias esperadas. No sólo llevó al borde
de la quiebra a la empresa, sino que hizo pagar
estas deudas a muchas personas por medio de
su recibo de agua.Ya en el 2001 Veolina evaluó
que los mercados en los países del Sur no proporcionan los márgenes esperados de ganancia
y anunció su intención de concentrarse en mercados de menor exposición al riesgo (Hall
2003g: 6).
RWE Thames Water
El único consorcio que compite de alguna manera con los dos gigantes franceses en el mercado del agua es la alemana RWE (Centrales
Eléctricas de Renania-Westfalia) a través de su
filial británica Thames Water.
De “tranquilidad, bienestar y descanso” a consorcio multisectorial
Hasta los años 90 la RWE fue un símbolo de burocracia sólida, siendo asociado el consorcio de
energía, gas natural y agua con tranquilidad, bienestar y descanso para la población (Schnabel
2003: 15). Desde sus inicios en 1898 como empresa energética municipal, ha mutado – al igual
que Suez y Veolina - hacia uno de los 100 mayores consorcios del mundo, ostentando la tercera posición en el sector agua. La liberalización
del mercado de energía en 1997 dio lugar a una
competencia feroz e inauguró la época de los
consorcios multifuncionales. Para poder competir en el teatro internacional, RWE realizó una
profunda reestructuración. Mientras áreas marginales de negocios como DEA en la rama combustibles fueron vendidas, fue fortalecida la posición en los sectores energía, gas natural, agua
y desechos. La apuesta al sector agua se concretó con la participación en el abastecimiento de
agua de Budapest en conjunto con Suez/Ondeo
y luego en la alianza con Veolina en Berlín
20
(Kürschner-Pelkmann 2003, R e i m o n / Fe l b e r
2003).
Thames Water – incursión en una empresa global deficitaria
La adquisición de Thames Water en octubre del
2002 convirtió a RWE de un día para otro en
consorcio global de agua, ya que dicha empresa,
aparte de contar con 14 millones de clientes en
Inglaterra, actuaba desde hace tiempo a nivel internacional con énfasis en Asia (ver Schnabel
2003). Pero la empresa adquirida no tenía buena fama. La Agencia Ambiental del Gobierno Británico (Environment Agency) elabora anualmente un listado de empresas acusadas de delitos
ambientales y condenadas a penas máximas.
Dos veces en los últimos años Thames Water
ocupó el primer lugar en esta “lista de la vergüenza”. En el año de la compra por RWE,Thames Water fue uno de los mayores contaminadores en Gran Bretaña y 5 jurados y 6 juicios la
obligaron a pagar en este año un total de
288.000 libras esterlinas por delitos ambientales (Amigos de la Tierra 2001, Lobina/Hall
2001).
Con la adquisición de Thames Water, RWE obtuvo participaciones en las empresas de agua de
El Cairo, Zagreb, Bangkok,Yakarta, la parte este
de China, así como en España, Polonia, Singapur
y en los Estados Unidos. A través de su dependencia “RWE Aqua” posee además la mayoría
de acciones de las Empresas de Agua de Renania-Westfalia (de la Motte 2003), mientras que
otras empresas vinculadas desarrollan sus actividades en Chile, México, Nigeria y Tailandia.
Otra gran inversión fue realizada en enero del
2003 al adquirir la empresa norteamericana
American Water Works por 8600 millones de
dólares. La compra de la endeudada empresa
que abastece con agua en los EUA a 15 millones
de personas, tuvo el objetivo de lograr acceder
al mercado latinoamericano, como revela un informe relacionada con la transacción (Kürschner-Pelkmann 2002). La compra de Thames Water y American Water Works no sólo mejoró la
posición de RWE frente a sus competidores
franceses Veolina y Suez, sino que también le
aseguró supremacía en los mercados británicos
y norteamericanos. Igual a Suez y Veolina, la ex-
pansión ha llevado a un elevado endeudamiento. Para finales del año 2003 se aspiraba a reducir la deuda a menos de 23.000 millones de euros mediante la reducción de costos en personal e inversiones (Polaris Institute 2003a). Sin
embargo, RWE sigue apostando a la expansión a
fin de “ser el socio mundialmente preferido (...)
por ser la empresa de agua más ambiciosa” y ha
definido para ello las regiones de mayor interés
empresarial:
tereses expansionistas en mercados con potencial de ganancias.También RWE busca en primer
lugar “generar utilidades en todas las inversiones existentes y previstas en mercados desarrollados y en vías de desarrollo” (RWE 2003) y esta estrategia orientada a obtener ganancias ha
llevado hasta la fecha a desconsiderar criterios
como salud, medio ambiente y distribución justa de agua.
Otros consorcios de agua
“Para lograr estas metas pretendemos expandir
nuestras actividades en los EUA, donde el manejo de agua vive un rápido cambio, aprovechar
las posibilidades en Europa a raíz de nuestra integración en el consorcio RWE y obtener pedidos a gran escala en Asia” (RWE 2003a).
En el caso de RWE se constata que la privatización de los servicios de agua ha implicado diversos efectos negativos y las subsiguientes reacciones de los/as consumidores/as, lo cual motivó al consorcio de agua de intentar mejorar su
imagen, presentándose a diferencia de los competidores franceses como empresa orientada al
cliente y con responsabilidad ambiental.“Porque
RWE pretende contribuir mundialmente a un
desarrollo que no daña el ambiente y genera
bienestar”, se autodescribe el consorcio que
lanzó la gran campaña publicitaria “Imagine” para lograr, según sus propias palabras, “enfatizar
el perfil de marca RWE y subrayar la fuerte posición de la empresa en Alemania y a nivel internacional”. Anuncios televisivos y en publicaciones escritas pretenden “el posicionamiento diferenciado y emocional de RWE en el mercado”
(www.rwe.de). También en pronunciamientos y
publicaciones propias intenta mejorar su imagen RWE/Thames Water. Un representante de
Thames Water contradijo la posición de la
Unión Europea (UE) en las negociaciones para
la liberalización de servicios GATS y declaró
que la empresa no desea ser vinculada a proyectos de privatización impuestos por ejemplo por
condiciones de préstamos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (Hall
2003d: 4).
Pero si bien RWE no luchará en primera fila para el GATS, esto no va en detrimento de los in-
Aparte de los 3 grandes Veolina, Suez y RWE en
el mercado mundial de agua existen algunas empresas más. La filial del consorcio de la industria
de construcción francés Bouygues – SAUR - es
la número 4 y concentra sus intereses en África. Como producto de las privatizaciones en
Gran Bretaña surgieron aparte de Thames Water empresas como Anglian Water, Kelda Group,
United Utilities, Seven Trent e International Water Limited (IWL) con participación en el mercado internacional de agua. El consorcio Berlinwasser (Agua de Berlín), propiedad de RWE,
Veolina y de la comuna - participa en proyectos
más que todo en Asia y Europa del Este. También la filial de Enron Azurix participó hasta la
quiebra de su casa matriz en el mercado mundial de agua y fue vendida entre otros a Anglian
Water y la filial de RWE, American Water
Works.
Conclusión: Maximizar utilidades
en vez de agua limpia para todos/as
Los intereses de los consorcios son comerciales. Con el abastecimiento de agua potable de
los sectores con menor poder adquisitivo sin
embargo, no es fácil generar utilidades y en los
años pasados las ganancias han sido nulas en
parte de los proyectos. Un representante de las
empresas recordó en su intervención durante
una conferencia en Londres en primavera del
2003 que ninguna empresa invertirá en redes de
agua potable sin visualizar un retorno adecuado
de estos recursos (Hall 2003c: 6). Por lo tanto,
el esfuerzo de los consorcios fue reestructurar
el abastecimiento de agua potable anteriormente en manos públicas bajo el principio de la maximización de utilidades.Adicionalmente aspiran
a crecer. Con la adquisición de nuevas empresas
21
logran sumar las ganancias acumuladas o arrebatarle participación en los mercados a competidores endeudados, siendo sometidos a una
problemática presión permanente de cre c imiento. Para lograr satisfacer las expectativas
de los/as accionistas, los consorcios requieren
de permanentes adquisiciones que implican cada vez mayor nivel de endeudamiento y de búsqueda de recursos en los mercados bursátiles,
llevando un segmento de mercado con ciclos
largos como es el agua a estar sometido a la
presión de los balances trimestrales que exige la
bolsa de títulos y valores (Stadler/Hoering
2003: 83).
Ese dilema estructural llevó a los consorcios en
los diversos proyectos de privatización en todas
las regiones del mundo a abastecer únicamente
a las personas con capacidad de cancelar un
precio para el agua que cubría todos los costos,
siendo demasiado costoso el cumplimiento de
parámetros de calidad e incumpliendo cánones
de concesiones. Varios estudios detallados so22
bre proyectos de privatización de redes de agua
potable llegaron a conclusiones similares y afirmaron que los beneficios esperados no tuvieron lugar (para mayor información: Lobina/Hall
2003):
• Abastecimiento
Consorcios invierten donde la rentabilidad es
mayor y se limitan en los países pobres a abastecer los barrios exclusivos, zonas hoteleras e
industriales. En sectores habitados por la población con menor poder adquisitivo es frecuente
que canillas públicas sean reemplazadas por conexiones individuales con medidores que vuelven impagable el agua, anteriormente gratuito.
Más que en ampliación de redes se tiende a invertir en la instalación de medidores, resultando
un sistema diferenciado con clara desventaja para zonas urbanas más pobres y la población rural.
• Precios altos
Para hacerse cargo de una red de agua potable,
los consorcios exigen precios reales para el
producto, lo cual implica eliminar los frecuentes
subsidios en países del Sur y convierte el agua
en un bien inalcanzable para la población pobre.
Son diversos los factores que pueden llevar a
una disminución del consumo de agua: crisis
económica, catástrofes naturales o ahorro en el
consumo de agua. Las concesiones sin embargo,
incluyen mayoritariamente utilidades garantizados y hasta establecen la vinculación a la tasa de
cambio del dólar para calcular la tarifa, resultando incrementos permanentes de hasta un 100%
o incluso un 200%, como ocurrió en Cochabamba.
la conclusión de que “monopolios privados intentan mantener lo más alejado posible las instancias de regulación para lograr las mayores
ganancias posibles por su posición de exclusividad” (citado en Hoering 2001: 26).
• Mala calidad del agua
Contrario a compromisos y promesas, en muchos casos los consorcios no han invertido en
la reparación de obsoletos sistemas de tubería
y de tratamiento del agua. Si bien en algunos casos se logró elevar un tanto la anteriormente
pésima calidad de agua, muchos proyectos de
privatización llevaron a su disminución, hasta casos como Manila, donde incluso se reportaron
fallecimientos por el Cólera.
• Falta de control
• Ausencia de criterios ecológicos
El traspaso del abastecimiento de agua a manos
privados limita las posibilidades de regulación,
control democrático e incidencia. La capacidad
de regulación de las respectivas instancias estatales en los países del sur es muy limitada y se
ven sometidos a presiones por parte de los
nuevos monopolistas privados en el sector
agua. Hasta el Banco Mundial llegó ya en 1996 a
Para los consorcios de agua es más rentable en
muchas ocasiones elevar los precios que reparar roturas en el sistema de tubería con el resultado de un alto nivel de desperdicio en perjuicio de las fuentes de agua, llevando como en
el caso de Manila a la construcción de represas
costosas y ambientalmente negativas.
1.) Veolia / Veolia Water
2.) Suez / Ondeo
3.) RWE / Thames Water
4.) Bouygues / SAUR
5.) United Utilities
3.) Suez / Ondeo
5.) Bouygues / SAUR
1.) Suez / Ondeo
5.) Bouygues / SAUR
Gráfica informativa WEED: Horst Eberlein
1.) Bouygues / SAUR
1.) Veolia / Veolia Water 3.) RWE / Thames Water
2.) Suez / Ondeo
3.) RWE / Thames Water 5.) Bouygues / SAUR
5.) Bouygues / SAUR
1.) Bouygues / SAUR
2.) Suez / Ondeo
Fuente: Cifras empresariales RWE, 2003
23
• Flexibilización laboral
Bibliografía
Despidos y pérdida de la estabilidad laboral y de
prestaciones son parte de las medidas de los
consorcios de agua para reducir costos e implementar criterios de eficiencia económica y pueden llevar, tal como afirman investigaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre privatizaciones y reestructuraciones en
los sectores agua, gas natural y energía eléctrica, a la disminución de la plantilla de hasta un
50% (según Bayliss 2002: 10).
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• Pérdida de ingresos para el erario
público
Al asumir los consorcios el abastecimiento de
zonas con mayor capacidad de pago, las entidades públicas se quedan únicamente con las partes no rentables y pierden los ingresos de los/as
mejores clientes. El ampliamente documentado
incumplimiento de pagos de canon por la concesión disminuye los ingresos públicos, mientras
que la garantía de utilidad lleva en no pocas ocasiones a transferencias netas de altas sumas que
van en desmedro de la inversión social en educación y salud.
24
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25
II.2
Al agua pato!
La política al salvataje
de las trasnacionales
26
5Politóloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (¿Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berlín, 2004.
La retirada de los consorcios
La expansión de los años 90 ha implicado nuevos retos para las transnacionales de agua. Por
un lado se han encontrado con frecuencia con
mucha resistencia y por otra parte son elevados
los niveles de endeudamiento a consecuencia
de una expansión a cualquier precio y el pago
de altos dividendos a los/as accionistas. Esto ha
llevado a Veolina, Suez y otros a cambiar su estrategia de empresa, lo cual es apoyado financiera- y políticamente por gobiernos nacionales, la
Unión Europea, el Banco Mundial y otras organizaciones.
• Retirada
Privatizaciones fracasadas y la falta de las utilidades esperadas han llevado a la retirada de los
consorcios de agua de países pobres y de ingresos medios, siendo los primeros de la lista Filipinas y Argentina debido a las crisis financiera
experimentadas. En los lugares donde las utilidades acordadas no se dieron, los consorcios
abrieron sendos juicios en búsqueda de indemnizaciones. Pero ya no sienten como obligación
suya mantener el abastecimiento, al no contar
con los ingresos esperados.
• Nuevos mercados
Muchos consorcios fijan sus ojos en los lucrativos mercados de las Américas, de Europa occidental y más que todo oriental y de China con
su alto potencial de crecimiento. La revista Eurobusiness plantea que “[China] constituye una
oportunidad atractiva para hacer dinero para
empresas europeas de servicios básicos” (citado según CEO 2003b: 3). Otras esperanzas de
Suez, Veolina y RWE son el rompimiento de la
organización en pequeñas unidades del mercado de agua en Alemania y la liberalización del
mismo en la Unión Europea.
• Fondos públicos para privados
Últimamente los consorcios de agua han planteado la necesidad de mayor apoyo público y
exigen contribuciones financieros para sus negocios en el exterior. El presidente del consorcio de agua francés SAUR planteó, refiriéndose
al Banco Mundial, que “subsidios sustanciales y
créditos a bajo interés son indispensables para
poder mantener las inversiones requeridas”
(Hall 2003f: 5), después de haber rescindido
contratos en Mozambique, exigido renegociación en África del Sur y aplazado un contrato
planificado en Zimbabwe en tan solo dos años.
Bajo esta tesis, de que la expansión del abastecimiento de agua depende de mayores créditos
y de subsidios públicos para los consorcios de
agua, Vivendi reivindica una garantía pública del
riesgo para inversiones en países pobres, planteando que la proyección de rentabilidad depende de la “seguridad de utilidades adecuadas
por el pago del servicio por los/as consumidores” o si el gobierno garantiza el pago adecuado
para la prestación del servicio (Hall 2003f: 6).
La política está siempre lista
La tesis de que los consorcios de agua mejoran
y amplían el abastecimiento y acceso a agua de
buena calidad en países del Sur contrasta con la
realidad en muchas partes. Hasta el Banco Mundial tuvo que reconocer que algunas privatizaciones del servicio del agua no habían dado los
resultados esperados y que por ende la privatización no era siempre la mejor solución para
los problemas locales de agua. Pero las consecuencias de esta “reciente actitud de reflexión”
(Hoering 2003c: 4) no son evidentes y la tendencia de privatizaciones y aperturas de mercados ha continuado en el Norte y el Sur. Es más,
en vista de la retirada de las transnacionales, gobiernos y organizaciones internacionales han incrementado sus contribuciones para lograr mayor presencia de los consorcios en países pobres y de ingresos medios a pesar de la falta de
utilidades operativas. En vez de una reorientación de la cooperación internacional para el desarrollo observamos la readecuación de la estrategia a favor de las privatizaciones de acuerdo a las nuevas circunstancias.
• Banco Mundial: ¿sólo retórica?
El Banco Mundial tiene un papel protagónico en
la política de privatización del sector agua a nivel mundial y condiciona sus créditos desde
27
1990 cada vez más a la implementación de políticas privatizadoras del agua. En el año 2000 fueron 86 los préstamos del Banco Mundial relacionados con el tema del agua y saneamiento
por un volumen de 5300 millones de dólares
(Finger/Allouche 2001: 62). Créditos del Banco
Mundial establecieron y siguen determinando
los sectores públicos sujetos a privatización o
reestructuración según criterios de rentabilidad
económica y en numerosos países participó y
sigue participando el Banco directamente en la
privatización del abastecimiento del agua potable, mientras que otros proyectos en la misma
dirección se encuentran en su fase de preparación.A través de sus suborganizaciones IFC (International Finance Corporation – Corporación
Internacional Financiera) y MIGA (Multilateral
Investment Guarantee Agency – Agencia Multilateral de Garantia de Inversiones), cuya misión
es proporcionarles a empresas privadas créditos a bajo interés y asistencia técnica, así como
asegurar riesgos de inversiones, los consorcios
de agua reciben el apoyo directo del Banco
Mundial.
En julio del 2003 se pudo leer en el Wall Street
Journal que “representantes del Banco Mundial
han decidido que no es relevante si la infraestructura se encuentra en manos públicos o privados” y en algunas publicaciones y participaciones en eventos el Banco insinuó un cambio
de énfasis hacia un mayor apoyo de la participación pública en el sector agua. Pero una mirada
más detenida revela que eso no concuerda con
la realidad. En varios documentos generales y
planes de acción se reitera la apuesta del Banco
Mundial a favor de una amplia participación privada en el abastecimiento de agua potable, planteando la búsqueda de mecanismos para mayor
eficiencia del fomento de la participación de actores privados, lo cual no es más que una continuidad de la política de privatización (Hoering
2003c).
• EBRD: Cooperación para el Desarrollo de Europa del Este?
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (European Bank for Reconstruction
and Development, EBRD) asumió participaciones accionarias hasta en un 37% en proyectos
28
fracasados de privatizaciones en Europa del Este. La británica International Water Limited - sucursal de la transnacional norteamericana Bechtel -, que había asumido el abastecimiento de
agua en Tallinn/Estonia, Sofia/Bulgaria y BielskoBiala/Polonia en combinación con el consorcio
inglés United Utilities, había decidido retirarse
del negocio del agua a consecuencia del fracaso
económico y puso a la venta sus participaciones. El escaso interés obligó al EBRD a actuar
para salvar la empresa, anunciando el apoyo financiero de United Utilities para la compra de
las participaciones que estaban a la venta. A pesar de grandes egresos a consecuencia de privatizaciones fracasadas, la EBRD sigue fomentando la apertura de los mercados de agua en la
Europa del Este para actores privados, quedando cada vez menos recursos para promover la
urgente renovación y ampliación de los sistemas públicos de agua potable en esta región
(Hall 2003d).
• UE: Apoyo financiero para consorcios europeos
En Europa existen desde el año 2002 un conjunto
de iniciativas para favorecer la ap e rtura del sector
agua a prestadores privados del servicio. Documentos de varias direcciones generales y un libro
verde de la Comisión Europea divergen de la definición del abastecimiento de agua potable como
s e rvicio básico, implicando la ap e rtura de este
mercado para entidades privadas. Por otra part e,la
Unión Europea juega un papel determinante en
cuanto a la promoción de las actividades de los
consorcios de este continente en el extranjero,
siendo de particular importancia fondos provenientes de las líneas presupuestarias dedicadas a la
cooperación para el desarrollo. La Iniciativa de
Agua de la UE (EU Water Initiative EUWI) fue fundada en Johannesburgo en el año 2002 e incluye
apoyo financiero masivo con fondos en efectivo y
de garantía para consorcios europeos dedicados al
sector agua.El Fondo UE de Agua (EU Water Fund)
por su parte proporciona recursos de cooperación para inversiones en el sector agua en los países AKP (Países de África,Caribe y Pacífico que han
sido Colonias de países miembros de la UE) (Hall
2003/a/b/d/e y CEO 2003a).
El lobby internacional
para el agua
Las numerosas formas de financiamiento a favor
de la privatización del agua no surgen por iniciativa propia en el Banco Mundial, la Unión Europea o el gobierno alemán, sino desde el inicio de
los años 90 existen estrechas coordinaciones y
permanentes intercambios con organizaciones
internacionales, foros de agua y asociaciones de
consorcios que actúan como especie de “Buró
Político” de la privatización mundial del abastecimiento de agua (PSIRU 2003). En este marco
se discutió políticamente el proyecto “privatización del abastecimiento de agua”, fueron elaborados los lineamientos políticos y generado las
bases para un diálogo permanente entre instancias de financiamiento y consorcios de agua. Se
generó el espacio ideológico para que una proporción cada vez mayor del financiamiento internacional y de la cooperación para el desarrollo fomente modelos privatizadores.A continuación se presentan estos foros internacionales:
• World Water Council: El Consejo Mundial
de Agua (WWC) fue fundado en 1996 por gobiernos, organizaciones internacionales y representantes de transnacionales con actividades en
el sector agua y entre sus objetivos se encuentra la elaboración de una “visión global” para el
abastecimiento mundial de agua.WWC se autodenomina como líder entre los “institutos de investigación” (think tank o usinas de pensamiento) dedicados al tema agua y ve su función principal en asesorar a los tomadores de decisiones
en cuanto a la política internacional de agua. Cada tres años, el WWC organiza el Foro Mundial
de Agua (World Water Forum), que es la mayor
conferencia sobre política internacional de agua
y tuvo lugar por última vez en marzo del 2003
en Kyoto. En esta ocasión fueron confirmados
en sus cargos de vicepresidentes el ex – director de Suez, René Coulomb y el ex – vicepresidente del Banco Mundial William Cosgrove. Su
siguiente asamblea general se realizará durante
la primavera del año 2005 en Nueva York (
"http://www. wo r l d w a t e rcouncil.org" www.worldwatercouncil.org).
• Global Water Partnership: El Patronato
Mundial para el Agua (GWP) fue fundado también en 1996 y su membresía coincide mayoritariamente con la del WWC. Se entiende como
“red dinámica” y recibe apoyo financiero de las
agencias gubernamentales para la cooperación
de Europa y Canadá, así como de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el
PNUD y la Fundación Ford.
El objetivo de GWP es “apoyar a países en el
manejo sostenible de sus recursos hídricos”, en
el entendido que esto se logra mediante la conversión del agua en un bien de mercado y la
apertura del sector para actores privados. En su
plan global 2001-2002, la GWP demanda la profundización de la liberalización del sector agua,
la promoción de privatizaciones, la mejora de
las condiciones para la inversión privada y la
abolición de los subsidios estatales, si bien está
dispuesto a participar activamente en la “búsqueda de una política de tarifas y precios que incluye el sector privado sin afectar a los pobres”
con participación activa de las empre s a s
("http://www. g w p forum.org" www.gwpforum.org).
• World Panel on Financing Water Infrastructure: El Foro Mundial para el Financiamiento de Infraestructura de Agua fue fundado a finales del 2001 como un proyecto conjunto del
WWC y del GWP. Es presidido por Michel
Camdessus, anterior Presidente de Fondo Monetario Internacional y entre su membresía figuran representantes de diversos bancos regionales de desarrollo, como el EBRD y el Banco
Asiático para el Desarrollo, de bancos privados
y de Thames Water y Suez. En el marco del tercer foro mundial de agua presentó su informe
“financiar agua para todos” que contiene entre
otros la recomendación de utilizar recursos públicos y de la cooperación para el desarrollo para el financiamiento y apoyo de inversiones privadas en el sector agua. El impacto del llamado
“reporte Camdessus” hacia las diversas iniciativas de financiamiento fue tal, que el Fondo UE
de Agua por ejemplo retoma en forma explícita
sus recomendaciones con lo cual logró cumplir
su propósito de determinar la agenda sobre el
tema ("http://www.worldwatercouncil.org/fi29
nancing_water_infra.shtml" www.worldwatercouncil.org/financing_water_infra.shtml).
• Banco Mundial, Naciones Unidas
y Gobierno de EUA
En los gremios que componen el “Estado Mayor” (Petrella 2000) internacional del agua participan en forma determinante el Banco Mundial
y sus bancos regionales de desarrollo, pero también las empresas transnacionales de agua. Sus
numerosos “expertos” influyen considerablemente en los procesos de toma de decisión
(Hoering 2001: 17).También foros de las Naciones Unidas son utilizados cada vez más para
promover la inversión privada en el sector agua.
La UE aprovechó la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ambiente y desarrollo en Johannesburgo para presentar su iniciativa para la promoción de inversiones privadas en el sector agua y la siguiente
sesión del Consejo Mundial de Agua se realizará simultáneamente con la conferencia de la comisión de ONU sobre desarrollo sustentable
en Nueva York, a fin de darle a estas iniciativas
públicas para el financiamiento de inversión privada una imagen positiva “Marca ONU”. Otro
instrumento directo de incidencia de los consorcios de agua son las contribuciones a representantes de gobiernos y de partidos, como han
sido ampliamente documentadas más que todo
en los EUA (Polaris Institute 2000: 12).
30
Conclusiones
Las experiencias negativas de múltiples proyectos de privatizaciones en el Sur muestran claramente que el fomento de los servicios públicos
de agua y saneamiento es más necesario que
nunca. Sobre todo en los países más empobrecidos, las zonas rurales y los barrios pobres de
las ciudades, precisan aportes financieros para la
ampliación del sistema público de abastecimiento de agua. Sin embargo, una cooperación para
el desarrollo que fomente la ampliación de estructuras públicas contradice los intereses de
las trasnacionales.
Las mismas trasnacionales están coordinando
en los diversos foros con los donantes internacionales para defender sus propios intereses.
De forma creciente se usa a los fondos públicos
de la cooperación internacional para apoyar iniciativas privadas en el sector del agua. Cada vez
más, la ayuda al desarollo se convierte en una
ayuda al desarrollo de las transnacionales.
Bibliografía
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General Interest.PSIRU-Report. London.
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Wasserkrise??WEED-Arbeitspapier.Berlin/Bonn.
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Petrella,Riccardo (2000):Wasser für alle.Ein globales Manifest.Zürich.
Polaris Institute (2000):The Final Frontier:A Working Paper on the
Big 10 Global Water Corporations and the Privatization and Corporatization of the World ’s Last Public Resource.Ottawa.
PSIRU (2000):Controlling the Vision and Fixing the Forum:The politburo of Privatisation.London.
31
II.3
La OMC por el caño:
el GATS y la liberalización
del sector
32
6Politóloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (¿Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berlín, 2004.
El GATS apunta a la liberalización del suministro de agua
Los intereses están repartidos con claridad:
mientras los consorcios europeos presionan
por condiciones ideales de inversión en el mercado mundial del agua, los movimientos sociales
en el sur exigen mayor protección contra la comercialización de sus sistemas de suministro de
agua. Los consorcios cuentan con el respaldo de
las organizaciones internacionales más poderosos: junto con el FMI, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio (OMC)
es el foro por excelencia desde el que se impulsa la liberalización del mercado del agua en todo el mundo. El tema agua ocupa uno de los primeros lugares en la agenda del Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios (GATS).
La Unión Europea, en estrecha asociación con
los consorcios europeos, reclama con mucha insistencia una apertura mucha mayor del mercado del agua.
El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (General Agreement on Trade in Services,
GATS) entró en vigor con la fundación de la
OMC en 1995. Desde el año 2000 se encuentra
en una fase de renegociación. El objetivo del
GATS es la liberalización completa del mercado
de servicios, incluidas las áreas que no se incluyeron en su totalidad en 1995. Sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea (UE) presionan
en las actuales rondas de negociación a favor de
una ampliación generalizada del acuerdo y la inclusión de los servicios de construcción, turismo y tránsito, así como de servicios básicos como educación, salud o suministro de agua y
energía. Por principio no hay ningún sector excluido de las regulaciones del GATS. En principio un país puede decidir según conveniencia si
liberaliza determinado sector en el marco del
GATS, pero los países del Sur soportan en estas
negociaciones una presión muy fuerte de los
países que les otorgan créditos.
Regulaciones estatales en aspectos laborales o
restricciones ambientales y tarifarias deben sacrificarse ante el GATS como “barreras al co-
mercio”. En caso de que un inversionista internacional se siente en desventaja a la inversión
respecto de otros consorcios o de los prestadores públicos de servicios por una ley o una
restricción, puede demandar a través del gobierno de su país ante el órgano de resolución
de la OMC, donde cuenta con buenas posibilidades de ganar. La práctica mantenida hasta hoy
en la resolución de controversias comerciales
internacionales indica que en caso de duda, la
mayoría de las veces se privilegia la protección
del inversionista en detrimento del ambiente, la
protección de la salud o el combate a la pobreza.
Como sede de los mayores consorcios de agua
en el mundo, la UE es la principal promotora de
la liberalización del sector. Con todo descaro
impulsa sus agresivos intereses exportadores:
“Una mayor liberalización mayor de este sector
[del agua] representaría para los consorcios europeos nuevas posibilidades económicas, como
indican las adquisiciones y la expansión en el exterior de una serie de consorcios europeos vinculados al agua”. En el “sector clave” de los servicios públicos ambientales, del que forma parte
el suministro de agua, la UE designa como principal objetivo reducir “las barreras que encuentran proveedores europeos en los mercados de
terceros países.”
En documentos reservados de negociación que
se filtraron en primavera del 2003, la UE exige
la apertura del mercado de agua a 72 países. Entre ellos están todos los grandes países industrializados, pero también muchos países pobres
y de ingresos medios como Tanzania e India y
casi toda América Latina. Especialmente apremiantes resultan las exigencias que se hacen a
países como Sudáfrica, Filipinas o Bolivia, que ya
sufrieron por fracasados proyectos de privatización. Si estos países aceptaran las exigencias de
la UE, Suez, Veolina, RWE y similares encontrarían excelentes condiciones de inversión en estos lugares.
Actualmente se trabaja en el marco del GATS
en una limitación por la cual sólo se permitirán
restricciones cuando no condicionen a los inversionistas “más de lo necesario”. Y aún más:
33
una vez abierto el paso a los consorcios no puede cerrárselo nuevamente, ya que los compromisos que implica la liberalización en el marco
del GATS son prácticamente irreversibles.
¿Punto muerto después
de Cancún?
Los intereses de la UE son claros: en esencia el
GATS es un acuerdo que favorece a los actores
globales. Esto es válido también para el sector
del agua. Un cierre “exitoso” de las negociaciones del GATS daría mayor fuerza a la posición
de los consorcios y afectaría aún más las posibilidades de un servicio público de suministro de
agua con regulaciones sociales y ecológicas.
Sin embargo hay una leve esperanza. Después
de la frustrada cumbre de ministros de la OMC
en septiembre de 2003 en Cancún, México, las
conversaciones sobre comercio internacional
se interrumpieron. Los países en desarrollo tienen poco que ganar con la liberalización de las
áreas de servicios públicos, por lo que hasta
ahora fue mínima su participación en las negociaciones del GATS. Pero hay que tener cuidado
con esta interrupción: Concesiones por parte
de EUA y la UE en el marco de las negociaciones agrarias de la OMC, sean reales o meramente retóricos, podrían llevar a un “trueque”
de productos agropecuarios por servicios públicos y las negociaciones del GATS podrían volver a ponerse en marcha rápidamente.
34
35
II.4
Agua, ¿Derecho humano
o mercancía?
7
Barbara Unmüßig8
36
7 Ponencia presentada al Tercer Foro sobre Políticas de Desarrollo, Berlín, 26 y 27 de marzo de 2004.
8 Miembro de la junta directiva de la Fundación Heinrich Böll.
Soluciones para las crisis
globales, regionales y locales
de agua
Las cumbres de las Naciones Unidas, organizaciones, conferencias y foros internacionales e
incontables investigaciones y talleres se ocupan
de uno de los temas más urgentes para las actuales y futuras generaciones, ¿cómo garantizar
acceso a la sustancia más importante del mundo, el agua? Hoy en día esto ya es el problema
global más grande para 1.2 mil millones de personas. En el año 2005 - de acuerdo a proyecciones de las Naciones Unidas - 3 mil millones de
personas sufrirán de escasez de agua, la mayoría
de ellas en países en desarrollo. No menos serio para las condiciones de vida de más de 2.5
mil millones de personas, especialmente de los
sectores pobres y más pobres de la población
es el manejo de aguas residuales. El agua contaminada y la escasez de agua causan enfermedades y muerte a millones de personas cada año.
A diferencia de principios de la década de los
90s (en la Cumbre del Medio Ambiente de Río
de Janeiro, donde este tema no tuvo gran trascendencia), la conciencia pública y política de la
crisis del agua se ha elevado enormemente. En
el año 2000, los gobiernos del mundo por primera vez formularon una meta cuantitativa y de
tiempo sobre como tratar el problema global
de la escasez de agua: la llamada Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas. Para el año
2015, el número de personas sin acceso a agua
potable debe reducirse por la mitad. El Plan de
Acción de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible en Johanesburgo reiteró esta meta en el 2002, agregando la misma meta para el
tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, según las palabras críticas de la organización
internacional del medio ambiente Worldwide
Fund for Nature (WWF), directamente después
de la Cumbre, las resoluciones de Johanesburgo
no trataron el tema de dónde va a salir “el agua
para 600 millones de chorros y 1.2 mil millones
de inodoros.”
En los últimos años, el debate sobre propuestas
de solución y su financiamiento se ha vuelto crítico. La controversia está centrada en quién se
permite qué rol (estados, organizaciones multilaterales de desarrollo y financiamiento y, sobre
todo, sector privado) en el abastecimiento de
agua potable y el manejo de las aguas residuales.
¿Es el agua un bien público o es mercancía? ¿Se
le debe poner un precio al agua? ¿Qué significa
el reconocimiento del agua como un derecho
humano para acciones futuras de los estados y
del sector privado? ¿Quién financiará los miles
de millones de dólares de inversión necesarios
para el sector del agua?
Agua, ¿derecho humano
o mercancía?
Posicionar el agua como un derecho humano es
muy bienvenida. En su Declaración No. 15, el
Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales definió las obligaciones nacionales e internacionales que deben emprender los Estados y las
organizaciones supranacionales para respetar,
proteger y cumplir con el derecho al agua. Esta
declaración asigna al Estado, en particular, un
mandato de protección sin ambigüedades, aún
cuando se trate de terceros. En ese sentido les
definió deberes tales como garantizar el acceso
no discriminatorio a un mínimo de agua suficientemente limpia, promover el abastecimiento
para uso doméstico antes que para el uso de la
industria o la agricultura industrializada (agroindustria) y prohibir la quiebra con los sistemas
existentes de abastecimiento de agua. El Comité de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Económicos, Sociales y Culturales ha
tomado entonces una posición en esta discusión tan controversial y ha definido el agua como “bien público”. Los Estados pueden decidir
por ellos mismos si estas tareas fundamentales
van a ser estructuradas e implementadas pública o privadamente. El comentario legal de este
Comité es un paso sin precedentes en el camino hacia una solución del problema global de
agua potable, basada en los derechos humanos.
Los gobiernos deberían comprometerse en la
ejecución de estas definiciones y recomenda37
ciones. Para el futuro, esto tendría un impacto
de largo alcance para la formulación de acuerdos crediticios y concesiones relacionadas al
agua (calidad, seguridad, precio) con el sector
privado. Los gobiernos deben asegurar que los
organismos internacionales como el Banco
Mundial, FMI y OMC reconozcan el derecho humano al agua (el derecho humano y medio ambiental antes que el derecho comercial). Nosotros apoyaremos políticamente y promoveremos la implementación de ese compromiso.
Esto resultaría en una reforma de alcances profundos para todo el sector del agua para la mayoría de los países, especialmente para los países en desarrollo. Muchos Estados en el llamado
“Tercer Mundo” fallan en la tarea de garantizar
servicios fundamentales como el abastecimiento de agua potable. Como resultado de ello, especialmente la gente en pobreza del campo y la
ciudad pagan grandes sumas de dinero para que
distribuidores privados les abastezcan de agua.
El Plan de Acción de la Cumbre Global de Johanesburgo llama a los gobiernos a que desarrollen estrategias nacionales del agua para el año
2005. El derecho humano al agua brinda un excelente punto de referencia: en las estrategias
nacionales, los deberes de los Estados y sus
marcos regulatorios necesitan ser definidos de
tal manera que el derecho humano al agua pueda ser alcanzado y garantizado.
El agua definida como un bien público es, por
ende, también tarea del Estado. Se debe dejar
claro que no puede ser abandonado a las fuerzas auto-reguladoras del mercado como si fuese artículo o mercadería. El agua ciertamente
tiene un valor económico, y últimamente es un
producto ambiental; a fin de prevenir el desperdicio del agua, ésta debe costar algo. Los ingresos que percibe el Estado por los servicios de
agua se necesitan urgentemente para mantener
y expandir la infraestructura de abastecimiento
de agua potable y de manejo de aguas residuales. Cada comunidad, cada Estado puede usar el
principio de asignarle un precio social al agua. El
acceso gratuito para la gente en estado de pobreza puede ser pagado por precios altos y su38
periores para los grandes consumidores. Los ricos deberían subsidiar a los pobres. En la actualidad no es raro que ocurra lo contrario. Agua
gratuita para la irrigación de la agricultura intensiva para la exportación no es la solución, sino
que más bien ha sido parte del problema de escasez y contaminación del agua por mucho
tiempo en muchos países del mundo. Por ende,
la regulación y supervisión del Estado es absolutamente necesaria. Pero, ¿qué se puede hacer
con aquellos Estados debilitados? El sector privado tampoco va a ayudar en estos casos. No
tiene ningún interés de invertir en estos países.
Aquí es básicamente en donde los organismos
de desarrollo bilateral y multilateral podrían tener un importante papel que jugar. Sin embargo,
a menudo no hay conceptos adaptados o soluciones a pequeña escala para promover la autoorganización comunitaria más allá de las estructuras estatales.
¿Sector estatal o privado?
Los gobiernos y las agencias de desarrollo se
han apoyado de manera progresiva en la participación del sector privado en busca de soluciones conceptuales a fin de conseguir los miles de
millones de inversión que se necesitan. Por
ejemplo, de acuerdo a la Ministra alemana de
Ayuda al Desarrollo Wieczorek-Zeul, en declaraciones para el periódico Frankfurter Rundschau en junio de 2003 (FR 2 junio 03) comentó,
“…sin el involucramiento de las empresas privadas y el capital privado, no es posible financiar
las inversiones que son necesarias”. Mientras
tanto, se ha hecho más evidente que la participación del sector privado no ofrece “caminos
dorados” para alcanzar las metas del Milenio y
las de Johanesburgo. La industria privada del
agua no llena las expectativas por su capacidad
de inversión y tampoco sirve a las capas pobres
y más empobrecidas de la población. Un estudio de esa industria por parte del departamento de evaluaciones del Banco Mundial concluyó
que las expectativas sobre considerables financiamientos adicionales por parte de los conglomerados internacionales del agua eran demasiado optimistas. Más aún, el sector privado se
concentra casi exclusivamente en grupos urba-
nos con alto poder adquisitivo. Ellos están interesados en las “alternativas que reduzcan gastos” a fin de ser más rentables. Aquellos sectores sociales que necesitan urgentemente el acceso al agua potable y al manejo de aguas residuales, como la gente en pobreza en zonas urbanas y rurales, siguen dependiendo de las inversiones públicas.Aún la sociedad civil en años
recientes ha sobrestimado absurdamente el papel de los conglomerados internacionales de
abastecimiento de agua.
A pesar de todo, en los años 90s el sector privado se unió a proyectos de infraestructura con
la modalidad de asociaciones públicas y privadas
o hasta en la privatización de la industria del
agua (p.e. el caso Manila, etcétera).Ahora se han
hecho cantidad de estudios sobre estos modelos de inversión, que han evaluado las experiencias con el sector privado. En el pasado, las
ONGs, sindicatos y movimientos sociales, participaron de varias maneras en formular estas críticas. En primer lugar lo que se ha criticado a los
proveedores de servicios privados ha sido el
mecanismo tan antisocial de fijación de precios
al agua, la alta vulnerabilidad del sector monopólico del agua para corromperse, lo mismo
que las deficiencias en la calidad y la seguridad
del servicio.
Las asociaciones públicas-privadas, tan altamente celebradas por los ministros de asistencia al
desarrollo y organizaciones de desarrollo, han
sido vistas críticamente por el uso que hacen de
los pocos fondos públicos para subsidiar a las
empresas privadas en lo que comúnmente suelen ser grandes proyectos de infraestructura.
Estos mismos fondos públicos hacen falta cuando se trata de financiar tecnologías costeables y
adaptables para beneficiar a poblaciones urbanas de bajos ingresos y poblaciones rurales o
para el establecimiento de agencias reguladoras
del Estado.
Actualmente se discute si las llamadas revisiones de múltiples partes interesadas (que reúnan
a gobiernos, organizaciones supranacionales y
grupos sociales), deben evaluar sistemáticamente la experiencia que se ha tenido con el sector
de abastecedores privados de agua.
¿Acaso no están ya documentadas esas experiencias y las críticas (ciertamente justificadas
en parte)? ¿Son suficientes ahora para reorientar al sector del agua? Hago estas preguntas
porque las experiencias de los procesos con los
tales procesos de múltiples partes interesadas
han sido lo suficientemente aleccionadores para la sociedad civil, ya sea que se trate de la Comisión Mundial sobre Represas o la muy reciente Comisión para la Revisión de las Industrias
Extractoras, que son las que evalúan las realidades de los proyectos de los sectores de minería, petróleo y gas natural.
Si las metas del Milenio van a ser alcanzadas, para acortar a la mitad el número de personas sin
acceso a agua potable segura y con manejo de
aguas residuales para el año 2015, entonces se
necesitan con urgencia correcciones en el plano
conceptual y presupuestos mayores, especialmente de parte de las organizaciones internacionales de desarrollo y financiamiento.
Los conglomerados internacionales de servicios
ya han reducido sus participaciones desde que
sus expectativas de ganancias no fueron cubiertas. Luego, las críticas locales e internacionales a
los proyectos individuales de privatización han
hecho lo demás, llevando a la industria del agua
a actuar con más cautela.
Si el entonces pronóstico eufórico de que el
sector privado tenía disposición para aportar
los miles de millones necesarios para agua potable y manejo de aguas residuales no se ha
cumplido, entonces se necesitan inversiones públicas más cuantiosas de los presupuestos por
parte de los respectivos países y por parte de la
cooperación internacional para el desarrollo.
Lo anterior en ningún momento descarta completamente al sector privado. Sí puede construir
u operar la infraestructura necesaria para el suministro de agua potable y el manejo de aguas
residuales. Sin embargo, son los gobiernos locales y el Estado quienes deben definir y supervisar el cumplimiento de estas empresas con los
39
requisitos y estrategias de una política pública
sobre el agua. El establecimiento y expansión de
las agencias reguladoras estatales debe ser la
prioridad por encima de los proyectos “rápidos” con el sector privado.
¿Fondos públicos,
para quiénes?
Los fondos públicos tienen que llegar primero
allí donde el sector privado no tiene interés
económico alguno: a los pobres de la ciudad y
del campo.
Esto también ocurre en muchos proyectos de
cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo. No obstante, es imposible pasar por alto las grandes esperanzas que se tienen puestas
en el involucramiento del sector privado en el
contexto de la ejecución de proyectos en asociación pública y privada. Es más, grandes proyectos de infraestructura, que incluyen enormes
represas para el abastecimiento de agua potable, están en la “lista” del Banco Mundial o la
Comisión de la Unión Europea, que supuestamente van a ser financiados con el Noveno Fondo de Desarrollo de la Iniciativa del Agua de la
Unión Europea anunciada en Johanesburgo.
Es urgente poner a prueba y corregir las condiciones de los préstamos para ajuste estructural
del Banco Mundial, los bancos multilaterales de
desarrollo y el Fondo Monetario Internacional,
que continúan con privatizaciones forzadas y
políticas de precios que aún sus propias unidades evaluadoras las someten a duras críticas.
Una mirada a los flujos externos de financiamiento público para el sector del agua muestra
que para muchos donantes bilaterales el énfasis
es para la industria. A pesar de eso, se observa
que aún los fondos públicos para el sector del
agua están disminuyendo. Más aún, de acuerdo a
la OECD, no son necesariamente los países
“que más necesitan el agua” los que más sacan
ganancias de las inyecciones de fondos públicos.
En los años 90s, únicamente 12 por ciento de la
ayuda oficial para el desarrollo (ODA) fluyó para esos países en donde menos del 60% de la
40
población tiene acceso a suficiente abastecimiento de agua potable. Ha habido una pequeña disminución de fondos para los países africanos que tienen necesidades urgentes de apoyo
financiero para el sector del agua.Aunque la mayoría de los fondos fluyen para la construcción
de infraestructura para agua potable y el manejo de aguas residuales, las inversiones para hacer
más eficientes los sistemas actuales de agua son
descuidadas, a pesar de que la pérdida de grandes cantidades de agua ha sido reconocidas desde hace tiempo como un problema serio.
41
II.5
¿Quién controla
el agua del futuro?
Danuta Sacher9
42
9 Responsable del departamento de política y campañas de la organización “Pan para el Mundo“. Artículo publicado en INKOTA Brief Nº
128, junio 2004, Berlín.
El derecho humano al agua no
es un asunto moral,
sino estratégico.
En el año 2001 los periodistas eligieron el tema
del agua como el de mayor importancia aunque
el menos tratado en los medios. Hoy día sin
embargo se ha ganado mayor espacio en el debate público con énfasis en la interrogante acerca de cuál debe ser el papel de las empresas privadas en el suministro de agua. Esta cuestión es
particularmente relevante para los países del
sur, donde más de mil millones de personas no
tienen suficiente acceso al agua potable. Los
promotores de la privatización en las instituciones financieras multilaterales y en el Ministerio
de Cooperación Externa de Alemania (BMZ) se
enfrentan con críticas crecientes. Cada día son
más fuertes las voces que exigen una reorientación de las políticas de cooperación para el desarrollo y un fortalecimiento de las muchas veces débiles instancias públicas en los países del
sur.
Una de cada cinco personas en el mundo padece la carencia de agua potable. Una de las así
llamadas metas para el desarrollo convenidas en
la cumbre de la ONU del 2000 pretende reducir ese número a la mitad para el año 2015. En
la cumbre del desarrollo sostenible de Johannesburgo del año 2002 se ha ampliado esta meta incluyendo el acceso a saneamiento. Según
UNICEF, 280.000 personas deberían obtener
diariamente el servicio de agua potable y cerca
de 384.000 a instalaciones sanitarias para lograr
dicho objetivo. Junto a estas cifras de por sí
preocupantes, aparecen otros datos alarmantes.
El consumo mundial de agua se ha sextuplicado
desde 1940. Si esta tendencia de aumento de
consumo y contaminación de agua persiste, las
estimaciones hidrológicas aseguran que en el
año 2025 más de la mitad de la humanidad sufrirá escasez de agua.
La crisis que se aproxima es no sólo un problema de acceso sino también de los modelos de
producción y de consumo vigentes, porque los
mayores consumidores de agua a nivel mundial
son la agricultura con un 70% seguido de la industria con un 20%, mientras que las necesidades básicas de las personas requieren sólo un
10%. Los/as alemanes/as, con un consumo diario
de aproximadamente 130 litros, están entre los/as consumidores/as privados/as más ahorrativos de los países industrializados. Pero en estos
cálculos no se refleja la exportación virtual de
agua causada por la globalización que se agrega
al consumo diario per cápita. En un kilo de carne vacuna, por ejemplo, hay cerca de 15.000 litros de agua – gran parte de ellos gastados en
Brasil o Argentina para el cultivo de forrajes para animales.También las telas baratas de exportación incluyen un gran gasto de agua en sus países de fabricación, como por ejemplo en Tirupur, la llamada ciudad de la camiseta de la India.
Política con cifras
Sin duda se necesitan recursos financieros adicionales, pero las estimaciones al respecto son
sumamente dispares y reflejan diferencias conceptuales e ideológicas. El Consejo Mundial de
Agua (WWC), fuertemente vinculado a la industria del agua y las instituciones financieras
multilaterales, habla de la necesidad de invertir
adicionalmente 100.000 millones de dólares
anuales, agregando que estas enormes cantidades sólo pueden reunirse con mayor participación de actores privados. El argumento se basa
en que la cooperación bilateral para el desarrollo pro mu eve asociaciones público-privadas,
sosteniendo que se puede alcanzar un plus en
cuanto a desarrollo a través de este apoyo de
actividades económicas privadas en los países
del Sur.
Por otro lado en la Conferencia Internacional
de Agua Dulce de Bonn en el año 2001 la necesidad de inversión adicional se cifró en 10.000
millones de dólares anuales. ¿Cómo se explica
una diferencia tan grande en los cálculos? Esta
alta estimación incluye todo tipo de infraestructura relacionada con el agua, inclusive grandes
represas. Se basa en el modelo de tecnología
centralizada, con altos costos, aplicado en los
países industrializados. Por lo tanto constituye
un intento por revitalizar el desacreditado ne43
gocio de la construcción de grandes represas,
cuyo costo representa una gran parte de esta
elevada estimación. De acuerdo con este criterio, no sorprende que la energía hidráulica haya
sido definida como “energía renovable” independientemente de la dimensión y de los gastos
secundarios de las instalaciones. Por lo tanto no
es más que una estrategia inteligente para tratar de reimpulsar el negocio estancado de las
represas bajo nuevas consignas como la lucha
contra la pobreza y la promoción de energías
renovables.
El presupuesto más bajo se refiere a las inversiones requeridas para cubrir las necesidades
humanas básicas y las instalaciones sanitarias.
Sin duda, aun así no deja de ser un desafío movilizar “sólo” 10.000 millones de dólares adicionales por año. Pero estas cantidades serían alcanzables, por ejemplo a través de una combinación de condonación de deudas y un incremento de la cooperación para el desarrollo, a
los comprometidos 0,7% del Producto Interno
Bruto. La variación en los números tiene un
trasfondo ideológico y varía según la concepción aplicada. Nos debería llamar la atención,
entonces, si las decisiones políticas son argumentadas con razones financieras.
Derechos versus comercio
En los años 80, en los foros internacionales de
debate, se daba por sentado que cada ser humano tenía derecho al agua potable en cantidad suficiente y que el cumplimiento de dichos postulados era responsabilidad del Estado. En los 90
esta concepción cambió y se introdujo un cambio de paradigmas en la discusión oficial hacia la
comercialización del sector del agua y su organización, según criterios económicos. Este nuevo enfoque fue impulsado principalmente por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los nuevos créditos para el sector agua
se condicionaron a que se suspendieran los subsidios públicos, se introdujeran tarifas que cubriesen los gastos y se posibilitara la intervención de empresas extranjeras. Comenzó la privatización del suministro de agua en numerosas
ciudades del sur, desde Argentina hasta Indonesia, desde las Filipinas hasta Uganda. Simultánea44
mente y con el apoyo de empresas trasnacionales de agua, el Banco Mundial organizó foros internacionales sobre el tema, al margen de la
ONU. Así consiguieron determinar el debate
sobre la política internacional del agua y promover la comercialización y privatización como solución para los problemas globales de agua. El
instrumento más conocido para ello es el ya
mencionado WWC, un grupo privado de personas de renombre, sobre todo de la industria
francesa del agua y de las instituciones financieras multilaterales.
La Conferencia Internacional de Agua Dulce de
Bonn 2001 intentó conciliar los intereses comerciales con el derecho al agua potable. Culminó con un claro voto en favor de mantener la
responsabilidad pública en el sector agua, sin excluir la participación privada en el marco de
asociaciones público-privadas. La Cumbre del
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el
2002, cambió el énfasis en favor del apoyo de
más cooperaciones público-privadas en el sector del agua, sin llegar a acuerdos ni compromisos para la realización de las metas.
Las negociaciones retomadas sobre el GATS de
la OMC en el año 2000, amenazan en convertirse en un ataque general al suministro de agua,
como uno de los últimos reductos de la responsabilidad pública. Aún cuando el acuerdo GATS
no contiene en sí mismo ningún mecanismo de
privatización, incrementa enormemente la presión en esa dirección y amenaza con limitar sensiblemente la capacidad de regulación del Estado.
Las Naciones Unidas se vieron marginadas de
estos debates hasta manifestarse a fines del
2002 claramente en contra de la erosión del
principio del derecho al agua. El Consejo de
Asuntos Económicos y Sociales (ECOSOC) publicó un análisis jurídico del acuerdo sobre derechos humanos económicos, sociales y culturales, en el que se destacaba el acceso al agua
como uno de los derechos humanos fundamentales y prerrequisito para cualquier otro derecho humano. Esta interpretación jurídica, que
según el derecho universal debería guiar la legis-
lación de los Estados suscriptores, es muy precisa respecto a las obligaciones estatales frente
a los individuos y las comunidades, relaciona las
necesidades individuales con las condiciones
ecológicas y establece por primera vez una relación con el modelo comercial multilateral. De
esta forma las Naciones Unidas ayudaron a
reencauzar el debate hacia los aspectos fundamentales de un suministro de agua ecológica y
socialmente sostenible, en lugar de seguir haciéndolo girar en torno a aspectos administrativos y financieros parciales.
El fracaso lamentable de los
proyectos de privatización
El hecho de que a la fecha los/as impulsores/as
de la privatización van dando marcha atrás tiene causas diversas. Por una parte, muchos proyectos de privatización desencadenaron una resistencia tenaz, tanto en países del sur como en
industrializados. Por otra parte, numerosas experiencias como las de Manila o Buenos Aires
han sido un fracaso rotundo. Ni se logró mejorar el servicio para los sectores pobres, ni lograron las ganancias esperadas las empresas
trasnacionales.
Tampoco se dieron las inversiones privadas que
el BMZ y otros consideran indispensables para
alcanzar las metas del milenio. En su mayoría, la
empresa privada no ha invertido capital propio,
sino que ha utilizado créditos del Banco Mundial con garantía estatal. Un estudio del Banco
Mundial sobre más de 300 de sus proyectos de
agua y saneamiento concluyó que “una gran parte de los proyectos revisados, especialmente en
ciudades, no contribuían a la implementación de
medidas orientadas a mejorar el suministro para los/as pobres”.
Pero el peligro no ha pasado. Actualmente la
presión de privatizar se traslada del Sur hacia el
Norte y los países de ingresos medios (mercado interno de la Unión Europea, Estados Unidos
de América, México y China).Al mismo tiempo,
la Unión Europea elabora “instrumentos flexibles” para aminorar los riesgos de los consor-
cios en los países del Sur. Porque según una
nueva línea de crédito U.E.-Agua para proyectos
en los estados de África, Caribe y el Pacífico, sigue siendo “un gran desafío, incluir en forma
creciente al sector privado” y ofrecerle,“en vista de las inciertas tasas de ganancia”, alternativas a “créditos comerciales caros” para invertir
en áreas consideradas como no rentables. Este
es un cambio sorprendente de las concepciones
vigentes a la fecha – la industria del agua como
receptor de fondos en lugar de fuente de inversión. Es cuestionable que se usen recursos públicos de la cooperación para el desarrollo para
este tipo de subsidios.
Bien común o ganancias
No se trata de negarle a la economía privada un
papel en el suministro de agua. Basta fijarse en
los sistemas comunales alemanes para ver la estrecha relación de la administración pública de
agua con empresas locales o regionales. El problema no es que las empresas privadas se hagan
cargo de ciertas prestaciones o servicios para
las empresas públicas. Esto es hasta cierto punto lógico y en la mayoría de las veces un importante factor económico local. El problema consiste en cómo definir y establecer el control y
poder público sobre la naturaleza y el monitoreo de los sistemas de agua, cuestionados cuando el principio rector del bien común en el suministro de agua se sustituye por la lógica de
empresas que cotizan en la bolsa.
Hay una diferencia conceptual y financiera si la
tarifa cubre, además de los costos de mantenimiento y cuidado de un sistema de suministro
de agua, la rentabilidad anual del capital invertido. Asimismo es importante precisar si cuando
se menciona la “participación del sector privado” se está hablando de empresas transnacionales o locales; ya que se rigen por lógicas diferentes y requieren de mecanismos de regulación distintos.
La mencionada modificación de los fines de la
prestación del servicio de un bien común a una
de obtención de ganancias puede darse no sólo
en el caso de la privatización total, sino también
45
a consecuencia de privatizaciones parciales o
concesiones a largo plazo. La problemática, tanto en los países industrializados como en los
países en desarrollo es la misma. En un caso es
expropiada la herencia social construida a lo
largo de generaciones y en el otro se veta la posibilidad de contribuir a la superación de la crisis de legitimidad de los débiles procesos democráticos, mediante la construcción de servicios
públicos eficientes. Por lo tanto, la discusión
conlleva en el fondo a decisiones de gran relevancia con implicaciones de largo plazo para las
sociedades.
Derechos Humanos deben ser
parte de la política de agua
Este problemática no se supera con afirmaciones verbales a favor del derecho humano al
agua, sino que es indispensable mencionarla en
forma explícita en las políticas de cada sector
que deben ser reorientados a fondo.
Para que esto se cumpla es necesario en primer
lugar, una reorientación de la política del Banco
Mundial y de la cooperación para el desarrollo
hacia la reforma y el fortalecimiento en la construcción de capacidades públicas en países del
Sur, para de esa manera avanzar hacia un sistema de agua y saneamiento sustentable y con
mayor cobertura. No es válido usar en contra
de esta posición el argumento de que los organismos estatales de muchos países del sur son
débiles e ineficientes. Por el contrario, varios estudios indican que muchas privatizaciones han
impedido o reemplazado una reforma de las estructuras públicas anteriores.
En su informe actual sobre desarrollo humano,
el PNUD señala que el acceso general a la salud,
la educación y el agua tiene un valor muy superior al obtenido por la suma de las diferentes
tarifas, ya que la sociedad entera y la economía
se benefician de mejoras de los estándares de
salud, educación y productividad. Sobre esta base es que estos servicios se habrían clasificado
en la segunda mitad del siglo 19 como parte de
la previsión social pública, y pasaron a manos
46
públicas, generalizando su acceso en Europa
Occidental, Canadá y Estados Unidos. En este
contexto sigue siendo importante disminuir
cualquier presión a favor de la privatización en
los países del sur, ya sea por parte del Banco
Mundial, de la cooperación bilateral o en el marco de las negociaciones OMC-GATS.
Otra importante medida es la reorientación de
los recursos de la cooperación para el desarrollo hacia los sectores más necesitados. Actualmente solo un 12% de los fondos empleados en
proyectos de agua se destina a países en los que
menos del 60% de la población tiene acceso dicho servicio. Entre los fondos destinados al sector agua, el 50% es otorgado en forma de crédito, relación elevada que incrementa la deuda
externa de los países receptores.
Finalmente se requiere elaborar una estrategia
de mediano plazo con capacidad de articular en
forma positiva las múltiples protestas en el
Norte y en el Sur en defensa del agua como
bien público y derecho humano. Primeros pasos
en esta dirección son nuevas alianzas locales y
globales entre movimientos ecologistas, organismos de cooperación, sindicatos y críticos de
la globalización. Vale la pena en este contexto
profundizar la idea de una Convención de Agua
Fresca que pudiera armonizar los principios de
los derechos humanos con los de la ecología,
proteger derechos públicos y tradicionales e incluir instrumentos de derecho de los pueblos
en situaciones de conflicto.
47
II.6
El agua potable como recurso
estratégico del siglo XXI.
El caso del acuífero guaraní.
10
Elsa Bruzzone11
“La seguridad de los Estados Unidos es la institución
más peligrosa del mundo.”
Roque Saenz Peña.
48
10 Una primera versión de esta ponencia se presentó en el Seminario Regional del ALCA, Quito, Ecuador, del 8 al 10 de marzo
de 2004.
11 Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).
Frecuentemente escuchamos y leemos que el
agua potable será un recurso cada vez más
escaso en los próximos años y que, a diferencia del petróleo, no cuenta con sustitutos. Por lo tanto, quien lo controle, controlará la economía universal y la vida del
planeta en un futuro no muy lejano. Se sabe también que sólo el 3% del agua potable terrestre se encuentra en la superficie
del planeta. El resto, se encuentra debajo de
ella y se ha almacenado allí por más de
10.000 años.
Los datos más optimistas informan que para el año 2025, unas 3.500.000.000 de personas padecerán escasez de agua potable.
Pero los científicos más pesimistas estiman
que esa carencia afectará a 7.000.000.000 de
niños, mujeres y hombres, habitantes de este planeta.
Prácticamente en casi todo el mundo la situación es crítica. La excepción es el Continente Americano que con el 12% de la población mundial encierra el 47% de las reservas de agua potable de superficie y subterránea del mundo. La paradoja aquí es que
la mayoría de la población no tiene acceso al agua potable y que Canadá y EE.UU.
tienen la mayor parte de sus aguas superficiales y subterráneas en estado crítico debido a la explotación irracional de las mismas y a la contaminación.
México suma a su petróleo, la riqueza del
agua potable en el sur del país y la biodiversidad genética. Quizás ahora entendamos
un poco mejor las razones que llevaron a
EE.UU. a implementar el NAFTA, verdadero instrumento de sometimiento y dependencia, con México y Canadá.
En América Central abundan los ríos, las
aguas subterráneas y la biodiversidad genética. Lamentablemente los proyectos hídricos
están en manos de multinacionales norteamericanas y europeas con el apoyo e intervención como accionista, en la mayoría de
los casos, del Banco Mundial. Todo esto ex-
plica la proliferación de bases norteamericanas en la región, y la presión que se ejerce sobre los gobiernos locales para que
acepten el PLAN PUEBLA - PANAMA, simple extensión del NAFTA y ahora también
el CAFTA. Ambos instrumentos le garantizan a EE.UU. el control militar y económico de la región cuyo control político ya
posee.
En América del Sur el agua dulce abunda
por doquier. A ríos, lagos, esteros, bañados,
lagunas, debemos sumarle acuíferos, y entre
ellos, el tercero más grande del mundo: el
ACUIFERO GUARANI, compartido por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. También se
encuentra el pulmón verde del planeta: la
AMAZONIA, de la cual el Imperio intentó
apoderarse en la década de 1950 alentando
el movimiento independentista de los Yanomanis que aspiraban a segregar el noroeste
brasileño. Años después lograron establecer
una base militar en San Pedro de Alcántara. Brasil operó rápidamente ante el peligro cortando la segregación, estableciendo
una línea de bases militares a lo largo de
su frontera norte, construyendo carreteras
en la selva y trasladando su capital a la
Amazonia en una estrategia de afirmación
de su soberanía, la cual completó actualmente con el SIVAM (Sistema de Vigilancia de
la Amazonia), el SIPAM (Sistema de Protección de la Amazonia) y el cierre de la base de Alcántara, que fue volada por los norteamericanos antes de entregarla, dejando
un tendal de muertos y heridos.
Pero el Imperio no se rinde fácilmente,
cambió su frente e intentó sin éxito afirmarse con un golpe de estado en Venezuela., para apoderarse de su petróleo, el otro
recurso considerado estratégico por EE.UU.
Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico estableció el llamado Plan Colombia y lo completó con la Iniciativa Regional Andina, los cuales le permiten tener
una activa presencia militar en la región a
través de las bases instaladas a lo largo de
la frontera amazónica, siendo la más impor49
tante la de Manta, en Ecuador. Además viene ejerciendo presiones sobre los gobiernos
argentino y boliviano para instalar bases militares en la Provincia de Misiones, Argentina, cerca de la zona conocida como Triple
Frontera, y a orillas del río Itonamay en Bolivia. Gracias a esta estrategia, ha cerrado
el cerco sobre la Amazonia, controla militarmente su periferia y está en condiciones de tener un rol preponderante en el
momento en que exploten sus recursos naturales. De la misma manera operó contra
Irak en el caso del petróleo.
El acuífero guaraní
Es el tercer gran acuífero del mundo. Se
extiende por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Tiene una superficie aproximada hasta la fecha de 1.194.000
kilómetros cuadrados de los cuales 839.000
corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina,
71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay, que
representan, el 10% del territorio de Brasil,
el 6% de Argentina, el 18% del Paraguay y
el 25% de Uruguay. Hasta la fecha se aprecia que la mayor longitud del yacimiento es
de 1800 kilómetros aproximadamente y su
mayor amplitud se estima en 900 kilómetros. Por el norte toma contacto con el
Pantanal que a su vez se conecta con la
Amazonia. Se desconoce el límite oeste del
Acuífero en el Paraguay y en Argentina, aunque se estima que en nuestro país se prolonga hacia la cuenca del Bermejo y más
allá de la laguna Mar Chiquita. También es
desconocido el límite sur en la Argentina
pero no se descarta que continúe hacia las
regiones pampeana (inundada) y patagónica
pudiendo llegar a conectarse con la zona de
los grandes lagos precordilleranos.
Algunas características geológicas del Guaraní se conocen desde hace más de 50 años
por las exploraciones de PETROBRAS, YPF
y PULIPETROL, en Brasil, Argentina, Paraguay
y Uruguay. Ya en 1974 se publicó en Brasil
50
el primer estudio hidrogeológico importante sobre la región.
Se estima su volumen en unos 55.000 kilómetros cúbicos cada kilómetro cúbico equivale a un billón de litros de agua, es decir
un uno con doce ceros atrás). La recarga
se estima entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año y explotando anualmente 40
kilómetros cúbicos (una explotación racional
llegaría también hasta 80 kilómetros cúbicos
por año), podría abastecerse a unos
360.000.000 de personas con una dotación
de 300 litros por habitante diariamente. En
vastas regiones presenta surgencia natural.
Las aguas encontradas entre 500 y 1000
mts. de profundidad presentan caudales mayores a los 500.000 l/h y en algunos casos
1.000.000 l/h. La temperatura del agua varía con la profundidad.
Las áreas de recarga y descarga del Guaraní y las áreas donde existen una alta concentración de usos y usuarios se consideran áreas críticas (“hot spots”): Concordia
(Argentina) - Salto (Uruguay); Rivera (Uruguay) - Santana do Livramento (Brasil); Riberao Preto (Brasil). Pero el área más importante y fundamental de recarga y descarga es el corredor transfronterizo entre
Paraguay, Brasil y Argentina, ¡y este corredor está ubicado en la zona de la TRIPLE
FRONTERA! La población de la Triple Frontera, según datos oficiales, asciende a unos
470.000 habitantes
agrupados en Puerto
Iguazú (Argentina) 30.000; Foz do Iguazú
(Brasil) 270.000 y Ciudad del Este (Paraguay) 170.000.
Argentina, Brasil y Paraguay han desplegado
en la región sus medios de seguridad a fin
de evitar que eventuales acciones delictivas
puedan amenazar a la industria tan vital del
turismo. Puerto Iguazú, Foz do Iguazú y Ciudad del Este disponen de elementos de la
Policía Nacional más que suficientes, a ellos
se agregan las disponibilidades de Fuerzas de
Seguridad (Gendarmería, Prefectura), filiales
de órganos de inteligencia, Policías Aduane-
ras y agencias de vigilancia privada para hoteles y otras dependencias turísticas. A ello
hay que agregar la disponibilidad inmediata o
casi inmediata de guarniciones militares de
importancia regional, sobre todo en Brasil y
Paraguay y un poco más distante en la Argentina, así como el despliegue de sus respectivos servicios de inteligencia propio de
regiones fronterizas.
En los territorios brasileño y argentino, las
actividades turísticas, comerciales y sociales
están aceptablemente organizadas y controladas por las autoridades. Ciudad del Este se
dedica al comercio legal e ilegal supervisado por un corrupto poder político - militar que históricamente lo organizó y controló. Ese control es hermético y casi infalible. Cualquier elemento extraño a la organización mafiosa oficial que pretenda terciar en las actividades tendrá una existencia
efímera. La comunidad siria - libanesa establecida en ella, puede trabajar en el marco comercial establecido porque desembolsa grandes cantidades de dinero para poder
hacerlo.
El estudio del Acuífero fue realizado por
Universidades Nacionales de los cuatro países. El costo final del mismo fue estimado
en 26.760.000 dólares, pero los gobiernos
de la región decidieron entregar al Banco
Mundial el proyecto. Este lo aceptó rápidamente y determinó que el fin del mismo
sería preservar de la contaminación al Guaraní y lograr el desarrollo sustentable del
mismo, lo cual en
términos del Primer
Mundo significa que los pobladores locales
no tengan acceso al recurso y por lo tanto no puedan utilizarlo libremente. Por lo
tanto, el Proyecto no tiene en cuenta las necesidades de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay y de sus habitantes.
La región comprendida por el Guaraní posee unos 15.000.000 de habitantes. El Acuífero constituye la principal fuente de suministro de agua potable para abastecimiento
urbano, industrial y agrícola en Brasil, don-
de más de 300 ciudades de entre 3.000 y
500.000 habitantes son abastecidas total o
parcialmente por él. Su utilización comenzó
en 1930. En Paraguay, se han registrado
unos 200 pozos que abastecen a poblaciones de la región oriental del país. Uruguay
cuenta con más de 135 pozos y se los usa
para abastecimiento público y baños termales. En la Argentina, hay en explotación 9
pozos termales de agua dulce en el sector
oriental de la Provincia de Entre Ríos, y, en
la Provincia de Corrientes, algunas localidades y zonas de quintas han comenzado a
utilizar sus aguas. Se desconocen proyectos
de utilización del Acuífero en nuestra Argentina. Se sabe que las aguas son de excelente calidad para el consumo humano, industrial, hidrotermal y para el riego y que
la relación costo - beneficio es sumamente
favorable si se la compara con la que demanda el tratamiento de aguas de superficie
Técnicos brasileños en el año 2000 presentaron una propuesta al Banco Mundial para
la creación de una Red de Monitoreo del
Acuífero Guaraní con el objeto de mejorar
el nivel de conocimiento científico y técnico y para poder llevar una gestión sustentable del mismo. Este proyecto propone no
sólo el monitoreo de pozos determinados,
sino también la elaboración de mapas: de
ciudades y poblados, de suelo, de vegetación,
de cursos de agua: ríos, represas, lagos, lagunas; estructural
de drenaje; de vías de
acceso: rutas, caminos principales y secundarios, hidrovías, ferrovías; de oleoductos y gasoductos; de áreas de exclusión: perímetros
de áreas demarcadas en la zona ambiental
tales como las áreas de preservación permanente (APP), de preservación ambiental
(APA), de conservación permanente (ACP),
de restauración (AR), así como los sitos históricos y las áreas de protección de manantiales, y todo tipo de análisis físicos y
químicos. Esta propuesta ha sido aceptada y
se implementará durante el transcurso del
año 2004. En lo inmediato se prevé la elaboración de un nuevo mapa base y profundizar los estudios en hidrogeoquímica, iso51
topía, geofísica, geología y usos del recurso.
En una palabra, la propuesta de Brasil sirvió para que el Banco Mundial tomara posesión del recurso con los silencios cómplices de los gobiernos argentino, paraguayo y
uruguayo.
La Organización Internacional de Energía
Atómica a pedido del Banco Mundial, ha
realizado estudios isotópicos de las aguas
del Acuífero. Ellos han determinado que el
mismo es rico en distintos elementos químicos como el deuterio, utilizado en la astronáutica y cohetes militares como combustible formando parte de la mezcla de gases propulsores, de tritio, usado en los ensayos termonucleares a partir de 1952 y
que a través de las lluvias penetra en la
tierra y en los acuíferos, uranio, torio, silicio, que se encuentra también en la tierra
y cuyas propiedades similares a la del titanio lo hacen apto para la industria espacial
y aeronáutica. Ha comprometido fondos por
300.000 dólares, para el año 2004, para el
transporte y análisis en laboratorio de los
isótopos de muestras de agua del Guaraní.
Coca - Cola y Nestlé ya tiene plantas separadoras de estos elementos en la región.
Como podemos observar, están preparando
un futuro venturoso para el Imperio.
La Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) paraguaya, vuelca toda la
información del Acuífero en Paraguay en el
Banco de Datos Regis, que es holandés. No
sabemos si con el cambio de gobierno la
situación se revirtió. La Secretaría del Proyecto tiene su sede en Montevideo, Uruguay, y en marzo y setiembre de cada año
debe informar sobre los avances del mismo
al BM. Este y el Fondo para la Protección
Ambiental Global (GEF) determinan los lineamientos que la Secretaría seguirá en su
accionar, la cual, debe revisar lo actuado con
ellos y la UDSMA/OEA. El BM realiza misiones de supervisión periódicas y determina las nuevas pautas a seguir. No sabemos
qué seguirá ordenando en el futuro pero lo
podemos imaginar.
52
El BM creó un Fondo de Ciudadanía de
240.000 dólares para apoyar la promoción
de cursos, eventos de capacitación y divulgación relacionados con aguas subterráneas
y en especial con el Acuífero Guaraní.
También instrumentó un Fondo de Universidades de 370.000 dólares destinado a financiar durante dos años proyectos universitarios de investigación sobre el Guaraní.
Fueron aprobados nueve proyectos que serán supervisados directamente por el BM.
Los contratos estipulan que los investigadores responden directamente al BM y deben
acatar sus directivas y además, que todos
los trabajos elaborados serán de autoría y
propiedad intelectual compartida entre el
BM, la OEA y los adjudicatarios de los proyectos. Lo peor es que los designados se
sienten orgullosos por esas nominaciones sin
comprender o no querer comprender de
qué se trata.
Se prevé además la creación de un sistema
centralizado de datos. A tal fin se ha dividido al Acuífero en dos zonas para su estudio: norte y sur. Se crean los centros de
datos nacionales, provinciales o estaduales y
locales. En esos centros, llamados también
nodos, deberá volcarse toda la información
obtenida sobre las caracterizaciones físicas,
económicas y sociales de los países involucrados en el Proyecto, los resultados de las
nuevas investigaciones sobre el Guaraní y
toda información conexa con el yacimiento,
que sólo será procesada y administrada por
el Banco Mundial.
Todo ahora se aclara: la inusitada presencia
de efectivos militares norteamericanos en la
región, la proliferación de informes, siempre
falsos, de la acción del terrorismo internacional desde la Triple Frontera, los infundados cargos a la comunidad árabe, los continuos ejercicios combinados de las fuerzas
militares estadounidenses con las regionales,
las presiones continuas sobre el gobierno
argentino para la instalación de una base
militar norteamericana en la Provincia de
Misiones.
Además existe en Argentina el proyecto de
construir 8 bases, aparentemente bajo supervisión de la ONU y un laboratorio científico, que formarían parte de la Red de
Control del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, del cual la Argentina es signataria, Tratado que EE.UU. no
quiere ratificar porque no podría realizar
más explosiones nucleares y limitaría su capacidad de desarrollar nuevas armas atómicas. Conviene recordar que en los últimos
cincuenta años EE.UU., Rusia, China, Francia
y las restantes potencias nucleares militares
hicieron unas dos mil explosiones de este
tipo. Estas 8 bases y el laboratorio, serán
parte de un sistema de 321 que se levantarán en 89 países, con el objeto “de verificar que nadie realice explosiones nucleares
subterráneas, marítimas o atmosféricas, especialmente ensayos de nuevas armas”. Su sede central se encuentra en Viena. Una buena forma de enmascarar su presencia militar en la zona donde se encuentran los
recursos estratégicos fundamentales del siglo
XXI.
El 30 de abril del 2003, el Informe Anual
sobre el Terrorismo Mundial elaborado por
el Departamento de Estado Norteamericano,
determinó que en la zona de la Triple Frontera no existían células ni bases terroristas
e hizo mención especial al diálogo antiterrorista del 3 mas 1, conocido también como
acuerdo del 3 mas 1, que fuera firmado por
Brasil, Argentina y Paraguay con EE.UU. para
controlar y monitorear la región. Informes
dados a conocer el 3 de diciembre del
2003, ratifican esta información. Estos informes dan a conocer además, los nuevos
acuerdos a los que se han arribado: patrullaje conjunto del Lago Itaipú y aguas adyacentes, control integrado informatizado migratorio, diseño de controles para transporte transfronterizo de valores, implementación
de una matriz de información sobre lavado
de dinero, financiación del terrorismo y vuelos de carga a la Triple Frontera, implementación de un Centro de Inteligencia en Foz
do Iguazú, formulación de leyes nacionales
antiterroristas y el entrenamientos de efectivos en EE.UU. El 7 de febrero del 2004,
un informe del Departamento de Estado estadounidense ratificó la inexistencia de células terroristas en la zona. Lo importante
para los EE.UU. es tener reconocido el terreno con antelación sobre la base de un
posible empleo de fuerzas militares en un futuro más o menos inmediato si es que los
gobiernos de la región cambian su conducta entreguista seguida hasta ahora.
Queda muy claramente expuesta la inoperancia de los gobiernos locales, siempre
atentos exclusivamente a sus intereses particulares y no a los nacionales, para evitar
el incesante avance del Imperio, que cada
vez se consolida más, y para defender la
soberanía de nuestros países sobre el Acuífero y la región, que cada día se ve más
amenazada.
Esta amenaza ha quedado ratificada en estos días en el informe elevado por el Pentágono al gobierno norteamericano. En él
se mencionan los devastadores efectos que
está produciendo en el planeta el calentamiento global, siendo el más importante de
ellos la carencia de agua potable en un futuro muy cercano. Se sugiere además que
los EE.UU. deben prepararse para estar en
condiciones de apoderarse de este recurso
estratégico, donde quiera que se encuentre,
cuando llegue el momento indicado. Conviene recordar que EE.UU. se retiró del Protocolo de Kyoto, que regula la emisión de
gases responsables del calentamiento global,
en el 2001, que el Tratado requiere la aprobación de los países que en total son responsables del 55% de esa emisión, para entrar en vigencia, que Rusia manifestó que no
lo ratificará porque lo considera una amenaza a su crecimiento económico, y por último, que EE.UU. en la Conferencia Especial
de Seguridad Hemisférica, celebrada en Monterrey, México, en octubre del 2003, se negó a firmar las resoluciones relativas a la
protección del medio ambiente. Esta Conferencia Especial forma parte del Sistema de
53
Seguridad Hemisférica creado por los
EE.UU. para asegurarse el control de los recursos estratégicos de la región y el empleo combinado de las fuerzas militares para combatir en forma conjunta a los que
ellos consideran sus enemigos. Todo ello lo
hemos detallado en “Documento para el IV
Anfictiónico Bolivariano: La Defensa Nacional Latinoamericana - Caribeña: Pasado, Presente y Futuro Deseable” y que se encuentra en nuestra página web: www.geocities.com/cemida_ar
Los recursos estratégicos de Nuestra América deben estar en manos de nuestros pueblos y ser explotados en favor de nuestras
necesidades e intereses. La defensa de nuestros patrimonios nacionales es indispensable
para mantener nuestra supervivencia como
pueblos y naciones y nuestra identidad. No
debemos ni podemos permanecer al margen
de estos verdaderos problemas actuales y
futuros. No debemos tolerar la presencia y
acción de profetas nacionales que se vanaglorian de su accionar desnacionalizado y
muchos menos de fuerzas armadas extranjeras en nuestros territorios.
54
55
56
III
Canillas cerradas al neoliberalismo.
Privatizaciones fracasadas
y la reconquista del espacio público.
III.I
La ola de resistencia,
de Cochabamba a Delhi
Bernhard Wiesmerer y Henrik Strawe12
58
12 Colaboradores de la campaña El Derecho Humano Agua de “Pan para el Mundo”.
Artículo publicado en INKOTA Brief Nº 128, junio 2004, Berlín.
Redes internacionales por el
derecho humano al agua
La tendencia de los últimos quince años de hacer del agua cada vez más una mercancía ha generado críticas. En todo el mundo se manifiesta
resistencia contra esta política de organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales. Un
número creciente de grupos y organizaciones
están peleando por el derecho humano al agua.
Cuando en 1999 se privatizó el suministro de
agua en Cochabamba, tercer ciudad de Bolivia,
los precios subieron hasta 200 por ciento. Hubo protestas masivas y finalmente la empresa
distribuidora de agua Bechtel, de origen estadounidense, tuvo que abandonar la ciudad. El caso de Cochabamba es el más conocido de resistencia popular contra la privatización del servicio de agua y fue el punto de partida para la
conformación de redes internacionales entre
los/as activistas del agua.
También hubo protestas en Buenos Aires, donde el servicio de agua fue privatizado a mediados de la década del noventa. Hace pocos años,
al agudizarse la crisis económica, la gente protestó contra los altos precios del agua del consorcio Suez.
En Ghana, se formó la Coalición contra la privatización del agua (CAPW) como reacción de la
población contra la planteada privatización del
suministro de agua de las ciudades. Esta coalición de sindicatos, actores eclesiásticos y grupos ambientales objeta sobre todo que el Banco Mundial prácticamente no dé lugar a que el
país elabore sus propias soluciones para la crisis de suministro. Esta lucha fue seguida en todo
el mundo, y el fundador de la coalición, Rudolf
Amenga-Etego, recibió hace poco el prestigioso
premio Goldman en Estados Unidos por su lucha contra la privatización del agua.
También en Asia se hizo sentir la resistencia. En
Filipinas, la Bantay Tubig Coalition promueve la
devolución a manos públicas del servicio de
agua de la capital, Manila, que se había privatizado en 1997 (ver artículo de Nils Rosemann
sobre Filipinas en III.8). En Sri Lanka se fundó
una coalición que se opone a la privatización del
agua ordenada por el Banco Mundial y da a conocer las consecuencias amenazadoras que
conllevaría un servicio de agua privatizado.
Movimiento a favor del agua
en el norte
También en el norte hay cada vez más organizaciones que se ocupan del significado del agua. En
Estados Unidos la organización de protección
al/a la consumidor/a Public Citizen inició la campaña Water for all (Agua para Todos) para movilizar en contra de la venta global del suministro de agua a manos privadas. En Canadá la organización de derechos ciudadanos “Council of
Canadians” dio comienzo a su Proyecto Planeta
Azul contra la privatización de los recursos
acuíferos, en especial en el marco del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, que
abre a las empresas canadienses y estadounidenses el acceso a todos los manantiales, glaciares y lagos de Canadá. En Suiza, diversas organizaciones de cooperación y desarrollo se unieron en torno a la campaña “Agua para Todos/as”, con énfasis en la promoción de una convención internacional del agua pura. En marzo
de 2003 “Pan para el Mundo” lanzó en Alemania, la campaña “Derecho Humano Agua”. Su objetivo es que tanto en el plano nacional como
en el internacional se reconozca el acceso al
agua como derecho humano y se cree el marco
político y legal para su cumplimiento. En el Foro
Medioambiente y Desarrollo y en ATTAC hay
grupos de trabajo que se ocupan del tema agua
y que trabajan para generar acciones y posiciones comunes.
Redes por el agua
Ya en el foro social mundial de Porto Alegre
2002, el agua fue uno de los temas centrales.
Una resolución final explicó el significado del
agua para las personas y el medioambiente y
exigió priorizar la solución de la crisis del agua.
59
En la antesala de la conferencia ministerial de la
OMC en Cancún en agosto de 2003, unas 30
organizaciones de Sudamérica y Norteamérica
fundaron la red de trabajo Red Vida y aprobaron
una resolución que reafirma el derecho humano
agua. En ella exige que la gestión del agua debería basarse en los principios básicos de una justicia social, sustentable y global. En el marco de
las actividades paralelas a la conferencia de Cancún se acordó además la realización del primer
People´s World Water Forum (Foro Mundial del
Agua de la Gente, PWWF), que tuvo lugar en
enero de 2004 en Delhi.
Cerca de 300 representantes de distintas organizaciones de base de África,Asia,América Latina, Norteamérica y Europa estuvieron presentes. Entre los/as participantes más reconocidos
estuvieron, junto a la organizadora Vandana Shiva, los/as canadienses Maude Barlow (Council of
Canadians) y Tony Clarke (Polaris Institute), Danielle Mitterand, el activista del agua de larga
trayectoria Riccardo Petrella y David Boys de
Public Services International, la central internacional de los sindicatos de servicios públicos.
Fueron parte de la agenda los derechos indígenas, el principio del agua como derecho humano, las privatizaciones, la explotación del agua
subterránea, las represas y el reencauzamiento
de ríos, y la gestión ecológica y comunitaria del
agua. La declaración final del PWWF incluyó diferentes propuestas de acción.Aparte de la reafirmación del carácter de Derecho Humano del
Agua, se apoya la elaboración de una Convención Internacional del Agua Pura, así como el
fortalecimiento de las comunidades locales para
la administración sustentable del agua. A lo anterior se planea agregar una campaña contra la
multinacional francesa del agua Suez y contra
Coca-Cola, por su uso irracional de las aguas
subterráneas.
La siguiente actividad fuerte se desarrollará paralelamente al Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en México en 2006. Importantes estaciones en el camino serán los próximos foros
sociales mundiales y regionales.
60
61
III.2
Uruguay - El día que las urnas
harán agua
Carlos Santos13
62
13 Antropólogo, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
Cuando se publique este artículo faltarán muy
pocos días para que se realice la votación de la
Reforma Constitucional del Agua, que se votará
junto con las elecciones nacionales en Uruguay.
Esta iniciativa, promovida por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, establece el acceso al agua como un derecho humano
fundamental, sentando las bases para una gestión basada en criterios de sustentabilidad y
participación social, con servicios prestados exclusivamente por figuras públicas estatales. Esta
iniciativa contrapone dos concepciones en torno al vital recurso: una mercantilista, promovida
por quienes han gobernado Uruguay en los últimos años, y otra que considera al agua como un
bien común. Este enfrentamiento ha tenido dos
actores fundamentales: las grandes corporaciones internacionales del agua por un lado y un incipiente movimiento social en defensa del agua
en Uruguay. De ser aprobada, esta reforma obligará al futuro gobierno uruguayo a eliminar las
concesiones privadas del departamento de Maldonado y a instrumentar un nuevo modelo de
gestión de los recursos hídricos. El debate de
este modelo deberá poner en cuestión el papel
de algunos sectores productivos en el agotamiento y mal uso del recurso, como la forestación, la producción arrocera o las industrias altamente contaminantes.
La resistencia
a la privatización
Ante la amenaza de la extensión de la privatización del agua se conformó en Uruguay un amplio
frente social –que incluye a organizaciones de
usuarios, sindicatos, ecologistas, estudiantiles y
políticas– articulado en la Comisión Nacional en
Defensa del Agua y la Vida. Esta comisión, a través
de mecanismos de democracia directa, presentó
una propuesta de Reforma Constitucional apoyada por 283 mil ciudadanos. Esta Reforma intro d uce en la Constitución la consideración del agua
como un derecho humano fundamental, prohíbe
la privatización y la venta de los recursos hídricos
del país y establece mecanismos de gestión a partir del criterio de la sustentabilidad y la part i c i p ación ciudadana.
El proceso de privatización en el sector del agua
tiene varias instancias y aún no ha concluido. Se
inicia durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000) que abrió la posibilidad de privatizaciones en el sector agua y saneamiento bajo la excusa de que el estado no tenía el
capital para inve rtir lo necesario en el saneamiento en Maldonado. El Sindicato de la empresa pública (FFOSE) y algunos sectores de la población de
Maldonado realizaron una campaña para evitar la
privatización pero sin tener éxito. Como se da en
la mayoría de los casos de privatizaciones de este
tipo, la zona concesionada era la segunda en recaudación en todo el país, luego de la capital y la
zona metropolitana.14
En un préstamo acordado entre la empresa estatal de agua, OSE, y el Banco Mundial en 1999,
OSE se comprometía a seguir privatizando
otras áreas rentables del país. La intervención
política más contundente hacia la extensión de
la privatización vino de parte del Fondo Monetario Internacional.A mediados del año 2002, el
gobierno uruguayo firmó una Carta de Intención con el organismo internacional en la cual
se compromete a reducir los controles sobre el
sector agua y saneamiento con el fin de facilitar
el ingreso de inversores privados.También existe un compromiso de realizar un “llamado a licitación para mejorar los servicios en Montevideo” y “para la participación de privados en
plantas de tratamiento de aguas residuales”.
Un elemento esencial para la sensibilización y
toma de conciencia de lo que significa realmente la privatización de los servicios de distribución de agua y saneamiento y que ha contribuido a la adhesión y a la participación por la Reforma Constitucional, han sido los impactos de
las transnacionales que han actuado en el país a
raíz de la privatización parcial que mencionáramos antes.
En 1998 se otorgó una concesión privada a
Aguas de la Costa, consorcio conformado por
Aguas de Barcelona (subsidiaria de Suez Lyonnese des Eaux) en calidad de operador y a dos
empresas uruguayas. A su cargo quedaron los
servicios de agua y saneamiento de una parte
14 El 1º de setiembre de 2004, a 60 días de las elecciones y del propio plebiscito, el actual directorio de la empresa estatal de agua firmó
un decreto mediante el cual admite la iniciativa privada de la consultora ambiental de Suez Lyonnese des Eaux (SAFEGE o Suez
Environnment) para realizar estudios de “mejora de gestión” en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento precisamente
en la zona más rentable del país: Montevideo y el área metropolitana, una región que concentra más del 60% del total de la población.
63
del departamento de Maldonado, donde atiende
a unos 2.450 usuarios.
Esta concesión ha provocado: cobros excesivos,
agua no potable y maloliente y problemas ambientales. Incluso el Global Water Partnership15
reconoció que “las críticas por tarifas inapropiadas, servicio deficiente y problemas recientes de
la calidad del agua suministrada hacen de éste
un pésimo ejemplo de concesión privatizada” .
La empresa ha enfrentado insistentes reclamos
de los usuarios por las elevadas tarifas, varias
veces superiores a las que cobra la empresa estatal, y las facturas mensuales con costos mínimos son elevadísimas. La concepción del agua
como mercancía ha llevado a la empresa a quitar las canillas públicas de la zona y dejar sin suministro por falta de pago a una escuela pública,
por ejemplo. Los impactos no han sido solo
económicos, sino que también se generaron
problemas de desecación de la Laguna Blanca,
por un sistema inadecuado de gestión por parte de la empresa.
En el 2000 se le otorgó otra concesión a la
compañía privada Uragua S.A., subsidiaria de la
española Aguas de Bilbao, para suministro de
agua y saneamiento por 30 años, para una población estable de 120 mil habitantes y 600 mil
turistas al año concentrados en el verano, en el
departamento turístico de Maldonado. Uragua
asumió en octubre de 2000.
La secuencia de inconvenientes generados por
esta empresa es bastante terrible. Instalada a fines del 2000, ya en el verano de 2001, por negligencia y descontrol, dejó sin agua al balneario
Piriápolis, el segundo en importancia en el departamento, por 4 días a causa de la rotura de
una tubería. En marzo del mismo año, sobrefacturó las tarifas, pero una movilización de los vecinos logró el reconocimiento del cobro indebido y la devolución de los importes excedentes.
En cuanto a la calidad del agua, vecinos de la zona han dicho públicamente que “no consumen
el agua que sirve esa empresa, porque desde hace mucho tiempo deja residuos y manchas ma64
rrones en piletas y sanitarios”. Sin embargo, en
Maldonado, tanto al este (Aguas de la Costa)
como al oeste donde opera Uragua, se pagan las
tarifas por agua y saneamiento más altas del
país.
En febrero de 2002, ante análisis de los laboratorios de OSE, el organismo recomienda hervir
el agua para consumo en Punta del Este, ya que
no podía ser considerada potable. En Abril, nuevamente problemas con la calidad del agua, sobre un total de 20 muestras, 10 dieron coliformes totales y 4 coliformes fecales. OSE recomienda otra vez a los pobladores de Punta del
Este hervir el agua antes de tomarla.
Con respecto a los problemas ambientales, en
enero del 2002 aparecen desbordes de líquidos
residuales en el centro de Punta del Este por la
rotura del colector de saneamiento y como solución se tuvo que realizar un by-pass volcando
las aguas residuales o cloacales al puerto de la
ciudad.
Pese a su mal desempeño, a finales del 2002 y
luego de una importante devaluación en el país,
Uragua logró modificar el contrato original, obteniendo entre otros beneficios una reducción
importante del canon y que la garantía contractual de 20 millones de dólares al igual que otros
compromisos puedan saldarse con títulos de
deuda pública a valor nominal, en vez de dólares
en efectivo.También solicitó modificar el cronograma de inversiones de forma de reducir las
mismas, pero ello se desestimó.
Finalmente, en julio de 2003 y ante el peso de
toda esta evidencia, el gobierno anunciaba que
se había decidido la “salida ordenada” de la empresa y que OSE volvería a asumir el servicio.
Sin embargo la empresa sigue operando aún
hoy obteniendo grandes ganancias. 16
De la salida anunciada de la empresa, ni noticias.
Quien sí salió fue el Ministro Alejandro Atchugarry –quién a nombre del Poder Ejecutivo había comprometido el “retiro ordenado” de Uragua. El recambio fue por otro ministro aún más
cercano a los intereses del FMI.
15 Patronato Mundial del Agua (ver II.2 en esta publicación para un mayor desarrollo)
16 Se estima que la empresa estatal “perdió” con esta concesión una recaudación del orden de los 30 millones de dólares. En todo el
período la empresa privada ha incumplido el pago del canon y con el cronograma de obras establecido en el contrato.
La lucha cotidiana
por el acceso al agua
Las reacciones ciudadas a la privatización del
agua fueron diferentes de acuerdo a las particularidades de cada uno de los lugares donde se
ha dado.
Mientras los reclamos de la zona balnearia han
estado centrados en la calidad del agua y el precio de los servicios,17 en las zonas carenciadas
tanto de Manantiales como de Maldonado la acción de las organizaciones barriales ha centrado
su lucha en la defensa de las “canillas populares”
(postes surtidores).
Estas canillas fueron instaladas en diferentes zonas del país por la administración pública, para
asegurar el abastecimiento de agua potable a las
poblaciones que no tienen acceso domiciliario
al servicio. El costo de esta prestación (cuya instalación corre por cuenta de la OSE) es asumido por los municipios.
En las dos zonas concesionadas de Maldonado,
las empresas privadas tomaron como una de
sus primeras acciones la eliminación de estas
canillas populares, como estrategia de presión
para lograr ampliar el número de conexiones a
la red.
En el caso de la zona de Manantiales, a pesar de
que la empresa logró retirar las canillas populares, los sectores de menos recursos continuaron fuera de la red de agua potable, debido al alto costo de conexión exigido por la concesionaria.
Las soluciones de los habitantes de la zona han
respondido a las diferencias socioeconómicas:
mientras algunos han excavado sus propios pozos semisurgentes (con cierto grado de inseguridad, ya que existe un vacío legal en cuanto al
autoabastecimiento de agua en zonas en donde
se haya concesionado a terceros el abastecimiento de agua) otros han optado por desarrollar sistema de recolección de aguas pluviales
como único medio de abastecimiento.
Esta última estrategia ha sido la adoptada por
un grupo de familias que ocupan terrenos ubicados a pocos metros de la zona turístico-residencial.
Estas opciones han sido válidas por las características naturales del entorno, que permite este
tipo de estrategias (ya que los predios cuentan
con espacio suficiente para realización de pozos
o para instalar estos drenajes pluviales).
En la estrategia de recolección de agua de lluvia,
la administración del recurso hídrico se realiza
de manera complementaria entre hombres y
mujeres, aunque el mantenimiento de la instalación (limpieza de tanques, por ejemplo) es realizado básicamente por las mujeres de la familia.
En los casos en que la reserva de agua no es suficiente, el acarreo de agua desde surgentes naturales próximos a la zona es realizado, predominantemente, por mujeres y niños.
Las reacciones en la ciudad de Maldonado han
sido diferentes. Si bien la concesionaria privada
comenzó con la eliminación de las canillas populares en muchas de las zonas carenciadas, en
algunas de ellas se le presentaron fuertes resistencias.
Una de ellas fue la del Barrio San Antonio III.Allí
en el momento de pasaje del servicio público al
privado, la empresa anunció la eliminación de la
canilla, y tuvo suspendido su funcionamiento
por un día. Pero la comisión barrial de San Antonio, con cerca de diez años de trabajo comunitario, logró que las autoridades locales intercedieran ante el concesionario por el mantenimiento de la canilla que abastece al barrio, aún
cuando el costo del servicio corre por cuenta
de la propia municipalidad.
La resistencia
Cuando se difundió públicamente el “acuerdo”
ya mencionado entre el gobierno uruguayo y el
FMI, un número de organizaciones sociales comenzaron a vincularse más estrechamente, buscando una acción conjunta para evitar que se
17 “Agua Si, Robo No” es el lema de la Liga de Fomento de Manantiales, una de las organizaciones de vecinos de la zona.
65
profundizara la privatización de los servicios de
agua potable y saneamiento (ya iniciada en dos
departamentos del país) y que se vendieran las
reservas naturales de agua.
Organizaciones locales, de “vecinos en defensa
del agua”, organizaciones sindicales, principalmente el sindicato de funcionarios de la empresa estatal de agua, y organizaciones ambientalistas conformaron, en octubre de 2002, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV) .
El objetivo inicial de esta Comisión fue promover una reforma constitucional que garantice
una mejor gestión y acceso al agua y saneamiento. El complejo sistema electoral uruguayo prevé que una reforma constitucional de iniciativa
ciudadana deba contar con el apoyo del 10% del
electorado para ser elevada luego a la consideración de toda la ciudadanía, en conjunto con
las elecciones nacionales (legislativas y presidenciales).
En Uruguay, los plebiscitos han sido el mecanismo tradicional de los movimientos populares
para resistir primero al autoritarismo de la dictadura militar y luego a las “reformas” privatizadoras de los gobiernos neoliberales.
En octubre de 2003, un año después de conformada, la CNDAV presentó ante el Parlamento
las cerca de trescientas mil firmas necesarias para la realización del plebiscito de reforma constitucional, que tendrá lugar el próximo 31 de
octubre de 2004.
66
candidatos con chances reales de ser electos
como futuro presidente del Uruguay han manifestado su “apoyo” a la reforma, los promotores
de la iniciativa sienten que dicho “apoyo” dista
mucho de un verdadero compromiso.
Lo cierto es que el propio movimiento en defensa del agua fue el que embretó a las fuerzas
políticas a respaldar la iniciativa de democracia
directa que había sido puesta en marcha bajo
responsabilidad de las organizaciones sociales.
El apoyo inicial tuvo que concretarse, primero,
con la adhesión a la reforma, a través de la firma. Luego, a través de la convocatoria a la ciudadanía para votar, junto con las elecciones legislativa y presidencial, en un plebiscito que
cambia las reglas de juego del sector privado en
lo que tiene que ver con el agua.
Y en tiempos donde prima el evangelio de la sacralidad del inversor privado, la reforma constitucional representa una verdadera herejía.Y esto lo piensan tanto quienes se oponen a la iniciativa como aquellos que la apoyan tímidamente. El compromiso en llevar adelante el recurso
e informar a la población ha corrido básicamente a partir del trabajo de la Comisión Nacional
en Defensa del Agua y de la Vida y de las comisiones departamentales y barriales que se han
organizado para replicar la convocatoria a nivel
local.
El texto de la reforma constitucional establece
el acceso al agua como un derecho humano fundamental, sentado las bases para una gestión basada en criterios de sustentabilidad y participación social, con servicios prestados exclusivamente por figuras públicas estatales.
La mayor dificultad a vencer es la desinformación, ya que la iniciativa ha estado prácticamente ausente en los medios masivos de comunicación. Una excepción fue durante la discusión
parlamentaria de una propuesta de ley alternativa y sustitutiva, que contaba con el visto bueno de las empresas concesionarias y otras trasnacionales del agua esablecidas en el Uruguay,
que no contó con los votos suficientes para ser
votada también en el plebiscito.
De ser aprobada, esta reforma obligará al futuro gobierno uruguayo a eliminar las concesiones privadas del departamento de Maldonado y
a instrumentar un nuevo modelo de gestión de
los recursos hídricos.Y a pesar de que los dos
Lo cierto es que el debate de la nueva concepción y modelo de gestión propuestos en la reforma constitucional –una concepción del agua
como bien común y no como mercancía– debería poner sobre el tapete el papel de algunos
sectores productivos en el agotamiento y mal
uso del recurso, como la forestación, la producción arrocera o las industrias altamente contaminantes.
67
III.3
Argentina- Capital Federal
y Gran Buenos Aires:
cuando todo huele a aguas servidas.
Martín Schorr18
68
18 Investigador del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica
Argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires.
19La concesión involucra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios bonaerenses de Vicente López, San Isidro, San Fernando,
San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Esteban Echevería, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora,
Quilmes, Lanús y Avellaneda. Las evidencias disponibles indican que a comienzos del actual decenio la población residente en el área concesionada era de aproximadamente 9,1 millones de personas.
La transferencia (concesión por 30 años) de los
activos de la ex Obras Sanitarias de la Nación
(OSN) se concretó el 1º de mayo de 1993, a un
consorcio que tenía como socios mayoritarios a
la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez
(operador técnico del servicio) y al grupo nacional Soldati. Asimismo, participaban otras tres
empresas extranjeras (la española Sociedad General de Aguas de Barcelona, la francesa Compagnie Generale des Eaux [Vivendi/Veolina] y la
inglesa Anglian Water Plc.) y otras dos de capitales locales (el grupo Meller y el Banco de Galicia y Buenos Aires)19.
Con posterioridad, a favor de la inexistencia regulatoria de restricciones temporales a la reventa de participaciones accionarias, el grupo
Soldati se desprendió de sus tenencias al igual
que el grupo Meller. Como resultado de ello, en
la actualidad la composición accionaria de Aguas
Argentinas (AASA) es la siguiente: Suez Lyonnaise des Eaux (39,9%), Sociedad General de
Aguas de Barcelona (25,0%), Banco de Galicia y
Buenos Aires (8,3%), Vivendi (7,6%), Corporación Financiera Internacional (5,0%), Anglian
Water Plc. (4,2%), y Programa de Propiedad
Participada (trabajadores de la firma, 10,0%). La
participación accionaria de la Corporación Financiera Internacional, dependiente del Banco
Mundial, deviene de la capitalización de un préstamo otorgado originalmente a AASA.20
De acuerdo a los criterios del llamado a licitación
(la tarifa más baja, con propuestas de inversión y
de expansión del servicio acordes con lo pre e s t ablecido en el llamado a licitación), la selección del
consorcio ganador se basó en el hecho de tratarse de la presentación que conllevaba el mayor
coeficiente de descuento –26,9%– respecto de la
tarifa vigente al momento de la transferencia. C omo quedaría demostrado a los pocos meses de
inicio de la gestión, se trató de una oferta oportunista estructurada a partir de precios pre d a t orios que luego serían renegociados –al alza– en
varias ocasiones. Naturalmente,ello se vio favorecido por la inexistencia de requerimientos de
ap o rtes obligatorios de capital propio (por ejemplo, mediante la compra de acciones) e, incluso, de
pago de canon alguno por la utilización de activos
p ú b l icos.
Transcurridos apenas ocho meses de iniciada la
concesión, la empresa adjudicataria solicitó una
“revisión extraordinaria” de las tarifas, aduciendo pérdidas operativas no previstas. Al margen
de los requisitos fijados en el marco regulatorio
sectorial respecto a las revisiones contractuales, el órgano de control (el ETOSS) autorizó, en
junio de 1994, un aumento del 13,5% en las tarifas, la incorporación de nuevas obras en reemplazo de algunas de las previstas originalmente
y, de hecho, la omisión frente a los incumplimientos de inversión acumulados hasta allí.
Desde entonces, el contrato de concesión e, incluso, los propios criterios de regulación económica
del servicio (en particular, en materia tarifaria) se
vieron alterados a partir de diversas renegociaciones contractuales y de la demorada primera revisión quinquenal (que concluyó recién en enero de
2001 cuando debería haberse realizado en 1998).
Todas ellas tuvieron como denominadores comunes a, entre otros, el incremento real de las tarifas
(en particular para los sectores de más bajos ingresos, dada la creciente incorporación de cargos fijos
sobre la tarifa básica), la condonación de multas e
incumplimientos en materia de metas de expansión
y de inversiones, la reprogramación –en rigor, la
postergación– de determinadas obras, etcétera. A
ello se le adicionó la introducción de cambios sustantivos en la regulación tarifaria de forma de garantizarle a la concesionaria un piso –muy elevado– a
la tasa de retorno, trasladando todo tipo de riesgo
empresario (tanto el vinculado con la operación en
condiciones de eficiencia, como con la gestión comercial –morosidad, incobrabilidad, e t c.– y financiera) a los usuarios del servicio.
En cuanto a los principales impactos económicos y
sociales de la privatización del sistema de agua y saneamiento ambiental en la región metropolitana de
Buenos Aires se destacan los siguientes:
• Entre mayo de 1993 y enero de 2002 la tarifa del
s e rvicio se incrementó un 88% (en idéntico período los precios minoristas domésticos aumentaron
un 7%), lo cual merece ser destacado porque el
marco regulatorio establecía que las tarifas no podrían incrementarse por un lapso de diez años.
(ver gráfico III.1)
20 Si bien actualmente se encuentra suspendido, vale destacar que la empresa le ha iniciado un juicio al Estado argentino en el Centro 69
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, tribunal arbitral en el que tiene fuerte injerencia el Banco Mundial).
A juicio de la empresa, el Estado argentino debe resarcirla por haber “violentado” la “seguridad jurídica” con el abandono del Plan de
Convertibilidad a fines del año 2001.
21Cabe resaltar que en el período pre-privatización de OSN se habían incrementado sustancialmente las correspondientes tarifas del servicio. Así, en febrero de 1991 se fijó un alza del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo año se aprobó otro aumento tarifario del
29%; en abril de 1992 se incluyó la aplicación del IVA (18%) a las tarifas; y, finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa se dispuso un incremento adicional del 8%.
• Entre 1994 y 2001, AASA registró en promedio una tasa de beneficio sobre patrimonio neto del 20%, tasa que se ubica en “apenas” el 13%
si se considera la rentabilidad media sobre facturación (cuadro III.1).A los efectos de captar el
carácter extraordinario de tales márgenes de
ganancias, cabe destacar que en el mismo período el conjunto de las doscientas empresas más
grandes de la economía argentina registró,
siempre en promedio, una tasa de beneficio del
orden del 3,5% en términos de sus ventas anuales.
Por otro lado, las tasas de beneficio internalizadas por AASA durante su gestión en nada se
asemejan a los niveles considerados aceptables
o razonables en otros países para la “industria”
del agua. En efecto, sus niveles de rentabilidad
(sobre ventas y respecto al patrimonio neto) se
ubicaron muy por encima de las correspondientes a las empresas privadas que operan en el
sector en los principales países del mundo:
mientras los parámetros sectoriales para una
rentabilidad “razonable” se encuentran entre el
6,5% y el 12,5% en los Estados Unidos, y entre
el 6% y 7% en Gran Bretaña, en la Argentina tales niveles se vieron holgadamente superados
con el aditamento de contar, en la práctica, con
un nulo riesgo empresario.
• La fuerte y creciente gravitación de distintos
cargos fijos que se fueron incorporando en las
diferentes renegociaciones, hicieron recaer los
costos reales del servicio asimétricamente según estratos de ingresos. (cuadro III.2) Así, para
el 10% de la población del Gran Buenos Aires
de mayores ingresos, las erogaciones asociadas
al pago del servicio representan, apenas, el 1,3%
de sus recursos, mientras que en el polo opuesto, para el decil de menores ingresos la tarifa del
servicio de aguas y cloacas les sustrae el 9,0% de
sus ya deteriorados recursos (cuando para el promedio de los usuarios, tal proporción se contrae a
1,9%).
En otras palabras, agravado por la escasa difusión
de la micromedición, la recurrente incorporación
a la tarifa de diversos cargos fijos, independizados
de cualquier otra consideración respecto al tipo
de usuario (zona de residencia, m2 totales y construidos, antigüedad de la vivienda, etc.), conlleva
naturalmente una creciente inequidad distributiva
que en el actual contexto económico-social del
país no hace más que agravar la crítica situación
por la que atraviesan los sectores de menores recursos, en particular, los del conurbano bonaerense.
Evolución de la factura media residencial (en pesos)
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
may-93
jun-94
nov-97
may-98
nov-98
ene-01
Factura media
70
ene-02
IPC
Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información del ETOSS.
Cuadro III.1
Evolución de los márgenes de rentabilidad sobre ventas y patrimonio neto de AASA, 1994-2001
(en millones de pesos / dólares y porcentajes)
Patrim. Neto
Ventas
Utilidades Util./Ventas
Util./Patr. Neto
1994
125,8
291,0
25,2
8,7
20,0
1995
185,4
360,8
53,6
14,8
28,9
1996
229,7
377,2
58,3
15,4
25,4
1997
273,4
420,0
57,7
13,7
21,1
1998
292,0
436,7
36,5
8,4
12,5
1999
334,1
511,0
62,1
12,2
18,6
2000
398,2
514,2
85,1
16,5
21,4
2001
445,0
566,0
85,1
15,0
19,1
Acum.
2.283,6
3.476,9
463,6
13,3
20,3
Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a balances de AASA
• A lo largo de la concesión la empresa, a favor de
la inacción oficial, acumuló incumplimientos diversos en materia de metas de expansión y de calidad
del servicio ofrecido. De acuerdo al ETOSS, el grado de incumplimiento de inversiones ejecutadas
respecto de las comprometidas contractualmente
se elevó al 42% durante el primer quinquenio de
la gestión y al 33% entre 1999 y 2002. Esto implicó que frente a un compromiso de alcanzar una
c o b e rtura del 88% en el caso del servicio de agua
sólo se accedió al 79%; mientras que en el de cloacas tales porcentuales fueron 74% y 63%, respectivamente. Como resultado de los incumplimientos de la firma (no sólo en materia de inversiones),
el ETOSS le impuso numerosas multas (según información del ente, a julio del 2003 las mismas
ascendían a algo más de 40 millones de pesos –de
ese total, la empresa sólo pagó el 42%–). (Cuadro
III.3)
• AASA optó por financiar sus inversiones mediante una discrecional política de endeudamiento, la
cual no guardó relación alguna con la naturaleza
del emprendimiento. (cuadro III.4). Según el
ETOSS, la firma “optó por una estructura de cap ital con un nivel de endeudamiento superior a la
prevista en la ofe rta así como a los admisibles para este tipo de compañías a nivel internacional... La
normativa específica fue nuevamente flexible a favor de la empresa en la renegociación de 1997-99
al aceptar niveles de endeudamiento superiores a
la ofe rta por solicitud expresa de la compañía y así
Cuadro III.2
Costo del servicio de aguas y cloacas con respecto al ingreso por hogar en el AMBA, 2002
(en pesos y porcentajes)
Costo mensual del servicio
Ingreso por hogar
Costo del servicio / ingresos
1 Decil
Promedio
10 Decil
9,78
17,22
43,28
108,58
9,0
914,99
1,9
3.416,67
1,3
Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información del Ministerio de Economía.
71
Cuadro III.3
Cumplimiento de AASA en inversiones, cobertura y población perjudicada, mediados del 2003
(en porcentajes y valores absolutos)
Meta de población
Comprometida en el contrato
de concesión
Con servicio de agua
88%
Con servicio de cloaca
74%
Alcanzada
79%
63%
Déficit expresado
en miles de habitantes
800,0
1.032,0
poder evitar el ap o rte de capital propio para cubrir las exigencias financieras de la concesión, lo
que derivó en una situación crítica de endeudamiento a partir del año 2002”. El despliegue de
una estrategia de financiamiento focalizada, casi
excluyentemente, en el acceso a fuentes internacionales a tasas de interés (en torno al 7%) mucho
más reducidas que las vigentes en el ámbito nacional, y equivalentes a la tercera parte de la rentabilidad sobre patrimonio de la concesionaria, desatendiendo el riesgo devaluatorio implícito, derivó
a principios del 2002, a partir de la sanción de la
Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario (que determinó el abandono de la
Conve rtibilidad mediante una fuerte devaluación
de la moneda argentina), en una situación financiera insostenible que llevó a AASA a declararse en
situación de default.
Para ese entonces su deuda externa ascendía a alrededor de 650 millones de dólares, con compromisos de pagos del orden de los 215 millones de
dólares en 2002 y de 109 millones de la misma
moneda en 2003; ello, en un contexto en el que
sus ingresos totales posteriores a la devaluación se
ubicaron en aproximadamente 170 millones de
dólares.
Conclusión: el capital
sobre el estado
Todo lo anterior sugiere que la regulación pública en el ámbito del agua y el saneamiento en la
región metropolitana de Buenos Aires ha sido
débil si se considera su significativa incapacidad
–cuando no falta de voluntad– para promover
distintas medidas tendientes a proteger a los
usuarios y consumidores, mientras que reveló
una gran fortaleza para garantizar y potenciar el
elevado poder de mercado que adquirió, así como los ingentes beneficios que internalizó AASA en el transcurso del decenio de los noventa.
Sin duda, ello constituye un claro indicador que
Cuadro III.4
Relación deuda/patrimonio neto de AASA y según oferta original 1994-2002 (en porcentajes)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
72
Coeficiente de AASA
Coeficiente según oferta original
1,94
2,15
2,37
2,55
2,67
2,65
2,49
2,07
19,23
1,77
1,37
1,62
1,79
1,73
1,55
1,50
1,45
1,40
en la década pasada se profundizó notablemente uno de los rasgos distintivos de la economía
y la sociedad argentinas post-dictadura 19761983: la creciente –y cada vez más evidente– subordinación estatal a los intereses del capital
concentrado.
73
.
III.4
Argentina - Santa Fé:
Hasta que se vaya Suez
Alberto Muñoz22
74
22 Unión de Usuarios y Consumidores, Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. RED VIDA, Rosario.
En la Argentina se compró taxativamente el modelo de privatización global de los servicios públicos impulsado desde los organismos de créditos internacionales, avanzando en absolutamente todos los sectores con las recetas propuestas por la asociación de los bancos acreedores, los grupos concentrados de poder local
y las grandes transnacionales que operaban en
cada rubro. Se siguieron con precisión las indicaciones del BM, el FMI y el BID.
nistración tras administración, reduciendo los
salarios de la orbita pública, comprando con sobreprecios los insumos, desinvirtiendo, extendiendo las redes sin planificación, bajando la calidad de atención al usuario, limitando la reparación de fugas y la actualización catastral, con los
principales medios y comunicadores sociales
exacerbando las críticas a las empresas públicas
y con políticos y dirigentes gremiales comprometidos en la gestión.
En el caso de los servicios sanitarios el modelo
imperante a nivel mundial es el de "Public Private Partnership" o cooperación público privada
(modelo francés, igual que las principales transnacionales del sector). Esto es, concesiones a
largo plazo con regulaciones flexibles que cuentan con el apoyo financiero, pre y posprivatización de los organismos de crédito internacionales, todo lo cual ocurrió en la Argentina mostrando con claridad sus consecuencias y resultados.
La segunda etapa, en que ya se había preparado
a la opinión pública para el proceso privatizador
estuvo caracterizada por la obtención de consensos internos entre los factores de poder para que participaran del mismo, así como por una
rápida reconversión de las empresas para entregarlas en las mejores condiciones al operador
privado sin ningún reparo por el marco legal ni
por el control y la regulación del sistema que
fueron considerados como un “mal necesario”.
Sobre la instrumentación
del modelo en Argentina.
Los objetivos de las grandes transnacionales del
agua codificados en las condiciones de préstamos de los organismos financieros internacionales así como en los tratados bilaterales sobre
inversiones—imbuidos conceptualmente por la
doctrina de la crisis del agua—encuentran en
los gobiernos, legislaciones locales, organizaciones sociales y comunidades en general distintos
niveles de resistencias a su implementación;
desde la apatía hasta la lucha, pasando por la
cooptación conceptual. Esto último es el caso
de la Argentina.
Así pueden distinguirse tres etapas en el proceso que nos condujo a la situación actual en que
la mayor parte de los argentinos recibimos el
servicio por parte de empresas privadas. La primera etapa comenzó durante la dictadura militar desmembrando Obras Sanitarias de la Nación en empresas provinciales mas fáciles de
transferir. Continuó con el proceso de burocratización interna, aumentando el personal admi-
Es en esta etapa que se muestran con claridad las
complicidades que hicieron posible el proceso:
- Los partidos políticos mayoritarios el Radicalismo y el Peronismo que habían colocado los administradores de las empresas durante el proceso
en que se hicieron ineficientes fueron los impulsores de la privatización prestándose cuadros
uno al otro para la realización del trabajo sucio
pre entrega: retiros voluntarios, aumentos de tarifas, agregados de impuestos, optimización de cobranzas, e t c.
- Las empresas privadas nacionales que habían vivido del estado contratista vendiendo con sobreprecios los insumos, ahora se transformarían en
accionistas minoritarios de las grandes transnacionales. En el caso de AASA fue Comercial del
Plata, grupo Soldati, quien presentó a su vez al
operador financiero, el Banco de Galicia.
- Los sindicatos otrora opositores al modelo se
transformaron en fervientes impulsores a cambio
del 10 % de propiedad participada que los conv i rtió en el principal accionista minoritario, mirando
al costado al momento de los “retiros vo l u n t arios”, la precarización laboral y hasta creando empresas subcontratistas que llegarían a hacer el trabajo sucio de cortar el suministro por falta de pago.
75
- Los grandes medios de comunicación que habían denostado a las empresas públicas, mutarían a ocultadores de los defectos de las privadas, pautas publicitarias mediante.
- El personal profesional jerárquico de las empresas públicas que había sido partícipe de proceso anterior, mutó rápidamente a colaboracionista de la futura concesionaria, suministrando
los datos internos a cambio de un lugar expectable en la futura estructura.
- La comunidad que había sido sometida durante años a un mal servicio, presentó escasa resistencia.
La tercera etapa del proceso es la concesión en
sí misma caracterizada por contratos predatorios, regulaciones permisivas, incumplimientos
reiterados, aumentos tarifarios y renegociación
permanente. Participación en todo el proceso
los mismos dirigentes políticos y gremiales que
primero administraron las empresas públicas,
luego las prepararon para la privatización y más
tarde se transformaron en integrantes de los
entes de regulación y control que, así como las
empresas concesionadas, recibieron créditos
del BID desde su inicio para “aceitar” mejor su
funcionamiento.
Ya en el primer año de la concesión de cada una
de las provincias, las empresas incumplieron los
compromisos contractuales, solicitando al inicio
del segundo año renegociaciones por aumentos
tarifarios y postergación de obras, esta metodología fue sistemáticamente aplicada por las concesionarias y avalada por los concedentes repitiéndose una y otra vez a través del tiempo.
En este momento se incorporó a la discusión el
argumento de la “solidaridad” con los sectores
más humildes de la población a través del mecanismo de los subsidios cruzados para abaratar
los cargos de infraestructura en los barrios más
empobrecidos que no podían pagar la expansión del servicio.
Dicho eufemismo en boca de una transnacional
solo podía significar aumentos de tarifas para
maximizar la tasa de rentabilidad que nunca se
volcarían en obras.
76
No faltaron en esta maratón de renegociaciones permanentes, la condonación de incumplimientos y multas, la indexación de las tarifas según índices externos al país, la postergación y
hasta anulación de los compromisos de obras y
de los cumplimientos de los parámetros de calidad del agua, de los efluentes y del servicio.
Consecuencias de la aplicación del modelo en Argentina
Los servicios sanitarios en la Argentina pendularon durante el siglo XX, del modelo de gestión
privada, al público, para retornar nuevamente al
privado en la última década, quedándose una sola
empresa transnacional, la Suez (Ondeo), con las
ciudades mas rentables de la República Argentina:
Buenos Aires, (Capital Federal y 17 partidos del
cono urbano bonaere n s e, 1993), Provincia de
Santa Fe, (Rosario, Santa Fe y 13 ciudades de las
más importantes excepto Venado Tuerto, donde
había que primero inve rtir antes de empezar a
cobrar, 1995) y Córdoba, (Capital, 1997), h a b i é ndose retirado del país ya dos transnacionales, la
Vivendi de la Provincia de Tucumán y Asurix (Enron) de provincia de Buenos Aires.
Todo este panorama nos da la posibilidad de analizar claramente las consecuencias que tuvo la
aplicación del modelo privatizador en los serv icios sanitarios de nuestro país:
- El objetivo declarado de universalización del
servicio de aguas no solo no fue alcanzado sino
que se aumentan las diferencias sociales al postergar la empresa los barrios más humildes tratando
ahora de trasladarle la responsabilidad a los municipios.
- El objetivo de expansión de los servicios de
cloacas fue premeditadamente postergado con la
excusa de la morosidad, y cuando se aprobaron
subsidios cruzados para su ejecución tampoco
fueron cumplidos tratando actualmente de trasladarle la responsabilidad al estado.
- El objetivo de universalizar la medición del servicio fue boicoteado permanentemente porque a
la empresa le conviene seguir cobrando por m2
edificado como hace mayoritariamente hasta el
presente.
- Los compromisos contractuales de los planes
de mejoras y expansión del servicio fueron sistemáticamente incumplidos renegociación tras
renegociación.
- Las tarifas fueron aumentadas una y otra vez a
pesar de que los contratos preveían un período
inicial sin aumentos.
- Se sobre-factura muchas propiedades al hacer
el cálculo de superficie cubierta por telemetría,
cobrando toldos de aluminio, enredaderas, aleros y habitaciones de más de 3 metros de alto
como si tuvieran un entrepiso.
- Se le conceden pautas diferenciales de calidad
del agua para proteger a la empresa de los incumplimientos en este sentido, suministrándose
en las ciudades que toman agua de napas subterráneas un producto de mala calidad.
- No se alcanza la presión mínima de suministro
de 10 m de columna de agua para Aguas Argentinas en Buenos Aires y de 7 m de columna de
agua en Aguas Provinciales de Santa Fé quedando muchos barrios sin agua durante los días de
verano.
- Se extiende la red de aguas y no la de desagües en el conurbano bonaerense, modificando
la capacidad de las napas freáticas que afloran en
las casas de los usuarios.
- Las tasas de rentabilidad de las empresas duplican y hasta triplican las de su país de origen
mientras no cumplen con el contrato.
- Las obras de tratamiento de efluentes así como la renovación de los troncales que requieren una inversión significativa son postergadas
indefinidamente.
- Los intereses por mora y los planes de pago
hacen inviable la cancelación de las deudas para
gran parte de la población.
- La tarifa social para los sectores más humildes
se transforma en un recurso publicitario que de
ninguna manera resuelve el problema ya que los
beneficiarios del sistema son una ínfima parte
del universo afectado.
- La facultad de corte en manos de una empresa privada se transforma en chantaje hacia la
población y el concedente al momento de las
renegociaciones, llegándose a cortar también el
servicio de cloacas.
- Gran parte del personal despedido por la empresa bajo la modalidad de retiro voluntario o
directo pasa a engrosar las filas de los desempleados crónicos, tomándose personal temporario o bajo diferentes formas de precarización
laboral.
- La calidad de atención al usuario varía en
cuanto a folletos, locales bien iluminados y propaganda televisiva, pero no cambia en cuanto a
la resolución de las controversias que cada vez
se agudizan más con el tiempo.
Del análisis de la experiencia privatizadora en la
Argentina durante 11 años podemos afirmar
que las empresas privadas se han mostrado ineficientes, ineptas e incompetentes para resolver
los problemas que decían venían a resolver,
agravándolos en muchos casos y con corresponsabilidad en el fracaso de concedente y concesionaria.
La resistencia al modelo
en la Provincia de Santa Fé
En la Provincia de Santa Fé, desde un primer
momento se presentaron objeciones a la privatización teniendo en cuenta la experiencia de
dos años en Buenos Aires, por lo que ya se
veían las consecuencias, los incumplimientos y
los aumentos de tarifas que casi calcadamente
se producirían más tarde.
Así en las cámaras legislativas varios diputados
se opusieron a la ley, contando con la paradoja
de que el miembro informante del oficialismo
para impulsar la privatización fuera el secretario
general del gremio del sector, Oscar Barrionuevo.
Por otra parte el intendente de una de las 15
ciudades afectadas en la Provincia presentó un
recurso judicial reivindicando los derechos de la
ciudad sobre los servicios y varias asociaciones
de consumidores interpusimos reparos a la ley
que desgraciadamente mas tarde se confirmarían.
Con el correr de los años los conflictos se multiplicaron en las 15 ciudades afectando a todos
los sectores sociales por distintos motivos, incrementando el nivel de crítica que aunque cen77
surado por la política publicitaria de la empresa
se hacía cada vez mas extendido y uniforme.
Si bien las renegociaciones eran cuestionadas
desde distintos sectores, abrían expectativas en
la comunidad de que en esa oportunidad se
cumplieran las obras o mejorara el servicio.
A partir del año 2001 empezó un proceso de
integración de los conflictos uniendo a vecinos
afectados y distintas organizaciones ecologistas,
de consumidores, profesionales, de fomento, de
estudiantes, de docentes, de comerciantes, clubes y gremios, que culminó en la constitución
de la Asamblea Provincial por el Derecho al
Agua a mediados del 2002.
Este proceso de integración de las luchas tuvo
por un lado un componente urbano, uniendo las
reivindicaciones de diferentes sectores de vecinos, algunos que no podían pagar las cloacas y
algunos que querían tenerlas, algunos que enfocaban el tema desde una óptica ecológica y
otros porque habían sido directamente afectados en sus economías familiares. El otro fue un
componente interurbano, comprendiendo que
el problema de la ciudad de al lado era también
mi problema y que la mejor condición de lucha
era la unidad entre todos los afectados.
La realización del Plebiscito Provincial (26 de
setiembre al 1 de octubre de 2002) fue el momento de canalización de todas esas luchas acumuladas durante años. Votaron 256.235 personas por la rescisión del contrato.
A partir de este momento también aprendimos
a integrar nuestra lucha en el marco de todos
los movimientos que a nivel mundial se oponen
a la mercantilización del agua formando parte
hoy de la Red Vida en América en la cual se vuelca la experiencia de los más diversos espacios,
ecologistas, gremiales, de usuarios, de empresas
públicas, de las comunidades locales, en una de
las experiencias mas concretas de construcción
de una alternativa al modelo de los organismos
internacionales.
Hoy podemos escuchar en nuestra provincia los
argumentos que volcábamos una y otra vez a lo
78
largo de tantos años en boca de muchos de los
medios de comunicación que antes nos censuraban, del ente que nunca nos defendió, del gobernador que fue quien privatizó el servicio, de
los intendentes que muchas veces acompañaron
las renegociaciones. Quizá las autoridades nos
vuelvan a traicionar en esta oportunidad, pero
hay una batalla que ya ganamos: la inmensa mayoría de los santafesinos, de las instituciones intermedias, académicas, gremiales, estudiantiles,
vecinales tienen tomada una decisión: no vamos
a parar hasta que la Suez se vaya de Santa Fé y
el nuevo modelo de servicios sanitarios tendrá
que ser de gestión pública con participación social.
79
III.5
Chile- Recursos hídricos:
la ley del que llega primero
23
María Paz Haedo24
80
23 Este artículo recoge información de las publicaciones: “Agua: Dónde está y de quién es”, Programa Chile Sustentable, 2003; y
“Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad” Programa Chile Sustentable, 2004.
24 Integrante del Programa Chile Sustentable.
Chile es un de los países privilegiados en cuanto
a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en campos de hielo
sur, en la zona austral.
Sin embargo, este patrimonio está irregularmente
distribuido en el territorio nacional, debido a las
diversas condiciones físicas y climáticas. Mientras
que la zona norte es sumamente árida,con menos
de 500 m3/habitante/año, existen zonas de gran
abundancia en el sur, con niveles que superan los
160.000 m3/habitante/año.
Sobre la desigual distribución geográfica existe no
obstante una desigual apropiación social de los
recursos hídricos, basada en el principio de la
“libre competencia”, que agudiza los problemas
derivados de la base biofísica y crea aún mayores
conflictos. Por ejemplo, en el Nort e, los niveles de
conflictividad sobre el recurso han confrontado
históricamente a comunidades locales indígenas y
campesinas con empresas mineras; los cuales
actualmente se extienden hacia los países vecinos,
debido a los crecientes requerimientos de los
emprendimientos mineros. El mercado como
asignador de recursos hídricos está defendido por
la legislación y forma de gestión actuales, limitando el acceso del agua a los sectores populares y
bloqueando el desarrollo sustentable.
Hablar de los problemas de los recursos hídricos
en Chile, significa introducirse en la crítica al modelo de desarrollo que privilegia el sector export ador minero y agrícola, la privatización y concentración en la producción de energía hidroeléctrica, así como un análisis del mercado de servicios
de agua potable y saneamiento. En este artículo la
atención está puesta en este último aspecto, sin
olvidar que una verdadera gestión sustentable
precisa ver la imagen global y no sólo sectorial.
Las Políticas de Agua en Chile
Las políticas públicas en materia de recursos hídricos favorecen la gestión del recurso en base a criterios de mercado, si bien la legislación y las condiciones político-económicas que favorecieron esta
situación fueron instaladas por el propio Estado,
durante el gobierno militar, a través -entre otras
medidas- de la creación del Código de Aguas en
1981.
El Código de Aguas vigente creó una nueva categoría de derechos: consuntivos y no consuntivos.
La diferencia entre ambos tipos de derecho es de
naturaleza principalmente legal, y dice relación con
la presencia o ausencia de un compromiso por
p a rte del usuario de devolver un caudal al río. El
derecho consuntivo se refiere al derecho de consumo de aguas, sin que puedan reutilizarse superficialmente 25. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería, industria y uso doméstico.
Cabe destacar que una fracción muy significativa
de los usos consuntivos retorna al cauce, ya sea en
forma localizada o difusa, lo que apareja problemas
de contaminación.
Por su part e, los derechos no consuntivos se
refieren a aquellos que se solicitan para utilizar el
agua sin consumirla, como es el caso de los
proyectos hidroeléctricos. Estos derechos conminan a devolver las aguas a los ríos, sin perjudicar a
los usuarios existentes aguas abajo. Sin embargo, la
normativa es débil para fiscalizar la existencia de
perjuicios a los usuarios y las políticas públicas han
favorecido la aprobación de emprendimientos
energéticos aun cuando existen daños evidentes a
la comunidad y al medio ambiente26 .
En segundo lugar, el Código de Aguas define el
recurso como “bien nacional de uso público” y
“bien económico”, al mismo tiempo; y autoriza la
privatización del Agua a través de la concesión de
derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. El
derecho de uso se otorga a los particulares según
las disposiciones establecidas en el A rtículo 5 del
mismo Código. En la legislación chilena, dicho
derecho es un bien jurídico definido como un
derecho real; es decir, un derecho que recae sobre
las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por
p a rte del titular, con los requisitos y en confo r m idad a las reglas que prescribe el Código de
Aguas. (Art. 6)
El titular que obtiene el derecho de aguas, según
la legislación chilena, no será obligado a declarar
cómo y cuando usará el agua, sea para los fines
81
25 Ar t. 13 y Art. 14. Código de Aguas.
26 Tal fue el caso de la construcción de la Central Ralco al sur de Chile, que violó flagrantemente la Ley Indígena nacional y las disposi-
ciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos, arrasando con tierras ancestrales, cementerios y otros recursos propios del patrimonio natural y cultural del pueblo mapuche. El gobierno chileno priorizó la Ley eléctrica nacional y los intereses de la
empresa involucrada (Endesa España), en el marco de una política energética también carente de elementos de sustentabilidad ambiental,
social y política.
primeros para los cuales solicitó los derechos
de aprovechamiento o para usos alternativos
p o s t e r i o re s , pudiendo mantener en fo r m a
indefinida dicho derecho sin utilizarlo. No existe
costo alguno por la no utilización de este derecho: el Código descartó el sistema de
gravámenes a los derechos de agua y no impuso otros costos o tarifas para la concesión de
nuevos derechos ni para su goce en el tiempo.
Los derechos concedidos por el Estado están
amparados por las garantías constitucionales
respecto del derecho de propiedad. En el
artículo 24 de la Constitución Política de Chile
se declara que “Los derechos de los particulares
sobre las aguas, reconocidos o constituidos en
conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la
propiedad sobre ellos”.
Junto con ello, el Código de Aguas separa la
propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta, sin proteger a
las comunidades del despojo de los recursos
hídricos en su territorio.
En definitiva, puede decirse que el país permite
la concesión gratuita de los derechos de agua,
sin costos por su mantención o tenencia del
recurso, en su uso, y sin exigir compensaciones
por la generación de efectos externos. No exige
acreditación del uso de los derechos de agua
concedidos; no se retira la concesión por no
uso de los recursos; no se paga patente ni
impuestos por su tuición; ni se fijan límites a la
concesión de derechos de uso.
Por lo tanto, la redistribución del recurso se
hace a través de transacciones en el mercado.
Una vez concedidos los derechos de uso, el
Estado no interviene más. El sistema de concesión de derechos ha favorecido las grandes
empresas y al sector exportador, en perjuicio
de los derechos de la población y las comunidades de acceder a un recurso fundamental
para la vida. Ello se ha traducido en una concentración progresiva de la propiedad de los
recursos, problemas de acceso a la población,
alzas de tarifas y agudización de los problemas
de stress hídricos por sobreexplotación en
82
zonas donde el recurso es escaso.
La concentración de la propiedad de las empresas de agua potable y sanitarias.
Actualmente, la mayor demanda de agua
potable proviene de la Región Metropolitana
(50,5%), donde se concentra alrededor del 40%
de la población nacional. Le siguen las regiones
V y VIII, con un consumo de 11,7 y 8,8%, respectivamente.Son estas zonas, precisamente, las
que primero fueron afectadas por el proceso
privatizador, que data de fines de los años '90,
durante los gobiernos de la Concertación de
Partidos por la Democracia.
Sin embargo, este proceso comienza a fines de
los '80, con la reforma al sistema de empresas
sanitarias en Chile, siguiendo la receta liberalizadora de los organismos financieros internacionales (BID; Banco Mundial). Los principios
que orientaron la re forma fueron dos: el
primero, que los problemas de acceso y cobertura del agua se enfrentarán mejor si se
traspasan las empresas sanitarias públicas a
manos privadas, las que asegurarían una gestión
más adecuada y eficiente; y segundo, que para
ello es necesario favorecer la competitividad y
por ende, desregular el sector y eliminar barreras al ingreso de empresas transnacionales.
La nueva legislación de las sanitarias garantizó a
las empresas, e n t re otros elementos, una
rentabilidad del 10,3% de sus utilidades.27 Esta
garantía pretendía asegurar la inversión y permanencia de las empresas privadas en el sector
servicios de aguas.
Así, entre fines de los '80 y principios de los '90
se creó un sistema de 13 empresas operadoras
independientes -una por cada región- con
carácter mercantil y mayoritariamente públicas.
Mediante un régimen de concesión atendían las
necesidades de agua potable y alcantarillado del
92% de la población del país.28
27 Maturana, Hugo: “Defensa del servicio del agua: una postura sindical”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena
por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. Citado por Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién
es”. Programa Chile Sustentable, 2003.
28 Matus, Nancy: “La privatización y mercantilización de las aguas: normas y regulaciones que rigen al sector Sanitario. Dificultades y
desafíos”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR), 2002.
Tabla 1
Empresas sanitarias en Chile
el primer ciclo de reformas
Región
Empresa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Metropolitana
ESSAT
ESSAN
EMSSAT
ESSCO
ESVAL
ESSEL
ESSAM
ESSBÍO
ESSAR
ESSAL
EMSSA
ESMAG
EMOS
Fuente: Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”.
Programa Chile Sustentable, 2003.
El desmembramiento del sistema sanitario
nacional en estas empresas abrió el camino a su
posterior privatización, al dotarlas de personería jurídica propia, con una gestión indirecta
del Estado. Sin embargo, aún a 1995, el gran
poseedor de aguas para agua potable era el
Fisco, con un 50,1% del caudal disponible.
Este cuadro varió en forma sustancial a partir
de 1998, con la venta del 40% de ESVAL a un
consorcio integrado por Anglian Water (Reino
Unido) y Endesa España por 410 millones de
dólares. Posteriormente, la primera de estas
transnacionales le compró su parte a Endesa
España y hoy posee el 50% de las acciones.
En 1999 se transfirió el 43% de EMOS al consorcio formado por Suez Lyonnaise Deaux
(Francia) -y Aguas Barcelona, filial de la anterior, que hoy tiene el 55% del patrimonio. Se creó
así una nueva empresa: Aguas Andinas. Ese
mismo año se vendió el 51% de ESSAL a
Iberdrola (España) y el 2000 fue entregado,
como concesión, el 42% de ESSBÍO a Thames
Water (Reino Unido), que actualmente posee el
51% del derecho de explotación de las aguas de
la compañía.
Con la privatización de esas cuatro empresas, el
73% del sistema de agua potable y alcantarillado
del país quedó en manos de transnacionales.
Posteriormente, el 51% de las acciones de Essel
(VI Región) fue adquirido por Thames Water.
El 2002, Essam y Essar estaban en proceso de
privatización bajo la figura de concesiones a 30
ó 35 años prorrogables. La licitación de Essam
fracasó porque sólo concurrió Thames Water
(dueña de Essbío y Essel).Y la licitación de Essar
fue declarada desierta.29
Los procesos de privatización se desarrollaron
sin consulta a la ciudadanía y desconociendo
pronunciamientos masivos, como el que hubo
en la VIII Región, donde el 99,09% de 136.783
usuarios de ESSBÍO se pronunciaron en contra
de su privatización.
En definitiva, al año 2002 el sector privado y
más específicamente, los consorcios transnacionales, eran propietario del 83% de las empresas sanitarias.30 Las principales empresas que
están controlando este mercado del agua en
Chile son Suez Lyonnaise d´Eaux,Thames Water
y Anglian Water.
Más recientemente, entre 2003 Agosto de 2004
se concretó el traspaso de las empresas de la I
a la IV regiones; como también las empresas de
la XI y la XII regiones. Estas sanitarias fueron
adquiridas por consorcios nacionales como el
Grupo Luksic (dueño a su vez de empresas mineras, vitivinícolas, pesqueras, agrícolas,
financieras y otras); el grupo Solari (dueño de
una de las grandes consorcios comerciales y
financieros del país) y Consorcio Financiero. Es
decir, las sanitarias fueron traspasadas a grandes
consorcios nacionales, manteniendo la lógica
l i b re m e rcadista y concentradora de la
propiedad. Este proceso ha significado casi el
100% de las empresas sanitarias privatizadas al
año 2004.
29 Carmona, Ernesto: Los Dueños de Chile. Ediciones La Huella. Santiago, Chile. 2002.
30 Gebauer, Dante: “La transformación del Estado: del modelo social al liberalismo”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas,
Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002.
83
Propiedad de los derechos de agua en Chile para consumo humano
1995 - 2002
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matus, nancy (1998) y Gebauer, Dante (2002)
Tabla 2
Principales beneficiarios por la privatización de las empresas sanitarias
Región
Empresa (*)
I
II
III
ESSAT
ESSAN
EMMSAT
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
ESSCO
ESVAL
ESSEL
ESSAM
ESSBÍO
ESSAR
ESSAL
XI
XII
Metrop.
de Santiago
EMSSA
ESMAG
EMOS
Consorcio o nueva empresa
“Aguas Altiplano”, controlado por el Grupo Solari (Chile)
“Aguas de Antofagasta”, controlado por Grupo Luksic (Chile)
“Aguas Norte Grande”, controlada por Consorcio Icafal, Hidrosan
y Vecta
Controlada por “Consorcio Financiero” de Vicuña y León (Chile)
Anglian Water (Reino Unido) y Consorcio Financiero (Chile)
Thames Water (Reino Unido) y Electricidade (Portugal)
“Aguas Nuevo Sur Maule”, controlada por Thames Water (Reino Unido)
Thames Water (Reino Unido)
Grupo Solari (Chile)
Iberdola (España); y “Aguas Décima” en la provincia de Valdivia,
controlada por Suez Lyonesse y Aguas Barcelona
Consorcio Icafal, Hidrosan y Vecta
“Aguas Magallanes”, controlado por el Grupo Solari (Chile)
“Aguas Andinas”, controlado por Suez Lyonnaise Deaux (Francia)
y Aguas Barcelona (España)
Fuente: Programa Chile Sustentable, en base a datos de las empresas respectivas en sus sitios web; reportajes del
Diario Financiero (www.estrategia.cl) e información recoplilada por Matus, Nancy, en “Recursos Hídricos en Chile:
desafíos para la sustentabilidad”, según datos de CEPAL, 2000.
84
Consecuencias directas del
régimen de mercado de aguas
para la población
El uso de agua para consumo humano se ha
vuelto cada ves más restrictivo, debido a las
fuertes alzas de tarifas que significó la privatización de las empresas sanitarias.
Según las cifras recopiladas por organismos no
gubernamentales en Chile (ODECU, Chile
Sustentable), existen diferencias de hasta 400%
entre las tarifas de agua a lo largo del país, concentrándose las mayores alzas en la zona centro-norte. Una consecuencia directa de estas
alzas ha sido la reducción del consumo de agua
potable, no por una mayor eficiencia en el uso
del recurso, sino debido a que los hogares no
cuentan con los ingresos suficientes para pagar
su consumo normal de agua potable.
Estimaciones en las alzas de las tarifas del agua en Chile
(en % mínimos y máximos período 1999-2000)
Fuente: Programa Chile Sustentable, “ Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003.
Reducción del consumo de agua potable (en m3)
período 1999-2002
Fuente: Bravo, Patricia, en “ Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003.
85
La participación del sector privado no ha significado un mejoramiento de la cobertura ni del
acceso a los recursos para la población. Los
usuarios pagan además, el 100% del costo del
tratamiento de aguas cloacales, lo que constituye una fuente de ingresos permanentes adicionales para las empresas, muy superiores a la
inversión inicial.
Para resolver el problema de acceso a los servicios sanitarios en los sectores de menores
ingresos, el Estado otorga un subsidio directo a
las familias para el pago de estos servicios, lo
que constituye una forma de subvención indirecta para las empresas.
A ello se agrega la pérdida de empleos del sector, como lo vemos en el siguiente gráfico:
Aumento del desempleo en las empresas sanitarias
(en % estimado 1999-2002)
Fuente: Bravo, Patricia, en “ Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003.
Problemas y desafíos de la
gestión de las aguas en Chile
El proceso de mercantilización de las aguas en Chile ha vulnerado el acceso de las personas a un derecho básico,definido
constitucionalmente como bien de uso público,y generando
severos daños en las comunidades y los ecosistemas.Los principales problemas que ha aparejado el proceso de privatización
han sido:
• Concentración y desnacionalización de la propiedad:
- Más del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y
transnacionales al año 2004;
- 84,6% del uso consuntivo de agua en el sector agrícola;
- 81% del uso de agua no consuntivo (generación energía
hidroeléctrica) en manos de ENDESA- España.
• El sistema tarifario del agua en Chile es el más caro
de la región,según cifras de CEPAL (2003)
• La privatización de los derechos de agua y las empre
86
sas sanitarias no se traduce en mayor eficiencia de su
uso, ni mejor calidad, cobertura o acceso para la
población.
• El Estado subsidia a las empresas sanitarias, al asegurarles un 10,3% de rentabilidad y otorgar subsidios a
los hogares de menores ingresos para cubrir el pago
de tarifas.
• Se ha producido una paulatina pérdida de derechos
en la mayoría de la población y despojo de
campesinos,agricultores e indígenas
• Pérdida de control público y gobernabilidad
• Aumento de conflictos locales, nacionales y transfronterizos.
Para revertir esta situación, se requeriría una
reforma sustantiva en la legislación y en la orientación de las políticas públicas vigentes sobre
aguas en Chile, que favorecen a las empresas
por sobre las necesidades de las personas. Sin
embargo, la reforma al Código de Aguas, que
pretende -al menos- implementar un sistema de
patentes por no uso de los recursos concedidos, lleva 10 años en trámite en el Congreso
Nacional y enfrenta la fuerte oposición de los
sectores liberales, favorables al régimen de mercado en la gestión de los recursos y servicios.
agua, que tenga en consideración elementos de
sustentabilidad política (participación de la
comunidad en las decisiones), social (equidad en
la cobertura y acceso para las personas y las
comunidades), económica (recuperación de la
soberanía sobre el agua y sus servicios derivados, costos accesibles, eficiencia) y ambiental
(protección y resguardo de los ecosistemas y
las aguas superficiales y subterráneas).
A ello se agrega la dispersión de los organismos
públicos vinculados al manejo de aguas en diversas reparticiones públicas, lo que obstaculiza
una política integral del recurso y la adecuada
fiscalización de su manejo. Además, el país no
cuenta en sus políticas públicas espacios de participación ciudadana real, con incidencia efectiva
sobre las decisiones públicas, dejando a las asociaciones de usuarios y a la población en general sin herramientas para participar de las políticas de gestión del agua y defender el interés
público frente a las grandes empresas del sector.
Teniendo en consideración la experiencia chilena, resulta evidente la importancia de que los
países resguarden el derecho al agua como un
recurso básico para la vida, y eviten las medidas
que conduzcan a su mercantilización y privatización.
En plano internacional, también es fundamental
que los países y sus gobiernos mantengan una
clara oposición a la inclusión de los servicios
sanitarios en las negociaciones de la OMC y
particularmente, del acuerdo GATS, donde una
de sus principales aspiraciones es incluir los servicios sanitarios, redes de alcantarillado y
tratamiento de aguas, dentro de los ámbitos
regidos por este acuerdo, cuyo fin es la liberalización de los servicios en todos los países
suscritos.
En definitiva, nuestros países necesitan contrarrestar la tendencia liberalizadora de la gestión y
manejo de los recursos hídricos, avanzando
hacia una política de manejo sustentable del
87
III.6
Bolivia- La Guerra por el Agua
en Cochabamba y la construcción
de espacios de rebelión
y recuperación de nuestras voces.
Oscar Olivera Foronda31
88
31 Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. Portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y
de la Vida. Portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa y Recuperación del Gas y los Hidrocarburos.
La gente dijo ¡Basta!
En Cochabamba, corazón de Bolivia, un valle
donde más de un millón de personas sufre una
aguda escasez de agua desde hace más de 50
años y más de 500 años con sed de justicia, el
Banco Mundial ordena que los sedientos cochabambinos deben sacar el dinero de sus bolsillos
si quieren tener agua y que además el agua debe dejar de ser un derecho colectivo para convertirse en propiedad privada. La transnacional
Bechtel en sociedad con los gobernantes corruptos logra firmar un contrato de concesión
de la empresa de agua, por 40 años, y el parlamento emite una ley de agua potable exaccionadora, monopólica y confiscadora.
Se elevan las tarifas de tal forma que cada familia debía pagar la cuarta parte de sus ingresos
sólo para el agua. Los sistemas y redes de agua
y alcantarillado producto del esfuerzo de centenares de cooperativas y asociaciones en los barrios pobres deben pasar a propiedad de la
transnacional, las fuentes de agua y los sistemas
de riego, que los campesinos habían gestionado,
durante siglos, de manera autónoma, democrática y justa, denominada “usos y costumbres”,
desaparecían. La transnacional se aseguraba una
utilidad del 16% anual y para colmo estaba prohibido acumular agua de la lluvia... La gente dijo
¡Basta!
Los campesinos regantes dieron la voz de alerta, dijeron a las ciudades: nos quieren quitar
nuestra agua, nuestra vida. Fueron escuchados
por la mayoría, los obreros de las fábricas, los
maestros, los transportistas, los comerciantes
ambulantes, los desocupados, la gente sencilla y
trabajadora, y también algunos ricos como los
dueños de hoteles y condominios asistieron a
esta convocatoria. Así se organizó la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida frente a
la sordera y cínico compromiso con la privatización de las organizaciones sociales “tradicionales”.
Luego de cinco meses de lucha, de participación, de organización, de propuestas, de protestas, de indignación, de coraje, se logra despriva-
tizar la empresa, se expulsa a la transnacional y
se impone desde abajo una ley de agua potable
asegurando a la gente su derecho al agua como
un bien colectivo, como un derecho humano,
como dueño de la misma a todos los seres vivos. Ese hecho histórico se denominó la GUERRA DEL AGUA.
Las lecciones de esta experiencia son las nuevas
formas organizativas y de lucha, de coaliciones
más flexibles de jóvenes, mujeres, niños y ancianos que producen formas nuevas de democracia, de participación, de opinión y toma de decisiones. Se saborea una nueva forma de poder, el
de abajo, el de los cabildos, las asambleas, de las
barricadas y se sustituye el poder de los partidos políticos.
La recuperación
de la perspectiva histórica
¿Y… compañero, qué hemos ganado con la guerra del agua?, preguntaba una mujer luego de
terminados los conflictos en Cochabamba, y
que seguía bloqueando una calle, junto a su esposo desocupado, sus niños sin salud ni escuela.
“Así nos den agua gratis, ¿en qué va a mejorar
nuestra situación? Nosotros queremos que se
vaya el presidente, que se vayan los políticos,
queremos justicia social”. Nunca olvidaré a esa
compañera, de la zona de Pampa Grande, donde el agua la compran de las cisternas o de los
canales de riego. La mayoría de los que habían
peleado por el agua en Cochabamba, no tenían
agua de la empresa que fue desprivatizada por
el esfuerzo de la población.
Esa pregunta, ese cuestionamiento, esa actitud
de no querer desbloquear de esta familia, nos
hizo ver a los portavoces de la Coordinadora
del Agua, que detrás de la lucha por este recurso vital y colectivo, estaba la lucha política de
miles de personas, de familias que estaban hartas con la “calidad de vida” y la “política” que se
había implantado en el país desde hace varios
años.
89
A partir de este esfuerzo digno, gigantesco y esforzado de la gente sencilla y trabajadora, el país
cambió, los pobladores, los sectores sociales, las
comunidades, los sindicatos y asociaciones, pudimos comprobar que era posible perder el
miedo, que era posible vencer, que era posible
recuperar nuestra dignidad, nuestros bienes comunitarios (recursos naturales), que no hay un
destino fatal y a partir de ese abril del 2000, el
pueblo cochabambino y el altiplano paceño
irrumpen en el escenario político con una demanda concreta de “el agua es nuestra y las decisiones también”. A partir de las jornadas de
abril de ese año, emergen nuevos movimientos
sociales, que de manera autónoma, sin intermediación de partido político alguno, bajo la conducción de un liderazgo colectivo y la práctica
asambleística en la toma de decisiones, quiebra
el modelo político y económico.
A esos hechos se sucedieron otros, como los
levantamientos campesinos de septiembre del
2000, el cerco campesino y la instalación del
cuartel indígena de Qalachaqa, en el altiplano
paceño en julio del 2001, la victoria de la denominada guerra de la coca en enero del 2002, la
victoria de los mineros de Huanuni, en julio de
ese mismo año, los levantamientos indígenas y
campesinos de enero y febrero del 2003 con la
victoria contra el impuestazo del FMI el 12 y 13
de febrero del 2003 y finalmente la expulsión
del poder del símbolo del neoliberalismo en
Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre
del 2003, que además impidió la venta del GAS
a Estados Unidos.
Durante estos períodos de lucha del pueblo boliviano, existieron los esfuerzos colectivos de
unificación y agregación de los movimientos sociales, expresados en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, la COMUNAL de
abril del 2001, el Estado Mayor del Pueblo en
enero del 2003, la recuperación de la COB en
agosto de ese año y la conformación de la
Coordinadora Nacional de Recuperación y Defensa del Gas en septiembre del 2003.
90
Las elecciones de junio del
2002, reflejo de las múltiples
Bolivias
En medio de todo esto, el resultado de las elecciones del 30 de junio el 2002 pone al descubierto, una vez más, a las múltiples Bolivias: una
en la que el MAS obtiene la mayoría en La Paz,
Oruro, Potosí, cinturones de pobreza y en Cochabamba, reflejo de la indignación y recuperación de la dignidad con la Guerra del Agua; otra
Bolivia en el Oriente con el MNR, voto oligárquico y conservador de los sectores que usufructuaron el esfuerzo económico del occidente en las décadas pasadas; otra Bolivia en la casi
extinción de las coaliciones partidarias neoliberales; las Bolivias de los gobernantes, que hacen
negocios, que mienten, que roban, que estafan;
la Bolivia de los parlamentarios que levantan las
manos y que ganan jugosas dietas; la Bolivia de
los excluidos, de los marginados expresados en
esos votos de ilusión, de fantasmas, de un escenario donde nunca se han solucionado ni se solucionarán los verdaderos problemas de la gente.
La otra Bolivia política, emergente, de los movimientos sociales, de los indígenas de las tierras
bajas y altas, de los cocaleros, de los sin jubilación, de los mineros de Huanuni, de las y los
guerreros del agua, de los regantes, de los verdaderos protagonistas de las últimas luchas a
partir de abril del 2000; ese mundo que pretende ser apropiado por algunos caudillos, que
quieren ser poder arriba, que en el fondo también le tienen miedo al verdadero poder, al de
abajo, al de las asambleas, de los cabildos, de la
revocabilidad, de la crítica, de las decisiones colectivas, de la consulta, no de la imposición, no
de mandar, no de imponer, sino de obedecer.
En las elecciones de ese año se puso en evidencia la Bolivia de los partidos, de las elecciones,
de los engaños, de un circo llamado parlamento,
de la gobernabilidad, de las encuestas, de la
competencia entre quién miente más y mejor,
de los oportunistas, traficantes y traidores, de
aquellos que nunca estuvieron en las calles ni
los caminos, pero que se atreven a hablar en
nombre de nosotros, que no se ensuciaron las
manos al bloquear y no se empaparon con el
sudor, las angustias de los pobladores, que no
recogieron a sus muertos y heridos, pero que
se dejaron sobornar por las dietas, por ser parte del mundo de corrupción, los representantes
del pueblo, que nunca estuvieron con él, en los
conflictos. El parlamento, pese a la presencia de
indígenas, sigue siendo una representación señorial, sigue siendo, todavía el mundo dominante de la política en nuestro país. Es claro, sin embargo, que el nuevo “espectro” político-partidario ha asustado a la oligarquía. Las últimas cartas de la derecha: la alianza de los partidos, el
comíteísmo, las oligarquías empresariales, cívicas y las transnacionales.
A nuestro entender ya no sólo son los intereses oligárquicos locales los que definen los gobiernos en Bolivia, ahora es la descarada y nada
disimulada intervención de la embajada norteamericana en estos asuntos. Es la intervención de
las transnacionales que obligan a políticos, elites
cívicas y sindicales a unirse en base al “prontuario” de sus más connotados jefes, para tratar de
continuar con un modelo inhumano, excluyente, donde el Estado ha sido diseñado para favorecer estrictamente a dos sectores: la banca internacional y las transnacionales petroleras.
Lo paradójico es que aquellos verdugos, vendepatrias; aquellos que mancharon sus manos con
sangre en las minas, en el Trópico de Cochabamba, en el altiplano paceño y otros lugares, piden
“tregua”, “paz” a aquellos que ya llevamos 19
años sin tregua, despojados de nuestros derechos, penalizados por organizar sindicatos, aplicándonos de manera inmisericorde el Artículo
55 del 21060, resistiendo represión, gases, balas
y helicópteros, mientras éstos se han dado los
más grandes festines con el producto de nuestro esfuerzo.
No puede haber tregua ni paz. Cuando los poderosos hablan de pan, es que habrá hambre,
cuando hablan de empleo es que cerrarán minas, fábricas y escuelas, cuando hablan de tregua
y paz es que construirán más cuarteles y cárce-
les, cuando hablan de soberanía regalarán nuestro gas, cuando hablan de tregua y concertación
estarán preparando un plan tenebroso para desarticular el movimiento popular.
Bolivia ya no es la misma
La demanda de la Asamblea Popular Constituyente, NO a la venta del Gas, la presencia de
una oposición parlamentaria real y no pactada,
las elecciones municipales próximas con posibilidad de romper el monopolio de los partidos
políticos, esta es parte de la agenda de los movimientos sociales, de la base de la sociedad,
por una parte. Por el otro lado está la agenda
del nuevo gobierno, la venta del Gas, el paquete
tierra, la mercantilización del agua, el ALCA, la
inviabilidad de solucionar y atender las demandas pendientes de los sectores sociales y los
conflictos que surgirán a partir de éstos.
Nuestro país está en la bancarrota, el pronto
colapso de las AFPs, el endeudamiento del Estado con las mismas, la falta de fiscalización de las
empresas de los bolivianos manejadas por los
extranjeros, la terquedad a cambiar esta democracia representativa por una democracia participativa, como quiere la gente, supone la continuación de la lucha que hemos emprendido a
partir de abril del 2000. Sentimos los vientos de
bronca y dignidad que recorren en las calles, las
carreteras, las fábricas, las comunidades, los
mercados, las escuelas, las cárceles, los cuarteles, lugares que un día, gracias a la ceguera, sordera y torpeza de los gobernantes y políticos, se
han ido convirtiendo en trincheras de resistencia y rebelión.
La Construcción de Nuevas
Formas de Participación
y Poder Popular
La lucha por el agua, el Gas, la electricidad, los
servicios básicos y la lucha por la sobrevivencia
ha producido la creación de espacios de reflexión, de re-conocimiento entre la gente sencilla
y trabajadora del campo y la ciudad. En estos espacios se está asistiendo a la construcción de
91
espacios de deliberación, de propuestas, de organización, de movilización, de indignación, estamos construyendo entre el viejo mundo del trabajo y el nuevo mundo trabajador un nuevo
pensamiento, un nuevo discurso, nuevas actitudes, nueva “institucionalidad”, estamos recuperando nuestras identidades ante el poder del
capital, construyendo liderazgos horizontales y
colectivos, transparentes y dignos.
Estas luchas que son a partir de la cotidianidad
de la gente, la gente las va ligando con los temas
de lo político, del poder.
La gente que antes sólo trabajaba sin saber el
destino de su esfuerzo ahora se pregunta donde va el producto de su trabajo y reclama controlarlo a fin de que beneficie a todos.
La gente que antes sólo soportaba el engaño de
políticos y gobernantes ahora desea hacerse
cargo del destino político del país. La gente que
antes aguantaba callada su triste destino ahora
ha recuperado la palabra y exige ser oída. La
gente que antes toleraba la discriminación de su
apellido, su idioma y su color de piel, ahora los
exhibe orgulloso y reclama un gobierno donde
su lengua, su cultura y sus tradiciones sean carta de ciudadanía y de poder.
Miles y miles de indígenas aymara-quechuas, miles y miles de trabajadores, de asalariados, de jóvenes, de regantes, de amas de casa hemos decidido romper el abusivo monopolio del poder,
la riqueza y el dinero concentrada en manos de
una casta de empresarios y políticos y reclamamos nuestro derecho a disfrutar de la riqueza,
nuestro derecho a participar del poder, nuestro
derecho a deliberar la administración del bien
común.
Una nueva nación, un nuevo Estado, una nueva
ciudadanía, un nuevo futuro es lo que hombres
y mujeres trabajadores de la ciudad y el campo
hemos comenzado a desear, a construir, a soñar.
Estamos por tanto ante el inicio de una nueva
época de largas luchas por la reconquista de derechos sociales, por la descolonización, por la
recuperación del patrimonio colectivo, por la
ampliación de la democracia y la formación de
autogobierno de la gente sencilla y trabajadora.
92
La Agenda de los movimientos
sociales y el traslado de la política y las decisiones a las calles y a los caminos
Como hace siglos, como hace 10 años, como
hace 5 años, hoy nuevamente la gente sencilla y
trabajadora llora a sus muertos caídos por reclamar trabajo, justicia y dignidad.
Como siempre, un Estado excluyente y unas elites insensibles desprecian a una sociedad indígena y laboriosa que no tiene otro medio para
ser oída que no sea el cerco y la protesta.
Esta es la tragedia de una república diseñada para el disfrute de pocos, y el silencio y el abandono de muchos. Hoy, pese a las libertades democráticas, a las elecciones y la institucionalidad
política, este terrible desencuentro entre gobernantes y gobernados no ha desaparecido, sólo ha cambiado de forma.
Las huelgas, las marchas, los bloqueos que hoy
nos preocupan a todos son sólo una expresión
justa de un descontento colectivo, de un drama
social de millones de indígenas y campesinos,
de miles y miles de artesanos, de obreros, de
profesionales que no tenemos futuro para vivir
decentemente, que no tenemos trabajo estable
para mantener a nuestras familias, que no tenemos tierra para extraer sus frutos y que por
nuestro apellido o nuestra cultura estamos
condenados a ser ciudadanos de cuarta o quinta categoría.
Este divorcio entre los de arriba y los de abajo,
entre indios y mestizos, entre oriente y occidente, entre ricos y pobres no se soluciona con
tanques ni balas, con amenazas ni sobornos. Requiere construir un nuevo país, donde todos
seamos iguales, sin importar el idioma, el color
de piel, el apellido o el lugar de nacimiento; requiere una nueva economía donde todos puedan desarrollar dignamente sus capacidades y
nadie monopolice la riqueza producida con el
esfuerzo de otros; requiere una nueva política
en la que la individualidad y la colectividad sean
reconocidas como sujetos políticos con capacidad de influir en las decisiones públicas, en fin,
necesita que el gobierno exprese todos los intereses de la sociedad y que no sea su enemigo,
como lo es hasta hoy.
zarnos, armarnos con ideas, palabras y municiones, porque es mejor morir luchando, que vivir
para ser esclavos”.
Los muertos desde abril del 2000 hasta octubre
del 2003 y abril del 2004, han reclamado desde
sus barricadas y cercos ¡Cambios Económicos y
Cambios Políticos!
Bolivia, Septiembre del 2004
Los cambios económicos significan la recuperación de todo aquello que ha sido despojado a
los bolivianos y bolivianas, nuestro patrimonio
colectivo expresado en las empresas de agua,
luz, ferrocarriles, aviones, fábricas y fundamentalmente el petróleo, los hidrocarburos, el GAS,
nuestros aportes para la jubilación, ahora en
manos de las transnacionales más poderosas del
mundo.
Los cambios políticos significan, una nueva forma de participación social, en la deliberación de
nuestro presente y nuestro futuro, pero sobre
todo en la decisión de nuestro destino. Hoy todos en Bolivia reclaman PAZ y PACTO SOCIAL, para nosotros esto significa un acuerdo
concertado entre todos los sectores de la ciudadanía que permita que las leyes se obedezcan,
no por miedo a la represión o la cárcel, sino
porque todos hemos sido partícipes de su elaboración, ese pacto social es la Asamblea Constituyente Popular y de Pueblos Originarios.
Saludamos el referéndum al cual va a asistir el
pueblo uruguayo el próximo 31 de octubre, es
un espacio construido de manera laboriosa por
miles de hombres, mujeres, y ancianos, un espacio de decisión, desde abajo, nosotros venimos
saliendo de un referéndum, impuesto desde
arriba, por los intereses de las transnacionales
del imperio, el vuestro es una forma de rediseñar una nueva patria, un nuevo Uruguay, como el
que soñó Artigas y como lo soñaron Tupac Katari, Simón Bolívar y el Che.
Ya lo dijo don Federico, un viejo dirigente minero que ahora vive en Villa México un barrio empobrecido, al sur de la ciudad de Cochabamba:
“Nuestros pueblos se están preparando para
reconstruir nuestra América. Debemos organi93
III.7
India - Entre participación
y privatización
Ann Kathrin Schneider32
94
32 Trabaja en la organización no gubernamental WEED, en Berlín, y condujo un estudio sobre la política del agua del Banco Mundial en
áreas rurales, por encargo de Pan para el Mundo.
Las debilidades de la política
de agua del Banco Mundial
La política del agua del Banco Mundial (BM) resulta decisiva para todo el sector. Si bien las donaciones financieras de la institución son de menor importancia que los créditos y subvenciones de los donantes bilaterales, por su posición
destacada en el ámbito de la cooperación para
el desarrollo, el banco influye enormemente en
las políticas tanto de los gobiernos que reciben
créditos como de los donantes bilaterales. Tres
documentos para formular una estrategia referida al sector (Water Resources Sector Strategy, Water and Sanitation Business Plan, e Infrastructure Action Plan) fueron aprobados en
2003 y constituyen una señal clara de que el BM
tratará de incrementar aún más su papel en este tema. Pero primeras experiencias en la India
muestran que el incremento de los medios financieros no contribuye necesariamente a mejorar el acceso al agua de los grupos más pobres
de la población.
En cuanto a la distribución de agua en las ciudades, el BM le otorga gran valor a la participación
de sector privado y apoya los gobiernos en este sentido. En relación con las áreas rurales, lo
que caracteriza la política del BM es el traspaso
de responsabilidades y costos a los/as usuarios/as, llamando este enfoque “participativo” y
“orientado a la demanda”.
Una mayor participación de los/as usuarios/as
en las decisiones correspondientes al sector
podría mejorar efectivamente su acceso al agua
potable, considerando que en el pasado las instituciones públicas no pocas veces descuidaron
los intereses de la población local cuando se
trató de planificar y realizar proyectos de agua.
Pero a quién se hace referencia cuando se habla
de “población local”? Qué intereses deben articularse, ser tomados en cuenta y gestionarse y
a cargo de quién estará la financiación? Hay una
contraparte? Quién debe encargarse de implementar los planes?
En la India, el BM ha venido colaborando estrechamente con el gobierno desde comienzos de
la década del noventa para lograr que el sector
se abra a actores privados y las responsabilidades financieras se trasladen a los/as usuarios/as.
“En la India el agua ha sido tradicionalmente un
bien social. Desde hace diez años, sin embargo,
se intenta redefinirla como bien económico”,
declaró el señor Kulappa, quien desde hace una
década está a cargo de la planeación y dirección
de las reformas en el sector en ese país, representando los intereses del BM.
Pero también en India, como en muchos otros
países, las reformas se implementan muy lentamente. El desinterés de las empresas privadas
en hacerse cargo del servicio de agua en las regiones pobres del sur, junto con la resistencia de
la población contra la privatización y al aumento de los precios obstaculizaron el proceso. A
principios de 1999 el gobierno nacional introdujo reformas en los sectores de agua y saneamiento de áreas rurales, que llevan la inconfundible marca del BM y reflejan el abandono del
paradigma orientado por la oferta y la adopción
de uno que se rige por la demanda. Las reformas del sector respaldaban enfoques participativos de gestión del agua en áreas rurales y debían colocar a las comunidades y agrupaciones
de la sociedad civil local en capacidad de responsabilizarse por su propio abastecimiento de
agua, sin depender de apoyos externos, o sea,
del Estado.
Un año antes de la aprobación del programa de
reformas para el sector, el BM publicó un informe ampliamente difundido sobre el servicio de
agua y saneamiento en zonas rurales de Asia del
Sur (Banco Mundial, 1999). En este informe se
cuestiona que el agua no tenga costo alguno para los usuarios y que toda la responsabilidad del
sector recaiga sobre el gobierno; además, según
el informe la predominancia estatal y la falta de
una orientación comercial desalentarían al sector privado.
El BM señala luego que el suministro de agua,
por el crecimiento de la población y las crecientes necesidades, será cada vez más costoso.
95
Considera poco probable que aumenten los
gastos estatales en el sector, por lo que recomienda descargar gradualmente sobre los/as
usuarios/as la totalidad de los costos. En el informe publicado en 1999 se lee:
“El objetivo más importante de esta estrategia
es cubrir los costos totales del suministro de
agua (inversiones, costos de mantenimiento y
reparaciones) con el precio del servicio. En caso de que deba recurrirse a créditos para inversiones, los intereses deberán ser incluido en el
precio del servicio y por lo tanto financiados
por los/as usuarios/as” (World Bank, 1999, p.
XVIII).
En la India, el BM impulsó el proceso de reformas con programas de reformas financiados
con créditos y proyectos piloto. Entre 1996 y
2002, probó su enfoque de participación, orientación a la demanda y cobertura de costos en
unos 1.000 poblados en el estado de Uttar Pradesh. La ofensiva del banco rindió sus frutos: el
programa de reformas del gobierno indio de
1999 es el mayor proyecto de reforma del sector del agua regido según la orientación a la demanda. En agosto del 2001, las reformas ya se
habían implementado en más de sesenta distritos del país, de casi todos los estados federales.
Efectos de la política
del Banco Mundial
La política actual de agua del BM corresponde a
primera vista con la visión de muchos/as que
abogan por mayores niveles de participación y
que al ser considerado lo “participativo” y
“orientado a la demanda”, los intereses de la
población quedarían en un lugar central.
El enfoque del BM resulta sin embargo cuestionable, porque limita la responsabilidad del Estado en el suministro de los servicios básicos.
Además, el concepto de participación del BM
resulta extremadamente limitado, y da a los/as
usuarios/as menos posibilidades de iniciar procesos por iniciativa propia, de dirigirlos o de tomar decisiones bajo su propia responsabilidad,
aunque las obligaciones financieras que deben
afrontar son mayores. Para el BM participación
96
no significa que la población se empodere mediante la participación democrática, que pueda
controlar la política del gobierno o favorecer
sus intereses y hacer valer sus intereses y derechos frente al Estado, sino la reducción de las
obligaciones públicas y la ampliación de las responsabilidades financieras de la población.
Para los sectores más pobres, la implementación de los conceptos de participación y orientación a la demanda en el área del agua no ha sido positiva en el pasado. Jasveen Jairath, directora del South Asian Consortium for Interdisciplinary Water Resources Studies [Asociación sudasiática para el estudio interdisciplinario de los
recursos acuíferos], investigó los proyectos de
agua para uso agrícola en zonas rurales con enfoque de participación y orientados a la demanda en el estado indio de Andrah Pradesh. Determinó que la participación de la población, cuando se inició en el marco de un crédito del BM,
raras veces es duradera.“Los miembros más débiles de la comunidad no tienen el más mínimo
control en estos sistemas y pierden el interés al
poco tiempo”. Frecuentemente las elites locales
más influyentes de cada poblado pasan a dominar los procesos de participación impulsados
por el Banco Mundial.
A pesar de inversiones anuales en el área del
agua, que rondan los 3.000 millones US$, por el
momento el banco no ha conseguido mejorar
sensiblemente el acceso al agua de los pobres.
Al contrario, la privatización del suministro en
muchas ciudades del sur y la comercialización
del agua - que deja de ser un bien público para
pasar a ser una mercancía - en muchos casos
encarecieron y empeoraron el servicio. El mismo departamento de evaluación interno del
banco determinó en 2002 que sus proyectos de
suministro de agua hasta el momento no habían
tenido efectos significativos para la reducción
de la pobreza (Operations Evaluation Department, 2002). Es más, la misma instancia interna
de control afirmaría un año más tarde, que en
ninguno de los países que recibieron créditos
del BM para proyectos relacionados con el agua
hubo regulación estricta del precio del agua
que incluyera disposiciones especiales para lo-
s/as más pobres (Operations Evaluation Department, 2003).
La concentración del BM en la productividad
económica del sector y la desatención de la
problemática del acceso al servicio es la razón
fundamental para su falta de progreso en hacer
llegar el agua a los sectores más desprotegidas
de la población.
Valores ecológicos, culturales, religiosos y de
derecho humano del agua desaparecen tras cálculos de costos, efectividad y rentabilidad. Dado
que al aplicar el principio de orientación a la demanda el acceso al agua se define en función del
poder adquisitivo, la marginalización de los sectores de menores ingresos de la población es la
consecuencia lógica. Con la entrega del sector a
usufructuarios privados, el Estado renuncia a la
posibilidad de controlar y de gestionar en forma sustentable y socialmente redituable el recurso agua.
Bibliografía:
Operations Evaluation Department, Bridging Troubled Waters,Washington D.C., 2002.
Operations Evaluation Department, Efficient, Sustainable Service for
All? Washington D.C. 2003.
World Bank, Rural Water Supply and Sanitation, Mumbai/Washington, D.C., 1999.
97
III.8
Filipinas- El servicio de agua
en Manila: entre el afán de lucro
y los derechos humanos
Nils Rosemann
98
33
33 Antiguo colaborador del Deutsches Institut für Menschenrechte (Instituto Alemán para los Derechos Humanos) y trabaja en Berlín y
Ginebra como abogado, asesor independiente y periodista.
Privatización fracasada
Los/as habitantes de la capital filipina, Manila, sufren desde hace tiempo las consecuencias de un
deficiente servicio de agua. La privatización hace algunos años atrás mejoró la situación sólo
por un breve lapso, y pronto volvieron a acumularse los problemas. Hoy las partes involucradas
se enfrentan ante los tribunales y se necesitan
urgentemente nuevos conceptos.
Gente afectuosa, tránsito caótico y permanentes y visibles contrastes entre ganadores y perdedores de la globalización reciben a los/as visitantes de Manila. Unos 13 millones de habitantes viven en la capital de las Filipinas. La megalópolis crece de manera incontrolada, e igualmente lo son las consecuencias sociales y ecológicas
de esta situación.
Uno de los mayores problemas de Manila es el
déficit de agua potable y saneamiento. Según datos oficiales, en 1997 cerca de 27% de los habitantes – o sea tres millones de personas - carecía de agua potable, mientras que aproximadamente 90% (11,7 millones de personas) no tenía acceso a la red pública de aguas servidas. Pero los números reales bien podrían incluso mayores, si se consideran la sostenida inmigración
y los asentamientos ilegales. La falta de agua potable constituye una violación de los derechos
humanos, y en Manila adquiere además el carácter de discriminación social: las empresas estatales de agua se negaban a llevar el agua a las villas miseria y asentamientos ilegales por el miedo de contribuir de esta forma a su legitimización.
En la búsqueda de capital
privado
En Manila, como en el 95% restante del mundo,
los servicios de agua y saneamiento estaban en
manos públicas. Este área está entre las de mayor intensidad de inversión, y los países del Sur,
con el fin de superar la brecha entre lo disponible y lo requerido – frecuentemente por presiones de la cooperación internacional y bilate-
ral para el desarrollo - salen a buscar capitales
privados.
A raíz de una escasez inédita de agua en 1995
con muchas victimas fatales por el cólera y
otras enfermedades asociadas al agua, el entonces presidente Marcos puso la búsqueda de inversores privados en manos de un grupo, dirigido por la International Finance Corporation, sucursal del Banco Mundial y compuesto por abogados de Nueva York, expertos internacionales
y asesores de la multinacional del agua SuezLyonnaise des Eaux.
Las empresas privadas quieren obtener ganancias e invertir con seguridad. A cambio de la
promesa de un mejor servicio de agua potable
se privatizan las empresas públicas de agua y se
les da a las empresas privadas la posibilidad de
obtener ganancias con el suministro de agua.
Este debía ser, también en Manila, el camino para salir de la miseria. En 1998, la ciudad se dividió en dos áreas de servicios, la zona este y la
zona oeste, cada una de las cuales correspondería desde entonces a un consorcio mixto filipino-internacional que se encargaría de suministrar agua a la población, permitiendo según la
teoría la competencia y comparación en el suministro. En la zona oeste, Maynilad Water tuvo
como mayor socio internacional a Ondeo, empresa filial de Suez-Lyonnaise des Eaux, mientras
que en la zona este, Manila Water fue capitalizado por Northeast Water, que como resultado
de diversos traspasos y fusiones pertenece a
Thames Water, filial de RWE.
En lo inmediato todo pasó como previsto. El
precio del agua bajó, el servicio mejoró en varios aspectos y en los primeros cinco años más
de un millón de personas, en su mayoría de las
villas miserias, tuvieron acceso a la red de agua.
Pero se pagó un costo alto debido a la falta total de control estatal sobre el suministro de
agua e informaciones sólo indirectas sobre su
calidad.Y como la adjudicación se resolvió considerando exclusivamente el precio del agua,
únicamente este aspecto está sujeto a la influencia de la autoridad reguladora estatal,
99
mientras que, por ejemplo, la pérdida de agua
por cañerías defectuosas o uso ilegal del agua
aumentó de 61% (antes de la privatización) a
69% (en el año 2000) en la zona oeste, gestionada por Maynilad Water.
Precios altos, autoridad
reguladora con manos atadas
Las empresas participantes no realizaron las inversiones con capital propio, sino mediante créditos que obtuvieron en el mercado financiero internacional, por ejemplo del banco suizo Crédit
Suisse.Estos créditos estaban en dólares estadounidenses, pero la tarifa del agua se pagaba en peso moneda nacional. Cuando el precio del dólar
se cuadruplicó a consecuencia de la crisis asiática,
los ingresos se redujeron súbitamente a un cuarto de su valor original. Las empresas subieron las
tarifas y aplicaron un aumento por inversiones
realizadas. De modo que en la zona este el precio
del agua aumentó desde la privatización de 2,32
pesos a 12,21 pesos por metro cúbico (526%), y
en la zona oeste de 4,96 pesos a 21,11 pesos
(425%).
Este precio está todavía por debajo del precio del
agua en botella o de la que venden distribuidores
ambulantes privados, pero nuevamente se discrimina a los/as usuarios/as de las villas miserias. Para disminuir costos, se les colocaron tomas de
agua comunes, a las que sin embargo se adjudicó
la categoría tarifaria de toma domiciliaria. Dado
que su uso colectivo implica mayor consumo por
cada boca de expendio, sobre la base del sistema
de precios progresivo se cobran facturas más altas que las que deberían pagar las familias de los
barrios pobres con una toma de agua individual.
Otro problema es la impotencia de la autoridad
reguladora. Dado que fue creada en el marco de
la concesión, no es independiente, sino que está
adscrita a ambos socios públicos como privados.
De modo que no puede aplicar ninguna sanción si
no recibe la información requerida para comparar los servicios de ambas concesionarias. En este sentido, la privatización tampoco cumplió con
la promesa de competencia que a su vez redundaría en mejor calidad.
100
La negativa de la autoridad reguladora para
aprobar un aumento propuesto para 2003, dio a
Suez-Lyonnaise des Eaux el motivo para presionar a Maynilad Water para rescindir el contrato
de la concesión. Para llevar a cabo la rescisión
se elevó un procedimiento judicial de arbitraje
ante la Cámara Internacional de Comercio, con
sede en Paris, durante el cual Maynilad Water
suspendió sus inversiones así como los pagos
correspondientes al derecho de concesión. Naturalmente se siguieron cobrando las facturas
de agua que aseguraron los ingresos para la familia López (que está tras Maynilad Water) y su
imperio industrial Benpres Holdings Corporation, entre otros.
Como el gobierno filipino tenía que asumir el
pago de los créditos internacionales, que en
realidad debían pagarse mediante los cánones
de la concesión, tuvo que recurrir al mercado financiero privado para obtener un nuevo crédito en cuyo consorcio participa con otros la
Deutsche Bank, elevando de esta manera el endeudamiento del país. A través del Banco de
Desarrollo Alemán fluyeron al mismo tiempo
fondos públicos alemanes para el otro inversor
privado, Manila Water.A causa de las inversiones
no realizadas se dio en noviembre del 2003 un
nuevo brote de enfermedades intestinales y de
cólera con 6 personas fallecidas.
¿Un mundo trastornado o más bien el verdadero rostro de la globalización? Lo cierto es que
en Paris la Cámara Internacional de Comercio
decidió que Maynilad Water no tenía motivos
de rescisión y estableció que debía pagarle cerca de 109 millones US$ al gobierno. Pero dado
que exigir este pago en el año electoral 2004
pondría en contra del gobierno a una de las familias más influyentes y a uno de los mayores
imperios económicos, resulta dudoso que la decisión será aplicada en el plano nacional.
En busca de alternativas
El agua es una necesidad básica de las personas
e indispensable para la vida. El acceso al agua es
un derecho humano que los Estados deben garantizar y las empresas respetar. La experiencia
de Manila deja en claro que para responder estos retos es necesario encontrar alternativas a
la privatización. Se están haciendo varias cosas
en ese sentido. Por ejemplo, en Manila se discuten posibilidades como cooperativas de suministro de agua, o sociedades locales que abarquen proveedores estatales, trabajadores y consumidores/as. En el plano internacional se desarrolla un movimiento apoyado por los sindicatos de los servicios públicos que promueve
alianzas entre empresas públicas como alternativa a las privatizaciones a fin de fomentar el intercambio de experiencias y el mejoramiento
del suministro público en vez de privatizaciones.
101
III.9
102
Indonesia - Resistencia
a la corrupción
de RWE / Thames Water
Situación inicial
Las violaciones a los derechos humanos por el
régimen de Suharto eran mundialmente conocidas. Sin embargo,Thames Water asumió el suministro de agua de Yakarta en 1998. El resultado
fue corrupción, precios elevados, inversiones insuficientes y gran resistencia de la población
contra el consorcio.
Un mercado prometedor
a pesar del régimen Suharto
El crecimiento exponencial de la población de
Yakarta fue una de las razones por el estado deplorable de su red de agua potable. Sin embargo, inversionistas extranjeros se mostraron interesados en asumir la distribución de agua potable de la metrópolis, esperanzado en que la
clase alta de Yakarta sería la clientela potencial
en un prometedor mercado asiático. Comenzó
un largo proceso de cabildeo que culminó exitosamente en 1995, cuando Suharto decidió la
privatización de la empresa estatal de agua potable Pam Jaya en Yakarta. Con el apoyo del Banco Mundial y del Departamento Británico para
el Desarrollo Internacional y facilitado por el hijo de Suharto,Thames Water firmó un contrato
por el cual se le otorgó la distribución del agua
de la zona este de Yakarta. La empresa Pam Jaya
pasó a ser una supervisora de forma, sin acceso
a la documentación y a los informes financieros
de los inversionistas extranjeros. De manera similar, Suez logró una concesión para el suministro en el sector oeste de la ciudad (Ladingign
2003, Grusky 2003 para la nota completa).
De corrupción…
Las críticas contra el proyecto no tardaron. Para conseguir la concesión y obtener las condiciones más favorables para la empresa, tanto
Thames Water como Suez habían respetado las
modalidades usuales en la economía del país y
priorizado el contacto con los círculos cercanos
a Suharto. Durante las insurrecciones en el
transcurso de la crisis asiática, los ejecutivos de
Thames Water y Suez buscaron refugio en Singapur y abandonaron el sistema de suministro
de agua de Yakarta. El gobierno indonesio aprovechó esta oportunidad para devolver la administración del suministro a manos públicas.
Cuando Thames y Suez regresaron, exigieron
una renegociación y lograron un nuevo contrato luego de tres años de negociaciones. Pese a
las huelgas y protestas masivas, las perspectivas
para Thames Water eran buenas. Mientras que
el parlamento se inclinaba en parte a favor de
los/as trabajadores/as en huelga, el gobierno
priorizó evitar un conflicto con Thames Water y
Suez para no ahuyentar inversionistas extranjeros. En el 2001 se firmó un nuevo contrato. Entre otras cosas, preveía el despido de 500 trabajadores/as a cambio de la creación de una autoridad reguladora. Se fundó un nuevo consorcio
bajo el nombre Thames Pam Jaya con una participación del 95% para Thames Water.
… promesas incumplidas…
Pero la corrupción no fue el único problema.
Tanto Thames Water como Suez no cumplieron
con los compromisos acordados en cuanto a
nuevas conexiones. Pese a todas las promesas
de los inversionistas privados, la población de
Yakarta sigue quejándose de la mala calidad del
agua y de los constantes cortes en el suministro. Por si fuera poco, un grupo de expertos
comprobaron que el agua contenía una alta concentración de metales pesados y residuos de
detergentes. Mientras ninguno de los dos consorcios cumplía con sus obligaciones contractuales de ampliar las instalaciones, se quejaban
que la administración municipal no autorizaba
en su totalidad el incremento de los precios del
agua que habían exigido (Yakarta Post, enero
2003 según Hall 2003f: 7). Un vocero de Suez
llegó a justificar la mala calidad de los servicios
con la negligencia de los/as trabajadores/as,
quienes no estarían dispuestos/as a cooperar
con empleadores extranjeros (Landingin 2003).
103
… hasta contratos sin margen
de maniobra
Pero las posibilidades legales de proceder contra Thames Water en Yakarta son casi nulas. Los
términos contractuales de la concesión establecen que en el caso de rescindir el contrato, la
ciudad debe pagar al consorcio la suma total de
lo invertido hasta la fecha de la rescisión, además del lucro cesante hasta completar el vencimiento del contrato de 25 años de duración.
Otro artículo del contrato establece solamente
requisitos mínimos en cuanto a condiciones
técnicas y de suministro, pero una fórmula para
el aumento semestral de los precios sin considerar el cumplimiento de las metas.
Resistencia en la calle
La privatización del suministro de agua de Yakarta fue causa frecuente de protestas masivas
en las calles y huelgas en los últimos años. Desde comienzos del año 2003 no cesan las manifestaciones estudiantiles contra otros proyectos
de privatizaciones de agua. Las asociaciones de
consumidores/as critican el incremento de los
precios del agua, el acceso deficiente para los/as
pobres y las grandes pérdidas de agua por fugas.
Por el elevado endeudamiento de Thames Pam
Jaya, el consorcio anunció fuertes incrementos
adicionales de precios, amenazando con retirarse de Yakarta en caso contrario. Será pues una
posibilidad concreta para conocer lo que significa para RWE su afirmación de “asumir un verdadero compromiso con las poblaciones por
nosotros atendida” (RWE 2003a).
104
105
III.10
Porto Alegre- Participación Popular,
Control Social y Gestión Pública
de Agua y Saneamiento
Odete Maria Viero34
106
34 Ingeniera Civil - Asesora de la Dirección General Departamento Municipal de Agua y Saneamiento Alcaldía Municipal de Porto Alegre.
Introducción
Porto Alegre es capital del Estado de Rio Grande do Sul, estado que se sitúa en el extremo sur
de Brasil. Fue fundada el 26 de marzo de 1772 y
está poblado por colonos portugueses del Archipiélago de las Azores. Se llamaba “Porto Alegre dos Casais” (Puerto de las Parejas Matrimoniales), en alusión a los primeros habitantes y a
la condición de ciudad portuaria, que le daba
una posición geográfica estratégica en los inicios de la ocupación.
La ciudad tiene aproximadamente 1.400.000 habitantes. Los servicios de agua y drenaje sanitario son administrados y gestionados por el Departamento Municipal de Agua y Drenaje Sanitario (DMAE), que planifica, supervisa, ejecuta y
mantiene los equipos para captación, tratamiento y distribución de agua, como también para
colecta y tratamiento de aguas negras. El sistema de abastecimiento de agua del municipio
atiende actualmente el 99,5% de la población
(564.287 usuarios), a un precio de R$1,4682
(USA$ 0,49) por 1000 litros, uno de los más bajos del país. En el ámbito del drenaje sanitario,
en 1990 se recogía residuo sanitario aproximadamente en el 70% de los domicilios, porcentaje que aumentó al 84% en el año 2000. En 1990
se trataba solamente el 2% de este residuo; hoy
este índice creció hasta el 27%.
Porto Alegre se enorgullece de tener, entre las
ciudades con más de 500 mil habitantes, la mejor calidad de vida de Brasil, de acuerdo con el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En octubre de 2003, investigaciones de la ONU realizados en todos los municipios brasileños, destacan a Porto Alegre como
la metrópoli con mayor índice de Desarrollo
Humano del País (IDH=0,865), considerado “alta calidad de vida”. Siendo comparable a los grados alcanzados típicamente por las ciudades capitales de los países desarrollados. Los sistemas
de suministro de agua y drenaje sanitario ejercen un papel fundamental en los altos índices de
Porto Alegre.
La ciudad tiene una de las más bajas tasas de
mortalidad infantil en todo el país, 13,8, mientras la tasa de mortalidad infantil nacional es de
65 por 1.000 nacimientos. Hay una correlación
directa entre baja mortalidad infantil y el proceso de mejorar los niveles de suministro de agua
y de drenaje sanitario.
En el año de 2001, en la elaboración de la planificación estratégica, el DMAE definió su misión
que, además de orientar la gestión futura del
Departamento, ya reflejaba su línea de acción
desde el año de 1989, que es:
"Ser excelencia en la prestación de servicios públicos de saneamiento ambiental, con énfasis en
agua y aguas residuales, contribuyendo a la gestión sustentable de recursos naturales y a garantizar la calidad de vida de la comunidad portoalegrense, con universalización del servicio y
control social."
Estructura de gestión
Hay tres niveles jerárquicos básicos en la estructura de gestión del DMAE. El primero es la
Dirección General del Departamento, ejercida
por el director general, que es nombrado por el
alcalde municipal de Porto Alegre para un período de cuatro años. El Director General nombra los superintendentes y directores entre los
empleados del Departamento, componiendo el
llamado Consejo Técnico Gestor (cerca de 30
personas).
El Consejo Técnico Gestor se reúne semanalmente. Es responsable del análisis de proyectos
y obras internas del Departamento, discusión
del Presupuesto Anual y decisión de prioridades. También da soporte técnico, consultoría e
informaciones al Consejo Deliberativo.
Finalmente, está el Consejo Deliberativo, que
controla y aprueba todas las acciones y decisiones tomadas por el DMAE, ejerciendo algunas
supervisiones y, de hecho, funciones decisivas de
gestión. El Consejo Deliberativo es un importante órgano colegiado, presidido por el Director General del DMAE, con poderes para aprobar las principales decisiones que deben ser tomadas por el Departamento y para opinar sobre varios asuntos secundarios.
107
El Consejo está formado por un representante
de cada una de las 13 siguientes entidades:
a) Asociación Comercial de Porto Alegre;
b) Sociedad de Ingeniería;
c) Centro de las Industrias de Rio Grande do
Sul;
d) Universidad Federal de Rio Grande do Sul;
e) Instituto de Abogados de Rio Grande do Sul;
f) Sindicato de los empleados del Municipio de
Porto Alegre;
g) Asociación Riograndense de Prensa;
h) Sociedad de Economía de Rio Grande do Sul;
i) Departamento Intersindical de Estadística y
de Estudios Socio-Económicos (DIEESE);
j) Asociación Médica de Rio Grande do Sul;
k) Asociación Gaucha de Protección del Ambiente Natural;
l) Unión de las Asociaciones de Habitantes de
Porto Alegre;
m) Sindicato de las empresas compra, venta, alquiler y administración de inmuebles y de edificios en condominios residenciales y comerciales del Estado de Rio Grande do Sul - SECOVI/RS.
Los miembros del Consejo y sus suplentes son
nombrados por el alcalde, de una lista de tres
nombres para cada una de las organizaciones
participantes. El mandato de sus miembros es
de tres años, pero cada año se debe renovar 1/3
de ellos. Se reúne semanalmente para asuntos
de rutina, cuando siete miembros forman el
quórum, y para asuntos extraordinarios cuando
son convocados por el presidente o a petición
del propio Consejo. Las actas de los reuniones
están a disposición del público.
108
El Consejo es responsable de la aprobación de
las licitaciones, contratos y convenios en los que
el DMAE hace parte, de las tarifas de agua y
drenaje sanitario, de la propuesta anual de presupuesto, del informe económico financiero, de
las operaciones financieras, de las enajenaciones
de materiales inservibles, baja de bienes patrimoniales y política general de personal, cuando
sea pedido por el director general del Departamento. Cabe destacar que esto último no abarca lo relativo a la contratación de empleados
del DMAE.
Además de esta estructura de gestión, el DMAE
debe someterse a dos formas de rendición de
cuentas. A la auditoría realizada por el Tribunal
de Cuentas del Estado y al Presupuesto Participativo. Éste pretende atender las prioridades de
la población en cuanto a la localización y a las
nuevas inversiones. Por ejemplo, en los últimos
15 años, el DMAE ha extendido prioritariamente el alcantarillado a las áreas escogidas por la
población durante el proceso del Presupuesto
Participativo, atendiendo, incluso, habitantes de
bajos ingresos, localizados en áreas informales
de la ciudad.
Sustentabilidad de la Gestión
Pública
Destacamos tres puntos que juzgamos importantes para la prestación de esos servicios: 1Los principios que guían al Gobierno de la Ciudad y al DMAE en el suministro de los servicios;
2- La autonomía del DMAE en la operación y
administración de los servicios; 3- La participación de la Sociedad Civil, especialmente por el
Presupuesto Participativo.
Principios guías del DMAE
en la prestación de los Servicios:
En la prestación de los servicios, el DMAE trabaja con las siguientes convicciones:
• El agua es una necesidad de todo ser vivo y hace parte del ciclo de la vida, por eso debe ser
un bien público.
• Las necesidades básicas de la población no
pueden ser fuente de lucro privado.
• Los servicios esenciales para la población son
estratégicamente importantes para una nación
y tienen que ser administrados por la voluntad
general de las personas, expresada en un Estado.
• Una administración pública puede ser tan buena, competente y eficiente, si no mejor, como
una empresa privada, y garantiza las condiciones
para que se preste un servicio más barato al público.
El DMAE como un Departamento
autónomo y autosuficiente:
A pesar de ser totalmente propiedad del municipio, el DMAE tiene personalidad jurídica propia, autonomía operacional e independencia financiera. Puede tomar sus propias decisiones
en cómo invertir la recaudación y tales decisiones no están sujetas directamente a la interferencia o deliberación de la municipalidad. Pero
el gobierno municipal mantiene un poder significativo, ya que es el Alcalde quien nombra al director general del DMAE y a sus representantes en el Consejo Deliberativo.
Adicionalmente, la responsabilidad del sector
público en el suministro de agua y servicios de
drenaje sanitario es discutida y planificada internamente por el “Consejo Técnico Gestor” y el
desempeño del DMAE es supervisado externamente por el “Consejo Deliberativo”, compuesto de miembros representantes de diferentes
asociaciones civiles.
Las finanzas del DMAE son independientes, por
eso el Departamento no recibe subsidios, y no
paga dividendos a la Alcaldía, ni siquiera para
subvencionar otros servicios públicos. El DMAE
transfiere a la Alcaldía solamente los valores correspondientes a servicios ejecutados en conjunto con las demás secretarías o departamentos, como por ejemplo: tarifa de drenaje pluvial,
referente a una parte de la red pluvial de la ciudad que el DMAE utiliza para conducir las aguas
residuales, donde no existe red exclusiva para
ello, y cobra, junto con la cuenta de agua, la tarifa de drenaje sanitario, pero transfiere la mis-
ma al Departamento de Drenaje Pluvial (DEP)
que es el que mantiene esta red.
Como autarquía municipal, el DMAE está excento de impuestos, lo que no acontece con las
compañías públicas del Estado, lo que permite
mantener bajo el precio de la tarifa de agua, solamente para cubrir gastos corrientes e inversiones.
El DMAE, por ser una autarquía pública, reinvierte todo los excedentes financieros en el
propio sistema. En la fórmula del cálculo de la
tarifa de agua el Departamento tiene como meta reinvertir, anualmente, 25% de lo que recauda. Las tarifas en Porto Alegre, incluyendo la tarifa de agua, aguas residuales y servicios complementarios, son definidas de tal manera que
alcancen a cubrir todos los costos de operación, inversiones y de capital. Cuando hay necesidad de grandes inversiones, para desarrollar
obras de agua y drenaje sanitario en plazos relativamente cortos, el DMAE obtiene financiaciones específicas que son pagadas íntegramente con los recursos de la tarifa. La política de
"no dividendos", que permite minimizar los precios para una determinada cuantía de inversiones, ciertamente contribuye para que la tarifa
cobrada por el DMAE sea relativamente baja.
Como resultado el DMAE es autofinanciable,
cubriendo todos sus gastos con sus propios ingresos, lo que le permite financiar inversiones
sin el apoyo o el soporte de la Alcaldía.
La fórmula para el cálculo de precios permite
ampliar el sistema, teniendo en cuenta cuestiones sociales, mediante tarifa social subvencionada para consumidores de bajos ingresos. Más
precisamente, la tarifa social es aplicada a habitaciones unifamiliares hasta 40 m2, habitaciones
colectivas, construidas a través de programas
del Estado y del Municipio y algunas instituciones asistenciales y de caridad, entre otras. Los
que se benefician de la tarifa social pueden consumir hasta 10 m3 que pagarán apenas el equivalente a 4 m2. Si hay consumo excedente, no
entra en el cálculo progresivo y sí en el cálculo
lineal. Siendo así, el precio básico es aplicado a
los metros cúbicos que exceden a los primeros
diez m2. La tarifa social alcanza a 65.650 usuarios.
109
Participación de la Sociedad Civil
organizada por medio
del Presupuesto Participativo:
El “Presupuesto Participativo” (PP), es una forma de Democracia Directa. En la estructura organizacional del PP, los ciudadanos participan en
la región donde residen o en una área temática
particular. Los participantes escogen cuáles de
sus prioridades deben ser implementadas por el
Gobierno Municipal. Este proceso no se limita al
sector del agua y drenaje sanitario sino que se
aplica a todas las actividades del Alcaldía de Porto Alegre.
Cuando se discuten las demandas de agua y
aguas residuales, las reuniones del Presupuesto
Participativo se realizan bajo la coordinación del
DMAE, que presenta los criterios técnicos para
la selección e implementación de las obras. Ésa
es también una oportunidad en la cual el
DMAE se expone a las críticas y sugerencias del
público. Una vez que los ciudadanos toman las
decisiones sobre las prioridades para inversiones del sector, la aprobación de las demandas de
la comunidad, pasan, primero, por el análisis técnico del DMAE, teniendo como referencia el
"Reglamento Interno - Criterios Generales,
Técnicos y Regionales", que es aprobado por el
Consejo del Presupuesto Participativo (CPP).
En el año 2000, por ejemplo, se realizaron 250
levantamientos físicos para análisis de extensiones de red de agua y de alcantarillado, solicitados por el Presupuesto Participativo.
Realizado el análisis, el DMAE, mediante la Superintendencia de Desarrollo - SD, la División
de Planificación - DVL y la Asesoría de Saneamiento Comunitario - ASSEC, elabora la propuesta de inversiones y presenta al Consejo del
Presupuesto Participativo (CPP), para su aprobación, no sólo desde el punto de vista técnico
sino también desde el financiero. Después de la
aprobación del plan anual de inversiones, se forma un número de comisiones en el CPP para
controlar la implementación de las obras hasta
su conclusión. En el año 2000, se conformaron
38 comisiones de acompañamiento y en 2001
fueron 41 comisiones. Entre los años de 1992 2004, se aprobaron 546 obras de agua y drenaje sanitario como solicitudes comunitarias en
110
las 16 regiones del PP, además de otro grupo de
obras que fue aprobado como solicitud, en las
reuniones Temáticas del PP.
La apropiación de la gestión pública en las reuniones del PP fue un gran aprendizaje para el
ciudadano. La gente supo cómo se hacen los
proyectos, las licitaciones, la aplicación de los
recursos en las obras y compartió el peso de
administrar la ciudad. Los población aprendió
que el asfalto puro y simple resolvía apenas una
parte del problema. De nada vale poner una capa de pavimento hoy y romperla mañana para
realizar las obras necesarias de saneamiento.
Así, se creó un nuevo concepto: pavimentar llegó a significar, también, saneamiento básico. La
instalación de redes de agua y alcantarillado
precedió a muchas pavimentaciones. Saneamiento dejó de ser palabra exclusiva de las oficinas técnicas. En 1992 había siete temas cuyas
prioridades debían ser jerarquizadas por los
ciudadanos. El PP incluyó el saneamiento básico
(aguas y aguas residuales) como uno de ellos.
En 1992, 1993 1999, fue el escogido como prioridad para toda la ciudad.
Para 2001 ya eran 12 aquellos temas. Se agregó
uno nuevo como resultado de las discusiones
en cada región de la ciudad que recoge una evolución conceptual: el saneamiento ambiental.
Conclusión
La transparencia y la credibilidad de estas estructuras han alcanzado el reconocimineto de la
población.Todos los procesos de toma de decisión son realmente abiertos, desde las reuniones semanales del Consejo Deliberativo - cuyas
actas están a disposción del público- en donde
se le rinden directamente cuentas a la sociedad
civil, hasta el proceso de planificación de inversiones del Presupuesto Participativo. La municipalidad permanece en segundo plano, aunque
sea ella la que nombre los gestores y el Consejo Deliberativo, y conduzca el proceso del Presupuesto Participativo.
Estas estructuras contrastan con las de la mayoría de los sistemas públicos, y aún más con las
concesionarias privadas. En la mayoría de las
concesionarias privadas aun los términos de
concesión de contratos comerciales son reser-
vados, las reuniones de la Dirección son igualmente secretas, y no incluyen representantes de
la sociedad civil. Ninguna compañía privada propone para debate público sus planes de inversiones y prioridades presupuestales, como tampoco sus tomas de decisión, mediante un mecanismo semejante al del Presupuesto Participativo de Porto Alegre.
Asimismo, el sistema de suministro de agua de
Porto Alegre garantiza un nivel de credibilidad y
transparencia que rompe la asimetría de informaciones entre el regulado y regulador, suprime
los incentivos que son favorables a la lógica del
lucro y rompe el desequilibrio de poder y de recursos entre el operador y las autoridades concedentes.
El sistema reune tres objetivos de carácter público: la necesidad de la población de un servicio sustentable, la preocupación con el uso sustentable de los recursos naturales y el compromiso permanente de los ciudadanos en la administración de los dinero públicos.
A pesar de las dificultades pensamos que el Departamento Municipal de Agua y Saneamiento
de Porto Alegre es un buen ejemplo de cómo
una empresa pública municipal puede alcanzar
eficiencia y excelente desempeño sin cambiar
su condición legal de propiedad. En este sentido, transparencia, credibilidad y participación
popular parecen ser los catalizadores para que
el DMAE tenga el éxito conquistado, sin olvidar
la importancia de su estructura institucional.
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Letraeñe
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Guayabo 1907 - 11200 Montevideo - Uruguay
Telefax: 402 4605 - CE: [email protected]
DL:331.938/2004
ISBN: 9974-39-734-0

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