Descargar - Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia

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Descargar - Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia
TRATA DE PERSONAS MUJERES, ADOLESCENTES,
NIÑOS/NIÑAS CON
FINES DE EXPLOTACIÓN EN BOLIVIA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
LA PAZ
–
OCTUBRE DEL 2004
TRATA DE PERSONAS MUJERES, ADOLESCENTES, NIÑOS/NIÑAS CON
FINES DE EXPLOTACIÓN EN BOLIVIA
INDICE
INTRODUCCION
1. Panorama actual de la trata
1.1. La trata interna
1.1.1. ¿Quiénes son?
1.1.2. Redes de tratantes de blancas y el lavado de dinero
1.1.3. Rutas
1.1.4. Menores explotadas sexualmente: La Paz y otras ciudades
1.1.5. Menores explotadas sexualmente: El Alto
1.1.6. Recuperando almas extraviadas
1.2. La trata internacional
2. Niñez en situación de riesgo
2.1. Un bebe por un puesto de trabajo…
2.1.1. Una vida enajenada en la adolescencia
2.1.2. Niños no repatriados
2.2. Niños en la cárcel
2.3. Niños en trabajo forzoso
2.4. Maltrato físico y psicológico
2.5. Secuela de la violación
3. El Chapare y el Chaco, dos casos especiales
3.1. Política antidrogas y una de sus secuelas: explotación sexual
3.1.1. Violaciones… y arreglo
3.1.2. El destino del primogénito
3.1.3. Cultivo de la coca
3.1.4. Cultivos alternativos
3.2. El Chaco: dueños de tierras… y vidas
3.2.1. Abuso sexual en la zafra
3.2.2. Comunidades indígenas sin compasión
3.2.3. El Chaco del olvido
4. Otros factores de vulnerabilidad
4.1. El largo camino de la migración interna
4.1.1. Tipos de migración
4.1.2. Proceso de desruralización
4.2.
Indocumentados,
¡Más de 800 mil personas no existen legalmente…!
4.2.1. Por qué el alto número de indocumentados
4.2.2. “Si no existo legalmente puedo ser fácilmente víctima de la trata…”
4.3. Analfabetismo
5. Burlando la legalidad
5.1. Aumento de expedición de pasaportes
5.2. Suplantación de identidad
5.3. Migrantes endeudados
5.4. Trabajo forzoso en Argentina y Brasil - Testimonio
6. Desafíos
6.1. Política de Estado
6.1.1. Hay avances, pese a limitaciones presupuestarias
6.2. Pobreza que lacera
6.3. Sociedad violenta
7. Respuesta del Estado
7.1. Institucionalización
7.1.1. Proyecto de Ley de Prohibición de la Trata
7.1.2. Proyecto de Decreto Supremo para adecuar el Código a la Convención
Campaña: Familia boliviana adopta un niño boliviano
7.1.3. Proyecto de Decreto Supremo sobre el Trabajo Forzoso
7.1.4. Proyecto de Ley sobre el Registro Civil
7.1.5. Política de ocupación territorial
7.2. Integración: adiós al ostracismo
7.2.1. Reestructuración del Ministerio de Trabajo
7.2.2. Carreteras e Hidroeléctrica
7.3. Derechos Humanos y Migraciones
7.3.1. Proyecto de Ley de Migración
7.3.2. Denuncias y Procesos Judiciales
8. Papel de los Medios de Comunicación
8.1. La Prensa
8.1.1. ¿La Razón hace proxenetismo?
8.1.2. La legislación
8.2. Consumo de Internet - Testimonio
8.2.1. Internet y la globalización de la explotación sexual
8.2.2. Criterios para una legislación
9. O.I.M. en acción
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
.Cada 40 horas se extravía un niño en el distrito de La Paz, según denuncias recibidas en
el primer semestre del 2004 por la Unidad de la Niñez, Tercera Edad y Discapacitados
del Gobierno Municipal. Escasas por no decir ninguna son las noticias sobre el destino
futuro de esos menores (105 de enero a julio) pues casi nunca aparecen. La Paz, sede
del Poder Ejecutivo y del Legislativo, es uno de los siete macrodistritos en que está
dividida geográficamente la provincia del mismo nombre.
.En julio pasado, dos hermanitos (una de nueve años y otro de siete) desaparecieron de
su hogar. Sus padres denunciaron el hecho y al poco tiempo la menor apareció en otra
ciudad y lograron recuperarla; mientras que el niño ya era parte de una nueva familia,
cuyo jefe de hogar declaró a la Policía que a él lo habían vendido el menor.
.A comienzos de agosto se conoció el caso de un bebe dado en adopción ilegalmente a
una pareja española. Investigaciones ulteriores llegaron a la conclusión de que la madre
biológica de la criatura la entregó a una persona conocida (la hija de un pastor
evangélico) que lo inscribió como suyo, lo llevó España y le entregó a los nuevos
“padres”, violando la legislación sobre adopciones vigentes y la Convención de la Haya.
.A mediados del citado mes llegó una noticia procedente de Mendoza (Argentina) dando
cuenta de que un menor boliviano, de diez años, había escapado de un campo de cultivo
de flores; éste y su primo de 13 años, habían sido secuestrados en la localidad de
Culpina (Chuquisaca) y llevados a trabajar en un campo de flores. A esos casos se
sumaron otros tres (uno no confirmado) de menores bolivianos también en Mendoza,
quienes habrían sido llevados a trabajar por ciudadanos bolivianos afincados en el
vecino país.
.Cada mes son reclutadas en los departamentos del Beni, Pando, Cochabamba y Santa
Cruz un promedio de 45 a 50 menores, entre 12 y 16 años, para fines de explotación
sexual comercial en prostíbulos de la ciudad de La Paz. .Existe, pues, la trata de niñas y
adolescentes para fines de explotación sexual en Bolivia. Éstas son trasladadas por
tierra, y al llegar a La Paz, las llevan a los prostíbulos previamente contactados.
.En El Alto, una ciudad de 800 mil habitantes y un crecimiento demográfico de 9 por
ciento anual, hay explotación sexual comercial de menores en prostíbulos ubicados en la
calle “12 de Octubre”. En dicha vía se han detectado tres lenocinios de propiedad de
miembros de la Policía Nacional, pero administrados por terceras personas.
.En El Alto se ha detectado una nueva modalidad de explotación sexual de escolares: los
fines de semana un grupo de chicas de 14 años se reúnen en la Plaza Cívica alrededor de
las dos de la mañana. Allí son recogidas por el conductor de un vehículo quien las lleva
con destino desconocido, y aproximadamente una hora o una hora y media más tarde las
trae el mismo lugar de donde ellas se dispersan.
.En la ciudad de La Paz se ha identificado a los cabecillas de dos redes de mafias
dedicadas al comercio sexual que son propietarias de los establecimientos más elegantes
donde, según ha trascendido, hay menores de edad. Esas redes manejan lenocinios en
ciudades como El Alto, Cochabamba y Santa Cruz; ambas conducen también un
servicio exclusivo con menores en departamentos y casas particulares.
Al mismo tiempo, se ha encontrado a importantes sectores de la población en situación
de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, que los coloca como
potenciales víctimas de sujetos inescrupulosos y delincuentes para someterlos a la
explotación sexual comercial, a trabajo forzado o simplemente a traficarlos.
Entre ellos los siguientes:
.430 mil niños, cuyas edades oscilan entre Cero y 12 años, no están inscritos en el
Registro Civil por lo que carecen de Certificados de Nacimiento. La cifra podría ser
mayor pues la mencionada cantidad tienen como fuente el Censo del 2001.
.Un número no precisado de niñas expuestas al abuso sexual en las zafras de la caña de
azúcar y la zafra de la castaña en la región del Chaco. Ello se traduce en la presencia de
un número no precisado de menores embarazadas al término de su estancia en el campo,
una situación que es ignorada por la familia.
.Los hijos primogénitos de las familias asentadas en el Chapare, una región donde las
familias campesinas se dedican al cultivo de la coca. Se estima que allí hay 40 mil
hogares, cuyos primeros hijos (unos 40 mil) no van al colegio porque deben ayudar a
sus padres en el trabajo. El sacrificio de éste beneficia a sus hermanos menores (el
segundo, el tercero, el cuarto) quienes tienen más posibilidad de acceder a la educación.
Otros aspectos relevantes:
.La migración legal-ilegal de bolivianos con destino a Europa viene creciendo en los
últimos años. Uno de los indicadores de este problema es el elevado número de
pasaportes que solicitan diariamente ciudadanos bolivianos. Hasta junio último se
otorgó un total de 63.273 pasaportes. Quienes más solicitaron ese documento fueron
habitantes de Santa Cruz (20.212); La Paz (18.831); Cochabamba (16.575); etc.
.Donde se observa una explosiva tendencia de crecimiento de viajes al exterior es en el
grupo de menores mayores de 12 años como lo revela el Servicio Nacional de
Migración, que saltó de 47.727 en el año 2000 a 161.604 en el 2003.
.Estudiosos del fenómeno de la trata afirman que en algunas oficinas de Migraciones,
como lo comprobaron en Santa Cruz, personas vinculadas a esas mafias orientan a las
jóvenes cómo responder ante las preguntas de los funcionarios. Son chicas a las que
llevan Japón, España o Inglaterra, etc. con el ofrecimiento de que trabajarán cuidando
ancianas, pero su destino es la explotación sexual comercial y/o trabajo forzoso.
.Uno de los destinos preferidos en el extranjero es España debido a que no solicitan
visas de ingreso a las personas de Bolivia. Por ello, los promotores de la migración
ilegal utilizan a Bolivia como “puente” para llevar ciudadanos peruanos y ecuatorianos
a la Península Ibérica, como si fueran ciudadanos bolivianos. Las mafias lo proveen de
certificado de nacimiento, carné de identidad y pasaportes como ciudadanos bolivianos.
.Los niveles de pobreza y pobreza extrema son todavía elevados pese al esfuerzo
realizado por el gobierno. Por ejemplo, hay municipios considerados de extrema
marginalidad donde la familia tiene un ingreso per cápita de
.El maltrato físico y psicológico es también muy notorio.
.Todo parecería indicar que a fines de octubre o en noviembre próximo el Congreso
Nacional aprobará el Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas o
Adolescentes, tras aceptar las sugerencias a una ley sancionada anteriormente. El
documento sustitutivo contiene avances muy importantes, pues tipifica y sanciona el
tráfico de niños, niñas y adolescentes y otros delitos relacionados no previstos en el
Código Penal introduciendo las modificaciones pertinentes.
La norma incluye sanciones a las autoridades o funcionarios públicos que conociendo la
comisión del delito de tráfico no lo denuncia oportunamente; asimismo, a quienes
promuevan, induzcan, produzcan, exhiban, comercialicen o distribuyan material
pornográfico por sistemas informáticos, de telecomunicación o por cualquier otro
medio. Este parágrafo considera al Internet y a las transmisiones por satélite,
considerados como pilares fundamentales en la globalización de la explotación sexual.
.Varias reparticiones públicas muestran su interés por atacar, desde diversos flancos,
este álgido fenómeno. Por ejemplo, el Viceministerio de Trabajo que elabora un
proyecto de decreto supremo sobre el trabajo forzoso; el Viceministerio de al Niñez,
Juventud y Tercera Edad que trabaja en un proyecto de decreto supremo para adaptar el
capítulo de adopciones del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 2026) a la
Convención de La Haya; igualmente, el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos
elabora una estrategia nacional de promoción y protección de los derechos humanos,
incluyendo al migrante; y el Consejo de Población avanza en el diseño de políticas de
ocupación territorial, dado el avance de la migración interna de Occidente al Oriente.
La Corte Nacional Electoral, encargado de llevar a cabo el registro de la población
indocumentada y la entrega del certificado de nacimiento, tiene previsto presentar a
fines de año un proyecto de ley del Registro Civil; la Dirección General de Migraciones
está empeñada en contar con la nueva Ley de Migración que tipifique el delito de la
trata. Esta ley no contemplará sanciones a quienes lo infrinjan, porque rige la norma
general que es el Código Penal, pero tipificará el delito para que en la vía jurisdiccional
se apliquen las sanciones y penas que corresponden al citado código.
.Queda claro el papel pernicioso que podrían cumplir directa o indirectamente algunos
medios de comunicación y el Internet en el fenómeno de la trata; los diarios, a través de
publicaciones de secciones como Intimidades, donde se promociona el servicio sexual
comercial de manera grotesca, pues las fotos de damas semidesnudas van acompañadas
de las tarifas, de teléfonos, de textos persuasivos, de las direcciones de los lugares
donde atienden; inclusive, ofertas como si esos seres humanos fueran cosas.
Lo que ese diario (que ingresa a los hogares y cuyos miembros lo consultan a diario)
no ha analizado son las probables consecuencias de ese tipo de mensajes publicitarios
más allá de su éxito comercial: que jóvenes sin instrucción y escasa formación técnica o
académica terminen aceptando esos mensajes como una forma de vida aceptada por la
sociedad; o como proyecto de vida.
Internet es en la lucha contra la trata es un vehículo pernicioso por el tema de la
pornografía infantil. La Policía Mexicana dio a conocer recientemente la existencia de
entre cuatro millones 500 mil y cinco millones de páginas Web con pornografía con
bebes menores de un año, y por ello pide la colaboración de la sociedad para combatir
este flagelo librando a esas inocentes criaturas de ser utilizadas para fines siniestros.
Obviamente, además de las normas legales que deben dar los organismos pertinentes
para establecer ciertas regulaciones en el consumo de Internet, tienen un rol decisivo los
padres de familia para proteger a sus hijos.
INTRODUCCIÓN
¿Cuál es hoy la dimensión del fenómeno de la trata de personas mujeres, adolescentes,
niños/niñas con fines de explotación sexual y/o trabajo forzoso que afecta a la
República de Bolivia?
Difícil responder con exactitud a esta pregunta, pues el país vive una aguda y
prolongada crisis económica y social, donde la inestabilidad política parecería una
inseparable compañera de viaje. Ello se refleja, también, en la falta de investigaciones
integrales que permitan una aproximación a dicho fenómeno.
“No ha habido la visión gubernamental de generar estas estadísticas que en la mayoría
de países son negras, pero es más fácil cuando, por lo menos, tenemos proyecciones”,
afirma el ex director de Derechos Ciudadanos del Gobierno Municipal de La Paz, doctor
Rodrigo Zogbi.
Así, no sería exagerado sostener que el problema de la trata radica en una debilidad
estructural del sistema social de vieja data.
Zogbi admite que la falta de oportunidades que genera el sistema económico, social y
político, y la debilidad fronteriza, tanto de ingreso como de salida de personas,
“insinúan que las cifras negras (de la trata) son más grandes de lo que pensamos”.
Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, tiene capacidad de iniciativa, pero
escasa capacidad de ejecución por diversos factores; aunado a ello, la falta de agencias
especializadas en la identificación, búsqueda y captura de datos, incide en que algunos
planes sean realizados a ciegas.
Zogbi expresa su preocupación por “el carácter invisible y al mismo tiempo sensible” de
la trata; “invisible porque todos lo obviamos, pero al mismo tiempo todos lo sentimos”
“Las experiencias más duras las viví en el gobierno municipal, cuando identificamos
locales con menores de edad traficadas de un país a otro, de una región a otra, de un
departamento a otro, para oficios nocturnos”, dice tras añadir que “es durísimo saber
que el tráfico no solo se limita a niños, sino a adolescentes y a mujeres, y que además
hay nuevas formas de esclavitud y explotación”.
Recuerda un lastimoso caso de explotación de niños para tráfico de sangre. “Tuvimos
la información como gobierno nacional (en el 2001) de una granja de engorde de niños,
para luego ser donantes de sangre pese a que este tipo de prácticas a corto plazo trae
secuelas. Dejamos el informe a la administración del Presidente Gonzalo Sánchez de
Losada y perdimos el rastro de esa investigación altamente riesgosa”.
Hay otras razones que explican la ausencia de cifras de la trata. Por un lado, la falta de
capacidad institucional, vinculada a los actores que están dentro de esas instituciones; y
por otro, la carencia de recursos económicos.
Respecto al primer punto, Bolivia está intentando fuertes procesos de cambio que
apuntan hacia la institucionalización y la creación de nuevas áreas en dependencias
gubernamentales que se ocupen del fenómeno.
La desinstitucionalización no es patrimonio exclusivo de Bolivia, sino de la mayoría de
países latinoamericanos, producto de los flujos y reflujos de la política y de los
constantes ajustes económicos, la falta de líneas de continuidad eficientes, eficaces y
transparentes para encarar los problemas.
Y ello se refleja en que apenas ocurre un relevo del gobierno muchas normas y
reglamentos son derogados. “Se cambia la institución, se cambia de actor y todo queda
como pendiente; es un volver a empezar”, indica un analista.
Lo crucial es la falta de recursos económicos. En el momento de planificar se
consideran las partidas necesarias, pero al ejecutar el presupuesto las asignaciones por
objeto de gasto son recortadas debido a que no hay recursos.
Hay que indicar, también, que el tráfico de niños, niñas, adolescentes y mujeres revela
la ausencia de una conciencia nacional, que haga posible generar procesos donde se
tenga claro cuál es el problema y cuál la solución, a fin de convertir la solución en un
objetivo y el objetivo en un resultado.
Si la trata es un delito invisible, pero al mismo tiempo sensible. ¿Dónde lo pueden
percibir? Zogbi responde: en los prostíbulos de buen nivel, donde hay menores de edad,
y al identificarlas dicen que son de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú o del
Oriente de Bolivia. Y nos preguntamos: ¿quién las trajo, cómo vinieron, por dónde?
Este fenómeno no pasa por mirar solo el tránsito de personas. Si no analicemos: la
persona (tratada) sale y llega a un punto, ahí notamos una incoherencia con las normas
vigentes que permite intuir que algo anda mal al interior. ¿Por qué? Porque esas normas
deben cumplirse y hay quienes se “encargan” de hacer creer que ello ocurrió.
“Para sacar a alguien del país, tienen que gestionar un certificado de nacimiento, un
carné de identidad, un pasaporte, etc. Pese a esos requisitos, hay quienes trafican gentes
al Japón para prostitución, a España e Inglaterra para trabajo forzoso, me refiero a
bolivianos y bolivianas, a menores, adolescentes y adultos”, denuncia Zogbi.
De otro lado, si nos preguntáramos cuándo empezó el problema también sería difícil
contestar, pues fue tomando fuerza conforme la pobreza comenzaba a mostrar sus
fauces. Algunos ubican sus inicios en los años 85, después de la gran inflación, que vino
de la mano con fuertes problemas de inestabilidad política, económica y social.
La gente busca nuevas opciones de vida, pero los problemas se agudizan en la década de
los 90 con las oleadas de migraciones del campo a lo ciudad, o a las regiones donde hay
posibilidades de conseguir un empleo. Asimismo, las miradas de otros (los más
audaces) se orientan a los países vecinos y allende los mares.
En los 90 toma fuerza las adopciones internacionales legales e ilegales, con agencias
que realizaban los trámites en un mes; normalmente demoraba de seis meses a un año.
La falta de poder adquisitivo y de acceso a oportunidades de desarrollo genera más
corrupción, pasando de los delitos de narcotráfico (un ex presidente está condenado a 30
años de prisión) en los 80, a una década donde parecería fácil ser corrupto alentando la
migración internacional legal e ilegalmente, así como el tráfico para fines de
explotación sexual comercial.
Los 2000 están marcados por el tráfico y el trabajo forzoso de niños, niñas y
adolescentes.
Pero frente a la conmoción que sufría la población, la clase política respondió con
lentitud, inclusive hasta hoy se espera la aprobación de una ley que sancione
drásticamente el tráfico de menores.
Un alto miembro de la Policía Nacional dice que hay vínculos entre el narcotráfico y la
trata, indicando que se ha confirmado la existencia de dos redes (y una tercera en etapa
investigación) con prostíbulos en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Fuentes altamente confiables alertan sobre un tráfico de menores, de 12 a 16 años,
reclutadas mensualmente para fines de explotación sexual comercial. A ellas las traen
de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando.
Para un estudioso la mayoría de estos delitos son hermanos gemelos: No hay
narcotráfico sin prostitución, ni prostitución sin trata de mujeres; igualmente, no hay
tráfico sin inducción forzosa hacia el servicio sexual.
El análisis de este problema como veremos en las siguientes páginas nos obliga a llamar
la atención sobre la urgencia de construir una visión macro del mismo, pues solo de esa
manera podríamos intentar salvar a decenas de miles de niños y adolescentes en alto
riesgo; asimismo, dar mayor énfasis a campañas como la certificación gratuita, para
atender a la elevada cifra de indocumentados, y la alfabetización; al tiempo de ser
inflexibles en el cumplimiento de los controles migratorios.
No podemos soslayar, por otra parte, el esfuerzo del gobierno en la redacción de un
conjunto de proyectos de leyes y decretos supremos que -una vez aprobados- influirán
positivamente en la arquitectura que deberá diseñar para atacar frontalmente el lacerante
problema de la trata de niños, niñas, adolescentes y mujeres; aunque el mayor esfuerzo
deberá estar centrado en combatir la pobreza y la pobreza extrema, poniendo énfasis en
aquellos municipios considerados en situación de marginalidad crítica.
En conclusión, apostamos por una estrategia de amplia cooperación entre los diferentes
estamentos del gobierno y la sociedad civil que permita su institucionalización;
igualmente, la elaboración de una agenda política, luego una agenda operativa y
finalmente una agenda pública, que consideramos perentorias, para encarar esta
problemática en la República de Bolivia de cara al nuevo lustro del Siglo XXI.
1. Panorama actual de la trata
Cada 40 horas la Unidad de la Niñez, Tercera Edad y Discapacitados del Gobierno
Municipal del distrito de La Paz, recibe una denuncia sobre el extravío de un niño. La
Paz, sede del Poder Ejecutivo y del Legislativo, es uno de los siete macrodistritos en
que está dividida geográficamente la provincia del mismo nombre.
En julio pasado, dos hermanitos (una de nueve años y otro de siete) desaparecieron de
su hogar. Sus padres denunciaron el hecho y al poco tiempo la menor apareció en otra
ciudad y lograron recuperarla; en tanto, el niño ya era parte de una nueva familia, cuyo
jefe de hogar declaró a la Policía que a él se lo habían vendido.
Fuentes confiables afirman que un promedio mensual de 45 a 50 menores de edad, entre
los 12 y 16 años, son tratadas para fines de explotación sexual comercial.
Las víctimas, reclutadas en los departamentos del Beni, Santa Cruz y Cochabamba, son
traídas a la ciudad de La Paz, con el ofrecimiento de que van a laborar como cuidadoras
de ancianas o trabajadoras del hogar ganando buenos sueldos.
Una vez que llegan a La Paz son trasladadas de inmediato a los prostíbulos donde las
obligan a prostituirse porque, para ese momento, ya han asumido fuertes deudas con
quienes las contactaron. Por ejemplo, el dinero proporcionado al familiar que autorizó
con su firma el viaje a La Paz, los gastos de pasaje y alimentación; así como los de su
alojamiento, vestimenta y otros en la ciudad.
Las jovencitas tratadas tienen una particularidad: todas proceden de familias en extrema
pobreza o de hogares desintegrados, ya sea por la muerte de uno de los padres o porque
simplemente se separaron o se divorciaron; o porque quedaron huérfanas.
Donde el fenómeno está tomando una dimensión casi incontrolada es en El Alto, “una
ciudad en emergencia no sólo por su reciente constitución (…) sino principalmente
porque es uno de los centros urbanos que registra los mayores niveles de pobreza e
insatisfacción de necesidades materiales, reflejado en la falta de dotación de servicios
básicos en la mayoría de las zonas”, señala el libro “Trabajo sexual de mujeres en la
ciudad de El Alto” editado por la institución Alicia “Por Mujeres Nuevas”.
En El Alto, cuya población supera los 800 mil habitantes, de los cuales un 80 por ciento
es aymara, tiene como uno de sus principales problemas a la migración del campo a la
ciudad, “pues la mayoría (…) está conformada por migrantes del altiplano paceño”.
En El Alto se ha detectado nuevas modalidades de trata: niñas que salen del colegio a
las cuatro de la tarde y son inducidas a ejercer el meretricio en casas familiares por uno
o dos bolivianos por cliente; asimismo, los fines de semana, grupos de chicas de 14 años
se reúnen alrededor de las dos de la madrugada en la Plaza Cívica, de donde son
recogidas en un vehículo con destino desconocido y las regresan una y media o dos
horas después.
Según nuestras fuentes es alto el porcentaje de parejas, familiares y cafichos que
inducen a las jóvenes a ejercer la prostitución; al mismo tiempo, se ha detectado hasta
tres prostíbulos de propiedad de miembros del personal subalterno de la policía, donde
comprobaron la presencia de menores de 13 a 14 años de edad.
La Unidad de la Niñez, Tercera Edad y Discapacitados del Gobierno Municipal de La
Paz dio a conocer que en el primer semestre de este año se registró el extravío de 105
niños; cinco casos de proxenetismo, en uno de ellos fugó el criminal y también la
menor; hallaron a una niña argentina tratada que será repatriada; devolvieron a dos
menores a sus hogares ubicados en Sucre, entre otros casos.
“En nuestros operativos hemos constatado el tráfico de menores de Sucre, Santa Cruz,
Beni y Puerto Suárez a La Paz, a quienes las ofrecieron trabajo como domésticas pero
las enviaron a lenocinios. Tenemos casos de menores de 13, 15, 16 y 17 años
descubiertos en las incursiones a esos establecimientos; es un fenómeno que crece de
manera alarmante”, afirma la licencia Nelly Pereyra, jefa de citada unidad municipal.
La misma dependencia municipal atendió entre enero y junio del 2004 un total de 12
casos de raptos de niños y adolescentes; 535 casos de maltrato físico y psicológico; 44
casos de explotación laboral (niños sometidos a trabajo forzoso en textileras, como
vendedores ambulantes hasta altas horas de la noche); 400 casos por guarda o tutela
que han sido derivados a los juzgados de la niñez; etc.
Estas informaciones permiten aproximarnos a un drama que afecta a miles de niños,
niñas y adolescentes en todo el país, y constituye una alerta sobre la situación de alta
vulnerabilidad en la que se encuentran otras decenas de miles de niños en todo el país,
que también los coloca como potenciales víctimas de delincuentes para someterlos a la
explotación sexual comercial, a un régimen de trabajo forzoso o traficarlos.
Se podría argumentar que algunos de estos índices se debe a la falta de seguridad
ciudadana (pérdida de niños, tráfico, proxenetismo penado por la Constitución y otras
leyes, etc.), pero lo que sitúa al Estado boliviano en una posición poco decorosa a nivel
internacional es el elevado número de personas indocumentadas a través del tiempo.
Precisamente, según el Censo del 2001, un total de 430 mil niños en todo el país, cuyas
edades oscilan entre Cero y 12 años, carecen de Certificados de Nacimiento; es decir,
viven pero no existen para el Estado. Este es el universo de menores al que el gobierno,
a través de una campaña gratuita, tiene previsto otorgar ese documento en tres años.
Bolivia va hoy en “busca del tiempo perdido” con esa campaña gratuita de Certificación
de Nacimientos a nivel nacional, con ayuda financiera y técnica de UNICEF y Plan
Internacional Bolivia, un organismo no gubernamental norteamericano, que ha
comprometido su importante apoyo.
Paralelamente, aguarda la aprobación del Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños,
Niñas y Adolescentes. El Senado Nacional recibió el 12 de octubre una carta remitida
por la Comisión Mixta de parlamentarios adjuntando el documento sustitutivo de una
anterior iniciativa legislativa, la cual fue observada en mayo pasado por el Presidente de
la República, doctor Carlos D. Mesa Gisbert.
Son dos pasos decisivos en procura de saldar la enorme deuda con decenas de miles de
niños inocentes y víctimas de la indiferencia del Estado; sino también de la indolencia
de un sistema político que, a través del tiempo, enraizó la exclusión de ese rostro tierno
y dulce, de esa vida sin identidad y sin mañana.
La otra cara de la medalla es el trabajo forzoso, cuyos actores principales son,
igualmente, decenas de miles de niños, adolescentes y adultos, bajo el yugo de un
sistema oprobioso. Esta vez representado por los patrones del hogar donde laboran, por
empresarios del campo y de las minas, y los defensores de estos.
Si en el rubro de la trata advertimos cierto grado de preocupación, en el trabajo forzoso,
tan doloroso como aquel, también hay la intención de poner punto final a la labor del
subcontratista o enganchador. Desde el año 1999 un proyecto de Decreto Supremo en
ese sentido espera la aprobación del Presidente de la República.
Cuando se escriba la historia de la promulgación de este Decreto Supremo deberá
destacarse el importante papel jugado por Estados Unidos y la Unión Europea al
amenazar con sanciones a la importación de productos, como el azúcar, donde haya un
componente laboral de menores y/o trabajo forzoso, como lo recordó la licenciada
Rosario Baptista, ex asesora del Despacho del Ministerio de Trabajo.
También deberá recordarse, para que la historia no se repita, que la dirigencia de una
institución que agrupa a empresarios y comerciantes de Santa Cruz de la Sierra se
opuso, a través de sus voceros en los gobiernos de turno, a la aprobación de esa norma;
inclusive hubo manifestaciones de desestabilización a la precaria democracia y
alentaron corrientes separatistas del país de aquel departamento.
Pero si se aspira a que las normas que se aprueben tengan algún grado de eficacia,
deberá ir acompañada no solo de una intensa campaña de difusión, sino de un propósito
sincero de los diversos organismos del Estado y de la sociedad en su conjunto de incluir
a aquellas víctimas en ciudadanos con todos sus derechos.
No bastará, empero, que se promulguen la ley y el decreto supremo mencionados, ni la
ratificación de los instrumentos internacionales que sancionan la trata de personas
mujeres, adolescentes, niñas/niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzoso,
sino un profundo cambio de actitud de todos los actores sociales del país frente a esta
problemática.
Entendemos por “un cambio profundo de actitud” el reconocimiento pleno -en los
diferentes niveles de la sociedad- de los derechos y la igualdad ante la ley a todos los
ciudadanos bolivianos sin distingos de ninguna índole; esto quiere decir, de raza, color,
sexo, lengua, religión y credo político como lo consagra la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Niño.
“Cambio profundo de actitud” conlleva también la construcción de una cultura de
transparencia, justicia y equidad en aquellos organismos del gobierno estrechamente
vinculados a los problemas mencionados. Nos referimos a la Policía Técnica Judicial, a
la Dirección de Migraciones, al Poder Judicial y al Ministerio Público; a los Ministerios
de Trabajo, de Salud y de Minería e Hidrocarburos, y al gobierno municipal.
Confiemos en que los dispositivos legales mencionados se promulguen antes de cumplir
el primer lustro del nuevo siglo que encuentra a Bolivia con prácticas laborales propias
de las épocas más oscurantistas de nuestra civilización; igualmente, que demuestre –con
hechos concretos– que el abandono de cualquier ser humano para fines protervos, no es
compatible con la construcción de un Estado de Derecho.
Esta cruzada debe involucrar necesariamente el esfuerzo de la ciudadanía, de la letrada
y de la iletrada; de los ricos y de los pobres; de los hombres y mujeres de la ciudad y del
campo; de los civiles y de los uniformados; y por ende, de todos los estamentos del
gobierno central, regional, provincial y distrital.
En este gigantesco esfuerzo le corresponde un papel proactivo a la sociedad civil. Si
bien, como lo reconocen algunos estudiosos, su rol fue importante en la elaboración y
aprobación del Código Niño, Niña y Adolescente (ley 2026) en 1999, debe entender que
tiene una deuda inconmensurable con miles de niños, niñas y adolescentes tratados, con
miles de niñas, niños y adolescentes vendidos como simple mercancía; y con miles de
seres indefensos víctimas de vejaciones y de esclavitud.
Más allá del culto a la individualidad alentada por los centros del poder mundial en las
últimas dos décadas, que no debería ser imitado por ningún pueblo en vías de
desarrollo, debemos remarcar que un país que no respeta los derechos más elementales
de sus ciudadanos no se respeta a sí mismo. Un país que no trabaja con denuedo por
establecer un sistema de justicia social y no sienta las bases para el desarrollo integral,
condena a sus habitantes al ostracismo, cuyo rostro más venal es la trata de mujeres,
adolescentes, niñas/niños; y el trabajo en condiciones de esclavitud.
No en vano la trata es definida como uno de los delitos más crueles de la humanidad y
una de las nuevas formas de esclavitud y explotación.
Al respecto, conviene recordar el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir,
suprimir y castigar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, así como la
Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado.
El artículo 3 del Protocolo de la ONU sobre la trata establece lo siguiente:
“(a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de
órganos”;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de
explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho
apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines
de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a
ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”.
1.1. La trata interna
“Sí, existe tráfico de niñas en Bolivia…”
Esta fue la respuesta de la Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno
Municipal de La Paz, doctora Elisa Zúñiga, cuando se le preguntó sobre ese fenómeno y
añadió: “sobre todo existe trata de blancas”; pero advierte que estamos ingresando a
ámbitos más peligrosos como “el tráfico de órganos, la pedofilia, la pornografía
infantil, etc. que exigen de nosotros una responsabilidad coherente como Estado”.
“Desde mi función en la Alcaldía estoy muy preocupada por el tráfico interno de
menores de edad”, remarca y explica: “tenemos el traslado de jovencitas de Santa Cruz
a La Paz con fines de prostitución. Este es un tema de trata de blancas; además, en el
viaje a la capital algunas menores se quedan en la ciudad de Cochabamba, para esa
actividad e inclusive jóvenes cochabambinas estarían siendo tratadas”.
Existen, dice Zúñiga, numerosas oficinas en La Paz, que antes funcionaban como tales,
pero ahora se han convertido en lugares de cita, donde es muy difícil entrar. Esas
“oficinas” tienen puertas con “un ojo de pez”, una especie de mirador, que están
cerradas, y solamente se abren cuando ven presencia masculina.
Rememora que gracias a la intervención del Municipio de La Paz se cerró una “agencia
de empleos” en la terminal de buses de Santa Cruz, porque descubrimos con la Alcaldía
de esa ciudad y la Policía que desde allí enviaban muchachas para este oficio a La Paz.
El 2003, explica, conoció tres casos preocupantes en el Municipio de La Paz. Este año
no ha podido detectar nada, aunque han implementado un sistema de detección en la
terminal de buses. “Estamos haciendo un seguimiento a los menores que llegan con
adultos para saber a dónde se dirigen y a qué vienen”.
Tras lamentar la falta de una ley contra el tráfico, Zúñiga está empeñada en elaborar
una estrategia que incluya la institucionalización de un cinturón de seguridad en el eje
central: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con apoyo de las prefecturas y alcaldías.
El 2000, dice, se presentó esa iniciativa legislativa contra el tráfico y la prostitución de
niñas, niños y adolescentes. Hace poco se aprobó un proyecto de ley que no satisfizo a
varias instancias, porque no hablaba de la pornografía infantil ni de lo que es el crimen
cibernético en contra de los niños, por lo cual pidieron detener el trámite.
Los gobiernos municipales, específicamente La Paz, enviaron al Parlamento las
propuestas de enmiendas que se deben considerar.
Zúñiga dice que esa ley debe darnos una normativa interna, no solamente hablar del
tráfico externo que existe, sino del tráfico interno.
“Deberíamos, a través de esta ley, ejercer un control interno. La Policía Caminera y las
Prefecturas que tienen jurisdicción rural, deberían realizar un control específico porque
es fácil que un adulto lleve a una niña de Santa Cruz a La Paz, sin que nadie pregunte ni
controle nada, ni nadie haga nada”, puntualiza.
Insiste en calificar “como un tema preocupante” a la trata, añadiendo que las fronteras
de Bolivia son amplias, y que como países latinoamericanos no tenemos los
mecanismos de seguridad y protección existentes en otras latitudes.
En otros países cruzar la frontera es sumamente difícil, como de México a Estados
Unidos, de Canadá a Estados Unidos, etc. “Ellos tienen mecanismos científicos y
mecanismos altamente costosos que no podemos pagar”, manifiesta.
Zúñiga propone una mayor fiscalización sobre el particular. Recuerda que hace pocos
años, a través de la Cámara de Diputados había un estricto control de las salidas y
entradas, especialmente de niños, niñas y adolescentes. “Lo digo con conocimiento de
causa porque yo presidía la Comisión de Política Social y a ésta llegaban todos los
informes de Migración y de Cancillería sobre salida e ingreso de niños”.
La trata es del Beni, Cochabamba y Santa Cruz
¿Cómo ingresaron chicas tan jovencitas a la prostitución, qué relatan?
La hermana Dina Céspedes, de la Congregación de las Religiosas Adoratrices Esclavas
del Santísimo Sacramento y de la Caridad, responde: “Hemos escuchado historias muy
dolorosas, experiencias terribles de maltrato físico y humillación, dramas que
empezaron cuando un familiar recibió dinero del reclutador y las niñas tuvieron que
dejar sus pueblos en el Oriente para viajar a La Paz, supuestamente para trabajar en
casas. Fueron vilmente engañadas y tratadas”.
Lo que sigue es el relato de sus numerosas indagaciones:
“Los proxenetas van a los pueblos del Beni, Cochabamba y Santa Cruz para averiguar
cuál es la situación de las familias, cómo viven, cuántas hijas mujeres tienen y de qué
edades, si son hogares separados o están unidos; si hay chicas huérfanas de padre o
madre, o son jovencitas en edad de empezar a trabajar y no tiene ocupación.
El reclutador visita instituciones locales donde dice: ofrezco trabajo en tal o cual
ciudad, quisiera que las chicas que no tengan familia, que sean huérfanas o que sus
familias estén desintegradas, hablen conmigo, para poder colocarlas.
Como en todos los lugares hay prostíbulos, algunas jóvenes que forman parte de ese
mundillo, contactan a chicas de 14 o 15 años; les dicen: por qué no vienes conmigo, te
pagamos el pasaje y en La Paz te esperarán, te van a recibir y vas a ganar el dinero que
quieras. Ve allá en vez de estar acá sin hacer nada.
Cuando los proxenetas van a realizar el reclutamiento en el Beni, Cochabamba y Santa
Cruz ofrecen dinero, entregan dinero a la familia, sino al padre, al hermano o al tío, y
les dice: ella se va conmigo; pero éste antes de continuar viaje a otras localidades de la
región envía a las chicas cooptadas a La Paz, donde un miembro de la organización
criminal las recibe.
Una vez que arriban a La Paz las trasladan a los prostíbulos donde les dan habitación,
una cama, un televisor, etc., y continúa aumentando la deuda. Al principio no les dicen
nada, pero cuando ellas quieren salir les responden que no, que debe mucho dinero. Le
enumeran los gastos de cama, luz, agua, maquillaje, vestidos, zapatos, etc.
Cuando una chica no quiere estar con un cliente o no desea beber recibe maltratos del
proxeneta. La mayor parte de ellas que llegaron a la Congregación contaba que las
amenazaban, que las golpeaban y que varias lograron escapar de los prostíbulos.
Son varios reclutadores que viajan al Beni, Cochabamba o Santa Cruz. Se conocen y se
desplazan durante todo el año.
Las jóvenes que han sido tratadas afirman que mensualmente traen grupos de 15 chicas
de Santa Cruz a La Paz, algunas escapan. De Cochabamba por los problemas de
desintegración familiar y económicos, otras 15 chicas; del Beni una cantidad similar.
Ellas viajan en ómnibus, de dos en dos o de tres en tres; a veces, viene una sola por
viaje.
Quince chicas de Santa Cruz, quince de Cochabamba, y un número similar del Beni, es
un promedio de 45 chicas tratadas mensualmente. Son redes, mafias dirigidas por
personas que tienen prostíbulos en Santa Cruz, Cochabamba, etc.
Las chicas cuentan que quienes se dedican al negocio de la prostitución tienen locales
en varias ciudades de Bolivia; citaron a uno como dueño de lenocinios en Miraflores, La
Paz, por el Coliseo; y en El alto; y a otro mafioso, en Cochabamba y Santa Cruz.
Los dueños de esos centros de comercio sexual rotan a las chicas. Les dicen: tú vas a
Cochabamba; tú a Santa Cruz, tú a La Paz, porque, aducen, cuanto más lejos de la
familia mejor, para que no sepan qué hacen ni dónde están. La rotación ocurre
preferentemente durante las fiestas más importantes de cada departamento”.
Creciente demanda
De otro lado, el estudio “Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en las
ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra” alerta sobre un gran incremento de
esta actividad, “debido a la aguda crisis económica de las familias, la falta de espacios
de crecimiento humano y oportunidades, así como a la falta de reconocimiento y respeto
de su identidad y derechos, así como por la carencia de políticas económicas y sociales
que tomen en cuenta programas de prevención y atención”.
Advierte, también, sobre “una creciente demanda de niñas y adolescentes hacia el
campo de la explotación sexual comercial en las principales ciudades de Bolivia,
provocando corrientes migratorias o un cierto tráfico de jovencitas del oriente boliviano
hacia los valles y el altiplano, como también del occidente hacia el oriente, muchas de
ellas atraídas por supuestas formas fáciles de ganar dinero y otras engañadas por los
mismos dueños de locales, proxenetas u otros que viven de su explotación”.
“(…) Se ha detectado en Santa Cruz de la Sierra como en Cochabamba, que al ser una
actividad que empieza a ser cuestionada por las últimas denuncias públicas sobre casos
de proxenetismo, (…) quienes lucran con esta actividad han optado por una estrategia
de rotación que nos muestra posibles redes de traficantes, lo que en algunos casos
también es visto como una “buena alternativa” para las menores de edad que de una u
otra manera intentan resguardar su imagen ante su entorno social y familiar”,
puntualiza.
El estudio elaborado por Guillermo Dávalos, Rosmery Eguez y Patricia Vargas, refuta
la percepción común de que la magnitud del problema “no alcanza proporciones
significativas”, porque, subraya, “a través de aproximaciones sucesivas se estima que
alrededor de 1.093 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años son víctimas de
explotación sexual comercial en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba”.
Refiere además que “al ser una actividad prohibida, prácticamente hay casos de niñas y
adolescentes que están “secuestradas”, puesto que no pueden salir libremente de los
lenocinios y en casos se pudo verificar que los mismos proxenetas las llevan
personalmente a sus revisiones médicas”.
“Por otra parte, el explotador sexual aprovechando su poder económico no corre riesgos
sociales ni legales porque actúa protegido por terceros o proxenetas quienes ponen a su
disposición todas las posibilidades de abusar “sin riesgos”, además de la impunidad que
goza porque en nuestra legislación no se contempla esta figura de explotación sexual
salvo que sea violación. Por último la niña o niño explotado sexualmente difícilmente
denuncia la agresión sufrida ya sea por temor, vergüenza o miedo porque suele ser
perseguida y acosada, llegando inclusive a ser abusada por los propios policías”,
subraya el citado trabajo de investigación.
¿Cuántas niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente hay en el país?
Se ignora. La Policía Nacional en respuesta a una carta remitida por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) solicitando información sobre ese particular
dice “(…) que a la fecha no se cuenta con información acerca de la trata de personas
mujeres, adolescentes, niñas, niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzado”.
Y pese a la ausencia de cifras oficiales, la trata de menores de edad existe; es una verdad
indubitable que merece una amplia y profunda investigación que permita en un lapso
corto estructurar programas de prevención y atención a estas víctimas indefensas.
1.1.1. ¿Quiénes son?
La estudiosa Rosa Julieta Montaño afirma que las víctimas de la trata con destino local
son chicas de barrios periféricos, hijas de migrantes o migrantes inducidas a la
prostitución por proxenetas, añadiendo que la policía y la fiscalía han realizado
operativos en lenocinios donde han encontrado jóvenes de 14 o 15 años.
Mayoritariamente, son chicas de hogares en extrema pobreza, de hogares separados o
huérfanas, con pocos años de estudio, muchas ni siquiera han terminado la educación
primaria y por algunos relatos, engañadas; a todas las ofrecieron trabajos decentes.
Montaño recuerda haber dicho varias veces que el proxeneta tiene un gran poder que es
la información: conoce las debilidades de las autoridades lo cual le da una garantía de
impunidad, “porque de otra manera no podemos entender cómo ante un delito flagrante
no se pueda imputar y no se pueda condenar al proxeneta”.
El proxeneta, sostiene, está informado desde adentro; alguien le alcanza información
sobre los antecedentes de las principales autoridades, pues se han dado casos de que
cuando las autoridades hacen operativos de rutina, los encuentran y los llevan detenidos.
No se preocupan porque tiene todo a su favor.
Por ejemplo, de acuerdo al Nuevo Código de Procedimiento Penal una persona no
puede estar detenida por más de seis horas sin haber sido transferido al juez cautelar.
En esas seis horas podría suceder lo siguiente: 1) que dejen transcurrir el tiempo y no lo
pasen al juez cautelar, con lo cual -cumplido el plazo- se convierte en detención ilegal
por lo que deberán ponerlo en libertad sin analizar el motivo de la detención; 2) que le
pasen al juez sin un buen informe y este no tenga más opción que ordenar su libertad; y
3) que con un buen informe el juez diga: esta persona no se va escapar, se va someter a
juicio y dispone su libertad. Y en los seis meses siguientes el fiscal no hace nada para
probar que ese individuo es un traficante. Así de fácil concluyen estos procesos.
Montaño opina que sería un error creer que toda la migración es para la trata, pero
admite que buena parte corre el riesgo de entrar o que sea inducida por ella.
En su opinión este fenómeno ha crecido de manera preocupante por la crisis económica
y social del país; además, porque hay una débil institucionalidad que no se preocupa por
generar los resguardos suficientes para que la sociedad se defienda de esos criminales.
Fundamenta su posición indicando que la capacidad del Estado en general y del
empresariado privado en particular para absorber la mano de obra no llega al 20 por
ciento. “Hay un 80 por ciento de jóvenes que van quedando rezagados en términos
generales, rezagados del mercado laboral y sin mayores perspectivas de futuro”.
Lo grave, indica, es que esa masa se va engrosando cada vez más y que por ello hay
conflictos sociales. “Tenemos grandes conflictos sociales donde son los jóvenes los
actores fundamentales, no saben por qué, pero es tal su descontento, su desesperación o
su falta de perspectiva que participan aun a riesgo de perder la vida”.
Montaño hizo un llamado a la sociedad para encarar el fenómeno de la trata, porque
parecería que la gente cree que es un tema de algunas cuantas personas. “Hay prejuicios,
hay quienes imaginan que un día una mujer floja decide no seguir trabajando: se pone
un vestido, se pinta la boca y se va a la calle a prostituirse. Ese es un estereotipo pues no
ven que la prostitución tiene matices que involucran a niñas y no hay límites de edad”.
Narró que hace pocos días, en Cochabamba, transitaba por una zona conocida por la
presencia de mujeres prostituidas: “observé a señoras bastante mayores que esperaban
clientes mientras otras estaban en plena negociación. Me puse a reflexionar en esas
mujeres, en cuántos hijos y nietos tendrán, en cuánto dolor llevan encima”.
“Hablo y he hablado con muchas de ellas, y no he conocido a alguna que me haya
dicho que esa es su opción de vida. Para todas ha sido una tragedia ingresar en ese
mundo, sea por una desgracia o empujadas por las circunstancias y no han podido salir.
Lo más doloroso es que detrás de muchas de ellas el proxeneta es su marido”.
Niña de Chacoma (Ingavi) traficada,
Caso expuesto por la viceministra de la Mujer, licenciada Teresa Canaviri
“Este es el caso de una niña (no puedo decir su nombre ni apellidos) de 14 años, que
salió de Chacoma, en el sector Ingavi, para trabajar como empleada doméstica. Sus
padres la entregaron a unos familiares que vivían en la ciudad, pero ella no logró
acostumbrarse al ritmo de la ciudad.
Probablemente parezca extraño, pero a raíz de algunas investigaciones comprobamos
que hay gente atenta a la llegada de nuevas niñas y jovencitas sanas a los barrios.
Esas personas inescrupulosas son las que comienzan a inducirlas, como el caso de la
menor que expongo, diciéndoles que le van a pagar más y que van a tener un mejor
trabajo.
Esta niña inocente se dejó seducir, abandonó a la familia que la llevó y le dio un
nuevo hogar; posteriormente perdieron su rastro.
Ha pasado once años, hoy es una madre de familia de dos hijitas.
Su vida fue un calvario y la marcó para siempre. Tuvo y aún hoy, mucha dificultad
para reintegrarse a la sociedad. Le falta seguridad y tranquilidad debido a los largos
años que vivió sumida en la explotación sexual.
Ella que salió de su casa, un hogar aymara, a los 14 años, ha podido librarse
milagrosamente de las garras del crimen organizado, pero su libertad no es total.
A una de sus hijas la dejó con un familiar por falta de seguridad. Ella necesitaba
apoyo psicológico pero no lo tuvo cuando más lo necesitada; a tanto llegó su
inestabilidad que su joven familia se desintegró.
Viendo ese caso, además de otros hijos de poblaciones aymaras o quechuas,
comprendemos la importancia de la atención psicológica, la cual es crucial para la
vida de un ser humano en casos como el expuesto.
Si afrontamos alguna necesidad podemos solucionarla con dinero, mas viendo estos
cuadros comprendo que sin apoyo psicológico no es posible rehacer una vida.
Esta mujer: se casó, tuvo su familia, pero no pudo consolidar su relación de pareja
por falta de este tipo de asistencia profesional.
Hace poco se divorció y no sabemos qué futuro aguardará a sus hijitas, pues ha
tenido una cadena de problemas. Como este caso son muchos los que viven jóvenes
mujeres indígenas, originarias de pequeñas localidades del interior del país o de los
barrios populares.
No estoy segura si un albergue sería la solución para ayudar casos. Lo que sí creo
-como premisa básica- es que no debemos rechazar a las mujeres que han vivido
estas dolorosas experiencias. La sociedad debe entender estos cuadros, porque
generalmente las mujeres tratadas son muy cuestionadas por sus familias y por la
sociedad, razón por la cual muchos casos se mantienen ocultos.
Estoy convencida que una de las tareas es importante ayudar a las trabajadoras del
hogar, ahora que cuentan con una organización, porque numerosas niñas de 12, 13 y
14 años por las necesidades de sus casas paternas se emplean como trabajadoras del
hogar donde son explotadas, maltratadas y muchas veces abusadas.
Estas chicas sufren al dejar sus pueblos para ganar algunos bolivianos en las grandes
ciudades donde pierden sus valores, y si desean retornar no son bien recibidas
porque han asimilado nuevas costumbres que no son bien vistas en sus lugares de
origen.
Una niña o una joven podría retornar a su comunidad mas no en las condiciones
en que vivió anteriormente; este es asunto que debemos estudiar a profundidad para
comprenderlo, porque hay un trasfondo cultural que debemos conocer a fin de evitar
ulteriores problemas”.
Adolescente de Santa Cruz traficada,
Caso expuesto por la Oficial Mayor del Gobierno Municipal de La Paz, licenciada
Elisa Zúñiga
“El año pasado (2003) conocimos un caso de trata, era de una menor de 16 años que
la habían traído de las laderas de la ciudad de Santa Cruz, una zona muy pobre, pero
no llegamos hasta el final porque ella nunca vino a presentar la denuncia.
Tuvimos conocimiento de su dramática situación porque la muchacha lanzó una
piedra envuelta en un papel a una casa vecina, con un mensaje que decía: “
¡Ayúdeme, por favor!”.
La dueña de casa vecina vino a exponer el hecho. En ese momento empezamos a
investigar. Cuando habíamos conseguido todos los elementos para armar el
expediente, requerimos la denuncia escrita de la menor, en este caso de sus
apoderados o familiares pero no lo logramos. Ellos no quisieron hacer nada y
nosotros nos quedamos sin el sustento legal.
No obstante, las investigaciones continuaron y se consiguió el cierre de una pseuda
agencia de empleos en La Paz, a través de la cual habían traído a la menor.
Es probable que establecimientos similares funcionen en otros lugares del país.
A partir del citado caso no solamente descubrimos que había un grupo de menores
que estaban siendo trasladadas a La Paz, sino que la red de tratantes también
reclutaba a mujeres adultas en Santa Cruz para ejercer el meretricio.
Eran mujeres iletradas y por ello, fácilmente explotadas sexual y laboralmente.
Lastimosamente no hemos podido identificar a las cabezas de esas redes, porque son
grupos que se van moviendo de un lugar a otro, como la pseudo agencia de empleos
que cerramos, pero lo reabren después con otra razón social; y además, porque no
existe voluntad de parte de las autoridades competentes de frenar este crimen.
La policía y el fiscal de oficio deberían estar viendo día tras día este tema del cual
hablamos mucho, al igual que los prefectos y los alcaldes; empero, debemos indicar
que el municipio de La Paz sí ha trabajado intensamente en esta materia”.
1.1.2. Redes de tratantes de blancas y lavado de dinero
Están plenamente identificadas dos grandes redes criminales que se dedican al comercio
sexual, incluyendo el de menores de edad, las cuales, además tienen vinculaciones con
el lavado de dinero del narcotráfico, asegura el Director de la Guardia Municipal de La
Paz, Capitán Policía Nacional Rodrigo Rodríguez.
Habría, además, una tercera red cuyos miembros están en proceso de identificación.
“No solo se dedican a la trata de blancas, sino que tienen una relación directa con el
narcotráfico. Paralelamente a ello, el comercio sexual con menores”, afirma de manera
categórica tras indicar que esas redes manejan centros de comercio sexual en El Alto,
Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.
Rodríguez sostiene que una de esas redes está relacionada, financiada y protegida por
Alfredo Selene, quien hace años estuvo involucrado en el narcotráfico y la trata de
blancas; también, en homicidios y asesinatos. “Maneja conexiones no solo en la troncal
de Bolivia (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz), sino también internacionales”.
Selene habría incursionado en estos negocios ilícitos hace unos veinte años.
Ignora si antes estuvo involucrado con menores, “pero últimamente hemos identificado
que su organización dedicada al comercio sexual, manejaba también el local
denominado Anaconda, clausurado el 3 de agosto”.
Esta red conduce tres locales visibles en la ciudad de La Paz y cuatro o cinco más con
“palos blancos” (testaferros); o sea, registrados a nombre de terceras personas, como los
administradores.
Nunca se muestran directamente. Pero en el momento de las intervenciones que efectúa
la Guardia Municipal salen; cuentan con un abogado, de apellido Cordero, identificado
con la defensa de esos locales, que también tiene antecedentes de haber ingresado una o
dos veces a la cárcel por lesiones graves, defraudación y falsedad material.
La otra red
El año pasado hubo un problema de competencia con otro bando, cuyo principal
propietario y administrador es Marco Cámara, dueño del Katanas, uno de los locales
más grandes y exclusivos en el comercio sexual en La Paz.
Cámara tiene otros locales, tales como el Platinium, Nueva Barra Americana y Barra
Americana. Este último clausurado.
Rodríguez sostiene que estas redes pueden conducir otros locales con “palos blancos”
en La Paz, El Alto, Cochabamba y en Santa Cruz. Son conexiones grandes, inclusive
según reportes de Inteligencia han abierto sucursales en Arica.
De la primera red, Alfredo Selene debe ser la cabeza, porque en La Paz manejan sus
negocios los hermanos Córdova.
La segunda red la dirige Marco Cámara, que tendría tres locales visibles y cuatro o
cinco más con testaferros.
Estas redes tienen el mismo modus operandi: 1) Traen mujeres del exterior o del interior
del país. Les ofrecen contratos de camarera por dos o tres meses, les pagan los pasajes,
les dicen que van a ganar muy bien y les dan vivienda, pero no las dejan salir a la calle.
Apenas llegan, las llevan a sus locales diciéndoles que deben trabajar para cubrir los
costos del pasaje de llegada y de salida; etc.
Las redes parecen siameses en su accionar: ahora están alquilando departamentos en
edificios, donde aparentemente funcionan oficinas. Sin embargo, en esos inmuebles
realizan comercio sexual para clientes exclusivos.
Las casas alquiladas -hay muchas- no funcionan como actividad económica para el
municipio, sino de manera encubierta como lenocinios. Carecen de licencias.
Atienden uno o dos meses en determinado lugar, y apenas son detectadas cambian de
lugar, porque los dueños tienen gran capacidad de movilización.
Asimismo, el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad confirmó que ha
recibido informaciones de que “organizaciones criminales” vienen operando en el
comercio sexual con menores de edad, en La Paz, utilizando teléfonos celulares y
ocupando locales y edificios que abandonan tras un tiempo breve se uso.
Se le ha informado que varias de esas organizaciones criminales actúan como un
“migrante”; es decir, no se les puede identificar los lugares de funcionamiento, una casa
o un edificio, porque se mudan en pocas horas.
Empero, lo delicado de este asunto es que dichas redes criminales utilizan de manera
descarada a varios medios de comunicación los cuales mediante la publicación de
avisos refuerzan esa actividad ilícita, actuando como caja de resonancia.
El asunto no es nuevo. Precisamente las investigaciones realizadas el 2003 permiten a la
Oficial Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de La Paz, doctora Elisa
Zúñiga confirmar la existencia de redes que reclutaban a menores en las laderas de la
ciudad de Santa Cruz, ofreciéndoles trabajos como cuidadoras de ancianas y buenos
sueldos.
¿Cómo operaban? Invitaban a las niñas a acudir a unas “agencias de empleo” donde les
pedían que vayan sus padres para firmar los permisos respectivos; quienes, confiando en
la buena fe de los ofrecimientos daban su anuencia, porque, además, son de escasos
recursos. De esa forma mandaban a sus hijas a trabajar a La Paz.
Una vez que ellas llegaban a La Paz se daban cuenta que el trabajo no era el ofrecido,
sino que debían incursionar en la prostitución para pagar los gastos de viaje y estadía.
Una de las jovencitas rescatadas tenía 16 años.
“Eso lo comprobamos, por eso cerramos una mal llamada “agencia de empleos”
implicada en esa actividad ilícita, pero por falta de una base legal los familiares de las
niñas reclutadas fueron amenazadas y retiraron sus denuncias”, subraya.
Zúñiga enfatiza que “necesitamos prefectos y alcaldes que puedan actuar a fin de formar
un eje de participación en esta materia. Deberíamos ejercer un control interno. La
Policía Caminera y las Prefecturas que tienen jurisdicción rural, deberían realizar un
control específico porque es fácil que un adulto traiga a una niña de Santa Cruz a La
Paz, sin que nadie pregunte ni controle; y nadie hace nada”.
“La trata de menores de edad para fines de explotación sexual comercial es un terreno
muy álgido, y las autoridades siempre quieren hacer oídos sordos y estar ciegos, porque
cuanto menos se investigue se desconoce el fenómeno y no hacen nada”, enfatiza.
No obstante, el capitán Rodríguez sostiene que en los lenocinios intervenidos por la
Guardia Municipal en La Paz no han encontrado menores; “pero tenemos información
de que trabajan coordinadamente con diferentes instituciones del Estado que les ayudan
a conseguir documentos para alterar la edad de las jovencitas que están en sus
establecimientos”.
Son conexiones con personas que pueden otorgar Cédulas de Identidad, que laboran en
Identificación Nacional (organismo dependiente de la Policía Nacional); son empleados
de niveles intermedios o intermedios bajos.
También tienen contactos con Migraciones para ver la situación de las extranjeras. Por
eso existen muchas mujeres extranjeras con Cédula Nacional, que las identifican como
bolivianas, que consiguen el documento pagando varias decenas de dólares.
Lavado de dinero y otros delitos
Por otro lado, el capitán Rodrigo Rodríguez sostiene que Alfredo Selene no solo está en
la trata de blancas y en lavado de dinero, sino en otras actividades ilícitas como la
falsificación documentos valorados.
El oficial tiene un proceso penal abierto por un letrado vinculado a Selene y Cámara,
pero no ha podido iniciar una acción penal contra el primero de los citados porque no
existen pruebas. “Tengo la certeza de que Selene trabaja directamente con la familia
Córdova”, añade.
La familia Córdova inició procesos penales a Rodríguez y al entonces director de
Derechos Ciudadanos Municipal de La Paz, Rodrigo Zogbi. “A mí me denunciaron,
representados por el abogado Cordero, ante la Policía Nacional; inclusive, intentaron
hacernos aparecer como corruptos, como si hubiéramos pedido dinero, cuando solo
hacíamos nuestro trabajo y la normativa hay que cumplirla al pié de la letra”.
Eso ocurrió entre octubre y noviembre del 2003.
La denuncia en contra de Rodríguez fue por corrupción. Le acusaron de exigir dinero
para otorgarle la licencia de funcionamiento cuando su Dirección no tiene competencia
para ello; y de ir a farrear y consumir bebidas alcohólicas en sus locales. “Yo no bebo ni
voy a esos sitios, salvo cuando, con el personal, vamos en misión de control”.
Rodríguez presentó sus descargos, mientras que ellos simplemente una denuncia escrita;
después desaparecieron.
“Las versiones que dieron a los medios de comunicación, ante el concejo y otras
autoridades eran que mandábamos a otras personas a pedir dinero. Cambiaron varias
veces la versión, y cuando debían presentar al empleado a quien supuestamente le
habíamos pedido dinero, nunca declaró. Posteriormente un empleado hizo un
comentario en el sentido de que le habían pagado 200 dólares por denunciarnos”,
explica.
Locales “De remate…”
El viernes 3 de agosto del 2004 la Guardia Municipal de La Paz, al mando del capitán
Rodríguez, intervino dos locales, llamados “De remate” porque abren a las tres de la
mañana y cierran a las tres de la tarde, que estaban atestados de parroquianos.
Grande fue la sorpresa cuando constataron que los propietarios eran los hermanos
Córdova, socios de Alfredo Selene. Supuestamente los Córdova eran pobres; antes
trabajaban con Cámara, administrando sus prostíbulos; luego se alejaron y abrieron el
Anaconda, indicando que era su único negocio.
“Hemos comprobado que manejan más locales, que son centros de comercio sexual y en
muchos casos hasta con menores de edad. Tenemos información de que hay muchos
menores trabajando con los hermanos Córdova”, asegura Rodríguez.
Los Córdova son cuatro hermanos. No está claro si todos trabajan con Selene.
La acusación contra Zogbi y Rodríguez fue presentada tras la clausura de los locales
Katanas (de Marco Cámara) y Anaconda, manejado por los Córdova con protección de
Selene.
De manera separada, Selene y Cámara denunciaron a los dos funcionarios. Luego, los
Córdova (Selene) declaran una guerra sucia a Rodríguez, con seguimientos a sus
familias, hasta altas horas de la noche y amenazas permanentes por teléfono.
Hace dos meses, a un funcionario municipal, el señor Pedro Arciénega, cuando
inspeccionaba los locales clausurados el 3 de agosto, se acercó uno de los Córdova para
ofrecerle dinero a cambio de información sobre los operativos de rutina.
El capitán explica: “Como segunda alternativa, le dijo que yo iba a pagar caro por
haber cerrado el Anaconda, y que si alguien se ponía frente a ellos, le ocurrirá lo mismo.
La amenaza a mi persona se sustentaba en que no me queda mucho tiempo en el cargo
(tres meses más), y que luego veríamos qué pasará con el personal subalterno.
Son situaciones de presión contra un funcionario para intimidarlo y evitar cualquier
acción en contra de sus lenocinios.
Yo termino pronto mi gestión porque debo cumplir otros servicios, tengo dos años y
medio en este cargo. La ley no delimita el plazo de permanencia en esta tarea pero sí el
grado, y tengo que ir a la escuela para estudiar y ascender al grado de mayor”.
Por otro lado, el proceso abierto contra Rodríguez está concluyendo en el Comando
General de la Policía, donde ha quedado establecido que no tiene nada que ver con las
denunciadas presentadas por los dueños de esos prostíbulos, lo cual le deja abierto el
camino para iniciar procesos penales por calumnia y chantaje.
El oficial revela que sus denunciantes chantajearon al gobierno municipal para obtener
una licencia de funcionamiento; sin embargo, “considero que esa fue una salida más
política que administrativa, dado que habían amenazas de que las prostitutas se iban a
desnudar todas las tardes en la puerta del edificio central”.
Cocaína y pasta básica
El capitán Rodríguez señala que tiene información de que al margen de la trata de
blancas y explotación a mujeres que vienen del interior del país o del exterior, sus
denunciantes están involucrados en el lavado de dólares.
Aparentemente, dice, hay una justificación para gastar tanto dinero, “pues hablamos de
locales con más de 70 mujeres y a veces 140. Ellas necesitan comer, vestidos y cubrir
gastos, y no creo que un local dé tanto dinero para mantener a tantas damas”.
El policía no cree que haya tanta demanda de esas mujeres. Los hombres deben ir a
consumir algún trago, a ver un espectáculo, pero no creo que dé tanto dinero como para
decir (ellos) en algunos medios que a la semana facturan 120 mil bolivianos.
“Estas redes están identificadas en La Paz y posiblemente existe alguna más”, añade
Rodríguez, afirmando que ambas dominan no solo esta ciudad sino otras ciudades del
país. “Con seguridad los Cámara tienen dos locales más en El Alto”, añade.
No obstante, enfatiza que hay otros lenocinios con un promedio de 15 mujeres.
1.1.3. Rutas
Oficiales de la Policía Nacional pudieron detectar a través de los últimos años varias
rutas utilizadas para traer jóvenes destinadas a la explotación sexual comercial, entre las
que no se descarta la presencia de menores.
Rutas del extranjero:
Si son brasileñas las traen por Puerto Suárez, en el departamento de Santa Cruz.
A las del Paraguay por vía aérea, por Santa Cruz; por el Chaco boliviano, y de ahí por
tierra hasta La Paz.
A las de Colombia, la ruta es por el Perú y entran por el Desagüadero, departamento de
Puno, y de allí por tierra hasta La Paz.
Cuando vienen de Chile, lo hacen contratadas a través de la sucursal del lenocinio, en
Arica, luego ingresan a Bolivia.
De Argentina hay algunas mujeres que entran por Tupiza, en departamento de Potosí.
Rutas del interior:
Y cuando se trata de personas del interior del país a La Paz, utilizan básicamente la
carretera troncal Santa Cruz, Potosí y La Paz.
En este caso, les ofrecen trabajo como empleadas domésticas pero por su precaria
situación económica acaban en los lenocinios.
Para migrar al exterior:
Básicamente salen de los aeropuertos de La Paz y de Santa Cruz
comerciales.
en vuelos
1.1.4. Menores explotadas sexualmente: La Paz
Los días 7 y 8 de mayo pasado la Guardia Municipal de La Paz realizó dos de sus más
fructíferos operativos de la gestión del actual comando: Detuvo a ocho menores de edad
sometidas a explotación sexual en dos lenocinios céntricos. El primer día cayeron cinco
niñas, oriundas de Chuquisaca y el segundo, tres del departamento del Beni.
La Guardia Municipal tenía información de que en el local denominado Anaconda
trabajaban cinco menores, pero era difícil hallarlas “in situ” por dos razones: 1) Porque
el local, al igual que otros, tienen habitaciones protegidas (donde están las menores)
aparentemente sin conexión con el ambiente principal; y 2) Porque sus “contactos” en el
municipio o en la policía informan a los dueños de inminentes inspecciones.
El 7 de mayo en la noche en el local Lady Blue, en el centro de la ciudad, hallaron a
cinco menores, y al día siguiente, a otras tres en las inmediaciones de la estación, en un
local que tenía una relación con los dos locales.
La relación fue comprobada el día 7 cuando el dueño del Lady Blue fue visto
protegiendo los locales de la calle Pichincha, donde está este local, y el Varón Rojo.
El administrador del Lady Blue fue detenido en la Policía Técnica Judicial (PTJ) y se le
inició el proceso penal.
Obviamente, tratándose de un negocio que mueve ingentes cantidades de dinero sus
promotores establezcan nexos en los organismos vinculados al control de esta actividad
ilícita, para que, a cambio de dádivas, les informen sobre acciones de fiscalización u
operativos de control de las fuerzas del orden.
El Director de la Guardia Municipal, Capitán de la Policía Nacional Rodrigo Rodríguez,
afirma las menores detenidas fueron conducidas a la División de Menores de la PTJ, la
cual, a su vez, las derivó a un albergue administrado por la Prefectura, porque no tenían
familiares en La Paz.
El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que inicie las
investigaciones correspondientes.
A la semana, cuando fueron a indagar sobre el caso les informaron que las menores
habían fugado del albergue. Rodríguez presume que las hicieron escapar de esas
instalaciones, entre el 10 y el 15 de mayo, respectivamente.
Conclusión: no había el cuerpo del delito.
Si se trata de sospechar los caminos conducen al Servicio Departamental de Salud
(SEDES) y al Servicio Departamental de Género y Asistencia Social (SEDEGES) de la
Prefectura de La Paz. El primero tiene a su cargo el control sanitario de las prostitutas, y
el segundo, maneja los albergues, pero trabaja coordinadamente con el SEDES.
El capitán Rodríguez recuerda que en más de dos años al frente de la Intendencia
Municipal, cuando inspeccionaban los locales de comercio sexual para ver el tema de la
actividad económica y la posible presencia de menores, veían bebiendo a funcionarios
del SEDES, y siempre hablaban favorablemente de dichos locales.
Señala que cuando iban a notificar a esos negocios, los dueños amenazaban a
funcionarios subalternos, tanto de la Intendencia como de las alcaldías.
Varias fuentes proponen reestructurar totalmente ambos servicios de la Prefectura a fin
de establecer un nuevo el sistema de control.
El local denominado Anaconda, clausurado el 3 de agosto, está bajo la lupa de la
autoridad, pues se dice que allí explotan sexualmente a cinco menores.
El expediente perdido
El ex director de Derechos Ciudadanos del Gobierno Municipal de La Paz, doctor
Rodrigo Zogbi, tiene una amarga experiencia con la justicia en una tarea emprendida
por su dependencia (2003-2004) contra la trata de menores.
Este es su relato:
“Tuvimos conocimiento de un caso, hicimos el seguimiento durante varias semanas y
detectamos un local donde se halló a una menor explotada sexualmente; elaboramos el
atestado el cual fue remitido a la Fiscalía para las investigaciones respectivas y lo eleve
luego al Poder Judicial. Fueron detenidos el administrador y un empleado del lenocinio,
pero para mi sorpresa, ingrata por cierto, el expediente desapareció de la Fiscalía.
Ahí no quedó el asunto: me denunciaron por abuso de funciones; o sea, de denunciante
pasé a denunciado. Eso me llevó a la siguiente conclusión: puedes identificar a los
autores de esos delitos pero son negocios que se mueven en base a una coyuntura y a un
contexto mafioso. No solamente encuentras tráfico de personas para comercio sexual,
sino también para tráfico de drogas. La droga que compran sirve para “pagar” otro tipo
de delito y es una cadena muy grande que podría llegar a puntos políticos, puntos
empresariales o a puntos de la mafia que pueden dejar todo lo obrado a fojas cero.
No se descarta, entonces, que el dueño del negocio tuviera alguna conexión con la
fiscalía que veía el caso, porque el expediente completo desapareció”.
Inspección a nivel nacional
La ex funcionaria de la Defensoría del Pueblo, doctora Nardi Suxo Yturry, realizó con
un equipo de asesores de ese organismo un recorrido por diferentes ciudades de Bolivia
entre los años 1999 y 2000, algunos de cuyos resultados señalamos a continuación:
“No reunimos las pruebas, pero tuvimos información fidedigna de la presencia de niñas
de 13 y 15 años en prostíbulos, específicamente en El Alto y ni qué decir en el Oriente,
donde lo consideran más o menos normal. Los dueños de esos negocios trabajaban con
la policía. Al enterarnos de varios casos fuimos a verificar, pero las niñas habían
desaparecido. Sabíamos que estaban en un determinado local, mas al llegar brillaban
por su ausencia. Eso ocurrió en Santa Cruz, Cochabamba y otros puntos del país.
En el Oriente, específicamente en Trinidad, constatamos un problema grave: las
trabajadoras sexuales convivían con sus hijos en los mismos locales.
En Trinidad, los dueños de prostíbulos, donde trabajan mamás prostitutas, les dan
dormitorios para que vivan con sus hijos; son niños de siete u ocho años, mientras la
mamá trabaja o bebe con un cliente, los chicos caminan por el mismo local. Son niños
expuestos a todo tipo de peligro.
Pero pongámonos en el lugar de esas mujeres: ¿dónde dejan a sus hijos mientras
trabajan?, ¿qué van hacer?
Por otro lado, hay un problema serio con ellas: no pueden arrendar ni una habitación,
porque si las dueñas se enteran de dónde trabajan les niegan, afirmando que no pueden
dejar sus casas en manos de putas.
Algunas trabajadoras sexuales son “contratadas” para ir a los penales, donde pasan la
noche. Son contratadas por presos adinerados pero a través de policías. Eso lo
constatamos hace varios años en San Pedro, en La Paz.
El tema de las trabajadoras sexuales es difícil. Me siento satisfecha por lo que hicimos
en favor de ellas: talleres de concientización, las acompañamos y las hicimos sentir que
son seres humanos y tienen todos sus derechos. Ahora se han organizando y están
tramitando su personería jurídica para constituirse como sindicato.
Viven situaciones dramáticas. Si hay algún conflicto con ellas, porque las han robado o
maltratado denuncian a la policía pero ésta no investiga. Ni siquiera pueden asentar una
denuncia porque les dicen que su mismo trabajo las descalifica.
En una investigación conocimos los casos de dos muchachas que fallecieron víctimas de
los clientes. Eran mayores de 18 años, pero nunca se investigó. Es un sector muy
desprotegido por las autoridades y por las organizaciones de mujeres. Y la pregunta que
siempre hago es: ¿Las mujeres presas y las trabajadoras sexuales no son mujeres?”
1.1.5. Menores explotadas sexualmente: El Alto
Para la hermana Dina Céspedes, de la Congregación de las Hermanas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, es muy grave el problema de la
trata de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial en El Alto;
además, denuncia la presunta participación de efectivos policiales en la propiedad de
tres prostíbulos con menores de edad.
Basándose en testimonios de varias jóvenes tratadas y en investigaciones preliminares
se pregunta: ¿dónde pueden ir a quejarse estas chicas si son maltratadas por los dueños
de esos lenocinios autorizados por la Alcaldía, cuando de por medio están precisamente
las autoridades que deberían sancionar este tipo de delitos?
La religiosa dice que según algunas informaciones miembros del personal subalterno de
la policía son dueños de tres prostíbulos, ubicados en la calle “12 de Octubre”, pero los
administran terceras personas. En dicha calle funcionan unos tras otros negocios
similares con autorización del gobierno municipal, que, conociendo el problema de la
trata, no actúa.
Asimismo, enumera estas modalidades de cooptación de menores con fines de
explotación sexual:
*Las amigas: alientan a otras menores a ingresar a esa actividad;
*El entorno familiar: hay muchos casos en los que la misma familia (tías, hermanas,
primas y la misma madre) empuja a sus hijas de 12, 13 o 14 años a prostituirse,
aduciendo problemas de tipo económico.
*Las parejas y los cafichos: también obligan a una joven, de 17 o 18 años, a prostituirse.
Ellos las tienen ahí sometidas y no pueden salir, porque están en la puerta de esos
locales, esperándolas por el dinero.
La hermana Dina alerta sobre el alto número de prostíbulos en El Alto, cada uno con
unas veinte chicas por lo menos.
“Tenemos identificados a siete prostíbulos, pero hay muchos más. En algunos de ellos
hay niñas de 12 y 13 años, que atienden a los clientes a partir de las dos de la mañana.
Antes de esa hora permanecen escondidas en sus habitaciones (ubicadas en los pisos
superiores del local) para evitar que las encuentre la policía o personal de la alcaldía
durante las batidas, o nosotras, las religiosas, que las visitamos para tratar de
convencerlas de que dejen esa vida”, señala.
Pero, a partir de las dos de la mañana ellas salen a alternar con los clientes. “Eso lo
sabemos por información proporcionada por las chicas que han trabajado allí”.
“En los prostíbulos detectados trabaja un promedio de veinte chicas, cada una tiene un
cuartito; es horrible, realmente un antro, no hay higiene y da pena las condiciones en las
que van llegando estas niñas”, refiere la hermana Dina.
Cuenta que a los dueños de esos lenocinios les interesan preferentemente las menores
porque ganan más y porque es un atractivo para los hombres. “Ellas comentan que
cobran desde 5 pesos estando en la calle hasta 50 bolivianos en pieza (habitación);
además, deciden cuánto cobran cuando el servicio es con o sin condón; y si por un
servicio cobran 15 bolivianos la pieza por cliente, 5 es para el dueño y 10 para ella”.
En un prostíbulo de veinte chicas, unas 10 pueden ser menores de edad.
Las religiosas también han identificado otros lugares a donde acuden alumnas de un
colegio: salen a las cuatro de la tarde, se paran en algunas calles e ingresan a
alojamientos particulares. Nos han comentado que cobran entre uno y dos bolivianos.
Son colegiales inducidas por amigas; también, por madres de familias que invitan a esas
niñas porque están conectadas con algunos rufianes.
“Eso lo sabemos por los datos recogidos por la trabajadora social; además, ella tiene una
hija que ha escuchado que una señora va a la puerta del colegio a ofrecerles si quieren
trabajar y ganarse para su cuaderno; la intermediaria se coloca en la puerta del plantel y
va identificando a las escolares que podrían ser cooptadas”, manifiesta.
Afirma, también, que los fines de semana, a las dos de la mañana, se congrega un grupo
de unas veinte niñas escolares, en la Plaza Cívica, en El Alto; a esa hora viene un señor
en una camioneta, para recogerlas. Una hora después las regresan al mismo lugar donde
las recogieron, y de inmediato las chicas se dispersan. Es un tema urgente que debe
investigarse, pero las autoridades competentes no hacen nada al respecto.
La mencionada congregación religiosa fue fundada en Madrid, España, el año 1856.
1.1.6. Recuperando almas extraviadas
La Congregación de las Hermanas Adoratrices llegó a Bolivia en 1926 para trabajar con
niñas, adolescentes y jóvenes en prostitución. Instalaron su primera casa de internado en
Sucre; luego en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y hace tres años en El Alto.
La Congregación hizo durante años un trabajo discreto. Para ello coordinada con los
centro de salud, a donde acudían las jóvenes que estaban en prostitución para exámenes
médicos o curarse de alguna enfermedad.
Este es el relato de la hermana Dina Céspedes:
“En un comienzo los policías acompañaban a las religiosas a los prostíbulos para
conversar con las jovencitas, para poner sus internados a disposición de quienes
querían venir; y si alguna estaba en un colegio también les ofrecían apoyarlas para que
continúen estudiando.
Hace siete años cerraron los internados para trabajar con talleres externos. El 2006 la
Congregación cumplirá 150 años prestando servicios en 116 países en esta
problemática: liberar y promocionar a la joven marginada en prostitución.
Los internados de cuatro hogares tienen capacidad para 75 jóvenes; y todas las que han
pasado por nuestros hogares han salido adelante, las hemos devuelto a sus respectivas
casas, en otros casos hemos localizado a sus familiares y hemos ido trabajando para que
se reinserten en la sociedad pero con dominando alguna especialidad técnica.
Todos los años hemos mantenido esa cifra de jóvenes para recuperarlas y puedan salir
adelante con una capacitación. A las jóvenes que no querían terminar los estudios en
los colegios les dábamos una formación manual. Estamos hablando de más de seis mil
menores de 14 años a 18 años.
Cerramos los internados porque las chicas no soportaban más, no querían seguir
internas y se escapaban.
Al evaluar el trabajo realizado, las hermanas llegaron a la conclusión de que era hora de
replantear la estrategia. El año 2000 optamos, en La Paz, por organizar talleres de
capacitación externa y las hermanas empezaron a tener contacto con el centro piloto,
para investigar la realidad de las chicas en prostitución.
Nos acercamos a ellas, hicimos reuniones y celebramos la navidad; ese año realizamos
un diagnóstico: qué querían, cuáles eran sus expectativas, cómo querían que las
apoyemos, etc. Ese año los Padres Salesianos nos prestaron un edificio donde, desde el
2001, funcionan los talleres de Repostería y Corte y Confección. Hoy tenemos también:
Tejido a mano y a máquina, Belleza y una Panadería, donde reciben capacitación para
que trabajen y vayan saliendo adelante.
La Congregación labora en cinco ciudades; y en El Alto hemos tenido un promedio de
80 chicas de 14 años a 22 años por año.
En El Alto firmamos un convenio con el centro de salud porque ahí van las chicas a
realizarse sus exámenes médicos o a recibir atención médica cuando están enfermas;
además, la trabajadora social del centro nos apoyó en los talleres y en las visitas en las
noches a los prostíbulos para invitar a esas chicas a los talleres…
Esas chicas nos conocieron. Dicen: vamos a ir hermana, queremos aprender. Al llegar a
los talleres les hacíamos una evaluación de aptitud vocacional, para ver qué querían
aprender y de acuerdo a ello les mostrábamos los talleres, y decidían.
La mayoría de ellas lleva una vida destrozada. Contaban sus historias porque no podían
estar con desconfianza, tristes ni amargadas; relataban que la mayoría fueron violadas a
temprana edad, habían vivido en la calle y habían consumido drogas a los 14 y 15 años.
Es que la prostitución va con el alcohol y la droga.
Conforme van entrando en confianza en el proceso de acompañamiento personal que le
hacemos, a parte de la intervención psicosocial y de la formación en los talleres, les
explicamos sus derechos, su dignidad, su persona y las leyes que las amparan.
Debemos destacar a las instituciones que nos apoyan gratuitamente, como el
Viceministerio de Justicia con el certificado de nacimiento, porque todas las chicas que
vinieron no tenían ese documento ni otros que las respalden quiénes eran.
Ahora, tenemos una del Beni que está indocumentada, vamos a viajar para hablar con su
padre a quien ya hemos localizado y ver cómo resolvemos el asunto.
En Sopocachi tenemos un hogar de mamás solteras, al que pueden ingresar las que
tienen un niño, están embarazadas o que quieren dejar el ambiente.
Más de seis chicas mil capacitadas por la Congregación han dejado la prostitución en
cuatro ciudades de Bolivia.
En los tres años que estamos en El Alto más de 10 jóvenes se han reinsertado en la
sociedad; entre ellas, dos cruceñas, una, madre de cinco hijos y abandonada, estudia
peinado en Santa Cruz, le dimos una casita y la apoyamos los primeros meses para
hacerle el seguimiento y no recaiga; y la segunda, estudió repostería y ahora ha puesto
una panadería; la hemos ayudado a comprar el horno, pagamos el alquiler y le
seguiremos apoyando hasta que no diga que puedo seguir sola.
Otra chica que estudió Corte y Confección, ha puesto en su casita un letrero que dice
“Se costuran prendas” (sic), para poner en práctica lo que se le enseñó.
A otras las tenemos estudiando peinado, son jóvenes con hijos pequeños.
Lo que nos preocupa sobremanera es la presencia de niñas de 12 o 13 en algunos
prostíbulos, que salen a partir de las 2 de la mañana. Ellas están escondidas en sus
habitaciones esperando que terminen las batidas de la policía, de la alcaldía o de
nosotros las religiosas que vamos en inspección.
Tuve la oportunidad de hablar con una proxeneta a quien convencí para hacer amistad.
Le decía: cuando usted se vaya (se muera) qué se va llevar, si tuviera hijas le gustaría
que estuvieran acá, que mientras usted administraba el local viera a sus hijas con tantos
hombres, etc.
Frente al silencio de esa señora, le informábamos que tenemos talleres de capacitación y
que nos enviara a las chicas para ayudarlas, porque dentro de poco se van hacer mayores
y las van a despedir de esos lugares, porque a ellos (los dueños) les interesan las
menores, porque ganan más y constituyen un atractivo para los hombres...”
Así transcurren los días de la hermana Dina; unos, convenciendo en las penumbras de
un lenocinio a jovencitas que, confiadas en la aparente benevolencia de gente
inescrupulosa, cayeron en las fauces de la explotación sexual; y otros, escuchando
testimonios desgarradores de menores tratadas y alentándolas a quienes creen haberlo
perdido todo, para volver a empezar una vida digna a pesar de la adversidad…
1.2. La trata internacional
La crisis económica y social que vive el país agudiza el problema de la trata de mujeres,
adolescentes, niñas y niños. “Hoy vemos un comercio encubierto grande de mujeres
jóvenes a países europeos. Antes la tendencia era llevarlas a Estados Unidos; ahora es a
España. El anzuelo: ofertas para trabajar como niñeras o cuidadoras de ancianos. Como
Europa es un continente con mucha población de tercera edad que necesitan atención,
las convencen fácilmente diciéndoles: vas a trabajar con ancianos; a otras les ofrecen
trabajo en cafeterías y heladerías”, dice la estudiosa Rosa Julieta Montaño.
Una vez que llegan allí –por lo que hemos investigado- reciben vouchers de alojamiento
de dos o tres días en un hotel de tres estrellas –entregadas por las agencias de viaje- para
despistar las sospechas que genera su ingreso en Migración. Cuando las chicas ya están
en el hotel son contactadas por los traficantes supuestamente para que vayan a trabajar
en alguna casa o en alguna cafetería.
Muchas jóvenes han eludido a los traficantes en España, pero fueron hostigadas por
teléfono y presionadas para ingresar en el mundo de la trata de mujeres.
Subraya “comercio encubierto” porque son personas que salen de Bolivia cumpliendo
todas las formalidades legales: pasaporte, en algunos casos contratos de trabajo y en
otros, constancia de separación de alojamiento o pago por ese concepto por los primeros
días en algún hotel, porque aducen que van en viaje de turismo.
Este “comercio encubierto” ha crecido en los últimos cinco años. ¿Quiere comprobarlo?
Suba a un avión que cubre la ruta a Europa, especialmente a España, y verá muchas
chicas, inclusive indígenas, que apenas hablan castellano, a las que “disfrazan” con
vestidos o faldas cortas y calzados de taco, que no pueden ni caminar.
Las tienen bien entrenadas para que no hablen, para que tengan cuidado de no conversar
con otras personas y hagan exactamente lo que ellos han ordenado.
Estas chichas proceden de la zona rural del país. Son jóvenes del Oriente y Occidente;
de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, cuyas edades están entre 17 y 25 años.
Más allá de las explicaciones de pobreza y de la falta de oportunidades en el país para
miles de adolescentes que caen en las garras de la trata, existe –por decirlo de alguna
manera- una demanda internacional que no está relacionada necesariamente con algún
patrón de belleza específico.
La estudiosa del fenómeno, doctora Rosa Julieta Montaño, tiene esta hipótesis:
“Considero que más bien la tendencia actual es salir del esteriotipo de belleza
generalizado (una mujer alta, de cabellos rubios, ojos celestes o azules, etc.) para entrar
a lo exótico, que representamos las andinas”.
“Este es un fenómeno nuevo, porque antes inclusive en la prensa leíamos avisos como
este: Se necesita señoritas de buena presencia, enviar fotografía reciente; y a través de
esa información comercial se iba cooptando a las jóvenes que confiaban en sus
ofrecimientos. Ahora la tendencia es otra y lo tipificamos como trata”.
Cooptadores
Los cooptadotes operan en conexión con agencias de viajes, “por lo menos eso podemos
afirmar por la investigación que hicimos en el Beni”, indica Montaño.
¿Cómo operan? Hasta los lugares donde viven las potenciales víctimas, en el Beni,
llegan gentes que viven en Europa, generalmente bolivianos, peruanos o gente latina,
para ofrecerles trabajo.
Dicen: Tenemos en España muchas posibilidades de trabajo, pagan muy bien por hora y
pueden ganar tanto al mes; con eso pueden resolver los problemas familiares. Es decir,
motivan, incitan y cuando algunas muestran interés les responden que podrían, a través
de una determinada empresa o persona, conseguir los documentos para el viaje.
Obviamente, esas empresas no son españolas, son de latinos afincados allá.
Entonces, el reto es identificar qué empresas europeas estarían detrás de los cooptadotes
que son latinos. “Para mí ese es el gran nudo. Sabemos que los que vienen a cooptar no
son europeos, raras veces son europeos, sino que son de esta región”.
Puntualiza que se ha denunciado a algunos cooptadores. Cita el caso de Cochabamba,
donde la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia descubrió a algunos de ellos, pero
como esas redes funcionan bien no hemos visto a ninguno de ellos en la cárcel,
inclusive con denuncia expresa de la Defensoría de la Niñez.
Se han dado casos, añade Montaño, que a esas a gentes simplemente las citan y no se
presentan; simplemente se van…
En Cochabamba la cantidad de gente por día que pide pasaporte para salir a España es
por lo menos 30 a 40 personas. Y aunque parezca increíble, cerca de la Oficina de
Migración se ve a varios hombres dando instrucciones a las posibles viajeras.
Menciona que a fines del año pasado cuando fue a tramitar pasaportes para que vayan
de vacaciones a Arica dos familiares, hubo una enorme demora por la cantidad de gente
que gestionaba ese documento: todas eran chicas jóvenes que viajaban a España.
Vía crucis
Montaño expone un hecho emblemático: Conocí a una joven en Barcelona, que fue a
trabajar. Tenía problemas acá y viajó por su cuenta, no incitada. Tenía 22 años. Llegó a
un albergue infame en cuyas habitaciones viven hasta seis personas, cada huésped paga
100 euros mensuales por colocar su maleta y tener un rincón para dormir.
El albergue era un lugar se cooptación para prostitución.
La chica tuvo suerte. Como había cursado estudios universitarios al tercer día de haber
llegado comenzó a buscar trabajo y felizmente lo consiguió por lo que dejó el albergue.
Sin embargo, no la dejaban en paz. Ignora cómo descubrieron su centro de labores. Un
individuo la llamaba para decirle: “Cuánto ganas, te ofrezco el doble, estás perdiendo
tiempo, vas a dejar tus huesos aquí y no vas a tener nada. Te ofrezco el doble. Lo único
que tienes que hacer es servir en una cafetería, no pasa absolutamente nada”.
Ella respondió: “Por qué me ofrece a mí, habiendo tantas personas. Es que sé tus
antecedentes, sé que eres persona buena. Vas a atender de 6 de la tarde a 10 de la noche
en una cafetería”. Tanto fue la presión que informó a los señores donde trabajaba para
que tomen alguna medida, porque no tenía idea de quién era la persona que llamaba.
Documentos incautados
Según las informaciones que maneja Montaño los traficantes de Cochabamba operan
así: Una vez que las chicas llegan a España les dicen: como garantía para que no te
escapes y nos dejes colgados, porque te vamos a hacer un pago anticipado, entréganos
tus papeles”. Con esos documentos, ellos son dueños de la vida de la persona.
Las chicas que caen en esas garras no pueden salir más.
La televisión española difundió el reportaje de un grupo de periodistas españoles en
Santo Domingo, que llegó hasta un holandés, que era traficante de mujeres y encargado
de cooptarlas. Recibieron amenazas terribles. Seguramente eso mismo sucede aquí,
porque no me imagino cómo personas que no tienen ni para comer reúnen dinero para
el pasaje, 1.200 dólares; para pagar el impuesto por el pasaje, 20 dólares; para el
pasaporte, 200 dólares; para el impuesto de salida del aeropuerto, 25 dólares; etc.
Además, hay que llevar dinero adicional, por lo menos 100 o 200 dólares.
No son chicas especiales ni obedecen a cierto patrón de belleza. No hay ningún patrón.
Creo que la tendencia actual es salir del esteriotipo de belleza para entrar a lo exótico
que representan las andinas. Es un fenómeno nuevo. Antes incluso veíamos en los
avisos de prensa: Señorita de buena presencia, última fotografía, y a través de eso se
cooptaba jóvenes. Ahora la tendencia es otra. Eso lo tipificamos como trata.
Las ciudades que expulsan más habitantes son: Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
Finalmente, hace un llamado a las mujeres del primer mundo para que no caigan en ese
adormecimiento de conciencia que significa las palabras “trabajadoras sexuales”. Creo
que eso es un adormecimiento, una especie de poner anestesia a la conciencia el decir:
“bueno, son trabajadoras sexuales”. No se trata de trabajadoras, sino de víctimas de la
explotación sexual, son víctimas de la explotación y del tráfico de personas.
Montaño ha trabajado en el tema de Derechos Humanos desde el primer día que se
recibió de abogada; primero como defensora de reos pobres, luego como integrante de
la Asamblea Permanente de DD.HH. y desde hace veinte años está al frente de la
Oficina Jurídica para la Mujer.
A parte del cuadro que expone la doctora Montaño, hay también otro tipo de trata: de
mujeres de los países vecinos a Bolivia, como refiere la ex funcionaria de la Defensoría
del Pueblo, doctora Nardo Suxo.
Señala que una investigación a nivel nacional sobre las trabajadoras sexuales, realizada
durante seis meses, de 11 de la noche a 4 de la mañana del día siguiente, permitió
conocer a jóvenes chilenas, peruanas, argentinas, etc. “que eran las más explotadas”.
“Antes de que una resolución la Defensoría del Pueblo anule las matrículas para las
trabajadoras sexuales las extranjeras debían pagar por ese concepto en dólares; las
bolivianas 50 bolivianos semanales y las extranjeras, 50 dólares”, dice.
Recuerda que constataron que había muchísimo abuso sobre todo contra las extranjeras.
“Por ejemplo, si conseguían un ‘carné de identidad’ como bolivianas, pagando, hace
unos cinco años, más de cien dólares, los policías que les facilitaban ese documento las
chantajeaban permanentemente, porque sabían que era un carné falso. Les sacaban más
y más dinero. Era una situación dura que no creo haya cambiado”.
2. Niñez en situación de riesgo
En el mundo contemporáneo no debería haber ya una sociedad que se precie de tal si no
valora la importancia de su niñez y adolescencia, aunque, a decir verdad, ello no ha
sido una constante a lo largo de la historia de la civilización.
Pero en las últimas décadas se nota una mayor preocupación por ese sector poblacional
no solo por las numerosas y reiteradas denuncias sobre el estado de abandono de
millones de niños y niñas en muchos países, reflejadas en las elevadas tasas de
mortalidad infantil, desnutrición, abuso y explotación, sino también por la presión de la
comunidad internacional.
Ha demandado tiempo y trabajo dejar atrás aquella visión de niños, niñas y adolescentes
dependientes de la familia, del maestro y del padre en particular, y avanzar hasta
reconocerlos formalmente como sujetos sociales y de derecho; es decir, personas. Así,
de ser la niñez una categoría marginal e invisible y en muchas sociedades insignificante,
ha pasado a ser reconocida en su especificidad y autonomía.
Y pese al avance conceptual logrado por algunos instrumentos internacionales, como la
Convención de los Derechos del Niño, ratificado por Bolivia en 1990, todavía persisten
culturas de la infancia por las que niños, niñas y adolescentes siguen siendo una
mayoría excluida, debido a algunas formas de relación social.
¿Pero cuál es la gravitación de la niñez y la adolescencia en la población nacional?
Según el Instituto Nacional de Estadística Bolivia tiene aproximadamente 8.3 millones
de habitantes. La población menor de 18 años representa el 49.2 por ciento de los 8.3
millones. De esa cifra, el grupo de 0 a 6 años es el 19.2 por ciento seguido por el de 7 a
12 años que acumula el 16.3 por ciento y los adolescentes de 13 a 18 años con el 13.7
por ciento. El 61 por ciento se halla en el área urbana y el 39 por ciento en el área rural.
“De esa población se estima que cerca de dos millones de niños, niñas y adolescentes se
encuentran en situación de riesgo, en el marco de la pobreza y marginalidad en que
socializan su infancia”, dice el volumen titulado “Violencia hacia la Niñez y
Adolescencia / En base a los resultados del Sistema de Información de Defensorías
(SID)” editado el 2003 por el Ministerio de Desarrollo Sostenible / Viceministerio de la
Juventud, Niñez y Tercera Edad/ Dirección General de la Niñez.
No son pocos los peligros que acechan cada vez más a las niñas, niños y adolescentes en
circunstancias en que la pobreza obliga a los padres a trabajar, dejando muchas veces a
sus menores hijos librados a su suerte; y en otros casos, incorporarlos tempranamente a
diferentes tipos de labor para ayudar al hogar corriendo muchos y graves riesgos.
Como refiere la citada publicación una de las consecuencias de la pobreza es la
presencia de niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad en el
ejercicio de sus derechos, como resultado de la conjunción de múltiples factores
(sociales, culturales, económicos y políticos) que generan condiciones de elevada
pobreza y exclusión, limitando su capacidad y posibilidad de acceder a una vida digna.
“Las manifestaciones más elevadas de esta situación revelan la presencia de niños
sometidos a maltrato y abuso sexual, otros viviendo en las calles, insertos en actividades
laborales (…) que afectan el desarrollo”.
Aunque la cifra podría ser bastante mayor, la publicación subraya que existen 800 mil
niños, niñas y adolescentes trabajadores que representan el 21.3 por ciento de la
población económicamente activa. “En su mayoría son objeto de discriminación,
violencia y abuso, montos de retribución más bajos, horas de trabajo que en algunos
casos exceden las 10 al día, ausencia de acceso a la seguridad social y ninguna sujeción
a la Ley General del Trabajo. Generalmente, el trabajo les impide asistir a la escuela, lo
que ha venido incrementando los niveles de deserción e incorrespondencia escolar. Más
del 56 por ciento no asistieron y/o abandonaron la escuela”.
El mismo documento da cuenta que unos cuatro mil niños, niñas y adolescentes viven
en la calle, localizados en las principales ciudades del país; que existen unos 16.500
huérfanos y abandonados que reciben atención en centros y hogares de todo el país y de
cuya situación no puede sino asegurarse la necesidad de buscar políticas alternativas,
que eviten que las instituciones estatales encargadas de su protección, sean las
principales vulneradoras de sus derechos.
En este contexto, indica, la pobreza no sólo afecta a la niñez mediante formas
prematuras de inserción laboral, que constituyen lo que se ha venido a llamar como
“infancia robada”. “La pobreza descarga sus mayores perjuicios en hogares
desintegrados, en niños no reconocidos, en quienes sufren abandono afectivo, en las
víctimas de distintas formas de violencia y abuso sexuales intrafamiliares, en los que
están expuestos a violencia en la calle. No son estas patologías exclusivas de los
hogares más pobres y vulnerables –algunas de ellas no conocen diferencias de estratos
sociales. Pero sí es en éstos donde cobran una dimensión mucho mayor”.
Luego subraya: “La visibilidad de la problemática de la niñez y adolescencia, el
desarrollo humano y la necesidad de diseñar políticas públicas de la infancia, incluidas
las políticas fiscales y presupuestarias, se fundamentan en una prioridad esencialmente
moral: a) Como responsabilidad de la generación presente respecto a la generación
futura; y b) Como responsabilidad pública, prioritariamente del Estado, pero con la
participación de la sociedad civil y el apoyo del sector privado”.
Más allá de este análisis y las reflexiones con las que coincidimos recordemos que hay
una legislación frondosa sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes vigentes
no solo en la mayoría de países, sino también importantes instrumentos internacionales
que generalmente los gobiernos miembros de dichos organismos han adoptado e
incorporado a su legislación, mediante la ratificación de los mismos, como, por
ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño.
Al respecto, debemos resaltar los esfuerzos que realizan los gobiernos de los países más
pobres del hemisferio por brindar la protección que requiere este importante sector
poblacional, pero al mismo tiempo queremos llamar la atención de las más altas esferas
de la administración del poder central sobre lo perentorio de atender –a nivel macrosituaciones como las que exponemos en este capítulo.
No reconocer la existencia de un cúmulo de situaciones anómalas ni realizar con
urgencia las coordinaciones respectivas con otras instancias del Estado (Poder
Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Municipales, Prefecturas,
etc.,) sería como pretender negar nuestros derechos más elementales como personas
mayores, olvidando que en algún momento de nuestras vidas fuimos niños, niñas y
adolescentes, para convertirnos en los ciudadanos de hoy.
Obviamente, atender problemas álgidos como los que mencionamos cuando se atraviesa
por largos años de crisis económica y social, es harto complejo y difícil.
De allí la urgencia de que la sociedad civil se incorpore con una auténtica vocación de
servicio a coadyuvar con sus mejores esfuerzos e iniciativas a defender y proteger cada
uno de los derechos de los niños y niñas, no con discursos ni promesas, sino con
acciones concretas que sumen e incorporen nuevas iniciativas a favor de esta causa.
No tomar conciencia de esta dolorosa realidad y no actuar nos colocará en una triste
situación que la historia juzgará, como seguramente lo hará con aquellas otras páginas
escritas por la indolencia y la insensibilidad.
Actuemos ahora. Pasemos de la retórica a los hechos. Comprometámonos a que no se
repitan nunca más hechos como los que señalamos aquí, porque detrás de lo expuesto a
manera de casos individuales hay una cantidad de víctimas que desconocemos.
2.1. Un bebe por un puesto de trabajo… para un tercero
El caso está en proceso de investigación. Se trata de un bebe de seis meses de nacido,
natural de Guayamerín, departamento del Beni, que, en brazos de una nueva pareja,
aparece en Extremadura, España.
La noticia no tiene su origen en La Paz, sino en Ultramar. La Comunidad de
Extremadura, en España, comunicó al Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera
Edad que conocía el caso de una pareja española, que tenía un bebe e origen boliviano.
De ello, hace más de tres meses, aproximadamente, señala la doctora Ninoska Durand,
asesora legal del Viceministerio de la Niñez, la Juventud y la Tercera Edad.
Las primeras investigaciones revelan que los familiares del menor radican en
Guayamerín, por lo que hubo confusión para determinar de dónde era, pues el pasaporte
había sido otorgado en Pando y el Certificado de Nacimiento en el Beni.
En un comienzo, recuerda Durand, se pensó que se trataba de un secuestro por lo que
pidieron apoyo a las Defensorías de la Niñez y a la Policía para ver si tenían algún
reporte de casos de niños extraviados.
Últimas informaciones dan cuenta que el bebe, a través de la hija del pastor de una
Iglesia Evangélica, fue entregado a la pareja española que lo tenía al hacerse público el
hecho. La presunta traficante inscribió al bebe como hijo suyo.
Aquí se estaría configurando el tipo de tráfico de menores, porque uno de los hijos del
pastor habría recibido una dádiva por haber ayudado a conseguir al niño.
La pareja española tuvo una relación epistolar fluida con los hijos del pastor como
revelan varias cartas conocidas durante la investigación, que dan cuenta de que uno de
los hijos del pastor está trabajando en España.
Dos de los hijos del pastor involucrados en el caso residen en España. Hoy el niño está
en un centro de acogida, bajo la tuición de la Autoridad Central Española y a la espera
de que el Viceministerio de Niñez alcance mayor información.
Fue la información de la Defensoría de la Niñez y de la Policía Técnica Judicial que
permitieron aclarar la interrogante de cómo había llegado el bebe a la Península Ibérica,
pues no se siguieron todos los procedimientos para su salida de Bolivia.
Si bien existe el consentimiento de la madre, que habría “obsequiado” al bebe, las leyes
bolivianas y la Convención de la Haya establecen un procedimiento de adopción que, en
este caso, no se siguió.
La madre dio su aquiescencia para que el bebe salga del país, pero no ante un juez. Fue,
indudablemente, un acuerdo transaccional entre partes que carece de validez.
Para la doctora Durand no es el único caso que está manejando; en el tema de
adopciones, indica, hay otros más en proceso de investigación.
Explica que es común que las madres de familia del Beni, especialmente aquellas de
hogares muy pobres, entreguen sus menores hijos a sus parientes cercanos e inclusive a
personas conocidas aunque no sean familiares.
“Ocurre, simplemente, que no pueden mantener a sus criaturas y optan por regalarlas;
eso es frecuente en la zona rural del Beni”, señala.
Y en estos días estudian la posibilidad de que si la criatura se halla en España sea
adoptada por otra familia (no la que está involucrada en la adopción ilegal) para
asegurarle un mejor porvenir, dada la situación de extrema pobreza de la madre
biológica que reside en el Beni; inclusive ya habría un pedido en ese sentido.
2.1.1. Una vida enajenada en la adolescencia
Tenía apenas 16 años pero ya ganaba algún dinero para ayudar al sostenimiento de su
hogar a cargo de su madre, porque el jefe de familia afrontaba problemas judiciales en
Bolivia y en Perú. Él pasó varios años en prisión porque para viajar al exterior pretendió
utilizar un ticket aéreo que pertenecía a otra persona. En su equipaje hallaron material
de contenido político por lo que lo vincularon con un movimiento terrorista.
Tiempos difíciles sentaron sus reales en casa de esta humilde familia formada por dos
obreros de un centro minero de Potosí.
La primera hija nació en el hospital del centro minero de Catavi, en el departamento de
Potosí. En su infancia fue una niña inquieta, audaz, conversadora. Ellos soñaban con un
futuro mejor para sus hijos.
El destino nos teje algunas trampas. Si ello es cierto probablemente le tendió una a la
primogénita, pues en ese nosocomio trabajó como enfermera para una mujer, quien se
cruzó en la vida de la adolescente al contactarla, a través de otras chicas de su edad,
para lo que definió como un “trabajo sencillo”: ¡cuidar bebes…!
Aquel día de mayo o junio de 1987, cuando ella caminaba a los 17 años, entró resuelta
al Hospital de Mujeres de La Paz, tomó en sus brazos a un bebe de apenas dos días de
nacido y se lo llevó a El Alto, a una casa alquilada previamente por Pinto.
Ella cumplió al pié de la letra las indicaciones de su empleadora. Todo había salido bien
hasta que los medios de comunicación difundieron el secuestro de la criatura y en El
Alto, la dueña de la casa alquilada, avisó a la policía que allí lloraba un bebe.
Pasaron tres días hasta que la joven fue detenida. Ella relató a la policía, según narra
hoy su madre, que la mujer le había ofrecido pagar US $ 100 por sustraer a la criatura y
llevarla a Santa Cruz, de donde viajaría a España.
Aún menor de edad, fue sentenciada a 12 años de prisión. Su madre dice que el juez que
la juzgó recibió dinero de los padres del bebe para imponerle esa drástica condena. “No
tenía dinero y no pude defender a mi hija”, musita mientras el llanto parece ahogarla en
una humilde habitación de El Alto.
La joven esperó ocho años para dejar la cárcel de mujeres de Obrajes, mas cuando
volvió a su hogar su madre notó algo extraño. Las continuas preguntas y la presión
materna abrieron paso a otra dura realidad: estaba embarazada.
“¿Quién es el padre de la criatura que llevas en tus entrañas?”, preguntó una y otra vez.
Al final se doblegó. Contó a la autora de sus días que era un preso de la cárcel de
Chonchocoro, que esta involucrado en problemas de narcotráfico.
Lo sorprendente es que ella no era la única joven que salió embarazada.
El relato posterior estremece a la estudiosa Emilse Escóbar, quien hizo posible llegar a
la casa de Blanca: periódicamente algunas internas de la Cárcel de Mujeres de Obrajes
eran llevadas a Chonchoro, un penal de alta peligrosidad, solo para hombres.
Este penal está bajo la jurisdicción de la Dirección de Régimen Penitenciario.
Indagaciones ulteriores permiten inferir que las internas más agraciadas de la cárcel de
Obrajes eran llevadas a Chonchoro, a donde ingresaban “como esposas, novias o
parejas” de los internos los días previstos para la visita conyugal.
La bebe que llevaba la joven en su vientre murió. El padre, el sentenciado por
narcotráfico, se vio envuelto en el crimen de otro interno por lo que su sentencia fue
ampliada a 25 años. La relación afectiva concluyó.
Poco después la joven contrajo matrimonio con un trabajador minero, de quien tiene
tres hijos pequeños.
Ocho años presa quebraron sus mejores años y la marcaron para siempre: inestable,
irascible, con deseos de emprender un viaje sin destino han puesto en peligro su vida
matrimonial.
“Necesita urgentemente tratamiento especializado, pero carecemos de dinero”, clama
su madre quien remarca que su hija no quiere hablar del pasado, quiere huir y a veces
abandona a sus niños.
La mujer, quien tenía una clínica en Santa Cruz, unos piensan que era una guardería
para los niños que vendía a España, reside hoy en alguna ciudad del Brasil, como
afirman los empleados de su local ubicado en “La Cuchilla”.
Otras jovencitas, también contactadas por la misma mujer, a mediados de la década de
los 80, fueron internadas.
La madre de la victima, una mujer trigueña y de facciones finas, lucha para sacar
adelante a su hogar en El Alto, una ciudad de crecimiento caótico y mayoritariamente
aymara.
En El Alto, que pronto estará unido a La Paz, porque crecen en el mismo sentido, se
comenta que hay madres de familia que venden a sus niños por US $ 500; otros más
audaces sindican como una de las traficantes de bebes a la hermana de un clérigo.
Difícil confirmar esas versiones, pero en Bolivia, como dice un analista, las cosas se
saben “de ha oídas”, las gentes murmullan. Si ello es así, la vida de un bebe o un niño
menor de diez años tiene precio; pero las autoridades no ve, no escuchan ni investigan.
Hay hartazgo de la clase política en El Alto, donde un sacerdote –para sorpresa de
muchos feligreses- ha dejado los hábitos para postular a la alcaldía.
Ella afirma que con un grupo de mujeres está trabajando por su pueblo, porque tiene
muchísimas necesidades, y además quiere poner atajo a la corrupción.
Esa corrupción, dice, que internó a mi hija ocho años en la cárcel siendo menor de edad.
“Por carecer de dinero no pude hacer nada; ni mi llanto ni mis súplicas conmovieron a
las autoridades judiciales ni a los padres del bebe que mi hija sacó del hospital; mientras
que la responsable intelectual quedaba libre”, declara esta madre que intenta –con su
inmenso amor- ayudar a su primogénita a recuperar la salud mental. Salud que un día
perdió en un rapto de enajenación y que ojalá la recupere, pues aún tiene 32 años.
Menores de edad son penalmente responsables...
¿Puede una menor de edad condenada a 12 años de prisión por haber cometido un
delito? La respuesta es sí, según el Director General de Régimen Penitenciario, doctor
Tomás Molina,
Esta es su argumentación:
“Ello proviene de un largo debate a nivel mundial desde hace muchas décadas, porque
en todos los países se trató de establecer cuál era la edad en la que una persona puede
asumir responsabilidad sobre sus actos.
En el código español de 1822, la edad de responsabilidad penal era de a partir de siete
años. Luego con estudios psicológicos de la personalidad de los infantes y adolescentes,
se ha establecido -casi a nivel mundial- que a los 16 años, una persona puede asumir
responsabilidad sobre sus actos y acomodar su conducta a los preceptos del Código
Penal.
A esto se debe que en Bolivia la responsabilidad penal comience a los 16 años, aun
cuando es parte del Convenio sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1º señala que Niño es todo
ser humano desde que nace hasta los 18 años, pero el mismo artículo dice: “Conforme
la legislación del país vigente…”; o sea, no es contradictorio con la Convención que
Bolivia establezca la responsabilidad penal a partir de 16 años.
En Estados Unidos a los 16 años empieza esa responsabilidad, también en algunos
países vecinos de la región.
La pena máxima en Bolivia es 30 años; un menor la puede recibir porque la
responsabilidad penal comienza a los 16 años. Lo que significa que un menor de esa
edad puede recibir la pena máxima, mucho más cuando la pena por asesinato es
indivisible: 30 años, lo absuelven o lo condenan.
En el caso del secuestro de un bebe se castiga hasta con 20 años de prisión.
Bolivia tiene el Código Niña, Niño y Adolescente que fija sanciones para menores de 16
años, un régimen legal especial. Hasta los 12 años hay una inimputabilidad absoluta.
Entre 12 y 14 años hay castigo; de 14 a 16 años el castigo es mayor. Si un menor entre
14 y 16 años comete un delito, la máxima pena que puede recibir es de cinco años, pero
se le llama medidas socioeducativas, y al sujeto, infractor.
Si comete una infracción social entre los 14 y 16 años, la máxima pena que puede
recibir para estar en un instituto educativo es cinco años.
Si un menor entre 12 y 14 años comete un delito, la máxima sanción que puede recibir
es de tres años, por más grave que sea la acción cometida”.
“Podría haber existido tráfico de internas…”
Consultado sobre la posibilidad de un tráfico de internas del penal de Obrajes al de
Chonchocoro, el Director General de Régimen Penitenciario hace este comentario:
“Cuando son detenidos los esposos, la dama va a la cárcel de mujeres y el varón a la de
hombres. La ley permite visitas conyugales. Se hace un cronograma y las esposas
pueden visitar a sus esposos, por eso algunas internas de Obrajes han sido trasladadas
legalmente a Chonchocoro, donde pasan un día con el esposo, y según su
comportamiento pueden recibir hasta dos veces al mes ese tipo de autorización.
No creo que haya existido el tráfico que me habla. No es posible, lo que sí existe es el
traslado de mujeres, compañeras o esposas de los presos que están en Chonchocoro.
La Dirección a mi cargo ha tomado una decisión: nosotros autorizábamos este tipo de
visitas conyugales, pero por el alto costo que representa darles movilidad para que
puedan visitarse entre cónyuges hemos decidido que quien dé la orden sea el juez.
Eso ha molestado a los internos, porque antes el trámite no era difícil, ahora deben
tramitarlo ante el juez, porque la ley señala que todo lo referente a la ejecución penal
está en manos del juez de ejecución.
Las visitas conyugales están admitidas por ley y se dan en todas las cárceles de
Bolivia”.
Y sobre la posibilidad de que jóvenes solteras hayan sido llevadas a Chonchocoro, en un
comienzo bajo presión y luego con anuencia de ellas, como lo demostrarían algunas
internas de Obrajes que salieron embarazadas, señala:
“Es posible, no quiero negar. Es muy posible, pero con aceptación de la interna. Es
imposible admitir que una persona sea trasladada 40 kilómetros en contra de su
voluntad.
Es probable –si es que esto es verdad- que haya sido con anuncia de ellas y como fruto
de algún acto de corrupción con el personal de guardia, que haya dado lugar a que
algunas de las internas visiten Chanchocoro.
No creo que haya sido una especie de secuestro o que las presas hayan sido obligadas a
pernoctar en Chanchocoro.
Inducidas, puede ser; tampoco me atrevo a negarlo. Puede que en el pasado haya
existido este tipo de tráfico, pero no conozco un dato concreto”.
“Ex funcionarios inducían a las internas…”
Consultado sobre la misma hipótesis planteada al Director General de Régimen
Penitenciario, el estudioso de la problemática carcelaria, Juan Carlos Pinto, dijo:
“Hubo casos en gestiones anteriores de altos funcionarios de la Dirección General de
Régimen Penitenciario que sacaban a algunas internas del penal de Miraflores, el de
máxima seguridad para mujeres, para llevarlas a divertirse”.
Relató el caso de un ex director general de esa dependencia que el año 2002 fue
descubierto con una interna en una discoteca, y que según las denuncias de entonces
otros funcionarios estaban implicados en casos similares.
Pinto admite que probablemente algunos ex funcionarios para sacar algún tipo de
beneficio directo podrían haber facilitado la salida de chicas de sus penales a centros de
reclusión para varones; probablemente, indicó, podrían inclusive haberlas inducido a la
prostitución.
No descarta la posibilidad de que la corrupción haya tratado de hacer uso de beneficios
conseguidos legalmente para la población penal, como las visitas conyugales. “Y
aprovechando que algunas internas salían para ver a sus esposos o convivientes en
Chonchocoro, podrían haber incluido a otras atendiendo “pedidos” de internos”.
2.1.2. Niños no repatriados
Esta historia empezó a escribirse en el 2001, cuando una madre boliviana fue llevada a
España para que allá dé a luz. Ella no quiso desprenderse del fruto de su vientre y
presentó una denuncia. A partir de ahí empieza a desenredarse la madeja que permitió
descubrir una mafia que operaba en Santa Cruz de la Sierra, la cual había hecho posible
el viaje de seis niños bolivianos con fines de adopción ilegal.
La madre denunciante había alumbrado mellizos en Bilbao.
El 28 de septiembre del 2001 la titular del entonces Viceministerio de Asuntos de
Género, Generacionales y Familia dictó una resolución administrativa mediante la cual
resuelve que se inicien las gestiones de repatriación y restitución de los niños y niñas
bolivianos que -en ese momento- se encontraban internados en un centro de protección
de menores del País Vasco al que llegaron ilegalmente desde Santa Cruz.
Días antes dicha funcionaria y la entonces diputada Elisa Zúñiga viajaron a Bilbao para
coordinar los trabajos de investigación del tráfico de esos menores tras descubrirse a
una red criminal. Los seis menores habían sido adoptados ilegalmente por parejas de esa
ciudad, estableciéndose que aquellas que compraron a los menores no podrían
posteriormente adoptarlos de manera legal por el delito cometido.
Lo que siguió fue un proceso largo y tedioso en el que tuvo una brevísima participación
el entonces Presidente Jorge Quiroga, quien los días 29 y 30 de octubre hizo una visita
oficial a España. Durante su estada, se hizo un análisis de los aspectos jurídicos para
atender las necesidades sobre materia de adopciones y resaltaron la importancia de
resolver por la vía adecuada los casos irregulares de menores bolivianos.
Entre los miembros de la red figuraban cuatro ciudadanos españoles, entre ellos una
mujer. Esta conducía un hogar de ancianos, buscaba trabajo a las personas que llevaba a
España y vendía niños a las parejas que lo requerían; el cabeza de la red, llevaba
mujeres embarazadas para que alumbren en territorio español, previamente conseguía
un padre biológico al que entregan el niño. Aquel operaba también en Colombia.
Diez bolivianos, entre ellos ocho mujeres y un médico de Santa Cruz completan la red.
El proceso judicial incluyó a los responsables de dos hogares de Santa Cruz, una de
ellas española.
La ex diputada y hoy funcionaria del gobierno municipal de La Paz, Elisa Zúñiga,
recuerda que al descubrir las redes de tráfico de niños puso en peligro su vida, “pero
tenía que realizar mi trabajo y viajamos al País Vasco, donde tuvimos que ser escoltados
por la policía que nos acompañó durante toda la estadía en España”.
El entonces embajador Manfredo Kempff Suárez se unió al grupo.
“Logramos que el caso fuera investigado, movimos el aparato del Estado, Migraciones
hacía controles en los aeropuertos; en Argentina y Chile pusieron rigurosos controles
migratorios en cada aeropuerto para verificar por qué entraba una menor boliviana, a
dónde iba, a qué se iba a dedicar, etc.”, recuerda Zúñiga.
Pese a todo el empeño que pusieron en el caso las autoridades bolivianas los niños no
fueron repatriados, porque no se ubicaron a sus padres verdaderos, una de las
condiciones que puso el gobierno del País Vasco para devolverlos.
Los involucrados españoles en este caso todavía siguen en prisión, mientras que los
bolivianos purgaron pena de cárcel pero ya fueron dejados en libertad, afirma Zúñiga.
La doctora Litzi Ayaviri de Calderón, entonces asesora del Viceministerio de Asuntos
de Género, Generacionales y de Familia, manejó los expedientes de los seis menores
traficados desde Santa Cruz, que permitió descubrir en España la red criminal que los
llevaba a ese país, con fines de adopción ilegal.
Ayaviri de Calderón explica que según nuestras leyes la adopción de niños bolivianos
debe realizarse aquí, en el país, ante autoridades competentes, en este caso específico
los jueces de la niñez y de la adolescencia.
Empero, los seis niños de Santa Cruz, cuyas edades oscilaban entre uno y tres años,
salieron de manera irregular.
Los niños llevados a España fueron reportados como extraviados y nunca habidos; en
otro caso, lo sustrajeron de su madre; mientras ésta atendía a unas personas en el
mercado “7 Calles” otra se llevaba a su bebe de ocho meses.
La red fue descubierta por la denuncia de la mujer embarazada que viajó a España
especialmente a dar a luz; pero al parecer cuando debía retornar reclamó a su bebe y
como no quisieron entregarlo puso la denuncia ante las autoridades.
La mujer, boliviana de nacimiento, dio a luz en Bilbao, porque la llevó la mafia de
traficantes.
Ayaviri de Calderón recuerda que el Viceministerio hizo todas las gestiones para la
repatriación de esos niños de España.
En Santa Cruz se procesó a un médico relacionado con abogados y autoridades del
Registro Civil que habían falsificado la documentación para el viaje irregular.
Los niños les fueron arrebatados a los traficantes y a las familias que habían pagado
para que les llevaran, y pasaron a un hogar de menores.
Este fue un caso emblemático, no se ha vuelto a presentar uno similar en cuanto al
número de víctimas… pero el tráfico de niños continúa.
Y respecto a la mujer boliviana que dio a luz mellizos en Bilbao, el supuesto padre
adujo haber tenido una relación extramatrimonial y que luego de conseguir el perdón de
la esposa se llevó a los niños con él. Los mellizos se encuentran protegidos por el
artículo 17 del Código Civil español que establece que son españoles todos los nacidos
en España y los hijos de padre y madre española.
Cuando la defensa legal boliviana solicitó una prueba de ADN al supuesto padre
biológico recibió como respuesta que la legislación española no lo consideraba
obligatoria, que si el padre quería lo hacía. Por lo tanto, él dijo son mis hijos y el caso
concluyó.
2.2. Niños en la cárcel
Nota de Redacción.- Estos son los comentarios del Director de Régimen Penitenciario,
doctor Tomás Molina, sobre la presencia de 730 niños en las cárceles del país,
probablemente un fenómeno único en el mundo, y que, a nuestro juicio, no solo los
coloca en una situación de extrema vulnerabilidad, sino que abre interrogantes sobre
cómo repercutirá en sus vidas de adulto experiencias tan duras a tan temprana edad.
“Como consecuencia de la lucha contra el narcotráfico donde está involucrada mucha
gente, especialmente del campo del Chapare, fueron detenidas familias íntegras: padres,
hermanos mayores, tíos y abuelos. Eso dio lugar a que la gente pobre, al no tener dónde
dejar a sus hijos, los llevaron a los penales.
En las cárceles hay 730 niños viviendo permanentemente, pero esa cifra se triplica
durante las vacaciones de invierno y de fin de año, porque los demás hijos de los presos
pasan sus vacaciones con ellos.
Una de las cárceles con mayor número de niños es Palmasola (*), en Santa Cruz: 250 de
uno y otro sexo; también en San Pedro, en La Paz, se puede ver gran cantidad de niños,
compartiendo los mismos ambientes con los demás presos.
¿Cómo es la vida de un niño en un penal? Está todo el día y la noche, va al colegio,
como cualquier niño que va de su casa, luego vuelve a la cárcel.
¿Duermen en las celdas…? Claro. Visiten San Pedro para que vean cómo es la vida.
Los niños pueden permanecer legalmente hasta los seis años en una cárcel con sus
padres, mas en Palmasola y en San Pedro, hay hasta de 12 años.
Entonces, el número mencionado (730) aumenta. Podría ser que esa cifra solo sea de
menores de seis años.
Parecerá extraño que justifique este hecho, pero es el mal menor. Las condiciones de
pobreza causan estos dramas. De no admitirse a estos niños en las cárceles para que
vivan con sus padres, se quedarían en la calle; serían niños de la calle, serían
maltratados por otros menores o por adultos. En la cárcel están protegidos.
Estos niños no son maltratos en la cárcel, no son ultrajados, porque hay “códigos”. Así
como hay “códigos del silencio”, hay una “ley” no escrita pero que respetan: nadie
puede tocar a la mujer ajena ni a un niño. Quien se atreva a agredir a niño o a molestar a
una mujer casada pierde la vida.
No quiero elogiar esa situación, pero esa es la realidad: cuando uno ve niños en la
cárcel se horrorizan porque deben compartir con condenados a largas penas, porque
lamentablemente tampoco hay secciones.
Si bien la ley dice que en las cárceles los presos deben estar separados en razón a su
peligrosidad, a su edad, a su condena, o si son condenados o imputados a su estado de
salud, esto no existe en la realidad: todos comparten los mismos ambientes. Y los niños
también comparten la vida con esa gente.
Hay programas estatales en las cárceles, como el PAN, que les da alimentos y
educación inicial; también hay programas de las iglesias católica y evangélica para estos
pequeños dentro de la cárcel.
¿De cuándo data la política de que ellos deben ir a la cárcel? De siempre, desde la
fundación de la república, solo que se ha incrementado en los años de la lucha contra el
tráfico, a fines de los 80.
Antes era escasa la presencia de niños en un penal; de repente alguna mujer que cometía
un crimen y no tenía donde dejar a su niño, lo llevaba con ella.
Pero a partir de 1988, cuando Bolivia aprueba una ley antinarcóticos muy dura, las
cárceles se llenan de presos… y de niños”.
Quizá la dureza de la vida de estos niños cuyos padres delinquieron y purgan prisión
disminuya un poco –si cabe el término- porque la Dirección de Régimen Penitenciario,
que depende del Ministerio de Gobierno, construirá un albergue en la zona sur de La
Paz, para que pasen allí el día y en la noche retornen para dormir con sus progenitores.
(*) De Palmasola, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, en entrevista publicada por el
diario La Razón en su edición del 19 de septiembre pasado dice:
“Palmasola se ha convertido en el centro de principal preocupación y de inseguridad
ciudadana en Santa Cruz, porque desde ahí continúan operando bandas de plagio, de
robo de vehículos, de extorsión. Ahí, no solamente nuestra visión es cambiar a las
personas, hemos hecho varios cambios en estos meses, pero no se resuelve el problema.
La infraestructura de Palmasola necesita ser mejorada, además, los bajos sueldos que se
disponen infelizmente impiden un adecuado control. Por ejemplo, me decían que una
persona para hacer pasar un celular deja otro al guardia. Estamos trabajando en dos
direcciones: reclasificando a los internos para mejorar el núcleo de seguridad máxima
de Palmasola que lo llaman Chonchocorito; vamos a instalar cámaras, videos, y
detectores de metales…”
2.3. Niños en trabajo forzoso
No es un trascendido, es un caso real. Su historia no la escriben sus padres ni las
autoridades que debieron haber velado por él, sino el mismo niño; y hoy, el
Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad trabaja para repatriarlo de
Mendoza, Argentina, y dar con los autores del tráfico de menores para trabajo forzoso.
A comienzos de agosto pasado, la Responsable de Asesoría Legal y Adopciones del
citado Viceministerio, doctora Rose Marie Achá, recibió un pedido del Consulado de
Bolivia en Mendoza para ayudar a regresar al país a un menor de diez años.
El niño, según su relato, fue secuestrado cuando vendía algunos productos en la
localidad de Culpina, de donde es natural, ubicada en el departamento de Chuquisaca.
Luego, lo llevaron a Mendoza para trabajar en una plantación de flores. Es muy escueta
la información que posee la doctora Achá, pero dice que el niño escapó del campo.
Él está ahora en un albergue para niños abandonados, en Mendoza. Refiere que vivía en
el pueblo de Laramendi, Sumaya, departamento de Chuquisaca.
Inicialmente, la petición del consulado boliviano en Mendoza, a través de la Cancillería,
fue que les ayuden a repatriar al niño. Pero con mayor información, Achá vio que no se
trataba solo de traerlo, sino que hay otros delitos detrás de lo narrado.
El menor dio cuenta que también habían secuestrado a su primo, de 13 años, y que
ambos fueron llevados al campo de flores. Este último sigue cautivo. Ambos niños,
privados de su libertad, eran obligados a trabajar.
Achá labora en esta investigación, y paralelamente ve lo concerniente a la repatriación,
para lo cual busca, con ayuda de la Defensoría de la Niñez más cercana a Laramendi y
del Servicio de Género y Asistencia Social de Sucre, a los padres del menor traficado.
El reto es ubicar en qué lugar del departamento de Chuquisaca está Laramendi, una
comunidad pequeña, para dar con los padres o familiares de los niños de 10 y 13 años.
Se ignora cuándo hallaron al menor en Mendoza. “Esperamos información del
Consulado en Mendoza, pues la que nos alcanzaron es incompleta. Sobre esa base
impulsaremos la investigación a través de INTERPOL, que trabaja con nosotros en
asuntos de tráfico con fines de explotación laboral, que es lo que parece este caso”.
Otros tres casos…
Cuando Achá veía este caso, le llegó una información -no confirmada- sobre otros tres
menores, también de Sucre, en situación similar en Argentina, que han sido remitidos para su investigación- a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sucre.
Hasta el pasado 8 de Septiembre del 2204 solo disponían de los nombres y edades de
dos, que tienen 15 años y que al igual que en el primero caso “se encuentran en
condición de orfandad, habiendo sido llevados (a Argentina) a trabajar por súbditos
bolivianos quienes los habrían explotado laboralmente”.
En este grupo figuraría una niña, aunque la información no ha podido ser confirmada.
Achá no descarta que el número de traficados sea mayor.
“Hemos pedido información a la Defensoría de Sucre y a otras autoridades; y estamos
instando a otras personas para ubicar a los familiares de los tres niños, pero hasta ahora
ha resultado infructuoso. La búsqueda continuará, porque al margen de la repatriación que se nos pidió- el delito de tráfico no puede quedar impune”, asegura.
Igualmente, han solicitado al embajador de Bolivia en Buenos Aires que inste al
gobernador de la provincia de Mendoza acelerar las investigaciones.
Achá afirma que hay más casos. “Lo que está confirmado son los tres mencionados, de
la niña estamos pidiendo más información. Es un tema complicado y revela la forma de
como se maneja el tráfico de menores con fines de trabajo forzoso”.
Los representantes del albergue donde están los tres varoncitos, en Mendoza, remitieron
un fax a la Cancillería con datos escuetos, donde figuran con errores algunos nombres.
En uno dice: Los oficiales de la comisaría Nue - Guillén encontraron al niño; y los
funcionarios no saben si se trata de Nueva Guillén o qué localidad.
Ahora INTERPOL trabaja para determinar si se trata de casos aislados o de un tráfico
de menores organizado con tentáculos en Bolivia y Argentina.
Son los primeros casos que conoce el despacho de Rose Marie Achá, aunque otras
fuentes gubernamentales admiten que serían muchos. “Estamos empezando a conocer
en la práctica cómo es este problema que, en principio, estaría referido solamente al
tráfico de menores con fines de explotación laboral”, acota.
2.4. Maltrato físico y psicológico
Frente al delicado problema del maltrato físico y psicológico de menores en La Paz,
están surgiendo programas orientados a crear conciencia sobre las consecuencias en el
desarrollo del futuro ciudadano. Así, la Fundación San Gabriel ha puesto en marcha un
proyecto de prevención del maltrato a raíz del elevado número de casos de atención de
maltrato en el servicio de pediatría del hospital San Gabriel.
Ante la demanda de ese tipo de atención específica, explica la gerente de servicios de la
Fundación San Gabriel, Liselotte Barragán, decidimos salir a la comunidad para dar a
conocer estos casos y que, al igual que nosotros, tiene que comprometerse a resolver
este problema, porque “no podemos estar curando muchas veces casos de maltrato”.
Barragán se alió con una institución danesa que trabaja en la atención de niños para
ejecutar el proyecto de prevención de maltrato infantil orientado a que la población
tome conciencia de que existe ese tipo de maltrato y que esa realidad debe cambiar.
El área de trabajo es el distrito III de La Paz. La campaña fue lanzada con tres spot y
material impreso, paralelamente están capacitando a los maestros y adolescentes de esa
jurisdicción, y han implementado un sistema de atención integral al niño maltratado.
La segunda etapa del proyecto apunta a integrar a las instituciones del Estado que
trabajan en maltrato infantil. Eso implica constituir una red donde esté SEDEGES, la
defensoría, jueces de menores y otros hospitales con servicios de pediatría.
Barragán indica que tratarán de sistematizar con las instituciones que formen dicha red
instrumentos que permitan facilitar la información sobre el problema y, al mismo
tiempo, coordinar entre los entes que trabajan con niños en riesgo.
A mediano plazo tiene previsto difundir la experiencia del hospital San Gabriel, un
modelo ya validado construido internamente, en diferentes instituciones de La Paz,
porque el objetito es involucrarlas en la red para realizar un trabajo conjunto.
Barragán dice que hay instancias públicas que la gente ignora. “Saben que hay una
defensoría pero ignoran en qué caso acudir a ellas. Por eso realizaremos una campaña
de extensión a la comunidad, a través de ferias de fin de semana, a partir del 2005, para
que cada institución explique lo que hace en su comunidad”.
“Nuestro trabajo será a todos los niveles, incluyendo a los alumnos de las escuelas
normales y universidades, donde se forman los futuros maestros, para crear conciencia
sobre las consecuencias del maltrato en las personas”, agrega.
2.5. Secuela de la violación
Quienes piensen que los casos de violación temprana no repercuten en la vida futura de
la víctima están totalmente equivocados; también aquellos que consideren que esos
hechos serán olvidados por las niñas o los niños conforme pasen los años y que es
preferible no darle a conocer a las autoridades ni a un médico.
Esta es una de las conclusiones a las que ha arribado la gerente de servicios de la
Fundación San Gabriel, Liselotte Barragán, tras varios años de trabajo en el hospital del
mismo nombre, aunque, afirma, el número de casos tiende a aumentar.
Subraya que últimamente estamos viendo en Psicología casos de jóvenes que vienen
con problemas de pareja, pero conforme avanza el tratamiento van relatando
experiencias traumáticas de su niñez como violaciones. “Las dificultades que enfrentan
ahora es una secuela de esos hechos dolorosos”, remarca.
“No hemos atendido con frecuencia casos de niñas violadas o tratadas, lo que estamos
recibiendo ahora son jóvenes con secuela de violaciones, tanto en el aspecto psicológico
como fisiológico”, indica.
Relata que hace poco tuvieron una paciente de 16 años que fue internada por una
enfermedad de transmisión sexual; ella fue derivada a una interconsulta en Psicología,
“donde conocimos que había sido víctima de abuso desde pequeña”.
Informa que recientemente tuvo un caso de una niña de apenas tres años que había sido
violada por un extraño. “Vino con un cuadro severo y fueron necesarias tres cirugías
para reconstruirle sus partes íntimas”.
3. El Chapare y el Chaco, dos casos especiales
Bajo este título (y solo para efectos del presente informe) presentamos los casos del
Chapare y el Chaco respectivamente, los cuales tienen características propias que nos
interesan en la medida en que tienen una importante población de niños, niñas y
adolescentes potencialmente víctimas de la trata con fines de explotación.
Conocido generalmente como el Chapare, aunque debería llamarse Trópico de
Cochabamba, tiene una problemática especial: la producción de coca para fines ilícitos
como el narcotráfico y lícitos ancestralmente, como el consumo de la población local y
de otros puntos del país, conocido como el acullico.
El Chapare, con una extensión de 2 millones 500 mil hectáreas, ha sido escenario de la
aplicación de políticas antidrogas desde la década de los 80, para erradicar enormes
plantaciones de coca. Entre ellas, los planes de erradicación denominados Dignidad,
Trienal, Opción Cero, etc. Su ejecución motivó la presencia de miles de efectivos de la
Policía Nacional y del Ejército, que trastocaron la vida de la región.
El Chapare está ubicado en el departamento de Cochabamba y lo forman las zonas
tropicales de tres provincias: el Chapare, Carrasco y Tiraqué.
No es objetivo del informe evaluar esos planes con sus tareas de interdicción y
erradicación de cocales, ni aludir a la cantidad de lesiones y muertes como consecuencia
de su ejecución, sino la presencia de niñas/niños, adolescentes y mujeres tratadas y
explotadas sexualmente o en situación de vulnerabilidad.
La población del Trópico de Cochabamba fluctúa entre 250 y 300 mil habitantes
diseminados en una extensión de 25.500 kilómetros cuadrados, donde casi todo es selva.
El Chapare va llamando la atención de algunos pobladores que organizan pequeñas
colonizaciones a partir de la década del 70, pero es a partir de 1986, con la
promulgación del decreto 21060, que se convierte en una alternativa de vida para
centenares de mineros del altiplano despedidos de sus centros laborales.
Fue una decisión dramática para esas personas y sus familiares pues sus necesidades
eran tan apremiantes que debían buscar otras posibilidades para subsistir. Y la hallaron
en estas tierras inhóspitas, con características diferentes a su zona de origen: el
Altiplano, a la que llevaron la organización que tuvieron en las minas.
La política antidrogas data de 1988, con la ley 1008, pero la presencia de la Unidad
Móvil de Patrullaje Rural de la Policía (Umopar) y de las Fuerzas Armadas le dio un
contenido contundente.
Se habla de numerosos prostíbulos en zonas concurridas, pero si es así preguntamos:
¿cómo será, entonces, la situación en los 25.500 kilómetros de extensión del Chapare?
Las Defensorías de la Niñez ve el tema de las menores, pero faltan políticas de
reinserción. El 2003 con la iglesia y la policía realizaron batidas en los lenocinios donde
detuvieron a unas veinte damas, entre ellas menores de edad, pero no tenían a dónde
llevarlas. Este año no se ha realizado ningún operativo similar.
Asimismo, quienes conocen la zona consideran probable que haya venta de niños.
Un tema que inquieta sobre manera es el alto número de denuncias sobre maltrato
familiar, abandono, violación, etc., pues las defensorías reciben entre 200 y 300 casos
mensualmente.
Con las violaciones ocurre algo singular: cuando se perpetran estos hechos delictivos el
padre de la víctima llega a una “transacción” con el violador. ¡Algo inaudito!
Por otro lado, no hay una conducta del Ministerio Público de investigar los casos de
violación demostrada; otras veces, abandona investigaciones en curso porque, con el
correr de los días, tomaba conocimiento del resarcimiento de daños entre el violador y
el padre de la víctima. Y ahí quedaba el caso; este tipo de arreglos explica el por qué del
gran número de violaciones que quedan impunes.
El crecimiento vegetativo del Chapare es alto. Es común ver a chicas de 14 años
embarazadas y en otros lugares de la misma región, a los 17. Los programas de
difusión del control de la natalidad son limitados, pues no se puede llegar a todas las
comunidades por lo extenso del territorio. Por eso hay padres jóvenes de 22 o 23 años
de edad con cuatro o cinco hijos.
Más de tres lustros después de que el Chapare sigue siendo el centro de las campañas de
erradicación de la coca no se vislumbra una salida al problema, porque en opinión de
algunos especialistas los programas de desarrollo alternativo no han dado los resultados
esperados, pese a la importante ayuda externa, especialmente de Estados Unidos.
Consideran que mientras el campesino no participe directamente en dichos programas y
no haya intermediarios o instituciones honestas que administren el apoyo económico,
difícilmente tendrán éxito.
Quizá no les falte razón a quienes advierten sobre la necesidad de contar con
intermediarios o instituciones honestas para emprender obras en beneficio de la región,
si tenemos en cuenta que una campaña para dotar de alcantarillado, agua potable y
saneamiento ambiental, con ayuda de la Unión Europea, ha fracasado.
La UE apoya al programa Fortalecimiento Municipal para dotar de agua potable a la
zona, mas en Villa Tunari solo ha hecho captación de agua por cañería pero no potable.
Y pese al importante apoyo los pueblos del lugar carecen de servicios públicos básicos;
hay alcantarillas que se llenan durante la temporada de lluvias y no sirven.
Ha mejorado la infraestructura educativa con apoyo internacional, las escuelas pueden
atender a toda la población estudiantil de la región, pero el gobierno no designa a los
docentes, habiéndose convertido en “construcciones escolares sin maestros”.
En salud la situación es muy delicada. Por ejemplo, para atender a la población de las
tres provincias no hay un anestesiólogo ni un hospital de segundo nivel. Si una persona
requiere una cirugía mayor, morirá en el camino pues deben trasladarla a centros
hospitalarios mayores que están bastante alejados.
“Una situación desastrosa en términos de salud”, dice Godofredo Reinicke, médico de
profesión.
Asimismo, faltan políticas de educación, de mejores posibilidades laborales para que la
población mejore sus condiciones de vida.
La única presencia del estado son los policías y el ejército, y hace pocos años se han
abierto algunos juzgados de instrucción.
El Chaco
El Chaco está ubicado en los departamentos de Sucre, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.
¿Por qué la relevancia del Chaco? Porque específicamente en Monteagudo, en
Chuquisaca, se descubrió hace cinco años la existencia de unas siete mil personas
(adultos, adolescentes, niñas y niños) que vivían en estado de servidumbre.
Y desde el 2000 Bolivia ha emprendido un largo y tortuoso camino para rescatar de las
garras de la esclavitud a esas familias de origen guaraní asentadas en esa región, al sur
del país, en un esfuerzo por la llevar la justicia a lugares tan lejanos y mejorar su
imagen ante la comunidad internacional.
Si habría que buscar un responsable del problema sindicaríamos al Estado dirigido por
una clase política miope e insensible. Ciento setenta y nueve años de vida republicana
no fueron suficientes para voltear la mirada allende la ubérrima selva y percatarse de
una forma de vida inhumana para miles de familias indígenas.
Distantes de los grandes centros urbanos y perdidos en el monte, dedicados a la
agricultura y a la ganadería en jornadas sin horario, las familias guaraníes estaban
sometidas a la voluntad del amo y señor, el hacendado. Éste era dueño de sus
propiedades y también de la vida de quienes lo servían.
Muchas páginas de horror quedaron sólo en la memoria de quienes la sufrieron durante
décadas que parecían no tener fin, y aún hoy, en el primer quinquenio del Siglo XXI,
subsisten algunas relaciones de producción de carácter semi-feudal.
El hacendado o patrón tenía la prerrogativa de castigar públicamente al trabajador o a su
esposa si lo desobedecían, igualmente sometía a castigos físicos a los hijos menores de
aquellos, esclavizaba y violaba a sus hijas; inclusive, las torturaba sentándolas en las
brazas de carbón de la leña.
Estos castigos y los abusos propios de las épocas más oscuras de nuestra civilización
tuvieron la complicidad de representantes políticos (diputados o senadores) de la región,
porque se beneficiaban directamente de “una mano de obra familiar gratuita” o porque
protegían a los hacendados que incurrían en dichas prácticas.
Todo parecería haber estado hecho para perpetuar el régimen de esclavitud de las
familias guaraníes: les pagaban remuneraciones ínfimas, les abastecían de bienes y
alimentos indispensables a precios excesivamente elevados, provocando una dinámica
de endeudamiento que subordinaba al peón y su familia, impidiéndole salir de los
límites de la hacienda para buscar trabajo en otros predios.
Si el peón moría la deuda la heredaba el hijo o la hija, y podía prolongarse por
generaciones.
La socióloga Ruth Llanos en un artículo periodístico publicado, en 1994, en Presencia,
señala:
“En el Chaco los trabajadores de origen guaraní no conocen el dinero como forma
de pago por su trabajo, sino que se le paga en especie, alimentos, ropa, bicicleta,
etc. La deuda aumenta en mayor proporción que el salario ganado. Para irse deben
pagar la deuda. Nazario Chávez heredó la deuda de su hijo. Pero si el fallecido es
el padre o la madre, son los hijos los que heredan la obligación contraída por sus
progenitores”.
Xavier Albó en el libro “La Comunidad Hoy”, publicado en 1990, dice refiriéndose al
sistema de deuda permanente:
“El patrón afirma siempre que ellos son quienes le están debiendo a él por servicios
que los peones han solicitado al necesitar algo. Efectivamente, su mundo se acaba
en la casa del patrón, que sustituye al Estado y a toda otra institución. El peón rara
vez ve plata. A lo más recibe el bien solicitado, que el patrón contabiliza en dinero.
Sobra decir que las cuentas siempre se inflan a favor del patrón. Parte de estos
adelantos o anticipos tradicionales es la ropa que reparte el patrón con ocasión del
carnaval. En estos registros patronales al peón se le cobra por cualquier cosa y a
cualquier precio. El patrón es el único que afirma tener las cuentas al día”.
Aunque la situación ha cambiado apenas en algunos lugares del Chaco todavía muchas
comunidades guaraníes permanecen cautivas, sometidas a un salvaje régimen de
explotación y a cuestionables normas de sujeción.
Conservadoramente se estima en más siete mil el número de personas guaraníes bajo el
régimen de esclavitud, pero será difícil conocer la cifra exacta y cuánto más durará el
cautiverio. Si, quizá, sea difícil cambiar la situación de los adultos, que a través de
generaciones han vivido en la opresión, urge ver el caso de los menores y adolescentes.
Dicen que “una golondrina no hace verano” pero no debemos dejar de reconocer el
trabajo realizado en 1999 por la Oficina de Derechos Humanos de Monteagudo, que
llevó a la justicia a un hacendado, llamado corregidor, por haber violado a cuatro niñas,
y haber sometido a una de ellas a tratos inhumanos.
Si esa diligencia fue como “una gota de agua en el desierto” es tiempo de que el grupo
de poder asentado en la región del Chaco entienda que la Edad Media solo forma parte
de los libros, que el régimen feudal de explotación quedó atrás hace siglos, y que debe
aceptar que los guaraníes (niñas, niños, adolescentes y adultos) son tan seres humanos
como los hacendados o los patrones, sus hijos o sus hijas.
Y debe entender que los guaraníes (niñas, niños, adolescentes y adultos) tienen tanto
derecho a la tierra como los hacendados o los patrones.
Finalmente, la clase política, pese a las fuertes presiones que pueda recibir, debe
entender que las familias cautivas tienen que ser liberadas lo más pronto posible, una
liberación que pasa por el reconocimiento de sus derechos a ser propietarios de las
tierras que trabajan durante décadas como esclavos.
Que nunca más -por el bien de Bolivia- se repitan casos como el Chaco, una región
donde un Estado débil no ha llegado a asentarse sólidamente.
3.1. Política antidrogas y una de sus secuelas: la explotación sexual
Las políticas antiodrogas diseñadas y ejecutadas por diferentes gobiernos de Bolivia con
apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, movilizó al Trópico de Cochabamba
(más conocido como el Chapare) en su pico más alto a unos siete mil efectivos de la
Policía Nacional y del Ejército, la primera dedicada a la interdicción y el segundo a la
erradicación de plantaciones de coca.
La presencia de ese elevado contingente de hombres causó “una revolución sexual” en
esa inmensa zona porque, según el representante del Defensor del Pueblo en El
Chapare, Godofredo Reinicke, alentó también una gran migración de damas para prestar
sus servicios y en muchos casos menores de edad; algunas empujadas por la pobreza de
sus hogares y otras, por la necesidad de trabajar.
La presencia de menores se dio, además, por la ausencia de instituciones que debían
brindarles protección, a excepción de una eventual presencia del organismo Defensa de
la Niñez Internacional (DNI).
“Se realizaron batidas en los sectores de prostitución, porque en un tramo de unos 30
kilómetros, que es monte y selva, funcionaban alrededor de 20 lenocinios y casas de
cita, donde había presencia de menores de edad”, afirma Reinicke.
Fue a partir de una resolución de la Defensoría del Pueblo que empezó a vigilarse las
cédulas que debían portar esas damas donde debían constar los controles sanitarios que
las habilitaban para su trabajo. Anteriormente, esa responsabilidad era de un miembro
de la Policía Técnica Judicial que daba las cédulas de autorización a su libre albedrío.
Para entender la presencia de los militares en el Trópico de Cochabamba tengamos en
cuenta que su población fluctúa entre 250 y 300 mil habitantes dispersos en unos 25.500
kilómetros cuadrados, los cuales integran organizaciones campesinas aglutinadas, a su
vez, en 600 sindicatos de productores de coca.
Los cocaleros, casi todos pequeños productores, han formado comunidades en los
lugares donde viven, manejando entre cinco y 20 hectáreas, como resultado de
migraciones y colonizaciones espontáneas; algunas colonizaciones fueron propiciadas
por las políticas de decretos, como el 21060, de 1986, que al restringir la capacidad
minera obligó el desplazamiento de esa mano de obra libre al Chapare.
Allá por la década del 70 las migraciones de campesinos fueron pequeñas pero
espontáneas porque sus necesidades eran tan fuertes que debían buscar otros
horizontes. Y vieron una posibilidad de tener mejores ingresos en el Chapare:
cambiaron de hábitat y entraron a un lugar inhóspito y difícil.
Llevaron a su nuevo destino la organización campesina que tenían en los centros
mineros. La organización sindical es sólida: existen 600 sindicatos (en algunos
momentos llegaron a 900) que forman las centrales de campesinos y estas, seis
federaciones.
La ausencia del Estado fue suplida por el sindicato cuyo control llegaba inclusive a
temas de moral. Había una especie de justicia comunitaria para sancionar a quienes
tuvieran una doble moral o relaciones con otras mujeres; los infractores eran castigados,
expulsados o recibían un escarmiento público en sus comunidades.
En los años 80 el narcotráfico creció bajo la protección de algunos miembros vinculados
al gobierno, como el entonces presidente Luis García Meza.
Eso cambia, a partir de 1993, cuando se radicaliza la política antidrogas cuyos
antecedentes se remontan a 1988, con la promulgación de la ley 1008, que autoriza una
presencia física en términos de gran posicionamiento de la Unidad Móvil de Patrullaje
Rural de la Policía (Umopar) , a cargo de la policía nacional, y la intervención de las
Fuerzas Armadas.
Las fuerzas militares se asentaron en varios sectores del Chapare: construyeron los
primeros cuarteles y designaron a los primeros comandos; en la actualidad existen
alrededor de seis comandos grandes y 11 campamentos de erradicación.
En cada uno de los 11 campamentos de erradicación hay 200 y 300 hombres, lo que
genera la presencia de centros de diversión nocturna, donde es difícil dar asistencia y
dirección a temas como los derechos de las mujeres que trabajan. Porque eso, también,
es consecuencia de la pobreza: migran prostitutas, migran jóvenes, y esta situación
rebasa el control del sindicato.
Entre los años de 1980 y 1983 la prostitución creció enormemente, era la época del
“boom” de la hoja de coca. Había participación directa de la mujer en los negocios; de
allí el fenómeno de la trata de blancas porque se relacionaban pagos por droga, por
insumos, intercambio por mujeres. Fue una situación desastrosa.
Ahora, si bien hay cierta paz en la zona por la presencia de los militares y mayor control
de sus efectivos, no deja de tener presencia la prostitución, inclusive infantil.
¿Cómo se da? Debe haber redes internas que lo manejan. Están más vinculadas a la
pobreza que al narcotráfico, van y vienen, ven sus condiciones de vida, y por eso entre
Villa Tunari (centro turístico del Trópico de Cochabamba) y Achimoré, en un trecho de
30 kilómetros, existen 22 lenocinio.
Cada local tiene 10 o 15 mujeres. Mucha gente de origen campesino ingresó a esa
actividad y gente que venía de Santa Cruz; también, extranjeras.
Entonces se creó, a partir de los municipios, Oficinas de Servicios Legales Integrales, y
luego las Defensorías de la Niñez para proteger a los menores.
El año 2003 en una batida por lenocinios realizada por la Defensoría de la Niñez, la
iglesia y la policía detuvieron a una veintena de mujeres adultas y algunas menores de
edad. Entonces hubo un problema: no había un local a dónde llevar a estas jovencitas
quienes, paradójicamente, consideraron que se las había perjudicado.
La Defensoría del Pueblo ve, por ejemplo, la explotación de los efectivos policiales, que
controlan sanidad; por eso dio la resolución que puso punto final a esa fuente de ingreso
para esas personas a partir de un aparente control sanitario.
A partir de 1992, año en que se da esa resolución, disminuyeron los abusos. Pero como
dice el dicho: “hecha la ley, hecha la trampa” esa explotación toma otras características,
pues si bien hay controles los policías dan “venias de trabajo” de manera camuflada a
esas damas, dificultando la labor de la Defensoría.
¿Hay explotación sexual comercial de menores? Reinicke dice: “En el sector,
probablemente en mínima proporción, aunque es difícil de captar. Lo que hay es
intermediarios relacionados con la policía que manejan a jovencitas menores de edad”.
Asimismo, es difícil por las características somáticas de las personas determinar su
edad, pues en varias zonas del país carecen de identificación. No tienen carné de
identidad, no hay un riguroso control de identidad y no podríamos saber la edad exacta
de una persona. Puede decir 21 años, 18 o 16, y no nos damos cuenta si es correcto o no
por las diferencias del desarrollo de la gente del Oriente respecto a la del altiplano.
Somáticamente hay diferencias: las mujeres del Oriente, de Santa Cruz, son altas, de
contextura regular, y probablemente han atravesado situaciones difíciles y ya no están
tan competitivas fisonómicamente en relación a otras. Y van a lugares más necesitados
de sus servicios, como aquellos donde hay soldados, policías, etc.
3.1.1. Violaciones… y arreglo
La pobreza tiene varios rostros para paliar el hambre. Conocíamos de casos en países
subdesarrollados de abandono de menores porque sus padres no pueden mantenerlos,
así como de regalo o venta por unas pocas monedas, pero no que las violaciones de
niñas pudieran dar lugar a un resarcimiento económico para “arreglar” el delito.
Esto ocurre en varios lugares de la región del Chapare, según narró el representante del
Defensor del Pueblo, Godofredo Reinicke, quien afirma que generalmente cuando
ocurren violaciones a niñas la vía de “solución” es una transacción inmediata.
Atribuye ese comportamiento de los padres de familia frente a un delito flagrante a la
falta de conciencia del mismo, a la baja autoestima, a la ausencia de una formación
moral y ética, al desconocimiento de sus derechos y de las leyes, a la condición de
iletrado, a que ignora que existe una autoridad, y finalmente a considerar que su hija es
su propiedad y él puede decidir qué hace…
El hombre del campo tiene muchos limitantes en este tema, y por eso apela a una
“solución” rápida: el resarcimiento económico. “Él razona de este modo: El problema
ha ocurrido, ya pasó, y si me dan un mil o dos mil bolivianos (unos 125 o 250 dólares)
es un buen arreglo, y se siente compensado”, dice el funcionario.
Para nada cuenta la opinión de la víctima; el dinero tampoco es para ella. La madre no
opina o asiente lo decidido por el marido.
Otros cuadros preocupantes ocurren en los colegios donde, según Reinicke, hay muchos
casos de acoso sexual por parte de los maestros, donde ha habido la intencionalidad en
tener algún contacto sexual con las niñas.
Subraya que el padre de familia confía mucho en el maestro. “A veces los mismos
progenitores empujan a los maestros a que se comporten como lo que ellos no quisieran
hacerlo; por ejemplo, castigarlos. Eso les da potestad a los maestros de tener ingerencia
e inclusive de castigar a las menores. Y el castigo va camuflado de repente en las
características personales del docente que puede derivar en un atentado sexual”.
El abandono es otro punto que debe tomarse en consideración. Mencionó casos de
señoras que por no poder mantener a sus menores hijos trataron de abandonarlos;
además, en la zona no hay centros de protección, exceptuando uno abierto con ayuda de
Italia, con capacidad para 35 niños.
Algunas madres abandonan a sus niños y niñas en ese local, pero el vínculo familiar es
tan grande que a veces vuelven para recuperarlo.
Reinicke no descarta que haya venta de estos menores. “Es probable que ocurra, y por
eso estamos empezando un estudio sobre violencia familiar con un grupo de abogados
que permitirá recoger información para sacar a la luz muchos problemas”.
3.1.2. El destino del primogénito
Los primogénitos de los hogares del Trópico Amazónico de Cochabamba, más
conocido como el Chapare, no tienen la suerte de sus hermanos menores; porque,
ancestralmente, mientras aquél ingresa a temprana edad al trabajo, el segundo, el
tercero, el cuarto, etc., tienen más posibilidades de acceder, por ejemplo, a la escuela.
Esta es una de las paradojas de la vida en el campo que puede analizarse desde dos
perspectivas: primero, su utilización como fuerza laboral se sustenta en que él tiene
características nutricionales mucho mejores por la fortaleza natural de la juventud de sus
progenitores, son más jóvenes y fuertes; segundo, refleja una práctica antigua de
marcado egoísmo de éstos al considerar al primer hijo para las tareas agrícolas.
Este niño por la necesidad de mano de obra de su hogar verá difícil su posibilidad de ir
a la escuela pese a que su nutrición es mejor; no así, el segundo, el tercero o el cuarto
hijos de la pareja que tendrán facilitado el camino para asistir a las labores escolares
pero, irónicamente, sus condiciones nutricionales no son iguales que las del primero.
Esta discriminación, que revela la decisión de los padres sobre el destino de su prole,
está vinculada (y es aceptada con normalidad) a las necesidades del jefe de la familia,
cuyo raciocinio podría ser el siguiente: “Tú te quedas porque vas a trabajar, y tus
hermanos menores irán a la escuela”.
Así, las oportunidades de educación para los primogénitos se va limitando por el tiempo
y el esfuerzo físico dedicados a las faenas del campo y su imposibilidad ulterior de
habituar su mente al estudio, convirtiéndose, con el pasar de los años, en el campesino
que repetirá el ciclo del autor de sus días, cuando forme su hogar.
El representante del Defensor del Pueblo en el Chapare, doctor Godofredo Reinicke,
afirma que en la región cocalera viven unas 40 mil familias (una cifra promedio
aceptada por los cocaleros y como dato estadístico por el gobierno), cuyos hijos
(preferentemente los primeros) participan en el cultivo y la cosecha de la hoja de coca.
Partiendo de esa cifra se podría afirmar que en el Chapare unos 40 mil niños estarían en
situación de trabajo forzoso en los cocales (si hablamos sólo de los primogénitos), pero
allí laboran también otros menores de seis a 14 años, que acompañan a sus madres; y
mientras éstas realizan el trabajo pesado, cocinan y alimentan a la familia, ellos ayudan.
El promedio de hijos de una familia cocalera es entre 4 y 5.
“Bajo esta premisa no se incurriría en error si decimos que la cifra inicial de 40 mil
niños en situación de trabajo forzoso podría elevarse a 80 mil o más de 120 mil,
tomando en cuenta que hay niños trabajando entre 6, 14 o 15 años. Pero no podemos
determinar exactamente ese número; por lo además, hay un crecimiento vegetativo
continuo por la falta de control de la natalidad”, dice Reinicke.
Son niños que alternan el campo con las labores escolares, pero los que pierden son los
primeros hijos; no obstante, si mejora la situación del hogar podría ir al colegio, por eso
hay niños de 11 o 12 años ingresando con mucho retraso a primero grado de primaria.
3.1.3. El cultivo de la coca y el juego de cifras
¿Cuántas hectáreas de cultivo de coca existen en la región del Chapare?
Esa es la pregunta que más de una persona en Bolivia y en la comunidad internacional
quisiera saber, pero difícilmente un interlocutor serio podría responder.
“Hay datos estadísticos diversos: El año 2001 el Presidente Hugo Banzer fue a erradicar
la última planta de coca en el Chapare según su plan Dignidad. Mientras él iba al cuartel
de Chimoré, en la carretera, en un tramo de dos kilómetros, habían tendidas hojas de
coca cosechadas para explicarle, a través del sindicato, que no era cierto”, relata el
representante del Defensor del Pueblo en esa región, Godofredo Reinicke,
“Estuve presente en esa ocasión. Fue un volumen importante de hojas de coca tendidas
en ese largo tramo de la vía. Y no pusieron más porque era demasiado”, recuerda hoy
Reinicke, quien labora en esa región más de una década.
Ese año el gobierno después de la presentación que vio la prensa dijo: “No son cero
hectáreas sino 600, todavía hay coca en el Chapare. Poco después, el ministro de
Gobierno aclaró que hubo una equivocación del satélite pues eran 6.000 Has”. Los
campesinos -en ese momento- hablaban de más de 20 mil Has.
Reinicke afirma que, a raíz de las próximas elecciones municipales, hay cierto grado de
elasticidad en la política antidrogas en los sectores de cultivo más conocidos al punto
que no hay ningún tipo de control.
“Ahora se seca la coca en la carretera. Así, es difícil saber la cifra exacta de hectáreas de
cultivo de coca, pues se podría decir que hay 10 mil, 20 mil o 30 mil hectáreas.
Además, hay una nueva característica en las plantaciones de coca: no son regulares,
están dispersas y camufladas en el monte”, subraya.
El representante del Defensor del Pueblo en el Chapare dice que los grupos cocaleros
buscan una institución independiente para determinar cuáles son las necesidades reales
de coca en el país en sus diferentes estratos sociales, para sus costumbres, como el
acullico (chacchado).
Asegura que se vende hojas coca a las poblaciones asentadas en el norte de Argentina,
porque allá también se mastica la hoja de coca.
Reinicke sostiene que este año hay erradicación en proporciones mesuradas, con un
perfil bajo o un sobredimensionamiento de los efectivos militares y policiales que tienen
a su cargo esa tarea. Podrían erradicar 50 plantas en el monte pero dicen: hemos
erradicado 50 hectáreas, lo cual tendría un componente de presentar un grado de
efectividad en el trabajo encomendado.
¿Erradican realmente esa cantidad?
Reinicke contesta:
“Ellos ponen un volumen de 30 hectáreas por día y los informes oficiales dan cuenta de
ese promedio desde hace cuatro años.
Si tomaríamos esa cifra (30 hectáreas por día) tendríamos un promedio de 900
hectáreas al mes y 10 mil hectáreas al año, según reportes oficiales. Si ello es así, en
cuatro años habrían erradicado unas 40 mil hectáreas.
En la época del Presidente Hugo Banzer, cuando hubo una erradicación contundente,
casi se alcanzó lo que supuestamente decían sus datos. Pero no controló el contexto
social, porque la política antidrogas tumbó a su gobierno.
En consecuencia, decir hay tantas hectáreas de cocales es difícil”.
Sin embargo, una información difundida el miércoles 6 de octubre por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica: “En la región del Chapare hay
7.300 hectáreas de coca, en los Yungas de La Paz 16.200 hectáreas y 50 en Apolo (La
Paz), lo que hace un total a nivel nacional de 23.600 hectáreas”.
Una semana después, el diario La Razón estuvo presente en un operativo en la zona de
Chuspirancho (en pleno Isiboro Sécure), a 60 kilómetros de Chimoré, distante 191
kilómetros de la ciudad de Cochabamba, donde la Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(Umopar) destruyó tres fábricas de pasta base de cocaína con sus pozas de maceración.
“En lo que va del año, sólo en el Isoboro encontramos y destruimos 76 fábricas y 90
pozas de maceración. La zona se ha convertido en un lugar de cultivo y de fabricación”
aseguró el comandante del Umopar, coronel José Cruz al matutino que publica sus
declaraciones el martes 12 de octubre.
“Además, en todo el Chapare, las fuerzas de interdicción destruyeron 1.400 fábricas y
1.929 pozas, deteniendo a 345 personas, incautando 850 kilos de droga y 15 toneladas
de precursores (principalmente cal, ácido sulfúrico y bicarbonato”, subraya el diario.
Y el 13 de octubre, La Razón en su nota editorial califica como “un tema delicado” la
autorización del gobierno para “legalizar” 3.200 hectáreas de coca destinadas a su
explotación por familias cocaleras en el trópico cochabambino, advirtiendo que si se
cede en el aprovechamiento de ese número de hectáreas o su equivalente en “catos”, se
“podría convertirse fácilmente en 5.000 u 8.000 hectáreas o más, que serían imposibles
de controlar, ni por los erradicadores ni por la misma tecnología satelital norteamericana
que, además, no siempre suele ser certera”.
Ante este panorama era inminente el pronunciamiento del gobierno norteamericano que
se dio a conocer el jueves 14 de octubre, a través de su embajador David Greenlee. El
diplomático expresó su preocupación por la pausa en la erradicación de la coca en el
Chapare, acordada a principios de octubre entre el gobierno y los cocaleros.
“A nuestro parecer (…) la coca del Chapare es (…) destinada a la producción de
cocaína. La cocaína destroza familias, socava gobiernos, instituciones y siembra la
muerte, entonces cualquier zona de excepción es preocupante, pero tenemos entendido
que no es una excepción a la ley, es una excepción a la erradicación durante un año”,
dijo Greenlee al hacer votos para que la erradicación no se interrumpa en el resto del
Chapare, como reseña La Razón.
Esta fue, pues, la posición de Estados Unidos frente a dos acuerdos entre el Presidente
Carlos Mesa y el diputado cocalero Evo Morales; el primero, el 29 de septiembre, de
una pausa de cuatro días en la erradicación de cocales en el Chapare, y el segundo, el 3
de octubre, de no erradicar 3.200 hectáreas de coca, ubicada en el área del conflicto por
un año, tiempo que durará realizar el estudio del mercado de la coca.
Esta extensión de plantaciones debe ser distribuida entre los 23.000 afiliados a las seis
federaciones de productores del trópico cochabambino.
Así, el Chapare sigue siendo un punto gravitante en la vida nacional y el epicentro de
probables movimientos que podrían generar inestabilidad política que, a su vez,
agudizarán aún más los problemas socioeconómicos de Bolivia.
3.1.4. Cultivos alternativos
Son 17 años que en el Chapare se ejecutan programas de desarrollo alternativo con el
apoyo de Estados Unidos de Norteamérica que, por un lado, busca mejorar los niveles
de vida de las familias campesinas; y por otro, lucha contra el narcotráfico, lo que lleva
consigo la erradicación de la coca, fuente de vida para miles de campesinos.
El representante del Defensor del Pueblo en esa región, Godofredo Reinicke, opina que
mientras no exista participación directa del campesino en dichos programas y no haya
intermediarios o instituciones dedicados a administrar el apoyo económico, van a
fracasar como, en su opinión, ocurre desde hace que empezó a ejecutarse.
Los programas de desarrollo alternativo comprenden 177 mil hectáreas de un total de
dos millones 500 mil que tiene el Trópico de Cochabamba (menos de 4 % del territorio)
en más de tres lustro. Ese dato oficial incluye cultivos preexistentes de banano.
Reinicke destaca que ahora haya una nueva política, un nuevo plan, para impulsar un
desarrollo alternativo integral, pero el campesino no confía por la experiencia pasada.
Hubo experiencias con varios productos, incluyendo cítricos como el maracuyá, que no
dieron los resultados previstos por falta de mercado y no generalizar los aportes a todos
los interesados, por favorecer a quienes están -dentro de las preferencias en temas de
asociaciones- empeñados en romper la estructura sindical.
El 80 % del aporte económico va al fortalecimiento militar, no al desarrollo alternativo.
El resto se destina a estos programas y al pago de consultorías, de gente capacitada
probablemente, pero no en propiciar la participación directa del campesino.
Diez años después de trabajar en esa zona, Rienicke sintetiza así los lineamientos de una
política de desarrollo alternativo:
* Canalizar cualquier aporte a través de un consenso, de la participación campesina y
de los municipios que tienen una hegemonía total de los cocaleros del sector.
* Buscar mecanismos para llegar a una producción industrializada del sector y
mercados que puedan ser competitivos a nivel nacional e internacional.
* Mejorar la situación implica que la administración económica sea resultado del
planeamiento conjunto de las necesidades reales que tienen los campesinos y borrar
el estigma del campesino cocalero como narcotraficante.
* Elaborar y difundir política de comercialización con participación directa de los
actores.
El Chapare está integrado a las ciudades más importantes por la carretera troncal que la
comunica con Santa Cruz y Cochabamba.
Reinicke relata una experiencia que pide no se repita: En plena ejecución del programa
de desarrollo alternativo se produjo el “boom” del palmito, promocionado por la
agencia de cooperación norteamericana USAID. Ahora hay varias envasadoras y
procesadoras de palmito, una de ellas ( por lo menos) es de un ex director del programa.
El entonces funcionario público y director de los programas de desarrollo alternativo de
la zona, dirigidos a los campesinos, se benefició con parte de la propiedad de una
industria que debería ser administrada por los campesinos.
Hoy el ex funcionario tiene unas 300 hectáreas de palmito, mientras que los
campesinos apenas una hectárea.
En la mejor época del palmito, por el cogollo del fruto pagaban 0.40 centavos de dólar,
lo cual generó un justificado entusiasmo; dos años después bajó a 0.10 centavos de
dólar. El campesino perdió interés y dejó de cultivarlo.
Quedaron los empresarios que venden el palmito a sus mismas envasadoras para luego
exportarlas y un grupo de 200 asociaciones pequeñas que tienen con la Cooperación
Española una planta de industrialización para exportación.
El ex funcionario y hoy próspero empresario tuvo en su planta de producción problemas
laborales con 24 personas que lo denunciaron por explotación. Éstos trabajaban a
destajo: cada grupo debía procesar 25 mil cogollos de palmito al día, si no llegaban a
esa cifra no les pagaban, y debían cumplir al día siguiente.
“Era un sistema de explotación terrible, porque solo personas jóvenes fuertes realizan el
trabajo. Dos de los denunciantes siguen sus reclamos, los otros desistieron por presión”,
acota Reinicke.
3.2. El Chaco, dueños de tierras… y vidas
En enero del año 1999 se abrió una Oficina de Derechos Humanos en la localidad de
Monteagudo, en el Chapare. Seis meses después empezó a descorrerse el telón de uno
de los dramas más sórdidos: las denuncias sobre niñas y niños guaraníes que eran
esclavizados, que sufrían maltratos físicos, que eran violadas por los dueños de las
haciendas y como si ello fuera poco, sometidas a castigos inhumanos.
Ante esta situación, recuerda la Coordinadora Nacional del Proyecto Pueblos Indígenas
y Empoderamiento del Viceministerio de Justicia, doctora Miriam Campos, solicitamos
ayuda a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y al PNUD, para
elaborar una estrategia a fin de encarar la problemática de la zona y delinear un plan de
acción, “pues tuve la convicción de que no eran hechos aislados, sino frecuentes”.
Se organizó una comisión que viajó a Monteagudo y Huacareta; entre los miembros del
grupo estuvieron el viceministro de Derechos Humanos, Edgard Moreno, la doctora
Miriam Campos y un equipo de asesores.
En noviembre de ese año el grupo de trabajo llegó a la comunidad de Cachimayu donde
vio el caso de un corregidor que sometía a una niña de 13 o 14 años a tratos inhumanos,
como sentarla en brazas de leña. El caso fue presentado a la justicia ordinaria.
“Comprobamos que no había presencia del Estado y por lo tanto, el hacendado era
dueño y señor no solo de las cosas de su predio sino que se creía con derechos sobre la
vida de las personas que trabajaban para él. Constatamos la situación de servidumbre a
la que eran sometidos muchos trabajadores guaraníes”, enfatiza.
Las haciendas agrícolas y ganaderas y sus correspondientes comunidades cautivas, se
localizan en el departamento de Santa Cruz (provincia de Cordillera), departamento de
Tarija (provincias de Gran Chaco y O Connor) y en el departamento de Chuquisaca
(provincias de Hernando de Siles y Luis Calvo).
Pero el área más donde al parecer se cometían más abusos eran las provincias Hernando
de Siles y Luis Calvo, como lo confirma la doctora Campos.
“En el Chaco chuquisaqueño había mayor vulneración de los derechos humanos.
Elevamos la denuncia y tuvo repercusiones en las esferas políticas; mucha gente decía
que cómo era posible que dijéramos que hay esclavitud estando en el siglo XX. Pero lo
habíamos verificado y de ello dio fe el viceministro Moreno”, expresa.
Recuerda que el hacendado, también llamado corregidor, fue llevado a la ciudad de
Sucre, donde la justicia ordinaria le impuso una sentencia severa. Fue una situación
dramática, porque él no quería salir de su vivienda y tuvieron que amarrarlo para
llevarlo ante las autoridades judiciales.
La comisión se sintió conforme porque se juzgó al delincuente quien recibió sentencia
por abusos contra cuatro niñas, aunque la primera información aludía a una menor. Eso
constituyó un ejemplo para la gente del lugar.
A partir de aquel caso, Derechos Humanos tiene presencia en la zona, hace un
seguimiento de las tareas emprendidas y realiza un trabajo sistemático, pero no ha
vuelto a recibir denuncias de la magnitud de los delitos sancionados.
La comisión elaboró un informe con varias recomendaciones: entre ellas, una sobre
dónde instalar las representaciones del Estado. De 1999 a la fecha ha cambiado algunas
cosas aunque lentamente; incluso desde la perspectiva de los pobladores, que antes
carecían de valor para quejarse, denunciar o salir de la hacienda donde vivían en una
situación de imposición permanente.
A ello ha coadyuvado también el proceso de saneamiento de la tierra, al saber que
pueden ser propietarios, que tienen tanto derecho como el patrón a poseer sus predios.
Empero, anota Campos, continúan los abusos de los patrones a las hijas de los guaraníes
mas no en la magnitud de años pasados. Hay abusos, quizá no las golpean ni las
esclavizan porque tienen temor, ya que el caso del corregidor repercutió en la zona.
Explica que ahora reciben denuncias de abusos por el tema de las tierras cuando, por
ejemplo, es inminente el ingreso del proceso de saneamiento.
La ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria dice que si encuentran familias
guaraníes viviendo en la zona donde van a sanear, deben considerarlas como
poseedoras.
¿Y cómo actúan los hacendados para burlar la ley? Hostigan a esas familias para
hacerlas huir o las sacan a la fuerza en camiones para que cuando llegue el INRA no
estén ocupando los terrenos. “Ese tipo de abusos es corriente”, puntualiza Campos.
Otro tipo de abuso -quizá más perverso- es no permitir que los niños vayan a la escuela.
¿Cómo? En una comunidad cautiva en el sector de Alto Parapetí, los hacendados
destruyeron la escuela a la que asistían niños guaraníes.
La letrada desconoce el número de menores que quedó sin aulas, pero afirma que
quienes cometieron el delito adujeron que nunca hubo una escuela; sin embargo, las
investigaciones revelaron que los hacendados recurrieron a ese ardid para decir al INRA
que en esa jurisdicción no vivían guaraníes y quedarse con sus tierras.
“Esta es una forma de violación de derechos, porque si un niño no va a la escuela, sus
posibilidades de tener mejores opciones de vida son mínimas; y lo lamentable es que
continúan este tipo de abusos”, añade.
Subraya que hoy a diferencia de 1999 existe “una mínima presencia estatal” en
Monteagudo, como la Oficina de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de
Justicia; el representante del Defensor del Pueblo; los Servicios Legales Integrales, la
Fiscalía, etc.
Ahora, indica, se está dando énfasis al tema de las comunidades cautivas a fin de lograr
su liberación, pero ello será factible si les reconocen la propiedad de los terrenos que
labran; no obstante, esa solución no se otea en el horizonte porque aún no empieza el
proceso de saneamiento de la propiedad de la tierra que es complejo y difícil.
Hace hincapié en que la ley establece que si los propietarios cumplen una función
económica y social pueden consolidar su derecho de propietarios.
Los hacendados que ocupan la tierra tienen vacas y la ley les asegura cinco hectáreas
por cada cabeza de ganado. “Eso demuestra que un animal tiene más derecho que un ser
humano, pues muchas familias guaraníes no tienen ni una hectárea de terreno”.
Esa ley data de 1952. Entonces, si en este momento empieza el proceso de saneamiento
en la zona del Alto Parapetí, consolidaría el derecho de propiedad a los hacendados que
pueden justificar que poseen determinado número de cabezas de ganado.
En cambio, los guaraníes no tienen ni una cabeza de ganado; lo único que poseen es su
fuerza de trabajo y laboran en condiciones realmente inhumanas.
Admite que hay posibilidades de modificar la ley de 1952 (la carga animal) pero que los
propietarios de esa zona constituyen un sector poderoso económica y políticamente.
En 1996 se dio la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria que no modificó la ley
de 1952 que, por consiguiente, sigue vigente.
El grupo de presión lo integran ganaderos. Se ignora cuán poderosos sean en la realidad,
pero constituyen una clase además de política con redes de poder, pues tienen un hijo
diputado o senador, lo cual impide corregir esa injusticia.
La palabra sobre el proceso de saneamiento de la tierra en el Chaco la tiene el
Ministerio de Desarrollo Sostenible. Hay varias propuestas pero como el tema afecta al
mencionado grupo de poder, constituida por ganaderos y terratenientes, ha estado
tocándose con pinzas. Además, falta decisión política para solucionar el problema.
Campos desestima que la oposición de ese sector se deba al impacto en la economía
nacional, porque la ganadería no es rentable y no exportamos leche ni carne.
“El tema de tierras es más profundo y lo veo como tener estas propiedades para después
venderlas, para traficar con ellas. Se trata de un poder político y económico, que van
juntos”, manifiesta Campos.
Sobre el informe del estado de esclavitud de las familias guaraníes de 1999, niega haber
recibido presiones para no darlo a conocer. “Presentamos un caso a la fiscalía pidiendo
que se investigue y así se hizo; se llevó y enjuició al corregidor abusador. De lo
contrario, no le habrían juzgado”.
Afirma que se hicieron presentaciones en varias instancias del gobierno. “Quizá no tuvo
la continuidad debida por el cambio de autoridades, de ministros; y es probable que
algunos ministros prefirieron no ahondar en el tema por una decisión política”.
Sostiene que la situación de esclavitud de los guaraníes fue dada a conocer a través de
los periódicos. “Nosotros propiciamos ese viaje, fue desde el Estado que se hizo el
trabajo, y se realizó un seguimiento porque tenemos una sentencia ejecutoriada”.
Cinco años después del suceso dice que no existe el número de comunidades cautivas
como en aquel momento, que varias han sido liberadas a raíz de los informes
presentados; asimismo, la cooperación española ha comprado tierras, se han formado
comunidades libres, pero todavía falta mucho por hacer.
Y desde otra orilla, la ex asesora del Ministerio de Trabajo, Rosario Baptista coincide
con Campos al puntualizar que el proceso de titulación de tierras a favor de
poblaciones indígenas va lento, porque muchísimos intereses lo impiden.
El gobierno asumió la decisión de titular tierras en extensiones considerables a
poblaciones indígenas que, en estricto rigor, les pertenecen; sin embargo, en de esos
territorios hay propiedades dentro de los parámetros de lo que se llama latifundio que,
de alguna manera, es permitido en el Oriente.
“El porcentaje de distribución de la tierra es espantoso. Es como que 80 por ciento está
en manos del 10 o 20 por ciento de la población. Y a la inversa: 10 o 20 por ciento de la
tierra está en manos del 80% de la población rural”, afirma Baptista.
Finalmente, Campos dio cuenta que recientemente visitó la zona de Yaire, en el Chaco,
donde encontraron a varia familias de guaraníes cosechando ají. “Trabajan de ocho a 10
horas diarias; los hombres ganan 15 bolivianos y las mujeres, 7.50; los niños nada”,
puntualiza mostrando su disconformidad.
3.2.1. Abuso sexual en las zafras
Para Rosario Baptista, ex asesora del Ministerio de Trabajo, la problemática sexual de
miles de niñas en la zafra, considerada erróneamente como prostitución, no puede
desligarse de la forma de vida de esos trabajadores, que implica anualmente el
desplazamiento de unas 15 mil familias a los cañaverales y a los cultivos de castaña.
Los sembríos de caña de azúcar se ubican especialmente en los departamentos de Santa
Cruz y Tarija; en el primero en los municipios de Santa Cruz de la Sierra, La Guardia,
El Torno y Chocota (provincia de Andrés Ibáñez); Arnes (provincia del mismo nombre)
Portachuelo (provincia de Sara) y Montero, Mineros y General Saavedra (provincia de
Santisteban); y en segundo, en el municipio de Bermejo y en la parte sur del municipio
de Padcaya, ambos en la provincia de Arce.
Baptista es contraria a utilizar el término prostitución refiriéndose a estas menores.
“No se trata de explotación sexual, sino de abuso sexual, de violaciones, de unos
trabajadores a las hijas de otros, que va ocultándose como un problema específico y este
fenómeno continúa como una especie de tolerancia implícita. Nadie denuncia, las
mismas mujeres no desean hablar del tema, pues tiene connotaciones graves dado que
los niveles de maternidad son cada vez más precoces”, refiere.
Este fenómeno se repite cada año, pues entre los meses de mayo y noviembre, miles de
personas dejan sus hogares de origen para trabajar temporalmente en la cosecha de la
caña de azúcar en zonas de Santa Cruz y Tarija, señala un estudio titulado “Caña dulce,
vida amarga/El trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la zafra de la caña de
azúcar” de la Organización Internacional del Trabajo.
Como lo indicamos, una parte considerable de esa población que migra temporalmente
está formada por niños, niñas y adolescentes que, directa o indirectamente participan de
las actividades de la zafra. “En su gran mayoría, deben abandonar la escuela para
integrarse a un trabajo que supone duras jornadas (…), en un clima de temperaturas
extremas y en un hábitat extraño y peligroso, exponiendo su seguridad y su salud para
que los padres reciban ingresos monetarios muy bajos con relación al esfuerzo que
realizan”, puntualiza la investigación.
La incorporación de niños, niñas y adolescentes al trabajo de la zafra –en Bolivia ocurre
desde los nueve años de edad- viola los derechos universalmente reconocidos de este
sector de la población: les priva de su infancia, de su potencial y de su dignidad y es
perjudicial para su desarrollo físico y mental. La temporalidad del trabajo y las largas
jornadas interfieren en su escolarización privándoles de la oportunidad de ir a la escuela
u obligándoles a abandonarla prematuramente. Así ese derecho fundamental, el derecho
a la educación, resulta vulnerado.
Para la Organización Internacional de Trabajo, añade el estudio, por las condiciones en
que se produce la participación de niños, niñas y adolescentes, la zafra de caña de
azúcar está considerada una de las peores formas de trabajo infantil.
“Según el Convenio 182 de la OIT la expresión “peores formas de trabajo infantil”
abarca, entre otros, cualquier trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en las
que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los
niños, que deberá ser determinado por la legislación nacional o la autoridad
competente”, puntualiza el citado informe.
Las condiciones en las que viven y trabajan los niños, niñas y adolescentes en la zafra
de caña de azúcar los convierten en altamente vulnerables a las enfermedades
infectocontagiosas, respiratorias y gastrointestinales, y frecuentes accidentes de trabajo.
Viven en campamentos precarios con altos niveles de hacinamiento sin acceso a
servicios básicos como el agua potable y los sistemas de desechos sólidos; están
expuestos por más de 12 horas diarias a las duras condiciones de este tipo de trabajo y a
las inclemencias del tiempo: frío intenso en las madrugadas y altas temperaturas durante
el día. Su dieta es deficiente en calorías, proteínas y minerales. Los accidentes más
frecuentes son los cortes con machete o con las hojas de la caña y son frecuentes las
picaduras de víboras u otras alimañas que viven en los cañaverales.
“En ese contexto ocurren considerables niveles de explotación y abuso sexual de
numerosas niñas”, remarca la ex asesora.
Baptista menciona como otro problema serio la presencia de las niñas y adolescentes en
la zafra de la castaña, cuyos cultivos están en Riberalta y la zona del Chaco.
Ignora el porcentaje de jovencitas que alumbran a temprana edad, pero localiza el
fenómeno en el Oriente, sobre todo en la frontera con Brasil; específicamente en
Trinidad, Cobija y Riberalta, donde es “normal, incluso socialmente admitido”, que una
niña a los 13 años empiece a tener hijos.
“Hay familias que tienden a casar a sus hijas a esa edad, empiezan a buscarles marido;
luego las menores dejan la escuela, sus hogares”, dice.
Se trata, pues, de explotación, no para prostitución propiamente dicha, donde hay un
pago de por medio, sino de abuso que se va consolidando con el tiempo.
“Entre el inicio y al final de la zafra el nivel de explotación se va incrementando y
manteniendo como unas prácticas habituales de las que todos se hacen de la vista gorda.
Y al final de la zafra hay cantidad de niñas embarazadas”, apunta tras reclamar una
acción decidida por parte del Estado para hallar algún tipo de solución.
3.2.2. Comunidades guaraníes sin compasión
En momentos en que el mundo asocia un tema como el de la esclavitud a la Edad Media
o a fines del Siglo XIX, y los estudiosos acuden a tratados para indagar sobre ello, en el
Chaco, una región al sur de Bolivia, viven comunidades nativas, de habla guaraní,
soportando un infernal sistema de servidumbre vigente a través de su historia.
Un resumen del estudio titulado “El Régimen de Servidumbre en las Comunidades
Cautivas Guaraníes y Haciendas del Chaco Boliviano” alerta que el trabajo forzoso
viene reproduciéndose de manera alarmante en la región del Chaco.
“El fenómeno ocurre al interior de determinadas haciendas agrícolas y/o ganaderas (…)
siendo la población indígena guaraní, el sector fundamentalmente afectado por una
forma de servidumbre que sorprendentemente se asemeja (…) a ciertas relaciones de
producción de carácter semi-feudal, que existían en Bolivia hasta la reforma agraria de
los años cincuenta, y se suponían desaparecidas en toda la región andina”, señala.
Resume el caso del trabajo no libre en el Chaco como un sistema donde los trabajadores
indígenas guaraníes laboran “bajo un régimen servil y donde algunas comunidades se
hallan cautivas en (…) haciendas de propiedad de caciques regionales, que utilizan
medios extremadamente violentos y perversos para el sometimiento de los comunitarios
o trabajadores guaraníes. En las haciendas se pagan remuneraciones ínfimas que obligan
al trabajador y a su familia a recurrir al patrón para abastecerse de bienes y alimentos
imprescindibles, a precios excesivamente alzados”.
Esa situación, indica, provoca una dinámica de endeudamiento que subordina al
trabajador y le impide salir fuera de los límites de la hacienda para buscar trabajo.
“Mientras se mantiene la deuda, el trabajador pierde la libertad y no puede articularse al
mercado laboral. Algunas deudas implican que durante años el trabajador no acceda al
dinero e inclusive que a la muerte del padre los hijos hereden dicha deuda”, dice el
estudio realizado por Eduardo Bedoya Garland y Álvaro Bedoya Silva S.
Los autores aluden a un estudio de 1999, del Consejo de Capitanes Guaraníes de
Chuquisaca, el cual determina que las deudas involucraban o sometían a un 63 por
ciento de trabajadores guaraníes en cautiverio (Vargas 2003:39). En otras situaciones, si
el trabajador o su esposa no obedecen al patrón se arriesgan a recibir una golpiza.
A través de los referidos métodos, el hacendado obtiene costos laborales bajísimos,
cercanos a cero, y una mano de obra familiar gratuita.
“El caso del Chaco es el más perverso y dramático de trabajo forzoso en la región
andina”, puntualiza el estudio elaborado para la Organización Internacional del Trabajo.
El drama del Chaco, una de las páginas más negras de violación de los Derechos
Humanos, saltó a la luz por una investigación del Viceministerio de Justicia realizada en
1999, y el año 2001 la OIT hizo otro estudio. El primero fue considerado “secreto”,
“En el Chaco continúa asentado un régimen realmente servil, donde los dueños de las
tierras explotan directamente a los comuneros, manteniendo distintas formas de
sujeción a esas personas”, refiere el Viceministro de Trabajo, doctor Rodolfo Eróstegui,
añadiendo que “al parecer hay una serie de problemas detectados”.
Son comunidades guaraníes prácticamente esclavas. La población bajo este régimen
oscilaría entre cinco y siete mil personas, son familias enteras, cuyo único sustento es la
tierra. Es un régimen servil; inclusive se habla de que reciben diversos tipos de castigos,
como el azote, difícil de comprobar porque es difícil ingresar.
Eróstegui recuerda que una de las primeras referencias sobre el citado informe la tuvo
cuando, en el 2001, trabajaba en un proyecto de la OIT: “me enteré que el Ministerio de
Justicia había hecho un estudio sobre el Chaco, pero no lo hizo público”. Además,
ignora si el gobierno de entonces o el ministerio del Ramo lo declararon “reservado”.
Pidió, sin éxito, el documento para remitirlo a la OIT. “Cuando en una ocasión hice una
exposición sobre los convenios de trabajo forzoso, informé que había un documento (el
del Chaco) que no querían entregarlo. Y al llegar al gobierno (actual) volví a solicitarlo
al Ministerio de Justicia pero me respondieron que no lo tenían”.
Parece que hubo un “archivo secreto” en ese entonces porque, como se especulaba,
estaba involucrado un diputado o un senador de la región. “Por consiguiente no puedo
decir que haya visto dicho informe, sé por funcionarios del ministerio que existía”,
aclara Eróstegui.
Bedoya Garland y Bedoya Silva sostienen que el nivel o intensidad del trabajo forzoso
de los trabajadores guaraníes en los fundos agrícolas o ganaderos varía según zonas.
“Las condiciones de los peones permanentes en las haciendas de mayor tamaño son por
lo general más duras en el sudeste de Chuquisaca, en Lagunillas, o al sur de Camiri, y
más “tolerables” en la provincia de la Cordillera, en Santa Cruz. La razón de ello es que
en esta última provincia, al existir comunidades libres en las cercanías de los fundos, el
patrón hacendado no tiene capacidad de ejercer mayor control sobre los trabajadores,
porque si los trata con rigor excesivo, corre el riesgo de que éstos se puedan escapar”.
Por el contrario, en Chuquisaca, los trabajadores disponen de menos lugares a donde se
podrían fugar. No existen tierras disponibles.
3.2.3. El Chaco del olvido
¿Cómo explicar la situación que vive el Chaco? ¿Cómo entender que todavía hoy un
país pueda mostrar a la comunidad internacional cuadros de servidumbre como el que
viven miles de las familias guaraníes? Olvido, poca o nula relevancia en el contexto
nacional desde el punto de vista político o interés particular en mantenerlo.
La ex asesora del Ministerio de Trabajo, Rosario Baptista tiene esta explicación: “No
siempre algunos políticos dan atención a estos temas, porque algunos de ellos someten a
personas indefensas a esas condiciones de vida”.
“El hecho de que se haya ocultado el estudio sobre trabajo forzoso en el Chaco muestra
que no solo no era un tema importante para ellos, sino que era de su interés en la medida
en que se beneficiaban económicamente de la problemática”, indica.
Luego añade: “nada que afecte sus intereses iba ser motivo de una política pública”.
Los principales empresarios de la castaña y de la caña de azúcar, agrupados en la
Cámara de la Industria y el Comercio de Santa Cruz, son empleadores importantes y
tienen fuerza; siempre han estado vinculados a grupos políticos que detentaban el poder.
El Viceministro de Trabajo, doctor Rodolfo Eróstegui, admite que el Chaco sigue
siendo una de las regiones más olvidadas, muchos poblados alejados carecen de
autoridades, de oficinas del Ministerio de Trabajo y de otras dependencias públicas que
podrían ver qué ocurre en ese extenso territorio no integrado al resto del país.
No obstante, es optimista sobre el futuro de la zona. “La presencia de las compañías
petroleras está permitiendo que salgan a luz muchas cosas y eso va a cambiar
muchísimo, pues con su permanencia la presencia del Estado se va a reforzar…”
Anuncia que está en proceso el nombramiento de las primeras autoridades, recalcando
que es el desarrollo el que va a impactar en la región, lo va a transformar, “pero
empezaremos por el norte a fin de determinar cómo iremos hacia el sur”.
“Hay un abandono por parte del Estado que debemos subsanar”, subraya.
4. Otros factores de vulnerabilidad
En un fenómeno tan complejo como la trata de personas mujeres, adolescentes,
niñas/niños con fines de explotación sexual y/o trabajo forzado en Bolivia concurren
otros factores, además de los mencionados. Precisamente, atendiendo a su naturaleza,
hemos creído conveniente incluirlos porque, también, por su naturaleza y magnitud,
colocan a decenas de miles de personas inocentes en una situación de vulnerabilidad.
Desde nuestra perspectiva, la elevada cantidad de migración interna, cuan éxodo de
millares de familias en busca de trabajo, expone especialmente a las niñas, a los niños y
a los adolescentes a una serie de peligros; entre ellos, los de ser abusados sexualmente,
considerados por algunos estudiosos como uno de los primeros pasos para la trata.
El desarraigo de los lugares de origen por nuevos destinos –de condiciones geográficas
y climas distintos- lleva aparejada situaciones de inestabilidad en estos hogares, donde
la cobertura de las necesidades más apremiantes desembocan en cierto relajo familiar
de lo aprovecharán los mercaderes del crimen organizado.
Otro factor pernicioso es la gran cantidad de personas indocumentadas.
Cifras oficiales lo estiman en unas 800 mil personas entre niños, niñas, adolescentes y
adultos según el censo del 2001, pero podría superar el millón el número de de seres
humanos que … existen para sus seres queridos mas no para el Estado, porque su
identidad no está oficialmente inscrita en la Dirección General de Registros Públicos.
Sea cual fuere la cifra exacta, el 80 por ciento vive en el área rural.
Esta particularidad hace a esas personas, especialmente a los 438.180 menores de Cero
a 12 años y a los 84.613 de trece a dieciocho años, propensas a correr el riesgo de ser
traficadas al menos en el primer grupo, bajo el manto cómplice de adopción ilegal, por
unos cuantos bolivianos o algo peor: ser tratadas para fines de explotación sexual.
¿Cómo explicar este problema? ¿Irresponsabilidad, indolencia o indiferencia?
Cualquiera de esos adjetivos o la suma de ellos podría graficar el papel del Estado
Boliviano al haber ignorado hasta hoy -en vísperas del cumplir el primer lustro del
nuevo siglo - a ese gentío que carece de un Certificado de Nacimiento.
Como “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, según reza el dicho
popular que podría aplicarse a este delicadísimo problema, el elevadísimo número de
niños sin identidad anotada en los Registros Públicos obligó a las autoridades a
modificar la Ley de Registro Civil y el Código Niña, Niña y Adolescente, para registrar
y entregar gratis los certificados computadorizados, especialmente a los hijos de las
familias más pobres.
Un factor no menos importante que los anteriores es el elevado número de iletrados.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, 414.099 hombres y 712.639 mujeres
no saben leer ni escribir. Difícilmente, salvo opinión en contrario, esta impresionante
masa de gente va a defender sus derechos, los más elementales, si lo ignoran.
Su situación de iletrados los coloca también como vulnerables ante la presencia alevosa
de quienes trafican con la pobreza y la ignorancia del prójimo.
4.1. El largo camino de la migración interna
Conseguir el preciado trabajo, aunque sea temporal y míseramente remunerado, obliga a
miles de familias a marchar, empujados por el hambre y con la esperanza de un mañana
mejor, hacia lo que sueñan como “la tierra prometida”.
Se trata de familias provenientes, fundamentalmente, del sector rural de Potosí,
Chuquisaca, Oruro, Beni y La Paz, considerados departamentos expulsores. El destino:
Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Pando, receptores de migrantes.
Como afirma el Secretario Técnico del Consejo de Población, doctor René Pereyra, qué
grave ha de ser para las unidades campesinas desgajarse de su medio cultural, religioso,
de sobrevivencia y de relaciones sociales, para emprender el largo camino a la
subsistencia.
“¡Qué tan grave ha de ser la decisión que debe tomar el jefe de familia y después la
familia para salir de su lugar de origen!”, puntualiza tras remarcar que la existencia de
escenarios geográficos con signos negativos de población “es un indicador de las
condiciones de absoluta pobreza y de absoluta precariedad”.
“La gente tiene que salir porque es pobre. Y es pobre porque, además, hay rigideces
climáticas: heladas, granizadas y fenómenos naturales que no pueden contener ni
dominar para su producción. Esa situación de ingobernabilidad natural hace que la
producción caiga y los campesinos deban salir”, dice Pereyra.
Subraya que cuando, según el censo del 2001, hallamos municipios y departamentos
con tasas negativas de receptividad de habitantes, aludimos a condiciones de alta
precariedad; es la pobreza y la desigualdad la que genera esta situación.
Una hojeada a la historia de Bolivia revela que su población ha radicado básicamente en
el Occidente, dedicada a la agricultura de altura y a la minería, pero desde hace algunas
décadas vemos un desplazamiento hacia el Oriente, más por la necesidad imperiosa de
obtener un empleo que por otras razones.
Pereyra explica que la preocupación por ese desplazamiento poblacional hacia el
Oriente llevó a su organismo a desagregar la data censal, a nivel de municipios, a partir
de los resultados del censo del 2001, para ver el comportamiento de cada municipio.
¿Qué ha encontrado? ¡Un cuadro calatimoso! Y cita un caso emblemático: todos los
municipios de Potosí, a excepción del fronterizo Villazón, son altamente expulsores.
Potosí fue durante el virreinato una de las ciudades más importantes de esta parte del
continente por su alta producción de plata.
La situación de pobreza que vive hoy se debe a dos factores; por un lado, la
superexplotación del recurso, y por otro, la crisis de la minería.
En contraposición a esa dura realidad, destaca al departamento de Santa Cruz, la región
de los llanos, por su condición receptora; o sea, sus municipios acogen poblaciones.
Bolivia tiene 314 municipios. De ese total, 217 son expulsores de pobladores; o sea, el
69 % de municipios del país expulsan a sus habitantes.
Veamos los porcentajes por departamentos: El 95 % de municipios de Potosí expulsan
gentes; igualmente, el 93% de municipios de Chuquisaca, el departamento más rural del
país; el 87% de municipios de La Paz, y el 74% de municipios de Oruro.
Desde otra ventana podemos hacer esta lectura: De los 314 municipios, apenas 97 son
receptores.
El censo del 2001 no trae datos como la migración de origen rural y destino urbano,
pero el fenómeno existe como un proceso.
Tiene información sobre la migración interna que se maneja del nivel general a lo
particular, las migraciones entre las regiones ecológicas. Además, información de la
migración por regiones, departamentos, provincias y por secciones municipales.
Bolivia tiene tres grandes regiones: La región altiplánica, la región de los Valles y la
región de los Llanos.
Pando es uno de los departamentos que está jugando un rol atractivo para la migración:
el 93 % de sus municipios acogen gentes. Le siguen Santa Cruz, 64 %; y Tarija. El
futuro de Tarija se ve promisorio, porque tiene enormes campos de gas; y Cochabamba.
Potosí tiene 38 municipios y solo 2 son receptores. Chuquisaca tiene 28 municipios y 2
son receptores; La Paz tiene 75: 65 son negativos y 10 positivos. Santa Cruz tiene 50
municipios: 32 acogen y 18 expulsan.
El municipio Comanche, ubicado en el departamento de La Paz, es una fotografía de los
efectos de la migración. Su tasa de expulsión llega al 23.14 por ciento de su población.
Ahora solo quedan niños, niñas y ancianos, ha habido un recorte muy significativo de su
población económicamente activa; la actual es improductiva.
Este saldo es a consecuencia de la migración de su población, una migración
fuertemente joven, varones fundamentalmente educados.
Comanche tiene una población exigua: 3,800 personas. Hoy no tiene una población
significativa en edad de trabajar, por eso es fuertemente dependiente, bajo las espaldas
de una exigua PEA. Pero esto va a cambiar, es la perspectiva y será muy buena a futuro.
4.1.1. Tipos de migración
¿Hay tipos de migración? Pereyra da una respuesta afirmativa, indicando que en Bolivia
hay dos tipos de movimientos migratorios: El movimiento migratorio de toda la vida y
el movimiento migratorio reciente.
Es migración de toda la vida (o migración absoluta) cuando una persona empadronada
no tiene el mismo lugar de empadronamiento que el de nacimiento. Si el lugar de
nacimiento difiere del lugar de empadronamiento es un migrante; un migrante de toda la
vida o un migrante absoluto.
Este indicador mide en forma acumulada la migración. La migración histórica da una
idea de cuánto es la población que cambió de lugar de nacimiento y está en otro lugar.
El libro “Migración Interna – Estudios de los Movimientos Poblacionales en Bolivia”
dice: “Según información del censo de 1976, cerca del 20 por ciento de la población
vivía en un departamento distinto al de su nacimiento. Con el censo de 1992, la
migración interdepartamental de toda la vida se estimó en 28 por ciento, y finalamente,
según la Encuesta Continua de Hogares – Programa MECOVI de 2000, se incrementó a
34.7 por ciento aproximadamente. Es decir, la migración se hace más intensa con el
correr del tiempo”.
“Asimismo, con esta última fuente de información, se pudo conocer que un 37.6 por
ciento de la población que reside habitualmente en el área urbana nació en otro lugar y
un 29.6 por ciento con residencial habitual en el campo, nació en un lugar diferente a
éste. Eso significa que las áreas urbanas experimentaron mayor migración que las
rurales”, explica dicho estudio del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
La migración reciente se captó, mediante las repuestas a una información específica
contenida en la boleta censal. Dice: hace cinco años (en 1996), dónde residía. La
migración reciente es la que acontece entre 1996 y el 2001; cuando el lugar de
residencia, en 1996, no coincide con el de residencia el 2001.
¿Qué ha encontrado…? Cosas preocupantes. Un precario nivel de desarrollo del país, de
sus regiones y de sus unidades más específicas.
De nueve departamentos, cinco son expulsores. De estos, Potosí es el más fuertemente
expulsivo, le sigue Oruro, ambos mineros. Además, Chuquisaca, Beni y La Paz.
Los otros: Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Pando reciben inmigrantes.
Beni, ubicado en el trópico boliviano, también es expulsivo, porque las tierras de
muchas de sus unidades geográficas son inundadas por el agua. Su población sobrevive
gracias a la pequeña ganadería que, a veces, también tiene problemas. Salvo Trinidad,
las otras unidades territoriales del departamento son deplorables.
La Paz es un departamento; la ciudad de La Paz, capital del gobierno, es la capital de
departamento, y también expulsivo pero en menor medida.
Pereyra opina que debe analizarse cuan positivo es mantener la política de la marcha al
Oriente, iniciada en 1952, pues estaba despoblada; hoy, añade, en esa región hay temas
de biodiversidad y ambientales…Si alentamos a que gentes fundamentalmente pobres
vayan a esos escenarios, estamos invitándolas a que sean los futuros depredadores.
4.1.2. Proceso de desruralización
Bolivia hasta 1988 fue predominantemente rural, hoy se está desruralizando como todos
los países del mundo. El nivel urbano, según el censo del 2001, es de 62 personas por
cada 100 que viven en las ciudades, y 38% en el campo.
Eso muestra el otro rostro del fenómeno: Bolivia continúa creciendo. La tasa
demográfica de crecimiento es hoy de 2.7 por cada 100. He aquí la evolución: De 1.1
entre 1900 y 1950 subió a 2.0, 2.1 y ahora a la tasa actual de 2.7.
Es importante que las ciudades no crezcan tan rápido. El campo, según el anterior
intercenso, sufrió fuertemente los efectos de la crisis y arrojó una tasa de 0.09; mas en el
último censo se nota un ligero repunte.
Esto podría obedecer a la aplicación, desde hace ocho años, de políticas de Participación
Popular en el territorio nacional donde la población -por la ley- tiene recursos en sus
municipios, que ojalá sean usados productivamente.
Que por primera vez en la historia un municipio cuente con recursos probablemente esté
reteniendo a la población; un aspecto que seguramente deberá estudiarse en detalle para
incrementarlos en algunos casos o revisarlos en otros.
Un punto muy interesante que debería motivar la reflexión es lo relacionado a la
selectividad migratoria. Al respecto el libro “Migración Interna – Estudio de
Movimientos Poblacionales en Bolivia”, dice:
“Según la selectividad migratoria, se halló que la población menos educada –inferior a
la primaria, es la que más migra. En las áreas de acogida, los migrantes es de suponer
tendrán limitadas oportunidades de insertarse en el mercado formal del trabajo, sin
embargo, en las áreas de origen, las implicancias son negativas, especialmente en las
esferas productivas y económicas, debido a la pérdida de población”.
4.2. Indocumentados,
¡Más de 800 mil personas no existen legalmente…!
Unas ochocientas mil personas en el país, de acuerdo a los resultados del censo del
2001, viven y realizan diariamente sus tareas cotidianas, pero no existen… para el
Estado. Si quisiéramos hablar en términos jurídicos, ese enorme contingente de seres
humanos no existe legalmente, pues carecen de documento alguno.
¿Cómo entender esta dolorosa situación en pleno Siglo XXI? ¿Cómo explicar ese
olvido, negligencia o lenidad por parte del Estado y de un mínimo de humanidad para
con aquellos también bolivianos?
Difícil responder esta pregunta porque se trata de niños, niñas, adolescentes y personas
adultas, o sea gentes de todas las edades.
Y no es que esas decenas de miles de personas residan en zonas de conflicto armado, en
lugares donde no impere la ley o en áreas geográficas en disputa con países vecinos.
No, nada de eso. Ellos están repartidos en diferentes puntos del territorio nacional,
mayoritariamente en la zona rural, y han nacido dentro de los límites de la República de
Bolivia.
En un esfuerzo por enmendar este secular olvido, porque otros miles habrán muerto sin
saber siquiera qué es ser un ciudadano boliviano, el gobierno realiza una campaña
gratuita para poner punto final a la indocumentación de esas personas, que comprende la
inscripción en los Registros Civiles y la entrega de su Certificado de Nacimiento.
De acuerdo al censo del 2001, no están inscritas en los Registros Públicos de Bolivia un
total de 792.744 personas (hombres y mujeres).
De ese total, se hallan en esa penosa situación: 438.180 niños de Cero a 12 años; 84.613
menores de 13 a 18 años; 63.329 jóvenes de 19 a 25 años; 101.411 adultos de 26 a 44
años; 63.095 adultos mayores de 45 a 64 años; y 42.114 mayores de 65 años, expresa la
Vocal de la Corte Nacional Electoral, doctora Natividad Avilés
Muchos de quienes integran los dos últimos grupos morirán -por lo avanzado de sus
edades y sus condiciones de vida- antes de acudir al Registro Civil a decir: “Me llamo
fulano de tal…” y recién existir para el Estado; además, sus restos irán a poblar los
cementerios clandestinos, los camposantos de los sin nombre.
Y el Estado habrá sido incapaz de saldar una cuenta elemental con ese ciudadano pero
trascendente en la vida de cualquier prójimo: El derecho a la identidad.
Quizá por ello la campaña esté dando especial énfasis a los niños de Cero a 12 años,
luego de 13 a 18 años, aunque en este último grupo la gratuidad será solamente por un
lapso de tres años. Y los de mayor edad son atendidos en proyectos pequeños siempre
y cuando haya recursos económicos.
Será un largo proceso el inscribir y registrar a estas personas. “Por lo menos de unos
tres o cuatro años, porque no solo se trata del interés del CNE, como ente responsable,
sino también el interés del ciudadano”, remarca Avilés.
La magistrada de larga trayectoria asegura que el problema de la indocumentación es
álgido en el área rural (“más que en las grandes ciudades donde casi todos tienen
documentos”), porque “muchas veces, los mismos interesados no tienen la costumbre de
registrar nada: ni nacimientos ni defunciones”.
“Tenemos en el tema de defunción a los cementerios clandestinos, lo que revela que
hay gente que ha nacido, que ha vivido y ha muerto anodinamente”, enfatiza.
La certificación gratuita para menores de 12 años, inicialmente alcanzaba hasta los siete
años, empezó -con tropiezos- hace dos años en cumplimiento de la Ley de Niño, Niña,
Adolescente; el primero de los obstáculos fue la falta de recursos para solventar gastos
elementales (impresión de formularios valorados) y el pago a los Oficiales del Registro
Civil, porque ellos recibían un honorario por cada registro y certificación.
“Seguramente esa fue la razón por la que anteriormente quienes estuvieron a cargo de la
Corte Nacional Electoral no lo pudieron hacer”, refiere Avilés, cuya administración, que
empezó hace tres años, decidió “hacer que la gratuidad del Registro y Certificación sea
real”, logrando recursos del Estado y el apoyo de UNICEF para la tarea.
“Llevamos casi tres años en este trabajo en un comienzo con apoyo de UNICEF, que
entendió nuestro problema económico y la necesidad de dotar a todos los menores de
sus Certificados de Nacimiento para que su vida sea menos problemática a medida que
vayan creciendo, y luego se sumaron otras organizaciones, entre ellas Plan Integral”,
subraya.
La vocal manifiesta que este año contamos con la ayuda de otro tipo de organizaciones
pero, al mismo tiempo, mediante una ley específica de diciembre del 2003 se ha
ampliado la gratuidad de la campaña hasta los 18 años de edad.
Hizo hincapié en que lo prioritario y permanente es el registro y certificación gratuita
hasta los 12 años, y de 13 a 18 años será gratis pero por un período de tres años.
Natividad Avilés indica que con apoyo de otras entidades internacionales están
atendiendo programas puntuales como, por ejemplo, el caso de los indocumentados
adultos de Montero, al norte de Santa Cruz, quienes solicitaron sus documentos para
poder sufragar. El programa de menores funciona normalmente.
Esa petición fue atendida con recursos provenientes del Canadá, que hizo posible
entregar Certificados de nacimiento a esas cinco mil personas mayores de 18 años. El
trámite fue administrativo; anteriormente era judicial: quien no se registraba en el
periodo previsto por ley, debía hacer un trámite ante el juez, para que ordene el registro.
Un caso similar ocurre con unos cinco mil guaraníes de dos provincias del departamento
de Chuquisaca; también, los guarayos y otras comunidades indígenas reclaman la
certificación .
El plan diseñado con fondos de la bolsa de donantes tiene previsto continuar este
trabajo durante el presente año y el 2005, para bajar el número de ciudadanos, sobre
todo de pueblos originarios, que carecen de este documento.
4.2.1. Por qué el alto número de indocumentados
La Vocal de la Corte Nacional Electoral no tiene reparos en puntualizar que un
indocumentado muerto jamás fue un ciudadano. “Su vida transcurrió así, no requirió
quizá nunca ese documento...”
Pero hoy por muchas razones, sobre todo la escolaridad, se les está exigiendo. Por eso
la estrategia es atacar primero, como un trabajo permanente, teniendo como base la
Nueva Ley, a los menores de 12 años.
Esa tarea será permanente, porque esa sostenibilidad permitirá a futuro, siempre y
cuando no se interrumpa, que nadie –en el futuro- deje de tener el Registro y la
Certificación.
El registro y la certificación de la población comprendida entre 13 y 18 años es
eventual por ahora; son tres años la gratuidad. Igualmente, el Registro Gratuito de
Mayores también es eventual hasta que logremos cerrar la brecha existente.
¿Pero, a qué se debe el alto número de personas sin certificación de nacimiento?
Avilés responde: “Por falta de educación, porque si una persona no conoce que necesita
este documento para ser ciudadano, para ejercer sus derechos, para asumir sus
obligaciones no lo solicita. Porque contar con el certificado de nacimiento nos da
ingreso a muchas cosas, ¿verdad?”
Cuenta que en numerosas comunidades del área rural nunca han dado importancia a este
documento, porque no era imprescindible en su vida. “Cuando se empieza a dinamizar
la vida del país, donde, por ejemplo, todos debemos tener una cédula de identidad para
realizar una diligencia, recién surge la necesidad: no puedo votar si no tengo carné, no
tengo carné si carezco de certificado de nacimiento. Ahí empiezan los requerimientos”.
¿Pero qué pasa desde la otra orilla? El Estado fue muy pasivo en el sentido de despertar
el interés que toda la población estuviese identificada.
En el área rural, hay un nivel de escolaridad muy bajo; entonces, resulta que, por
ejemplo, en lugar de escribir un apellido con “E” lo escriben con “I”. En ese momento
nace un conflicto porque esas personas escriben como hablan.
Cuando se le hace la observación de que es un problema del registrador mas no del que
va a inscribirse, la magistrada contesta: “De los dos, porque el que va a firmar su
registro debería verificar que esté bien escrito. Además, los dos hablan así el español”.
Y ante la réplica de que el registrador no debería ser un iletrado, explica: “Es que son
personas del área rural. No vamos a conseguir que nadie vaya (de la ciudad) a realizar
esa función si solamente gana (como era antes) por registro”.
“Pensar que alguien de la ciudad, de una situación cultural mejor, se interese en ir al
área rural, es difícil. Por eso, normalmente es un vecino de la localidad, del pueblito, el
que asume esa atarea; ahora decir que sabe leer y escribir es muy relativo”, añade.
No escapará al criterio del lector que si el Estado conjuntamente con organismos
internacionales como UNICEF y Plan Internacional Bolivia están desplegando un
enorme esfuerzo para hacer realidad el derecho de identidad a centenares de miles de
bolivianos, el organismo competente debería tener el cuidado de capacitar aunque sea
brevemente a quienes tienen la delicada tarea de registrar a los indocumentados.
Que la improvisación y el deseo de mostrar cifras de registrados que después no
coincidan con la realidad, no socaven una campaña indispensable en la hora actual, y
que tampoco se derrochen recursos tan escasos, más aún en estos tiempos difíciles.
4.2.2. “Si no existe legalmente puedo ser fácilmente víctima de la trata…”
Expuesto este panorama podemos afirmar sin ambages que si un niño o un niño, una
adolescente o un adolescente que no está registrada es fácilmente tratada por gente que
se dedica a ese crimen. “No solo eso, los mismos varones salen sin ningún documento,
van a otro país y ahí desaparecen…”, comenta Avilés.
Luego puntualiza que en Argentina, por ejemplo, estamos haciendo la certificación de
nuestros compatriotas que están sin ningún documento. Esa campaña empezó de manera
gratuita en el 2003 y continuará como parte de un programa especial.
La magistrada resaltó la importancia de este programa porque la gente que emigró a
Argentina, cualquiera que haya sido el motivo, no eran ciudadanos en su país ni lo son
en el otro lado. “Peor afuera, es una situación difícil. Para mí, parte del problema es la
educación. Creo que es fundamental la tarea de los maestros de despertar el interés de
los niños por contar con el certificado de nacimiento. Ellos luego exigirán a sus papás
hasta que esa exigencia se haga realidad”.
Asimismo, los maestros y los colegios deben exigir este documento, aprovechando que,
primero, es gratuito; segundo, se hará una base de datos para hacer de la inscripción y
verificación de manera técnica, a fin de comprobar si todos los alumnos de un
determinado colegio están inscritos o no, con lo que se agilizará la campaña.
4.3. Analfabetismo
No es propósito de este punto analizar ni mucho menos evaluar la calidad de la
educación en Bolivia, sino aproximarnos a una de las probables consecuencias de la alta
tasa de población iletrada, que pone al descubierto el largo camino por recorrer de parte
del Estado a fin de brindar a las decenas de miles de personas que están en esa situación
el derecho a la educación gratuita, al menos en el nivel de la educación primaria.
Tampoco es objetivo de este punto teorizar sobre lo que representa el analfabetismo
como factor limitante del desarrollo socio-económico del país sino, fundamentalmente,
dejar sentada nuestra preocupación de que la condición es analfabeto coloca a una
persona –niño, niña, adolescente o adulto- en una situación de vulnerabilidad frente a
cualquier tipo de abuso, así como de postergación, aquí y en otro país.
En efecto, la Memoria 2004 sobre Educación Alternativa, elaborada por el Ministerio de
Educación, afirma que a pesar de que los índices de analfabetismo han disminuido
considerablemente en los últimos años –de un 37 por ciento en 1976 a un 13 por ciento
en el 2001-, las cifras de personas que no saben leer ni escribir representan un enorme
desafío para las políticas educativas que se ejecuten en los próximos años.
La Memoria explica que la tasa de personas sin instrucción educativa en el año 1900
llegaba al 85 por ciento del total de habitantes, pero que el Censo del 2001 revela que en
Bolivia todavía hay 1.135.738 personas analfabetas, de las cuales un total de 414.099
son hombres y 721.639 son mujeres.
Sin embargo, el documento hace hincapié en que esas últimas cifras no toman en
consideración el analfabetismo funcional y por desuso, que alcanza a un total de
3.965.883 habitantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 45 años.
Las mujeres presentan una tasa global 2.5 veces más alta que la de los varones.
En el área urbana, el analfabetismo en mujeres llega a un 16 por ciento, frente a un
cuatro por ciento en los hombres. No obstante, los porcentajes en el área rural son más
alarmantes, pues el 70 por ciento de las mujeres del campo no saben leer ni escribir,
mientras que un 25 por ciento de la población masculina es iletrado.
El gobierno es consciente de esa dura realidad. Por eso, el Ministerio de Educación, a
través del Viceministerio de Educación Alternativa, puso en marcha el Programa de
Alfabetización, el cual elaboró un plan nacional para la Vida y la Producción. Este plan
se convirtió en una política de Estado al ser declarado prioridad nacional por decreto
25083, estableciendo alianzas con municipios, entidades estatales y organizaciones no
gubernamentales con el fin de capacitar a personas entre los 15 y 45 años.
Sin embargo, la educación alternativa no se reduce a la problemática del analfabetismo.
Otra de las áreas en que trabaja el Ministerio de ramo es en la educación de adultos,
destinada a completar la formación de las personas, mediante diferentes modalidades de
atención, como los Centros de Educación Media para Adultos, que en el país son 100.
El Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción – Servicios
Departamentales de Educación trae también una noticia importante: El aumento del
número de personas alfabetizadas de un total de 123.078 durante el año 2002 a un total
de 127.534 en el año 2003.
Los departamentos donde hubo mayor número de alfabetizados fueron: Potosí, que saltó
de 14.565 en el 2002 a 49.680 en el 2003; Santa Cruz mostró un crecimiento
significativo al pasar de 154 a 8.388 en dicho período; Tarija de 3.615 en el 2002 a
9.397 en el 2003; Oruro, que pasó de 2.425 a 4.142 personas en el mismo lapso; y
Pando, que de 0 personas en el 2002 saltó a 209 el año pasado.
Las cifras más relevantes del 2001 al 2002, según la Memoria, corresponden a los
departamentos de Chuquisaca donde los alfabetizados pasaron de 39.244 a 46.873;
Beni, de 2.438 a 8.747; y Oruro, de 495 a 2.425, respectivamente.
Cifras de la alfabetización en tres años
Según memoria del 2004
Departamento
1. Chuquisaca
2. Potosí
3. Cochabamba
4. Santa Cruz
5. La Paz
6. Tarija
7. Beni
8. Oruro
9. Pando
2001
39.244
26.219
26.946
9.990
29.554
7.319
2.438
495
432
2002
46.873
14.565
25.543
154
21.156
3.615
8.747
2.425
0
2003
9.254
49.680
20.985
8.388
19.159
9.397
6.320
4.142
209
Totales
158.539
123.078
127.534
Fuente: Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción –
Servicios Departamentales de Educación
Diario La Razón: 25 de Agosto, 2004.
5. Burlando la legalidad
Es frecuente leer en los diarios locales noticias como la siguiente: “En Europa deportan
50 bolivianos por semana”. Y una de las más recientes publicó el diario La Razón, a una
columna, en la página 30, edición del pasado 29 de septiembre.
Dice: “Un promedio de 50 ciudadanos bolivianos son deportados semanalmente de
Europa debido a las condiciones estrictas de ingreso a diversos países, según se conoció
en las oficinas de Migración y en las agencias de viaje. Datos extraoficiales señalan que
(cada semana) salen, sólo de Cochabamba, alrededor de 300 personas. ANF”.
Todo medio de comunicación evalúa la importancia de las noticias que llegan
diariamente hasta lo que se llama la Mesa de Edición. Allí se decide la publicación o no,
la extensión de las mismas y su ubicación de acuerdo a su importancia.
Publicar la noticia que comentamos en un espacio tan reducido y en una de las últimas
páginas del diario, revela que a juicio del editor no es un hecho relevante en
comparación con el número de informaciones recibidas durante el día. Eso explica por
qué fue desarrollada en 48 palabras y con un titular de siete palabras.
Más allá del criterio del editor podemos decir que ese hecho noticioso no ha recibido un
tratamiento adecuado, porque detrás de los 50 deportados hay historias personales
donde se combinan problemas económicos y sociales, y una conducta reiterada de
pretender ingresar ilegalmente a otros países.
Probablemente esas personas salieron de La Paz con destino a Europa con sus papeles
en regla, pero desde el momento en que decidieron quedarse más tiempo del indicado
por Migraciones del país que las acogía, estaban transgrediendo sus leyes lo cual los
hacía pasibles de las deportaciones.
Ese es un primer aspecto del análisis sobre este hecho ilegal, pero hay otros puntos que
se soslayan, inclusive por los mismos medios de comunicación: la existencia de redes
de traficantes, de vendedores de ilusión, de mafias que inducen a los incautos a dejar el
suelo patrio -previo pago de altas sumas de dinero- para “trabajar” en Europa.
Este es uno de los negocios que genera millones de dólares a sus promotores, a los
llamados coyotes, polleros o simplemente traficantes; porque otros de sus giros son la
esclavitud, especialmente de mujeres en lenocinios, o de hombres en centros laborales
donde previamente retienen sus documentos personales.
Si un medio de comunicación no alerta a la opinión pública sobre los peligros que
corren quienes pretenden quedarse en cualquier país de Europa o de otro continente
trasgrediendo sus leyes, los traficantes seguirán ganando millones de dólares con la
anuencia o la complicidad de las agencias de viaje.
Este llamado de atención es para los medios de comunicación, la sociedad y las
autoridades correspondientes, porque quienes quieren migrar ilegalmente para pretender
solucionar un problema de falta de trabajo, acabarán endeudándose mucho más, al igual
que sus familias, al ser deportados con los bolsillos vacíos.
Pero no son únicamente bolivianos, peruanos o ecuatorianos que de manera ilegal
pretenden quedarse en otros países, sino también ciudadanos de otras latitudes, como lo
informó el diario El Comercio de Lima, Perú, el 1 de octubre, bajo el título: “Mafia
habría introducido más de 200 personas a los Estados Unidos”; mientras que la versión
electrónica del mismo diario informaba así: “Perú y EE.UU. desarticulan red de tráfico
de migrantes”
La nota de la edición impresa dice:
“Ocho meses de paciente trabajo de búsqueda y seguimiento en el Perú y Estados
unidos culminaron con éxito el pasado 23 de septiembre. Ese día, efectivos de la
División de Extranjería de la PNOP detuvieron a cuatro ciudadanos jordanos que se
dirigían a un café miraflorino. Ellos ya habían sido identificados como clientes de una
red internacional de traficantes especializada en introducir ilegalmente a Estados
Unidos a personas del Medio Oriente.
Con anterioridad había sido detenido otro jordana, identificado como Ismael Asaifini
Tha’Er Omran (34). Él era el encargado de alojar a los clientes de la mafia durante su
paso por el país. De acuerdo con fuentes policiales, la red internacional captaba a los
migrantes en varios países de Medio Oriente y les prometía visas para ingresar a
Estados Unidos a través de México o algún país de la Unión Europea, pero antes los
obligaba a pasar por Perú, Ecuador o Bolivia. Por el ‘servicio’ les cobraban entre 15 mil
y 20 mil dólares.
En Estados Unidos, esta red de tráfico de personas era dirigida por tres iraquíes: Neeran
Hanna Zaia (50), Basima Habib Sesi (59) y Basil Yousif Denha (54). La primera era la
encargada de captar a los clientes. Los tres fueron detenidos en la ciudad de Detroit y
puestos a disposición de u juzgado federal estadounidense”.
5.1. Aumenta expedición pasaportes
El Servicio Nacional de Migración ve con suma preocupación el elevado número de
pasaportes que solicitan diariamente ciudadanos bolivianos, porque ello revela que no
solamente Bolivia experimenta un agudo proceso de migración interna, sino externa, y
generalmente gente joven y personal calificado.
Dicha dependencia policial informó que este año, hasta junio emitió un total de 63.273
pasaportes.
El desagregado de entrega de pasaportes por departamentos es el siguiente: La Paz,
18.831; Oruro, 2.473; Potosí, 839; Cochabamba, 16.575; Sucre, 1.364; Tarija, 1.011;
Santa Cruz, 20.212; Beni, 1.492 y Pando, 476.
Donde se observa una explosiva tendencia de crecimiento de viajes al exterior es en el
grupo de menores mayores de 12 años como también lo revela un cuadro del Servicio
Nacional de Migración, pues saltó de 47.727 en el año 2000 a 161.604 en el 2003.
Este es el documento titulado “Salida de ciudadanos bolivianos según edades”
desagregado:
GESTION
Infante 0 - 3 años
Niño 4 - a 12 años
Adolescente mayor a 12
TOTAL
2000
42.391
72.539
47.727
162.656
2001
63.317
146.945
106.084
316.345
2002
39.908
68.998
108.238
217.144
2003
21.981
62.499
161.603
246.082
Si leemos el cuadro tomando las cifras totales notamos también un aumento
significativo, pues el 2000 salieron 162.656 personas; en tanto, en el 2003, la cifra llegó
a 246.082. En el 2001 tuvo su pico más elevado con 316.345.
El SENAMI puntualiza que “por prescripción del Código Niño, Niña y Adolescente,
todo menor debe viajar en compañía de una persona mayor”.
Deja claramente establecido que el documento que permite realizar el viaje al exterior
de menores, es la autorización de viaje otorgado por el juez de Partido del Menor,
siendo esta la autoridad competente que valida la documentación que da lugar a la
respectiva autorización.
“El Servicio Nacional de Migración ejerce control en cada puerto de embarque y
desembarque con funcionarios distribuidos por turnos”, puntualiza.
5.2. Suplantación de identidad
Uno de los principales problemas que enfrenta con cierta periodicidad el Servicio
Nacional de Migración es la suplantación de identidad que realizan personas de otros
países latinoamericanos para obtener pasaporte como si fuesen ciudadanos bolivianos.
Pese a no contar con las facilidades técnicas requeridas, dicha dependencia ha puesto
especial atención a sus dependencias fronterizas, pues como señala el diario La Razón,
en su edición del 2 de septiembre pasado, a la fecha hay más de 100 procesos
judiciales, de los cuales 60 o 70 personas de distintas nacionalidades están en prisión
por haber incurrido en delitos de falsedad y uso ideológico de material.
Quienes perpetran este delito mayormente son personas de nacionalidad peruana y
ecuatoriana respectivamente, por lo que esa dependencia pública determinó extremar las
medidas de seguridad para extender pasaportes, puesto que este tipo de irregularidades
mellan la imagen del país.
El matutino dio cuenta de que recientemente en Cochabamba se detectó un caso de
suplantación de identidad. Se trata de Orlando Vargas García, ciudadano peruano que
supuestamente nació el 1 de abril de 1980 en la localidad de Quillacollo y que quería
viajar a España en un vuelo de TAM-MERCOSUR.
Vargas tramitó su cédula de identidad el 2 de agosto y fue detenido el martes 24 en el
aeropuerto Jorge Wilstermann.
El director de Migración en Cochabamba, Víctor Málaga, informó que cuando Vargas
fue detenido reveló que el certificado de nacimiento le costó 100 dólares. Con ese
documento gestionó su carné de identidad, luego el pasaporte e incluso adquirió una
cédula de sufragio falsa en una calle, cerca de la oficina de Migración, a 40 bolivianos.
El gobierno es consciente del problema, pues como anunció el 1 de septiembre el
Ministro de Gobierno, Saúl Lara, en breve se iniciará un proceso de modernización del
sistema de trámites de la Dirección Nacional de Migración, de la Dirección Nacional de
Identificaciones de la Policía Nacional y el de entrega de licencias de conducir.
“Vamos a hacer un gran cambio y lo vamos hacer pronto, están listos los pliegos de
licitación a la administración privada en cuanto a los sistemas de Migración, de las
licencias de conducir y cédulas de identidad”, dijo, según una nota periodística
publicada por el diario La Prensa.
Lara explicó que el proceso de modernización es justificado porque debe precisar que
Migración, Identificaciones y la Dirección de Tránsito “son elementos estigmatizados
por la corrupción”.
La Prensa aludió a hechos de corrupción comprobados y denunciados sobre
falsificación de pasaportes o timbres o sobre cobros ilegales por esos documentos en
Migración, lo cual llevó al gobierno a intervenir varias direcciones departamentales.
5.3. Migrantes endeudados
Se estima que cada año viajan a España un promedio de 15 mil bolivianos como
turistas, legalmente, pero al vencerse el plazo de permanencia fijado por Migraciones
del país de la Península Ibérica se quedan mayoritariamente en situación ilegal.
España no exige visa a los ciudadanos bolivianos para que ingresen a su territorio, por
ello las redes criminales que promueven la migración ilegal utilizan -desde hace varios
años- a Bolivia como punto de paso, incluyendo el “cambio” de nacionalidad,
mayormente de peruanos y ecuatorianos, para acceder a esa facilidad.
Lo nuevo en esta migración legal-ilegal es que del total mencionado unos dos mil
bolivianos viajan en condición de trabajo forzoso por haber contraído deudas con
terceros para hacer realidad dicho viaje: desde la obtención de documentos de identidad,
pasaporte, ticket aéreo hasta el pago de derecho de salida del aeropuerto.
Los otros trece mil bolivianos que migran a España como turistas van en realidad en
busca de trabajo y se quedan como ilegales esperando regularizar después su situación.
“Dos mil compatriotas viajan endeudados con alguien que asumió los gastos, lo que
sitúa a Bolivia como país expulsor de mano de obra en condiciones de trabajo forzoso”,
afirma la ex asesora del Ministerio de Trabajo, doctora Rosario Baptista, indicando que
este asunto apareció cuando se puso sobre el tapete el tema de este tipo de trabajo.
5.4. Trabajo forzoso en Argentina y Brasil - Testimonio
Fuentes de la Cancillería de Bolivia califican como “un serio problema” la situación de
miles de sus connacionales, desde el punto de vista laboral, en países vecinos como
Argentina y Brasil, donde, aprovechando su permanencia ilegal, trabajan entre 12 y 16
horas, un régimen considerado como “trabajo forzoso”.
“No tenemos una cifra exacta de los bolivianos que están atravesando por esas
circunstancias difíciles, lo que sí sabemos es que en algunos sectores empresariales de
Argentina y Brasil los obligan a realizar trabajos forzosos, porque saben muy bien que
estas personas no cuentan con los documentos que acrediten una estancia legal en
dichos países”, dijo un funcionario.
Carecer de permisos de ingreso y de autorización para trabajar en dichos países coloca a
nuestros nacionales en una situación de precariedad, motivo por el cual constantemente
son amenazados con denuncias ante las autoridades para ser deportados, añade.
En Argentina se detectó el problema desde 1997; en tanto que del Brasil se tiene
referencia desde el año 2000, pero actualmente es latente, muchos de los casos han
salido a la luz en algunos medios de prensa del Brasil, haciendo notar la situación que
viven como violaciones flagrantes de los Derechos Humanos.
Los ciudadanos bolivianos explotados realizan básicamente tareas agrícolas en el norte
de Argentina, además están considerados como el grupo más vulnerable.
El ex director de de Derechos Ciudadanos del Gobierno Municipal de La Paz,
licenciado Rodrigo Zogbi, afirma con dureza que “los peores “blanqueadores” de
peruanos y bolivianos en Argentina son peruanos y bolivianos”.
Citando al cónsul Gustavo Aliaga sindica a los bolivianos como “los peores tratantes de
blancas” en Argentina, añadiendo que “son un engendro boliviano-argentino que les
niegan los derechos a sus conciudadanos por unos míseros dólares, los esclavizan y no
respetan la ley argentina ni la ley boliviana.”.
La cancillería indica que otro conglomerado se halla en la parte oeste de Brasil, en la
frontera con Bolivia. Aquí los incorporan dentro de lo que es el sector fabril, pero
reciben un trato inhumano, lo que incluye casos de jefes de familia, esposa e hijos.
Asimismo, solicitará que tanto el gobierno brasileño como el gobierno argentino
brinden información sobre los abusos que cometen empresarios de sus respectivos
países, pues se calcula en unos 10 mil o probablemente un poco más el número de
bolivianos que estarían viviendo esas vicisitudes.
Por su parte, la estudiosa Rosario Baptista maneja otro tipo de información que debe
abrir otra vía de investigación.
Sostiene que varias denuncias sobre las condiciones en que vive la población migrante
de trabajadores en Argentina “nos movieron el piso”, pues el régimen de trabajo forzoso
ocurriría en fábricas de propiedad de algunos capitalistas bolivianos instaladas en
territorio argentino.
Básicamente son fábricas textileras, donde muchas veces laboran familias enteras. “Allí
trabaja desde el más pequeño hasta el más viejo”, dijo Baptista, quien fue asesora
general del Ministerio de Trabajo hasta comienzos del año 2004.
Aclara que se ha ampliado la oferta para trabajadores bolivianos, especialmente en la
Argentina. En algunos casos han comprado parcelas y en otros laboran como peones de
haciendas, pero ya en un nivel más de autogeneración de ingresos, no sometidos a
condiciones en las que quien los lleva, tiene la decisión de qué hacer.
Ese fue un primer punto que puso al descubierto el tema; es decir, debemos hacer algo
con relación al trabajo forzoso de esas personas.
En Brasil ocurre una situación similar con los ilegales, tanto analfabetos como con
gentes letradas a quienes también lastimosamente engañan.
Baptista sustenta esa afirmación citando el siguiente caso: Hace poco una joven de
manera ingenua aceptó esta proposición: “Tú viajas de La Paz a Santa Cruz y desde allí
a Sao Paulo, nosotros cubrimos los gastos de viaje. Y una vez que empiece a trabajar le
pagaremos U S $ 200 mensuales…”
Tras arribar a Sao Pulo la chica acudió al centro de trabajo donde uno de los responsable
fríamente le dijo: “No le vamos a pagar lo conversado inicialmente, sino menos”.
El costo del viaje fue 200 dólares, aproximadamente. Del sueldo inicial ofrecido de US
$ 200 dólares al mes, le pagaron US $ 50.
La chica comenzó a trabajar con una deuda de US $ 200 dólares, pues como debía
cubrir algunos gastos elementales (víveres, alojamiento, etc.) para vivir el primer mes,
la empresa le prestó más dinero porque, además, tenía que llamar a su familia a fin de
informar cómo había llegado.
Inicialmente la deuda contraída con la empresa era de U S $ 250 a 280 dólares. No
obstante, del magro salario de U S $ 50 empezaron a descontarle, quedando para la
joven una suma irrisoria, con lo cual no podía subsistir y no tuvo otra alternativa que
seguir endeudándose. “Esa es una de las formas más arbitrarias de cómo algunos
empresarios en Brasil están reclutando bolivianos”, anota Baptista.
Testimonio de una migrante encubierta
La doctora Nardi Suxo Yturry, entonces funcionaria de la Defensoría del Pueblo, hizo
un viaje a Argentina y este es su relato:
“En el 2001 viajé como migrante encubierta a Argentina. Quería saber cómo era el
trato a los centenares de bolivianos que viajaban a ese país. Vestida como una de
ellas, con un peinado con cola y una bolsa de mano, fuimos por tierra. Me
acompañaba otro funcionario de la Defensoría, pero no nos identificamos.
Salimos de La Paz rumbo a Tarija, luego a Villazón y de ahí a La Quiaca. De esta
localidad nos dirigimos a Salta. En el trayecto soportamos todos los malos tratos que
dan a nuestra gente: formábamos largas filas donde nos hacían esperar bastante
tiempo pese al frío intenso; nosotros llegamos a la frontera antes de nueve de la
noche y salimos después de las 12. Si nos demorábamos un poquito más nos dejaba
el bus, y eso ocurre con frecuencia.
La gendarmería argentina maltrata sin ningún motivo a la gente, comete cantidad de
abusos. Y durante el largo recorrido a Salta, nos hicieron bajar por lo menos cada
dos horas, pese a las inclemencias del clima; revisaban el equipaje, lo pateaban, lo
desarreglaban y no podíamos protestar, etc.
En el vehículo viajaban muchas peruanas y bolivianas, más mujeres que varones.
Los gendarmes las arranchaban sus bolsas, las vaciaban, pateaban las cosas que caían
al suelo y pronunciaban improperios; toda una afrenta.
Luego nos sometían a una revisión del cuerpo: te manosean, te tocan sus partes
íntimas; es humillante. Soy aymara, de origen indígena y no me avergüenzo. Pero vi
demasiado maltrato a algunas señoras que por el nerviosismo no podían hablar y les
hacían cosas peores.
Todo eso experimentamos en carne propia hasta llegar a Buenos Aires donde
también hicimos lo que hace nuestra gente: acudir al consulado boliviano; allí nos
hicieron esperar durante un día, fue horrible escuchar el maltrato a la gente.
Cuando al día siguiente volvimos, nos identificamos: El cónsul salió a atendernos y
le pedimos una explicación. No sabía qué decir, solo atinaba a expresar que dan
buen trato a los bolivianos, pero le manifestamos que el día anterior habíamos
estado en esa dependencia constatando una infinidad de abusos.
Se armó un gran lío. En Buenos Aires nos reunimos con la comunidad boliviana
que, felizmente, está bien organizada, porque el boliviano tiene una capacidad de
organización impresionante; el sector más desprotegido es el peruano.
Al retornar a La Paz empezamos a recibir denuncias, sobre todo de muchachitas,
naturales de Cochabamba, que las llevaban a Argentina, para hacerlas trabajar y no
podían volver porque no les pagaban, algunas habían sido violadas. A través de
contactos con la comunidad boliviana repatriamos a algunas de ellas.
Lo vivido en aquel viaje nos lleva a la siguiente reflexión: muchas veces frente a la
falta de trabajo y la aguda crisis tomamos una decisión sin analizar las posibles
consecuencias, y viajamos en busca de una mejor situación, cuando a veces no
sabemos que, probablemente, estamos yendo a algo peor”.
La doctora Suxo también viajó a Chile. Este es su relato:
“Fui a Chile a ver el tema de las mujeres presas. Como muchas gentes empiezan a
buscar algún trabajo en Chile, los convencen fácilmente para servir de “burritos” o
de “mulitas” para llevar droga por unos 500 dólares; por ese dinero que ni siquiera
ven, reciben sentencias de 35 años.
La mayoría de internas son de 18 a 30 años, son sentencias altísimas. Cuando visité
la cárcel de Achá, entre Arica e Iquique, habían 290 presas; el 90 por ciento por
narcotráfico, casi todas naturales de Santa Cruz, del Oriente boliviano”.
6.- Desafíos
El nuevo milenio encuentra a Bolivia arrastrando una serie de problemas muy serios y
complejos, algunos de vieja data como los agudos niveles de pobreza en varias regiones
del territorio nacional y el alto grado de violencia intrafamiliar.
Resulta doloroso admitir, por ejemplo, que los padres de familia de los municipios más
pobres esperen un año como mínimo para ver si su niño sobrevive o no para cumplir
con el requisito de inscribirlo en los Registros Civiles, como lo ha comprobado Plan
Internacional Bolivia en una investigación realizada el 2003.
De ello se concluye que la pobreza en su grado más extremo obliga a los jefes de
hogares –con un escaso nivel de educación- a actuar de esta manera: si inscribo al niño
recién nacido y muere antes de cumplir el primer año, pierdo dinero.
Antes de la campaña de inscripción gratuita que lleva adelante el gobierno con el
concurso de UNICEF y Plan Internacional, ese trámite costaba un mínimo de 30
bolivianos (U S $ 3.70 al cambio de hoy) más una multa si no se realizaba en el plazo
de ley, por lo que el número de no inscritos fue creciendo rápidamente.
Es decir, el alto número de personas no inscritas –que desde un punto de vista legal no
existen para el Estado- es una de las expresiones más dramáticas de la extrema pobreza
que se abate sobre miles de hogares, especialmente en el área rural.
No olvidemos, por otro lado, otras informaciones de la radiografía hecha por Plan
Internacional: familias (generalmente tienen tres a cuatro hijos) con un ingreso per
cápita anual de 250 a 635 bolivianos en algunos municipios del Sucre; en varios lugares
de Potosí se ha constatado un ingreso similar; aunque estas cifras mejoran en otros
departamentos. A las cifras mencionadas se añade el estimado de otros ingresos –no en
dinero- que perciben dichas familias por el intercambio informal de productos.
Así, la pobreza extrema que la que atraviesan miles de hogares es uno de los puntos
cruciales de la agenda gubernamental del presente y del mediano plazo.
De otro lado, aunque su raíz es de índole cultural, el maltrato a la niña, al niño y al
adolescente boliviano exhibe cifras, aunque aisladas, que deben invitar a la reflexión.
Se desconoce la magnitud del problema “por la dificultad para definir criterios precisos
y universales de maltrato en sus diversas formas, así como la disparidad en el diseño de
los estudios epidemiológicos”, como afirma del doctor Raúl D. Onostre Guerra en la
publicación “Maltrato del Niño (a) y Adolescente / Guía médica para la detección,
atención y seguimiento” editado en 1999.
Asimismo, hay pocos estudios sobre el problema. Uno de ellos, “Defensa de los Niños
Internacional”, efectuada en 1990 en las ciudades de La Paz, El Alto , Oruro y
Cochabamba sobre una muestra representativa de escolares entre 11 y 15 años,
concluyó que un 36 por ciento recibió maltrato físico; es decir, uno de cada tres niños
reciben regularmente golpes o agresiones físicas.
Sobre la gravedad de esos malos tratos, los resultados expresan que uno de cada cinco
niños recibe agresiones que dejan huellas, como hematomas, cicatrices, quemaduras u
otros rasgos de violencia. El maltrato psicológico fue más frecuente: dos de cada cinco
niños; y un 16 por ciento alcanza magnitudes extremas, provocando problemas
psicológicos y actitudes de rechazo a la familia y sociedad.
La violación y el abuso sexual fueron las formas de violencia menos frecuentemente
denunciadas, por temor de las víctimas de informar a sus padres; a su vez, éstos son
reticentes en buscar asistencia legal por vergüenza o por arreglos económicos con los
agresores para acallar el delito.
Otra forma de maltrato extremo en el norte de Potosí, en sur de Cochabamba y en
Chuquisaca, es la práctica del infanticidio de recién nacidos, especialmente después del
segundo hijo, para reducir el tamaño de la familia. (Algunos estudiosos restan
verosimilitud a esta afirmación, indicando que los que padres de familia de esas zonas
quieren es mano de obra, y un hijo llena esa necesidad).
“Extrapolando estos datos a una proyección nacional y considerando sólo la población
urbana escolar matriculada en el ciclo intermedio, existiría (…) alrededor de 156.000
niños/niñas y adolescentes maltratados. Si se tomara a todos los menores de 18 años y si
la realidad del maltrato en las zonas rurales fuese semejante a las zonas urbanas, se
podría afirmar que los niños y niñas que sufren regularmente de algún tipo de maltrato
sobrepasan el millón”, puntualiza Onostre citando la publicación “Análisis de
Situación de la Niñez y la Mujer Boliviana”, editado por UNICEF en 1996.
Según estadísticas institucionales de protección a la niñez y adolescencia en 1995 se
observó que las denuncias legales más frecuentes se refieren a maltrato físico, violación,
abuso sexual, rapto y abandono.
No hay cifras exactas a nivel nacional sobre esta sociopatía, tampoco se sabe si hoy es
más frecuente que en el pasado. “En lo que sí existe acuerdo es que las víctimas más
frecuentes de la violencia son los más débiles, siendo particularmente vulnerables niños
que sufren pasivamente sus efectos. Un porcentaje importante de ellos fallecen como
consecuencia del maltrato y sus muertes son calificadas muchas veces como
accidentales”, indica Onostre.
Bolivia adoptó, en septiembre de 1990, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño y se convirtió en Estado parte, reconociendo que: “El niño por falta
de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso, la
debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.
El artículo 19 de la Convención expresa: “Los Estados - parte deberán tomar todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a la
niñez, de todas las formas de violencia física o mental, injurias o abusos, negligencia o
explotación, incluyendo el abuso sexual, mientras ellos estén bajo el cuidado de los
padres, tutores legales o cualquier otra persona que se encuentre a cargo del niño”.
Onostre, médico de profesión, pide además considerar ciertos factores de alto riesgo
socio-familiar que atentan contra la niñez y adolescencia como: niños que nacen de un
embarazo no deseado, situación de pobreza que impide darle al niño un ambiente de
protección adecuada, padres muy jóvenes y emocionalmente inmaduros con un nivel de
instrucción y capacitación insuficientes que los hacen dependientes económica y
socialmente, parejas inestables, familias disgregadas, e insuficientes organizaciones
sociales para prestar el soporte necesario a estas familias en riesgo.
Ambos aspectos constituyen enormes desafíos para el gobierno y la sociedad.
6.1. Política de Estado
En opinión de Raúl Saavedra, consultor de la Fundación San Gabriel, es imperativo
delinear, superando las urgencias del país, una política de estado sobre la protección de
la niñez, la adolescencia y la familia sobre lo cual se observa un descuido debido a los
cambios estructurales que vienen operándose desde hace una década.
Sostiene que hoy las agendas gubernamental y de los medios de comunicación han sido
copadas por temas como la asamblea constituyente, el problema de las comunidades
nativas, la interpretación de los resultados del referéndum, la política de hidrocarburos,
etc., “pero no vemos nada referido a la familia, a los niños, a los adolescentes”.
Considera que la definición de una política de estado sobre la familia debe ir
acompañada de los recursos humanos y económicos suficientes a la institución
encargada del sector, en este caso el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera
Edad y al mismo tiempo, estabilidad en el tiempo como organismo competente.
Saavedra recuerda que el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA)
que desapareció en 1994, tenía líneas claras de trabajo, presupuesto y más de cien
funcionarios en todo el país, que trabajaban en el tema, proyectando políticas locales y
departamentales; ahora no existe eso por falta de recursos e inestabilidad institucional.
“Me preocupa que no haya una política nacional para trabajar el tema. Por ejemplo, en
América Latina existe la Red de Protección Social, bajo la dirección del Banco
Mundial, para apoyar a la gente más pobre. Aquí esa red tiene una composición
diferente, manejan otros conceptos y otra temática, lo cual es un error”, lamenta.
Critica que los funcionarios actuales no sepan cómo actuar, olvidando que el país como
firmante de tratados y convenciones internacionales, tiene en esos instrumentos líneas
de base por donde partir. Por ejemplo, hay una línea de base por la convención para el
tema de la niñez, dice qué se tiene que hacer; hay otra línea de base por la OIT para ver
lo relacionado al tema del trabajo infantil; etc.
“Hay toda una estructura por donde podemos partir, por donde comenzar, pero la
dificultad mayor es que cuatro o cinco técnicos encargados de esos asuntos no se dan
abasto para tamaña tarea”, precisa.
Lamenta, igualmente, la falta de trabajos de investigación y citó el caso de que el tema
maltrato infantil fue hecho en 1995. “Desde entonces no se ha vuelto a realizar ningún
otro estudio sobre el particular”, afirma.
Saavedra aboga por una mayor coordinación entre las instituciones que trabajan en el
tema de la niñez y la adolescencia, como las defensorías, que dependen de los gobiernos
locales, las dependencias de la Prefectura y los juzgados, que carecen de una relación
directa con un poder central.
Hizo hincapié en que el mayor interés en los asuntos sociales está centrado en el
problema de los indígenas, porque han estado oprimidos mucho tiempo. “El tema de los
niños y adolescentes no es gusto ni atención de nadie”.
Enfatiza que el programa de prevención del maltrato infantil que realiza la Fundación
San Gabriel, a partir de los cuadros vistos en el Servicio de Pediatría del hospital San
Gabriel, “es el único en este momento en todo el país”. No se realizan programas,
talleres, cursos, seminarios ni eventos para tratar el tema niñez.
Afirma que desde 1998 el Viceministerio de la Niñez anhela implementar un sistema de
información pero no puede hacerlo porque no recibe la colaboración de los municipios
que, por ley, deberían hacerlo. Pero, hace hincapié en que los municipios carecen de
recursos económicos y de personal calificado; además no han uniformado hasta ahora la
temática con otras regiones del país.
Sugiere que todas las leyes y normas de menor jerarquía sobre la problemática de la
niñez, la adolescencia y la familia se interrelacionen para adecuarse a las estructuras
sociales y puedan tener un sentido.
6.1.1 Hay avances, pese a limitaciones presupuestarias
Al respecto, la Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, doctora Elizabeth
Patiño, afirma que pese a las estrictas medidas de austeridad que vive el país “estamos
tratando de avanzar en las metas que nos hemos trazado respecto a la defensa y
protección de la niñez y la adolescencia”.
Acepta que las limitaciones presupuestarias impiden contar con recursos adecuados para
terminar de diseñar las políticas y luego exigir su implementación pero, para esta etapa,
es indispensable contar los equipos humanos necesarios a fin de impulsar dichas
políticas en todo el país, garantizando su ejecución a niveles departamental y municipal.
“No se trata de que solo el Viceministerio tenga los recursos necesarios, sino todas las
instancias responsables del tema en los niveles departamental y municipal”, explica tras
subrayar que “no hubiéramos querido que nos alcance la austeridad, pero estamos
sintiendo sus efectos lo cual dificulta emprender tareas urgentes en el ámbito social”.
Esa austeridad se refleja en equipos mínimos para una tarea inmensa y no avanzar en la
definición e implementación de políticas; por otro lado, en la falta de recursos para
ejecutar líneas de acción en el ámbito social. Ello se ve a nivel de lo que quiere hacer el
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los gobiernos municipales, y la Corte Nacional
Electoral que carece de dinero para dotar a la población de documentos de identidad.
“Es un aspecto que esperamos pueda ser superado una vez que ya estemos empezando –
a nivel gubernamental- a ejecutar la política social”, puntualiza.
Patiño expresa que la norma señala una política social, especialmente en lo relacionado
con la niñez y adolescencia, con un soporte institucional adecuado, mencionando a los
poderes del Estado que tienen corresponsabilidad en el tema, mas en la práctica no ha
terminado de implementarse.
Por ello, se puede ver a cada una de las instituciones vinculadas en la temática
marchando por su lado, además de un presupuesto ínfimo.
El Viceministerio tiene a seis técnicos en el área de niñez y adolescencia, un número
insuficientes y por eso busca aliados estratégicos, además de otras instancias del Poder
Ejecutivo, de otros poderes del Estado y con la sociedad civil, para un trabajo
coordinado en la definición y ejecución de políticas.
“Pero requerimos más recursos humanos especializados en cada una de las temáticas, a
fin de que una persona no quede sobrecargada con dos, tres o cuatro áreas”, anota.
Patiño confía en el apoyo de la sociedad civil y de las ONGS, y adelanta que varias
instituciones privadas que han formado una red contra el tráfico de menores, se
comunican constantemente y quieren consolidar una mesa de trabajo para aunar
esfuerzos; y finalmente, un organismo alemán interesado en luchar contra el tráfico ha
manifestado su apoyo a las políticas públicas referidas al tema.
6.2. Pobreza que lacera
Una “pobreza muy impactante” es uno de los factores que obliga a numerosas niñas de
11 y 12 años de edad a dejar sus comunidades para buscar trabajo –como empleadas de
hogar- en ciudades como Santa Cruz, afirma el gerente nacional de Relaciones
Internacionales de Plan, Justin Fugle, añadiendo que a ello se suma otro aspecto: la falta
de conocimiento por parte de los padres de lo que les pueda pasar a sus hijas.
“Los progenitores no piensan en esa eventualidad”, señala tras explicar que ello ocurre
porque consideran que, al igual que en sus comunidades, donde hay un espíritu de
solidaridad, ocurrirá igual en otros lugares. “Si alguien viene y le ofrece trabajo para su
niña y no hay dinero para atender los gastos del colegio, aceptan que se marchen; por un
lado, por la pobreza en que viven; y por otro, por la esperanza de que mejorará su
situación”.
Esta es una de las conclusiones de la investigación realizada por Plan Internacional
sobre las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en 33 comunidades de
Bolivia, que incluye el altiplano de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, la ciudad
de Santa Cruz y Chuquitania en Santa Cruz.
La investigación revela que no se respeta el derecho a la protección y descubre gran
cantidad de abusos, como violencia doméstica y niños trabajando no solo en sus casas
(es comprensible la tarea en el campo y el cuidado de animales, por ejemplo) “sino lejos
del hogar paterno a tan temprana edad lo cual nos preocupa mucho más”.
“Encontramos una tendencia bastante fuerte de migración de los municipios más pobres,
como Potosí y Chuquisaca, al departamento de Santa Cruz y a la ciudad del mismo
nombre. Preocupa porque tenemos casos de niñas de 11 o 12 años que van a Santa Cruz
a trabajar como empleadas domésticas y no sabemos qué suerte correrán”, dice.
Frente a esa realidad, comenta, estamos llevando a cabo campañas dirigidas a los padres
de familia explicándoles de manera clara los riesgos a los que se exponen las niñas del
campo en ciudades como Santa Cruz u otras; “porque podrían conseguir algún empleo
pero son muy vulnerables a ser explotadas”.
“¿Qué pasaría si no se acostumbra en esa casa? Queda sin trabajo y no puede
comunicarse con sus padres, no puede volver a su pueblo, se queda en la ciudad donde
corre peligro”. Y añade: “estos casos son muchos y suceden cada mes. En un año que
estoy aquí hemos encontrado conocido numerosas historias de niños y niñas menores de
14 años en esa situación”.
Fugle comenta que el estudio efectuado en 33 comunidades a través de grupos focales
de 20 a 25 niñas en cada localidad, revela que hay bastante trabajo infantil y violencia
doméstica. “En total han entrevistado a más de 600 niñas y niños, y más de 600
adolescentes mujeres, en total como 1.200”.
El nivel de educación de los niños que migran varía, pero generalmente no concluyen la
primaria. Estudian un promedio de tres o cuatro años, es decir hasta tercer o cuarto de
educación primaria; en otros casos, si salen de sus casas a trabajar a los 12 años,
podrían terminar sexto, pero como provienen de zonas con alto grado de pobreza les
limita mucho más sus posibilidades.
El problema es mayor porque así como hay niñas que van a trabajar como empleadas,
niños de nueve a 10 años migran con sus familias de Sucre, Chuquisaca, a la zafra de la
cana de azúcar en Santa Cruz, donde viven en fincas en los cañaverales. Otros van a
Argentina a cosechar tabaco, donde permanecen de tres a cinco meses, viviendo en el
campo.
Ese éxodo se repite anualmente porque es el único ingreso de dinero que perciben esas
familias; el resto del año lo dedican al sembrío de algunos productos tales como
panllevar, maíz u hortalizas, para su manutención.
¿Cuál es el consumo promedio per cápita de las familias?
Fugle afirma: En algunos municipios bordea los 200 bolivianos, la familia está
compuesta por tres o cuatro hijos y ven poco dinero; tampoco pueden mandar a sus
hijos a la escuela; en otros, como los de Chuquisaca y Potosí va de 50 a 127 bolivianos.
“Es impresionante el grado de pobreza de esa gente”, exclama.
El 28% de la población de Bolivia, dice un estudio de Programa Mundial de Alimentos,
no tiene acceso a las calorías que como mínimo necesitan para desarrollarse, aunque el
problema está focalizado en las zonas rurales.
Varios factores concurren a este cuadro de pobreza. Por ejemplo, dice Fugle, hay zonas
donde la actividad minera era intensa, trabajaban y vivían bien, mas cuando cayó el
precio quedaron en tierras donde no llueve y es difícil cultivar.
Pone como ejemplo, que este año hubo sequía en Chuquisaca. A consecuencia de ese
fenómeno climático, el maíz creció apenas cincuenta centímetros; en cambio, en el
altiplano llovió y el maíz desarrolló hasta un metro y medio, y ya estaba dando frutos.
Este año vimos una migración fuerte de estas zonas a Santa Cruz, pues la gente está
desesperada; vimos familias de donde solo la niña se fue a trabajar.
Plan Internacional trabaja en el norte de Chuquisaca (Morrocoy, Tamina), Sucre, en el
sur de Cochabamba y el oeste de Potosí, desde donde familias completas se dirigen a la
ciudad de Santa Cruz y al departamento del mismo nombre buscando mejores tierras.
“Sabemos que niñas de 11 o 12 años que migran a Santa Cruz, van solas, para laborar
como trabajadoras del hogar. De ahí nos queda la duda de qué pasará con ellas, cuál será
su destino final”, manifiesta.
Por eso, anota, pensamos trabajar en Santa Cruz, para ver a dónde llegan estos niños: al
área rural o al área urbana.
Refiriéndose al índice de mortalidad infantil lo califica de muy alto en zonas rurales,
donde uno de cada diez niños muere antes de cumplir cuatro años. Resalta que Bolivia
ha mejorado en los últimos años en términos de mortalidad infantil y mortalidad
materna, pero aún así es bastante alto en algunos departamentos.
En el municipio de Porosa, en Chuquisaca, la tasa de mortalidad infantil de menores de
un año es entre 104 y 138, quiere decir que más de un niño por cada 10 diez fallece
antes de cumplir su primer año. Porosa está al lado del municipio de Sucre.
En tros seis municipios en Chuquisaca la tasa es entre 79 y 103.
6.3. Sociedad violencia
El nivel de violencia es impactante y bastante frecuente en varias regiones de Bolivia,
como revela nuestra investigación que considera varias clases de abuso: físico, sexual y
psicológico.
Esta es una de las principales concusiones a las que ha arribado el estudio de Plan
Internacional Bolivia, afirma Justin Fugle, quien hace la siguiente explicación:
Hay casos de abuso sexual cuando el padre está fuera de la casa o cuando la familia se
ha separado: una nueva pareja de la madre o el tío que llega a vivir en la casa o cerca de
ella, ve a la niña como otra mujer para él. Hay muchos casos de abuso sexual en la casa
misma de lo cual no se habla.
Claro: no se trata de ir y preguntar a una menor qué problema ocurren en su hogar, sino
que ella habla cuando va desarrollando cierto grado de confianza con una persona (en
este caso uno de los representantes de Plan) a quien le cuenta lo que sufre.
Existe un porcentaje considerable de abuso sexual y también una marcada tendencia a la
violencia en la casa paterna como parte del estilo de criar a los niños; igualmente, en la
escuela los maestros tienen la costumbre de castigar físicamente a los niños.
Es como que si los nuevos estilos de criar a los menores todavía no habría llegado al
inmenso campo boliviano.
Ante esta problemática, brindamos capacitación sobre estimulación temprana, un
conjunto de técnicas para estimular las posibilidades de aprendizaje del niño; inclusive,
un programa gubernamental denominado PAN lo promueve pero, lamentablemente, su
cobertura es mínima.
La estimulación temprana se aplica desde hace veinte años en otros países porque está
basado en estudios sobre el desarrollo del cerebro. A nosotros nos preocupa cuando
vemos casos de mujeres que llevan a los pequeños al mercado, el niño está cuidado todo
el día en la espalda materna, pero no desarrolla su capacidad física ni psicomotor.
Además del abuso físico, sexual y psicológico, los niños tampoco tienen tiempo para
estudiar debido a que trabajan desde muy temprano: madrugan al campo traer leña para
cocinar o para acarrear agua, porque su localidad carece del servicio de agua potable.
Entre los derechos del niño figura el derecho a jugar, a desarrollarse, a ser protegido, a
una identidad, y muchos de esos derechos están solamente en el papel.
La falta de tiempo para jugar es un abuso psicológico contra el niño. Él aprende mucho
jugando, desarrolla sus capacidades, sus destrezas. Si le falta tiempo para jugar perderá
mucho de su niñez y de su potencial.
Mayormente se habla del abuso psicológico en términos de insultos; en vez de golpearlo
físicamente, le agraden verbalmente. En conclusión, lo más común es el abuso verbal,
seguido del abuso físico y finalmente abuso sexual.
Un cuadro como el expuesto sitúa a estos chicos, chicas, adolescentes como fáciles
víctimas de la trata, porque son muy vulnerables.
No obstante, el Estado realiza un esfuerzo encomiable para superar esa situación, como
la firma de tratados internacionales sobre los derechos de las niñas; asimismo, ha puesto
en marcha una red de defensorías, cuya meta es tener una a nivel de cada municipio,
con el siguiente personal: un abogado, una trabajadora social y un psicólogo.
Es indudable que llevará tiempo y recursos contar con esas dependencias en todo el
país, por eso es que muchos municipios todavía no tienen ese servicio.
Frente al importante avance en términos de abrir esas defensorías, colaboramos en el
programa, apoyando con entusiasmo su implementación, dado que su rol es proteger los
derechos de los niños, lo cual incluye a los niños trabajadores, a los niños traficados, a
los niños abusados en sus casas, en la escuela y en otros lados.
La defensoría es un mecanismo de protección valioso para el niño, alguien que conoce
un caso, puede ir a denunciar lo que sabe. La defensoría tiene la responsabilidad de
atender la denuncia, sea a través del abogado, del trabajador social o del psicólogo.
Paralelamente, trabajamos en las comunidades pues queremos crear conciencia en la
gente del rol de las defensorías y de que los padres y madres de familia den un buen
trato al niño y la niña en la casa; queremos cambiar el estilo de criarlos.
En Sucre llevamos a cabo una campaña informativa a los padres de familia sobre los
peligros que acechan a sus niñas lejos de sus casas y eso, estamos seguros, va tener un
efecto importante: ellos van a pensar dos veces antes de dejarlas marchar.
El trabajo más intenso es crear conciencia en los pobladores de las comunidades sobre
los derechos de los niños, la protección y la identidad que tienen -bajo la ley boliviana e
internacional- para que sean respetados en sus casas y en las escuelas; asimismo, para
que la gente sepa qué hacer si un niño está siendo abusado.
El plan estratégico de Plan Internacional Bolivia para los próximos cinco años
enfatizará el tema de la defensa de los derechos de la niñez; anteriormente lo hicimos
pero dimos mayor énfasis a las obras de infraestructura (aulas, clínicas, puentes, calles,
sistemas de agua) aunque seguiremos en ello.
A nivel mundial el tema de derechos de la niñez toma cada vez más importancia y se ha
desarrollado toda una nueva filosofía: está bien contar con una escuela, pero es
importante que el maestro respete a los niños. Plan Internacional alienta un sistema
donde el maestro quede como un facilitador de los niños.
No se trata de que el maestro esté al frente y dicte todo el día, los niños tienen libros y
pueden ir desarrollando sus capacidades, trabajando con sus compañeros, preguntando a
los más adelantados. Es un tipo de escuela que promociona los principios.
Plan Internacional tiene patrocinadores en 15 países. Hace una filiación entre personas
de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y Australia y un niño y su familia en
Bolivia. Cuenta con más de un millón 100 mil patrocinadores en el mundo y 45 mil
familias en Bolivia, pero trabajamos a nivel comunitario y municipal.
Anteriormente Plan entregaba el dinero a la familia, pero llegamos al convencimiento
de que así no contribuíamos al desarrollo, pues se necesitaba proyectos comunitarios de
la escuela, un sistema de agua, campañas de vacunas, derechos de la niñez, cosas más a
nivel comunitario y municipal.
Hoy juntamos el dinero que viene del extranjero y de hogares bolivianos, trabajamos
con los niños afiliados y sus demás compañeros en beneficio de la escuela
El próximo quinquenio proyectamos atender a unos 50 mil niños en total; es decir,
tendremos un crecimiento de mil niños por año”.
Por otro lado, Fugle atribuye al grado de miseria en que viven las familias que no
inscriban a sus niños en el Registro Público antes del primer año de vida, porque hasta
hace pocos años dicho trámite costaba entre 30 y 40 bolivianos. “Esa gente actuaba de
esa manera porque si moría el hijo después de inscrito, sentía que perdía dinero”.
Sostiene que los largos años de pobreza les ha condicionando a pensar de esta manera:
30 bolivianos es mucho dinero para esas familias y no podían “malgastarlo” en inscribir
a un niño que tal vez no iba a sobrevivir. Esa era una costumbre en el campo: esperar
un tiempo para ver si el niño sobrevive o no; algunos esperaban hasta un año o un poco
más de año, pero como bajo la ley anterior el Estado les imponía multas por no registrar
oportunamente a los recién nacidos empeoró aún más este delicado asunto.
El padre de familia no gana lo suficiente para cubrir el gasto de inscripción. Si la
familia de Chuquisaca o de Potosí tiene un ingreso per cápita de 250 bolivianos al año,
30 bolivianos representa una parte importante del ingreso. Se presentaban dilemas como
éstos: si inscribía a un niño el otro hijo tal vez no podría ir a la escuela.
Fugle dio estas cifras sobre el consumo promedio per cápita de algunas zonas rurales: en
Sucre entre 50 y 127 bolivianos; en los municipios de Porobamba, Tarabuco, San
Lucas, Incolás y Putina (Chuquisaca) una cantidad similar; también en Potosí; en Santa
Cruz la situación es un poco mejor.
“Estamos hablando de 50 y 127 bolivianos por persona en un hogar. Si son cinco
miembros, multiplica los 50 bolivianos por cinco personas, lo que nos da un total de
250 bolivianos. Son, pues, municipios de marginalidad crítica”, precisa.
En Bolivia hay 60 municipios en esta categoría a nivel nacional, según el censo del
2001.
Otros grupos de niveles de vida críticos perciben 220 bolivianos per cápita. Si la familia
tiene cinco miembros su ingreso es de 1.100 bolivianos para subsistir todo el año
Esos datos, añade Fugle, están basados en estadísticas del gobierno, pero en lo que se
llama el consumo intenta dar un valor al intercambio de productos; por ejemplo, un
campesino lleva papas para intercambiar por cuadernos. No se refiere a un ingreso de
dinero en efectivo.
Plan Internacional trabaja en 965 comunidades rurales (chiquitanos, quechuas y
aymaras) de 53 municipios de seis departamentos con representantes y personal; tiene
oficinas en Sucre, Tarija, Santa Cruz y El Alto. .
En la actualidad está dando un fuerte impulso a programas en: Derechos de la Niñez,
que incluye principalmente una Campaña de Identidad; Programa de Salud y en
escuelas; en generación de ingresos y en agua y saneamiento.
7. Respuesta del Estado
Lo peor que podría ocurrirle a un Estado, representado por el gobierno elegido por el
voto popular y todas sus instituciones es caer en la parálisis abrumado por los
problemas nuevos o de vieja data, difiriendo –año tras año- la toma de decisiones
orientadas a buscar la solución de los mismos.
Centrar todos los esfuerzos en atender lo cotidiano no es una buena alternativa porque,
en la práctica significaría atender los asuntos más urgentes y apagar los incendios, una
estrategia bastante conocida en América Latina, pero olvidando las acciones de
mediano y largo plazo indispensables en la agenda de cualquier país.
Sin embargo, como la historia lo demuestra hay un precepto que debe cumplirse de
manera inexorable: un país necesita estabilidad para acometer sus grandes tareas,
estabilidad política, económica y social. Si falla uno de estos pilares -que son
fundamentales- el camino del desarrollo será cada vez más escabroso y tal vez inviable.
La estabilidad política tiene como uno de sus principios básicos el respeto a la ley, el
cumplimiento estricto de las normas legales que rigen la vida de un país y el respeto a
las instituciones del Estado, cuya máxima expresión es la Constitución Política.
En este contexto, hay un esfuerzo importante en varias reparticiones del Poder Ejecutivo
por subsanar aquellos vacíos en materia legislativa considerados urgentes para, en el
caso del presente informe, ir propiciando, desde diversos frentes, un plan de acción
orientado a luchar contra la trata y erradicar el trabajo forzoso.
Y como la experiencia enseña no basta solo promulgar buenas leyes y reglamentos, si
no que debe ir acompañada de una intensa campaña de difusión para alentar un proceso
de internalización de las mismas por quienes deben aplicarlas y del pueblo que debe
conocerla con la finalidad de exigir su cumplimiento en el laborioso proceso de
construir “una cultura de la legalidad”.
Pero, la magnitud y complejidad del fenómeno demanda un trabajo intenso y acelerado
al mismo tiempo no solamente en materia legislativa (con varias tareas por delante de
las cuales damos cuenta en este capítulo), sino en otros aspectos primordiales, como
profundizar la integración nacional para asegurar la presencia del Estado hasta en los
lugares más recónditos y también, contar con una visión de política de Estado en
materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Ojalá que se ejecuten en el tiempo previsto las obras anunciadas por el Viceministro de
Trabajo en las zonas más alejadas y olvidadas del país, a fin de que no quede como una
simple promesa con tufillo electoral; ojalá que se haga realidad, antes de que termine su
mandato el Presidente Carlos Mesa, la adecuación de las condiciones de los trabajadores
de la zafra de caña de azúcar y de la zafra de la castaña a la Ley General del Trabajo.
7.1. Institucionalización
¿Qué tiempo podría demorar la aprobación de una ley por el Parlamento de cualquier
país latinoamericano? Las respuestas, seguramente, serán varias, inclusive los
diputados y senadores dirán, tras sonrisas de autosuficiencia, que dependerá de su
importancia y gravitación en la vida nacional. La razón, entonces, les asiste.
En Bolivia una ley espera desde el 2000 la atención de los congresistas. Razón no le
falta tampoco a un analista quien afirma que las iniciativas legislativas podrían “dormir”
varias períodos en las comisiones de trabajo que deben dictaminarlas o en la agenda de
los Padres de la Patria antes de verlas convertidas en leyes.
Nadie ignora que Bolivia, con cuatro presidentes en cuatro años, intenta un proceso de
cambios y apunta hacia la institucionalización. Pero por los flujos y reflujos de la vida
política y los constantes ajustes económicos, carece de líneas de continuidad para tratar
de solucionar álgidos problemas sociales.
Una débil institucionalización da normas y reglamentos, pero cambia el gobierno y el
nuevo equipo que lo acompañará derogará esa norma y su reglamento, creará nuevas
dependencias públicas y desactivará otras; renovará el cuadro de funcionarios y todo
volverá a fojas cero, a empezar de nuevo.
De allí los magros indicadores de gestiones breves; obviamente, brillarán por su
ausencia eficientes políticas públicas de salud (hoy mueren tres mujeres al día por el
hecho de ser madres); investigaciones, capacidad institucional, capacidad gerencial, etc.
El “día a día” se torna imperativo: la sobrevivencia, la notoriedad y temas cotidianos.
Se construye una visión de lo necesario, olvidando el futuro. Cada gobierno elabora sus
planes sociales y de desarrollo económico, pero viviendo en un contexto de
inestabilidad no tendrá la seguridad de ejecutarlo.
Urge superar los problemas de inestabilidad política, económica y social, y consolidar
sobre bases sólidas la gobernabilidad.
En este marco, leyes como la prohibición de la trata o de adopciones esperan pronto ver
la luz del día, porque es imperativo frenar la comisión de estos delitos, especialmente el
tráfico y el trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes incrementados desde el último
lustro.
Un concepto básico del Derecho, que es producto del devenir histórico, dice que es un
conjunto de normas sistematizadas que hacen posible la convivencia humana.
Desde ese punto de vista, las sociedades se expresan por la calidad de normas que
producen; y en Bolivia se sigue demorando la aprobación de la ley que prohíbe la trata y
de la reglamentación de la ley que normará las adopciones, aunque sobre esta última el
Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad tiene una nueva y revolucionaria
concepción, como lo anuncia su titular doctora Elizabeth Patiño.
Empero cuando vemos el inexorable paso del tiempo cabe preguntarse qué nivel de
importancia han tenido estos temas para los representantes en el Congreso.
Como apunte final quizá valdría la pena remarcar la perversidad de la demora en temas
tan sensibles como los expuestos.
7.1.1. Proyecto de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes
El Congreso Nacional ya tiene en su poder -para su debate y aprobación- el texto
sustitutivo de la Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescente, que recoge las
observaciones efectuadas por el Presidente de la República, Carlos Mesa. La Comisión
Mixta formada por la Comisión de Trabajo, Asuntos de Género y Generacionales del
Senado y la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados elevó el nuevo
documento el 12 de octubre del 2004, tras considerar fundadas las recomendaciones.
Este fue presentado con el INF. 03/2004-2005 – P.L. 116/2003-2004.
El documento sustitutivo, que consta de seis artículos, tipifica y sanciona el tráfico de
niños, niñas y adolescentes y otros delitos relacionados no previstos en el Código Penal,
como la omisión de denuncia del delito de tráfico, e introduce las modificaciones
pertinentes de otros artículos ya contemplados pero insuficientemente.
Precisamente, el artículo 2º (Tráfico de niños, niñas y adolescentes) dice:
“Créase el Capítulo V “Tráfico de niños, niñas y adolescentes” del Título VIII “Delitos
Contra la Vida y la Integridad Corporal” del Libro Segundo del Código Penal,
incluyéndose en el mismo, los Artículos 281 (Bis,) y 281 (Ter.) con el siguiente tenor:
“Artículo 281 (Bis).- (Tráfico de niños, niñas y adolescentes):
El que induzca, promueva, favorezca o realice reclutamiento, transporte o substracción
de niños, niñas o adolescentes para la entrada o salida del país o dentro del territorio
nacional, con destino a la venta, adopción con fines de lucro, violencia sexual
comercial, explotación laboral, comercio de órganos, tejidos, células o líquidos
corporales, identificación genética, reducción a la esclavitud o cualquier otro fin legal,
será sancionado con la pena de privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años.
La pena se agravará en un tercio cuando el autor o partícipe, fuere parte de una
organización criminal, de una asociación delictuosa, funcionario público o quien tenga
bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente.
Si como consecuencia del tráfico resultare la muerte, se impondrá la pena de
correspondiente al delito de homicidio, salvo que la conducta se subsuma en un delito
mayor”.
“Artículo 281 (Ter.).- (Omisión de Denuncia del delito de tráfico):
La autoridad o funcionario público que conociere la comisión del delito de tráfico de
niños, niñas y adolescentes y no lo denunciare oportunamente, será sancionado con pena
privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años”.
“A través del artículo 3º.- (Pornografía y espectáculos obscenos): se incluye como
artículo 324 (bis) del Código Penal el siguiente:
Artículo 324 (Bis).- (Pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas o
adolescentes):
El que promueva, induzca, produzca, exhiba, comercialice o distribuya material
pornográfico, por sistemas informáticos, de telecomunicaciones o por cualquier otro
medio; o que promocione espectáculos obscenos en los que se utilicen niños, niñas o
adolescentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco (5) a diez (10)
años.
Asimismo, el proyecto sustitutivo en su artículo 4 se refiere al Proxenetismo (deroga
la última parte del artículo 321º del Código Penal en su texto modificado por el Artículo
12 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999); y sustituye el segundo párrafo del 321º.
El artículo 5.- (Organizaciones criminales) modifica al artículo 132º (bis)
(Organización Criminal) del Código Penal con un nuevo texto en el Artículo 132
(Bis).- (Organización Criminal); y finalmente, el artículo 6º.- (Derogación) deroga
el segundo párrafo del artículo 321º (bis), tráfico de personas, introducido al Código
Penal por el Artículo 13 de la Ley 2033”.
(Anexo 1: INF. 03/2004-2005 – P.L. 116/2003-2004)
Indudablemente, este nuevo documento es más completo que uno anterior que fue
aprobado por el Congreso Nacional a fines de abril pasado y remitido al Presidente
Carlos Mesa para su promulgación. Éste, como lo decimos anteriormente, devolvió la
ley al Legislativo con varias observaciones que fueron declaradas fundadas.
El punto de partida de la anterior iniciativa fue el proyecto de ley 245/2002-2003 que,
bajo el título de “Tráfico, Prostitución de Niños, Niñas y Adolescentes” se aprobó el 5
de diciembre del 2002.
(Anexo 2: Proyecto de Ley Nº 245/2002-2003)
El documento fue enviado en revisión al Senado el 12 de diciembre del mismo año;
esta rama legislativa luego de introducir modificaciones la devolvió a la colegisladora
para su estudio y ulterior aprobación.
Los dos proyectos tienen por objetivo sancionar el tráfico de Niños, Niñas y
Adolescentes, incorporándolas como delito en el Código Penal; pero la diferencia
sustancial radica en que, el de la Cámara de Diputados establece sanciones penales
mayores a las existentes en el citado código y al del proyecto del Senado.
Tras el análisis de los proyectos la Comisión no aceptó el proyecto de ley con
modificaciones venido del Senado por lo que forman una comisión técnica que plasme
en un documento los dos proyectos de ley. El fruto, un documento consensuado.
(Anexo 3: INF. 05/2003-2004 – P.L. 116/2003-2004)
El mencionado proyecto de ley aprobado por el Congreso y remitido al Ejecutivo para
su promulgación fue devuelto al Senado, atendiendo las sugerencias de varios
especialistas porque tenía vacíos, los cuales fueron subsanados en el documento
remitido al Senado el 12 de octubre con el INF. 03/2004-2005 – P.L. 116/2003-2004.
7.1.2. Proyecto de D.S. para adecuar el Código Niño, Niña y Adolescente a la
Convención de la Haya
Campaña: Familia boliviana, adopta un menor boliviano
El Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad viene elaborando un proyecto
de decreto supremo para adecuar el capítulo referido a las adopciones tanto nacionales
como internacionales del Código Niño, Niña y Adolescente, a lo establecido en la
Convención de La Haya, ratificada por Bolivia en el 2001.
Al dar a conocer este importante avance la titular del Viceministerio, doctora Elizabeth
Patiño, afirma que el mencionado código, aprobado en el año 1999 y vigente desde el
2000, ha quedado “un poco desfasado” respecto a los avances que contiene la
Convención de La Haya, la cual ratificamos al año siguiente.
“Es necesario compatibilizarlo, pues a partir del desfase entre el Código del Niño, Niña
y Adolescente y la Convención de La Haya tuvimos situaciones muy complejas por los
vacíos de procedimiento; por eso queremos que nuestro código avance a partir del
reglamento que se apruebe a través de un decreto supremo”, remarca.
Estima que la Convención de la Haya da elementos mucho más claros frente a la
responsabilidad, por ejemplo, de la autoridad central frente al tema de adopciones;
“aunque, por otro lado, no desterramos la posibilidad de revisar integralmente dicho
código para que esté totalmente adecuado al instrumento legal internacional”.
Mientras tanto, indica Patiño, el decreto supremo cuyo texto estamos redactando nos
ayudará, una vez aprobado, a superar las dificultades actuales.
Calcula que en el país existen doce mil niños, niñas y adolescentes institucionalizados
(que están en centros de acogida) “que desearíamos -sino todos al menos la mayoríatengan derecho a una familia para que no sigan en esos locales que, a pesar de la buena
voluntad de sus responsables, acaban siendo como cárceles, que les quita su derecho a
consolidar su identidad en base a una relación afectiva que lo da un núcleo familiar”.
“Hemos pedido a los jueces de niñez y adolescencia, a las defensorías y a los Sedeges
que pongan en orden la documentación de esos menores para empezar a sensibilizar a la
comunidad, a fin de que los adopten y puedan crecer y desarrollarse en Bolivia”, indica.
Patiño considera necesaria la ayuda de organismos que ven la adopción internacional,
para alentar a las familias a adoptar niños bolivianos en vez de darlos en adopción a
hogares extranjeros, porque esta alternativa, pese a sus fines nobles, muchas veces es
una puerta para el tráfico (la compra-venta) de menores.
“Vamos a impulsar la adopción nacional, y ya hemos recibido propuestas de varias
instituciones sobre cómo movilizarse para construir esta nueva cultura: la adopción
nacional, con el objetivo de que los niños puedan estar protegidos en su país, pues
ningún otro será mejor que su medio, su cultura y su propia identidad para tener una
familia en este caso adoptiva, si no tienen la familia de origen”, subraya.
La campaña se denominaría: “Familia boliviana adopta un niño boliviano”.
7.1.3. Proyecto de D.S. para derogar el sistema de “enganche” para trabajadores
de las zafras
Convencido de lo inhumano, injusto y abusivo de mecanismos como el “enganche”
para conseguir la mano de obra para la zafra de caña de azúcar o de la castaña, en la
región del Oriente, el gobierno ha decidido ponerle punto final, aseguró la ex asesora
del Ministerio de Trabajo, doctora Rosario Baptista.
Ese interés, afirma, data de casi un lustro, pues lograron que los empleadores
comprendan la necesidad de abordar temas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso
porque podría afectar sus exportaciones, ya que Europa y Estados Unidos son cada vez
más estrictos para admitir productos que tengan mano de obra infantil o de trabajo
forzoso.
El “enganchador” opera a través del tiempo como un nexo no necesariamente positivo
para los trabajadores, a quienes cobran excesivas comisiones por conseguirles empleo
en la zafra, explica la ex asesora del Ministerio de Trabajo.
Subraya que un estudio de la O.I.T. llegó a elaborar listas de los “enganchados” y los
descuentos que les hacían, ascendentes al dos por ciento; en otros casos llegaba al
cuatro por ciento. Lo singular es que los descuentos se hacían anticipadamente a que
reciban sus salarios.
Baptista indica que el Ministerio de Trabajo presentó al Gabinete Ministerial un
proyecto de Decreto Supremo que reglamenta el trabajo asalariado del campo. A través
de esta norma se tratará de resolver el problema del reclutamiento de mano de obra en
el campo, porque el enganche está prohibido por ley.
Recuerda que una ley reservaba para el Estado la potestad de único “enganchador” pero,
a través de su vigencia, nunca tuvo la posibilidad real de establecer agencias de
reclutamiento con el fin de atender el problema que afectaba a miles de personas.
Además, precisa, nada garantizaba que esas agencias de reclutamiento por pertenecer al
Estado no actúen de una forma igual de perversa que un particular.
El proyecto de Decreto Supremo puntualiza que el “enganchador” o el subcontratista
presuma que es servidor del empleador final; por ejemplo, del dueño del cañaveral de
azúcar a donde son llevados los zafreros.
O en el caso de la zafra de castaña, es el dueño de la concesión, el que va a recibir la
castaña, quien contrata al “enganchador” que, a su vez, reclutará a familias enteras para
los trabajos de recolección y limpieza del preciado fruto.
Entonces, si contrata a un trabajador será en nombre del empleador, lo cual deja sin
sustento la dualidad de decir: Yo (el empleador) no tengo ninguna relación contigo (el
zafrero), sino que la relación suya es con el contratista.
En definitiva, la norma apunta a prescindir de los subcontratistas a fin de establecer una
relación contractual clara entre el trabajador y el empleador.
A juicio de Baptista, el proyecto del Decreto Supremo es un avance importante, porque
especifica a quién se le puede exigir que cumpla con los requisitos de seguridad social y
otros beneficios para los trabajadores.
El proyecto está en el Gabinete Ministerial tras haber pasado las instancias previas de
análisis, tanto técnicas como jurídicas. Su aprobación, ahora, depende del Presidente de
la República.
Anteriormente el temor para aprobarlo era la fragilidad del gobierno democrático, pues
un grupo de empresarios del Oriente que vería afectado sus intereses por la citada
medida, podía oponerse y desestabilizar al régimen, alentando inclusive el afán
separatista que hay en Santa Cruz. En esas condiciones, sancionar esa norma era un
ingrediente que complicaba más la situación.
Los tiempos han cambiado. Ahora se entiende que el gobierno está consolidado, que la
situación está más estable y no habría dificultad en aprobar la norma que, en su
momento, fue consensuado con organizaciones de empleadores y trabajadores.
El proyecto está listo desde ese año. “Nosotros hemos repuesto el proyecto mejorándolo
con algunos capítulos relativos al trabajo infantil y demás. Lo hemos complementado,
pero lo esencial está listo desde 1999”, añade Baptista.
Un poco más cauto en cuanto a su contenido pero optimista respecto al plazo de
promulgación del decreto supremo, el viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui,
precisa que esa norma saldrá a fines de octubre y que apunta a reglamentar la
incorporación de los trabajadores asalariados del campo a la Ley General del Trabajo.
“No está específicamente orientado a eliminar el trabajo forzoso o el trabajo infantil,
pero los toca en su estructura”, remarca.
Aguarda también en la próxima legislatura se ratifique el Convenio 29 de la
Organización Internacional del Trabajo.
7.1.4. Proyecto de Ley del Registro Civil
La actual administración de la Corte Nacional Electoral (CNE) está empeñada en poner
orden en el sistema de registro e identificación de los ciudadanos de Bolivia. Para
cumplir ese cometido, viene elaborando un proyecto de Ley del Registro Civil, porque
la actual tiene una vigencia de más de un siglo y ha sufrido numerosas modificaciones.
La Vocal Natividad Avilés anunció que probablemente antes de finalizar este año la
CNE elevará el proyecto de ley correspondiente al Senado de la República, pues el
objetivo es contar en breve con un Registro Civil moderno y funcional.
La magistrado rescata una norma del Código Electoral que establece que, al igual que
en muchos países, debe haber un número único de registro para cada ciudadano.
Contrariamente, en Bolivia hoy existen los siguientes: 1) Número de Carné de
Identidad; 2) Número del Formulario de Registro Civil que no se utiliza para nada; 3)
Número de Carné de Asegurado; 4) Número de Pasaporte, entre otros documentos que
tienen números diferentes.
“Todo ello crea un caos administrativo, por eso el tema central es una nueva Ley de
Registro Civil”, remarca la doctora Avilés.
En Bolivia, de origen el Registro Civil no estuvo siempre en el organismo electoral,
sino en el Ministerio de Gobierno, cuyo tratamiento no fue técnico; además, se han
perdido muchos libros, hay dobles registros y una serie de problemas registrales.
Tras recibir el Registro Civil, la Corte Nacional Electoral ha tratado de corregir los
problemas estructurales y ha realizado una transcripción de todas las partidas de
nacimiento, de defunción y matrimonio a una base de datos. “Eso permite, primero,
hacer una verificación, cuando un interesado se acerca a solicitar una inscripción, si ya
está en el registro o no, a fin de no duplicar el registro”, precisa.
7.1.5. Elaboran política de ocupación territorial
Especialistas del Consejo de Población de Bolivia vienen trabajando en la elaboración
de una política de ocupación territorial, uno de los grandes vacíos a lo largo de su
historia y cuyas consecuencias se palpa hoy con mayor crudeza al constatarse el
despoblamiento en varios departamentos y enormes extensiones deshabitadas.
El Secretario Técnico del Consejo de Población, doctor René Pereira, considera grave
la ausencia de dicha política, aunque, por otra parte, resaltó la existencia de numerosos
estudios de suelos. “Sabemos qué hay en nuestros suelos, sabemos cuáles son las
características y la vocación de todos los suelos”, afirma.
Pereyra califica a Bolivia como un país deshabitado. “Tenemos una extensión de
1.098.581.000 kilómetros cuadrados y una población de unos 8.600.000 habitantes; es
decir, una densidad poblacional de alrededor de ocho habitantes por cada kilómetro
cuadrado; sin embargo, existen movimientos tan complejos y conflictivos como los
campesinos sin tierra en agitación permanente”.
Adelanta que una política de ocupación territorial debe delimitar con claridad, por
ejemplo, las áreas de reserva, las áreas de conservación y las áreas fiscales,
especialmente en los departamentos del Beni y de Santa Cruz de la Sierra.
Empero, advierte que el actual proceso de migración, bastante desordenado y caótico,
está afectando estas áreas de conservación y de reserva.
Considera, asimismo, que tenemos que conocer las aptitudes de los suelos a fin de
orientar a la población sobre los posibles escenarios para fines de asentamiento.
El problema de Bolivia es crítico por su agreste geografía, donde los macizos andinos
y montañosos dificultan la comunicación. Aunque no precisa, Pereira estima que no hay
ocupación porque hay restricciones estructuradas en el territorio.
“Dentro de lo que se puede se tiene que hacer. Hemos sido muy ricos en experiencias
de colonización algunas con relativo éxito. Por ello no queremos replicar esos viejos
procesos onerosos y con saldos negativos”, remarca.
Apuesta por el diseño de una política orientadora para la población, que le muestre que
todavía hay bastante espacio, bastante territorio en el país para ocuparlo; pero, añade,
esos territorios necesitan inversiones, tecnología y nuevas formas de organización de la
población, para que los nuevos asentamientos tengan éxito.
Estima que, probablemente, este segundo semestre tendría listo un documento de
trabajo con los lineamientos generales de esa política.
Pereira se muestra contrario a continuar “la marcha hacia el oriente” impulsada desde el
año 1952, reiterando que lo que se tiene que hacer es pensar cuál es el destino de la
nueva fuerza migratoria. “Por eso hay que diseñar la política de ocupación territorial”.
El Consejo Nacional de Población depende desde el punto de vista orgánico del
Viceministerio de Planificación que, a su vez, forma parte del Ministerio de Desarrollo
Sostenible.
7.2. Integración: adiós al ostracismo
El gobierno, a través del Viceministro de Trabajo, Rodolfo Eróstegui, anuncia que este
año se inicia el proceso de integración de las regiones del Alto Amazónico a las
principales ciudades del país, mediante jornadas de concertación, planificación y
ejecución de obras de infraestructura vial y eléctrica.
“Queremos que el Estado tenga presencia en esos lugares tan alejados del país”, señala
de manera enfática.
Asegura que a partir del 1 de enero del 2005 por razones de ordenamiento jurídico del
presupuesto, realizarán las transferencias presupuestales para que funcione una Oficina
del Ministerio de Trabajo en la localidad de Riberalta.
Admite que en esa inmensa región existen muchos problemas vinculados a la ausencia
del Estado, por eso el reclamo permanente de descentralización y autonomía.
Es un pedido general, no solamente de la sociedad civil, de las juntas vecinales, de gente
que se puede sentir en algún momento agredida por el abuso, sea del patrón o de los
empresarios, sino también de las empresas petroleras. “Todos quieren protección”,
indica al remarcar que ese descuido es consecuencia del olvido y el centralismo.
Eróstegui relata que en 1995 visitó San Matías, en la frontera con Brasil, frente a
Cáceres en Brasil, como asesor de la Central Obrera Boliviana, para dictar un curso.
El subprefecto, que representa allá al Presidente de la República, le recordó que desde
que el general René Barrientos gobernó Bolivia, no había llegado una autoridad al lugar.
“Yo no era autoridad pero cualquier persona de La Paz que visitara el lugar pensaba que
era una autoridad, lo cual refleja la impresionante ausencia del Estado”, subraya.
El alto funcionario dibuja esa dura realidad con estas frases de un sociólogo boliviano
radicado en Chile: “Bolivia es un lugar donde el Estado es muy débil y la sociedad civil
muy fuerte. Bolivia es el lugar de América Latina donde la sociedad civil es más fuerte
que el Estado…”
La presencia del Estado es fuerte en los centros mineros, porque hay una tradición de
desarrollo, allí se concentraban empresas, riquezas, etc.
En numerosos lugares de Bolivia está ausente el Estado, por eso se habla todavía de la
justicia comunitaria; igualmente, a los profesores hay que darles incentivos para que
vayan a dictar clases a los lugares más distantes del país, porque su presencia pone de
manifiesto que el Estado está presente.
Los pobladores de áreas nativas asocian la ausencia del Estado con muchas cosas.
Eróstegui recuerda que en una ocasión lo identificaron con la falta de tractores y lo
solicitaron; se trajeron cinco mil unidades que hasta ahora están en la aduana; los
indígenas no van a recogerlos porque quieren que el Estado vaya a entregarlos.
“Lo que reclaman es presencia del Estado”, puntualiza.
Rememora que en una negociación en Guaqui con la Federación de Campesinos de La
Paz, “nos dimos cuenta de que querían la presencia de los ministros para hablar, porque
para ellos significaba que el Estado los veía, los escuchaba. No querían negociar con los
ministros, sino tenerlos presente porque ellos simbolizan al Estado.
Los indígenas que bloqueaban durante dos semanas la carretera reclamaban contra el
bloqueo aduciendo que les perjudicaba, porque era el año nuevo aymara y la gente no
podría concurrir por la interrupción de la vía que, paradójicamente, ellos mismos habían
ocasionado. Querían, pues, la presencia del Estado.
Cuando se le pregunta a Eróstegui qué hará para que, el año 2010, Bolivia no siga
mostrando al mundo miles de trabajadores en situación de trabajo forzoso, responde:
“Quisiera que el 2007, en el momento en que el Presidente de la República, Carlos
Mesa, entregue la presidencia al ganador de las elecciones, hayamos disminuido esa
situación por lo menos en un 30 por ciento.
Queremos que los contratos laborales en Riberalta sean hechos de acuerdo a la Ley
General del Trabajo, que las oficinas del Ministerio de Trabajo en Tupisa y en otras
regiones, luchen contra los enganchadores y que sean capaces de sustituirlos. Aunque
hay otra propuesta que debemos analizar: que los enganchadores sean empleados de las
empresas, que éstas les pague su sueldo y contraten directamente a los trabajadores de la
zafra.
Queremos que el 2007, en los contratos de los trabajadores que están en las zafras de
caña de azúcar y de la castaña, que muchas veces son subcontratados por los
enganchadores, estén bajo un régimen en el cual haya la garantía solidaria.
Queremos conocer con precisión hasta el 2007 qué ocurre en el Chaco e ingresar con el
Ministerio de Justicia, porque no es un problema solo laboral, sino de justicia, policial e
ideológico, pues el trabajo forzoso está prohibido y penado por el Código Penal”.
Y cuando le repreguntamos: ¿qué le impediría mostrar esos avances al país y a la
comunidad internacional en el 2007?
Eróstegui responde:
“Primero, una oposición muy grande de los empleadores, porque los trabajadores están
interesados; si los empleadores se oponen, podríamos tener inclusive conflictos sociales
y enfrentamientos con algún grado de violencia.
¿Inestabilidad política? Podría ser en la región del norte amazónico, en Riberalta. En
una oportunidad amenazaron con separarse de Bolivia.
“Ese es nuestro anhelo, que por lo menos mejore la calidad de vida de un 30 por ciento
de la población que está afectada por el trabajo forzoso”.
En lo que respecta a los niños en la zafra de Santa Cruz, piensa habilitar albergues,
aunque ahora hay uno. Que los niños a partir del 2005 tengan profesores en la zafra,
pues vamos a tener escuelitas con apoyo de la Fundación Arco Iris y Cáritas.
Eróstegui ansía entregar el año 2007 su alto cargo en el Ministerio de Trabajo con una
política laboral coherente y justa en marcha en lo que se denomina el trabajo en la zafra
de caña de azúcar y en la zafra de la castaña, porque en dichos sectores existen
relaciones laborales muy vulnerables.
7.2.1 Reestructuración del Ministerio de Trabajo
¿Cómo poner en marcha la reestructuración de una Cartera Ministerial tan importante
para dar cobertura a zonas antes desatendidas?
El Viceministro Eróstegui explica:
“Queremos reestructurar el Ministerio de Trabajo para que, a partir de la creación de lo
que va ser la Bolsa de Trabajo, sea esta la que contrate a los interesados y certifique las
condiciones en las cuales va la mano de obra, desde el más humilde hasta el más
capacitado.
De esta forma, se evitará a los enganchadores que continúan existiendo a pesar de ser
ilegales en la estructura jurídica laboral.
Está prohibida la práctica del enganche realizada anteriormente en la minería, porque
cuando llegaban los enganchadores se llevaban campesinos a las minas, cobraban y no
les pagaban. Este tipo de abuso llegó a su fin en 1952.
Tras un período de fuertes luchas sociales se aprobó una ley favorable a los trabajadores
sobre todo los mineros, rompiéndose ese tipo de trabajo. Pero los enganchadores,
generalmente dueños de camiones, empezaron a llevar mano de obra a Santa Cruz.
La región del Chaco es una de las más olvidadas por el Estado. Un Estado débil como
Bolivia no llegó a asentarse sólidamente en ese territorio. No tiene subprefecto, no tiene
oficinas del Ministerio de Trabajo ni de otras dependencias públicas.
No está integrada al país; prácticamente es tierra de nadie. Ahora con el negocio de las
petroleras están saliendo a flote muchas deficiencias que van a ser solucionadas por la
presencia de esas empresas y del Estado que se va reforzar.
Los subprefectos tendrán facilidades para cumplir con las responsabilidades que le
asignan las leyes.
Las acciones propias del desarrollo van a transformar la zona y por eso estamos
empezando a tomar una serie de medidas; primero, lo pondremos en práctica en el norte
para ver sus resultados y decidir después cómo la aplicaremos en el sur.
El abandono del Estado será subsanado”.
Luego añade:
Lo mismo ocurre con el Norte Amazónico, en Riberalta, donde una persona del
Ministerio de Trabajo atiende a 25 mil trabajadores fabriles y 10 mil de la zafra.
En Cobija, capital del departamento de Pando, una oficina del Ministerio de Trabajo
cuenta con dos personas. Cobija tiene 12 mil habitantes, casi todos funcionarios
públicos, de la prefectura, profesores, médicos, etc. No hay desarrollo industrial.
Tenemos la idea de fortalecer la Dirección de Trabajo en Riberalta, trasladando a una
persona desde Cobija.
En Trinidad hay cuatro personas. Tiene más población que Riberalta, pero la mayoría
son profesores, médicos, abogados, etc., no hay mayor relación obrero-patronal ni
desarrollo industrial, por eso destacaremos a uno de sus empleados a Riberalta a fin de
fortalecer la presencia del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, estamos trabajando con la Cooperación Holandesa en Riberalta, que va a
equipar la oficina con computadoras, material de trabajo y capacitará al personal.
Estamos coordinando con el subprefecto para que la Dirección de Trabajo tenga su sede
en la subprefectura, que es amplia y podríamos inclusive utilizar sus recursos.
7.2.2. Carreteras e hidroeléctrica
Sobre los acuerdos que puedan alcanzarse en el diálogo entre el gobierno, los
empresarios y los trabajadores del Oriente, el Estado anhela saldar la enorme deuda de
olvido de algunos sectores de esa región, a partir de una experiencia piloto que realizará,
primero, en la zona norte para luego desplazarse al sur.
“Es la primera vez que en la historia de Bolivia se perfila una respuesta del gobierno a
los problemas que enfrenta esa zona”, dice el viceministro de Trabajo, Rodolfo
Eróstegui, señalando que “tenemos puentes tendidos con empresarios y trabajadores”
lo cual constituye una excelente oportunidad para materializar las propuestas.
El punto de partida de ese esfuerzo será la ciudad de Riberalta, capital de la provincia de
Baca Diez, departamento del Beni, de donde partirá una nueva carretera a Guayamerín,
que permitirá a los barraqueros (dueños de los predios de donde se extrae la castaña)
bajar costos en el transporte y ahorrar tiempo.
(El barraquero o terrateniente es diferente al beneficiador de la castaña, que está en
Riberalta. Y se moviliza mucho al Brasil).
También, se proyecta en Riberalta bajar los costos de la energía eléctrica a 0.10
centavos la unidad eléctrica; actualmente pagan 0.24 centavos, mientras que en la
ciudad de La Paz es de 0.6 centavos.
“Construiremos una planta, con un nuevo sistema de producción de energía eléctrica,
porque allá no hay caídas de agua. La planta permitirá bajar los costos de producción, y
así propiciaremos que los empresarios, que explotan de distintas formas la mano de
obra, bajen costos, y puedan aumentar los salarios”, confiesa Eróstegui.
Tanto la construcción de la carretera como la puesta en funcionamiento de la planta de
electricidad, obras indispensables para esa región, permitirán al gobierno exigir a los
empresarios que los futuros contratos de las personas que laboran allí estén, en un plazo
prudencial, ajustados a la Ley General de Trabajo.
“De esa forma esperamos ir erradicando el trabajo servil encontrado en el norte de
Riberalta”, asegura el viceministro.
Hace hincapié en que esa propuesta se llevará a cabo partiendo de un proceso de
negociación. “No queremos entrar a decirles: Ustedes van a ser esto o aquello, pero si
no aceptan nuestros planteamientos, empezaremos a aplicar la ley. Si los empleadores
aceptan haremos todo lo expuesto”, manifiesta.
Eróstegui fundamenta su planteamiento de empezar en Riberalta porque existen
organizaciones que representan a los trabajadores, como las federaciones de zafreros y
de fabriles “con las cuales podemos iniciar el proceso de cambio”.
Puntualiza que están trabajando con la Prefectura del Beni para convencer a los
empresarios que migren a contratos ajustados a la Ley del Trabajo, lo cual en un primer
momento podría ocasionar un aumento de costos pero a cambio tendrán nuevas obras de
infraestructura que les permitirá compensar ese incremento.
7.3. Derechos Humanos y Migraciones:
Política de derechos humanos y protección de los migrantes
La administración del Presidente Carlos Mesa Gisbert viene trabajando conjuntamente
con la sociedad civil en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de
una Estrategia Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que
incorporará por primera vez los derechos de los migrantes y sus familias.
El anuncio lo hizo el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, doctor
Álvaro Guzmán, señalando que el punto de partida de esta ambiciosa política es el
decreto supremo 27420 que crea el Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos y
la Comisión Interministerial respectiva, “como instancias técnicas de coordinación y
concertación” para el diseño de dicha estrategia.
Según el cronograma de trabajo de la Comisión Interministerial a fines de este año
estará listo el documento que contempla incorporar en la agenda gubernamental las
acciones de corto, mediano y largo plazos en todo lo referente a los Derechos Humanos,
dando especial énfasis a los derechos de los migrantes y sus familias.
Esa estrategia será aprobada a niveles más altos del gobierno a través de una ley o de
un decreto supremo; se trata de una agenda para veinte o treinta años priorizando qué
temas se tratarán a corto, a mediano y largo plazo.
“A partir de la aprobación de esta estrategia Bolivia contará con una agenda, con una
visión de política de Estado, en la temática de Derechos Humanos, con la finalidad de
poder promover una política coherente en el tema”, indica Guzmán.
Refiere que la Cancillería desarrollará acciones en la temática de protección de los
derechos de los bolivianos en el extranjero, a través de acciones consulares. En ese
marco, comenta que debe promover asistencia y protección de los migrantes nacionales
residentes en el extranjero, a través de los consulados.
“Eso está como un objetivo de esta agenda, y la cancillería tiene que promover acciones
de protección a través de los mecanismos consulares en los países identificados donde
residen muchos migrantes, pero esa acción tiene que ser continua y con reportes
periódicos a partir del 1 de enero del 2005”, asegura.
Según reportes oficiales ciudadanos bolivianos radican en el cono sur de América,
específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, además de salidas
constantes a España, Italia y Estados Unidos de Norteamérica.
Guzmán anhela una base de datos actualizada que estará bajo la responsabilidad de la
Dirección Nacional de Migración, la cual deberá identificar y levantar información que
sirva en el futuro para un nuevo enfoque de nuevas políticas sociales y económicas que
el Estado está interesado en atender.
Precisa que el tema migratorio está ligado a la crisis económica que viven los países de
la región; “y en el caso de Bolivia, nos convierte en exportadores de migrantes y que la
sistematización de la información correspondiente permitirá enfocar este problemas
desde una perspectiva de cómo hallar una solución.
Para ello, anota, se creará una estructura básica de responsabilidades
interinstitucionales, con participación de la Cancillería, del Servicio Nacional de
Administración de Personal y Migraciones sin perder de vista que -como Viceministerio
de Justicia y Derechos Humanos- debemos coordinar y coadyuvar en acciones que
tienen que ver con la protección de los derechos, a través de la ratificación de
documentos internacionales que protejan los derechos de los migrantes y sus familias.
Se trata de generar mecanismos internos de prevención fundamentalmente, por eso se
asignarán responsabilidades a los servicios especializados como Migración, para que el
Estado pueda prevenir las salidas ilegales que tienen inclusive consecuencias en la vida
y la seguridad de las personas.
Por ello considera importante una agenda que en este caso podría llamarse Plan de
Acción Nacional, sin perder de vista el plan regional, que hemos trabajado en varios
eventos regionales, porque nuestro interés es promover acciones que generen una mejor
prevención y una protección a largo plazo de los migrantes y sus familias.
Estima, asimismo, que la prevención del tráfico y la migración ilegal de personas radica
en observar aspectos de orden interno, pues ahí está el gran problema. “Para eso hay
que desarrollar acciones interinstitucionales que puedan ayudarnos a identificar y
también desarrollar acciones que puedan prevenir”.
El D.S. 27420 dice que el Consejo Interinstitucional promoverá la incorporación de
conclusiones y recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales de Derechos Humanos en los planes operativos anuales.
Guzmán asegura que se hará un seguimiento a esas recomendaciones y conclusiones a
través de los planes operativos; igualmente, se va a promover la aplicación de normas
internacionales en materia de Derechos Humanos que Bolivia ha ratificado, y se
propondrán mecanismos que tienen que ver con el cumplimiento de sentencias,
resoluciones y recomendaciones en Derechos Humanos.
Entre las principales actividades a ejecutarse a partir de enero del año 2005 figuran:
*Promover la asistencia y protección de los migrantes nacionales residentes en el
extranjero a través del Servicio Consular;
*Promover iniciativas para la prevención del tráfico ilegal de bolivianos y bolivianas al
extranjero;
*Promover la difusión e información a los migrantes sobre contenidos, políticas y
administración migratoria;
*Elaborar un informe de relevamiento e identificación de las asociaciones nacionales de
bolivianos y bolivianas en el extranjero;
*Desarrollar un sistema de elaboración de estadísticas y seguimiento de los migrantes
en Bolivia;
*Desarrollar informes sobre la situación de los bolivianos y bolivianas residentes en el
extranjero;
*Desarrollar acciones para el fortalecimiento de redes entre nacionales en el extranjero;
*Promover un sistema de envío de remesas que asegure la privacidad, seguridad y un
trato justo a los bolivianos y bolivianas, y sus familias en el extranjero;
*Mantener el procesamiento y análisis de datos actualizados sobre los flujos
migratorios; entre otras.
Para llevar a cabo las tareas mencionadas, que abren una nueva etapa en el tratamiento
de este problema, se contempla lo siguiente:
*Promover la capacitación del personal del Servicio Nacional de Migración y/o
vinculado a la administración de las Migraciones para mejorar la calidad de servicio a
los migrantes;
*Promover acciones de intercambio de información sobre avances en la administración
migratoria.
7.3.1. Proyecto de Ley de Migración
Próximamente será elevado al Gabinete Ministerial el proyecto de la nueva Ley de
Migración que, entre otros aspectos, armonice la parte administrativa con la parte
jurisdiccional, para que haya las sanciones a delitos migratorios.
Esta ley no contemplará sanciones a quienes lo infrinjan, porque rige la norma general
que es el Código Penal. “Lo que queremos es tipificar el delito en la norma migratoria
para que en la vía jurisdiccional se apliquen las sanciones y penas que corresponden
según el Código Penal”, dijo el Director General a.i. de Migraciones, Rodolfo Téllez
Flores.
Expresa que, a su juicio, es necesaria “una norma, un marco general que, primero,
defina una política orientada a que la migración, además de contribuir al desarrollo
socioeconómico del Estado Boliviano, se realice respetando el ordenamiento jurídico;
porque la visión hoy en día de la corriente internacional es más de apertura de fronteras,
de inserción a los grupos de migrantes a la sociedad y al Estado”.
“Paralelamente a esa norma, debemos definir políticas de seguridad ciudadana. Eso
implica que de alguna manera la norma migratoria debería tener mecanismos de
coordinación más estrecha en la tipificación de delitos como la trata de personas y otros
delitos migratorios que estén armonizados con la vía jurisdiccional”, indica.
Téllez manifiesta que en este momento “carecemos de esta norma, tenemos una norma
administrativa que anda muy separada de la vía jurisdiccional. Por tanto, uno de los
elementos importantes debería ser que se considere los delitos migratorios”.
Admite que aquellos que están procesados por estas faltas se les acusan de falsedad
material, uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica, porque “no tenemos una
Ley de Migración que tipifique el delito de la trata de personas”.
Otros países sí cuentan con dicha norma que especifica los delitos migratorios.
La actual norma migratoria establece contravenciones administrativas y cuando se
conoce esos delitos son denunciados a la Fiscalía. Empero, cuando no tienen datos
precisos del daño que el Estado sufre, denunciamos ante la Fiscalía para que el
Ministerio Público efectúe las investigaciones, y muchas veces nos querellamos, somos
parte civil, si tenemos una precisión de los daños que se ocasiona a la migración.
En muchos casos la Fiscalía tampoco logra imputar los delitos porque carecen de
pruebas que puedan implicar los delitos, entonces sueltan al posible infractor, pero en
la mayoría de casos los imputan y van a la vía judicial. Es el Ministerio Público, quien
dispone esa transferencia.
La normatividad vigente, que muestra tantos vacíos, data de 1996 o 1998.
La redacción del anteproyecto de la nueva norma está a cargo de la Dirección General
de Migraciones.
“Tenemos un primer anteproyecto de la Ley de Migración que ya se está discutiendo en
la esfera del Poder Ejecutivo, y estimamos que la voluntad política va estar orientada a
determinar el marco general, un marco jurídico general, como es una nueva Ley de
Migraciones, porque en este momento adolecemos de esa norma”, agrega Téllez.
Finalmente estima que este semestre irá ese documento al Parlamento.
7.3.2. Denuncias y Procesos Judiciales
Aunque podría considerarse como una cifra relativamente baja, la Dirección General de
Migraciones, a cargo de Rodolfo Téllez, tiene 114 procesos judiciales; de ellos, 28 en
investigación, plenario, instrucción y rebeldía; 24, con sentencia; dos extinguidos; dos
prescritos y uno fue archivado, lo que hace un total de 57 procesos en La Paz.
Otros procesos por ciudades son los siguientes: 37 en Santa Cruz; siete en Cochabamba
y trece procesos administrativos, es decir 57 procesos.
En total, involucran entre 60 y 70 personas, porque hay procesos que comprenden a
una, cuatro, cinco y hasta ocho personas, varias de las cuales están -en este momentocon detención privativa por suplantación de identidad.
Entre los infractores de la ley figuran bolivianos, peruanos, chinos, ecuatorianos, entre
otros.
El tema de los chinos, unos diez, tiene una peculiaridad: ellos utilizarían como puente a
Bolivia o Argentina. Si llegan a Argentina continúan a Bolivia, o si arriban a Bolivia
tratan de pasar a Argentina o a Paraguay, para que puedan documentarse.
Las personas de origen chino portan documentos coreanos y desean viajar a Estados
Unidos de Norteamérica. No hay cifras sobre ese movimiento de personas asiáticas.
Los implicados son acusados de falsedad material, uso de instrumento falsificado y
falsedad ideológica, porque Bolivia, a diferencia de otros países, carece de una norma
migratoria que tipifique el delito de la trata.
“Acá solamente hablamos de contravenciones administrativas”, enfatiza Téllez,
añadiendo que “cuando conocemos estos delitos, lo denunciamos a la Fiscalía. En
muchos casos como no tenemos datos precisos del daño que el Estado sufre, los
denunciamos ante la fiscalía para que el Ministerio Público haga las investigaciones, y
cuando tenemos una precisión de los daños, nos querellamos, somos parte civil”.
No obstante, ha ocurrido que la fiscalía tampoco logra imputar los delitos porque carece
de pruebas que puedan implicar delitos, entonces deja libre al detenido, pero en la
mayoría de casos los imputan y van a la vía judicial.
Téllez dice que la Dirección General de Migraciones está tomando todas las previsiones
necesarias para tratar de evitar el delito del tráfico de personas.
“Ello implica verificar la identidad de ciudadanos extranjeros que ingresan, mucho más
tratándose de si están acompañados o si están solo los niños, entonces hacemos un
control riguroso sobre el otorgamiento de permisos de menores y las declaraciones de
orden judicial que pudieran tener para motivar la visita al país”, señala.
Lo más relevante detectado por el Servicio de Migraciones son casos de suplantación de
identidad en pasaportes bolivianos por extranjeros.
“Tenemos pasaportes bolivianos que en algunos casos han sido otorgados a ciudadanos
extranjeros falsificando la identidad en el documento auténtico, en cooperación suponemos- con autoridades policiales y judiciales, porque aquellos acceden a una
cédula de identidad nacional, con la cual gestionan el pasaporte, donde aparecen como
naturales de Bolivia”, revela el funcionario.
Y añade: “En el momento que hacen la filiación para recabar los pasaportes el personal
de identificación de la Policía e Inmigración detecta que son personas extranjeras por
las preguntas que les formulan. Ahí, descubren que no son bolivianos, sino que han
suplantado la identidad para adquirir pasaportes nacionales”.
Téllez subraya que generalmente actúan en grupos de 14 o 15 personas pero que en el
segundo semestre del año pasado, hubo un grupo de cien personas ecuatorianas, unas
viajaban como “bolivianas” y otros como ecuatorianas. “Pero el tráfico, la trata de
personas, está en que siempre hay un cabecilla escondido que agrupa a esta gente para
poder sacarla del país de origen al país de destino, generalmente a Europa”, añade.
Conoce casos de ciudadanos peruanos y ciudadanos ecuatorianos que estuvieron en La
Paz con el afán de conseguir documentos nacionales para salir a España,
“presumiblemente por la facilidad que tenemos los bolivianos de ingresar a España, ya
que no estamos sujetos al requisito de una visa, como ocurre con Perú y Ecuador”.
En los casos mencionados figuraban damas, jóvenes, niños y adultos procedentes del
Perú para “cambiar su nacionalidad” y salir como bolivianos a España.
Subraya que hay meses en que aparecen dos o tres grupos de 14 o 15 personas. Lo
mínimo son 10, 12 o 14; otros meses no hay nada; lo cual se refleja, si hacemos un
análisis numérico, en el estado de los procesos judiciales abiertos.
“Podemos hablar de por un caso mensual, especialmente entre el 2003 y 2004”, anota.
Pero, manifiesta Téllez, hay un aumento en relación a años pasados, aunque no
teníamos -como en el último período- tan identificado el tráfico, que se debe,
imaginamos, a que Ecuador también sufrió la supresión de visas para España.
La Dirección General de Migraciones no ha detectado a las cabezas de los grupos de
traficantes, “porque siempre trabajan en forma escondida”, añade al tiempo de remarcar
que “las informaciones que dan Fiscalía o Investigaciones no determinan quién es el
cabecilla, pero hemos detectado grupos compactos donde, probablemente, estén los
cabecillas. Es difícil precisar en ese momento quién es”.
(Anexo 4: Servicio Nacional de Migración – Dirección Jurídica- Procesos
Judiciales – Resumen Ejecutivo)
8. Papel de los Medios de Comunicación
Parecería una ironía mas no es así. Hoy la trata de personas mujeres, adolescentes y
niños/niñas tiene nuevas palancas de promoción: la publicación de avisos publicitarios
cada vez más numerosos en los medios de comunicación escritos y por tanto, al alcance
de cualquier miembro de una familia que compre un diario; y el Internet.
Lo condenable de esta práctica es que sus promotores se escudan en las libertades de
expresión y prensa para lucrar con la dignidad de los involucrados.
¿Quién garantiza si la persona que paga la tarifa de publicación de un aviso ofreciendo
este tipo de servicio no es un proxeneta o no forma parte de una red de traficantes?,
¿cuántas de estas jovencitas, muchas de ellas de 18 años, según los mismos avisos,
fueron iniciadas con engaños o en contra de su voluntad?
Cabría preguntar, entonces, si la dignidad humana de estas mujeres es inferior al resto
de miembros de una sociedad, si la publicación de esos avisos publicitarios no coloca a
dichos medios en un eslabón más en la red de quienes se enriquecen promoviendo esta
práctica criminal en detrimento de los derechos de las personas indefensas.
El problema radica en que las empresas periodísticas que difunden esos avisos
comerciales están legalmente constituidas, las cuales, aprovechando algunos vacíos en
la legislación vigente, incursionan en prácticas mercantilistas.
Según algunos la salida sería subsanar el vacío legal que utilizan las empresas
periodísticas para difundir ese tipo de publicidad; otros piensan que cualquier
modificación a la legislación vigente sería un recorte del derecho a la información, pese
a que esa posición avala tácitamente una conducta mercantilista de dichos medios.
Y aunque está considerada como unas de las tecnologías de la información, el Internet
constituye un universo de contenido inexplorado.
Nadie duda de que además del singular aporte para la humanidad, se ha convertido en
un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual, como lo afirmara
Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, en el
Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de
Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el 2000.
¿Es una exageración? No, porque aprovechando del satélite, proporcionan a la industria
del sexo nuevas formas de comercializar, explotar y utilizar a mujeres y niñas como
objetos sexuales al servicio de compradores masculinos.
Hoy las imágenes de la explotación sexual de la mujer se pueden transmitir desde
cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo imágenes sexuales que
incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de los servidores, las
imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad del mundo, a
cualquier persona que tenga conexión a Internet, explica Hughes.
Entonces, una estrategia de lucha contra la trata de personas mujeres, adolescentes,
niños/niñas pasa necesariamente por revisar el rol de los medios de comunicación. No
se trata de poner límites a la libertad de expresión ni a la libertad de empresa, sino de
recuperar el respeto a la sociedad que algunos medios –considerados serios- quieren
ignorar en nombre de un mercantilismo salvaje, reconciliándonos con valores que, a
veces, pareciera haberse perdido.
8.1. La prensa
Pese a su larga data en el mundo, desde los años en que Juan Gutenberg, inventara la
imprenta, la prensa juega un rol gravitante en la opinión pública. Pocas, muy pocas son
las familias que diariamente no se enteran del acontecer local, regional, nacional y
mundial a través del diario de su preferencia.
No sería exagerado afirmar que el diario que preferimos por su seriedad, por su
imparcialidad, por su objetividad o por el mensaje publicitario de lanzamiento que nos
cautivó, forma parte de nuestra cotidianidad. El diario se ha hecho un lugar en el hogar,
al menos en miles de familias, tanto modestas como adineradas.
Si el periódico ocupa un lugar tan importante en la vida de una familia debe reunir
necesariamente ciertas características que lo hagan merecedor de la confianza en tanto
nos informa con independencia, nos educa con la profundidad de su contenido, nos
orienta mostrándonos las opciones más serias, y nos entretiene.
Esas características de un periódico lo hace un producto bastante peculiar porque es tal
en cuanto lo edita una empresa periodística y compite con otros similares en un mercado
cada vez más exigente donde, al mismo tiempo, existen otros medios de comunicación
masiva como la radio y la televisión.
Y pese a que la competencia de estos últimos medios ha sido muy dura con la prensa
escrita especialmente en el último medio siglo, el periódico sigue siendo un referente
necesario para el análisis, la reflexión y la toma de posición frente a determinados
hechos que nos incumben como ciudadanos de una localidad, de una región, de un país
o como un observador de los acontecimientos mundiales.
Si el periódico de su preferencia cumple un rol tan importante en la vida de una
sociedad debe reunir obviamente ciertos requisitos que lo hagan merecedor de nuestra
confianza, de que ingrese al hogar, a la oficina o al despacho.
No olvidemos de que un periódico es compartido por todos los miembros de una
familia, del pequeño al adulto; todos verán las secciones que más les interesa por
diversas razones. En consecuencia, un jefe de casa no puede mutilar el diario para que
algunas páginas no puedan ser leídas también por el niño o el adolescente.
Si estos requisitos no son respectados escrupulosamente por el periódico que todos los
días ingresa al domicilio de cualquier lector, previo pago, entonces no es un producto
serio. Y si no es tal, no tendríamos por qué comprarlo.
El mercantilismo no es consustancial con una empresa periodística que por el mismo
sector en el que se desenvuelve, debe exigir más a la creatividad de sus profesionales
(redactores, fotógrafos, infografistas, diseñadores, etc.,) para hacer un producto de
calidad sin recurrir al facilismo del desnudo que linda con la promoción de la
prostitución ni al sensacionalismo, menos la difusión de hechos no comprobados.
No estaría demás recordar los artículos pertinentes de dos normas internacionales que
nos parecen apropiadas para, a la luz de lo expresado, analizarlas con serenidad.
Son:
La Declaración de Chapultepec
Artículo 9.
La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de
la precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes
periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores
éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de
periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio normal, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier
otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
8.1.1. ¿La Razón hace proxenetismo?
“¿Es eso proxenetismo o no?” se pregunta la ex Defensora del Pueblo, doctora Ana
María Romero de Campero cuando se le pregunta su opinión sobre la sección llamada
Intimidades que publica diariamente el diario La Razón, uno de los principales
matutinos que circula en la ciudad de La Paz.
Considera burdo ese tipo de publicaciones fundamentalmente por los precios, las ofertas
y los textos que aparecen complementando las fotografías de mujeres semidesnudas que
ofrecen sus servicios.
“Lo encuentro denigrante. Una cosa es que una mujer por necesidad tenga que dedicarse
a esa actividad, y otra, aquella que es llevada, porque se trata de un negocio donde
lucran varios: los famosos cafichos, los prostíbulos, y los anunciantes que ofrecen estos
servicios; asimismo, las ofertas las considero sencillamente espantosas”, remarca.
Periodista de larga trayectoria, la doctora Campero puntualiza: “Me animaría a decir
que los avisos publicados por ese diario bordea el proxenetismo, porque qué es el
proxeneta: Una persona que vive de la prostitución. Y en este caso tenemos todos los
días una o dos páginas absolutamente grotescas; además”.
Luego cuestiona la manera como se le presenta a una mujer. “No diremos como objeto
sexual o carnal, sino como un objeto de explotación, sin ningún reparo ético”.
Ana María romero de Campero tuvo un breve paso, a mediados de la década pasada, por
el Consejo Directivo del diario La Razón, precisamente cuando empezaba ese tipo de
publicaciones. “En la primera reunión hice la advertencia; me respondieron que no era
un diario de curas, y les indiqué lo mismo que le estoy diciendo: no se trata de eso, sino
que es de muy mal gusto porque un diario se lee en la familia”.
Reitera su posición afirmando que ese tipo de publicaciones no es bueno para la
educación ni para la sana relación de las mujeres y los hombres. Seguidamente
rememora: “Como respuesta y medio en broma me dijeron: sí, pero rinde”.
“Como evidentemente rinde, he sido muy crítica desde entonces”, puntualiza.
Lamentablemente, anota, eso ha continuado. “Sé que en otros países existe este tipo de
publicidad como avisos económicos o clasificados, pero en ningún lugar he observado
páginas de tan bajo nivel”, anota.
En Bolivia La Razón está considerado como un diario serio.
A juicio de la doctora Ana María de Campero la Fiscalía debería actuar. “La fiscalía
debería hacer un llamado, convocar a los dueños del periódico y decirles que le quiere
hacer notar -por si no lo supieran- que estarían incurriendo en un delito”.
Asimismo, indica que la ley penaliza el proxenetismo y las publicaciones del diario La
Razón “puede considerarse fácilmente como proxenetismo”.
Califica de lamentable la promoción de una actividad que, aunque sea la más vieja de la
historia, en los últimos años se le han ido considerando como un fenómeno de
naturaleza social, “porque muchas mujeres lo hacen por pura necesidad, porque no
tienen otra manera de sostener a sus familias”.
“Inclusive la familia, no creo que los hijos, pero por lo menos la pareja sabe de qué se
trata”, agrega finalmente.
Al respecto, es frecuente leer en ese tipo de avisos con textos mal redactados y con
fotografías de las damas, donde aparecen en tipos destacados los precios del servicio,
los números telefónicos, la dirección del establecimiento o una bebida alcohólica de
obsequio. Todos estos avisos, generalmente de tres centímetros por tres centímetros,
tienen un contenido de oferta, de promoción.
Así, en la edición del pasado jueves 9 de septiembre, La Razón publica estos avisos:
“Estamos en el Prado. Venga y conozca al nuevo Deside You”; “100 Bs. Un drink de
cortesía + tu botella de regalo/Servicio completo”; “Gran inauguración / Calor de Mujer
/Ahora 1 cerveza de cortesía”; “Lluvia de amor / Ojo: 2 señoritas Bs. 100”; “Hermosa
Colombiana / Exclusivamente para ejecutivos de clase: Colombiana hermosa para ti.
Foto 100 por 100 real”; entre otros.
De lunes a jueves La Razón dedica una página a este tipo de visos; los viernes y
sábados hasta dos páginas; y los domingos tres cuartos de página.
Nos hemos referido a este diario porque está considerado como serio y que crea
corrientes de opinión; que tiene un precio decoroso aunque no accesible a los sectores
de menos ingresos; en cambio no mencionamos deliberadamente a otros diarios cuyos
mensajes tienen una clara intencionalidad reflejada inclusive en su bajo precio.
Sin precisar algún medio en particular, el trabajo titulado “Explotación Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra”, alude
al “afán de protagonismo de los medios de comunicación” que no permite un manejo
responsable de este tipo de información; situación, dice, “que estigmatiza aún más a las
niñas y adolescentes por la falta de respeto a su privacidad”.
“Algunos medios de prensa escrita publicitan ofertando jovencitas con diversos tipos
de anuncios sin que exista ningún seguimiento y control de la verdadera actividad que
realizan”, advierte el mencionado texto cuyos autores son Guillermo Dávalos, Rosmery
Eguez Vidal y Patricia Vargas.
8.1.2. La legislación: alto a promotores de comercio sexual
Un duro cuestionamiento a los medios de comunicación social por promover, a través
de anuncios publicitarios la venta del servicio sexual, que en el fondo involucra a niñas,
niños y adolescentes, hizo la Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad,
Elizabet Patiño al anunciar que la ley contra la trata establecerá drásticas sanciones.
Lamenta que “el tema de utilizar a menores como objetos sexuales, como cosas” sea
reforzado no solo por un diario citadino, sino también por otros de circulación
nacional, departamento y local “que han entrado, como una cuestión cotidiana, ofrecer
ese tipo de “servicio”, que “en el fondo es de niños, niñas y adolescentes”.
Patiño asegura que esa práctica criminal se ha comprobado y que las organizaciones
criminales utilizan medios de tecnología sofisticada.
Aclara que la ley contra la trata sancionará a quienes induzca y promuevan ese tipo de
delitos serán penalizados.
Respecto a las críticas de que estábamos mellando la libertad de expresión, dijo, hemos
dejado sentada nuestra posición de que “el interés superior de niños, niñas y
adolescentes prevalece absolutamente sobre cualquier otro derecho”.
“Eso lo dice la Convención de La Haya y como Bolivia la ha firmado y ratificado no
podemos zafarnos de este compromiso; o sea, no es un capricho de dos o tres personas,
sino el acuerdo entre varios estados que han manifestado esa voluntad velando
precisamente por la seguridad de nuestros menores”, enfatiza la funcionaria.
8.2. Consumo del Internet – Testimonio
Si los gobiernos no asumen a la mayor brevedad una actitud firme respecto a legislar el
consumo del Internet, paralelamente a una campaña de orientación a su población,
encarar el problema de la trata se tornará más complejo y difícil con la masificación del
uso de esta tecnología de la información, al punto de considerársele ya como un medio
de promoción.
Para darse cuenta de lo peligrosísimo del mal uso del Internet, la Policía Mexicana
dio a conocer recientemente que existen entre cuatro millones 500 mil y cinco
millones de páginas Web sobre pornografía con bebes, que no cumplen ni siquiera
un año, y por ello pide la colaboración de la sociedad para combatir este flagelo
librando a esas criaturas de ser utilizadas para esos fines siniestros.
Testimonio
El siguiente es el testimonio de un padre de familia boliviano, quien alerta sobre los
peligros del ciberespacio para el fenómeno de la trata, y da un punto de vista
interesante respecto a cómo enfrentar el uso perverso del Internet:
“En la zona sur de la ciudad de La Paz, en San Miguel, hace tres años, cuando el
Internet no era común en las casas –aunque todavía no lo es porque la brecha digital
es altísima- entré a una cabina en el supermercado Ketal.
La administradora del establecimiento me contó lo siguiente: Dos o tres veces por
semana viene acá un ciudadano francés para enviar fotos de niños desnudos, pero
no muestra los genitales, sino la espalda y el tórax en posiciones especiales. Los
niños están agachaditos, agarrándose los tobillos.
Dije: voy a indagar de qué se trata. Consulté con algunos médicos, quienes me
explicaron que era un diagnóstico en tiempo real sobre la situación de salud del
niño, brindaba información importante, como la ubicación exacta de los riñones,
del vaso, porque esta postura facilitaba ese tipo de observación.
Imaginémonos si podríamos canalizar ese poder de denuncia de la gente a las
autoridades precautelando su identidad. Simplemente, tendríamos miles de ojos
viendo en todas partes. Imaginémonos si tuviéramos la capacidad de reunirnos
como una comunidad para proyectar medidas de prevención, promoción y atención
a estos casos. ¡Otra sería la situación…!
Para mí esta es la triada básica: prevenir, promover y atender. Al mismo tiempo
tenemos que generar una nueva estructura gubernamental que no se mueva al
ritmo de Estados Unidos; eso es muy difícil, pero que tenga capacidad de actuar.
Por ejemplo, México ya cuenta con una policía cibernética. Desde una sala con
miles de computadoras vela que, por Internet, no haya tráfico de niños, que no haya
prostitución infantil; andan pillando y enviando mensajes, etc. Se llama la policía
cibernética.
Hay una serie de sistemas por donde ellos se conectan al chat. Pronuncian, si estás
hablando en lenguaje español, las típicas frases catalanas, gallegas, etc., que es de
donde más viene este material.
Los interesados les responden, les dan una dirección electrónica, porque son estas
las que funcionan con una clave conocida por el grupúsculo interesado, que está
conectado a un servidor, a donde entran los mensajes, y allí los detectan.
Entran, por ejemplo, a las postales, presentaciones o videos que han almacenado
otros usuarios en ese chat. Detectan páginas porno, etc., y están en condiciones de
evitar que cualquier niño o niña mexicano sean contactados para fines criminales.
En Bolivia estamos en pañales pero tenemos más cafés de Internet que farmacias.
Tenemos niños jugando en la red en una situación de vulnerabilidad y sin que sus
padres ni parientes cercanos se preocupen.
Actualmente podemos ver en forma gratuita el perfil de la anatomía femenina en
una dirección electrónica y nadie dice nada.
Esto demuestra que hay debilidad institucional y falta de previsión; es una tierra
de nadie que debemos subsanar a la brevedad posible”.
Sobre el particular, la ex defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero
piensa que no hay que esperar a que se legisle específicamente sobre la materia,
porque está vigente el Código Niño, Niña y Adolescentes.
“Inclusive tenemos una Fiscal de la Familia que puede y debe intervenir. El mal
uso del Internet tiene que ser castigado, lo terrible es que no sabemos de dónde
viene el material pornográfico, pero debemos actuar en defensa de la familia y de
la sociedad”, enfatiza.
8.2.1. Internet y la globalización de la explotación sexual
Pero son cada vez más las voces que en el mundo se están levantando contra el uso
delictivo del Internet.
Precisamente, Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island,
Estados Unidos, demostró en el Simposio Internacional sobre Prostitución y
Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el
2000, que el Internet, además del singular aporte para la humanidad, se ha
convertido en un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual.
“Internet, y otros tipos de telecomunicaciones, como por ejemplo, la transmisión
por satélite, proporcionan a la industria del sexo nuevas formas de comercializar,
explotar y utilizar a mujeres y niñas como objetos sexuales al servicio de
compradores masculinos. Las imágenes de la explotación sexual de la mujer se
pueden transmitir desde cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo
imágenes sexuales que incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de
los servidores, las imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad
del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet”, explica.
Hughes subraya que la industria del sexo siempre ha sido muy rentable. “De forma
global, recauda 56.000 millones de dólares al año. En 1996 los americanos gastaron
más de 9.000 millones de dólares en videos porno, espectáculos de sexo directo,
programas eróticos de cable, revistas pornográficas y pornografía por ordenador.
Esto supera los ingresos de otras industrias como el cine o el teatro. Las Naciones
Unidas estiman que más de un millón de mujeres y jóvenes son traficadas para la
industria sexual todos los años”.
La estudiosa norteamericana sostuvo que Internet, como medio de comunicación,
existiría sin la industria del sexo, pero el negocio de Internet no crecería y no se
ampliaría tanto sin la industria del sexo. “La industria de Internet depende de la
industria del sexo para su desarrollo y para obtener ingresos”, indicó Hughes tras
subrayar que “(…) Estados Unidos cuenta con una industria floreciente del sexo,
que crece al amparo de la libertad de expresión. Podríamos prácticamente interpretar
que las prostitución está legalizada a través de Internet”.
Entonces, frente a la falsa disyuntiva de subsanar vacíos legales sin que se atente
contra la libertad de expresión, cuyas banderas serán izadas por los nuevos
mercaderes de la industria del sexo, es perentorio emprender una cruzada de valores
-tanto en Bolivia como en otros países vecinos - orientada a educar a la sociedad en
su conjunto en la defensa inalienable de los derechos de todos sus miembros sin
ninguna distinción, y el ineludible cumplimiento de sus deberes y compromisos.
8.2.2. Criterios para una legislación:
Municipios fiscalizarán cafés de Internet
La Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Elizabeth Patiño, califica
“como un avance sustancial en la lucha contra el trafico de menores y pornografía
infantil por Internet” la inclusión de drásticas sanciones en la futura Ley contra el
Tráfico de niñas, niños y adolescentes a quienes producen, distribuyan y consuman
materiales ese tipo de materiales que además están reñidos con la moral.
“Estamos incluyéndole en la ley el tema Internet, aunque no en la amplitud que
desearíamos pues todavía debemos trabajar mucho más”, señala tras puntualizar que
dicha norma se halla en la etapa final de su redacción para, ulteriormente, ser elevada a
consideración del Parlamento y dar paso a su promulgación”.
Patiño dice: “Es tan responsable el que está utilizando a niños para la producción de
materiales pornográficos, como aquel que lo distribuye y el que lo consume”.
“Esa es nuestra posición no por capricho, además si no visualizamos de esta manera la
temática seremos cómplices de lo que se supone es esta tolerancia frente a este tipo de
conductas delictivas”, subraya.
Alude al trasfondo económico detrás de esos actos delictivos. “Hay oferta, porque hay
demanda. Entonces, esto resulta ser un negocio multimillonario para aquellos que están
produciendo y distribuyendo ese tipo de materiales, porque la demanda es masiva”.
La ley penaliza a los responsables directos, dice.
También anuncia que las cabinas públicas, los cíber - cafés u otro tipo de negocios
donde se puede acceder a Internet serán fiscalizados estrictamente por los municipios.
“Ellos, como organismos descentralizados, tendrán la responsabilidad de que ningún
niño pueda ser expuesto a cabinas privadas de esos locales, porque lo que se expone ahí
es pornografía y dentro de esa pornografía está la infantil”.
8. Papel de los Medios de Comunicación
Parecería una ironía mas no es así. Hoy la trata de personas mujeres, adolescentes y
niños/niñas tiene nuevas palancas de promoción: la publicación de avisos publicitarios
cada vez más numerosos en los medios de comunicación escritos y por tanto, al alcance
de cualquier miembro de una familia que compre un diario; y el Internet.
Lo condenable de esta práctica es que sus promotores se escudan en las libertades de
expresión y prensa para lucrar con la dignidad de los involucrados.
¿Quién garantiza si la persona que paga la tarifa de publicación de un aviso ofreciendo
este tipo de servicio no es un proxeneta o no forma parte de una red de traficantes?,
¿cuántas de estas jovencitas, muchas de ellas de 18 años, según los mismos avisos,
fueron iniciadas con engaños o en contra de su voluntad?
Cabría preguntar, entonces, si la dignidad humana de estas mujeres es inferior al resto
de miembros de una sociedad, si la publicación de esos avisos publicitarios no coloca a
dichos medios en un eslabón más en la red de quienes se enriquecen promoviendo esta
práctica criminal en detrimento de los derechos de las personas indefensas.
El problema radica en que las empresas periodísticas que difunden esos avisos
comerciales están legalmente constituidas, las cuales, aprovechando algunos vacíos en
la legislación vigente, incursionan en prácticas mercantilistas.
Según algunos la salida sería subsanar el vacío legal que utilizan las empresas
periodísticas para difundir ese tipo de publicidad; otros piensan que cualquier
modificación a la legislación vigente sería un recorte del derecho a la información, pese
a que esa posición avala tácitamente una conducta mercantilista de dichos medios.
Y aunque está considerada como unas de las tecnologías de la información, el Internet
constituye un universo de contenido inexplorado.
Nadie duda de que además del singular aporte para la humanidad, se ha convertido en
un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual, como lo afirmara
Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island, Estados Unidos, en el
Simposio Internacional sobre Prostitución y Tráfico de Mujeres con Fines de
Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el 2000.
¿Es una exageración? No, porque aprovechando del satélite, proporcionan a la industria
del sexo nuevas formas de comercializar, explotar y utilizar a mujeres y niñas como
objetos sexuales al servicio de compradores masculinos.
Hoy las imágenes de la explotación sexual de la mujer se pueden transmitir desde
cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo imágenes sexuales que
incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de los servidores, las
imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad del mundo, a
cualquier persona que tenga conexión a Internet, explica Hughes.
Entonces, una estrategia de lucha contra la trata de personas mujeres, adolescentes,
niños/niñas pasa necesariamente por revisar el rol de los medios de comunicación. No
se trata de poner límites a la libertad de expresión ni a la libertad de empresa, sino de
recuperar el respeto a la sociedad que algunos medios –considerados serios- quieren
ignorar en nombre de un mercantilismo salvaje, reconciliándonos con valores que, a
veces, pareciera haberse perdido.
8.1. La prensa
Pese a su larga data en el mundo, desde los años en que Juan Gutenberg, inventara la
imprenta, la prensa juega un rol gravitante en la opinión pública. Pocas, muy pocas son
las familias que diariamente no se enteran del acontecer local, regional, nacional y
mundial a través del diario de su preferencia.
No sería exagerado afirmar que el diario que preferimos por su seriedad, por su
imparcialidad, por su objetividad o por el mensaje publicitario de lanzamiento que nos
cautivó, forma parte de nuestra cotidianidad. El diario se ha hecho un lugar en el hogar,
al menos en miles de familias, tanto modestas como adineradas.
Si el periódico ocupa un lugar tan importante en la vida de una familia debe reunir
necesariamente ciertas características que lo hagan merecedor de la confianza en tanto
nos informa con independencia, nos educa con la profundidad de su contenido, nos
orienta mostrándonos las opciones más serias, y nos entretiene.
Esas características de un periódico lo hace un producto bastante peculiar porque es tal
en cuanto lo edita una empresa periodística y compite con otros similares en un mercado
cada vez más exigente donde, al mismo tiempo, existen otros medios de comunicación
masiva como la radio y la televisión.
Y pese a que la competencia de estos últimos medios ha sido muy dura con la prensa
escrita especialmente en el último medio siglo, el periódico sigue siendo un referente
necesario para el análisis, la reflexión y la toma de posición frente a determinados
hechos que nos incumben como ciudadanos de una localidad, de una región, de un país
o como un observador de los acontecimientos mundiales.
Si el periódico de su preferencia cumple un rol tan importante en la vida de una
sociedad debe reunir obviamente ciertos requisitos que lo hagan merecedor de nuestra
confianza, de que ingrese al hogar, a la oficina o al despacho.
No olvidemos de que un periódico es compartido por todos los miembros de una
familia, del pequeño al adulto; todos verán las secciones que más les interesa por
diversas razones. En consecuencia, un jefe de casa no puede mutilar el diario para que
algunas páginas no puedan ser leídas también por el niño o el adolescente.
Si estos requisitos no son respectados escrupulosamente por el periódico que todos los
días ingresa al domicilio de cualquier lector, previo pago, entonces no es un producto
serio. Y si no es tal, no tendríamos por qué comprarlo.
El mercantilismo no es consustancial con una empresa periodística que por el mismo
sector en el que se desenvuelve, debe exigir más a la creatividad de sus profesionales
(redactores, fotógrafos, infografistas, diseñadores, etc.,) para hacer un producto de
calidad sin recurrir al facilismo del desnudo que linda con la promoción de la
prostitución ni al sensacionalismo, menos la difusión de hechos no comprobados.
No estaría demás recordar los artículos pertinentes de dos normas internacionales que
nos parecen apropiadas para, a la luz de lo expresado, analizarlas con serenidad.
Son:
La Declaración de Chapultepec
Artículo 9.
La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de
la precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes
periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores
éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de
periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a. El respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio normal, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier
otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
8.1.1. ¿La Razón hace proxenetismo?
“¿Es eso proxenetismo o no?” se pregunta la ex Defensora del Pueblo, doctora Ana
María Romero de Campero cuando se le pregunta su opinión sobre la sección llamada
Intimidades que publica diariamente el diario La Razón, uno de los principales
matutinos que circula en la ciudad de La Paz.
Considera burdo ese tipo de publicaciones fundamentalmente por los precios, las ofertas
y los textos que aparecen complementando las fotografías de mujeres semidesnudas que
ofrecen sus servicios.
“Lo encuentro denigrante. Una cosa es que una mujer por necesidad tenga que dedicarse
a esa actividad, y otra, aquella que es llevada, porque se trata de un negocio donde
lucran varios: los famosos cafichos, los prostíbulos, y los anunciantes que ofrecen estos
servicios; asimismo, las ofertas las considero sencillamente espantosas”, remarca.
Periodista de larga trayectoria, la doctora Campero puntualiza: “Me animaría a decir
que los avisos publicados por ese diario bordea el proxenetismo, porque qué es el
proxeneta: Una persona que vive de la prostitución. Y en este caso tenemos todos los
días una o dos páginas absolutamente grotescas; además”.
Luego cuestiona la manera como se le presenta a una mujer. “No diremos como objeto
sexual o carnal, sino como un objeto de explotación, sin ningún reparo ético”.
Ana María romero de Campero tuvo un breve paso, a mediados de la década pasada, por
el Consejo Directivo del diario La Razón, precisamente cuando empezaba ese tipo de
publicaciones. “En la primera reunión hice la advertencia; me respondieron que no era
un diario de curas, y les indiqué lo mismo que le estoy diciendo: no se trata de eso, sino
que es de muy mal gusto porque un diario se lee en la familia”.
Reitera su posición afirmando que ese tipo de publicaciones no es bueno para la
educación ni para la sana relación de las mujeres y los hombres. Seguidamente
rememora: “Como respuesta y medio en broma me dijeron: sí, pero rinde”.
“Como evidentemente rinde, he sido muy crítica desde entonces”, puntualiza.
Lamentablemente, anota, eso ha continuado. “Sé que en otros países existe este tipo de
publicidad como avisos económicos o clasificados, pero en ningún lugar he observado
páginas de tan bajo nivel”, anota.
En Bolivia La Razón está considerado como un diario serio.
A juicio de la doctora Ana María de Campero la Fiscalía debería actuar. “La fiscalía
debería hacer un llamado, convocar a los dueños del periódico y decirles que le quiere
hacer notar -por si no lo supieran- que estarían incurriendo en un delito”.
Asimismo, indica que la ley penaliza el proxenetismo y las publicaciones del diario La
Razón “puede considerarse fácilmente como proxenetismo”.
Califica de lamentable la promoción de una actividad que, aunque sea la más vieja de la
historia, en los últimos años se le han ido considerando como un fenómeno de
naturaleza social, “porque muchas mujeres lo hacen por pura necesidad, porque no
tienen otra manera de sostener a sus familias”.
“Inclusive la familia, no creo que los hijos, pero por lo menos la pareja sabe de qué se
trata”, agrega finalmente.
Al respecto, es frecuente leer en ese tipo de avisos con textos mal redactados y con
fotografías de las damas, donde aparecen en tipos destacados los precios del servicio,
los números telefónicos, la dirección del establecimiento o una bebida alcohólica de
obsequio. Todos estos avisos, generalmente de tres centímetros por tres centímetros,
tienen un contenido de oferta, de promoción.
Así, en la edición del pasado jueves 9 de septiembre, La Razón publica estos avisos:
“Estamos en el Prado. Venga y conozca al nuevo Deside You”; “100 Bs. Un drink de
cortesía + tu botella de regalo/Servicio completo”; “Gran inauguración / Calor de Mujer
/Ahora 1 cerveza de cortesía”; “Lluvia de amor / Ojo: 2 señoritas Bs. 100”; “Hermosa
Colombiana / Exclusivamente para ejecutivos de clase: Colombiana hermosa para ti.
Foto 100 por 100 real”; entre otros.
De lunes a jueves La Razón dedica una página a este tipo de visos; los viernes y
sábados hasta dos páginas; y los domingos tres cuartos de página.
Nos hemos referido a este diario porque está considerado como serio y que crea
corrientes de opinión; que tiene un precio decoroso aunque no accesible a los sectores
de menos ingresos; en cambio no mencionamos deliberadamente a otros diarios cuyos
mensajes tienen una clara intencionalidad reflejada inclusive en su bajo precio.
Sin precisar algún medio en particular, el trabajo titulado “Explotación Sexual de Niñas,
Niños y Adolescentes en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra”, alude
al “afán de protagonismo de los medios de comunicación” que no permite un manejo
responsable de este tipo de información; situación, dice, “que estigmatiza aún más a las
niñas y adolescentes por la falta de respeto a su privacidad”.
“Algunos medios de prensa escrita publicitan ofertando jovencitas con diversos tipos
de anuncios sin que exista ningún seguimiento y control de la verdadera actividad que
realizan”, advierte el mencionado texto cuyos autores son Guillermo Dávalos, Rosmery
Eguez Vidal y Patricia Vargas.
8.1.2. La legislación: alto a promotores de comercio sexual
Un duro cuestionamiento a los medios de comunicación social por promover, a través
de anuncios publicitarios la venta del servicio sexual, que en el fondo involucra a niñas,
niños y adolescentes, hizo la Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad,
Elizabet Patiño al anunciar que la ley contra la trata establecerá drásticas sanciones.
Lamenta que “el tema de utilizar a menores como objetos sexuales, como cosas” sea
reforzado no solo por un diario citadino, sino también por otros de circulación
nacional, departamento y local “que han entrado, como una cuestión cotidiana, ofrecer
ese tipo de “servicio”, que “en el fondo es de niños, niñas y adolescentes”.
Patiño asegura que esa práctica criminal se ha comprobado y que las organizaciones
criminales utilizan medios de tecnología sofisticada.
Aclara que la ley contra la trata sancionará a quienes induzca y promuevan ese tipo de
delitos serán penalizados.
Respecto a las críticas de que estábamos mellando la libertad de expresión, dijo, hemos
dejado sentada nuestra posición de que “el interés superior de niños, niñas y
adolescentes prevalece absolutamente sobre cualquier otro derecho”.
“Eso lo dice la Convención de La Haya y como Bolivia la ha firmado y ratificado no
podemos zafarnos de este compromiso; o sea, no es un capricho de dos o tres personas,
sino el acuerdo entre varios estados que han manifestado esa voluntad velando
precisamente por la seguridad de nuestros menores”, enfatiza la funcionaria.
8.2. Consumo del Internet – Testimonio
Si los gobiernos no asumen a la mayor brevedad una actitud firme respecto a legislar el
consumo del Internet, paralelamente a una campaña de orientación a su población,
encarar el problema de la trata se tornará más complejo y difícil con la masificación del
uso de esta tecnología de la información, al punto de considerársele ya como un medio
de promoción.
Para darse cuenta de lo peligrosísimo del mal uso del Internet, la Policía Mexicana
dio a conocer recientemente que existen entre cuatro millones 500 mil y cinco
millones de páginas Web sobre pornografía con bebes, que no cumplen ni siquiera
un año, y por ello pide la colaboración de la sociedad para combatir este flagelo
librando a esas criaturas de ser utilizadas para esos fines siniestros.
Testimonio
El siguiente es el testimonio de un padre de familia boliviano, quien alerta sobre los
peligros del ciberespacio para el fenómeno de la trata, y da un punto de vista
interesante respecto a cómo enfrentar el uso perverso del Internet:
“En la zona sur de la ciudad de La Paz, en San Miguel, hace tres años, cuando el
Internet no era común en las casas –aunque todavía no lo es porque la brecha digital
es altísima- entré a una cabina en el supermercado Ketal.
La administradora del establecimiento me contó lo siguiente: Dos o tres veces por
semana viene acá un ciudadano francés para enviar fotos de niños desnudos, pero
no muestra los genitales, sino la espalda y el tórax en posiciones especiales. Los
niños están agachaditos, agarrándose los tobillos.
Dije: voy a indagar de qué se trata. Consulté con algunos médicos, quienes me
explicaron que era un diagnóstico en tiempo real sobre la situación de salud del
niño, brindaba información importante, como la ubicación exacta de los riñones,
del vaso, porque esta postura facilitaba ese tipo de observación.
Imaginémonos si podríamos canalizar ese poder de denuncia de la gente a las
autoridades precautelando su identidad. Simplemente, tendríamos miles de ojos
viendo en todas partes. Imaginémonos si tuviéramos la capacidad de reunirnos
como una comunidad para proyectar medidas de prevención, promoción y atención
a estos casos. ¡Otra sería la situación…!
Para mí esta es la triada básica: prevenir, promover y atender. Al mismo tiempo
tenemos que generar una nueva estructura gubernamental que no se mueva al
ritmo de Estados Unidos; eso es muy difícil, pero que tenga capacidad de actuar.
Por ejemplo, México ya cuenta con una policía cibernética. Desde una sala con
miles de computadoras vela que, por Internet, no haya tráfico de niños, que no haya
prostitución infantil; andan pillando y enviando mensajes, etc. Se llama la policía
cibernética.
Hay una serie de sistemas por donde ellos se conectan al chat. Pronuncian, si estás
hablando en lenguaje español, las típicas frases catalanas, gallegas, etc., que es de
donde más viene este material.
Los interesados les responden, les dan una dirección electrónica, porque son estas
las que funcionan con una clave conocida por el grupúsculo interesado, que está
conectado a un servidor, a donde entran los mensajes, y allí los detectan.
Entran, por ejemplo, a las postales, presentaciones o videos que han almacenado
otros usuarios en ese chat. Detectan páginas porno, etc., y están en condiciones de
evitar que cualquier niño o niña mexicano sean contactados para fines criminales.
En Bolivia estamos en pañales pero tenemos más cafés de Internet que farmacias.
Tenemos niños jugando en la red en una situación de vulnerabilidad y sin que sus
padres ni parientes cercanos se preocupen.
Actualmente podemos ver en forma gratuita el perfil de la anatomía femenina en
una dirección electrónica y nadie dice nada.
Esto demuestra que hay debilidad institucional y falta de previsión; es una tierra
de nadie que debemos subsanar a la brevedad posible”.
Sobre el particular, la ex defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero
piensa que no hay que esperar a que se legisle específicamente sobre la materia,
porque está vigente el Código Niño, Niña y Adolescentes.
“Inclusive tenemos una Fiscal de la Familia que puede y debe intervenir. El mal
uso del Internet tiene que ser castigado, lo terrible es que no sabemos de dónde
viene el material pornográfico, pero debemos actuar en defensa de la familia y de
la sociedad”, enfatiza.
8.2.1. Internet y la globalización de la explotación sexual
Pero son cada vez más las voces que en el mundo se están levantando contra el uso
delictivo del Internet.
Precisamente, Donna Hughes, catedrática de la Universidad de Rhode Island,
Estados Unidos, demostró en el Simposio Internacional sobre Prostitución y
Tráfico de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realizado en Madrid, en el
2000, que el Internet, además del singular aporte para la humanidad, se ha
convertido en un pilar fundamental en la globalización de la explotación sexual.
“Internet, y otros tipos de telecomunicaciones, como por ejemplo, la transmisión
por satélite, proporcionan a la industria del sexo nuevas formas de comercializar,
explotar y utilizar a mujeres y niñas como objetos sexuales al servicio de
compradores masculinos. Las imágenes de la explotación sexual de la mujer se
pueden transmitir desde cualquier punto a cualquier lugar del mundo, difundiendo
imágenes sexuales que incluyen actos de violencia contra las mujeres. Y a través de
los servidores, las imágenes pueden ser transmitidas bajo petición a cualquier ciudad
del mundo, a cualquier persona que tenga conexión a Internet”, explica.
Hughes subraya que la industria del sexo siempre ha sido muy rentable. “De forma
global, recauda 56.000 millones de dólares al año. En 1996 los americanos gastaron
más de 9.000 millones de dólares en videos porno, espectáculos de sexo directo,
programas eróticos de cable, revistas pornográficas y pornografía por ordenador.
Esto supera los ingresos de otras industrias como el cine o el teatro. Las Naciones
Unidas estiman que más de un millón de mujeres y jóvenes son traficadas para la
industria sexual todos los años”.
La estudiosa norteamericana sostuvo que Internet, como medio de comunicación,
existiría sin la industria del sexo, pero el negocio de Internet no crecería y no se
ampliaría tanto sin la industria del sexo. “La industria de Internet depende de la
industria del sexo para su desarrollo y para obtener ingresos”, indicó Hughes tras
subrayar que “(…) Estados Unidos cuenta con una industria floreciente del sexo,
que crece al amparo de la libertad de expresión. Podríamos prácticamente interpretar
que las prostitución está legalizada a través de Internet”.
Entonces, frente a la falsa disyuntiva de subsanar vacíos legales sin que se atente
contra la libertad de expresión, cuyas banderas serán izadas por los nuevos
mercaderes de la industria del sexo, es perentorio emprender una cruzada de valores
-tanto en Bolivia como en otros países vecinos - orientada a educar a la sociedad en
su conjunto en la defensa inalienable de los derechos de todos sus miembros sin
ninguna distinción, y el ineludible cumplimiento de sus deberes y compromisos.
8.2.2. Criterios para una legislación:
Municipios fiscalizarán cafés de Internet
La Viceministra de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, Elizabeth Patiño, califica
“como un avance sustancial en la lucha contra el trafico de menores y pornografía
infantil por Internet” la inclusión de drásticas sanciones en la futura Ley contra el
Tráfico de niñas, niños y adolescentes a quienes producen, distribuyan y consuman
materiales ese tipo de materiales que además están reñidos con la moral.
“Estamos incluyéndole en la ley el tema Internet, aunque no en la amplitud que
desearíamos pues todavía debemos trabajar mucho más”, señala tras puntualizar que
dicha norma se halla en la etapa final de su redacción para, ulteriormente, ser elevada a
consideración del Parlamento y dar paso a su promulgación”.
Patiño dice: “Es tan responsable el que está utilizando a niños para la producción de
materiales pornográficos, como aquel que lo distribuye y el que lo consume”.
“Esa es nuestra posición no por capricho, además si no visualizamos de esta manera la
temática seremos cómplices de lo que se supone es esta tolerancia frente a este tipo de
conductas delictivas”, subraya.
Alude al trasfondo económico detrás de esos actos delictivos. “Hay oferta, porque hay
demanda. Entonces, esto resulta ser un negocio multimillonario para aquellos que están
produciendo y distribuyendo ese tipo de materiales, porque la demanda es masiva”.
La ley penaliza a los responsables directos, dice.
También anuncia que las cabinas públicas, los cíber - cafés u otro tipo de negocios
donde se puede acceder a Internet serán fiscalizados estrictamente por los municipios.
“Ellos, como organismos descentralizados, tendrán la responsabilidad de que ningún
niño pueda ser expuesto a cabinas privadas de esos locales, porque lo que se expone ahí
es pornografía y dentro de esa pornografía está la infantil”.
9. O.I.M. en acción
El Gobierno de la República de Bolivia ha firmado un proyecto con la Organización
Internacional para las Migraciones (O.I.M.) a fin de informatizar los servicios de
control migratorio en sus fronteras, afirma el director interino de la Dirección Nacional
de Migraciones, Rodolfo Téllez Flores.
Explica que en la actualidad, la Dirección Nacional de Migraciones viene trabajando
aceleradamente en la recopilación de datos en el marco de un diagnóstico general del
funcionamiento de todas sus dependencias.
Vaticina que a fines de este año o a comienzos del 2005 podrían estar en condiciones de
sistematizar los controles fronterizos. “Anhelamos una red, que enlace los sistemas
computarizados de las fronteras directamente con una central en La Paz”, enfatiza.
El sistema de control migratorio incluiría los tres aeropuertos principales: El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz, además de otros ocho o 12 puntos fronterizos.
Bolivia tiene miles de kilómetros de fronteras con cinco países: Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Perú, y pese a ello la Dirección de Migración carece de una dependencia
especializada que controle todos los puntos de ingreso al suelo patrio.
Téllez subraya que de esa manera se librará una lucha efectiva contra el problema de la
trata de personas; asimismo, recalca, permitirá realizar un control muy estricto de todas
las personas nacionales o extranjeras (niños, niñas, adolescentes y adultos) que ingresan
y salen diariamente del país.
El funcionario puntualiza que esa red permitirá mejorar totalmente los sistemas de
control migratorio y cubrir nuestras fronteras.
Por la falta de un servicio informatizado y su conexión con las fronteras dificultan, por
ejemplo, poder determinar los ingresos y salidas, arraigos y expulsiones de personas.
Explica si, por ejemplo, la dependencia pública a su cargo expulsaría hoy a un
ciudadano o ciudadana por cualquier de sus puntos fronterizos, esa información
aparecerá en el lugar por el cual se cumplió dicha orden, pero no estará en las otras
fronteras. Entonces, el expulsado podría reingresar a Bolivia por otro punto fronterizo.
CONCLUSIONES
1. Está comprobado que hay trata de niños, niñas y adolescentes en la República de
Bolivia; tanto interna como internacional. Está comprobado, al menos por los casos
específicos recientes, que también existe adopciones con fines de lucro (uno fue
denunciado a comienzos de agosto pasado desde España) y para trabajo forzoso
(como los cuatro niños secuestrados en el departamento de Sucre que fueron llevados
a campos de cultivo ubicados en el norte de Argentina.
2. No existen cifras que brinden una idea de cuál es la magnitud del fenómeno de la
trata, ni siquiera la Policía Nacional dispone de ellas. “Se hace notar que a la fecha
(4 de octubre del 2004) no se cuenta con información acerca de la trata de personas
mujeres, adolescentes, niñas y niños con fines de explotación sexual y/o trabajo
forzoso”, dice un párrafo de la carta de respuesta del Comandante General a.i. de la
Policía Nacional, Coronel DAEN. David Aramayo Araóz, a una solicitud de
información hecha por la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
3. Fuentes no oficiales altamente confiables dan cuenta de que un promedio de 45 a 50
menores, cuyas edades están comprendidas entre 12 a 16 años, serían tratadas
mensualmente de los departamentos del Beni, Cochabamba, Pando y Santa Cruz a la
ciudad de La Paz con fines de explotación sexual comercial. La cifra varía; hay
meses en que podría ser ligeramente inferior o superior.
4. Las menores son inducidas a viajar, previa anuencia de familiares cercanos, con la
promesa de que trabajarán como empleadas domésticas o acompañantes de ancianas.
Una vez que arriban a La Paz, generalmente de dos en dos y a bordo de ómnibus de
servicio interprovincial, son llevadas a prostíbulos. Todas ellas ingresan a esta
actividad ilícita endeudadas porque sus seres queridos recibieron dinero de los
reclutadores, así como por los gastos de viaje, ropa, alimentación, etc.
5. Los reclutadores que viajan durante todo el año a los diferentes poblados de los
departamentos del Beni, Cochabamba, Pando y Santa Cruz buscan, generalmente, a
las chicas más pobres, de hogares separados y huérfanas.
6. En La Paz operan dos redes (una tercera en proceso de investigación) que manejan el
comercio sexual con prostíbulos en esta ciudad, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.
La confirmación dada por la Dirección de la Guardia Municipal de La Paz, tras
pacientes investigaciones, fue ratificada en cuanto a la identidad de las cabezas de
dichas redes por adolescentes tratadas que escaparon de los lenocinios.
7. Las dos redes criminales rotan periódicamente a las menores que explotan en sus
locales por establecimientos similares ubicados en otras ciudades del país, para evitar
que los familiares indaguen sobre su paradero y a qué actividad se dedican. También,
han iniciado hace poco tiempo “servicios exclusivos con menores de edad” o damas
extranjeras para clientes especiales en departamentos y en casas particulares de La
Paz. La característica de esta modalidad es que se mudan con frecuencia de esos
predios a fin de no ser detectados; los contactos con los interesados se realizan a
través de teléfonos celulares.
8. Decir que la pobreza y la extrema pobreza son factores que alientan la trata de niños,
niñas y adolescentes, parecería lo que algunos denominan “un lugar común”, pero en
el caso de Bolivia es una verdad dolorosa, especialmente en la zona rural y en las
diferentes localidades de departamentos alejados como el Beni. Aquí, por ejemplo, es
frecuente, según varios testimonios, que las madres de familia “regalen” sus niños a
familiares o a personas conocidas que les inspiren confianza. Lo hacen, simplemente,
porque no están en condiciones de poder mantenerlos.
9. Existen factores de alta vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia al punto que
podría considerarse como un problema estructural: la elevada cantidad de menores de
Cero a 12 años que carecen de documentos de identidad (un total de 438.180, según
el censo del 2001); la elevada tasa de población iletrada; y un tema acuciante: el
destino de más de 730 menores que viven con sus padres que purgan condenas en
diferentes penales de la república.
10. Existe una cantidad no precisada de niños, niñas y adolescentes en situación de
trabajo forzoso en las zafras de la caña de azúcar y de la castaña, y en los cultivo de
coca en el Chapare. Cifras no confirmadas estiman en 40 mil los hijos primogénitos
de las familias de la región cocalera, a quienes se les niega el derecho a la educación
porque, según la tradición, ellos están obligados a acompañar a los padres en el
trabajo cotidiano, para dejar abierta la posibilidad –si hay medios- de que vayan al
colegio sus hermanos menores.
11. Pese a que todavía miles de familias guaraníes de la región del Chaco siguen
viviendo en condición de servidumbre y esclavitud, no se puede soslayar los
cambios que han ocurrido a partir del año 2000 en que se llevó a un hacendado a la
justicia acusado de varios delitos por lo que recibió sentencia. Fue el primer caso en
que condenaron a uno de esos patrones considerados a través de décadas como
“dueños de las tierras y de las vidas” de quienes trabajan para él; incluyendo los
niños, niñas y adolescentes.
12. Es indispensable que el Estado tenga una mayor presencia en la región del Oriente
pues su ausencia facilita la comisión de una serie de abusos, especialmente de en
contra de los más pobres e iletrados. Al mismo tiempo, ejecutar las obras previstas
para integrar esa basta zona al resto del país.
13. Frente a la trata de menores y adolescentes con fines de explotación sexual
comercial urge que la Dirección de Migración replantee sus mecanismos de control,
porque son personas que entran y salen, día y noche, por los distintos aeropuertos
bajo su administración, y en vuelos comerciales; y por las garitas terrestres.
De otro lado, es poco decoroso, por decir lo menos, que en las afueras de las
oficinas de Migraciones, como en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los
traficantes estén monitoreando las gestiones que realizan en el interior de dicha
dependencia pública, las jóvenes a las que trafican a otros países.
14. El mal hábito de maltratar a los niños debe erradicarse totalmente, tanto de los
hogares como de los colegios. Este tipo de comportamiento que se arrastra a través
del tiempo y en algunos casos hasta se justifica, es negativo para el desarrollo del
menor, inclusive la frecuencia y la dureza de esos castigos es uno de los factores que
los impulsa a dejar el hogar exponiéndose a una serie de peligros en la vía pública.
Cambiar esta costumbre demandará una tarea inmensa en la que también debe estar
involucrada la sociedad en su conjunto.
15. El país espera la próxima promulgación de la Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas
y Adolescentes porque permitirá castigar drásticamente a quienes se dedican a esta
actividad criminal. Paralelamente debe realizarse el máximo esfuerzo para difundir
su contenido y alcances, una vez promulgada, ya sea a través de los medios de
comunicación, especialmente la radio por su mayor cobertura y fácil acceso, o de
cursos, talleres y seminarios, donde participen las autoridades judiciales, los padres
y madres de familia, los profesores, la iglesia, entre otros.
16. Bolivia necesita, igualmente, contar a la mayor brevedad con un conjunto de
normas, tal vez de menor jerarquía pero importantes en cuanto constituyen
eslabones en la lucha contra la trata, tales como los decretos supremos para adecuar
el Código del Niño, Niña y Adolescente a la Convención de la Haya; y el del
trabajo forzoso que incluiría el trabajo infantil.
Asimismo, leyes importantes como la del Registro Civil y de Migración.
En este marco, debe destacarse el diseño de la Política de Ocupación Territorial
en respuesta al éxodo de miles de familia del Occidente al Oriente. Una tarea
indispensable que demandará tiempo su aplicación, pero trascendente para el futuro
de la república; y las estrategias destinadas a la promoción y protección de los
derechos humanos, incluyendo a los migrantes.
17. Demandar del Poder Judicial el máximo de rigurosidad en la aplicación de esta ley,
así como transparencia, rectitud y rapidez de todos sus miembros, porque de por
medio están los niños y adolescentes, quienes por su corta edad y desconocimiento
de sus derechos constituyen los sectores de la población más vulnerables y
expuestos a una serie de abusos y vejámenes.
18. Emplazar a los medios de comunicación en el marco del respeto irrestricto a la
libertad de expresión, como lo garantiza la Constitución, a redefinir su rol en
asuntos sensibles para la sana convivencia. El ejercicio de un derecho tiene un
límite: termina allí donde empieza el derecho de los demás. Así, un medio de
comunicación debe velar por la moral y las buenas costumbres de una sociedad; y
por ende, no puede hacer, como lo hace un matutino serio, apología a la
prostitución y presentándola subliminalmente como forma de vida o de trabajo. Lo
expuesto nos coloca en este escenario: o los medios de comunicación se
autorregulan o el Estado legisla llenando los vacíos existentes en la ley.
19. Internet, uno de los avances más importantes de la última década del siglo pasado,
debe merecer atención especial para evitar que se convierta, como lo está haciendo,
en un medio de promoción de actividades delictivas, como la pornografía infantil y
la promoción de la prostitución.
20. La administración pública debe realizar el máximo esfuerzo por adecentar el
cumplimiento de sus funciones para la buena marcha del país y recuperar la
confianza de la ciudadanía. Especialmente, instituciones como la Policía Nacional,
Migraciones, Identificación Nacional, Prefectura, Ministerio Público, Ministerio de
Salud, Poder Judicial, entre otras.
RECOMENDACIONES
A.- Área legislativa y judicial
Solicitar al Congreso Nacional que considere en su agenda la aprobación del Proyecto
de Ley contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo texto sustitutivo
consensuado en la Comisión Mixta formada por la Comisión de Trabajo, Asuntos de
Género y Generacionales del Senado y la Comisión Política de la Cámara de Diputados
le fue remitido el martes 12 de Octubre del 2004.
El texto sustitutivo recoge las observaciones efectuadas por el Presidente de la
República, doctor Carlos Mesa, a una ley anterior sancionada en aplicación del artículo
77 de la Constitución Política del Estado por el Congreso a fines de abril pasado. El
Poder Ejecutivo la observó, devolviéndola al Poder Legislativo “con algunas
observaciones” las cuales figuran en el nuevo documento.
Tras varias reuniones de trabajo la Comisión Mixta elaboró una versión final, y ahora en
carta dirigida al Presidente del Congreso Nacional, doctor Hormando Vaca Diez y al
Presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, solicita la convocatoria al
Congreso para ver dicho proyecto de ley, que incorpora su texto al Código Penal.
En el aspecto judicial es indispensable lo siguiente: 1) exigir la aplicación justa de la ley
sin distingos de ninguna índole y en un plazo prudencial; 2) demandar a los jueces
investigaciones exhaustivas de los casos que deben resolver; 3) desterrar conductas
delictivas como la pérdida de expedientes total o parcialmente; 4) poner en marcha un
sistema de control interno donde los interesados puedan denunciar pedidos de dinero de
empleados del Poder Judicial para demorar algunos casos o torcer el criterio de los
jueces; 5) exigir probidad de todos los actores de la administración de justicia, etc.
B.- Área operativa
1. Nuevo sistema de control
La lucha contra la trata de menores de edad para fines de explotación sexual comercial
conlleva, necesariamente, la implementación de un nuevo Sistema de Control de los
establecimientos dedicados a esa actividad ilícita y posibles lugares de cooptación,
donde estén representados las organizaciones de la sociedad civil.
El control debería realizarse en dos niveles: 1) Interno, dentro de la institución
encargada por ley de ese control, en este caso la Prefectura; y 2) Institucional, con
participación de otros organismos del Estado y de la sociedad civil.
El primer punto conlleva designar a personas de sólida formación profesional, ética y
moral, y que los diferentes niveles de la Prefectura sean capaces de realizar un control
estricto del personal responsable de esa labor.
El control interinstitucional facilitaría que organismos como la Policía Nacional, la
Policía Municipal, las juntas vecinales, los medios de comunicación, entre otros, puedan
ver qué acciones realiza la Prefectura, a fin de evitar actos oscuros en perjuicio de la
sociedad; ésta también debería realizar este tipo de fiscalización.
¿Por qué esta recomendación? Porque hace poco ocho menores rescatadas de dos
prostíbulos, ubicados en la ciudad de La Paz y remitidas al SEDEGES para su cuidado,
sospechosamente se las dejó escapar. Al abrirse el proceso judicial, tuvieron que dejar
libre al principal implicado porque “no había el cuerpo del delito”.
Esa dependencia de la Prefectura está muy desprestigiada entre los profesionales que
trabajan en el tema de la trata.
2. Mayor coordinación interinstitucional
Tras la desactivación, en 1994, del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia
(ONAMFA), una entidad centralizada, empezaron varios cambios y se dieron
importantes leyes, como la que creó las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia en el
ámbito del Gobierno Municipal. Por ello, debe diseñar mecanismos para un trabajo
coordinado con otros entes que tienen responsabilidad en el manejo del tema del menor.
Este planteamiento se explica por lo siguiente: Si un niño es hallado en la calle en
situación de peligro lo llevan a la Defensoría de la Niñez que funciona en el gobierno
local distrital. De allí, dependiendo su situación, podría ser enviado al SEDEGES, que
tiene a su cargo los albergues y depende de la Prefectura.
Y suponiendo que un transeúnte encuentra a un menor abandonado en la vía pública, no
podría conducirlo al SEDEGES, sino que previamente debe llevarlo a la Defensoría de
la Niñez.
Cuando funcionaba la ONAMFA (una instancia importante dentro de la estructura
social) un caso podía ser atendido con prontitud, porque estaba facultado para recibir al
menor y enviarlo al SEDEGES, que estaba bajo su jurisdicción.
No se trata de decir “todo tiempo pasado fue mejor”. Solamente que urge hallar los
mecanismos de coordinación para que esas gestiones se realicen con rapidez, pues los
municipios son autónomos y también las defensorías, y ambos no tienen una relación
directa con un poder central, sino a través del SEDEGES.
Antecedentes: Cuando empezó la descentralización con la ley respectiva, la ley de
Participación Popular y la ley de Municipalidades se dio al gobierno local presencia en
el tema con las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia. Hubo dificultades: cambios
frecuentes de alcaldes, rotación constante del personal y falta de personal calificado en
el interior del país por los bajos sueldos y las condiciones de vida de dichas zonas.
¿Quiénes están al frente de las Defensorías en esos lugares? El asesor legal cuando tiene
tiempo, alguna educadora o guardia de seguridad de la ex ONAMFA; en las urbes las
Defensorías tienen oficinas, pero también el cambio de personal es frecuente.
Por ello, es imperativo frenar el problema de la inestabilidad de las instituciones
encargadas del servicio, dotarlas de recursos económicos y de personal calificado.
Otra cara de esta nueva realidad es la siguiente: la ley ha abierto varios caminos. Por
ejemplo, creó los Sistemas legales Integrales, instancias de la Policía que manejan as
Brigadas de Atención a la Mujer; y algunos Servicios Legales Integrales en los
municipios de La paz y en algunos otros, no en todos.
La existencia de estos organismos causa confusiones: cuando hay un problema de
maltrato, la mujer va al Sistema Legal Integral y el niño a la Defensoría pese a que es un
problema de familia.
Esto revela incongruencia en la legislación, pues bajo el argumento de que las mujeres
necesitan protección por una ley porque la violencia es muy alta, no debió separarse el
concepto madre-niño como vemos ahora.
En síntesis, estas leyes deben interrelacionarse y adecuarse a las estructuras sociales
para que tengan sentido. Y eso es parte de una política de Estado respecto a la familia, a
las mujeres y a los niños.
3. Sistema de Información
Urge poner en marcha -de manera compulsiva si fue el caso- un Sistema de
Información, que brinde los insumos necesarios para conocer la problemática y encarar
los problemas cotidianos, así como información relevante para diseñar políticas de
protección a la niñez y a la adolescencia a nivel local, departamental y nacional.
Rige una ley que obliga a los municipios remitir la información al Viceministerio de la
Niñez, Juventud y Tercera Edad, pero no lo hace con la oportunidad debida por dos
razones: falta de recursos y falta de manejo del tema.
Además, debe llegarse a acuerdos específicos con la Policía Nacional, la Iglesia, las
Universidades, los Medios de Comunicación Masiva, las Asociaciones Civiles y los
Organismos No Gubernamentales, entre otras, que trabajan en este tema, para que
brinden la información que manejen y se pueda tener una gran Base de Datos.
Institucionalizar este tipo de apoyo de esas organizaciones es convertirlas en una suerte
de protectores de niños, niñas y adolescentes.
ONAMFA era un elemento de referencia. Hoy si bien la ley ha mejorado los servicios
bajo la perspectiva de que cada alcaldía se haga responsable de la atención y protección
de los niños de su territorio, lo cual es importante, sepultó el concepto del punto de
referencia y otros aspectos positivos de esa estructura.
4. Capacitación y estabilidad, tareas urgentes
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia se crearon para brindar protección y
defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de
trasgresión. El proceso sigue: a fines de este año se habrán instalado 320 en igual
número de municipios; ahora funcionan en 200 municipios.
Esos organismos, que gozan de autonomía, enfrentan dos problemas: recursos
insuficientes y falta de conciencia sobre el tema. La mayoría de municipios no lo
considera prioritario, por lo que algunos dicen que mientras puedan sacarle la vuelta a la
ley lo harán. Estiman más importante construir caminos o un arco del triunfo a la
entrada de algún pueblito que atender a la niñez y a la adolescencia. Eso se refleja en la
escasa asignación de recursos presupuestarios o en el nombramiento de personas de
acuerdo a la voluntad del alcalde, de funcionarios del gobierno municipal o del partido.
El Viceministerio de la Niñez anuncia que redoblará esfuerzos para formar y capacitar
al personal del gobierno municipal (Defensorías) que protegerá a la niñez y esté
imbuido de la importancia del trabajo, pero sugiere dar cierta estabilidad al personal
entrenado para no destinar nuevos recursos en tareas similares. Una recomendación que
hacemos nuestra.
5. Rigurosidad en registro de indocumentados
Exigir el máximo cuidado en el registro de 438.180 menores de Cero a 12 en todo el
país que, según el censo del 2001, carecen de documento de identidad. En este marco,
sugerimos la realización de ciclos de capacitación a quienes tengan a su cargo esa
delicada tarea, y que entienden que el error de hoy es el problema de mañana.
Si el Estado con ayuda de UNICEF y Plan Internacional Bolivia están realizando con
mucho esfuerzo una campaña gratuita, para poner punto final a la indocumentación de
esas personas (que comprende la inscripción en los Registros Civiles y la entrega de su
Certificado de Nacimiento) que sea hecha con el menor número de errores.
Los que se hallan como indocumentados son 438.180 niños de Cero a 12 años; 84.613
menores de 13 a 18 años; 63.329 jóvenes de 19 a 25 años; 101.411 adultos de 26 a 44
años; 63.095 adultos mayores de 45 a 64 años; y 42.114 mayores de 65 años.
C.- Área de Protección y Asistencia a las Víctimas
Es necesario fortalecer dos experiencias valiosas en este punto. Las que llevan acabo la
Congregación de las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Caridad en cinco ciudades, y la Fundación San Gabriel en Villa Copacabana, en La Paz.
La citada congregación es una de las instituciones más sólidas que brinda protección a
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en prostitución desde hace 78. Al llegar a Bolivia,
en 1926, abrió el primer hogar de internado en Sucre, de allí pasó a La Paz, luego a
Cochabamba y Santa Cruz; y el 2001 llegó a El Alto.
Desde un comienzo y hasta hace menos de cinco años, trabajaron en casas cerradas;
ahora brindan la misma formación técnica pero en talleres abiertos.
La hermana Dina Céspedes, orientadora de las víctimas de la trata en proceso de
reinserción, dice que uno de los proyectos para el 2005 es tener una unidad de asistencia
psicológica, porque las chicas llegan en situaciones penosas física y psicológicamente.
Sus principales características son: inseguridad, inestabilidad, irascibilidad, bajísima
autoestima y sin proyectos personales.
Si liberar y promocionar a la joven marginada en prostitución es la razón de existir de
la Congregación, su mejor carta de presentación es el significativo número de jóvenes
reinsertadas a la sociedad, premunidas de capacitación técnica para que puedan valerse
por sí mismas y abrirse nuevas oportunidades en la vida.
Conjugar capacitación técnica en los talleres de Repostería, Corte y Confección, Tejido
a mano y a máquina, Belleza y Panadería, con atención psicológica es una de las metas
de la congregación para chicas en prostitución de 14 a 22 años.
En Sopocachi tiene un hogar de mamás solteras, al que pueden ingresar las que tienen
un niño, están embarazadas o que quieren dejar el ambiente.
Otra experiencia digna de mención es de la Fundación San Gabriel, que ha puesto en
marcha un proyecto de prevención del maltrato al menor a raíz del elevado número de
casos que atiende el servicio de pediatría del hospital San Gabriel.
Fue la demanda de ese tipo de atención que impulsó a la fundación a trabajar con una
institución danesa para ejecutar el proyecto de prevención del maltrato infantil a fin de
que la población tome conciencia de que existe ese tipo de maltrato y que es muy
negativo para el desarrollo de los menores.
La campaña fue lanzada con tres spot y material impreso, paralelamente capacitan a
maestros y adolescentes de esa jurisdicción, y han implementado un sistema de atención
integral al niño maltratado.
La segunda etapa del proyecto apunta a integrar a las instituciones del Estado que
trabajan en maltrato infantil en una red donde esté SEDEGES, la Defensoría de la
Niñez, Jueces de Menores y otros hospitales con servicios de pediatría.
A mediano plazo tiene previsto difundir la experiencia del hospital San Gabriel, un
modelo validado y construido internamente, en diferentes instituciones de La Paz,
porque el objetito es involucrarlas en la red para trabajar conjuntamente.
D.- Área de fortalecimiento institucional
El gobierno está dando señales de que quiere atacar el complejo problema de la trata
incluyendo algunos de los factores que colocan a importantes sectores de la población
en una situación de vulnerabilidad. Esas señales se reflejan en la preparación de varias
normas legales y la ejecución de importantes obras.
Esperemos que tanto dichas normas como las obras sean una realidad en un tiempo
relativamente breve.
Entre las normas legales en etapa de redacción figuran:
-Proyecto de D.S. para adecuar el Código Niño, Niña y Adolescente a la
Convención de la Haya.
Campaña: Familiar boliviana, adopta un menor boliviano
Lo novedoso de este instrumento jurídico que busca adecuar el capítulo referido a las
adopciones tanto nacionales como internacionales del Código Niño, Niña
y
Adolescente a la Convención de La Haya, ratificada por Bolivia en el 2001, es que sería
el punto de partida para emprender una campaña de adopción de niños bolivianos por
familias bolivianas a nivel nacional.
-Proyecto de D.S. para derogar el sistema de “enganche” para trabajadores de las
zafras
-Proyecto de Ley del Registro Civil
La Corte Nacional Electoral (CNE) contempla aplicar en Bolivia una norma que rige en
muchos países: un número único de registro para cada ciudadano, para poner punto final
a la multiplicidad de números de los documentos de los ciudadanos.
-Proyecto de Ley de Migración
Pronto será elevado al Gabinete Ministerial el proyecto de la nueva Ley de Migración
que, entre otros aspectos, contempla armonizar la parte administrativa con la parte
jurisdiccional, para que haya las sanciones por los delitos migratorios.
Políticas de DD.HH. y de ocupación territorial, dependencias públicas y obras
El Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos está trabajando con la sociedad civil
en la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de una Estrategia
Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que incorporará los
derechos de los migrantes y sus familias.
La Secretaría Técnica del Consejo de Población para el Desarrollo Sostenible está
diseñando una política de ocupación territorial que contemple, al mismo tiempo, la
utilización racional de los recursos y el respeto por el medio ambiente.
Paralelamente, se están dando pasos para impulsar la integración de las regiones del
Alto Amazónico a las principales ciudades del país, a través de obras viales y la apertura
de oficinas del Ministerio de Trabajo en localidades como Riberalta.
Metas del Viceministro de Trabajo, doctor Rodolfo Eróstegui para el 2007:
*Que en el momento en que se entregue la presidencia al ganador de las próximas
elecciones, hayamos disminuido el trabajo forzoso por lo menos en un 30 por ciento.
*Que los contratos laborales en Riberalta sean hechos de acuerdo a la Ley General del
Trabajo, que las oficinas del Ministerio de Trabajo en Tupisa y en otras regiones,
luchen contra los enganchadores y que sean capaces de sustituirlos.
*Que los contratos de los trabajadores que están en las zafras de caña de azúcar y de la
castaña, que muchas veces son subcontratados por los enganchadores, estén bajo un
régimen en el cual haya la garantía solidaria.
*Que conozcamos con precisión qué ocurre en el Chaco e ingresar con el Ministerio de
Justicia, porque allí hay problemas laborales, de justicia, policial e ideológicos.
Tiene previsto iniciar la construcción de la carretera Riberalta - Guayamerín; y bajar los
costos de la energía eléctrica a 0.10 centavos la unidad eléctrica (hoy pagan 0.24
centavos y en La Paz 0.6 centavos) construyendo una planta de energía eléctrica.

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