El archivo de la Guerra Civil de Salamanca y sus fuentes

El archivo de la Guerra Civil de Salamanca y sus fuentes

El Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca y sus fuentes
documentales para Aragón,
1936-1938
_ ALEJANDRO R. DÍEZ TORRE
Historiador
Orígenes del
Archivo y
constitución de
depósito de
documentación
“roja”
de la importancia testimonial e institucional completa; enfrentándose los
pacientes estudiosos a una especie de
confabulación de cancerberos archiveros con policías y guardias civiles de
paisano, para impedir a desventurados
investigadores históricos que allí caían
con ingenuidad, llegar a reunir suficientes datos para hacer realidad
maduros planes de trabajo y pacientes
consultas documentales.
En 1983, la entonces directora del
Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, Mª. Teresa Díez de los Ríos,
comentando la singular disposición de
un Archivo que entraba bajo su dirección a integrarse en la red de archivos
estatales –y ya prestaba sus servicios
como archivo “público” y no policíaco
o represivo– apreciaba el “gran desorden” imperante en los fondos de semejante Archivo1. Lo que para los
investigadores voluntariosos entonces,
no era solo una sorprendente realidad,
sino una tortura maquiavélica, que
parecía más una disposición documental intencionada, para impedir su consulta provechosa por los historiadores:
en la desesperanzada localización de
datos y testimonios en un mar ignoto,
sin faros ni referencias de tierra firme,
donde recomponer documentos fragmentarios y aleatorios que se iban
encontrando; ni tampoco divisar un
horizonte de serie documental coherente, con seguridad y discriminación
Los investigadores que habíamos
recalado en el citado Archivo el mismo
año de promulgación de nuestra alabada Constitución, sin embargo accedimos a fondos cuyas consultas eran
solo excepcionalmente para historiadores, y reservadas todavía a servicios
administrativos, más habitual y propiamente policíacos. En el Archivo que
entonces hacía poco había cambiado
el pomposo nombre de “Servicios
Documentales de la Presidencia del
Gobierno”, todavía se respiraba el aire
y las maneras del más rancio franquismo: aparte de estar custodiado por
parejas de Guardia Civil, y vigilados
personalmente los investigadores por
policías de paisano, sus consultas de
fondos de documentación que entonces denominaban “roja” –todavía clasificada en una Sección topográfica
“Política-Social– eran inspeccionadas
diariamente por personal con afanes
inquisitoriales, y orientados por un
director-oficial retirado del ejército, al
que diariamente le daban novedades el
personal semi-militarizado. Por no
hablar de impedimentos rutinarios:
para ver o consultar una documentación sin índice o catálogo de consulta
que mereciera ese nombre, con localizaciones imposibles –e inverosímiles–
de documentación, parecida y errática
posibilidad de reproducción documental, siempre supeditada al interés y
“buen día” de un empleado jubilado, al
que se le encargaban reproducciones
fuera del recinto, etc. Cuando nuestras
estancias de investigación –pese a la
depresión personal en aumento, ante
tal panorama de trabajo– se prolongaban pese a todo por días o semanas,
en conversaciones esporádicas con el
personal subalterno comenzaban a
aclararse las circunstancias y “razón
de ser” de semejante Archivo. Un conjunto de depósitos documentales, que
pretendían servir a las necesidades históricas de ciudadanos de una flamante
democracia transicional, pero de tal
manera organizados que la única prestación útil que mantuvo durante un
largo lustro democrático era servir
copias o documentos a altas esferas de
la administración funcionarial (y más
selectas figuras de investigadores del
régimen anterior). Lo cual mantenía
perfectamente la dedicación archivística que originó su fundación.
La constitución del Archivo cuyo
ámbito de trabajo representaba un
cuerpo de documentación básico para
el estudio de la Guerra Civil española y
del Aragón de aquellos años, se inició
en plena contienda, por orden de 29
1. Cfr. en Mª. Teresa DÍEZ DE LOS RÍOS SAN JUAN (1983), “La Sección de la Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional (Salamanca)”, en VV.AA., La 2ª República. Ponencias
del 2º Coloquio Internacional sobre la 2ª República Española, Barcelona, Departamento de Historia Contemporánea, Publicacions Edicions Universitat de Barcelona, pp. 2334.
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Fachada de Casa Barberán (Caspe), sede de Presidencia del Consejo de Aragón
de mayo de 1937 que creaba una
“Sección Especial” documental, directamente a las órdenes de la Secretaría
General del Jefe del Estado, a modo de
“Delegación” archivística para aquel
servicio estatal del caudillo y general
Franco. Con la instrucción de recoger y
custodiar documentación de órganos,
grupos y personas, de masones, se instaló en el Seminario Mayor de Salamanca (actual Universidad Pontificia)
una Delegación de la jefatura del
Estado, con secciones “Masónica” y
“Especial”, que un año después –el 26
de abril de 1938– se transformaba en
“Delegación del Estado para la recuperación de Documentos”, adscrita al
Ministerio de Gobernación, cuyo cometido esencial se cifraba en “recuperar,
clasificar y custodiar“ toda documentación intervenida y trasladada del área
todavía republicana de España, concerniente a Partidos Políticos, Sindicatos, Asociaciones Culturales y hasta
particulares, susceptible de “suministrar al Estado información referente a la
actuación de sus enemigos”. Nacería
así una nueva “Sección Político-Social”
de una Delegación de depósitos que en
Salamanca fueron ocupando las sedes
del Noviciado de Jesuitas primero y el
Colegio de San Ambrosio después, éste
último como ubicación definitiva en la
actual calle de Gibraltar, con la concentración en el mismo de las distintas
“Secciones” documentales. Mientras,
a sus dependencias iban llegando
sacas repletas y depósitos masivos de
documentación “roja”, procedente de
ciudades, pueblos y sedes de la
España republicana que iba siendo
ocupada, por el progresivo avance de
las tropas sublevadas de Franco, e
iban actuando en muy distantes puntos de su geografía las distintas Comisiones de “recuperación” documental
previstas en la orden citada. Las Comisiones recuperadoras, pese a instrucciones de gestión de acuerdo con
autoridades civiles y militares de los
sublevados en cada población, también actuaron con iniciativa propia o no
cumplieron en absoluto su cometido.
Con el resultado de un caos añadido a
una poco ordenada recuperación, que
finalmente surtió a los “Servicios Documentales” de Franco de documentos
masivos de determinadas procedencias –Aragón entre otras– y práctica
ausencia o irrelevancia de otros puntos
y regiones de España, donde apenas
puede constatarse gestión “recuperadora” de las citadas Comisiones.
La finalidad inquisitorial e inculpatoria de toda documentación llevada a
Salamanca a las citadas sedes, ha
quedado de forma permanente en los
documentos “recuperados” por los servicios franquistas, no solo en el subrayado –preferentemente en rojo– de los
nombres contenidos en cada documento, sino especialmente por el
fichado y el traslado de datos a ficheros policíacos que comenzaron en las
propias instalaciones del singular
“Archivo”. Donde las conversaciones
de antiguos empleados y jubilados militares reiteradamente hablaban del
mismo sistema de adscripción de
depósitos al Archivo: con llegadas en
forma masiva de documentación, su
colocación –a veces por tamaños de
documentos– en legajos y carpetas
–incluso aprovechando las que llegaban de origen– y en áreas topográficas
que respondían –en teoría, de una
forma muy arbitraria– a las zonas de
procedencia. En tan arbitrario cometido “facultativo”, no eran precisos
tanto inventarios o repertorios de catálogos documentales, para inexistentes
estudiosos de su contenido; sino bien
surtidos equipos humanos de localización de personas, fichado de antecedentes, confección de listas de
implicados y responsables en distintas organizaciones de la España democrática y popular –pero “rojos”
sometidos a depuración o peores destinos– y plantillas oficinescas, para
transmitir información a los distintos
ámbitos represivos y del Ministerio de
Gobernación. Realizando estas tareas
en los duros años cuarenta, una resolución de la Presidencia del Gobierno
de 30 de septiembre de 1944 refundía las dos “Delegaciones” iniciales
documentales –de la Masonería y de
documentación Político-Social– en la
“Delegación Nacional de Servicios
Documentales” bajo la Presidencia del
Gobierno y constituyendo un solo
Archivo para tales cometidos en Salamanca. Donde llegó aún la confirmación de esta función documental por el
decreto de 21 de febrero de 1958;
mantenido durante cuarenta años en
tal cometido, hasta un decreto de 28
de octubre de 1977: donde ya en
“transición” del régimen franquista, se
suprimió la salmantina “Sección de
Servicios Documentales” para integrarla –con pocas o ninguna previsión facultativa o de atención a los
nuevos “usuarios” historiadores–
como Archivo en la red dependiente
del Ministerio de Cultura (lo que no
sería efectivo, a efectos por ejemplo
de acceso libre y uso público, sin una
orden ministerial, de 7 de mayo de
1979, que lo incorporaba como “Sección de Guerra Civil” en el Archivo
Histórico Nacional). Otros archivos
estatales corrieron una suerte más
indeterminada y caprichosa, todavía
retenidos por cuerpos u órganos castrenses, donde los historiadores no
eran simplemente ciudadanos, con
derecho constitucional a tener acceso
a la documentación –pública o privada,
pero custodiada por el Estado– durante
una larga década posterior de una flamante democracia.
7_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
Asamblea popular en la localidad de Muniesa, verano 1936
Particularidades
topográficas de
los fondos
documentales: un
arbitrario e
incierto proceso
de conservación y
uso
Los cometidos represivos o simplemente administrativos de tan curiosos
fondos, con los años fueron haciendo
aconsejables mínimos inventarios –y
ficheros– de uso sistemático, para dos
Secciones del Archivo salmantino que
se fueron revelando con eficacia represiva: Masonería y Político-Social. Para
la primera, desorganizando los 2.898
legajos y rompiendo su unidad de procedencia –un principio respetado en
los centros archivísticos– concentraron
sus recursos documentales en lo que
les importaba: la confección de 48.000
expedientes personales –ordenados
alfabéticamente por apellidos– para
reunir antecedentes y datos inculpatorios de miles de masones; y despreciando el valor y significado para su
estudio, de la actuación de las Logias o
el despliegue del fenómeno masónico
Desfile de carros de la XI División (Líster) en población del Bajo Aragón, agosto
1937
en su conjunto. Aunque elaboraron listas de Logias, índices de personas e
índice de Logias por provincias. De la
segunda Sección Político-Social, los
16.113 legajos de esta última, la más
visitada y consultada con los años, sin
tener en cuenta tampoco principios
archivísticos esenciales, como la unidad de procedencia donde se produjeron los documentos, ni la seriación
temática o cronológica que les dieron
sentido original, tampoco merecieron
otro interés que el represivo a sus cancerberos. Demostrando apenas otro
cuidado, que la colocación numerada
de legajos por áreas geográficas de
“recuperación” documental, así como
indefinidos agrupamientos de carnets
de afiliación político-sindical, masivos
tacos de cartillas o cédulas personales,
y un escuálido y apenas útil listado de
legajos recuperados por provincias o
ciudades. Todo parece corroborar que
esta precisión u orientación “geográfica” de aquella documentación –de
acuerdo con la incorporación al
Archivo, desde: Alicante, Aragón, Barcelona, Bilbao, etc. hasta Vinaroz–
además de permitir localizar un “rastro” geográfico de inculpaciones, también debieron propiciar el que
diligentes funcionarios confeccionasen
listas de personas, personajes y figuras, que inculpados o buscados, siempre podía pergeñarse un “historial” de
hechos o antecedentes.
Pero para la reconstrucción de los
hechos o las distintas formas de com-
prensión histórica de nuestra contienda –al fin y al cabo, un momento
decisivo de la historia del siglo XX en
España, que aún sigue marcando una
parte de la legitimidad/ilegitimidad
pública o del posicionamiento generacional o nacional– cualquier reconstrucción cronológica, casi pasaba por
una reconstrucción espacial de los
avatares de la documentación. No en
vano, algunos acopios documentales
no tenían ni “provincia” o “ciudad” en
la que se clasificaran tan singulares
funcionarios “archivistas”; y por el contrario, algunos cuerpos documentales,
originales de un área provincial compartían provincia/ciudad con otras
documentaciones alejadas, o bien se
hallaban repartidas en varias provincias/ciudades –y sus correspondientes
señalizaciones topográficas en el
Archivo– como una ubicua y dispersa
floración de especie documental, tanto
en naturales como forzados orígenes.
Una misma provincia o procedencia
documental, puede ser habitual que
esté representada en varias series de
aquella abigarrada Sección PolíticoSocial, además de la extensa serie militar (quizás la más temáticamente
regular). La documentación correspondiente, por ejemplo a “Santander” está
recogida nada menos que en nueve
series topográficamente distintas (una
archivera de comienzos de los años de
1980, aventuraba una hipótesis de una
más diligente y sistemática actividad
“recuperadora” franquista en aquella
zona llamada Norte).
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En el caso de Aragón, el problema
de la arbitraria colocación de documentación –tanto oficial, como privada
o social– en el Archivo salmantino
dobló los errores básicos del caos producido por la ausencia total de criterios
archivísticos corrientes (unidad de procedencia, de producción del documento, formación de series cronológicas
o temáticas de documentos, etc.), como
que eran muy otros los criterios superiores y represivos: los que imperaron
sobre aquella documentación “roja”,
apestada salvo para prácticos usos
inquisitoriales e inculpatorios. Con el
agravante de que –pese a todo y tal
desorden topográfico– al subsanarse
con paciencia benedictina por los
investigadores, milagrosamente conservados los documentos en un único
emplazamiento por décadas democráticas, han llegado a ser inventariados,
habitualmente citados por los historiadores en su localización “histórica” del
Archivo salmantino, aunque finalmente
arrancados para su localización última
y práctica de uso: cuando se produjo el
primer desgajamiento de documentos
a la Generalitat de Catalunya (con
muchísimos documentos de Aragón) y
el traslado físico de legajos a Barcelona. Arbitrariamente cedidos éstos por
las instituciones responsables estatales
a un ámbito nuevo, y trasladados a
Barcelona de manera casi tan arbitraria como los designios y las órdenes del
dictador. La bendición de semejante
expolio por ciertas instancias institucionales, responsables del uso público
general –por supuesto, histórico –
nunca debería haberse producido; y
desentendido aquellas instancias de
razones y principios de uso archivístico
esenciales, ya en nuestro régimen
democrático, para generaciones futuras que nos sucedan: que tendrían
derecho a haber dispuesto de un
Archivo Total de la Guerra Civil y la
Represión de España. Cuya catalogación y conservación totales –no con
desgajamientos y fragmentitos artificiales, de documentos arrancados por
cada Comunidad Autónoma, para uso
de historiadores parroquiales o provincianos, con pujos nacionales y diferenciales en cada territorio– representaría
el último significado verdaderamente
aleccionador: de toda la documentación reunida –incluso con arbitrariedad– tal como quedó por los designios
del dictador Franco, para un modélico
“archivo de la represión” en el mismo
“archivo de la Guerra Civil”. Además,
en el caso de Aragón –pero sabemos
que también en otras autonomías o
“nacionalidades”– el problema de uso
–archivístico e histórico– de la documentación, por muy fragmentaria o
arbitrariamente distribuida en diversas
topografías de los depósitos del Archivo
salmantino actual, en la era de los
ordenadores era fácilmente superable.
Como lo ha demostrado una muy útil y
práctica base de datos, realizada con
mucho sentido práctico por instancias
archivísticas de nuestro gobierno aragonés actual, al preparar durante años
una paciente, detallada y útil “Base de
datos” de documentación aragonesa,
para uso histórico –entre otros– del
Archivo salmantino ya disponible2.
La llegada de los
investigadores a
Salamanca: un
Archivo para la
Historia del siglo
XX en España
Faltando durante mucho tiempo
un inventario exhaustivo de documentos producidos en Aragón, los depósitos del Archivo de la Guerra Civil en
Salamanca, carentes además de índices onomásticos y de materias que
facilitasen la labor, sin embargo sí dieron resultados a investigadores avezados que fueron llegando, así como
sirvieron de repositorio de fuentes complementarias a otros archivos (aunque
algunos, como el entonces Servicio
Histórico Militar en Madrid, casi
cerrado para investigadores, como
pudimos comprobar personalmente en
dos ocasiones, hasta una tercera,
mediada la década; lo cual no fue obstáculo a otros investigadores que lo
tuvieron más fácil, mientras realizaban
en aquel mismo Servicio archivístico su
“mili”). Como reconocía la directora del
Archivo salmantino en 1983, la utilización por los investigadores del inventario de sus fondos documentales podía
llevarles a los usuarios a errores o inducirles a confusión3. Aunque haya sido
loable entonces que unos nuevos
inventarios, más racionales, comenzaran a ser preparados por un equipo
dirigido por aquella facultativa, durante
largos años fue inevitable que los
investigadores debieran jugar al juego
de “la gallina ciega” con los contenidos
de legajos y carpetas de aquel Archivo.
En el caso de Aragón, especialmente:
con fracciones de su documentación
desparramada por series documentales como las de “Bilbao”, “Barcelona”,
“Vinaroz”, “Castellón”, “Madrid”, etc.,
cada una con cientos y hasta miles de
expedientes y legajos de documentación heteróclita, aunque impremeditadamente, todo parecía como si fuese
hecho adrede, para acabar con la
paciencia del investigador más templado. Todo ello en la Sección “PolíticoSocial” del archivo salmantino, sin
entrar en otras secciones –también con
fondos de Aragón bastante surtidos–
como “Masonería” o “Bibliografía”
(libros, folletos, periódicos, carteles,
impresos durante la Guerra Civil o antes
de ella), provenientes de bibliotecas de
centros sociales, políticos y personales,
con unos 30.000 títulos. Pero el caos
2. Cfr. en “Base de datos. Archivo General de la Guerra Civil Española” (Salamanca), aparecida este mismo año 2007, producida por la Dirección General de Patrimonio de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
3. Cfr. en DÍEZ
DE LOS
RÍOS (1983), p. 26.
9_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
subía hasta límites insufribles, en lo
que se refería a archivos privados, de
personajes influyentes o figuras esenciales durante la República y la Guerra,
en su mayor parte clasificados en la
serie archivística de “Madrid” (un 20%
de sus fondos estaba compuesta de
archivos personales).
Los investigadores pronto desarrollaron, frente a toda contrariedad y
adversidad, una labor de reconstrucción y puesta en valor de las series
documentales del Archivo salmantino,
que ya en los primeros años de 1980 se
estaba convirtiendo en uno de los grandes archivos para la Historia del siglo
XX de España. Como lo constataba no
solo su directora entonces, Mª. Teresa
Díez de los Ríos4, sino otros muchos
investigadores: de la masonería5, los llamados historiadores del tiempo presente6, los historiadores renovadores de
la Guerra Civil desde perspectivas regionales (a mediados de aquella década,
en regiones como Levante, País Vasco o
Cataluña) e incluso sobre perspectivas
de los nacionalismos periféricos7 o
incluso, del ámbito español y de la Guerra Civil8. De hecho, el conjunto y la
variedad de su documentación –de instituciones, organismos, organizaciones
al menos de tres grandes tipos, masónicas, políticas, sindicales, pero también
de otras muchas allí representadas, de
personalidades, etc.– hacían del
Archivo salmantino –cuando todavía no
estaba cercenado por separación de
papeles– objetivamente un conjunto de
fuentes incomparables y preciosas
para el contraste y la crítica histórica a
nivel general de este país llamado
España. En dos de sus momentos cla-
ves –la II República y la Guerra Civil–
de su historia pasada, los historiadores pudieron reconstruir desde las
variadas fuentes archivísticas, una
historia que luego se ha ido
ampliando y profundizando con otras
fuentes y otros archivos.
Pero pronto se revelaron también
insuficiencias y lagunas, tanto en
series documentales conservadas,
como en consistencia temática. En
cuanto a algunas series, sabemos –por
el trabajo posterior en otros archivos–
que lo reunido en Salamanca fue
pronto –posiblemente durante los primeros meses de su acopio en la ciudad– llevado y depositado en archivos
más a desmano del historiador de a
pie, como el Servicio Histórico Militar
(en Madrid; aunque solo en esta transición de hace pocos años sufrió, a su
vez, una curiosa repartición provinciana: en Ávila, Segovia, Guadalajara,
con la sola lógica de armas y servicios
de la organización militar, pero repartido en dos autonomías distintas).
Algunas series, como la arbitrariamente rotulada y clasificada –como
hemos visto más arriba– como de
“Barcelona”, con 1.878 legajos (cajas,
desde hace dos décadas), aún conteniendo muy rica y acreditada documentación procedente de Aragón, de
sus organismos, organizaciones sindicales o políticas, etc., 493 de aquellos
legajos fueron objeto de un cuidado
inventario. Y fueron catalogados en el
archivo salmantino de una forma racional, así como organizados en un plan
de trabajo archivístico por convenio
con la Generalitat desde noviembre de
1982, su nuevo ordenamiento temático
Fuente pública instalada por la colectividad de
Calanda
permitió además la microfilmación,
que para los investigadores catalanes
–o que trabajasen sobre aquel ámbito–
estaba listo a comienzos de 1986. Pese
a lo cual y las facilidades que ofrecía
aquella documentación –entre otras, el
innecesario desplazamiento para su
consulta de investigadores a Salamanca–, no fue óbice para que, como
sabemos, hace dos años, el órgano
catalán exigiera y obtuviera su traslado
físico a Barcelona de aquella documentación y alguna más. También vinieron
después los inventarios y disposiciones
organizadas para la investigación, de
otros ámbitos topográficos rotulados en
el Archivo salmantino según una arbitraria –y completamente aleatoria– atri-
4. Ibíd., así como de la misma autora: “Estado actual de la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional”, Studia Histórica, Salamanca, vol. III, nº 4 (1985): 129-135.
5. Cfr. en VV.AA. (1985), “Fondos de la Masonería en la Sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional-Salamanca”, en La Masonería en la Historia de España (Actas
del I Symposium de Metodología Aplicada a la Historia de la Masonería Española), Zaragoza. También, de José Antonio FERRER BENIMELI (1982), “Archivo de la Guerra Civil
de Salamanca”, Historia 16, Madrid, pp. 113-118.
6. Cfr. en VV.AA. (1985), “Les fonds de l’ Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil”, en Materiaux pour l’histoire de notre temps, Nanterre, pp. 74-77.
7. Véase, por ejemplo: Mª. Teresa DÍEZ DE LOS RÍOS y otros (1984), “Documentación sobre la Guerra Civil en Alicante” (inventario de la Serie Político-Social de Alicante), Alicante,
Diputación Provincial; José Luis de la GRANJA (1984), Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, separata de Cuadernos de Sección Historia-Geografía, San Sebastián, nº 2,
pp. 221-234; Jaume SOBREQUÉS (1982), “L’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca”, en Els Arxius per a la Historia del Nacionalismo Català, Barcelona, pp. 51-55.
8. Cfr. en Ramón SALAS LARRABAL (1980), “Los Archivos para la historia de la Guerra Civil”, en Actas del Coloquio sobre los Archivos para la Historia del S. XX, Madrid, pp.
113-118.
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bución documental: “Bilbao”, “Vinaroz”, etc. y últimamente la base de
datos referente a Aragón citada, además del Portal de Archivos Españoles
Pares, de reciente creación por el
Ministerio de Cultura, donde se dispone de acceso y consulta documental
en el Archivo salmantino (como en
cualquiera de los más importantes
archivos nacionales).
Los fondos
documentales y su
importancia para
Aragón durante la
Guerra Civil
Para Aragón, los fondos reunidos
en el Archivo salmantino han supuesto,
ante todo, una valiosa aunque diversa
–y muy desigual– base de reconstrucción de los avatares regionales,
durante una coyuntura histórica llena
de dificultades y de irresolución de problemas seculares, en uno de los peores
escenarios, como el de una guerra.
Pero Aragón como otros territorios y
áreas, que conocieron la crisis de los
años treinta, también experimentó
entonces proyectos contrapuestos –de
autonomía y centralización– representados durante la Guerra Civil por los
proyectos federalistas del Consejo de
Aragón y centralista –y uniformista–
representado por el Gobierno General
de Aragón. Siendo ambos organismos
del Estado republicano en la región
que no quedó en manos de Franco,
funcionando ambos un tiempo similar,
sin embargo este último a primera vista
ha quedado reflejado más satisfactoriamente en las fuentes y los repertorios
documentales reunidos por el Archivo
salmantino.
El Consejo de Aragón, con más
autonomía y capacidad de gestión que
su organismo sucesor, burocrático y
gubernativo –el Gobierno General de
Aragón– marcó una impronta más
dinámica y diversificada de la presencia pública, a lo largo de los territorios
y las comarcas; cuando formó un
Archivo institucional que –hasta que
fue disuelto abruptamente por el
gobierno central– produjo un cuerpo
de documentos propios. Cuerpo documental este que hoy ya sabemos que ni
siquiera tuvo oportunidad de terminar
en las manos de las comisiones “recuperadoras” de Franco: habiendo llegado hasta nosotros testimonios de su
destrucción documental por los “conquistadores” de las divisiones republicanas y comunistas, que tomando los
centros y oficinas del Consejo de Aragón en diversos puntos de la región, se
adelantaron a los ejércitos de Franco
en más de seis meses, en un afán
digno de mejor causa9. Hoy no nos
quedan muchas dudas –después de
muchos años de investigación, así
como de recorrido por un número de
archivos y documentación de la época,
y a la vista de las obras publicadas
sobre aquella experiencia regional– de
la preparación y ejecución de una idea
de clara inspiración estalinista, por la
que trataron de que quedara borrado
hasta el recuerdo y la constancia documental de aquel organismo y experiencia social, tiempo antes de que
concluyese la Guerra Civil (con parecidos procedimientos a los que luego el
estado soviético repetiría en un sinnúmero de países limítrofes que reabsorbía: liquidando o manipulando hasta la
memoria de identidades colectivas,
como aún hoy se ha manifestado en los
pueblos bálticos, todavía en pugna con
pasados orwelianamente suplantados).
Como resultado, una copiosa docu-
mentación simplemente desapareció
en manos de nuevos Torquemadas del
siglo XX; algunos restos retuvieron y
trasladaron a ciertos escondrijos orgánicos de Barcelona –donde Franco
llegó a intervenir y “recuperar” los
nichos burocráticos, que luego llegaron
a Salamanca al final de la Guerra– o
bien quedaron como restos curiosos de
un naufragio documental, en forma de
dispersos oficios, justificantes o partes
de correspondencia mantenida por el
Consejo de Aragón con sus órganos
comarcales y municipales, que las activas escuadras del ejército franquista se
incautaron en pequeñas o medianas
localidades y trasladaron a su vez a
Salamanca, por órdenes de las “comisiones recuperadoras” antes citadas.
Pero para algunos investigadores, está
claro que mucha de la documentación
que aquellas oficinas de represión
franquista en el archivo salmantino
rotularon como de procedencia de
“Barcelona” –que recientemente ha
sido devuelta a la Generalitat de Catalunya– fue producida realmente en
Aragón, por organismos públicos o privados aragoneses; lo mismo que otra
documentación también aragonesa
que fue rotulada como de “Lérida”,
“Vinaroz”, o “Castellón”, sin haberse
generado en esas tierras o puntos de la
España republicana.
A través de documentos concretos
recogidos en legajos de series salmantinas, todavía pueden rastrearse
actividades y líneas de gestión, de
autonomía y reintegración regional de
Aragón en plena Guerra Civil, merced
al Consejo de Aragón. Por los pequeños restos locales o comarcales de
aquella documentación es apreciable
también la receptividad social de la
experiencia aragonesa en aquel
momento, a lo largo de territorios regionales: el área turolense de Mora de
Rubielos, en el ámbito bajoaragonés de
Gelsa de Ebro, en sus áreas ribereñas y
9. Véase Alejandro R. DÍEZ DE TORRE (2003), Orígenes del cambio regional y Turno del Pueblo en Aragón, 1936-1938 (vol. II: Solidarios), Madrid, UNED-PUZ: Introducción,
epigr. I.3., sobre “Los restos de naufragios documentales y fuentes orgánicas”: 15-17 (n.19). Cfr. en DÍEZ DE TORRE (2003), pp. 32-35.
11_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
Grupo de mujeres en labores de cosecha de remolacha, en la colectividad de
Híjar
monegrinas en torno a Pina o La
Almolda, en la serranía Montalbina de
Teruel, en Huesa del Común, en torno
a Muniesa, etc. El órgano aragonés
desarrolló sus funciones siguiendo un
modo de actuación que fue formulado
en su correspondiente “Reglamento
para la orientación político-social”:
donde quedaron contemplados sus
distintos servicios –entre otros, su propio “Archivo”– así como marcados las
grandes líneas de gestión y sus extensiones hacia otros ámbitos estatales
(en Cataluña o Levante). De forma que
aún pueden seguirse –fragmentariamente, por los restos conservados–
vertientes como la comarcalización de
Aragón –tan actual y funcional hoy en
día– en diversos aspectos (transportes,
intercambios, abastos, muy destacadamente, mecanización agrícola; pero
también otros aspectos más tradicionales, como los pastos comarcales) y en
base regional (comunicaciones postales y telefónicas, electrificación, producción y transformación agrícola,
azucareras, viticultura, así como minas
e infraestructuras hidráulicas, entre
otros sectores de clara y consciente
regionalización); la municipalización de
la vivienda y otras municipalizaciones,
problemas de ordenaciones comarcales hidráulicas, de enseñanza, de cosechas, etc. También pueden verse en
10. Cfr. en DÍEZ
DE
TORRE (2003), pp. 32-35.
Grupo del Consejo de Aragón en la Generalitat en enero de 1937, sentados de
izquierda derecha, Joaquín Ascaso y J.Tarradellas
distintos legajos y series salmantinas,
aunque en menores restos de fuentes
locales, sobre cumplimentación de
directrices regionales de justicia: como
lo hacían consejos municipales –pese
a un número insuficientemente conservado de cuerpos documentales al respecto en el Archivo– señaladamente,
los de Gelsa de Ebro, Huesa del
Común, la Puebla de Híjar o La Iglesuela del Cid, en las tierras altas turolenses. Por lo demás, documentos
locales conservados de aquella época
del Consejo aragonés –primera mitad
de 1937– probarían en qué medida la
constitución de consejos municipales
estuvo en relación con el celo administrativo desplegado, o apuntaría a una
interrelación más estrecha e identificada regional-comarcal-local de aquel
Aragón, entre órganos de sus distintos
niveles (federales en líneas generales o
de facto). De la documentación a veces
burocrática conservada en el Archivo
salmantino, de los consejos municipales o comarcales aragoneses, puede
perfilarse en ese sentido un reparto de
poder; así como apreciar una relación y
coordinación entre niveles o verificar
aplicaciones, propuestas, control y
movilización de recursos local-comarcales, en función de directrices promovidas desde distintos departamentos
del Consejo aragonés10.
La fragilidad
documental:
documentos
fragmentarios y
dispersos en
múltiples secciones
topográficas:
Aragón, Barcelona,
Bilbao, Vinaroz,
Castellón,
Valencia, etc.
En la experiencia social y política de
Aragón durante la Guerra Civil, las
colectividades y su proceso organizativo, o de vinculación a las fuerzas en
lucha, las opciones o estrategias políticas durante una Guerra Civil han constituido, con la evaluación de su peso
específico, un centro de atención
importante en las historias no militares
del conflicto en la región. Con ser un
fenómeno controvertido y entrecortado,
el colectivismo tuvo un funcionamiento
ROLDE 121-122_ 12
que no se agotó con cambios en la vida
cotidiana o lo cambiante en las tomas
de decisiones, las dedicaciones y nuevas relaciones entre poblaciones o
roles de género. Las colectividades
también fueron instituciones sociales o
económicas que abrieron –y encauzaron– opciones latentes o renovadas en
las localidades y las comarcas aragonesas, tanto como supusieron –o enfrentaron conscientemente– la creación de
un sector de economía social, que dio
salida a una de las peores crisis económicas del siglo XX. Por nuestra parte,
en nuestro reciente trabajo al respecto11, nos ha importado más explicar
en perspectiva el fenómeno: conectando las iniciativas, la densidad y
receptividad sociológica del colectivismo en poblaciones y comarcas aragonesas, con tradiciones colectivas o
comunales agrarias, vivas y subsistentes secularmente, que fueron retransmitidas por la obra e influencia de
Joaquín Costa, y potenciadas al intentar aplicar sus ideas y programa de
cambios por sus adeptos en el mundo
rural. Un mundo rural, por otra parte,
con unos usos y mentalidades agrícolas –tan distintas y distantes de la agricultura subvencionada y urbanizada de
nuestros días– así como inmersos en
otros fenómenos de historia agraria,
nada o muy esporádicamente considerados por los historiadores (pero no por
antropólogos u otros científicos sociales). Pero persistentemente el Archivo
salmantino –y algunos otros– que ha
abastecido un número de estudios y –a
veces– visiones política o ideológicamente sesgadas de la experiencia
regional, puede que no haya agotado
fuentes más o menos directas sobre
aquellas realidades y procesos. Aunque claro está, los historiadores se han
sentido más atraídos por los hechos
coyunturales, los posicionamientos y
artificios dramáticos pretendidamente
ventilados por el control o retención de
poderes: extraído a veces de testimonios no contrastados de rencillas, rencores o querellas lugareñas, violencia
de luchas e imposiciones a veces ficticias o exageradas, pugnas de sectores
o grupos minoritarios localmente por
mantener determinadas ventajas,
disensiones e impactos de cambios,
vistos como drásticos e inapelables por
algún observador posicionado, dentro
del tablero de fuerzas de una guerra
civil, etc.
Pero hay otros aspectos, como la
nueva toma decisiones local-comarcales, y los planes y obras de transformación desde centros comarcales, que
indican una anticipación por muchos
años al orden funcional de infraestructuras de servicios y gestiones públicas
de nuestra región. Y en el Archivo de
Salamanca han quedado testimonios
indelebles y prolijos a veces, no solo
sobre constitución de colectividades
locales en tiempos y espacios muy distantes de los sempiternos fusiles de los
frentes, sino también de una nueva
dinámica comarcal y regional, a base
de representaciones y asambleas
colectivas (sectores muy importantes
en el nuevo espíritu local y comarcal,
de una nueva forma de política de
“escuela y despensa”, “del ochavo” o
para “la blusa y el calzón corto”, propugnada por décadas de movimientos
que Costa inspiró).
Con un curso regional problemático
durante la Guerra Civil, después de la
toma de la región hasta entonces gestionada por equipos y proyectos bajo
una gran plataforma costista y autono-
mista –aunque siempre bajo auspicios
y normas centrales del Estado republicano– sus esferas centrales consideraron caducado el compromiso y la
confianza con el organismo aragonés.
Informes previos, de intervenciones
policíacas o paramilitares en la región,
principalmente de la 27 División comunista en el Alto Aragón –Aínsa; Ballobar; Sangarrén; Tardienta; Villanueva
de Sirena; Alcolea de Cinca; Lanaja;
Almunia de San Juan, en Huesca– y de
la 30 División catalanista en el Bajo
Aragón –Alcorisa; Castelserás; Calanda;
Ejulve; Castellote; Cañizar del Olivar, en
Teruel– prepararon el terreno de caos
económico y desorden cívico en las
retaguardias aragonesas, desde mediados de julio a primeros de agosto de
193712. El Archivo salmantino da
buena fe –por ejemplo, en un legajo de
la serie “Madrid”13– de tales atropellos
programados, que sirvieron de perfecta
coartada para la liquidación manu militari del Consejo de Aragón. Ordenando
nada menos que a tres divisiones –y
gran número de unidades militares–
los asaltos y detenciones de cuadros
de gestión política o social en un gran
número de centros locales de Aragón14.
En la región fueron habilitadas un
número de vetustas o inusuales prisiones de partido judicial, así como
improvisados centros de detención en
fincas –como la de Chacón, cerca de
Caspe– para concentrar e inmovilizar
cuadros libertarios, colectivistas y
algunos ugetistas. Las prisiones de
partido oficiales –aparte de centros de
detención, campos de trabajo, etc.–
en Aragón, por lo demás bajo custodia
del gobierno central se hallaban agregadas a Castellón, aunque aparecen
archivadas en series archivísticas de
“Madrid” y “Barcelona”15.
11. Alejandro R. DÍEZ DE TORRE (2007), Trabajan para la eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón (en trámite de edición), Madrid.
12. De este proceder programado y autoritario de unidades militares para colapsar el orden de las retaguardias, el Archivo salmantino guarda testimonios inapreciables, como
los de la Jefatura Administrativa de la Intendencia militar del Ejército del Este a Huesa del Común (Teruel; en el centro de una comarca entre Zaragoza y Teruel), enviando
oficios conminatorios de mediados de julio de 1937, como los que están recogidos en la caja nº 73 de la serie Aragón del AGC, Sección Político-Social.
13. Se trata de la caja nº 2588 de la serie Madrid, del AGC, en su Sección Político-Social.
14. Un ejemplo, los datos contenidos en declaraciones –de las que sabemos hubo en cierto número– como en la manuscrita del delegado de abastos de la Federación
Comarcal de Colectividades de Barbastro, Antonio Zamora Ciria, procedente de Lalueza (Huesca), en caja nº 1392 de la serie Barcelona, del AGC, Sección Político-Social.
15. Véanse, por ejemplo, relaciones de presos a quienes desde Caspe se pedía libertad provisional, por no haber ninguna acusación formal y estar detenidos por haber
desempeñado cargos en organismos del Consejo de Aragón, colectividades, etc.; con lugares de detención allí mencionados –solo en Teruel– de Alcañiz, Andorra, Alcorisa,
13_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
Las colectividades aragonesas
pasaron por procesos organizativos y
reorganizativos en largos meses de
1937 y comienzos de 1938: lo que
invalidó al menos dos lugares comunes
–dos tópicos socorridos, casi a punto
de convertirse en mitos– como el de
que su razón de ser respondiese por
encima de todo a criterios de violencia
o imposición ideológica o miliciana, de
extraños sobrevenidos y erráticos y
dogmáticos forasteros, así como también el que el fenómeno colectivista
estuviese unido indisolublemente al
Consejo de Aragón (así como a desaparecer con él, en la liquidación central
de tal órgano político). Sin embargo,
por el contrario, ratificando un sentido
no oportunista o coyuntural de poder,
colectividades variadas surgieron –y
resurgieron, contra toda previsión, con
sostén sociológico innegable en sociedades rurales– casi al final del conflicto
en gran número de localidades de Aragón. Principalmente allí donde habían
demostrado un éxito contrastado, pero
no siempre estimuladas por el afán
material; y desde luego, completamente inverosímiles de no haber dispuesto de cuadro sociológico dado,
para el desarrollo de aquellas organizaciones de economía social. El Archivo
de Salamanca pese a todo conservó
algunos restos interesantes –de cuerpos documentales que sabemos que
estuvieron bien nutridos– de aquel
colectivismo autónomo, regionalmente organizado, en especial después de la disolución del Consejo de
Aragón y la persecución de decenas
de cuadros colectivistas locales 16. A
este respecto es bastante expresivo el
cuerpo documental de la Sección Jurídica del Comité Regional cenetista, de
tramitaciones jurídicas respecto a
detenciones gubernativas y juicios, en
largos meses del otoño e invierno de
1937 y comienzos de 1938, para
defender del revanchismo de comisiones gestoras municipales, nombradas
por el gobernador José Ignacio Mantecón y empeñadas en hacer desaparecer cuadros colectivistas detenidos de
los diferentes pueblos17.
Mientras el organismo portador de
directrices gubernativas y del “orden”
cívico resultó ser un flamante Gobierno
general de Aragón, que entró en funcionamiento mediante el correspondiente decreto gubernamental y
extendió su vigencia, desde agosto de
1937 hasta la caída de los frentes
republicanos en Aragón, entre marzo y
abril de 1938. La documentación conservada en el Archivo salmantino de
este organismo quedó preservada por
sus protagonistas y funcionarios, con
traslados de documentos al ámbito
catalán, donde los ejércitos de Franco
entrarían en apenas un año y revertirían dicha documentación a Salamanca. Pero fueron a menudo dichos
documentos clasificados con otros de
origen dispar, rotulándolos celosos
funcionarios represores de Franco en
legajos y series según los “recuperaron” –en origen– de su traslado, a
veces agrupados por tamaños en oportunas carpetas. El resultado es que en
el Archivo salmantino nos encontramos la correspondencia del gobernador Mantecón, con documentación del
Consejo Municipal de Escatrón (Zaragoza), o Fraga o cualquiera de sus
órganos municipales y de abastos, con
el Frente Popular local, etc.; junto a
documentos administrativos (veterinarios, hacienda, enseñanza, etc.) y
correspondencia del gobernador agrupada en alguna carpeta gubernativa18.
Lo que resultó sintomático entonces
fue que el destino de la documentación
del gobernador quedase unido a los
documentos que produjo el último
órgano municipal bajo su jurisdicción
(Fraga, curiosamente, donde más de
un año antes se había iniciado la promesa de un Aragón nuevo), cuando los
últimos días de marzo de 1938, el
gobernador Mantecón huía con alguna
documentación ante la ofensiva imparable de Franco aquellos días. De entre
los grupos de documentos de aquel
Gobierno de Aragón que marcharon a
Cataluña, para ir luego a Salamanca y
–últimamente– volver a Barcelona, con
ser documentación producida en Aragón, sin embargo quedó abrazada por
documentos del liderazgo comunista
del PCE en Caspe y otros lugares aragoneses: lo mismo que quedaron
retenidos –expresivamente– entre
documentos de la elite comunista
regional, escritos, oficios, etc. del
Gobierno aragonés, en su ubicación
dentro de legajo documental, también
trasladó bastante fielmente el doble
juego –con republicanos y comunistas–
del mismo gobernador, así como su discreta retención, y secreta pertenencia,
de José Ignacio Mantecón al PCE
durante el periodo final de la Guerra
(para pertenecer, ya públicamente, al
liderazgo comunista en su exilio en
México)19. Pero otra documentación
anteriormente en series extra-aragonesas del Archivo salmantino, también
Alcaine, Blesa, Calanda, Oliete, Muniesa, Valdealgorfa, Valjunquera, Mirambel y Mosqueruela, en caja nº 1308 de la serie “Barcelona”; aunque también se encuentran documentos de prisiones aragonesas en caja nº 1866 de la serie Madrid del AGC, Sección Político-Social. También un pormenorizado informe del comisario general de Orden
Público, fechado en Caspe el 25 de julio de 1937, y que se encuentra en la caja nº 839 de la serie “Barcelona” del Archivo.
16. Por ejemplo, aparte de un número de informes locales o comarcales sobre situaciones colectivistas con posterioridad a agosto de 1937, el “Informe” de Justo Tomás,
Emilio Loscos, Joaquín Bielsa y Antonio Alquézar, en relación a la situación de las colectividades aragonesas tras la disolución del Consejo de Aragón, en caja nº 1329 de la
serie “Barcelona”, del AGC, Sección Político-Social.
17. Cfr. en cuerpo de documentación contenida en caja nº 1408 de la serie Barcelona del AGC, Sección Político-Social.
18. Cfr. en caja nº 10 de la serie Barcelona del AGC, Sección Político-Social.
19. Acerca de estas vicisitudes y otras facetas públicas del gobernador aragonés, puede ser consultado lo que escribimos al respecto en Alejandro R. DÍEZ DE TORRE (2002), “Desdichas de un Gobierno aragonés”, Trébede, Zaragoza, nº 36. En el legajo comentado, de la serie “Barcelona” nº 397, un expresivo documento del PCE aragonés hacía recuento
de los afiliados con este partido contaba en dependencias oficiales como Correos, Telégrafos, Delegaciones gubernamentales de Sanidad, Instrucción Pública, Ayuntamiento y
sede del propio Gobierno de Aragón en Caspe. Otros legajos expresivos de tal simbiosis documental clasificados en la serie de “Barcelona”, fueron 371 y 373.
ROLDE 121-122_ 14
provenían de Aragón: como los importantes documentos de tres de los diputados aragoneses dirigiéndose al
gobierno y maniobrando en contra del
Consejo de Aragón (que ellos mismos y
otros diputados habían contribuido a
crear, entre octubre y noviembre de
1936) en la serie de Barcelona; o las
disposiciones para aposentar el
Gobierno General en Fraga, mediado
marzo de 1938 y a punto de abandonar Aragón, que figuran en la serie de
Castellón del Archivo20.
Un Consejo de
Aragón desconocido
durante años por
los aragoneses,
olvidado por los
políticos de la
transición
Pero incluso cuando esos acontecimientos produjeron la desaparición del
Aragón republicano, sus refugiados y
las vicisitudes de poblaciones trasladadas al ámbito catalán todavía en 1938
dejaron evidencias documentalmente
reflejadas en el Archivo salmantino, a
través de las recogidas por una Comisión de Evacuados de Aragón, Centro
Obrero Aragonés de Barcelona21 y
muchos otros documentos, como informes de acogida de evacuados, fichas
laborales en colectividades de Cataluña, de refugiados aragoneses, etc.22
Resulta cuando menos sorprendente que en Aragón, durante tantas
décadas se haya desvanecido hasta el
recuerdo de su primer organismo político de afirmación regional, que –aunque breve y con todos sus defectos–
marcó el inicio de un giro irreversible
de autogobierno y primera experiencia
de autonomía, aún dentro de una guerra y siempre en la época contemporánea. Pero la situación fue llevada –por
la acumulación de problemas, la inanición central del Estado, la inoperancia
institucional, aún lastrada por el caciquismo– al límite de la mera supervivencia como región: que fuerzas
dinámicas, obreras y de dos corrientes
republicanas –de izquierda y autonomista– tomaron a su cargo una reconstitución de la personalidad regional en
plena guerra. Lo hicieron además,
dando preferencia al viejo programa de
reconstrucción costista, y adoptando
su política desde abajo, dando entrada
a las aspiraciones de localidades y
comarcas, con procedimientos de gestión al modo federal y libertario, de la
fuerza instrumental predominante del
sindicato CNT (mayoritaria y predominante organizada en pueblos y centros comarcales de las tres provincias
aragonesas, con una red de sindicatos
sin comparación a otras redes del
momento).
En el espectro político de aquel
Aragón sobreviviente en 1936 (la mitad
oriental de la región, recuperada o
mantenida fiel a la República), la
importancia y consistencia política de
la CNT queda definitivamente fijada
por los fondos del Archivo salmantino.
De sus colecciones de prensa diaria
–especialmente Nuevo Aragón– con-
servadas, así como del contraste con
otras fuentes –un documento recopilatorio y otra documentación23– sobre
composición de los Municipios, en
1937 pueden concretarse estos datos:
del total del 70% de municipios constituidos por distintas fuerzas sindicales y
políticas a lo largo del Aragón republicano, 363 municipios que arrojaban un
total de 2.368 concejales, 1.221 de
ellos pertenecían a CNT, 642 a UGT,
213 a Izquierda Republicana, 155 al
Frente Popular, 48 a Unión Republicana, 57 al PSOE y 18 al PCE. Permaneciendo 14 concejales sin clasificar, de
aquel total de 2.368 la CNT representaba una fuerza mayoritaria a lo largo de
Aragón, que obtenía una representación política municipal equivalente al
67% en Huesca, el 92% en Zaragoza y
el 69% en Teruel, respectivamente
para 182, 34 y 147 Consejos Municipales de los respectivos pueblos24. La
influencia de la CNT se dejaba sentir
igualmente en las 8 Comarcas constituidas en Huesca, las 4 Comarcas
organizadas en la parte republicana de
Zaragoza, o las 9 Comarcas en la de
Teruel. Del mismo modo que la CNT
adquiría también una presencia destacada en las 12 consejerías de las que
se componía el órgano regional reconocido por la República como su órgano
político en la región: el Consejo de Aragón. El cual a sus expensas y medios
materiales dotó de infraestructura,
objetivos, líneas de actuación y áreas
de trabajo institucional a 12 consejerías: de las que seis estuvieron permanentemente dirigidas por cenetistas
(Agricultura, Economía y Abastos,
Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Orden Público e Información),
dos por ugetistas (Hacienda, Cultura),
20. Vid. documentos en cajas nº 218 de la serie Castellón, en el AGC, Sección Político-Social. Así como, el documento de diputados aragoneses, en la caja nº 824 de las
serie Barcelona del Archivo. Aunque también existen documentos para valorar el canto del cisne gubernativo en Fraga del gobierno General de Aragón, en la caja nº 80 de
la serie Aragón del AGC.
21. Cfr. en caja nº 525 de la serie Barcelona, en el AGC, Sección Político-Social.
22. Cfr., entre otras, en caja nº 1791 de la serie Barcelona; o bien, en la caja nº 5 de la serie Lérida del AGC, Sección Político-Social.
23. La relación más completa de composición municipal de Aragón, en los distintos Consejos Municipales y sectores representados Cfr. en caja nº 397 de la serie Barcelona, en el AGC, Sección Político-Social.
24. Según las notas conservadas por Joaquín Ascaso, el presidente aragonés en la primera mitad de 1937, recientemente editadas, de 491 pueblos, con 358 Consejos Municipales constituidos, la CNT tenía 1.183 concejales, la UGT 618, Izquierda Republicana 269, PSOE 55, Unión republicana 49, PCE 19; sin clasificar un total de 118. Véase
Joaquín ASCASO (2006), Memorias. Hacia un nuevo Aragón (edición e introducción de Alejandro .R. DÍEZ DE TORRE), Zaragoza, Prensas Universitarias.
15_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
Escena de trilla en Colectividad de la comarca de Muniesa, verano 1937
dos por republicanos de izquierda
(Obras Públicas, Justicia) y dos por
comunistas (Industria y Comercio,
Sanidad y Asistencia Social). El Archivo
salmantino no solo conserva la colección de sus Boletines del Consejo de
Aragón, sino también algún ejemplar
de sus revistas o publicaciones especiales, como la del departamento de
Transportes, Comunicaciones (aunque
un solo número); sabiendo que editaron otras que el Archivo no conservó,
porque ni los militares de Franco
tuvieron la oportunidad de su “recuperación” con la caída de frentes
repentinamente en marzo de 1938.
Del conjunto de aquellas fuentes y
otras más fragmentarias conservadas
en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, ha sido posible para los historiadores reconstruir al menos los perfiles
de grandes proyectos costistas y regionales en los que se implicó el Consejo
de Aragón. Por los que debió generar
una documentación que hoy solo
resulta testimonial25, respecto a la que
efectivamente existió en 1937, cuando
Fábrica azucarera de Monzón, 1936
sus oficinas y almacenes fueron disueltos y arrasados por unidades militares y
el bandidaje estalinista. Cada vez va
quedando más claro que aquellos proyectos sin embargo pudieron llevarse a
cabo por la intercomunicación, fluidez
e idea compartida de un Proyecto
común que –durante unos primeros
meses– existieron en equipos humanos, que lograron conjuntarse en distintos departamentos aragoneses:
como los equipos agrícolas, de técnicos, expertos e incansables líderes
sindicales en el departamento de Agricultura, dirigidos por los cenetistas,
José Mavilla y Adolfo Arnal y su subsecretario Isidro Miralles después; o el
equipo de peritos y expertos de Obras
Públicas, liderados por el republicano
turolense Ángel Roig o el ingeniero
republicano Pedro Cajal; o los equipos
sindicales movilizados en Hacienda por
el ugetista-comunista José Ruiz Borau,
o de los maestros en Instrucción
Pública, coordinados por el cenetista
José Alberola y el ugetista Manuel Latorre primero, los socialistas Arsenio
Jimeno y Palmira Plá; o en Transporte,
los libertarios Francisco Ponzán primero y Luis Montoliu; o en Economía y
Abastos, el plantel movilizado en torno
a la figura de los cenetistas Servet Martínez dentro de Aragón y Jesús Aldanondo y el subsecretario Fernando
Sanclemente fuera de la región. Sobre
distintas líneas y vertientes de un gran
programa costista de gobierno regional,
dedicamos capítulos en nuestra obra
sobre la actividad desplegada por ellos
en la región y fuera de ella durante
meses26.
En el proceso regional de aquel
órgano autonómico, pero conectado
fuertemente a intereses y necesidades
de la República –de un régimen en
guerra de supervivencia del Estado– en
el Consejo de Aragón al menos hemos
apreciado tres fases sucesivas27, marcadas por distintas alternativas de
equipos dirigentes regionales del Consejo de Aragón: a) fase de afirmación
inicial y determinación regional, hacia
un cambio de relaciones político-sociales, entre fines de agosto y el 17 de
25. Curiosamente, solo se conservan pequeños restos de carácter homogéneo de algún departamento, como los regentados por los libertarios, en Información Orden Público.
En ambos desempeñó su gestión el libertario Adolfo Ballano; del que se conserva su correspondencia tardía, en el departamento de Información y Propaganda del Consejo
de Aragón, y solo cuando era regentado –ya tardíamente– por aquel. En caja n-º 18 de la serie Aragón, del AGC, sección de Político-Social. También de otros departamentos en la misma serie de Aragón, caja nº 25 (entre correspondencia de Izquierda Republicana y del Frente Popular de Aragón). En cuya caja figuran oficios de distintos
departamentos regentados por republicanos e interesante borrador de reunión del Consejo de Aragón, que con el membrete de “Presidencia”, especifica tareas a realizar.
26. Cfr. en DÍEZ
DE
TORRE (2003), parte III, caps. VI y VII.
27. Cfr. en DÍEZ
DE
TORRE (2003), Ibíd., caps. III, IV y V.
ROLDE 121-122_ 16
octubre de 1936, que se constituye formalmente el órgano aragonés, regido al
principio solo por cenetistas y libertarios en seis áreas de trabajo delineadas
ya como “consejerías”; b) fase de recuperación regional, frente a intromisiones catalanas, pero con una salida de
demandas y reconocimiento en el centro del Estado para el órgano aragonés,
el 23 de diciembre de 1936. Fue una
fase de instalación y apertura autonómica, acaparada por la estructuración
de un órgano de afirmación regional,
en el otoño de 1936, en el que con la
consolidación de los frentes, los libertarios –en ausencia aún de otros sectores
obreros y republicanos– pusieron las
bases de una gestión política centrada en el restablecimiento de la personalidad regional. A falta de órganos
tan arcaicos y desprestigiados como
las diputaciones provinciales, dieron
entrada a una política desde abajo, de
localidades y comarcas, a base de
reestructuración política sobre nuevas
líneas federales, que las daban participación y protagonismo en la gestión de
sus propios asuntos a las poblaciones,
siempre coaligadas aquellas en un
órgano autonómico federal, radicado
excéntricamente en Fraga (Huesca);
desde allí, a modo de “centro” federal
del Aragón oriental, se emitieron instrucciones que tendían a asegurar el
poder local de “comités” de defensa
local; así como la cesión de atribuciones funcionales en la Comarcas: constituidas ya entonces gran parte de las
21 activas durante 1937–8 en Huesca,
4 en Zaragoza, 9 en Teruel– como centros de confluencia de intereses locales
y servicios o infraestructuras comarcales, regidas por un sistema de “comités” funcionales y toma de decisiones
colectivas en “asambleas regionales”
de diferentes servicios y administración
(del Transporte, Enseñanza, Abastos,
etc.). Aún con bombardeos ocasionales –o “por error”– de consejerías libertarias, desde la base catalana de
aviones en Sariñena, dominada por un
estado mayor catalanista-comunista,
los equipos libertarios y sus negociaciones con otros sectores de Frente Popular de Aragón, para su incorporación al
órgano político, vieron coronados sus
esfuerzos con el reconocimiento del
gobierno central y la formación del
definitivo Consejo de Aragón, compartido por los diferentes sectores; y c)
fase de refundición descentralizada y
regeneración costista, de atribuciones
y competencias centrales y regionales
del Consejo de Aragón, ejercidas en
algunas líneas como funciones delegadas del gobierno central y órgano del
gobierno en la región, bajo supervisión
ministerial. Fue un periodo de autonomía compartida, que se extendió
durante siete meses del Consejo aragonés, entre fines de 1936 y julio de
1937. En algunas de las funciones
delegadas, como las de orden público,
el propio Consejo contribuiría a cierto
deterioro, al asumir en sus comisarías
u oficinas comarcales múltiples tareas;
el coste político de semejante deterioro
perjudicó a los libertarios y sus titularidades en consejerías como las de orden
público o economía y abastos. Pero fue
característico de esta fase un relanzamiento de líneas de desarrollo y recuperación costistas de la riqueza regional,
así como intentos notables de concertación económica, federal, y de mejora de
relaciones de Aragón con Cataluña28.
En el impulso regional del Consejo
aragonés, por primera vez se experimentó en Aragón un programa integral
de movilización de todos los recursos y
ajuste a las necesidades y expectativas
populares, desde pueblos y comarcas.
Tomándolo directamente de los crite-
rios de gobierno y del plan de acción
de Joaquín Costa, el programa de
acción política y desarrollo del Consejo
de Aragón puso a trabajar la inspiración del programa costista en sus
diversas direcciones de nueva política
de masas, para las necesidades de la
gente: “Escuela y Despensa”, “Política
Hidráulica”, de ahorro racional y preparación de “Polítíca del ochavo”
popular, etc. Fue una gran plataforma
de acción conjunta –desde el nuevo
centro regional, en Caspe, desde las
Comarcas y los mismos pueblos– que
sincronizó esfuerzos e hizo coherentes
durante meses los objetivos y tareas de
las distintas consejerías y consejeros
de Aragón. Representantes frentepopulistas y libertarios trabajaron mancomunadamente
con
pueblos
y
comarcas, en un proyecto –compartido socialmente– de revalorización y
desarrollo regionales, que tomó del
gran jurisconsulto aragonés muchas
de sus inspiraciones, de: municipalismo, apoyo técnico-agrícola, impulso
hidráulico, de riegos, de transportes,
obras públicas, enseñanza, entre otras
líneas de costismo práctico que están
presentes en distinto grado en grupos
documentales del Archivo de Salamanca29. Costistas por lo demás, fueron y se declararon distintos consejeros
del Consejo de Aragón, a lo largo de su
trayectoria en sus consejerías, como
hoy lo sabemos: desde los maestros
oscenses (los libertarios Viñuales, Ponzán o Mavilla: este último, declarado
“hijo de Costa” y, desde febrero de
1937, al cargo de la organización regional de Colectividades), hasta los consejeros de Obras Públicas o Hacienda, el
republicano oscense –y líder de las
movilizaciones durante años por el
agua en el Ato Aragón- Jorge Cajal, o el
28. Entre otros documentos conservados que fijan las líneas de relación interterritorial, entre Aragón y Cataluña, se conserva un dossier de prensa contrastada, de la formación del Consejo de Aragón y su presentación y relaciones con la Generalitat de Catalunya, en caja nº 1.272 de la serie “Barcelona” del AGC. Fue un tema documentado y
seguido en varias vertientes, en nuestra obra. DÍEZ DE TORRE (2003), caps. II y III.
29. Especialmente, en campos como: las obras públicas, con grupos de documentos del departamento del Consejo de Aragón (cajas nº 25 y 73 de Aragón); los riegos y la
configuración de acuerdos comarcales, auspiciados o estimulados por el departamento. agrícola del Consejo de Aragón (cajas n.ª 18, 77 y 96 de Aragón); la enseñanza y la
dotación de apoyos e infraestructura, por ejemplo en torno a las colonias escolares y Hogar de la Infancia propiciadas por el departamento. de Instrucción Pública del Consejo de Aragón (cajas nº 25, 84 y 121 de Aragón; nº 1353 y 1433 de Barcelona); o los esfuerzos por dotar plazas y vacíos de maestros en escuelas locales (en caja.º 886
17_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
ugetista-comunista zaragozano José
Ruiz Borau (José Ramón Arana, en su
obra literaria)30. Aragón optó entonces
por la comarcalización de su orden civil
y económico, para aprovechar hasta la
última de sus energías y situar la satisfacción de sus necesidades más primordiales, al alcance de sus
poblaciones. Alrededor de sus centros
activos y vitales, los comarcales, donde
pudieron garantizarse intercambios y
oferta de bienes a precios bajos, la vida
barata y la misma política aragonesa
fue vista en tales centros como la “política para la blusa y el calzón corto”
populares de Joaquín Costa, que vio
consolidarse en ellos el periodista socialista Alardo Prats a mediados de 193731.
En el nuevo orden de prioridades, el
sistema colectivo (ista) revalorizó la vida
de amplios sectores rurales, apenas
saliendo del viejo esquema caciquil –de
control férreo de minorías y jefes, colocados en la jerarquía de mando político
u administrativo; con un orden cerrado,
solo accesible y sensible a necesidades de una minoría de propietarios y
profesionales, con intereses retrógrados de control social– invirtiéndose el
esquema hacia necesidades de sectores mayoritarios o amplios y nuevos
servicios sociales en poblaciones:
abastos, hospitales de urgencia, escuelas, asilos-residencia, entre otros derechos sociales que pasaron a tener
atención especial en poblaciones en
1937. Donde las colectividades institucionalizaron una nueva economía
social, entre renovaciones de viejos
edificios públicos o privados –conventos, palacios, almacenes o
dependencias afines– o ampliación y
construcción de instalaciones para nuevos usos sociales, a menudo proyectos
Mapa de los frentes militares y territorios ocupados por los ejércitos de Franco en Aragón
de Barcelona); o incluso, la decisión de recogida de obras de arte, para un Museo Regional de Aragón (caja nº 50 de Aragón). Por no referir otros temas de intensa comarcalización y disposición ordenadora del Consejo de Aragón, como: las bases y regionalización de transportes (cajas nº50 y 73 de Aragón; 921, de Barcelona); los abastos (con representación de movimientos locales-regionales, en casos puntuales, como en Gelsa, caja nº 110 de Aragón; 397 de Barcelona); la electrificación y la orientación de sus
aprovechamientos comarcales (cuestionarios y orientaciones, conservados a propósito de la comarca de Huesa del Común, caja nº 73 de Aragón); las azucareras y orientaciones
regionales de sus líneas de explotación comarcal (cajas nº 18, 49 y 110 de Aragón), y hasta la sanidad (cajas nº 73 y 110 de Aragón) o el trabajo ( cajas nº 73 y 110 de Aragón).
30. Véase a este respecto su última antología de Poesía, en edición de Javier Barreiro y estudios introductorios sobre vida y obra de José Ramón Arana-José Ruiz Borau, a
cargo de Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE, Alejandro R. DÍEZ DE TORREy Javier BARREIRO, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses/Diputación Provincial de Zaragoza, 2005.
31. Cfr. En Alardo PRATS y BELTRAN (2006), Vanguardia y retaguardia de Aragón, Sevilla, Renacimiento- Espuela de Plata, p. 102. (reed.).
ROLDE 121-122_ 18
Fuente y monumento a Joaquín Costa, en la plaza de la República de Graus
comarcales muy valorados, surgieron
en comarcas con más éxito de colectivización: como la Litera oscense, la
Ribagorza en el Alto Aragón, la Ribera
del Ebro o las fértiles tierras del Bajo
Aragón turolense. Sobre tales procesos
de comarcalización de servicios y un
nuevo cuadro de disponibilidades
desde las Comarcas, el Archivo salmantino todavía conserva pequeños
grupos documentales insustituibles32.
En Binéfar, por ejemplo, radicó un hospital comarcal o “Casa de Salud
Durruti” enteramente instalado con
recursos y medios locales y comarcales, puesto al servicio de necesidades
delos pueblos, con servicios médicos
de amplio alcance: rayos ultravioleta,
laboratorio de anatomía patológica,
áreas de medicina preventiva y ginecología, etc. Financiado con los medios
de colectividades comarcales, este
hospital fue uno de los símbolos de
avance social colectivo en las comarcas; donde los nuevos servicios disponían, además, de apoyo técnico,
ayudas o impulso decidido del Consejo
de Aragón, como en las bases de transporte comarcal, los parques de maqui-
Sede de consejerías del Consejo de Aragón en Caspe
naria agrícola, las azucareras o las
minas turolenses.
No obstante al final de aquel
periodo constructivo y socialmente
creativo, en los inicios del verano de
1937, tanto el proceso de reajustes
entre fuerzas políticas en el gobierno
central, como por las pugnas entre tendencias políticas obreras –que culminaron en Barcelona en los sucesos de
mayo de 1937, entre comunistas, poumistas y libertarios– el Consejo de Aragón acusó los avatares de un proceso
de centralización general e intrigas
políticas crecientes, proceso representado en el Archivo de Salamanca por
informes y documentos, puntuales
pero esenciales al respecto33. Ambas
perspectivas tuvieron por motivo el tira
y afloja en la autonomía de gestión
regional, pero se concentraron en
ministerios centrales de Valencia, o en
reuniones y pactos regionales, entre
CNT y Frente Popular, para remodelar
cuotas de participación de sectores
componentes con afanes diversos ya.
A lo largo de los meses de junio y julio
de 1937, en pos de refrendos sucesi-
vos de cúpulas centrales de partidos
nacionales, así como de peticiones de
apoyo material de distintos ministerios
a proyectos regionales en curso, hacia
Valencia discurrieron delegaciones
frentepopulistas o cenetistas aragonesas. Estos últimos se encontraban sin
valedores ministros en el gobierno central, después de la caída del gobierno
de Largo Caballero y la formación, el 17
de mayo del gobierno dirigido por el
socialista Negrín.
Envuelto en un proceso de militarización y centralización del Ejército del
Este en Aragón, durante julio y primeros días de agosto de 1937, el Consejo
de Aragón sobrevivió a duras penas,
entre el aislamiento y la estrangulación
central, con el correspondiente deterioro de competencias, pérdidas de
apoyos políticos y cerco militar, previa a
su liquidación. Con una perspectiva
thermidoriana a la vista, los fondos del
Archivo salmantino han conservado la
dislocación del orden regional, a base
de asaltos militares, altercados locales
calculadamente suscitados por fuerzas
regulares en retaguardia, durante un
32. Como por ejemplo, los cuerpos o dossieres documentales de centros y asambleas de federaciones comarcales de colectividades, o de comités comarcales de: Angüés
(caja nº 56 Lérida); Barbastro (cajas nº 515, 906, 921, 1.331, 1.345, 1.431 y 1.432 Barcelona); La Almolda-Pina de Ebro (caja nº 110 de la serie Aragón); Azuara-Lécera
(caja nº 36 de Aragón); Huesa del Común-Muniesa (caja nº 73 de Aragón); Albalate del Arzobispo-Híjar (caja nº 50 de Aragón); Alcañiz (caja nº 77 de Aragón); Valderrobres
(caja nº 543/1 Madrid); Mas de las Matas y la comarcalización de su Alcoholera (cajas nº 73 de Aragón y 302 Castellón); Mora de Rubielos (caja nº 6 Vinaroz).
33. Cfr. en documentos contenidos en las cajas nº: 25, 49 y 51 de la serie Aragón; 393 y 397 de Barcelona del AGC.
19_EL ARCHIVO DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
Billete de la Colecctividad Obrera UGT-CNT de Híjar
mes antes de la liquidación militar de agosto de 1937 del
Consejo de Aragón34. Finalmente materializada con los planes y programación de ocupaciones militares de retaguardias, a cargo de Divisiones como la 11 del comunista Líster,
la 30 catalanista o la 27 del comunista y catalanista del
Barrio. De hecho Líster disponía de un plan de ocupación
en Caspe de sedes, consejerías, almacenes, instalaciones,
etc., del Consejo de Aragón y otras oficinas del mismo en
el Aragón Oriental. Mientras aparecía en la Gaceta, el 11 de
agosto de 1937 el decreto de disolución por el gobierno
central del Consejo de Aragón, con instrucciones directas
del ministro de la Guerra Indalecio Prieto, el jefe comunista
dirigía tropas de elite bien pertrechadas en rápidas operaciones de invasión de pueblos y centros comarcales. No
deteniéndose las ocupaciones y detenciones militares en
sedes oficiales e instancias del nuevo poder regional, sino
que se ampliaron a sedes anarcosindicalistas y cuadros
colectivistas en general. Los resultados alcanzados con
tales actuaciones e impunidad militar quedaron ocasionalmente representados en distintos documentos del Archivo
de la Guerra Civil35 aparte de destrucciones de almacenes,
asaltos y rapiña de soldadesca o de sus mandos, confiscaciones, nuevos aposentamientos y colapso de abastos o
transportes, arrasamiento del orden civil y del sistema de
autoridad por un bandidaje inducido por jefes, delegados o
policías mandamases– fueron detenciones de más de 600
personas, varios consejeros del Consejo de Aragón detenidos en sus puestos con los papeles dispuestos, cientos de
detenidos responsables de colectividades y consejos municipales, que fueron trasladados a prisiones y lugares solo
conocidos por los mandos castrenses y sus tropas. Sobre
estos y otros aspectos “gubernativos” del nuevo orden civil,
también conserva el Archivo salmantino documentos
representativos36. Algunos detenidos como los hermanos
Blanco de Alcampel desaparecieron; otros más afortunados, pasarían largos meses en prisiones provinciales como
la de Barbastro, que fue bombardeada por aviones de
franco en noviembre de 1937, sin que los presos encontrasen escapatoria (incluso, volviendo a sus celdas, después de auxiliar heridos o evacuados). Todavía en enero y
marzo de 1938, el comité regional de la CNT debía pedir,
en largas cartas al nuevo gobernador de Aragón, José
Ignacio Mantecón, la aportación de pruebas o puesta a
disposición de jueces de varios cientos de presos gubernativos cenetistas. Algunos todavía esperaban “juicios”
cuando las tropas de Franco traspasaron los frentes del
Aragón republicano, entre la segunda y la tercera semanas de marzo de 1938.
34. Cfr. en informes de Orden Público o de inspecciones de mandos de policía, como los conservados en cajas nº 397, 802 y de modo especial –con un prolijo informe del
viaje de inspección por la provincia de Teruel, del comisario de policía– 839 de la serie “Barcelona”, del AGC.
35. Son bastante representativos en este sentido informes de dirigentes políticos indirectamente involucrados, como el comunista José Duque y su informe confidencial a la
cúpula del comité central de su partido en Valencia, con fecha de 17 de agosto de 1937 –a una semana del golpe en la región– que se halla en la caja nº 616 de Barcelona, como las manifestaciones públicas de José Almudí y otros dirigentes comunistas regionales, recogidos en Boletines orgánicos de sus oponentes cenetistas (en la nº
463 y 1.329 de Barcelona).
36. Como ejemplo significativo, los documentos de relaciones de detenidos –en cárcel de Caspe y otras prisiones más o menos adaptadas– de dos fechas distintas (el 16 de
octubre de 1937 y de febrero de 1938), en caja nº 1308 de la serie “Barcelona”; o bien, de circular orgánica cenetista, con acuerdos sobre presos gubernativos entre otros
alcanzados con el Gobernador General, en caja nº 1345 de la serie “Barcelona”, del AGC.