Los falsos positivos en Colombia: violaciones a los

Los falsos positivos en Colombia: violaciones a los

Marzo 17 de 2014
Trabajo del Módulo 1 – La transversalización de los Derechos Humanos
Los falsos positivos en Colombia: violaciones a los Derechos
Humanos en el nombre de la seguridad ciudadana
Katherine Aguirre Tobón – Investigadora Asociada Instituto Igarapé
Colombia es el país con el conflicto armado de más larga duración en el mundo.
Conflicto que ha dejado un lastre de muerte y desigualdad en todas las regiones,
sobre todo las más alejadas y marginadas. En el nombre de proveer seguridad y
mantener el orden público, los gobiernos de turno han implementado diversas
estrategias para poner fin a esta confrontación armada, incluyendo la cooperación
internacional con potencias mundiales y las formas más crudas de combate y
acciones unilaterales.
Como parte de estas estrategias, durante el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y
2010, se implementó la política de seguridad democrática, basada en la derrota
militar de los grupos guerrilleros1. Como parte de esta política, se desplegó la más
fuerte ofensiva contrainsurgente. La muerte de guerrilleros se convirtió en un
objetivo militar y una manera de medir la efectividad de la política de seguridad.
Como resultado, se dio el ejemplo más severo de violación de Derechos Humanos
en el país durante las últimas décadas, los falsos positivos.
A los falsos positivos se les conocen como los casos de asesinato de civiles
inocentes (principalmente en 2008) para hacerlos pasar como guerrilleros muertos
en combate dentro del marco del conflicto armado. Estas acciones hacen parte de
las violaciones de Derechos Humanos realizadas por parte de Estados,
comúnmente denominadas como ejecuciones extrajudiciales o sumariales.
1
Este término debe diferenciarse del usado en el “Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica”, en donde
se considera la seguridad democrática como “la supremacía y el fortalecimiento del poder civil y el balance razonable de
fuerzas”, entre otros aspectos relacionados con el mantenimiento del Estado de Derecho y el desarrollo. Pág. 110
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La relevancia de analizar este caso no solo aplica a Colombia, en un contexto de
conflicto armado. Es importante ilustrar como la seguridad publica pasa por
encima de la seguridad ciudadana, y cómo se violan los Derechos Humanos para
proveer bienestar a unos pocos.
Esto se refleja claramente en el caso de Centroamérica, donde el legado del
conflicto armado se refleja fácilmente en el predominio de políticas de mano dura
durante las décadas de los 80s y 90s y donde no se descarta el asesinato de
poblaciones vulnerables para generar registros de estadísticas que demuestren
una posible efectividad de una política represiva.2 Un ejemplo claro de esta
situación se evidencia también en la actual lucha contra los grupos vinculados al
narcotráfico en México.
Los falsos positivos y la violación de los Derechos Humanos En términos puntuales, el caso de los falsos positivos se refiere a la muerte de
cerca de 20 jóvenes habitantes del municipio de Soacha (vecino de la capital de
Colombia, Bogotá), los cuales aparecieron como bajas del Ejército Nacional en el
departamento de Norte de Santander, los cuales fueron registrados inicialmente
como miembros de las FARC. El caso salió a la luz luego de la denuncia de las
madres de los jóvenes asesinados, con el apoyo de organizaciones y políticos
locales.
El asesinato de estos jóvenes (de zonas rurales y marginadas) se dio en el marco
de la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, basada en una derrota
militar de los grupos guerrilleros, en la cual el número de bajas y deserciones era
un indicador fundamental. Aumentar el número de muertes se convirtió en el
objetivo fundamental de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, dando un
2
Para el caso Guatemalteco, estudios indican que estructuras de inteligencia y aparatos de seguridad clandestinos
contemporáneos son la continuación de los aparatos clandestinos de seguridad del conflicto, los cuales no fueron
desmantelados luego de los acuerdos de paz Ver Washington Office on Latin America –WOLA (2003). Hidden Powers in
Post-Conflict
Guatemala:
Illegal
Armed
Groups
and
the
Forces
behind
them.
http://cgrs.uchastings.edu/pdfs/HiddenPowersFull.pdf
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incentivo para asesinar indiscriminadamente en nombre de la “seguridad
democrática”.3
Como resultado de este escándalo, varios miembros del ejército fueron
destituidos, las Fuerzas Armadas implementaron medidas de capacitación a sus
miembros para prevenir la ocurrencia de eventos de este tipo en el futuro, y
aumentó la veeduría por parte de organismos multilaterales. Sin embargo, la
impunidad ha imperado en este proceso, dado que no ha habido condenas a
ninguno de los presuntos responsables.4
Aunque no ha habido una sentencia oficial sobre violación de Derechos Humanos
o del Derecho Internacional Humanitario, así como condenas a los presuntos
responsables, las denuncias por parte de organizaciones nacionales e
internacionales han sido múltiples. Incluso el relator especial de las Naciones
Unidas para las ejecuciones arbitrarias, denunció en 2009 que en el marco del
conflicto colombiano existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales, aunado a una
que impunidad abarca el 98.5% de los casos.5
El derecho básico violado es el derecho a la vida, en el cual con la excusa de la
defensa nacional, el Estado hace uso excesivo del uso del monopolio de la fuerza,
asesinando a civiles inocentes. De la misma manera se viola el derecho de la
integridad física y psicológica de las juventudes marginadas que viven en
estado de zozobra al estar expuestos a ser víctimas de esta violación de
derechos.
El caso de los falsos positivos en Colombia es una manifestación clara de la
reproducción y legitimación de formas arbitrarias, ilícitas, ilegales y violatorias de
3
Los falsos positivos también involucran a soldados de bajo nivel, a quienes se les ofrecieron recompensas e incentivos
económicos, así como otros beneficios para llevar a cabo las acciones. El escándalo tomó lugar cuando Juan Manuel
Santos, el actual presidente de Colombia era el Ministro de Defensa del país.
4
El número de falsos positivos se acerca al centenar, hay diferencias en los registros de diversas instituciones asociado a la
falta de una definición específica, al haber confusiones en términos como Ejecuciones sumariales, extrajudiciales, muertos
ilegales, entre otros. Ver http://www.semana.com/nacion/justicia/articulo/las-cuentas-falsos-positivos/99556-3 5
Ver International Peace Observatory (2010). La ONU denuncia "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y una impunidad
del 98,5%. Disponible en http://www.peaceobservatory.org/es/1056319362/la-onu-denuncia-un-patron-de-ejecucionesextrajudiciales-y-una-impunidad-del-985
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derechos humanos, que llegan a constituir prácticas institucionales, tales como los
malos
tratos
y
torturas,
las
detenciones
arbitrarias
o
las
ejecuciones
extrajudiciales.6
De la represión a la salida negociada y de prevención Los falsos positivos son un claro caso del mal uso del monopolio de la fuerza por
parte del Estado, en el nombre de la protección a los ciudadanos y del orden
público, en el marco de un conflicto armado. Sin embargo en este caso, “las
ejecuciones extrajudiciales que se presentan como bajas en combate, no se tratan
del uso legítimo de la fuerza sino de infligir la pena de muerte, sin juicio, sin
condena y con un objetivo perverso y alevoso.”7
Con el objetivo primordial de reducir la impunidad, se requiere contar con una
institucionalidad pública en seguridad que considere los mecanismos de control
sobre las fuerzas de seguridad, con mecanismos de control que incluya las
instancias disciplinaria y política.8 Pero más allá de esto, es necesario pensar en
una salida negociada el conflicto, la cual sea sostenible y de largo plazo.
El enfoque de mano dura, de terminación del conflicto armado por medio de la
victoria militar es el que predominó en el país durante los últimos años,
contrapuesto a la estrategia de una salida negociada, actualmente en vigencia en
el país.
Sin embargo, la terminación del conflicto no solo debe considerar el fin del
enfrentamiento armado, la desmovilización, desarme y reintegración de los
combatientes, sino una política integral que reduzca los riesgos de la violencia de
6
Albaladejo, Isabel (2006). La Seguridad Ciudadana para la Garantía de Derechos Humanos: un Deber de los Estados.
Programa “Seguridad y Derechos Humanos” en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH.
7
Novoa, Alejandro (2011). La marca indeleble de los falsos positivos. Centro de Investigación y Educación Popular Programa
por
la
Paz
(CINEP/PPP).
Disponible
en
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=281%3Ala-marca-indeleble-de-los-falsospositivos&catid=94%3Aultima-edicion-cien-dias&Itemid=168&lang=es
8
Pochak, Andrea. La seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos como desafío de la política criminal.
Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Pág. 8
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post-conflicto, incluyendo la violencia en contextos urbanos. En este sentido es
relevante al paso de la seguridad pública (en la cual la prioridad está en la
preservación del orden público y definiendo la seguridad desde los propios
intereses del Estado, y no de las personas) a la seguridad ciudadana (la cual
considera que la seguridad es básicamente garantía de derechos de las personas
que componen una sociedad).9
Indicadores de política de seguridad de resultado y de proceso En este sentido, y no solamente en el marco del conflicto armado, la política de
seguridad represiva se mide con indicadores de resultados tales como las muertes
y deserciones. Este tipo de indicadores justifican en cierta medida, la filosofía
detrás de las políticas de represión.
Como manera alternativa, una política preventiva debe considerar indicadores que
den cuenta del proceso, en lugar del resultado. En este sentido, de deben definir
indicadores que aborden objetivos más de fondo, que den cuenta del proceso que
lleva a la reducción de la violencia y promoción del desarrollo, tales como la
implementación de iniciativas comunitarias y participativas para la prevención del
delito, aumento del enrolamiento escolar, reducción de tasas de desempleo en
jóvenes, entre otros.
Este concepto de los indicadores de resultados vs. los indicadores de proceso
están relacionados con el concepto que desde la visión de orden público considera
la seguridad como un fin en sí misma, mientras que la seguridad ciudadana es un
medio para cumplir los demás derechos (un proceso).
Un sistema completo de monitoreo y seguimiento de política pública debe
considerar la combinación de indicadores que den cuenta de los diversos
procesos metas y objetivos, y en este sentido, seguimiento de resultados no
punitivos acompañado de la observación del proceso. En este sentido, los
9
Pochak, Andrea. Pág. 2
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indicadores de resultados hacen parte del sistema, sin embargo, no son la única
manera de dar cuenta de los avances de la política como tal.
Conclusiones Los falsos positivos no se acabaron en el país luego del escándalo de 2008-9.
Ante la prioridad de terminar militarmente el conflicto armado, y de presentar
resultados de una política de mano dura y represiva (resultados), hay evidencia
que las ejecuciones extrajudiciales han continuado en el país, aún frente la
denuncia de múltiples organizaciones nacionales e internacionales.
El abuso del monopolio de la fuerza ha sido una de las violaciones de Derechos
Humanos directas más graves de los Estados, incluyendo contextos por dentro y
fuera del conflicto armado, incluyendo casos de limpieza social que se llevan a
cabo en conjunto con grupos armados ilegales. Esto lleva a la necesidad de
implementar políticas de prevención de este tipo de prácticas por medio de la
veeduría interna de las Fuerzas Estatales, así como el control impuesto por
organizaciones locales e internacionales, los cuales velan por los Derechos
Humanos.
En términos generales, esto implica una migración de políticas de mano dura y
represivas, basadas en el uso de la fuerza y seguimiento a través de indicadores
de resultados, en contraste a implementación de políticas innovadoras basadas en
la prevención de la violencia, medida a través de indicadores de proceso.
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