De esta manera se pretende asegurar que el texto

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De esta manera se pretende asegurar que el texto
De esta manera se pretende asegurar que
el texto constitucional para la capital perpetúe en
su redacción la abusiva injerencia presidencial que
han padecido los habitantes de la ciudad desde los
orígenes de la república y que no vaya a resultar
contrario a los intereses de los componentes del
Pacto por México: las famiglias priístas bajo la
conducción coyuntural de Peña Nieto, las tribus
perredistas y los variopintos intereses coaligados
en el panismo, más las empresas políticas
menores, también alineadas al régimen, así como
las candidaturas “independientes” que lo serán de
partido pero no de inversionistas a trasmano.
Los constituyentes designados por los
jefes de los ejecutivos federal y local (sobre)
representarán a poderes públicos emanados del
fraude, en el caso del primero, que compró los
sufragios que le faltaban para llegar a Los Pinos,
y de la traición a sus votantes, en el caso del
segundo, quien al día siguiente de instalarse en
el puesto empezó a poner en práctica políticas
contrarias a sus compromisos de campaña. Con
los constituyentes de la presidencia, la jefatura de
gobierno y el congreso federal se insuflará vida
más allá de la muerte a la correlación de fuerzas
políticas que imperaba en 2012, adulterada por la
intromisión de intereses supranacionales –los que
dictaron el nuevo ciclo de reformas neoliberales–,
el lavado de dinero de las tarjetas Monex y Soriana
y la inserción definitiva del perredismo chucho en
el régimen oligárquico.
El constituyente capitalino estará formado
por cien diputados y 40 de ellos serán designados
a dedo. Habida cuenta de que las resoluciones
deberán ser aprobadas por dos tercios de los
integrantes, el oficialismo estará en condiciones
de vetar cuanta propuesta sea considerada
potencialmente perjudicial por el régimen. A
las facciones del Pacto por México les bastaría
con ganar, en conjunto, 26 de las 60 curules
sujetas a elección para definir a sus anchas el
texto constitucional. Tal y como está definida, en
suma, la reforma política que convierte al Distrito
Federal en Ciudad de México busca perpetuar el
secuestro de la voluntad popular capitalina por
los poderes federales –especialmente el Ejecutivo–
y que tratará de legitimar e institucionalizar las
políticas privatizadoras, opacas y autoritarias del
mancerato.
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Con todo, la sociedad cometería un error
grave si optara por marginarse del proceso
constituyente, el cual será un foro invaluable
para exponer, promover y defender, entre muchas
otras cosas, los instrumentos de la democracia
participativa –revocación de mandato, consulta
popular, mecanismos de rendición de cuentas
y fiscalización de los gobernantes por los
gobernados–, la orientación social y pública de
la administración urbana, la incorporación de los
derechos indígenas al marco legal, el avance en los
derechos y libertades de género y reproductivos,
la prohibición de convertir la reglamentación
citadina en oportunidades de negocio para
particulares, la codificación de normas urbanas y
ambientales que detengan el deterioro y el caos en
la urbe, la derogación de los preceptos represivos
contenidos en la legislación local y la supresión del
Cuerpo de Granaderos, entre muchas otras cosas.
Si hay cohesión y coherencia en las
propuestas sociales y populares, será posible
plasmar cambios reales en la constitución
capitalina y avanzar hacia la consecución de
la plena soberanía popular en la capital de la
república.