Documentando lo invisible: violencia feminicida en Veracruz

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Documentando lo invisible: violencia feminicida en Veracruz
Documentando lo invisible:
violencia feminicida en Veracruz
Estela Casados González1
Resumen
En este texto se exponen avances de investigación sobre el feminicidio de veracruzanas, la relación de este fenómeno con la desaparición forzada de niñas y jóvenes (sustracción de mujeres por parte de grupos delincuenciales) para la trata de personas y
red de trabajo sexual forzado que culmina en el asesinato de muchas de ellas. A través
de la realización de un monitoreo de medios de comunicación, entrevistas a familiares
de desaparecidas y asesinadas, así como de las reflexiones de activistas feministas del
estado y organismos de la sociedad civil es que se obtiene información que permite
elaborar algunas conclusiones y realizar un diagnóstico preliminar para documentar
la situación en Veracruz.
Palabras clave: feminicidio, violencia contra mujeres, desapariciones, delincuencia
organizada.
Bárbara Ybarra es Presidenta de Buscamos a nuestra hijas, ac. Es una activista que destaca en el ámbito estatal por su trabajo en torno a los temas de desaparición de mujeres y feminicidio.
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Introducción
Tienes que convencer a la autoridad de que se las llevan… Es muy difícil porque tú te das cuenta que ni
les interesa. No sabemos cuántas jóvenes son, qué es lo que estamos viviendo en todo el estado. Es una cosa
muy grave. No sabemos todavía la magnitud. De repente conoces a una chica, de repente conoces a una familia con personas desaparecidas. Cada vez es más común (Bárbara Ybarra, 2014)1.
La noche del 13 de enero de 2011 la población de la capital del estado de Veracruz
atestiguó, vía redes sociales, la primera de muchas balaceras que tendrían lugar entre elementos del ejército y presuntos delincuentes. Ello provocó que la ciudadanía entrara en
pánico y se refugiara en sus casas. Los portales informativos locales colapsaron debido
a que el número de visitantes superó la capacidad de los servidores. Algunos reporteros
y fotorreporteros que quedaron atrapados en el tiroteo informaban en “tiempo real” a
través de sus cuentas en Twitter y Facebook. Subían videos y actualizaban sus estados
continuamente para informar a la población sobre lo que ocurría. El saldo oficial, catorce
muertos: dos de ellos eran elementos del ejército (Ávila, 2011, enero 14).
Cuarenta y cuatro días después de que Javier Duarte de Ochoa tomara posesión
como gobernador constitucional del estado de Veracruz, se presentó este hecho sin precedentes, el cual develaba una situación que llevaba años gestándose en la entidad y que
estallaba con fuerza al inicio de este sexenio: la presencia e innegable fortalecimiento de
grupos delincuenciales que operaban en diferentes puntos del estado, incluyendo Xalapa, una ciudad hasta entonces tranquila, de 457 928 habitantes (inegi, 2010),2 la cual
concentra a la universidad estatal más importante; es la sede de los poderes locales, así
como de las oficinas de las representaciones regionales del gobierno federal.
El 13 de enero de 2011 constituye una fecha de referencia que permitió que la
ciudadanía se percatara de los estragos que diversos grupos delincuenciales estaban
generando en la entidad. Fue como trasladarse a vivir a otra ciudad. Una más peligrosa
que provocaba en sus habitantes un estado de indefensión y vulnerabilidad constantes.
Uno de los efectos generados por el trazo violento que adquirió Xalapa, y la entidad
en general, fue el de las “desapariciones” de adolescentes, así como de hombres y mujeres jóvenes. El concepto desaparición forzada o desaparición involuntaria de personas
se refiere a la privación de la libertad de una o varias personas por parte del Estado o
por grupos de individuos que se desenvuelven con o sin protección del primero. La
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Datos del último censo realizado por inegi, señalan en la población de estado de Veracruz consta de
7’643 194 personas.
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desaparición forzada es un concepto que comenzó a utilizarse a partir de las dictaduras
presentes en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado (Figueroa, 1999).
En México, a raíz de la militarización que tuvo lugar en el país en el sexenio de
Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición forzada ha cobrado enorme relevancia, pues
comenzó a suscitarse con alarmante frecuencia. Aunque se carece de cifras exactas, la
Procuraduría General de la República señaló recientemente que el número de personas desaparecidas asciende a 22 322 hombres y mujeres, de quienes aún no se sabe su
paradero (Informador, 2014, agosto 21).
En Veracruz las desapariciones forzadas, si bien tenían lugar desde hace varias décadas, prácticamente habían pasado desapercibidas. Se intensificaron al finalizar la
primera década del siglo xxi y la situación es tan delicada que el gobierno del estado
se ha negado a compartir las cifras de veracruzanas y veracruzanos desaparecidos, por
lo que aún se desconocen las cifras oficiales.3
Ante la presión social y de los medios de comunicación, el 21 de agosto de 2014,
el procurador de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, se comprometió a
tener listo en próximos días un listado con el número total de personas en calidad de
desaparecidos en Veracruz (Aguirre, 2014, agosto 21).
Las ejecuciones también van en aumento, a tal grado que hay semanas con una ejecución al día en el estado. El aparente ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales,
parece ser la causa de esta macabra constante que caracteriza el día a día para quienes
habitan la entidad (Plumas libres, 2014, agosto 21).
También en 2011, Veracruz fue catalogado por Reporteros sin Fronteras como uno
de los diez sitios más peligrosos del planeta para ejercer el oficio periodístico. Del 1
de diciembre del 2010 al 11 de febrero de 2014 han muerto de manera violenta diez
periodistas en la entidad, entre quienes figura la corresponsal del semanario Proceso,
Regina Martínez. Las víctimas han sido asesinadas con una brutalidad indescriptible
que ha sembrado miedo entre quienes leían sus notas y reportajes, pero sobre todo en
el gremio periodístico. Como resultado de ello hay quienes han migrado a otros puntos del país y del extranjero (Casados, 2014).
Cinco meses después de la balacera que cimbrara a la capital de Veracruz, el 13 de
junio de 2011, una chica llamada Gaby desaparece. Su madre llega del trabajo y no la
encuentra en casa. La joven de 17 años, quien estaba finalizando el último semestre
de bachillerato y que había sido admitida en la Facultad de Arquitectura de la UniCabe señalar que el 28 de septiembre de 2011, el gobierno del estado de Veracruz, a través de quien
en ese entonces era el procurador de la entidad, dio a conocer que en la primera década del siglo xxi
había 5 231 mujeres desaparecidas en la entidad. Posterior a esa declaración no se han compartido
datos oficiales al respecto.
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versidad Veracruzana, aparece sin vida el 23 de septiembre de ese año en “El santuario
de las garzas”, una reserva ecológica que se encuentra en la zona norte de la ciudad. A
unas cuadras de su domicilio.
El hallazgo se dio de manera fortuita. No fue el resultado de labores de búsqueda
por parte de las autoridades correspondientes, quienes en voz del entonces procurador
de Justicia, Reynaldo Escobar, hicieron pública una línea de investigación que carecía
de sustento y cuyo principal argumento era que la joven había huido porque sufría de
“violencia intrafamiliar”.
El feminicidio de Gabriela Arlene Benítez Ybarra, es una historia emblemática en
Veracruz. No sólo porque muestra la vulnerabilidad de las más jóvenes ante los “levantones” y “desapariciones”, o porque evidencia que los protocolos de búsqueda no son
los más adecuados o no se siguen a cabalidad. El recuerdo de ese feminicidio continúa
fresco en la memoria de quienes habitan Xalapa porque mostró el comienzo de una
década en que jóvenes veracruzanas desaparecerían sin dejar rastro; una década en que
algunos de sus cuerpos sin vida aparecerían con signos de violencia y de tortura. Había
comenzado una década de feminicidios.
Ante la ausencia de datos oficiales que permitan conocer de manera actualizada y
certera las cifras de desapariciones de mujeres y de feminicidios, en este texto se exponen algunos datos que se han generado al respecto. El conteo que aquí se presenta
se deriva de un monitoreo a treinta y cinco medios veracruzanos,4 el cual comenzó a
realizarse en enero de 2014. Las cifras que se incluyen en las siguientes páginas comprenden del 1 de enero al 31 de julio de 2014 y reflejan el estado que guardan sobre
este tema los 212 municipios que integran la entidad.
Asimismo, en las siguientes páginas se explorará brevemente en la relación de este
fenómeno con la desaparición forzada de niñas y jóvenes (sustracción de mujeres por
parte de grupos delincuenciales) para la trata de personas y red de trabajo sexual forzado que culmina en el asesinato de muchas de ellas.
Resultados
El feminicidio en Veracruz en números
“Considero que sí hay una relación entre trata y feminicidio, lo malo es que está tan
subregistrado este fenómeno que tampoco es algo que podamos afirmar con números
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La lista de medios consultados se encuentra en la parte de los anexos.
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porque no existe una claridad al respecto…. hace mucha falta saber qué hay en el
fondo, pero eso implica un problema de seguridad para quien está haciendo ese tipo
de investigación. Estamos condenadas a no saber y a tener el problema así de borroso.
Podemos inferir veinte cosas y las veinte cosas pueden ser ciertas o no porque no hay
manera de probarlo” (Yadira Hidalgo, 2014).5
El 28 de septiembre de 2011, al ser requerido por la “Comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las
autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México”, de
la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, el entonces procurador general de
Justicia del estado de Veracruz, Reynaldo Escobar Pérez, informó que de 2000 a 2010
el número de investigaciones que se iniciaron por el probable delito de homicidio
doloso contra mujeres fue de 728 casos (Escobar, 2011). Es decir, un promedio de 73
veracruzanas fueron asesinadas por año a lo largo de esa década.
A partir de datos referidos por Escobar, los medios utilizados para asesinar a las
veracruzanas fueron los siguientes:
Cuadro 1. Medios para el asesinato de mujeres en Veracruz (2000-2010)
Retomado de Escobar (2011)
Medio con el que se privó de la vida
Total
Arma blanca o punzocortante
201
Arma de fuego
165
Golpes
128
Estrangulada
65
Golpes y violación
11
Calcinada
7
Ahogada
4
Descuartizada
2
Envenenada
2
Degollada
1
No especificado
142
Total
728
Yadira Hidalgo es activista feminista y defensora de derechos humanos. De 2010 a 2013 participó en
el Monitoreo de la violencia contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación en Veracruz,
así como en el Registro de Asesinatos de mujeres en Veracruz que encuadran con las hipótesis del
tipo penal de feminicidio, coordinado por El Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre
Mujeres (cidem) cidem, ac. Desde enero de 2014 se desempeña como directora del Instituto Municipal
de las Mujeres de Xalapa.
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La vivienda y la vía pública fueron los lugares en donde principalmente se localizaron los 728 cuerpos sin vida. Se estableció, a partir de las averiguaciones, que en la
mayoría de los casos (601 del total) no se tenía noticia sobre quién había cometido el
feminicidio, tal como se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Relación de las mujeres asesinadas con su victimario. Retomado de Escobar (2011)
Relación con el victimario
Total
Esposo o concubino
59
Por consanguinidad
36
Ninguna
19
Amistad
10
Ex pareja
3
No especificado
601
Total
728
Ante las declaraciones del entonces procurador, diversas organizaciones civiles y
activistas feministas retomaron la información. Establecieron que la cifra presentaba
un fuerte sesgo. Y la idea de que en la entidad se hubiese cometido un mayor número
de feminicidios alertó a la sociedad civil.
Justo un mes antes del hallazgo de los restos de Gaby, el 23 de agosto de 2011, el
Congreso local aprobó reformas a diversos ordenamientos legales para tipificar el feminicidio y castigarlo con una penalidad de cuarenta a setenta años de prisión. Estas
reformas marcaron un hecho sin precedentes que tuvo lugar gracias a la presión de
diversos grupos feministas y de derechos humanos.
Pese a ello, hoy en día los feminicidios acontecen con más fuerza y crudeza, tal
como consta en registros realizados por organismos de la sociedad civil (p.e. cidem,
s/f ). De 2011 al 2013 se contabilizó un promedio de ocho feminicidios al mes en la
entidad. En 2012 noventa y cinco veracruzanas fueron víctimas de feminicidio y, en
2013, noventa y dos mujeres perdieron la vida a manos de sus agresores.
En enero de 2014, a partir de un proyecto más amplio que desarrolla el Centro de
Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, un grupo de trabajo comenzó a
monitorear treinta y cinco medios de comunicación que cubren las zonas norte, centro
y sur del estado, con la finalidad de contabilizar los casos de feminicidio, desapariciones, así como los diferentes tipos de violencia que padecen las veracruzanas.
De enero a julio de 2014, treinta y ocho mujeres de distintas edades, origen étnico
y social han sido víctimas de feminicidio en Veracruz. Un promedio de cinco veracru-
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zanas son asesinadas cada mes sin que se tomen medidas contundentes para revertir
la situación.
Es importante resaltar que los feminicidios se presentan a partir de tres modalidades distintas:
a) Las mujeres son asesinadas por un agresor que conocen y con quien tienen trato
frecuente o cotidiano: esposo, concubino, ex pareja o alguna persona con la que tienen algún vínculo de parentesco o laboral. Regularmente, el método para quitarles
la vida es a través de la asfixia o por golpes. Esto sucede al interior de sus casas,
lugar en donde posteriormente sus cuerpos son encontrados, o las dejan en la vía
pública. Este tipo de feminicidios son los que históricamente se han cometido, es
decir, su práctica es recurrente. Hay una serie de argumentos asociados a los vínculos sentimentales, afectivos y sexuales que establecen el feminicida con su víctima
que “justifican” socialmente la agresión y la violencia feminicida. Se han visibilizado a través de los medios de comunicación, lo cual ha destacado su alarmante
frecuencia y han derrumbado la idea de que son sucesos ocasionales.
b) A partir de la presencia de los grupos delincuenciales, los asesinatos de mujeres
han sido asociados a ellos. Las autoridades ministeriales destacan como un hecho
consumado el supuesto vínculo que las víctimas podrían tener con sus agresores, los
cuales, argumentan las autoridades, pertenecen a algún cártel delictivo. Así, aquellos casos de mujeres que fueron asesinadas y abandonadas en la vía pública o que
fueron ejecutas, dado que tenían el tiro de gracia, y que sus cuerpos evidenciaban
que habían sido torturadas antes de morir, no eran contempladas como víctimas
de feminicidio. Las autoridades ministeriales argumentaban que era un ajuste de
cuentas, ya que se sospechaba que estaban relacionadas con el crimen organizado.
Esto provoca un subregistro y un sesgo en las estadísticas (si es que las hay).
Al respecto, nos comenta lo siguiente Yadira Hidalgo, quien participó en un primer
registro de feminicidios en Veracruz:
Muchos de los casos de mujeres que fueron asesinadas en vía pública y que se presume
que fueron ejecutas porque tenían el tiro de gracia, no eran contempladas como víctimas de feminicidio porque se adjudicaba que, debido a sus actividades, tenían que ver
con el crimen organizado. Y nosotras sí las contemplábamos como feminicidios, puesto
que cumplían con una de las hipótesis que marca el protocolo de diligencias básicas que
era la de dejar el cuerpo en vía pública o haber sido torturada antes de la muerte. En
muchos de los casos por lo menos entraban estas dos hipótesis y por eso las catalogábamos como feminicidio (Hidalgo, 2014).
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Con mayor frecuencia los medios de comunicación locales exponen casos de menores de edad que se encuentran cursando la secundaria o la preparatoria y que en un
momento dado “desaparecen” sin dejar rastro. Tal como sucedió con Gaby Benítez, en
vez de diversificar sus pesquisas, las autoridades se concentran en la línea de investigación relacionada con la calidad de la relación que tenía la menor con las y los integrantes de su familia, especialmente con su madre y padre. Por lo regular, se argumenta sin
mayor fundamento que la menor huyó de la tutela de su familia porque la relación era
mala o porque sufría de “violencia intrafamiliar”.
En otras ocasiones, las autoridades conminan a la familia a que busquen a la menor
con el novio, ya que seguramente huyó con él.
Hemos tenido casos de chicas que han desaparecido y que, efectivamente, las encuentran lejos de sus casas viviendo con sus novios, lo cual no quiere decir que todas hagan
lo mismo. También se ha sabido de al menos quince casos en que las chicas habían
desaparecido y que se las habían llevado con fines de explotación sexual. En la entidad
sí ha habido casos de chicas desaparecidas que han aparecido asesinadas. Algunas no
muestran huellas de agresión sexual y habían sido ejecutadas. Tenían el tiro de gracia.
Se infería que andaban en ‘malos pasos’. Parecía que una cosa había llevado a otra. Al
final, se borraba el hecho de si ellas habían salido por su propio pie o se las habían llevado a la fuerza. Salir por su propio pie de su casa tampoco significa que no estés siendo
coercionada para salir de tu casa. Por lo mismo que hay un subregistro, se presta a que
la gente haga sus propias elucubraciones (Hidalgo, 2014).
Las desapariciones de mujeres adolescentes y jóvenes se agudizó a partir de 2011.
Muchas de sus familias aún continúan la búsqueda sin mayor indicio e información,
tal como lo señala Bárbara Ybarra:
El asunto de una mujer desaparecida se minimiza mucho. No quiere dar a conocer la misma autoridad las cifras reales lo que está sucediendo, porque continúan las desaparecidas.
No hay una serie de datos que podamos tener nosotras como mujeres (Ybarra, 2014).
La opacidad de las autoridades en este asunto indigna y desesperanza a las familias
que buscan a las mujeres desaparecidas. Por otro lado, las declaraciones de funcionarios inculpando a las víctimas respecto a un supuesto vínculo con cárteles del crimen
organizado molesta profundamente a los familiares y elimina cualquier vínculo de
confianza con las autoridades.
“¡No hay castigo! Total: cualquiera lo puede hacer”.
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Tal como señalan Arteaga y Valdés (2010), una clave que nos permite entender al
fenómeno del feminicidio radica en que debe observarse y analizarse a partir de los
entramados sociales y su historia reciente en el contexto nacional. Uno de los aspectos que visibiliza e incrementa los feminicidios, al menos en Veracruz, es el impulso
que cobra el crimen organizado. Un elemento que ya estaba presente, pero que cobra
fuerza a partir de 2011.
Si bien es cierto que en México el cierre de la primera década del siglo xxi y el inicio de la segunda está marcada por la exacerbación de la violencia y el fortalecimiento
del crimen organizado, hay que reconocer que “[…] la existencia de formas de violencia que han existido de tiempo atrás, sin vínculos con las actividades de grupos de
delincuencia organizada, toleradas e incluso ignoradas, cuyos efectos, sumados a otros
efectos coyunturales, han contribuido al actual escalamiento de violencia” (Azaola,
2012).
Había un contexto social que alimentó una cultura de la violencia que se fortaleció
de manera natural cuando las condiciones políticas lo permitieron. A partir de ello,
no hay que olvidar que un eje de primer orden dentro de esa cultura de la violencia lo
constituye la violencia hacia las mujeres, la cual se muestra de manera cotidiana.
Del 23 de agosto de 2011, fecha en que se tipifica el feminicidio como delito, hasta
julio de 2014, han tenido lugar 244 feminicidios de veracruzanas. En la entidad se
carece de cifras oficiales que sean insumo para que las instancias gubernamentales
correspondientes y la población desarrollen acciones para la protección de niñas y
mujeres.
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