una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sra. Dª. Ana Mato Adrover
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18
28071 Madrid
Madrid, 28 de agosto de 2014
Estimada Sra. Mato,
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red
Acoge se ponen nuevamente en contacto con usted con motivo del segundo aniversario de la entrada
en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
(de ahora en adelante, el RDL).
En el marco de esta fecha, las organizaciones desean evidenciar el incumplimiento por parte del
Estado y en concreto de su Ministerio, de las recomendaciones provenientes de diversos
mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han solicitado a las autoridades
españolas la reforma del RDL y el acceso a la atención sanitaria para todas las personas sin ningún
tipo de discriminación. Estos organismos han subrayado reiteradamente que las obligaciones
jurídicamente vinculantes que España tiene en materia del derecho a la salud mantienen su vigencia
incluso en relación con las personas migrantes en situación administrativa irregular.
Estas recomendaciones, como Ud. bien sabe, se iniciaron en mayo de 2012, incluso antes de la
entrada en vigor del RDL, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas recomendó a España que la reforma legislativa no limitase el acceso de las
personas a los servicios de salud, cualquiera que fuese su situación legal, y pidió al Gobierno que
evaluase el impacto de dicha reforma en los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia calificó en junio de 2013 la
reforma sanitaria como “hecho lamentable”, y mostró su preocupación por la imposición de
barreras económicas que pudieran tener como resultado la denegación de la asistencia sanitaria a las
personas migrantes indocumentadas. Asimismo, insistió en que el Gobierno debía garantizar que
todas las personas tengan acceso a los servicios de atención médica sea cual fuese su situación
migratoria.
En abril de 2014, seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas,
liderados por la Relatora especial de extrema pobreza y derechos humanos, destacaron que la
reforma sanitaria no estaba en consonancia con las obligaciones de derechos humanos que tiene
España. La Relatora Especial realizó un llamamiento a las autoridades españolas a garantizar el
acceso universal al derecho a la salud, recordó que las normas básicas de derechos humanos no
pueden ser ignoradas por las presiones fiscales y pidió al Gobierno que mostrase un compromiso
más significativo para la protección del derecho a la salud para todas las personas y que no ignorase
las recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.
Asimismo, en enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa
destacó que el Real Decreto-Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/12 eran contrarios a la Carta
Social Europea, de la cual España es Estado parte. También recordó que la crisis económica no
podía servir de pretexto para una restricción en el acceso a la atención sanitaria, que afecta a la
esencia de ese derecho.
La organizaciones que suscriben esta carta lamentan que, a pesar del consenso existente entre los
organismos internacionales, y las peticiones reiteradas de reforma del RDL, su Ministerio no haya
adoptado hasta la fecha ninguna de estas recomendaciones y que por el contrario haya mantenido la
implementación de la reforma legislativa que conduce a la exclusión sanitaria de las personas
migrantes en situación administrativa irregular.
Las entidades lamentan la adopción de normas que profundizan esta exclusión, como es el caso de
la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación
de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013. Las organizaciones alertan de que el
importe económico que se establece para suscribir el Convenio especial, podría constituir una
barrera económica que ponga en peligro el acceso a la atención sanitaria de las de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido, las organizaciones recuerdan que los estándares
internacionales sobre el derecho a la salud exigen la accesibilidad económica como uno de los
elementos esenciales del derecho a la salud.
Además de imponer barreras económicas, en estos dos años de vigencia del RDL, el Gobierno no ha
publicado un análisis del potencial efecto disuasorio que esta reforma sanitaria haya podido tener en
el colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular, ni tampoco ha analizado
el posible efecto que ha tenido en la identificación de las mujeres víctimas de violencia de género y
de trata. Asimismo, las organizaciones médicas siguen denunciando irregularidades en la aplicación
del RDL, que consisten, entre otras cuestiones, en la facturación de la atención médica de urgencias,
hecho que podría estar contribuyendo al mencionado efecto disuasorio.
Por último, las organizaciones valoran de manera positiva que en la última sesión del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en el mes de marzo de este año, España destacó
su apoyo a los órganos de tratado de Naciones Unidas, y mencionó que el Gobierno enfrenta sus
exámenes ante los órganos “como un diálogo constructivo para la mejor protección y promoción de
los derechos humanos en España”. Asimismo el Gobierno destacó el “compromiso de España con
el Consejo de Derechos Humanos1”, organismo del que dependen los Relatores especiales y
Expertos Independientes de Naciones Unidas. Por otra parte, España suscribió una declaración
conjunta con 37 países liderados por Dinamarca en la que se pedía un mayor progreso en el
seguimiento e implementación de las recomendaciones de los procedimientos especiales de
protección de derechos humanos de Naciones Unidas2.
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red
Acoge apelan a esta voluntad expresada por el Gobierno español y a sus obligaciones
internacionales y le instan a reformar el RDL, asegurar la universalidad del derecho a la salud y
garantizar de manera urgente el acceso a la atención sanitaria a las personas migrantes,
independientemente de su situación legal.
Asimismo, las citadas organizaciones le solicitan mantener una reunión con el fin de abordar las
1
Intervención de España en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos. 5 de marzo de 2014.
2 Cross regional statement on strengthening cooperation between states and Special Procedures. Sesión 26 del
Consejo de Derechos Humanos. 8 de julio de 2014. Disponible en: http://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?
newsID=D390C39A-CF4E-4B2B-9BB5-CF540C4EDF81
serias preocupaciones incluidas en la presente carta. En los próximos días nos pondremos en
contacto con usted para tratar de concertar una reunión o, en su caso, le agradeceríamos que
contactasen con Amnistía Internacional, en el correo electrónico [email protected] o en el
teléfono 91 310 12 77 ext. 54, si lo estiman pertinente.
Atentamente,
Esteban Beltrán
Ignacio Saiz
Director Ejecutivo
Director
Sección Española de Center for Economic
and Social Rights
Amnistía Internacional
Elena Urdaneta
Mónica García
Coordinadora General
Médicos del Mundo
Directora
Red Acoge