Corrupción e Impunidad. Página 1
Transcripción
Corrupción e Impunidad. Página 1
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIES________________________________________________ CONSEJO DIRECTIVO Lic. José Rolando Secaida Morales Lic. Job Neftalí Barrios Maldonado Lic. David Eliézer Castañon Orozco Lic. Franklin Roberto Valdez Cruz DI REC TOR Lic. Franklin Roberto Valdez Cruz I NVES TI GADO RES Lic. Alfonso Bauer Paiz Dra. Thelma Gladis Cifuentes de Ramírez Licda. Herlem Isol Reyes López Dr. Jorge Víctor Murga Armas Licda. Mara Luz Polanco Sagastume Lic. Leonel Hernández Cardona Lic. Miguel Ángel Castro Pérez ANALISTAS DE INVESTIGACIÓN Lic. Axel Ely Ruch Molina Br. Carlos Morales López P.C. Alberto Jovino Herrera Martínez ________________________________________________ PERSONAL ADMINISTRATIVO ________________________________________________ SECRETARIAS María Eugenia Quiñónez Pérez Loida Iris Herrera Girón TESORERO Guillermo Borrayo Osuna ALMACÉN E INVENTARIO Marco Aurelio Maldonado Reyes REPRODUCCIÓN José Luis Alvarado De León César Augusto Matzul Morales BIBLIOTECA Héctor Mario Rosales De León PUBLICACIONES Lic. Carlos Enrique González Torres MENSAJERO Carlos Enrique Solís García AUXILIAR DE SERVICIO Evelia Ávila de Estrada _______________________________________________ PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES -IIESFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AÑO XLVI ENERO-MARZO 2008 Contenido No. 175 Página Corrupción e Impunidad. Lic. Alfonso Bauer Paiz 1 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 Lic. Miguel Ángel Castro 93 PRESENTACIÓN El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIES- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta a sus lectores la Revista Economía 175, correspondiente al trimestre enero-marzo 2008. El primer artículo, “CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”, del Lic. Alfonso Bauer Paiz, estudia esas lacras sociales desde el año 2002 y aborda las consecuencias indebidas éticamente y perjudiciales a la convivencia ciudadana y al desarrollo humano. Específicamente, ahonda las manifestaciones de estas layas en las políticas de Privatización, de Creación de Fondos Sociales, Fideicomiso, Autorización del Régimen de Franquicias, así como en la Contratación por parte del Estado, con empresas transnacionales petroleras y mineras. Asimismo, se ocupa de estas corruptelas en el sistema tributario, en la tergiversación de los Acuerdos de Paz y de la Contravención en materia de Impunidad y Corrupción de instrumentos internacionales, ratificados por Guatemala y, por último, un apartado de Conclusiones y Recomendaciones. En el último artículo “ANÁLISIS DEL -PIB- PERÍODO: 1950-2006”, del Lic. Miguel Ángel Castro, en el cual indica que las cifras del -PIB- no deben interpretarse de manera fría, en el sentido de considerarlas como simples cifras, porque eso significa ignorar que detrás de las mismas lo que existe o representan son a seres humanos dotados de ideas, pensamientos, necesidades que satisfacer, sentimientos u otras formas espirituales de manifestarse. Cuando se dice que este indicador creció, ello no garantiza mejorar la vida material y espiritual de los individuos, porque cuando ha habido crecimiento, éste se sigue distribuyendo de forma desigual y concentrando en los sectores tradicionales, que no se refleja en mejorar el nivel de vida de los sectores populares. El desarrollo y el crecimiento no son excluyentes, ya que éste es el punto de partida de aquél, aunque puede existir crecimiento sin desarrollo. Los datos entre los que figura el -PIB- representan un saber y un conocimiento, que surgen del estudio de la realidad social, para que de nuevo se proyecten o regresen a la misma, cuando contribuyen en la formulación de políticas con varias finalidades de incidencia, que pueden ser para cambiarla o mantenerla, pero que en otras ocasiones también se les utiliza para esconder el estado irracional e injusto de la realidad histórica nacional. Partiendo de la economía política el -PIB- está conformado por dos grandes facetas que son las denominadas actividades productivas (Bienes) e improductivas (Servicios), lo cual responde a que unas veces el capital dentro del ciclo de circulación se encuentra en la esfera de la circulación y otras en el ámbito de la producción. La gran división social del trabajo en Guatemala sobre la base del producto interno bruto, indica el carácter de la tendencia general de desarrollo que se ha tenido, infiriendo que ha descansado en los sectores improductivos, al representar un porcentaje que se acerca al 60%, lo cual acentúa las relaciones de dependencia y subdesarrollo. La clásica división internacional del trabajo expone que en sociedades subdesarrolladas la principal actividad productiva se efectúe sobre la base de la extracción primaria, situación a la cual Guatemala no escapa, representando para nuestra economía un pecado capital que se ha eternizado en el devenir del tiempo, al convertirse en factor determinante, que por largos siglos ha postergado estructurar una modalidad diferente de sociedad, que no ha superado la vieja tesis del comercio internacional de las “ventajas comparativas”. Se considera que el comportamiento que ha tenido el -PIB- no variará en el corto o mediano plazo, en tanto la política económica del país, siga dejando de lado la participación directa del mercado interno que propicie la inversión en sectores productivos de amplio consumo popular. Al final del artículo, se incluye el anexo denominado: El Premio Nobel Joseph Stiglitz, cuestiona la efectividad del -PIB- para medir crecimiento de los países. “ID Y ENSEÑAD A TODOS” CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD PRESENTACIÓN(*) La persistencia de prácticas corruptas en distintos ámbitos de las relaciones sociales en Guatemala, notoriamente en la función pública de los tres organismos del Estado y en sus relaciones contractuales con instituciones y empresas privadas a las que ha transferido la prestación de servicios públicos, han motivado al IIES a la realización de este estudio, con el objeto de enfrentar tan grave problema y encontrar las vías de su solución. El IIES parte del principio que la política y la ética han de mantener estrecha vinculación, pues si la moral se impone en las relaciones familiares, con muchísima más razón en las del Estado con los habitantes del país, a quienes gobierna debiendo procurar, como lo manda la Constitución Política de la República, la realización del bien común. En las últimas décadas, en Guatemala, como ha sucedido en otros países del mundo, lo cual de ninguna manera lo justifica, ha habido una crisis gravísima de valores morales y del respeto a los derechos humanos, sobre todo de las clases sociales desposeídas y los de los guatemaltecos de cultura maya. Ello, por una parte, y, por otra, una proliferación del crimen organizado, en buena parte debido a contaminación foránea, como los maras y los narcotraficantes, originarios de los Estados Unidos de América. Ya no se puede negar que en Guatemala prevalece una situación social de anomia, es decir falta de respeto a las normas morales y jurídicas. En cuanto a éstas últimas la sociedad padece, de parte de los funcionarios que ejercen el poder, la observancia del Estado de Derecho, pues sólo aplican (*) El autor de este ensayo, Alfonso Bauer Paiz, es investigador de este Instituto, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), de la Facultad correspondiente de la USAC. Corrupción e Impunidad las leyes y disposiciones que convienen a sus intereses privados y de clase, en tanto que las que garantizan derechos de la población en general, son ignoradas o tergiversadas en su aplicación. La anomia, peste social, política y jurídica, es el antro que anida a la corrupción y a la impunidad, tanto del crimen organizado, como los servidores del Estado corruptos. Las ciudadanas y ciudadanos moralmente sanos del país, cualesquiera que sea la clase social a la que pertenezcan y su origen étnico están obligados a combatir, hasta las últimas consecuencias el mal de la anomia, la corrupción y la impunidad. Y a ejercer vigorosamente sus derechos civiles y políticos de modo que las próximas autoridades que salgan electas o que sean nombradas por el Presidente de la República vencedor en los comicios de septiembre o noviembre del presente año, actúen como es su deber, erradiquen esos males y se establezca un auténtico estado de derecho, un sistema de convivencia político social fundamentado en principios ético-jurídicos con el máximo de justicia social posible. ÍNDICE Apartado I Relación Informativa correspondiente 2002-primer semestre 2007. Apartado II Privatizaciones. Apartado III Fondos Sociales, Fideicomisos y Franquicias. 2 al quinquenio Lic. Alfonso Bauer Paiz Apartado IV Contratación de Estado petroleras y mineras. con empresas transnacionales Apartado V Evasión de Impuestos. Apartado VI Acuerdos de Paz. Apartado VII Impunidad, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Apartado VIII Conclusiones y Recomendaciones. -------------o--------------Apartado I Relación informativa correspondiente al quinquenio 2002-primer semestre 2007. AÑO 2002 En el mes de marzo caso Conexión Panamá, lavado de dinero de altos funcionarios del Gobierno, quienes depositaron tales fondos mal habidos en bancos de ese país. (Siglo Veintiuno de 9/8/02). 3 Corrupción e Impunidad Caso Francisco Alvarado Macdonald.- Julio Girón, Secretario Privado de la Presidencia, como representante de empresa transnacional petrolera, y quien está Involucrado en el caso Conexión Panamá, junto con César Medina Farfán (consocio de Girón en la Empresa Trasiegos y Estibas, quien también es señalado en el caso Conexión Panamá. (Siglo Veintiuno, 12/8/02). Transparencia Internacional ubica a Guatemala en el puesto 81 de 102 países que estudia. Es el peor de Centro América. Marco Tulio Abadío, Contralor General, es acusado por el diario El Periódico de ser responsable de haber ocultado en su informe de la ejecución presupuestaria de 2001, las transferencias millonarias ejecutadas por el Gerente de GUATEL, Estuardo del Pinal (Q 200 millones). Del Pinal, ilegalmente, creó un fideicomiso con Q 55.1 millones provenientes del tercer pago de la venta de TELGUA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las intimidaciones sufridas el 23 de agosto, por el Lic. Luís Roberto Romero, abogado que representa a Helen Mack en el proceso contra tres militares acusados de la autoría intelectual del asesinato de Mirna Mack. Adela de Torrebiarte, de Madres Angustiadas, y Miguel Ángel Albizures, de Alianza contra la Impunidad, piden que la Fiscalía General actúe en varios casos de corrupción: Conexión Panamá, en el del banquero Francisco Alvarado Macdonald, en el préstamo ilícito del avión presidencial para ir a hacer los depósitos en Panamá del dinero lavado, el desfalco de Q 80 millones durante la gestión del Ministro de Gobernación, el militar Byron Barrientos, sobregiros por Q 47.9 millones del Presidente del CHN, Armando Llort, la campaña negra impresa en la Tipografía Nacional, en el de la mafia de funcionarios de Aduanas implicados en tráfico de drogas, en el de la sobre 4 Lic. Alfonso Bauer Paiz valoración, Q 1,5 millones de placas de vehículos, el caso de funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) que estafaron Q 155 millones, estando involucrado el Ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos, y tres empresas contratadas y a quienes se les vinculó con un decomiso de mil kilos de cocaína en El Salvador, cuyo destino era Guatemala. (Toda la información anterior es del diario El Periódico, de 28/8/02). AÑO 2004 José Rubén Zamora, acusa al Fiscal General de la Nación, de ser garante de la impunidad del crimen organizado y la corrupción gubernamental. Se basa en los siguientes hechos: acciones extrajudiciales, como intento de asesinato de Rafael Castillo, boicoteo a la investigación del caso Conexión Panamá, en el que están involucrados, el Presidente Alfonso Portillo, Julio Girón, Francisco Reyes, el yerno de Portillo, Riley y Medina Farfán. Encubrimiento del desfalco cometido por el Ministro de Gobernación, Barrientos y del saqueo de varios millones de Quetzales en el MICIVI, atribuido al ministro Luis Rabbe. No actuó en el caso del lavado de dinero del CHN e igualmente cuando GUATEL, IGSS, IPM fueron despojados de más de dos mil millones de Quetzales, por los funcionarios del Pinal, Girón, Reyes, Ríos Sosa y Arévalo Lacs, el vice-almirante Posadas y el propio Fiscal General, Carlos de León, a través del Fideicomiso en BANRURAL hacia la Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala y ASODEGUA, entidad de su propiedad. Además no hizo ninguna denuncia a los Tribunales en el caso del allanamiento de la vivienda del periodista quejoso, José Rubén Zamora, ni en el de los atropellos del jueves negro, perpetrados por bandas del FRG. Pero, sí dispuso el sobreseimiento del proceso contra el magistrado Rodil Peralta. 5 Corrupción e Impunidad El Fiscal General, Carlos de León Argueta, celebró contrato para la construcción de 450 casas, con FONAPAZ, a precios sobrevalorados, por Q 50 millones. (Las anteriores informaciones constan en Prensa Libre, de 17/2/04). Sylvia Gereda Valenzuela, periodista, informa que en la PNC la corrupción llega al grado de que Jefes policiales ordenaron la compra de clavos, pagando cada libra a razón de Q 1 mil, cuando su precio es de Q 3.25. Además, la PNC, en reparación de vehículos gastó en un año, Q 14.8 millones. (Prensa Libre, 12/2/04). El Contralor Abadío financió al partido de la Unidad de la Esperanza (UNE), con Q 1.5 millones, a favor de la candidatura presidencial del Ing. Álvaro Colom. (Prensa Libre, 26/2/04). En dieciocho transacciones millonarias y en efectivo, en horas inhábiles, una mafia que incluye a militares, al servicio del Presidente Portillo, realizó en las bodegas del CHN la sustracción de Q 42.8 millones, que fueron depositados en el extranjero. Este caso es un ejemplo de cómo el valor de decomisos de cocaína, de asignaciones presupuestarias correspondientes al Ejército Nacional, para plazas fantasmas y otros caudales producto de la corrupción en las fuerzas armadas, han ido a parar al extranjero y convertido en millonarios a oficiales corruptos. (Prensa Libre, 26/2/04). A finales de febrero, estando prófugo el ex Contralor Abadío, ya se había logrado decomisarle Q 50 millones que tenía depositados en sus cuentas bancarias. (Prensa Libre, 27/2/04). 6 Lic. Alfonso Bauer Paiz A través de la entidad CONFÍA, fueron lavados, además de los Q 42.5 millones ya informados, Q 200 millones, utilizando cuentas de esa ilícita martingala “depositante” del CHN, instrumento utilizado por el Presidente de ese banco, José Armando Llort, el Presidente de la República, Portillo y un grupo de militares: Francisco Ortega Menaldo, Jacobo Salán, y Napoleón Rojas. (Siglo Veintiuno, 1/3/04). El Gerente de Operaciones de Aeronáutica Civil, Leonel Haroldo Búcaro Pérez, ordenó le entregaran los planes de vuelo del avión presidencial y éstos nunca volvieron a aparecer, vuelos relacionados con el caso Conexión Panamá. (El Periódico, 1/3/04). El Ministro de Agricultura, Álvaro Aguilar, informó que la Superintendencia de Bancos (SB) había descubierto que la CGNC entregó Q 405 mil a la Asociación Amigos en Acción, que financiaba la campaña presidencial del candidato de UNE, Álvaro Colom. (La Hora, 3/3/04). El ex Fiscal General, Carlos de León Argueta, contrató a más de 200 allegados, bajo el renglón 029 y les pagó más de Q 25 millones. (El Periódico, 5/3/04). Cuatro familiares de Julio Girón y de Napoleón Rojas, ex directivos de GUATEL, del FRG, recibieron al terminar su función exorbitante indemnización de casi Q 1 millón. (El Periódico, 5/3/04). Adolfo Reyes Calderón, Ministro de Gobernación, antes de retirarse firmó contrato con dos ONGS, una de ellas fantasma, para servicio de mantenimiento y reparación de equipo de la PNC, por Q 110 millones. CONFÍA que operaba cuenta –espejo en el CHN manejó hasta US$ 30 millones, en febrero del 2001. (El Periódico, 8/3/04). 7 Corrupción e Impunidad En el Diario de Centro América ---Oficial--- No. 74 de 8/3/04 se publicó el Acuerdo Gubernativo, 91-04, con carácter temporal y como parte del Organismo Ejecutivo, que creó la Comisión para la Transparencia Contra la Corrupción, la cual funcionaría como instancia unipersonal con un Comisionado designado para un año prorrogable. Actualmente no existe. El MP investiga el señalamiento que se hace al Centro Internacional para la Preinversión Agrícola (CIPREDA) del MAGA, contratado por el Contralor Oscar Dubón Palma, como eslabón para desviar dinero para el partido político UNE y PAN, según denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. (La Hora, 17/3/04). El diario La Hora informó de algunos actos de corrupción durante la administración de Álvaro Arzú. A saber: + Privatización de GUATEL y de TELGUA, en esta última, según Ricardo Bueso, desaparecieron Q 250 millones. + Privatización de servicios de electricidad a empresa española y del Servicio de Correo. + Actos de nepotismo que favorecieron a sus parientes Fritz García Gallont y Enrique Godoy García Granados. (La Hora, 19/3/04). La lista de acusados de la Red que estafó al IGSS Q 800 millones, llega a 33 personas, pero detenidos sólo cinco (Prensa Libre, 20/3/04). Estafa al MICIVI por Asfaltex y Bienco, consumada en el año 2002, hasta por Q 104 millones. José Ricardo Pinelta Chacón, de Bienco, pagó fianza de Q 2 millones y Boris Fernando García Ruano, de Asfaltex, pagó Q 2.5 millones para no ir a la cárcel. (Prensa Libre, 20/3/04). 8 Lic. Alfonso Bauer Paiz Alvarado Macdonald al fin, en prisión. (El Periódico, 9/6/04). La Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) se refirió al Servicio de Investigación Criminal (SIC) de la PNC, como ineficiente, integrado por personal que sólo tiene tres años de primaria y antecedentes penales. Protege a narcotraficantes y negocia las capturas. Es un cuerpo policíaco de 604 miembros. (El Periódico, 5/7/04). Sylvia Gereda Valenzuela revela datos de los antecedentes de Byron Barrientos, quien fuera nombrado Ministro de Gobernación el 2 de julio del 2000: - En 1977 fue ayudante del Comandante Coronel German Chupina Barahona, jefe militar represor. - En el gobierno de Romeo Lucas, estuvo al servicio de la Dirección de Inteligencia (G-2) por recomendación del General Manuel Callejas y Callejas, sindicado de pertenecer a las redes más poderosas del crimen organizado. + Fue jefe de la Guardia de Hacienda que cometía crímenes de lesa humanidad. + También fue agente de seguridad del General Efraín Ríos Montt, quien lo incluyó en planilla y fue electo diputado por el FRG. + Los Tribunales de Justicia le procesan por el desfalco de Q 90 millones que perpetuó en el Ministerio de Gobernación. + Barrientos fue quien organizó el cuerpo de PNC corrupto. (El Periódico, 5/7/04). No obstante la complacencia, por no decir encubrimiento por parte de la CGNC, de los malos manejos de las autoridades en la ejecución presupuestaria del año 2003, reportó reparos por Q 69.9 millones en 35 dependencias del Gobierno Central y 22 Consejos de Desarrollo Departamental y Q 299.3 millones en entidades autónomas y descentralizadas. Total, Q 369.2 millones. (El Periódico, 9/9/04). 9 Corrupción e Impunidad Según información sobre gastos superfluos, sobre todo en GUATEL, Presidencia de la República, Ejército, Ministerio de Gobernación, se despilfarraron durante los años del 2002 al 2004, Q 2,492,600. (El Periódico, 9/12/04). Acción Ciudadana -Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional-, en campo pagado, da a conocer los motivos por los cuales las dependencias corruptas del Estado no utilizan GUATECOMPRAS, sistema que garantiza probidad en las compras y contrataciones: 1.- Dificulta seguir comprándole a familiares, amigos y conocidos; 2.- Dificulta que los funcionarios sigan recibiendo el 10% por “comisiones”. 3.- Limita la venta de bases de forma ilegal; 4.- Limita la compra de productos de una marca específica; y 5.- Evidencia que las obras se realizan a través de una ONG. (El Periódico, 18/5/04). Haroldo Shetumal denuncia que la concesión a la empresa MARHNOS para la construcción del tramo de la carretera Palín-Escuintla, autorizada por el Ministro del MICIVI, Fritz García Gallont, es un negocio turbio en el que MARHNOS se queda con el 99% de lo que se recauda por peaje en la autopista. (Prensa Libre, 25/5/05). El periodista, Carlos Menocal, en artículo “La sombra de Portillo cobra actualidad. El mayor saqueo estatal”, informa que: - Durante su administración (2000-2004), funcionarios militares y empresarios se apropiaron de miles de millones de Quetzales. - La transferencia al Ministerio de la Defensa (MDN), por Q 120 millones, de los cuales Q 30 millones fueron a parar a cuenta de su amigo personal y ex Presidente del CHN, Armando Llort. - Portillo y varios altos funcionarios cometieron lavado de dinero por cientos de millones de Quetzales, depositados en cuentas secretas en bancos de Panamá. - Durante el ejercicio de su cargo, llevó vida de lujo 10 Lic. Alfonso Bauer Paiz como puede apreciarse a continuación: por sus visitas a los departamentos de la República cobró Q 1.3 millones por año, en total, Q 5.2 millones; sus gastos personales ascendieron a Q 32 millones, en buena parte invertidos en lámparas, escritorios, libros, relojes, plumas y computadoras; - contrató a 1500 personas bajo el renglón 029, en su mayoría plazas fantasmas; - con el pretexto de darle atención a la calamidad pública y emergencias nacionales, dispuso de Q 50 millones, recursos que no llegaron a las víctimas de las tormentas. - Portillo y sus allegados se asignaron, bajo el renglón 0-79 “otras prestaciones” hasta Q 19 millones anuales o sea Q 76 millones en total. - Con la quiebra de los bancos Metropolitano y Promotor de su financista Alvarado Macdonald, el Estado perdió Q 1,500 millones; - Sustrajo del Estado Mayor Presidencial (EMP) y del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Q 1,400 millones, sin preocuparse, por considerar la operación “secreto militar”. (El Periódico, 17/7/05). La gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos afirmó que el IGSS pagó un 44 % de sobreprecio por medicinas que compró. (La Hora, 17/8/05). El Gobierno no utilizó GUATECOMPRAS licitaciones. (El Periódico, 23/8/05). en 210 En tanto que el Ministro de Finanzas, Eduardo Weymann sólo fue condenado a tres años de cárcel conmutables, por haber firmado un acta, que facilitó el saqueo de millones de Quetzales por la SAT, a una microempresaria (dueña de un modesto comedor) la penaron por el robo, en una clínica privada, de un aparato de ultrasonido, a 12 años de prisión inconmutables. (Prensa Libre 18/9/05). Hijos de altos funcionarios del Gobierno frecuentan por las noches la Zona Viva, a quienes se les identifica como de la clase social VIP (en inglés -Very Important People- gente muy importante), aunque escandalicen o delincan, basta con que 11 Corrupción e Impunidad mencionen sus buenas relaciones con el Director de la PNC o con el Ministro de Gobernación, para que los agentes de la PNC, los dejen en libertad, aunque es frecuente que al mismo tiempo reciban apetecibles coimas. (El Periódico, 18/9/05). La columnista Sylvia Gereda Valenzuela en artículo titulado “Falta de ética del Ministerio de Comunicaciones”, comenta que “ampliar un contrato de casi Q 100 millones a corresponsables de desfalcos en época de Portillo es una canallada”. Se refería al Ministro Eddy Castillo y a los hermanos Salán Sánchez. (El Periódico 6/10/05). Manuel Menocal Garbin estima que los funcionarios públicos, en los últimos cuatro años, le han robado al país más de Q 20 mil millones. (La Hora, 22/10/05). Tres diputados del PAN y uno de UNE viajaron a España, para visitar la Universidad de Salamanca, por once días y gastaron, cada uno, en viáticos, Q 1,150 diarios y, también cada día, Q 2,310, para alojamiento. (El Periódico, 24/10/05). Se acusa al Presidente del Congreso, Jorge Méndez Herbruger, de haberle pagado al diputado del FRG, fuerte suma de dinero para que otros representantes del mismo partido votasen a favor de GANA, en iniciativa de aumentos ilegales de sueldo. (El Periódico, 5/11/05). En los últimos años, el MP ha conocido 1500 casos de corrupción. En su mayoría casos de peculado. (Prensa Libre, 5/11/05). El periodista Mynor Enriquez Pérez, sostiene que trabas legales, poca voluntad política y falta de recursos en la CGNC, entre otras causas, están lejos de ser fiscalizadas veinte mil entidades que manejan fondos públicos y las identifica: 12 Lic. Alfonso Bauer Paiz + Organizaciones no gubernamentales (ONGS). + Entidades que manejan recursos provenientes de préstamos internacionales. + Los partidos políticos que reciben la asignación por cada voto que se emite a su favor, equivalente a US$ 2. (Prensa Libre, 6/11/05). Se atribuye a la Directiva saliente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CONFEDE) dejar un rastro de anomalías e irregularidades en el uso de sus finanzas. Autorizó contratos para la prestación de servicios con familiares y amigos del ex gerente Armando Poleus. Hubo desvío de fondos para el pago de asesorías no comprendidas entre las funciones de los miembros de la Directiva. Se destaca a Rolando Castro, quien en 1997 y 1998, siendo miembro de la Directiva de la CDAG (ahora CONFEDE) fue señalado junto con el Gerente Francisco Lee, de haber participado en una malversación de fondos de al menos Q 5 millones. También se le sindica ser cómplice de Alfredo Moreno, contrabandista. (El Periódico, 8/11/05). El Ing. Álvaro Colom suscribió un convenio de cooperación entre el Grupo EXITHO (integrado por economistas), para que apoyasen su candidatura presidencial. El grupo EXITHO está comprometido con el Contralor, para “respaldarle y mantener la estabilidad institucional, ante cualquier intención de violentar el período constitucional para el que fue electo el Contralor General, Dubón Palma. Conforme la cláusula tercera de ese Convenio, el Ing. Colom recibió un aporte de Q 500 mil para los gastos de la campaña de su Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). (El Periódico, 25/11/05). 13 Corrupción e Impunidad Celerino Castillo, ex agente de la DEA estadounidense, antidrogas, denunció que en Guatemala y Colombia aquella entidad ha cometido actos de corrupción y organizado escuadrones de la muerte. (El Periódico, 17/1/06). El periodista Hugo Arce denuncia actos de corrupción de Raúl García Granados y familiares de Álvaro Arzú Irigoyen, Ricardo Bueso y Jorge Serrano Elías. (La Hora, 20/1/06). José Rubén Zamora en artículo “Al oído de Arzú” señala como delictivas la privatización de GUATEL y la remodelación del Campo de Marte. (El Periódico, 1/2/06). Importante diario dedica su Editorial para comentar los aspectos negativos de los fideicomisos. (La Hora, 9/2/06). Se informa que algunos legisladores están vinculados con el narcotráfico. (Prensa Libre, 19/2/06). La UASP acusa a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de contrabando. (La Hora, 20/2/06) y El Periódico, 21/2/06). Señalamiento contra la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (ACEP), en la ejecución del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), por asignación de obras a diputados por Q 400 millones. (El Periódico, 23/2/06). Control a clientes políticos (Personas Expuestas Políticamente-PEP) exige la Superintendencia de Bancos a banqueros, por posible lavado de dinero. Los banqueros, a su vez, imputan a la SB de actuación inconstitucional. (El Periódico, 24/2/06). 14 Lic. Alfonso Bauer Paiz La Asociación de Industriales Farmacéuticos de Guatemala (ASINFARGUA) acusa de corrupción al IGSS en la compra de medicamentos e implica al Ministerio de Finanzas. (La Hora, 24/2/06). Se menciona al aspirante a Magistrado de la Corte de Constitucionalidad por la USAC, Lic. Héctor Trujillo Aldana, por haber recibido de empresas vinculadas con el Fideicomiso del IGSS, US $ 31,250. (El Periódico 27/2/06). Se denuncia la posible pérdida de Q 106 millones invertidos en la construcción del mercado más grande de Centro América ---el de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango---. Afecta a 70 mil comerciantes que desde 1996 esperan que comience a funcionar. (El Periódico, 27/2/06). FONTIERRAS invirtió más de Q 1000 millones para adquirir 200 fincas sobrevaloradas y sólo veinte de ellas son aptas para cultivos. (El Periódico, 27/2/06). La Organización Internacional de Migraciones (OIM) giró Q 18 millones a particulares que fueron depositados en cuentas personales, denunció la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ante el Ministerio Público. Y el Gobierno pagó a OIM más de Q 15 millones por administrar los Q 200 millones en obras del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR), a cargo de empresas privadas de diputados al Congreso de la República. (El Periódico, 1/3/06). El PACUR fue diseñado como herramienta perfecta para encubrir los negocios de diputados en la obra pública. (Prensa Libre, 5/3/06). Preocupa a EUA lavado de dinero y narcotráfico en Guatemala. El Departamento de Estado colocó a nuestro país en la lista de los muy preocupantes. (El Periódico, 9/3/06). 15 Corrupción e Impunidad El periodista Eduardo Villatoro en su sección “Palabras de papel”, artículo “Estructura corrupta del Estado (1)”, denuncia actos de corrupción tales como: de 170 mil plazas en el Estado, de las que sólo existen 140 mil, pero las 30 mil restantes, a pesar de no estar desempeñadas, son cobradas. Los altos funcionarios disponen de amplio margen para decidir en qué gastan y cómo gastan los fondos estatales. (La Hora, 9/3/06). Cinco mil millones de Quetzales sin fiscalizar en fideicomisos, gastos confidenciales y fondos sociales. (El Periódico, 13/3/06). Las entidades Acción Ciudadana y Fundación DESC, dirigieron cartas a personas de la sociedad civil, en junio del 2006, con el objeto de hacerles saber la publicación del estudio “Poder discrecional y corrupción en Guatemala, claves para ganar transparencia”. Acción Ciudadana califica a la Policía Municipal de Tránsito y a las Aduanas como instituciones de las más corruptas. (El Periódico, 14/7/06). Denuncia la diputada Nineth Montenegro corrupción en obras que se construyen y en las que se dice invertir Q 195.5 millones. (El Periódico, 31/7/06). El narcotráfico se ha movido al Parque Nacional Sierra de Lacandón, donde los habitantes son sus empleados y escudos de protección. (Prensa Libre, 6/8/06). El Banco Mundial ofrece amnistía a firmas, organizaciones no gubernamentales o individuos sobornadores o que hayan cometido fraudes, coerción o se hayan colisionado con delincuentes, si reponen los fondos y prometen no volver a realizar esos actos y se les promete que su confesión será confidencial. (El Periódico, 11/8/06). 16 Lic. Alfonso Bauer Paiz La Secretaría de Análisis e Información Antinarcotráfico (SAIA) que había decomisado 64 kilos de cocaína fue sorprendida porque al examinarse 13 paquetes resultó que su contenido era de jabón en polvo. (El Periódico, 14/8/06). Se imputa al Contralor Flores España haber cobrado un 10% por ocultar hallazgos delictivos en las entidades públicas. (El Periódico, 14/8/06). Omisión por parte de la CGCN en 400 casos de hallazgos de falta de probidad. (El Periódico, 16/8/06). Se inicia juicio contra el Jefe del SAIA, Adán Castillo, Él y otros funcionarios van a ser sometidos a juicio en los EEUU. (La Hora, 21/8/06). Investigan supuesto lavado de dinero en ingresos de remesas. Al menos 160 personas habrán recibido entre enero del 2005 y enero del 2006, Q 53. 1 millones provenientes de Ecuador, EUA y Hong Kong. (El Periódico, 29/8/06). El columnista Eduardo Villatoro informa que varias empresas transnacionales de telefonía inalámbrica obtienen Q 200 millones de ganancia al año, producto de segundos y centavos que le contabilizan a miles de usuarios por tiempo no utilizado en llamadas telefónicas. ¿Es un simple error técnico o una estafa colectiva permanente? (La Hora, 31/8/06). Acción Ciudadana asegura que el 40% del Presupuesto destinado a construcción, se encuentra en manos de cuatro constructoras (Solel Boneh Internacional, Q 1.083 millones; Constructora Nacional, S.A., Q 829 millones; Sigma Constructores, S.A., Q 554 millones; y Cohen Constructores, S.A., Q 454 millones. (El Periódico, 1/9/06). 17 Corrupción e Impunidad El finquero retalteco José Ramón Fernández, según cita del periodista Gustavo Berganza, en artículo “La compra del Banco de Occidente”, afirma que los accionistas mayoritarios del dicho banco, utilizaron una off shore (Calypso Inc.), para evadir el pago del impuesto sobre los US$ 94,482,828,79 de utilidades al comprarle a esta off shore acciones del Banco de Occidente, el Banco Industrial. (El Periódico, 5/9/06). Guatemala es uno de los países peor calificados en principales evoluciones a nivel regional e internacional. Una de las razones es que el 40% de gasto público total es susceptible del poder discrecional de los funcionarios, lo cual tiene graves implicaciones sobre el uso y destino del gasto. (El Periódico, 10/9/06). Muchas empresas de seguridad privada operan sin autorización gubernamental, lo que la Unidad de la PNC encargada del control de esas empresas, las aprovecha para realizar actos de corrupción. (El Periódico, 10/9/06). Guatemala es el único país del mundo en donde no existe el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Existía, pero fue derogado durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000). (Editorial de El Periódico, 11/9/06). El Premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, en estudio “La Corrupción de la Lucha contra la Corrupción”, afirma que su investigación reveló relaciones sistemáticas entre la corrupción y el crecimiento económico, a locuaz no es ajeno el Banco Mundial, del cual fue asesor importante. (El Periódico, 15/10/06). La red de funcionarios y empleados corruptos de Migración está en todo el país, pero sus ilícitos ingresos son mejores en las delegaciones fronterizas de El Carmen, San 18 Lic. Alfonso Bauer Paiz Marcos; el Florido, Chiquimula; El Cinchado, Izabal; el Aeropuerto La Aurora, Guatemala; y El Naranjo, Petén. (Prensa Libre, 2/11/06). Alejandro Urizar, Coordinador del Programa de Transparencia y Anticorrupción, de Acción Ciudadana, opina: que hay avances en la lucha contra la corrupción, pero que no son suficientes; que es urgente reformar la Ley de Contrataciones del Estado, para eliminar las excepciones y regular en forma efectiva los fideicomisos y el manejo de los fondos sociales por medio de ONGS, pues si no se hace GUATECOMPRAS nunca se fortalecerá; es necesario tipificar el delito de enriquecimiento ilícito y, respecto a la CGNC considera que es una institución en crisis que necesita un rediseño estructural profundo. (Prensa Libre, 5/11/06). La periodista Carolina Escobar Sarti en artículo “El 20 por ciento es “normal”, refiere que una persona no aceptó desempeñar un cargo público porque no le pareció el monto del sueldo y un empleado le dijo: “el sueldo es lo de menos, porque lo importante es el 20% que normalmente da cada proveedor que se aparece por tu oficina”. Por ello, dice la periodista, una carretera en este país sale diez veces más cara gracias al 20%. (Prensa Libre, 9/11/06). Sylvia Gereda Valenzuela en su artículo transparencia una utopía para Guatemala”, escribe: “La “También es censurable el rol de la bancada del gobierno de la GANA en el Congreso. Particularmente ahora que sale a luz pública que tres de sus más importantes diputados falsificaron documentos y cobraron dinero para viajar a París, con la autorización del Jefe de la Bancada, Jorge Méndez Herbruger (Presidente del Congreso), que a estas alturas ya debiera estar siendo procesado en los tribunales de justicia, por sus múltiples actuaciones al margen de la ley y la compra de voluntades políticas. (El Periódico, 16/11/06). 19 Corrupción e Impunidad La Bolsa de Valores e Inversiones del País, S.A. (VIPASA), del Banco del Café, es acusada por la SB por el delito de intermediación financiera en operación por valor de Q 42 millones. (El Periódico, 16/11/06). Los Presidentes de la República de Centro América se comprometieron en la Conferencia Mundial Anticorrupción a erradicar la corrupción antes del año 2010. (El Periódico, 16/11/06). Organizaciones y Gremiales de comercio sostienen que el Estado deja de percibir más de Q 5.000 millones anuales por el contrabando. (La Hora, 18/11/06). El Dr. Mario Fuentes Destarac en escrito “Camino hacia la transparencia”, hace varias proposiciones: 1.- La supresión del recientemente creado Fondo Nacional de Desarrollo (FONADES), “para combatir la pobreza”, pero que en realidad está predestinado a favorecer el clientelismo político: 2.- La supresión de PACUR. 3.- No constituir más fideicomisos, en tanto no exista un marco legal específico que los regule. 4.- El Congreso de la República debe: a) decretar una Ley de Acceso a la Información Pública; b) reformar el Código Penal y establecer artículos anticorrupción nuevos y agravar las penas de los delitos existentes; y c) crear el delito de financiamiento electoral ilícito. (El Periódico, 20/11/06). Más de Q 21 millones fueron adjudicados por cuatro dependencias del Estado a proveedores que han sido inhabilitados por la SAT, denunció Acción Ciudadana. Estas son: la Dirección General de Caminos del MICIVI, a Construcciones, Equipos y Servicios Industriales, S.A.; Municipalidad de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, a Edelberto Arístides Beletzuy Huinac; y la Municipalidad de Flores, Petén, dos contratos a Dragados y Construcciones, S.A. (24/11/06). 20 Lic. Alfonso Bauer Paiz Se informa cómo el Presidente Portillo saqueó, a través del EMP, más de Q 210 millones. (El Periódico, 4/12/06). El Gobierno amplió, con Q 400 millones el fideicomiso Stan (de Q 1,500 millones) a pesar de que no lo gastó y fue creado para financiar la reconstrucción tras la tormenta de octubre del 2005. (Prensa Libre, 22/12/06). Concluiremos las informaciones sobre corrupción e impunidad, correspondientes al año 2006, con el siguiente resumen que hemos hecho de una importantísima investigación realizada por la Directora del diario El Periódico, Sylvia Gereda Valenzuela y publicada en un Suplemento del mencionado diario, en el que entre otras anomalías, expone: + Defraudación de Q 54 millones en el EMP. + Contrato por Q 2.6 millones por asesoría a la Portuaria Santo Tomás de Castilla; asesoría, que debió prestar sin costo alguno la Procuraduría General de la Nación. + Estafa de Q 250 millones a las arcas del EMP por el militar Napoleón Rojas Méndez, por su cuñado Carlos Enrique Chilel La Parra y su sobrino Saúl Méndez Monzón. + Durante la gestión de Armando Gabriel Pokus Yaquián, como gerente de la Confederación Deportiva, miembros de la Junta Directiva, crearon una red de empresas para cobrar por servicios. + Las entidades del Estado están obligadas a publicar en GUATECOMPRAS, las compras que hacen, pero apenas dan a conocer, a lo sumo, sólo un diez por ciento. + La entidad Plataforma Agraria, organización pro indigenista, malversó fondos hasta por un valor de Q 30 millones. + La familia de Byron Berganza, detenido en Estados Unidos por delito de narcotráfico, es el actual propietario de una casa de descanso valorada en Q 8 millones, inmueble que era del ex Presidente del CHN, José Armando Llort Quiteño. + Durante la gestión del Ministro de Energía y Minas, López 21 Corrupción e Impunidad Rodas (1996-2000), su esposa fundó la Empresa CECSA dedicada a la comercialización de energía eléctrica y sus ganancias ascendieron a Q 10 millones. + El ex Ministro de Gobernación, Antonio Soto, pagó en forma ilícita Q 1.2 millones en recompensas por la captura de delincuentes, por lo que la CGNC abrió expediente de investigación. + Diputados de UNE y PAN gastaron en un viaje a la Universidad de Salamanca, Q 192.000, en once días. + La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) pagó en forma anómala Q 1.5 millones a la Empresa Aerorutas Maya. + Luego que el MP investigó la desaparición de Q 54 millones del EMP, el ex Presidente Portillo huyó a México; sin embargo, el Estado no ha embargado ningún bien del prófugo. + Arturo Salán, acusado al igual que su hermano Josué, de malversación de más de Q 90 millones por medio de la ONG “Biencogua”, invirtió Q 4.1 millones en una lujosa vivienda en el Country Club. Año 2007 Según encuesta realizada por Borge y Asociados sobre cual es el principal problema de Guatemala, la respuesta fue: la corrupción. (El Periódico, 13/1/07). Alrededor de Q 250 millones de los Ministerios de Educación y Gobernación que necesitaban esos recursos de sus presupuestos fueron transferidos, para remodelación del Aeropuerto La Aurora. (Prensa Libre 17/1/07). El Vicepresidente de la República y el Ministro de Gobernación explicaron a diputados del Congreso de la República la necesidad de aprobar la Comisión contra la Impunidad (CICIG), sin haber logrado resultados positivos, hasta el día de hoy (27/7/07). (Diario de Centro América, 31/1/07). 22 Lic. Alfonso Bauer Paiz En el mes de febrero, la Coalición por la Transparencia editó una publicación de 18 páginas, “El Informador por la Transparencia” que incluye una propuesta de Plan de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de Cuentas. (Propuesta, que a fines de julio no ha alcanzado sus loables objetivos). Paola Hurtado, periodista, relata la actuación de Baudilio Hichos, conocido como “el Cacique de la Perla de Oriente”, Chiquimula, quien ha permanecido en el Congreso de la República durante trece años, en los que ha demostrado su habilidad para el manejo del tráfico de influencia y la obtención de clientela política. (El Periódico, 4/2/07). El periodista Mike Castillo informa que por la Mesilla, frontera con México, a pesar de la presencia de autoridades migratorias y de la PNC se realiza contrabando a diario. (Prensa Libre, 5/2/07). En carta abierta al Presidente de la República, Oscar Berger, de fecha 4/3/07, el Dr. Javier Figueroa, ex Subdirector de Investigaciones e Inteligencia de la PNC, con relación al caso de los diputados salvadoreños asesinados en Guatemala, entre otras acusaciones y advertencias contiene las siguientes: + Que le pidió protección para poder relatar lo que le consta al respecto, pero que en vez de acceder a su solicitud, ordenó su aprehensión por medio de INTERPOL. + Aconseja al Presidente y a su familia, así como a los cuatro agentes del Departamento de Investigación Nacional del Crimen (DINC), que más les conviene que él guarde silencio. + Acusa al Presidente de haber dado órdenes reñidas “con las buenas costumbres, las leyes, la decencia y los derechos humanos” a la PNC. 23 Corrupción e Impunidad + Le increpa que estando junto al ex Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y de Víctor Rivera, se le ordenó realizar operativos que buscaban únicamente dar la sensación que se hacía algo a favor de la prevención y protección ciudadana, y otras limpiar el país a como diera lugar, de conocidos delincuentes, mareros y ladronzuelos de poca monta. Señala como coordinador de esas operaciones al Director de la PNC, Edwin Uperisen. + Afirma que en forma jocosa, en el propio despacho presidencial, el Mandatario comentó que “no importaba ni importa de donde viene el dinero, lo que importa es que llegue, de manera constante y abundante”. + A continuación cita el caso en que estuvo involucrado su hijo Oscar y su yerno Ricardo, Emilio Pacheco, de la SAT, para hacerse de algunos billetes por medio de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Esposa del Presidente de la República (SOSEP), que les permitió que entraran al país más de dos mil contenedores con artículos, mercaderías y productos de contrabando. Luego le recuerda al Presidente Berger que a los pocos días de haber salido él (Javier Figueroa) del país, “curiosamente se incendiaron algunas instalaciones ubicadas en el predio que ocupa la Academia de la PNC en la Zona 6, y le pregunta: “¿Quiere que le recuerde que había y qué ya no hay en esas instalaciones pasto de las tan oportunas llamas que devoraron cualquier curiosidad futura?” + Le dice que a su hijo Oscar lo buscan “inversionistas” de varios lugares para que reparta, por fin, las utilidades que tuvo y se alzó con ellas”. Y le cuenta que a su yerno Ricardo Ortiz le busca el Cartel de Cali para que rinda cuentas sobre “mercadería” que transó fuera de borda. Y afirma que “el negro 24 Lic. Alfonso Bauer Paiz García Granados fue uno de quienes introdujo varios de esos miles de contenedores, lo que molestó a Dionisio Gutiérrez que esperaba prestar el servicio. + Acusa a Roberto González, ex Coordinador de la Reconstrucción (después del STAN), junto a Fernando Monroy, socio de Luis Pedro Chang en la Empresa Equipos del Puerto, S.A., de haber participado en la recepción de comisiones (15%) que favorecieron a la familia del Presidente. (Roberto González, a la fecha, 16/8/07, es candidato del partido oficial, GANA, a Alcalde capitalino. + Por último, escribe la siguiente terrible denuncia: El asesinato en el Boquerón de los cuatro elementos que estaban directamente bajo mis órdenes en el DINC y que por instrucciones precisas ejecutaron a los diputados salvadoreños y a su chofer, se planificó y se ordenó en las altas esferas del Gobierno y de su persona (…)”. El 10/5/06 se suscribió una Carta de Entendimiento para establecer un mecanismo de fortalecimiento y apoyo a las gestiones y funciones que competen a la Contraloría General de Cuentas, suscrita por la Contraloría, Congreso de la República, Comisionado Presidencial para la Transparencia y contra la Corrupción, Coalición por la Transparencia (integrada por Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Acción Ciudadana, Cámara de Comercio de Guatemala y Consejeros de Honor de las Embajadas de Japón, Noruega, Países Bajos y Misión y Coordinadora de Transparencia y Justicia de Dinamarca, PNUD, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicha Carta de Entendimiento no produjo los resultados esperados y fue sustituida por otra, suscrita el 28/2/07. 25 Corrupción e Impunidad La USAID canceló el valor del campo pagado de las publicaciones de esta segunda Carta de Entendimiento. (Prensa Libre, 17/1/07). La CNDG denunció al Ministerio Público que Francisco Berger, Presidente de la Asociación de Polo, por haber comprado un terreno para dicha Asociación con fondos del Estado manejados por la Organización de Aviación Civil Internacional. Berger pagó por el inmueble un sobre precio de Q 7 millones (Prensa Libre, 14/3/07). La diputada Nineth Montenegro denunció cientos de sobre valoraciones en compras hechas por el INGUAT. (Prensa Libre, 16/3/07). El abogado Fernando Mollinedo, después de un estudio retroactivo respecto a actos de corrupción cometidos por funcionarios y empleados públicos, señala a las siguientes organizaciones de Estado, INGUAT, Ministerios e Instituciones por haber faltado a la probidad en su funcionamiento: PNC, Municipalidades del país, Aduanas, SAT, IGSS, INGUAT, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), FEDEF UTBOL, MP, Juzgados y Salas del Organismo Judicial, MAGA y sus dependencias, como INAFOR, el MINEDUC, la CNCG, MIGRACIÓN, Sistema Penitenciario, MINSAP, MICIVI, Aeronáutica Civil, Ejército Nacional y su IPM, sus industrias y comercios, la ZONIC del Puerto de Santo Tomás de Castilla, el Ministerio de Economía y su dependencia Dirección de Asistencia al Consumidor (DIACO), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Congreso de la República, Secretarías de Estado y Presidencia de la República. Indudablemente, ante tan preocupante situación, el Lic. Mollinedo tituló su escrito, “Realidades: ¿Habrá alguna dependencia sin corrupción?” (La Hora, 19/3/07). 26 Lic. Alfonso Bauer Paiz En medición de corrupción imperante en América Latina, en relación con la mundial, Guatemala y Nicaragua ocupan el puesto 111, Chile el más bajo, 20, y Ecuador y Venezuela, el más alto, 138. (Prensa Libre, 25/3/07). Un contrato celebrado por la Municipalidad de Guatemala y el PNUD con la Compañía Constructora de Obras Civiles, S. A. (COCISA), para construir un paso a desnivel en la Calzada de la Paz, en el Viaducto Las Vacas, fue cancelado por haber graves anomalías en el mismo. Originalmente, se tenía previsto un contrato de Q 30 millones, pero se descubrió que éste iba a costar Q 52. 9 millones. (El Periódico, 3/4/07). En libelo, de 30/4/07, titulado “Una aproximación preliminar a los financistas de los partidos políticos de Guatemala”, cuyo contenido fue tomado de “EL OBSERVADOR, análisis alternativo sobre política y economía”, No. 5, se divulgan hechos y confrontamientos indecorosos de personajes de los partidos políticos del país, tales como de GANA. Son mencionadas las familias Berger. Widmann, Vila, Castillo, Leal Pivaral y Botrán. Se informa que los Widmann son dueños del Ingenio Guadalupe. La familia BergerWidmann es accionista de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), de Montana Exploradora y Petrolatina Corporation. Alfredo Vila, Secretario General de GANA, es uno de los propietarios de los Ingenios San Diego y Trinidad. Eduardo Castillo, quien fuera Ministro del MICIVI, encabeza la lista de candidatos a diputados por el Partido GANA. Ricardo Castillo Sinibaldi, jefe supremo del IRTRA, aunque ya no está afiliado a GANA, como miembro millonario de la familia cervecera, mantiene muy buenas relaciones con GANA. 27 Corrupción e Impunidad A estos dos Castillo les une una íntima amistad, desde hace muchos años. La familia Leal Pivaral domina en el Banco del Quetzal (BANQUETZAL) junto con los Berger Widmann y Díaz Cruz. Son azucareros emergentes, propietarios del Ingenio Magdalena. Roberto González Díaz Durán ha sido Ministro de Energía y Minas, Gerente de la Presidencia y de la Reconstrucción post huracán STAN. Fue candidato a la Vicepresidencia de la República. De la familia Botrán, Andrés fue Director de la Secretaría de Seguridad Alimentaria (SESAN). Otra persona del clan bergerista es la Sra. María Antonieta de Bonilla, ahora Presidenta del BANGUAT y, por supuesto, Eduardo González, ex candidato presidencial de GANA, quien tuvo que renunciar por el escándalo de la quiebra del Banco del Café, del cual era gran accionista. También son del mismo círculo plutocrático, Álvaro Aguilar, ex Ministro del MAGA y varios de los miembros de la Asociación de Exportadores No Tradicionales (AGEXPRONT). DE LA UNIÓN NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) Su candidato presidencial Álvaro Colom mantiene cordiales relaciones con el millonario Arturo Gutiérrez, tío de los primos Juan Luis Bosch, Dionisio Gutiérrez, y Juan José Gutiérrez, también archimillonarios, pero evasores de impuestos. Colom también está vinculado con el CACIF, que le aconsejó aceptar como candidato a la Vicepresidencia al Dr. Rafael Espada. 28 Lic. Alfonso Bauer Paiz Entre los financistas de la campaña presidencial de UNE están: a) Ricardo Cortés, propietario de King Express, y quien tiene a su cargo el contrato petrolero de US Oil Guatemala, subsidiaria de US Oil Recovery, en Paso Caballos. Petén y estrechamente ligado a Oscar Francisco Berger Widmann, hijo mayor del Presidente Berger; b) Colom está comprometido con el Banco Industrial (BI), en relación con King Express; y c) Ángel González, mexicano, dueño de los cuatro canales de televisión que operan en Guatemala. Relación que propició Roberto Arzú, hijo del Alcalde metropolitano. DEL PARTIDO PATRIOTA (PP) Sus financistas principales son: la familia Novella, el Consorcio Multi Inversiones, Dionisio Gutiérrez, Jorge Briz y su Movimiento Reformador (MR) y Ricardo Castillo Sinibaldi. DEL PARTIDO UNIONISTA (PU) Sus financistas son: la familia García Granados, principal importadora de piezas de pollo Tyson y Hudson y competidores de la familia Bosch Gutiérrez (del GANA), Productores del pollo Rey. El Alcalde Álvaro Arzú, emparentado con la familia García Granados, quien también mantiene relaciones de íntima amistad con el Presidente Berger. Pero, Raúl García Granados también se relaciona con el FRG y con UNE. Asimismo, los Vila con el PU. DEL PARTIDO ENCUENTRO POR GUATEMALA (EG) Se mencionan como sus financistas a: Fernando Montenegro Castillo, ex Presidente de ANACAFE, y ligado al grupo del Banco Granai & Townsen Continental, del cual es Presidente su primo Flavio Montenegro. Otro es el Lic. Mario Fuentes Destarac, quien ha sido abogado del CACIF y 29 Corrupción e Impunidad Presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON). Además, la cadena de farmacias Similares, de la cual es co-propietaria Rigoberto Menchú. ---------------El Lic. Acisclo Valladares Molina, en un artículo titulado “El fin no justifica los medios (II)” dice poner los puntos sobre las íes en el robo a GUATEL. Comenta que la Sociedad Luca, S. A., con un capital de Q 5 mil, se hizo del patrimonio de GUATEL. Un patrimonio que producía utilidades en el orden de los Q 600 millones anuales. El monopolio estatal se pasó al sector privado, durante la administración de Álvaro Arzú. (El Periódico, 9/5/07). El expediente de una denuncia de la CGNC por fraude de Q 31 millones en el Ministerio de Gobernación, en el 2004, no aparece en el Organismo Judicial. (Prensa Libre, 23/5/07). La CGNC ha hecho reparos al manejo de cuentas del Estado por Q 172 millones. Durante el año 2006 detectó 904 irregularidades en el manejo del Presupuesto Público. (Prensa Libre, 31/5/07). Corrupción en el IPM. Fueron presentadas tres denuncias al MP. Por un monto de Q 65 millones. (Siglo Veintiuno, 2/6/07). En relación con el evento electoral, en septiembre, el TSE ha advertido que ninguna persona natural o jurídica podrá hacer aportaciones que sobrepasen el 10 por ciento del límite de gasto de campaña, es decir Q 4 millones. Y quien efectúe donaciones de más de US$ 10 MILL. (Q 77 MILL.) deberá presentar declaración jurada en acta notarial sobre la procedencia de los recursos. El TSE está autorizado por la ley 30 Lic. Alfonso Bauer Paiz a publicar los montos y nombres de las contribuciones a los partidos políticos. (Sin embargo, días después el Magistrado Bolaños declaró a la prensa que no los darán a conocer). En papel, todo parece estar bien, el problema es cuando llegamos al punto de cómo hacer cumplir la norma. El Congreso de la República rechazó que se impusieran penas de cárcel a los responsables de evadir los controles, lo que demuestra la escasa voluntad política de todas las bancadas por cumplirlos. Lo peor es que en la información suministrada por la publicación TRIBUNA, se afirma “que los partidos políticos aceptan de mala manera el control de sus finanzas, aunque por otro lado reconocen abiertamente que han recibido propuestas de grupos del crimen organizado para financiar sus campañas, sobre todo algunas candidaturas a diputados y alcaldes”. (TRIBUNA, 5/6/07). La CGNC hace reparos al MICIVI por lesividad de contratos para la construcción de carreteras, que costarán Q 376.1 millones (Siglo Veintiuno, (5/6/07). El Editorial de 5 de junio, de El Periódico, plantea: “El Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR y los proyectos del FOGUAVI han causado profunda indignación entre la población, ya que la pura realidad es que los fondos públicos destinados a estos menesteres están siendo derrochados a manos llenas, en clientelismo político, en vez de que los mismos sean invertidos óptimamente en beneficio de la población”. Vinicio Salán Sánchez, acusado de lavado de dinero por Q 24 millones tramita su libertad con el pago de Q 7 millones de fianza impuesta por dos Tribunales. (Prensa Libre, 7/6/07). 31 Corrupción e Impunidad La diputada Nineth Montenegro pide urgentemente se hagan reformas legales para combatir la corrupción. Considera que al ratificarse la Convención Interamericana contra la Corrupción, inmediatamente se promulgarían leyes, tales como: para tipificar el enriquecimiento ilícito, transferencias a organizaciones internacionales y aprobación de la ley de acceso a la libre información. Pero, nada se ha hecho al respecto. (Prensa Libre, 8/6/07). “Manolo” Castillo, diputado de lujo”, se le conocen bienes valuados en más de US$ 1,8 millones. (El Periódico, 8/6/07). Empresas de candidato de GANA y, de sus hijos, para alcalde de Chinautla, Carlos Ruíz Alvarado, asesor de ex Ministro del MICIVI, Eduardo Castillo, recibieron 79 contratos por Q 16 millones durante el gobierno del Presidente Berger. Ahora Ruíz es candidato a alcalde y Castillo a diputado. (Prensa Libre, 29/6/07). Diez empresas concentran compras gubernamentales en tres años, por un valor de Q 6,407 millones. Véase el cuadro siguiente: Empresa Solel Boneh SIGMA Constructora Nacional DISAGRO Cohen Cohen Cofiño Stahl & Co. Fertilizantes Mayas FCC Construcción Shell Guatemala Bodega Farmacéutica Actividad Constructora Constructora Constructora Agroquímicos Farmacéutica Automóviles Agroquímicos Constructora Combustibles Farmacéutica (Siglo Veintiuno, 14/7/07). 32 Monto Q 1.570 Q 1.018 Q 960 Q 561 Q 514 Q 441 Q 433 Q 386 Q 381 Q 326 No. de Contratos 15 13 13 14 102 311 6 4 212 64 Lic. Alfonso Bauer Paiz Apartado II Privatizaciones Por estar de acuerdo con las características del mundo político-social actual, descritas por el ex Presidente del Ecuador, Rodrigo Borja, abordaremos la parte teórica de las Privatizaciones, conforme a su análisis de las mismas. Comienza por afirmar que después del derrumbamiento de la Unión Soviética, “en términos de estrategia global, el orden bipolar ha sido suplantado por el unipolar; no sabemos por cuanto tiempo.” Califica de inconveniente al mundo unipolar por “la derechización de las cúpulas políticas, la presencia del Estado desertor de los neoliberales, la privatización indiscriminada, la concentración piramidal del ingreso, el darwinismo económico y el imperio de la ley del más fuerte en las relaciones internas e internacionales de la economía”. Acertadamente opina que “sustituir la planificación económica por la mano invisible del mercado resulta muy tentador para los grupos altamente situados en el escalafón social pero muy poco solidario con los sectores mayoritarios que sucumben bajo el peso de la pobreza, la desigualdad y el desamparo”. Tal como está ocurriendo en Guatemala, en donde la mayor parte de la población indígena, garífuna, xinca y ladina cohabita, pero en condiciones extremadamente diferentes, pues es una muy reducida cúpula de gente que goza de bienestar económico por acaparar el capital y los bienes de producción, en tanto el gran resto de habitantes sobreviven en la pobreza y extrema pobreza y son discriminados por esa minoría opulenta y dueña del poder político y económico. Sostiene el Dr. Rodríguez Borja que, al contrario de como actúan los gobiernos de índole neo liberal, “no debe el Estado declararse neutral ante el proceso económico de la 33 Corrupción e Impunidad sociedad. Sin la dinámica participación de él la sociedad carecería de lo que el economista inglés JohnMaynard Keynes (1883-1948) llamaba la influencia orientadora sobre la economía, que es tan necesaria para establecer los convenientes equilibrios”. Se opone a la privatización de los servicios públicos, como ya ha ocurrido en Guatemala en varios de ellos, porque trae inevitablemente varios efectos indeseables: el aumento de las tarifas con perjuicio a importantes sectores de la población, la optimización de las ganancias -que es parte del instinto de conservación de la empresa privada- la cual conduce a no extender los servicios públicos hacia las zonas periféricas poco rentables y, finalmente, el prestador de esos servicios asume una grande e inconveniente influencia sobre los mandos del Estado. No abundamos en el análisis de la política privatizadora, porque no es el tema principal de este ensayo, sino el de la corrupción e impunidad. Razón por la cual nos adherimos a la preocupación que Rodríguez Borja expresa en cuanto a la privatización y al orden ético, es decir, “la falta de claridad o los procedimientos francamente corruptos en los procesos de privatización. Casi no ha habido enajenación de bienes públicos que no haya producido denuncias de enriquecimiento ilícito a favor de personas o grupos económicos ligados a los gobiernos. No siempre la valoración de los activos públicos ha sido justa ni las técnicas empleadas para evaluar las ofertas de los postulantes han sido correctas e imparciales. Han prevalecido el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Lo cierto es que muy pocas operaciones de privatización se salvan de cuestionamiento”. Exactamente, esos vicios y negociaciones corruptas y perjudiciales a la sociedad y al Estado, los vamos a encontrar en los párrafos siguientes, dedicados a la información y evaluación del proceso privatizador de Guatemala. 34 Lic. Alfonso Bauer Paiz El proceso privatizador de Guatemala. La primer privatización fue la de la empresa estatal de transporte aéreo, AVIATECA, durante el gobierno del Presidente Vinicio Cerezo, pero, el proceso privatizador, (apartándose del pacto económico, político, jurídico y social convenido entre las fuerzas insurgentes de la URNG y el Gobierno de Guatemala, contenido en los varios Acuerdos de Paz suscritos, que de ninguna manera propician la privatización de empresas del Estado y menos de servicios públicos), comenzó durante el gobierno del Presidente Álvaro Arzú (1996-2000). Las empresas estatales o servicios públicos privatizados a partir de 1997, han sido, salvo error u omisión: el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), la Procesadora de Lácteos (PROLAC), Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) y en alto grado del sistema bancario, Correos y Telégrafos, Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A (EEGSA), Servicios de Distribución de Energía Eléctrica del INDE, Empresa Guatemalteca de Comunicaciones (GUATEL), Teléfonos de Guatemala (TELGUA), el 1/10/1998, algunos servicios de atención a carreteras, en alto grado el sistema bancario, y en menor, los servicios públicos de educación, de salud, de la Policía Nacional Civil y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y relacionados con los de naturaleza ecológica. De las anteriores privatizaciones las más dañinas a la población y al Estado mismo, han sido las de los servicios eléctricos, de comunicaciones, en particular de los telefónicos, a las cuales les dedicaremos más atención. Del resto, trataremos a continuación de los casos más importantes: 35 Corrupción e Impunidad Privatización de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA). En 1997 el Gobierno del Presidente Álvaro Arzú dio en usufructo el manejo del sistema ferroviario del país a la empresa extranjera Ferrovías, de la cual el mayor accionista es Railroad Development Corporation (RDC), en castellano, Corporación Ferrocarrilera de Desarrollo. El contrato de usufructo fue ampliado en el año 2003, durante el Gobierno de Alfonso Portillo. En agosto del 2006, el Presidente Berger declaró lesivo a los intereses de la nación el contrato de usufructo por incumplimiento de la entidad usufructuaria de obligaciones asumidas en la prestación de sus servicios. Ferrovías alega como excusa que el Gobierno de Guatemala se comprometió en el contrato a desalojar de la vía férrea a grupos familiares que han construido viviendas contiguas a ellas y, con base en ese argumento, presentó demanda contra el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, en la que pide se le condene al pago de una indemnización de $US 65 millones. La CIADI aceptó, en su calidad de tribunal de arbitraje internacional, darle trámite a esa demanda de Ferrovías y de RDC, conforme a normas establecidas en el DR-CAFTA, del cual es parte el Estado de Guatemala. En concreto, la empresa usufructuaria considera que la declaración de lesividad del contrato constituye una expropiación de la inversión, la que prohíbe el Artículo 10.7 del DR-CAFTA y basado en ello, reclama esa millonaria indemnización. (Véase, Prensa Libre, 21/8/07). El presente caso demuestra la irresponsabilidad, tanto del Congreso de la República como del Organismo Ejecutivo que, a pesar de la amplia oposición de vastos sectores sociales se opusieron a la ratificación de ese mal llamado Tratado de Libre Comercio, que tal como lo prueba este litigio es más bien un tratado de garantía de inversiones estadounidenses. El gobierno de Guatemala, ahora, se defiende porque siendo Guatemala una república soberana, sostiene que aún no han sido resueltos los procesos judiciales que se ventilan en el 36 Lic. Alfonso Bauer Paiz país, razón por la cual el arbitraje internacional es improcedente. Lo peor, para Guatemala es que conforme a la práctica imperial de la aplicación de justicia en los EUA, lo más probable es que la CIADI dicte sentencia a favor de la empresa extranjera y condene al Estado de Guatemala, que muy poco podrá hacer porque de conformidad con lo preceptuado en el Anexo-10-F del Tratado, todavía no existe un órgano de apelación o mecanismo similar y el establecimiento de tal órgano sólo podría hacerse después de un año de negociaciones entre las Partes: EUA y Guatemala, y es previsible que en éstas la Parte guatemalteca, lleve la peor “parte”. Privatización del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA) y en alto grado del Sistema Bancario. El BANDESA fue el sustituto del Banco Nacional Agrario (BNA), fundado en 1953 durante el Gobierno del Presidente Arbenz. No obstante que el Gobierno de facto de Carlos Castillo Armas derogó el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, pero dejó vigente el Decreto que creó el BNA, porque era una institución solvente y eficiente. Y existió hasta el Gobierno militar de Carlos Arana Osorio (1970-74), en el fueron fusionados el Instituto de Fomento a la Producción -semi bancario- con el BNA y fue fundado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA), también del Estado como había sido el BNA. La privatización de BANDESA se dio mediante la aprobación del Decreto 57-97, publicado en el Diario de Centro América (Diario Oficial), No. 3 de 31 de julio de 1997, o sea la Ley de Transformación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola –BANDESA-, cual fue transformado en un banco de capital mixto, con un capital de Q 200 millones, el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL), para favorecer intereses privados más que nacionales y sociales. 37 Corrupción e Impunidad La política privatizadora de instituciones bancarias continuó y podemos citar leyes que la favorecen, tales como el Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros; el Decreto 16-2002 nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que introduce modificaciones a la ley original, las cuales le suprimen a la institución su naturaleza genuina de banca central, tales como: a) la sustitución del artículo 2 del Decreto 215, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, aprobada por el Congreso de la República el 20 de diciembre de 1945, por el artículo 3 del Decreto 16-2002. Sustitución que debilitó la autoridad de la banca central, pues cuando se creó el Banco de Guatemala su objeto principal era Promover, la creación y el mantenimiento de las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, mientras que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 16-2002, es sólo Contribuir (porque tácitamente le transfiere esa función a la banca privada, dejándole al Banco de Guatemala sólo la responsabilidad de promover “la estabilidad en el nivel general de precios”. b) El artículo 111 de la Ley original del BANGUAT le asignaba las funciones de consejero, agente fiscal y banquero del Estado. Pero, el artículo 53 del Decreto 16-2002, le quitó esa función y, para asegurar el cerrojo, en la literal c) del Artículo 71, le prohíbe al Banco de Guatemala: “Otorgar financiamiento, garantía o aval al Estado o a sus entidades descentralizadas y autónomas”. c) En el Decreto 16-2002 se suprimió el deber que le asignaba al BANGUAT la disposición de la literal a) del artículo 3 de la Ley original en la parte que preceptuaba: 38 Lic. Alfonso Bauer Paiz “En el orden interno, el Banco deberá especialmente: a) Adaptar los medios de pago y la política de crédito a las legítimas necesidades del país y al desarrollo de las actividades productivas (…) El Decreto 203, Ley Monetaria, aprobada el 10 de noviembre de 1945 por el congreso de la República, establecía en su artículo 10: “Solamente el Banco de Guatemala podrá negociar oro amonedado o en barras y divisas extranjeras en el territorio de la República, con cualquier persona o entidad bancaria (…)”. Esa función tan importante le fue suprimida al BANGUAT, conforme a lo dispuesto en el Decreto 17-2002, durante la administración de Alfonso Portillo, que en su artículo 28 deroga el Decreto 2003, aunque ya anteriormente al ser aprobado el Decreto 94-2000, aprobado el 19 de diciembre de ese año, Ley de Negociación de Divisas, en su artículo 9 no sólo derogaba el artículo 10 del Decreto 203, sino en su artículo 1 dispuso: “Es libre la disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y pago de y con divisas y serán por cuenta de cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera las utilidades, las pérdidas y los riesgos que se deriven de las operaciones que de esa naturaleza realice”. “Es igualmente libre la tenencia y manejo de depósitos y cuentas en moneda extranjera, así como operaciones de intermediación financiera, tanto en bancos nacionales como en bancos del exterior. (…)”. -------------39 Corrupción e Impunidad La desmedida ambición y afán de enriquecimiento ilimitado de quienes participan de la ideología neo liberal, la cual es congénere con la corrupción e impunidad, al igual que éstas es causante de todos esos cambios negativos y antisociales comentados anteriormente. Lo peor, es que el dañino debilitamiento de las instituciones bancarias y financieras del Estado, causado por la privatización, tampoco ha sido fructífero para la banca privada, la cual por sus excesos y falta de principios ha defraudado la confianza de los depositantes y ahorradores estafándoles miles de millones de Quetzales, mediante quiebras fraudulentas como las de los bancos gemelos, el Banco del Café, el Banco de Comercio y antes la del Banco del Ejército. Esa política privatizadora, junto con las prácticas corruptas de funcionarios públicos han sido causantes del deterioro de la banca estatal, como son los casos del Crédito Hipotecario Nacional y la liquidación del Banco de la Vivienda. Otro ejemplo de estas indecentes experiencias es el del Banco de los Trabajadores, que se capitalizó con los descuentos que se les hicieron a miles de trabajadores del Estado y de instituciones descentralizadas o autónomas, pero que en última instancia no operó para atender sus necesidades esenciales, sino se convirtió en patrimonio exclusivo de un pequeño grupo de audaces hombres de negocios. Los efectos de esta ruina moral son aún más lamentables porque en última instancia los bancos privados guatemaltecos precarios, están siendo absorbidos por los bancos poderosos del país y éstos por las redes de la banca privada internacional, tales como Cigroup estadounidense y Shanghai Banking Corporation (HSBC), inglés. Las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos auténticos deben oponerse vigorosamente a esa avalancha extranjera, porque si las autoridades del Estado han carecido de la entereza para gobernar al servicio del pueblo, por tutelar los 40 Lic. Alfonso Bauer Paiz intereses de la minoría acaudalada, incluida la bancaria local, ¿cómo podrán eludir ponerse a las órdenes de esas redes mundiales que, como Midas, el rey frigio poseen la facultad de trocar en oro todo lo que tocan, para su exclusivo provecho? Privatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y de Servicios de Distribución de Energía Eléctrica del INDE. (+) La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), aunque legalmente era estatal, pues el gobierno del Presidente Arana Osorio pagó a la Central American Power Co sucesora de la Electric Bond & Share Company (EBASC0), de ingrata recordación en Guatemala, que era la propietaria de EEGSA, que había sido confiscada al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, a los propietarios alemanes. En 1920, el alzamiento popular propiciado por el Movimiento Unionista que derrocó al tirano Manuel Estrada Cabrera y puso en la Presidencia de la República a Carlos Herrera, quien patrióticamente se negó a satisfacer las exigencias del Gobierno de Washington consistentes en que ampliara los privilegios a la empresa bananera United Fruit Company y enajenase la Empresa Eléctrica de Guatemala, a la EBASCO. Como se negó a acceder, el Departamento de Estado fraguó un golpe de estado en Guatemala y utilizó a los Generales José María Orellana, Larrave. Depuesto el Presidente Herrera, asumió el cargo el General Orellana, quien hizo entrega de la Empresa Eléctrica de Guatemala a la EBASCO por sólo US$ 212, 830, cuando su valor era de US$ 2 millones. Medio siglo después, el Presidente Carlos Arana Osorio le pagó a la EBASCO Q 18 millones, a la par del dólar, por recuperar una empresa que era del Estado de Guatemala y que había dejado de serlo por exigencia del gobierno estadounidense y, por la cual, el adquirente yanqui sólo dio un “plato de lentejas”. 41 Corrupción e Impunidad El sucesor del Presidente Arana, el también militar Eugenio Kjell Laugerud García, de común acuerdo con un grupito de accionistas guatemaltecos, poseedores de sólo el 3.3% de las acciones, mientras el Estado era propietario del 96.7% de ellas, permitió que esos accionistas minoritarios administrasen la Empresa Eléctrica a su antojo y conveniencia y hasta emitió un Acuerdo Gubernativo, con fecha 20 de mayo de 1977, conforme al cual dispuso que la entidad funcionase como sociedad mercantil. O dicho en otras palabras: la privatizó, de hecho. (*) En el ensayo citado del economista Piedrasanta Arandi, sabedor él de las intenciones del Presidente Álvaro Arzú de privatizar empresas y servicios públicos del Estado, advirtió a los guatemaltecos lo perjudicial que sería la privatización de los servicios de la Empresa Eléctrica de Guatemala y la de los servicios de transporte y distribución de la energía eléctrica, máxime si pasaban a ser propiedad de empresas transnacionales foráneas. Puso énfasis en la necesidad de: a) Hacer un avalúo imparcial, correcto y real, previo a cualquier medida legal privatizadora, porque muchos de los activos del Sistema Eléctrico no estaban inventariados ni se conocían sus costos (como líneas de transporte, transmisión, estudios técnicos, etc. b) Que una firma de expertos imparciales realizase una justipreciación de todos los activos de EEGSA, INDE, “a fin de no vender a vil precio, activos que han costado mucho al pueblo”. c) Oponerse a la intención del Ministro de Energía y Minas, López Rodas, de confiar en un “Consejo de Notables”, designados a propósito, para definir con el comprador el valor de los activos. 42 Lic. Alfonso Bauer Paiz d) No olvidar que muchos de los activos adquiridos a fines del siglo XIX, como EEGSA, o antes de 1940, como INDE, puedan aparecer en el Balance, a precios de costo. Por lo cual, si se trata de bienes inmuebles, su valor al año 1996, indudablemente, debía ser mucho mayor por la plusvalía de tales bienes raíces. e) Tener en cuenta que muchos activos actuales no están registrados, tales como las líneas de transporte y transmisión, que no sólo tienen un valor objetivo, sino un costo por los gastos en planificación y estudios. f) Que lo más importante del avalúo, especialmente en el caso de las hidroeléctricas, era considerar el precio “del recurso agua, vale decir el valor de nuestros ríos, lagos y mar territorial, que son recursos de la nación o sea del pueblo, que no tenemos por qué ceder gratuitamente para que una empresa privada obtenga ganancias”. Este recurso agua debe justipreciarse para que si la energía eléctrica llegara a privatizarse, la empresa favorecida, pague su valor justo por dicho elemento. g) No olvidar que la intención de ciertos empresarios y políticos de privatizar empresas y servicios públicos estatales, no surgió en 1995, sino ya en 1975, el pequeño grupo de accionistas privados, poseedores de sólo el 3.3% de las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala, capitaneado por el Presidente de la Empresa, uno de los accionistas minoritarios, Sr. Julio Lowental, ya había propuesto su privatización en condiciones desventajosas al Estado y de privilegio para los particulares, y que eso debería evitarse si se llegase a aprobar la venta de la Empresa Eléctrica y de los Servicios del INDE, al privatizarlos. Ahora, en el año 2007, es de lamentar que esa privatización se realizó en forma lesiva a los intereses nacionales, sin tomar en cuenta las correctas, valiosas e inobjetables recomendaciones del Lic. Piedrasanta. -----------------43 Corrupción e Impunidad (+) Fuente: Alfonso Bauer Paiz, Cómo Opera el Capital Yanqui en Centro América (el caso de Guatemala), Editorial Ibero Mexicana, México, 1956 y Rafael Piedrasanta Arandi, ¡Venta al Capital Extranjero de Nuestros Activos Eléctricos sin Avalúo Técnico Previo!, Guatemala, octubre 1996. Privatización de Correos y Telégrafos. (DGCT). Este servicio público estaba mal administrado cuando Álvaro Arzú asumió la Presidencia y por ello varias empresas privadas habían sido autorizadas para funcionar, a pesar que el Código Postal preceptuaba que los servicios de esta naturaleza sólo podían ser prestados por el Estado. La administración de dichos servicios fue otorgada a la empresa canadiense Postal Services, pero la Dirección General de Correos y Telégrafos supervisa el cumplimiento de los servicios. Privatización de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones. (GUATEL). Antes de ser privatizada GUATEL, la tendencia de sus utilidades era hacia el alza, pues en 1985 no excedían de Q 100 millones y, en 1997, ya habían llegado a Q 500 millones. Además era una empresa sólida, solvente, propiciadora de empleo con personal capacitado y que brindaba servicios eficientes, del cual gozaban los usuarios pagando tarifas moderadas. De manera que no hay justificación alguna para la privatización de GUATEL, que se consumó por la aplicación impuesta desde Washington de la política neo liberal de despojo al Estado de sus empresas y servicios públicos en bien de los habitantes usuarios, para trasladarlos a intereses privados de magnates del poder económico y funcionarios públicos asociados con aquéllos. La privatización fue tan perjudicial para la nación que los compromisos financieros de GUATEL, que debieron ser atendidos por los nuevos propietarios privados los va a tener que pagar el Estado, o sea el pueblo. Compromisos que 44 Lic. Alfonso Bauer Paiz ascendían a Q 115.11 millones. Suma de las siguientes deudas en millones de Quetzales: al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 18.0; al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 30.0; al Fondo de Cooperación Económica de Ultramar (FCEUM), 40.46; al Instituto Centrale Per II Crédito a Medio Termino (ICPICMT), 14.65. En el proceso de privatización de GUATEL se estableció el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel), para el otorgamiento de subsidios, del cual salieron favorecidas las siguientes empresas: EMPRESA SERSAT, SA PREARQ, SA SOLINTEL, SA HIDROC, SA TOTAL SUBSIDIO OTORGADO Q 9.800.000.00 Q 29.528.371.80 Q 10.475.924.00 Q 4.019.043.00 Q 53.823.338.80 La Licda. en economía, Edna Liliana Paiz Morales, en ensayo “Proceso y Efectos de la Privatización de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-” apunta como resultado de esa privatización, para el Gobierno y la población de Guatemala lo siguiente: La privatización dejó al país en situación desventajosa por lo siguiente: - Se dejó de percibir la media de ingresos como utilidades de la empresa. - Nunca se ha sabido cual fue el valor “justipreciado” de los activos de GUATEL al privatizarla, pero al parecer no se tomó en cuenta el valor de sus frecuencias radioeléctricas, que era, por lo menos, de Q 400 millones. 45 Corrupción e Impunidad - El Gobierno, inmediatamente después de la privatización, subió el valor de las tarifas por el uso de los servicios de telecomunicación. - La enajenación de GUATEL fue inconstitucional porque se realizó en contravención de lo dispuesto en los artículos 124 y 134 de la Constitución Política de la República. - La cuantía de los gastos en que incurrió el Estado en el proceso de privatización de GUATEL fue excesivo: a) en sueldos, viáticos, tarjetas de crédito, decoraciones, hoteles y alquiler de salones para sesiones de Junta Directiva, viajes, publicidad y favores especiales, Q 64 millones. b) en honorarios profesionales por asesorías, principalmente a empresas internacionales (nosotros diríamos consorcios imperialistas) como J.P. Morgan y Citibank, Q 49 millones. En total: Q 113 millones. - El proceso de negociación para privatizar GUATEL se hizo en forma nada transparente, lo cual afecta el prestigio y la credibilidad en las acciones del Estado. Esa corruptibilidad gubernamental viene siendo sistemática, porque el candidato a la Presidencia de la República, en el año 1999, Alfonso Portillo, había denunciado públicamente la ilegalidad y los graves perjuicios de esa privatización. Sin embargo, nada hizo para declarar la lesividad de la enajenación de ese servicio público durante su período cuatrienal. Privatización de la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. (TELGUA). Para la privatización de GUATEL y de su empresa TELGUA había sido modificada, a propósito la Ley de Contrataciones del Estado. El decreto 57-92 y sus modificaciones permitieron a GUATEL la constitución del patrimonio unitario, inexistente en el sistema jurídico guatemalteco, creado con el objeto de trasladar a otra empresa parte importante de sus activos y pasivos, TELGUA, S.A., 46 Lic. Alfonso Bauer Paiz siguiendo GUATEL siendo empresa estatal, pero la nueva empresa, Sociedad Anónima. Más tarde, en 1997, el Gobierno de Guatemala se endeudó contratando préstamos internacionales para las privatizaciones. El 14 de octubre de ese año, el Congreso de la República emitió el Decreto 97-97 por el cual autorizó al Organismo Ejecutivo, para que por medio del Ministerio de Finanzas, suscribiera dos contratos de préstamo con el BID, uno de ellos por US$ 100 millones a 20 años plazo. Al 30 de abril de 1999 había desembolsado US. $ 74.4 millones y por consiguiente estaban pendientes de su desembolso US $ 25. 6 millones, que el Gobierno no podía hacerlos porque carecía de la documentación que probara que LUCA, S. A., mexicana, había comprado el 95% de las acciones de TELGUA, S. A. y además las condiciones del contrato de administración entre TEL MEX, S. A. y TELGUA, S.A. Otro préstamo que se contrajo fue con el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US $ 13 millones para financiar parcialmente el proyecto “Asistencia Técnica para la participación privada en infraestructura”, dentro del “Programa de Modernización del Sector Público”. Además GUATEL había contratado con el BID, con BIRF, con Italia y el Japón, préstamos por un monto de US $ 122.8 millones. Al 30 de abril de 1999, la deuda de GUATEL ascendía a US $ 74 millones. ¡Qué infamia! Los funcionarios de esos gobiernos y los diputados del Congreso de la República no sólo estaban enajenando cuantiosos y valiosos bienes nacionales a precios ruines, sino para facilitarles su ilícita y corrupta adquisición a grupos del poder económico del país y del extranjero en condiciones muy desastrosas, haciéndose al mismo tiempo socios de esos adquirentes o recibiendo apetecibles dádivas, 47 Corrupción e Impunidad endeudaron al Estado autorizando la contratación de esos usurarios préstamos con bancos internacionales, agentes del imperio norteamericano que ordenaba la inmediata privatización de los activos estatales en los países no desarrollados de América Latina, para sustituir la autoridad de nuestros Estados por la del Departamento de Estado, Pentágono e instituciones financieras bajo su dominio, como el FMI, el Banco Mundial, el BID, etc. Durante 1997 y 1998 se hicieron 4 llamamientos de subastas para venta de bienes de GUATEL y TELGUA en las que participaron la firma J. P. Morgan, Aranky, González y Asociados S.C., miembros de la firma Arthur Anderson y Shaw Pittman Potes & Trowbridge de Nueva York. Al fin, se efectuó la venta, en subasta pública, del 95% de las acciones de TELGUA, S.A. Se declaró abierta la subasta, habiendo participado como posibles postores Telefónica Internacional, S.A., GTE Internacional Telecomunitations Incorporated, Telmex, Internacional Ventures Central America, LUCA, S. A., FT & T, S. A. y Deutsche Telecom, Inc. El único postor fue LUCA, S.A., que ofreció pagar US $ 25.59 por cada una de las 27,360,570 acciones o sea, en total, US $ 700, 156,986,30, oferta que fue aceptada. El contrato de compraventa de TELGUA, S.A. fue firmado en Nueva York el 1 de octubre de 1998 en condiciones inadmisibles, porque fue escrito en inglés y mal redactado en forma oscura y ambigua y además y concertado de mala fe, ilegalmente y , además, en términos lesivos al país. Privatización del manejo de servicios de carreteras. Un ejemplo de ésta es la del contrato entre el MICIVI y la Constructora Vista Hermosa, S.A. para reparar la pavimentación del tramo RN 18, de Jalapa a Chiquimula y en 48 Lic. Alfonso Bauer Paiz el tramo RN 19 de Casas de Tablas, Municipio de Monjas San Manuel Chaparrón, contrato suscrito el 26 de julio del 2001 y, a pesar que a junio del 2005 no había sido terminada la obra, la Dirección General de Caminos firmó el 20 de junio otro contrato en el que se obligó a pagar a la constructora por concepto de “compensación”, Q 113,1 millón. La Contraloría Nacional General de Cuentas ha descubierto pagos sin fundamento y aumento del costo de la obra pendiente de ejecutar, de1 30% en relación a los precios del mercado, lo que incrementaría el costo hasta Q 4l4 millones, cuando el convenido había sido de Q 257,262,942.92. Otro paradigma de esta modalidad de privatización de servicios públicos es el de la construcción del tramo PalínEscuintla, en el que la empresa constructora goza del privilegio de cobrar el peaje que pagan los usuarios, quedándose con el 99% de los ingresos y dándole al Estado sólo el 1%. Por último, durante la administración del Presidente Berger han habido reiterados intentos por privatizar los servicios de educación, de salud y los prestados por el IGSS, pero salvo en algunos aspectos lo ha logrado, pues es muy grande el descontento público contra esos intentos. Oposición que no se ha manifestado respecto a la creciente privatización de los servicios de seguridad propios de la Policía Nacional Civil, autorizándose fácilmente el establecimiento de cuerpos privados de seguridad, muchos de ellos propiedad de militares represivos y masacradotes, además de corruptos, o de personas vinculadas con el crimen organizado. Apartado III Fondos Sociales, Fideicomisos, Franquicias En este apartado se va a evidenciar los males sociales que devienen de la generalizada y habitual práctica de la corrupción e impunidad que van a ser muy difícil de erradicar, porque no son sólo los funcionarios públicos y la burocracia 49 Corrupción e Impunidad los que están de espaldas a la probidad, sino también la casi totalidad de agrupaciones integrantes de la llamada sociedad civil, particularmente los sectores que detentan el poder económico, que mantienen estrechos vínculos con las autoridades corruptas del Estado y de sus organismos, entidades e instituciones. Eso, por una parte, pero por otra, a las mafias de servidores públicos no les han faltado personajes e instituciones internacionales inescrupulosos y con habilidad para diseñar proyectos, programas y mecanismos administrativos, que no son sino señuelos para atraer y engañar al grueso de la población. A esos malabaristas, significados agentes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) les fue fácil convencer a las autoridades guatemaltecas, para que se plegaran sumisos al plan de dominación neo-imperialista, Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, en consecuencia, despojaran al Estado de sus atribuciones de servicio público, principalmente en materia de política económica, transfiriendo ese poder soberano a la oligarquía nacional y a la red de instituciones internacionales dominadas por los Estados Unidos, y como consecuencia flexibilizara la regulación y control del manejo de los fondos públicos que dejarían de ser auditados por la Contraloría General de Cuentas (CGC), con el pretexto de agilizar la ejecución de los proyectos, pero en el fondo para extremar el poder discrecional de los administradores de las inversiones y gastos públicos, que ya no serían directamente los Ministros de Estado o las autoridades máximas de las entidades autónomas o descentralizadas, sino la de los nuevos aparatos establecidos, tales como Fondos Sociales y Fideicomisos. No es casualidad que desde que comenzó a regir la política neo-liberal, se le ha ido privando a las autoridades fiscales de su atribución supervisora de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, por parte de los 50 Lic. Alfonso Bauer Paiz Ministerios del Gobierno. Lo cual ha sido posible mediante el establecimiento de los Fondos Sociales y los Fideicomisos, según se explicará a continuación. Fondos Sociales. Ya dijimos qué instituciones internacionales fueron los promotores de la creación de los Fondos Sociales, de las cuales el más influyente fue el Banco Mundial. Fue en 1993, el año en el que con la sedicente finalidad de combatir la pobreza, el BM, comenzó a establecer entidades de servicio público a las cuales se les exceptuaba de regulaciones del presupuesto público, incluso suprimiéndole al trabajador del Estado derechos laborales establecidos en la Ley de Servicio Civil y permitiendo despidos arbitrarios de trabajadores y exceptuando a esas dependencias de los requisitos de licitación pública. En un principio, con el señuelo de que esos mecanismos contribuirían a la eficiencia, eficacia y sustentabilidad de las actividades administrativas, se comenzó por modestos proyectos de inversión en salud, educación, agua potable y saneamiento, medio ambiente, electrificación y desarrollo de la comunidad. Proyectos que, en su mayor parte, se ejecutaron ya por el sector privado. El financiamiento inicial de tales proyectos eran financiados por fuentes internacionales, pero que serían carga futura para el Estado, por el aumento de la deuda pública. Pero, desde hace algunos años son recursos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, erogaciones que representan el 11% del total del gasto público. Los fondos sociales ya no son pocos y se crean antojadizamente, al punto que varios de ellos se ocupan de la misma materia y han funcionado deficientemente, pues no se ha alcanzado nunca el propósito fundamental de su funcionamiento: acabar con la pobreza extrema. Y, además, no pocos de ellos han sido administrados faltando a la probidad. Por ello, los mismos gestores de los fondos sociales -el BM y el BID- han pedido al Gobierno de Guatemala, que repare esas 51 Corrupción e Impunidad anomalías, los fusione para ahorrar los gastos o los suprima. Pero, los gobernantes no han procedido así, porque los fondos sociales, les son útiles para la creación de clientela política y para el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios. También se ha comprobado que los fondos sociales, al igual que Ministerios de Estado y Secretarías, Comisiones de alto nivel y aún Programas presidenciales, evaden el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado y de la auditoría de la CGC. Para lograrlo se han valido de la suscripción de convenios, arreglos o contratos de administración de proyectos con ONGS u organismos internacionales. A continuación algunos de esos lamentables casos: + El Fondo Nacional de la Paz (FONAPAZ), en 1999, desvió alrededor de Q 20 millones destinados a la atención de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, a través de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), para el plan de la Municipalidad de Guatemala, de un parque recreativo en el Campo Marte. + Buen número de diputados, de los que sustentan el criterio maquiavelista del divorcio entre la política y la ética, aprobaron la creación del Programa de Ayuda Comunitaria Urbana y Rural, que les permitió convertirse en empresarios y asignar cientos de millones de Quetzales, para invertirlos en proyectos de ese Programa. La CGC detectó manejos fraudulentos en algunos de ellos, que no pudo procesarlos, porque era la OIM, de las Naciones Unidas que no permite se controle a sus organizaciones, la administradora de los fondos e inversiones. + En el 2002, durante el Gobierno de Alfonso Portillo, el Ministerio de Agricultura pidió al Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para elaborar las bases de licitación y administrar los recursos de compra de fertilizantes y su 52 Lic. Alfonso Bauer Paiz colaboración la brindó sin observar la legislación guatemalteca conforme a su poder discrecional de actuación, que al final de cuentas le resultó perjudicial a Guatemala, en más de Q 90 millones, en tanto que las empresas contratadas por el PNUD hicieron negocio redondo, pues habían comprado el fertilizante barato y lo vendieron después a altos precios, valiéndose de sobornos y negociaciones ilícitas. Debemos señalar que, además de facilitar la corrupción esos procedimientos violan flagrantemente normas constitucionales y legales. En efecto, el artículo 232 de la Constitución Política, dispone que la CGC debe desempeñar funciones de fiscalización de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Y, además, preceptúa que también están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. (Por ejemplo, la OIM, el PNUD o cualquier Organización Internacional). El Decreto 101-87, Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 17. Control y Fiscalización de los Presupuestos, establece: El control de los presupuestos del sector público corresponde al Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, con excepción de las Municipalidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala. La fiscalización de los presupuestos del sector público sin excepción, será ejercido por la Contraloría General de Cuentas o por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. También es violada la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, porque en su artículo 51, sobre Fondos Sociales, dispuso que el Organismo Ejecutivo debería, en un 53 Corrupción e Impunidad plazo no mayor de 90 días, enviar al Congreso de la República iniciativas de ley para definir la estructura jurídica y de funcionamiento de todos los fondos sociales, con excepción del Fondo de Inversión Social -FIS- y de los fondos que a la sazón dependían de algún Ministerio, cuya ejecución presupuestaria debía estar incluida en la ejecución presupuestaria del Ministerio respectivo. Y, en su último párrafo dice: ”Los fondos sociales que no dependan del Ministerio, deberán presentar anualmente al Congreso de la República su memoria de labores y deberá contener además su ejecución presupuestaria”. El Gobierno jamás ha presentado al Congreso de la República esas iniciativas de ley y los fondos sociales que no dependen de un Ministerio, no siempre han enviado al organismo legislativo su memoria de labores y ejecución del presupuesto. Ni el Congreso les ha exigido a los Ministerios ni a los fondos sociales que cumplan esa obligación. Por tanto, con ese modo anómalo de proceder, también se vulnera la Ley de Contrataciones del Estado. Es conveniente que las ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos como el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo, a pesar de la estrictez de los preceptos constitucionales citados y de las normas de la Ley de la CGC y Ley de Presupuesto se las han arreglado para cohonestar esas ilícitas prácticas. Es por medio de la emisión de un Decreto del Congreso, al que denominan Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal (….) en el que incluyen un artículo que les permite actuar en esa forma. Por ejemplo, el Decreto 92-05, para el Ejercicio Fiscal 2006 que contiene el Artículo 13. Transferencias de recursos a comunidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y organismos regionales e internacionales, el cual reza: 54 Lic. Alfonso Bauer Paiz “Se faculta a los fondos sociales y entidades descentralizadas para que transfieran a las comunidades recursos destinados a financiar la parte que le corresponde al Estado para la ejecución de programas y proyectos dentro de la modalidad múltiple de gestión financiera”. La anterior disposición, aunque ilegítima puede no ser ilegal, conforme al principio universal de derecho que en nuestro sistema jurídico está establecido en el Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial, de rango constitucional, en su artículo 8, literal b), que preceptúa: Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores: (…) b) Parcialmente, por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Pero su vicio de inconstitucionalidad le hacen inane, por lo que se establecer en el artículo 175 de la Constitución, a saber: Artículo 175, Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Sin embargo las instituciones estatales obligadas por la Constitución Política de la República y sus leyes orgánicas respectivas, para restablecer el orden constitucional no lo hacen y por consiguiente son factores de impunidad, tales como el Ministerio Público, la CGC, la Procuraduría General de la Nación, la Corte de Constitucionalidad y aún el Organismo Judicial. Esa omisión, a las autoridades responsables de esas instituciones públicas, así como a los diputados del Congreso de la República y funcionarios del Organismo Ejecutivo que presentaron la correspondiente iniciativa de ley de Presupuesto anual, se les puede procesar incluso penalmente 55 Corrupción e Impunidad con base en lo dispuesto en los artículos constitucionales: 154. Función pública y sujeción a la ley y Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley y conforme al artículo 381 del Código Penal, relativo a Violación a la Constitución y podrían ser sancionados con penas de prisión, de tres a diez años. Para terminar esta sección del Capítulo III de este ensayo, dedicado a FONDOS SOCIALES, presentamos el siguiente cuadro con los nombres de los 13 Fondos sociales y la cuantía de sus gastos durante el año 2005: Gasto durante el año 2005 de los Fondos Sociales (*) (En millones de Quetzales) Fondo Social Gasto en el año 2005 17. 4 Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala (FODIGUA) Fondo de Garantía 5.0 Fondo de Inversión Social (FIS) 544.4 FSDC / SCEP 000.0 Fontierras 159.7 Fondo Guatemalteco de Vivienda (FOGUAVI) 273.8 FOGUAMA 1.3 FONACYT (Fondo Nacional de Correos y Telégrafos) 22.3 FONACON (Fondo Nacional de Conservación de la 3. 5 Naturaleza) FONAGRO 15.0 FONDETEL (Fondo de Desarrollo de la Telefonía) 12.4 FONAPAZ 484.5 PRONADE (Programa Nacional de Educación) 543.8 Total gasto durante el 2005 2,083.1 (*) Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, tomado de Poder Discrecional y corrupción en Guatemala, Claves para ganar Transparencia, Guatemala, marzo 2006. 56 Lic. Alfonso Bauer Paiz De los Fondos Sociales citados, a los que más se les ha señalado de malos manejos son: el Fodigua, Fis, Fontierras, Foguavi, Fondetel, Fonapaz y Pronade. A pesar de la experiencia negativa del funcionamiento de los Fondos Sociales y de la ausencia de buenos resultados, amparados por el reinado de la impunidad, el Gobierno ha enviado al Congreso de la República, una iniciativa de ley para crear un nuevo fondo social con capital de Q 550 millones “para la atención de desastres naturales o provocados”. ¡Ojala!, no ocurran los naturales y las mismas autoridades públicas provoquen los no naturales. Fideicomisos. El FIDEICOMISO es un contrato de derecho privado antiquísimo -de la época del Derecho Romano- que se las ingeniaron los patricios para burlar restricciones y prohibiciones que tenía el derecho de Sucesión Hereditaria, tales como la de testar a favor de esclavos o extranjeros. En Guatemala, el Fideicomiso está regulado en el Decreto 2-70 Código de Comercio, en su Título II. Contratos mercantiles en particular, Capítulo V, conforme a los artículos del 766 al 793. En el contrato de Fideicomiso, el Fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al Fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. El Fideicomisario es la persona que, de acuerdo con el fideicomitente va a ser beneficiado de la cesión de bienes o derechos. El fideicomitente debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario debe tenerla para adquirir el provecho del Fideicomiso. 57 Corrupción e Impunidad El fiduciario debe ser un banco establecido en Guatemala o una institución de crédito si ha sido autorizada por la Junta Monetaria. El contrato de Fideicomiso, en el derecho privado, no es perjudicial a la sociedad, salvo casos excepcionales, pero sí en el ámbito del derecho público, puesto que los funcionarios públicos no pueden disponer de bienes del Estado que no son suyos sino del Estado conforme al artículo 121 de la Constitución. Es oportuno que en consecuencia es inconstitucional ceder mediante fideicomisos bienes o derechos del Estado, como son: a) los de dominio público; b) las aguas de la zona marítima, de lagos, ríos navegables y sus riberas, caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, subterráneas; c) los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, de municipios y de entidades descentralizadas o autónomas; d) la zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala; e) el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo; f) los monumentos y reliquias arqueológicas; g) los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas; y h) las frecuencias radioeléctricas. A pesar de lo dispuesto en el artículo 121 constitucional, los gobiernos han enajenado muchos de esos bienes del Estado, valiéndose del establecimiento de fideicomisos. Y, además, violando las disposiciones del artículo 124 de la Constitución que sólo permite la enajenación de esos bienes del Estado, si lo permite alguna ley que deberá fijar las 58 Lic. Alfonso Bauer Paiz limitaciones y formalidades a que debe sujetarse la operación y sus objetivos fiscales. Y los fideicomisos ni son leyes ni fijan limitaciones ni formalidades. La Asamblea Nacional Constituyente erró al disponer en el segundo párrafo del Artículo 124 “que las entidades descentralizadas o autónomas, se regirán (respecto a la enajenación de sus bienes, que también son nacionales) por lo que dispongan sus leyes y reglamentos”, que por lo general carecen de normas a ese respecto, facilitándoles a las autoridades de esas entidades la enajenación desventajosa, ilícita, si no corrupta, de sus bienes. Además, según el artículo 154 de la Constitución “Los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”, por lo tanto al operar fideicomisos están violando la ley fundamental, la Constitución Política de la República y son responsables civilmente y penalmente por esa violación, conforme las disposiciones del artículo 155 constitucional. Ya se ha dicho que tanto la privatización de empresas del Estado y de servicios públicos, así como la aplicación del fideicomiso, contrato mercantil de derecho privado, para enajenar bienes y derechos públicos, no fueron de iniciativa guatemalteca sino impuestas por el BM, el BID y el FMI, que han actuado como agentes de instrucciones impartidas por el gobierno de los EUA que para su política de dominación económica utiliza las privatizaciones y los fideicomisos en nuestros países, a fin de garantizarles a las empresas transnacionales estadounidenses, generalmente consentidas por las autoridades guatemaltecas como fideicomisarios privilegiados, sea como inversionistas o contratistas. 59 Corrupción e Impunidad La concertación de fideicomisos por parte de la administración publica, del Congreso de la República y de entidades descentralizadas y autónomas ha sido creciente, desde 1976 hasta la fecha, para los siguientes fines: - Atender necesidades públicas de vivienda. - Financiamiento de la Federación de Cooperativas de Guatemala (Fedecocagua). - Utilizar recursos financieros que el Estado asigna a entidades descentralizadas o autónomas con obligación de retorno a ser invertidos en proyectos específicos de beneficio social y que produzcan renta que retorne el capital invertido. - Puedan los Fondos Sociales administrar sus recursos mediante fideicomisos. - Otorgar subsidios. - Financiar el Programa Nacional de Resarcimiento. - Financiar servicios y proyectos de Ministerios, como los de Economía, Agricultura y Comunicaciones; y de Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. - Satisfacer obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Los fideicomisos están obligados a registrar sus erogaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera y rendir informes públicos, pero no han cumplido ni con su obligación de registro y de rendición de cuentas en forma pública. La Contraloría General de Cuentas está facultada para fiscalizar los fideicomisos del Estado y la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo, conforme el artículo 252 de la Constitución, la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades del Estado, incluidos los fideicomisos, pero ni la CGC ni la PGN han cumplido satisfactoriamente sus deberes en relación a los fideicomisos. 60 Lic. Alfonso Bauer Paiz De las Instituciones fideicomitentes, es el Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) el que tiene más fideicomisos, 25; el Foguavi, 14; el MAGA, 10; y menos de 4, Inde, Ministerio de Ambiente, Fontierras, Covial/civ y MFP/Municipalidad de Guatemala. Para conocimiento público de la relación de recursos del Presupuesto total del Estado y los fondos en Fideicomiso, véase el siguiente cuadro: Fideicomisos aprobados en el Presupuesto del ejercicio fiscal 2005 (*) (En millones de Quetzales y porcentajes) Institución Ministerio de Economía Ministerio de Agricultura Ministerio de Comunicaciones Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro Presupuesto Total 212. 3 Fondos de Fideicomiso 6.0 Porcentaje 2.1 2.8 1.255.2 138.9 11.1 2.858.1 1.021.9 35.7 1.989.5 270.0 13.6 11.416.8 445.0 3.9 17.732.0 1.880.9 (+) El cuadro está tomado de la página 41 de la sección 4, Contrato de Fideicomiso, de la publicación Poder Discrecional y Corrupción en Guatemala, Claves para ganar transparencia, Acción Ciudadana/Fundación DESC, marzo 2006. Los plazos para el pago de los préstamos contraídos por la gestión de los fideicomisos van de 5 a 25 años y los bancos internacionales acreedores son el BID, el BCIE, BIRF. Franquicias: Por supuesto que no se va a tratar de la franquicia, en su sentido de seguro a segundo riesgo, ni en el de libertad o exención que se concede a una persona o pueblo 61 Corrupción e Impunidad para no pagar derechos en las mercaderías que introduce o extrae, sino al moderno contrato parecido al de distribución, por medio del cual una persona concedente de la franquicia, persigue la búsqueda de nuevas relaciones comerciales que hagan posible la utilización máxima de su potencial empresarial. Por lo general la franquicia se refiere a la utilización de una marca del concedente, en el plano nacional, mientras el concesionario debe hacerlo en el plano local. También se utiliza la franquicia para regular el aprovisionamiento de mercaderías, del concedente al concesionario y también para convenir cláusulas reguladoras de prácticas de mercadeo (marketing), de promoción de ventas y selección de artículos a vender. Por supuesto que este contrato mercantil, hasta ahora, que se sepa, no ha sido utilizado por empresas o instituciones del Estado y si en este ensayo se le considera es porque en los últimos años, los empresarios guatemaltecos en su afán de aprovechar toda oportunidad para acrecentar sus ganancias, tratan de vender en mercados extranjeros franquicias, con base en el prestigio de alguna marca de su propiedad, lo cual es loable. Pero, en cambio es preocupante el otro lado de la moneda, es decir, que empresas transnacionales gigantes estadounidenses que, contando con el DR-CAFTA o TLC-CAUSA, tienen garantía segura de sus inversiones, están ofertándole a los empresarios guatemaltecos comprarles sus empresas con la amenaza de que si se negasen, harían uso del derecho a la libre competencia y les harían quebrar. Ante ese peligro, el empresario nacional cede y, en el mejor de los casos, conserva un reducido porcentaje del capital, aunque públicamente siga figurando como propietario. Ejemplos de esa desalentadora desnacionalización de importantes empresas son la venta de parte de la familia Paiz Andrade a la Walmart de la red de despensas, super e hiper mercados y la compra de bancos nacionales por Citigroup y 62 Lic. Alfonso Bauer Paiz otros consorcios bancarios internacionales. Es previsible que lo mismo ocurrirá en otros sectores de la economía y así empresas agrícolas, industriales, comerciales y de servicios guatemaltecas pasarán a ser propiedad de consorcios norteamericanos o europeos. Y de ser así, si el conglomerado de empresarios integrantes del CACIF ha llegado a tener tal poder político que las autoridades del Estado generalmente gobiernan sujetadas a los designios de ese empresariado, ¿a qué grado llegará el sometimiento cuando la mayor parte de las actividades económicas estén en manos -por no decir, garras- de los avorazados y despiadados capitalistas extranjeros? Apartado IV Contratos del Estado con empresas Petroleras y Mineras La explotación de los recursos naturales no renovables -hidrocarburos y de minerales metálicos- ha contribuido poderosamente al mantenimiento y continuidad de la conducta corrupta gubernamental, desde 1954, a partir del derrocamiento del Presidente Arbenz. La Constitución de 1945 en su artículo 95 disponía que los contratos para explotar minerales o yacimientos de hidrocarburos, podían celebrarse por un término que no excediesen de cincuenta años; pero los yacimientos de hidrocarburos y sus derivados solamente podían ser explotados por el Estado, por guatemaltecos o por compañías guatemaltecas cuyo capital fuese predominantemente nacional. Una de las causas por las cuales el Jefe de las Fuerzas Armadas, Coronel Francisco Javier Arana estaba complotando para derribar al Presidente Arévalo fue que como el Ministerio de Economía y Trabajo, del cual dependía la Dirección General de Minería se negaba a autorizar un contrato de explotación de petróleo si no era conforme las normas constitucionales, el 63 Corrupción e Impunidad Embajador Richard Patterson le ofreció al Jefe de las Fuerzas Armadas su apoyo para derrocar al Presidente Arévalo, pero éste se adelantó a esos siniestros planes y logró diplomáticamente que el Departamento de Estado lo retirara de Guatemala. En la década 1944-l954 no se dio ninguna concesión o se firmó contrato lesivo a la nación, para explotación de recursos naturales no renovables. En cambio, desde 1954 ha sido constante y creciente la doblegues del Congreso de la República y de los Gobiernos, para enajenar en condiciones muy desfavorables al país los mencionados recursos naturales, con base en iniciativas de ley redactadas por las empresas transnacionales interesadas en la explotación de minerales, metales y petróleo. Iniciativas que traducidas del inglés al castellano constituyen la legislación vigente en esa materia. Tanto la extracción del petróleo como la de minerales y metales causan graves daños al medio ambiente, contaminando las aguas de manantiales, ríos y lagos, desforestando las montañas y explotados excesivamente como se está haciendo le agotan al país recursos naturales valiosísimos para un futuro próspero porque son recursos no renovables. En cuanto a empleo, la demanda es limitada e insuficientemente remunerado el trabajo de los mineros. La economía del país no se favorece, según la legislación vigente desde 1954, sólo pagan las empresas 1% de regalía, en relación con la cantidad de petróleo o minerales exportados, según declaración jurada de la empresa. Pero, el objetivo nuestro en este ensayo no es el análisis de las condiciones jurídicas y económicas de la industria minera y petrolera, sino éticas. Respecto de las cuales, es evidente que la magnanimidad con la que las autoridades del país han permitido la explotación de los recursos mineros y 64 Lic. Alfonso Bauer Paiz petroleros, ha sido el resultado de la conducta tanto de diputados del Congreso de la República, como del Organismo Ejecutivo en cuanto a la mala administración de estos bienes nacionales, por lo cual han violado lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de la República: “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial (…). La descomposición en el comportamiento oficial en esta materia, ha llegado al grado de que las empresas transnacionales mineras, la mayor parte de ellas canadienses, pero con capital estadounidense predominante, seducen a dignatarios, ministros de Estado, ofreciéndoles granjerías y dádivas, así como apoyo en sus propósitos políticos. Por ello es frecuente que un ciudadano haya sido nombrado Ministro o Viceministro del Ministerio de Energía y Minas, habiendo sido anteriormente gerente o alto empleado de alguna Corporación minera o petrolera y que cuando cese en el desempeño del cargo vuelva a representar, como gerente o subgerente a la empresa transnacional. Es sabido que la Universidad Francisco Marroquín, (UFM) fundada por el Ing. Manuel Ayau Cordón, siendo diputado por el departamento de Alta Verapaz, con ayuda económica de un grupo de la oligarquía guatemalteca integrado por las familias Novella, Minondo Herrera, Berger, Canella, Granai, Castillo, Campollo, varias de ellas teniendo participación en las Juntas Directivas de transnacionales, tales como Basic Resources, por una parte; y por otra del magnate Nelson Rockefeller. La UFM es el instrumento de la educación superior privada al servicio de los intereses oligárquicos nacionales y extranjeros. 65 Corrupción e Impunidad La presión ejercida por los embajadores del Imperio y el poderío de las corporaciones ha hecho que los organismos del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- transgredan normas de la Constitución y del Código Municipal, relativas a procedimientos consultivos para la toma de decisiones políticas de especial trascendencia como son las de explotación minera y petrolera, según el artículo 173 de la Constitución y de derechos de las comunidades indígenas, según el Convenio 169 de la OIT, al haber suscrito contratos de exploración y explotación de los recursos no renovables mencionados, sin haberles consultado previamente a las comunidades si estaban de acuerdo o no. Y estas poblaciones se han manifestado en contra, sin que se respete su voluntad por las autoridades del Estado. Los tentáculos de las empresas transnacionales mineras y petroleras no sólo sirven a éstas sino al poder político de dominación imperial y por ello, así como utilizan a profesionales universitarios, hombres de negocios y funcionarios públicos para la realización de sus planes de apoderamiento de las riquezas de estos recursos naturales, también se valen del Ejército Nacional y, al efecto han otorgado becas a generales para que se especialicen en ingeniería minera y de hidrocarburos. Altos oficiales que de conformidad con la Constitución de la República están obligados a “mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”, valores cívicos que desaparecen en las condiciones como se explotan las minas y yacimientos de hidrocarburos, de manera que esos altos jefes del Ejército, al igual que los funcionarios públicos y diputados entreguistas, en vez de estar al servicio de la patria lo están de poderes extranjeros. Es decir, uncidos a la corrupción política y celosos guardianes de la impunidad. 66 Lic. Alfonso Bauer Paiz Estamos de acuerdo con Luís Solano (autor de la obra citada en la Bibliografía) en la descripción de los múltiples daños y perjuicios que ha causado a Guatemala la actividad minera y petrolera y con su admonición conclusiva: Habrá que tomar en cuenta que la conflictividad social que esas inversiones generan (refiriéndose obviamente a las de minería y petróleo) permiten ver que, en el corto y mediano plazo, la estabilidad política del país será débil y tendrá en las luchas locales otro escenario que exigirá negociar, en términos más justos, los derechos comunales y nacionales. De no ser prioritarios estos últimos y de seguirse privilegiando intereses corporativos, probablemente se repitan los graves acontecimientos de esta historia y su cauda mortal que le acompaña. Apartado V Evasión de Impuestos La Constitución Política de la República establece en su artículo 243, el principio de capacidad de pago en los términos siguientes: El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Sin embargo, como la clase gobernante que ha regido en el país sólo se preocupa de asegurar sus intereses y los de inversionistas foráneos, se han apartado de tal principio que tanto jurídica como moralmente es de alto rango axiológico. Y por el contrario, a pesar del compromiso adquirido por el Estado, al suscribir el Acuerdo de Paz, Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en relación a la Política Tributaria aceptó promoverla en el marco de los siguientes principios básicos: 67 Corrupción e Impunidad a) ser un sistema justo, equitativo y globalmente progresivo, conforme al principio constitucional de la capacidad de pago. b) Ser universal y obligatorio. c) Estimular el ahorro y la inversión. De los anteriores principios, los gobiernos habidos desde 1996, año en el que se firmó la Paz, sólo han estimulado las inversiones, privilegiando a las del extranjero, pero con desconocimiento del segundo principio convenido en el Acuerdo de Paz, pues en vez de someter a esos inversionistas (empresas transnacionales, mineras, petroleras, bancarias, de turismo, etc., etc.) al pago de impuestos, ya que el sistema tributario debe ser universal y obligatorio se les exonera del pago de impuestos. Además, si conforme al primer principio acordado en el Acuerdo de Paz, el sistema tributario debe ser justo, equitativo y globalmente progresivo. En vez de estar basado principalmente en un impuesto indirecto, como lo es el IVA, debiera estarlo en impuestos directos, de manera que nunca se logrará que el sistema sea justo, equitativo y globalmente progresivo. La impudicia de ese clan militar-civil que ha estado en el poder en las últimas décadas, no satisfecho con la tergiversación del sistema tributario para su beneficio y en daño de la población desposeída que es la que tributa al pagar el IVA al adquirir sus indispensables artículos de consumo, llega al colmo de defraudar al Fisco, al apropiarse de la retención de los ingresos que pagan los contribuyentes del mencionado impuesto indirecto. La clase dominante se niega a pagar impuestos como el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA), el Impuesto a Bebidas Alcohólicas, el Impuesto Extraordinario 68 Lic. Alfonso Bauer Paiz y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) y aún pretende que se suprima el ISR. Tales tropelías no le bastan, evaden el pago de los impuestos a que están obligados. El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), en publicación Diálogo Fiscal, op cit, en Bibliografía, da a conocer el nombre de las cuarenta empresas evasoras más grandes, la mayor parte de ellas propiedad de capitalistas, clientela política, de los partidos políticos gobernantes, tales como: Cementos Progreso (familia Novella), TELGUA, Pollo Campero (familia Gutiérrez) y Cervecería Centroamericana, que en total, en el 2003, defraudaron al Estado, Q 1,436,370,253, siendo el mayor evasor, Cementos Progreso, Q 1,041,408,471. De la lista de evasores del sector Bancario: el Banco de Occidente, el Crédito Hipotecario Nacional, el Banco de Exportación, Banco & Townson Continental, Banco Agromercantil, Banco Reformador y Banco Industrial. En total, dejó de pagar: Q 430.3 millones. Del sector Energético: Deocsa, Esso Standard Oil, Gas del Pacífico, Zeta Gas y Gas Nacional. En total, dejó de pagar, Q 221.2 millones. Del sector Financiero, Citivalores, Asesores Bursátiles de Occidente, Inversiones y Servicios Internacionales, Aval Gold, Valores e Inversiones del País, Financiera Consolidada, Seguros G & T. En total dejó de pagar: Q 182.4 millones. Del sector de Bebidas y Licores: Industria Licorera, Embotelladora Central, Licorera Euzcadi, Licorera Zacapaneca, S. A. En total dejó de pagar Q 155.5 millones. 69 Corrupción e Impunidad Otros evasores importantes: Acceso, Ingenieros Constructores, Alcatel, Fuerteequipo, Palo Gordo, Tiradego, Comcel, Data Centro, Avícola Centre, Tampa CA de Electricidad, Agroindustrias Agroinsa, Alimentos S.A., Algodonera Guatemalteca. En total Q 503,1923,821. estos evasores dejaron de pagar El gran total dejado de pagar por estos 40 evasores casi llega a los Q 3 mil millones: Q 2,939,163,074. ¿Cuántos miles de millones dejan de pagar los miles de evasores? ¿A quién de estos evasores se le han pedido cuentas y deducido responsabilidades civiles y penales? Nunca, en Guatemala la Impunidad es inmarcesible. Otro ejemplo del corrupto sistema tributario guatemalteco es el de la aplicación del Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas, que exonera del pago de impuestos a los empresarios que se acogen a los privilegios de ella, privando al Estado de los recursos financieros indispensables para atender las insatisfechas grandes necesidades de la población pobre y en extrema pobreza. En el año 2005 las exenciones llegaron a Q 4.630.000 millones, caudalosa suma de dinero que los avaros beneficiados debieron haber utilizado para mejorar los salarios de sus trabajadores y, en vez de ello, aumentaron los despidos injustificados de éstos. Entre las firmas que por favoritismos gozan de ese privilegio se encuentran: Alimentos Kern’s de Guatemala, Colgate Palmolive, C. A. Disagro, Embotelladora La Mariposa, Fábrica de Calzado Cobán, Industria Licorera Quezálteca, S.A. Kellogs de Centro América, Laboratorios Darosa, Licorera 70 Lic. Alfonso Bauer Paiz Zacapaneca, S.A., Malher Sucesores, Montana Exploradora (archi multimillonaria corporación minera), Multiperfiles, S.A. Nestle Guatemala, Superpan. Apartado VI Acuerdos de Paz Los Acuerdos de Paz firmados por representantes de gobiernos de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el 29 de diciembre de 1996, en su versión final, y que pusieron fin al enfrentamiento armado iniciado en 1960, sin ser perfectos, constituyen una plataforma de principios y objetivos destinados a establecer en el país un sistema democrático representativo y participativo, que garantice a los habitantes libertad, igualdad, seguridad y bienestar, erradicando la opresión y represión gubernamentales, así como la discriminación étnica, social y de género y redistribuyese dentro de las clases sociales y diversas culturas (maya, garífuna, xinca y ladina –esta última prepotente-), tanto el poder político como el económico. A pesar de la ingente ayuda financiera internacional y gasto público nacional para asegurar la tranquilidad pública y hacer cumplir los Acuerdos de Paz, inversión que monta a lo menos del doble o triple de la cantidad que se había estimado en el año 2003 de US$ 2,600 millones, aquéllos sólo en forma mínima han sido cumplidos y la mayor parte tergiversados, subsistiendo los problemas y causas que les dieron origen, tanto así que sigue la violación de los derechos humanos; insatisfecho el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, en tanto se ha colmado de más de mil millones de Quetzales a los integrantes de las PAC, sicarios al servicio del Ejército y autores de delitos de lesa humanidad cuya existencia prohibió el Acuerdo de Paz de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática; sin respetar la identidad y derechos de los pueblos indígenas; la desigualdad socioeconómica y de la 71 Corrupción e Impunidad situación agraria en el país; falta de desarrollo social, sobre todo en educación, salud, seguridad social, vivienda y trabajo; en vez de haberse fortalecido el poder civil y el Ejército haberse circunscrito a funcionar como debiera hacerlo en una sociedad democrática, Guatemala está gobernada, como poder paralelo, por los altos jefes de las Fuerzas Armadas; pendientes están de realizarse las reformas constitucionales convenidas en Acuerdo suscrito en Estocolmo, Suecia, el 7/12/1999, a la Constitución de la República. Apenas se han cumplido los Acuerdos: sobre establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron tantos sufrimientos a la población guatemalteca. Empero, los responsables de esos inhumanos actos siguen impunes en su gran mayoría; y el Acuerdo de Incorporación de la URNG a la legalidad. Y de conformidad con el Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz, el plazo vencía el año 2000. En tanto sigan gobernando el país los partidos políticos de la minoría plutocrática, carentes de voluntad política para implementarlos, los Acuerdos de Paz seguirán siendo apenas de papel impreso. Apartado VII Impunidad, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La impunidad en Guatemala es parte del sistema político reinante, no sólo en cuanto a la violación de derechos humanos, incluso contra la vida de las personas, al grado de la comisión de delitos de lesa humanidad, como el genocidio y el etnocidio, que son imprescriptibles, conforme al Derecho 72 Lic. Alfonso Bauer Paiz Penal Internacional, sino como ha quedado visto en este ensayo, en la forma corrupta de gobernar, por parte de las autoridades, a las cuales sólo excepcionalmente se les deducen responsabilidades y se les sanciona. Sin embargo, como consecuencia del clamor nacional e internacional que condena la corrupción generalizada en el país, por una parte, y dada la índole cínica de los gobernantes, han suscrito instrumentos internacionales contra la corrupción, tales como la Convención Interamericana, aprobada el 29 de marzo de 1966 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en la ciudad de Mérida, de los Estados Unidos Mexicanos y publicad en el Diario de Centro América, Diario Oficial de Guatemala, en su edición del lunes 18 de junio del 2006, Convención a la cual nos referiremos a continuación, advirtiendo que el Estado no ha acatado la Convención Interamericana contra la Corrupción. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. De la Convención, nos ocuparemos de los principales compromisos asumidos por el Gobierno de la República, a saber: PRIMERO. a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. 73 Corrupción e Impunidad De las anteriores obligaciones, el Gobierno sólo ha cumplido, muy a medias según lo demostraremos, con la de la literal b) al aprobar el Congreso de la República y ratificar el Ejecutivo, el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIC IG). SEGUNDO. Mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia, y la obligación de rendir cuentas. Comentario: en los meses que van de diciembre del año pasado (mes en el que cobró vigencia la Convención) hasta septiembre del 2007, nada ha hecho el Gobierno respecto a ese mandato de la Convención. TERCERO. Procurar adoptar sistemas de convocatoria y contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Comentario: El Gobierno del Presidente Berger carece de voluntad política para adoptar dichos sistemas; por el contrario; de muchas maneras atenta contra los derechos laborales de los servidores públicos, salvo los de ciertos funcionarios, militares y civiles, que gozan de granjerías y perciben emolumentos excepcionales. 74 Lic. Alfonso Bauer Paiz CUARTO. Promover la integridad, la honestidad responsabilidad entre sus funcionarios públicos. y la Comentario: Lo habitual ha sido durante los períodos presidenciales, a partir de la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996, nombrar o elegir para altos cargos del gobierno, del congreso, del organismo judicial, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa, del Ejército Nacional y otras instituciones, a ex funcionarios corruptos, incluso estando procesados por la supuesta comisión de delitos. QUINTO. Adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Comentario: Está en vigor un sistema apropiado a ese fin, denominado GUATECOMPRA, pero es una insignificante minoría de instituciones públicas que lo utilizan. SEXTO. Adoptar medidas para aumentar la transparencia en la administración pública, mediante amplia información pública. Comentario: Desde hace varios años obra en el Congreso de la República una iniciativa de ley, denominada De Habeas Data, que de ser aprobada satisfaría ese compromiso. 75 Corrupción e Impunidad SÉPTIMO. Adoptar medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial. Comentario: Hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida al respecto. OCTAVO. Adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado. Comentario: Existen algunas, pero las instituciones públicas fiscalizadoras no exigen su cumplimiento. NOVENO. Fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad en la prevención y lucha contra la corrupción. Comentario: La anterior medida no es del todo conveniente en la realidad guatemalteca, porque la llamada “sociedad civil” es manipulada por la misma clase minoritaria dominante, la cual carece de principios éticos y que en vez de combatir la corrupción, la aprovechan para el logro de su porfiado y siempre insatisfecho enriquecimiento. Asimismo, ha contaminado a no pocas ONGS, las cuales se han convertido en instrumentos para el agotamiento del Estado, en cuanto a su misión de servicio en pro del bien común, pero fortaleciéndolo para que en contubernio con instituciones privadas de seguridad y destacamentos del ejército nacional, 76 Lic. Alfonso Bauer Paiz sea no más gendarme cancerbero de sus personas y familias, así como de sus bienes heredados y de los adquiridos últimamente al adueñarse de las empresas y servicios públicos privatizados, o mal habidos. DÉCIMO. Exigencia de penalizar el soborno de funcionarios públicos. Comentario: El delito de soborno hace mucho tiempo que existe en el Código Penal guatemalteco; sin embargo, por la impunidad imperante, sólo excepcionalmente se procesa y sanciona a sobornantes y sobornados. DÉCIMO PRIMERO. Tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas. Comentario: Esta cláusula de la Convención es digna de inmediata atención por el Estado de Guatemala, pues ha quedado visto en la parte de información general, cómo algunos indeseables funcionarios de organizaciones internacionales han defraudado a la ONU y a Guatemala, en su desempeño en el país, confabulándose con funcionarios guatemaltecos corruptos. DÉCIMO SEGUNDO. La Convención preceptúa la sanción de los delitos de malversación, peculado, apropiación indebida y otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, así como del tráfico de influencia y abuso de funciones. 77 Corrupción e Impunidad Comentario: Todos esos delitos están normados en el Código Penal, pero como ya se ha dicho repetidas veces, la acción judicial es esporádica para sancionar a los funcionarios delincuentes. DÉCIMO TERCERO. El artículo 20 de la Convención manda adoptar medidas para tipificar como delito, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un empleado o funcionario público, respecto de sus ingresos legítimos, que no pueda ser razonablemente justificado por ellos. Comentario: En Guatemala es urgente, urgentísimo, que se tipifique como delito el enriquecimiento ilícito. Es indispensable, que el próximo Gobierno, Congreso de la República y Organismo Judicial, con indeclinable voluntad política, realicen esa reforma al Código Penal, estableciendo el delito de enriquecimiento ilícito y que funcionarios y empleados del Organismo Ejecutivo, dignatarios del Congreso de la República y jueces y magistrados del Organismo Judicial, así como de la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, ajusten el desempeño de sus funciones conforme a los principios y objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala Relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este Acuerdo fue suscrito el 19 de noviembre del 2006. Sin embargo, antes de tratar del mismo es indispensable explicar el largo proceso de vicisitudes político sociales y de contravención a derechos humanos que le precede. 78 Lic. Alfonso Bauer Paiz Su antecedente, fue la propuesta Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), asesorada por expertos de la ONU, Comisión con la que se pretendía acabar con los escuadrones de la muerte y equipos paramilitares, prohibidos por el artículo 145 de la Constitución de la República y que, además, por lo dispuesto en el Acuerdo de Paz “Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una Sociedad Democrática” debían dejar de existir. Las organizaciones guerrilleras integrantes de la URNG, cumplieron con lo dispuesto en la Constitución y en el mencionado Acuerdo de Paz, y de ser un colectivo paramilitar se constituyó en partido político. No fue así como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las cuales todavía existen y reciben apoyo multimillonario del Estado, así como también gavillas clandestinas -escuadrones de la muerte- que eran las que debían desaparecer y con ese fin se crearía la CICIACS, pero la violencia, el crimen organizado y los círculos, civiles y militares, de diputados al Congreso de la República, funcionarios del Ejecutivo y aún jueces y magistrados del Organismo Judicial, vinculados con agentes del narcotráfico y crimen organizado, impidieron la creación de la CICIACS. Ante el incesante incremento de la violencia, de la corrupción, y del predominio de la impunidad, se volvió a plantear la necesidad de una Comisión, mejor si fuese de carácter internacional, que enfrentase la IMPUNIDAD. La cual, tanto protege al narcotráfico, al crimen organizado, como a los delincuentes de cuello blanco, civiles y militares, que como funcionarios o empleados públicos, reciben emolumentos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y de sus entidades descentralizadas o autónomas. 79 Corrupción e Impunidad A la Comisión proyectada se le denominó Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los elementos de la delincuencia organizada y sus aliados protectores al servicio del Estado, pronto iniciaron una recia campaña en contra de la aprobación de la CICIG, basándose cínicamente en que su funcionamiento atentaría contra la soberanía nacional y violaría las disposiciones de los artículos 141, 152 y 154 de la Constitución, lo cual no es cierto. En efecto, el artículo 141 establece que la “Soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial (…)”. Por consiguiente, si el Congreso de la República aprueba la Comisión y el Ejecutivo ratifica el instrumento internacional con la ONU, porque los agentes de ésta que participen en la Comisión sólo lo harán como asesores sin ejercer ningún acto que atente contra el poder público de los funcionarios nacionales, su vigencia no viola dicho artículo constitucional ni menoscaba la soberanía nacional. En cuanto a la supuesta contravención al artículo 152 constitucional, que preceptúa “Poder público. El poder público proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley”. En el caso de aprobación de la CICIG no hay limitación alguna ni en la Constitución ni en ninguna ley, pues en la que podría haberla es en el Decreto 40-94, Ley del Ministerio Público, que entre otras funciones le asigna al MP, la de “investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los Tratados y Convenios Internacionales (el subrayado es nuestro), ----como lo es el Acuerdo para la creación y funcionamiento de la CICIG, entre el Estado de Guatemala y la ONU, cuyos expertos que participarán en la Comisión, como ya se dijo, sólo asesorarán y colaborarán en las investigaciones, siendo el MP el que se encargará de realizar las investigaciones. 80 Lic. Alfonso Bauer Paiz Y en lo que respecta a la posible violación del artículo 154 constitucional si funcionase la CICIG no se corre ningún riesgo, porque el artículo preceptúa: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”, y en el caso que tratamos ya lo hemos dicho los fiscales del MP siguen siendo depositarios de autoridad y responsables legalmente por su conducta oficial y sujetos a la ley, pues los colaboradores de la ONU, solamente les asesorarán. Por la razón expuesta, y por las que daremos, el funcionamiento de la CICIG tampoco contraviene otras dos disposiciones del artículo 154 constitucional, a saber: La que reza: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno”. Los fiscales del Ministerio Público estarán siempre al servicio del Estado y no de la ONU y, ésta no es partido político. Y esta otra: “La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar juramento de fidelidad a la Constitución”. Al entrar en vigencia la CICIG, ninguna función pública de dirección se delega y los fiscales del MP seguirán ejerciendo sus funciones bajo el juramento de fidelidad a la Constitución. Anteriormente hemos dicho que los opositores a la aprobación de la CICIG, cínicamente blanden el argumento de atentado a la soberanía nacional y violación a preceptos constitucionales cuando desde 1954 vienen entregando el país a los avorazados apetitos políticos y económicos de la red de empresas transnacionales y del gobierno imperialista de los EUA. 81 Corrupción e Impunidad Bien estuvo que se aprobara y ratificara el Acuerdo de Creación de la CICIG, pero mal que se lograra, por la presión del Gobierno de la Casa Blanca ejercida tanto a los diputados del Congreso de la República y a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que se oponían y peor, estuvo que aunque el Acuerdo se denomina CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, solamente va a investigar e iniciar procedimientos penales y de sanción administrativa contra quienes han cometido delitos contra derechos civiles y políticos y sean integrantes de cuerpos ilegales de seguridad o aparatos clandestinos, también de seguridad. Y seguirán tranquilos las gavillas del crimen organizado y los narcotraficantes que no hayan pertenecido “a cuerpos ilegales de seguridad”. Y, peor aún, que no se perseguirán a quienes hayan delinquido antes de la vigencia del Acuerdo, que continuarán disfrutando de la impunidad; y, asimismo, los servidores del Estado, de las Municipalidades, de entidades autónomas y descentralizadas, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional Civil , etc., etc. que han cometido delitos y siguen cometiéndolos, contra la vida e integridad de las personas, de violencia, de apropiación indebida, hurto, robo, contra la seguridad colectiva, de falsificación de documentos, contra la economía nacional, de quiebra e insolvencia punibles, de genocidio y etnocidio, violación a la Constitución, cohecho, peculado, malversación y prevaricación. Los delitos cometidos por estos delincuentes de uniforme o de cuello blanco, no serán investigados por la CICIG y seguirán en el paraíso de la impunidad, así como los de lesa humanidad que fueron cometidos durante los treinta y seis años de guerra interna. Descripción resumida del texto del Acuerdo entre ONU y el Gobierno de Guatemala, para crear la CICIG, y otros comentarios al respecto. CONSIDERANDOS. En los Considerandos las Partes del Acuerdo hacen constar las causas por las cuales lo suscribieron, veamos: 82 Lic. Alfonso Bauer Paiz - Ser deber del Estado proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de los habitantes del país y proporcionarles tutela judicial efectiva. - El Estado de Guatemala tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos, conforme a la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. - Como los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas, existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena; todo lo cual conduce al debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia. - El gobierno se obligó en el Acuerdo de Paz Global de Derechos Humanos a combatir los cuerpos ilegales de seguridad y los aparatos clandestinos, también de seguridad, con el propósito que éstos ya no existan. Además conforme a la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005, el Estado está legalmente obligado a cumplir dichos compromisos. Comentario: Conocidas tan importantes causas, el Acuerdo entre ONU y el Gobierno de Guatemala, tratándose de un instrumento de derecho internacional, el Acuerdo, por ser contra LA IMPUNIDAD, no debió limitarse a combatir sólo la 83 Corrupción e Impunidad de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, sino contra los actos de Corrupción y delitos de la delincuencia no organizada y organizada y, especialmente los crímenes de los servidores del Estado. Objetivos del Acuerdo La ONU y el Gobierno de Guatemala convinieron los objetivos siguientes: 1. a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las Instituciones de Guatemala encargadas de la investigación y la prosecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta colectiva conexa con éstos que operan en el país, así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos. b) Crear mecanismos y procedimientos que implementen la protección de los derechos a la vida y a la integridad de las personas. c) Crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con arreglo a las disposiciones de este Acuerdo y el Acuerdo de Paz, Global de Derechos Humanos, (romanos IV.1 y VII.3). d) Por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad se deberá entender a aquellos grupos que reúnan las siguientes características: - Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de lo derechos Civiles y políticos; y 84 Lic. Alfonso Bauer Paiz - Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. 2. La CICIG realizará las actividades anteriores de conformidad con la legislación guatemalteca y lo regulado en el Acuerdo. Funciones de la CICIG 1. Para lograr los propósitos y finalidades indicadas, la Comisión tendrá las siguientes funciones: a. Determinar la existencia de los cuerpos y aparatos mencionados, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes civiles y políticos en Guatemala. b. Colaborar con el Estado en la desarticulación de esos cuerpos y aparatos y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. c. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas, para erradicar esos cuerpos y aparatos ilegales y prevenir su reaparición, incluyendo reformas jurídicas e instituciones. 2. La CICIG actuará con absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato. Facultades de la CICIG a) Recabar, evaluar y sistematizar información. b) Promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades correspondientes y constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el presente Acuerdo y Código Procesal Penal. 85 Corrupción e Impunidad c) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los presuntos integrantes de esos cuerpos y aparatos de seguridad, ilegales y clandestinos. Asesorar a los organismos del Estado en la implementación de los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de los funcionarios presuntamente vinculados a dichas organizaciones. d) Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos que hayan cometido infracciones administrativas, sin perjuicio de promover a través del Ministerio Público (MP) cualquier proceso penal que sea pertinente. e) Actuar como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios administrativas mencionados precedentemente. f) Suscribir e implementar Acuerdos de Cooperación con el MP, la CSJ, la PDH, la PNC y cualquier otra institución del Estado. g) Garantizar confidencialidad a personas víctimas, testigos, peritos y colaboradores. h) Solicitar a autoridades de los Organismos del Estado y/o entidades descentralizadas y autónomas, declaraciones, documentos, informes y colaboración. i) Solicitar al MP y al Gobierno adopción de medidas para seguridad de las víctimas, testigos y colaboradores. j) Seleccionar y supervisar a equipo técnico de investigación integrado por profesionales nacionales y extranjeros de probada competencia e integridad moral y al personal administrativo. k) Tomar medidas para la consecución de su mandato. l) Publicar informes generales y temáticos sobre sus actividades y sus resultados, incluyendo recomendaciones. 86 Lic. Alfonso Bauer Paiz Otros artículos del Acuerdo contienen disposiciones relacionadas con Personalidad Jurídica y Capacidad Legal de la CICIG; su composición y estructura orgánica; cooperación con la CICIG; gastos de la Comisión; seguridad y protección de su personal; inviolabilidad de los locales y documentos; exenciones fiscales, privilegios e inmunidad de los comisionados y del personal de la Comisión; retiro de la cooperación de la ONU; solución de controversias entre el Gobierno de Guatemala y la ONU; y modificaciones al Acuerdo. Es oportuno señalar que según el último párrafo del Acuerdo, éste entró en vigor el 4/9/07, pero que de conformidad con su artículo 14, tendrá una vigencia de dos años prorrogables. VIII CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES Conclusión general En Guatemala todavía prevalecen como males político sociales, la Corrupción y la Impunidad. Males que como consta en la propuesta de la USAC ante el Foro de Guatemala, en el año 2001, propuesta elaborada por los expertos Jorge Aragón González y Mara Luz Polanco Sagastume, ha contribuido a debilitar aún más, el sistema político y las finanzas públicas y entre sus efectos inmediatos se encuentran: - El incremento de los precios por compras y contrataciones de bienes y servicios, y por lo tanto, drenaje de los fondos públicos y deficiencias presupuestarias en las instituciones del Estado. - Desconfianza en la administración y en los funcionarios públicos. 87 Corrupción e Impunidad - Debilitamiento y descrédito del sistema político y de partidos. - Rompimiento del orden jurídico establecido y debilitamiento del Estado de Derecho. - Debilitamiento de la relación Estado-Orden JurídicoSociedad. Se recurre a mecanismos alternativos para cumplir y/o evadir con el orden jurídico, violentándolo. - Desconfianza en la democracia como sistema de gobierno. Recomendaciones Aunque insistimos en la necesidad del cambio de la dirección política del país por la clase dominante plutocrática, para combatir enérgicamente la corrupción y erradicar la impunidad, proponemos las siguientes recomendaciones: Primero, algunas de la XII Conferencia Mundial Anticorrupción; y Segundo, otras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recomendaciones de la XII Conferencia Mundial Anticorrupción Esa Conferencia se celebró en Guatemala a mediados del mes de noviembre del año pasado. A continuación, Corrupción: sus recomendaciones contra la 1. Diseñar planes para promover la transparencia en los sectores políticos, sociales y económicos (comentario nuestro: en tanto la burguesía neo liberal retenga el poder, será imposible diseñarlos, porque su finalidad es el lucro exorbitante, sea como sea). 2. Que se garantice el acceso a la información pública. (Esa información está garantizada en el artículo 30 de la Constitución y nunca se ha suministrado suficientemente y no ha sido posible aprobar una iniciativa de 88 Lic. Alfonso Bauer Paiz ley adecuada al efecto: la de habeas data, no obstante que ya es del conocimiento del pleno del Congreso, desde hace varios años); 3. Que las instituciones estatales rindan cuentas obligatorias de forma periódica. (La legislación vigente, en buen grado ya lo dispone, pero las instancias controladoras, como la SAT y la Contraloría General de Cuentas no cumplen satisfactoriamente con su deber). 4. Que los planes de transparencia se adecuen a los tratados internacionales (pero no a todos, como el TLC-CAUSA, que facilita los sobornos de los inversionistas estadounidenses). 5. Implementar normas jurídicas para transparentar las compras y adquisiciones del Estado (para ello ya existe el Programa Guatecompras, pero sólo unas pocas instituciones estatales y municipales actúan conforme a sus regulaciones). 6. Emitir leyes que regulen el comportamiento ético de distintos sectores. (Debiera decir que penalice severamente el comportamiento inmoral y al margen de la ética, porque la moral en la conducta humana no proviene de una norma jurídica, sino del respeto a la conducta axiológica). 7. Programas de educación y sensibilización ciudadana. (Los programas de formación que se implementan son de signo contrario, pues se limitan a la formación individualista, basados en el egoísmo neo liberal). Opinión nuestra: para que sucumba la corrupción y desaparezca la impunidad será necesario que terminen los corruptos, pero para ello debe sucumbir primero el sistema imperante y eso lo tendrá que hacer el pueblo mediante una revolución moral, fiel a la consigna, Otra Guatemala es posible. Recomendaciones de la USAC Ante el ya citado Foro de Guatemala, la USAC presentó como recomendaciones las formuladas por los académicos ya mencionados, Aragón González y Polanco Sagastume, las cuales nos limitaremos a enunciar, manteniendo siempre 89 Corrupción e Impunidad respecto a ellas las reservas que hemos expuesto, de la necesidad del cambio de los dirigentes de la política actual y la vinculación de la política con la ética. Helas a continuación: - Que se realice un estudio para determinar los cambios de orden legislativo y los mecanismos que sean pertinentes para implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción. - Que el Gobierno retome íntegramente los planteamientos del Pacto Fiscal. - A fin de hacer efectiva la transparencia en la ejecución del gasto público se debe: - Mantener y mejorar el Sistema de Inversión y Administración Financiera y el de Auditoría Gubernamental (SIAF-SAG). - Implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). - Divulgar a través de los medios de comunicación masiva y por el Internet la información de SIAF-SAG. - Implementar programas permanentes de prevención y de combate a la corrupción. - Fortalecer las dependencias encargadas de combatir la corrupción y la impunidad CGC, SAT, Comisión Presidencial para la Transparencia de la Gestión Pública y en contra de la corrupción. - Introducción y/o fortalecimiento de sistemas de control en las entidades descentralizadas y nosotros agregaríamos, autónomas. - También se recomiendan estrategias y acciones de orden social, de orden jurídico-administrativo. - Modificación de las siguientes leyes: Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, Orgánica del Presupuesto, de Contrataciones del Estado, de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, de Fondos Sociales, de Servicio Civil, Electoral y de Partidos Políticos, Código Penal y Procesal Penal y de Registro de Bienes del Estado y de las Municipalidades. 90 Lic. Alfonso Bauer Paiz - De nuestra parte agregaríamos suspender y revertir el proceso de privatización de empresas y servicios públicos del Estado y declarar lesivas a los intereses de la Nación las contrataciones de exploración y explotación de los recursos no renovables de la minería e hidrocarburos y la inconstitucionalidad de las leyes correspondientes. BIBLIOGRAFÍA Diarios Prensa Libre, La Hora, El Periódico, Siglo Veintiuno, Diario de Centro América, periódico Tribuna. Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1998. Edna Liliana Paiz Morales, “Proceso y Efectos de la Privatización de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-”, ensayo publicado en Revista Presencia, de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, sept.-dic. 2000. Mara Luz Polanco Sagastume, “La Privatización: sus implicaciones socioeconómicas y su impacto en la Economía Familiar”, ensayo publicado en la misma Revista Presencia, citada anteriormente. Rafael Piedrasanta Arandi, ¡Venta al Capital Extranjero de Nuestros Activos Eléctricos, sin Avalúo Técnico Previo!, Dirección General de Extensión Universitaria, USAC, octubre de 1996. Alfonso Bauer Paiz, Cómo Opera el Capital Yanqui en Centro América (el caso de Guatemala), Editorial Ibero Americana, México, 1956. 91 Corrupción e Impunidad Poder Discrecional y Corrupción en Guatemala, claves para ganar transferencia, (Acción Ciudadana y Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales para América Latina, DESC), Guatemala, marzo 2006. Diccionario Manual Jurídico Abeledi-Perrot, Buenos Aires, Artes Gráficas Candel, SRL, 1991. Luis Solano, Guatemala petróleo y minería en las entrañas del poder, INFORPRESS Centroamericana, Guatemala, 2005. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Diálogo Fiscal, año 1, No. 1, Guatemala, febrero del 2007. Acuerdos de Paz, Universidad Rafael Landivar, Serie Política, Guatemala, 1998. Jorge Aragón González y Mara Luz Polanco Sagastume, Transparencia en los Asuntos de la Administración Pública y Combate Sostenido Contra la Corrupción, Propuesta de la USAC ante el Foro de Guatemala, año 2001. 92 ANÁLISIS DEL -PIBPeríodo: 1950-2006 Miguel Ángel Castro* Según muchos economistas, la economía del mundo no está tan mal como creemos. Claro que, un economista es un señor que tiene un pie sobre carbones y el otro pie en el congelador de un refrigerador, y dice que, en promedio, las cosas no están mal. 1. Algo sobre las cifras. En primer término, las cifras constituyen una especie de síntesis relacionadas con aspectos cuantitativos de variables, en este caso económicas, que no necesariamente son un fiel reflejo de lo que sucede en aquellos aspectos de la realidad nacional que se estudia. Las cifras interpretadas de esa manera, son indicadores que solo nos muestran la tendencia de acontecimientos pasados, presentes o futuros, por lo que en el momento de su elaboración, debe tomarse en cuenta el mayor grado de veracidad, ya que son utilizadas para hacer propuestas a nivel de política económica, de políticas públicas, etc., que de una u otra manera inciden sobre la población. Es por ello, que no deben ser interpretadas fríamente, como simples cifras, porque sino se cae en el error común de no reconocer o de ignorar que detrás de las mismas, lo que existe o representan son a seres humanos que poseen pensamientos, ideas, necesidades que satisfacer, sentimientos, etc., por lo que en última instancia vienen a ser la personificación de la vida o de la muerte de los individuos que viven en sociedad. * Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 De otra parte es oportuno hacer la observación que cuando se les utiliza para plantear alternativas de solución a la problemática nacional, hay que reconocer que no contienen una serie de factores cualitativos, que forman parte del contexto socio-económico tal cual existe. Esta deficiencia ocurre por múltiples razones, que van desde los instrumentos utilizados en el momento de su levantado, integración y presentación, hasta la incorporación de aspectos premeditados de tipo político que permiten tener a los gobiernos de turno, una imagen positiva frente a la comunidad u organismos financieros internacionales, que muchas veces son los más influyentes, pero falsa en lo interno. Es innegable que el punto de partida de las cifras son hechos concretos, que se generan y manifiestan a través de relaciones entre personas y entre éstas con grupos de personas en el contexto de su realidad social, por lo que científica o moralmente no deben sesgarse, ni inventarse, ni arreglarlas, pues de lo contrario sucede que cuando se les contrasta con la opinión de la población se muestran inconformidades e incongruencias, ya que los datos presentan una condición y una dirección diferente, en relación a la que objetivamente presentan las personas, es decir, que mientras las cifras, por ejemplo pueden indicar que la economía va bien y que se encuentra estabilizada y en crecimiento, a las personas socioeconomicamente les va mal. En otras palabras, mientras los datos van en un sentido, las insatisfacciones sociales transitan en el otro extremo del péndulo. Un ejemplo típico de esto lo encontramos en el -PIB- o el -IPC-. Se dice que el -PIB- en un período determinado creció, pero ello no garantiza mejorar la vida material y espiritual de los individuos, porque cuando ha habido un crecimiento relativamente alto, éste se sigue distribuyendo de forma desigual, lo que implica que siempre se concentre en los sectores tradicionales y por lo tanto no se 94 Miguel Ángel Castro reducen los niveles de pobreza, ya que dicha distribución siempre estará en correspondencia con la estructura social que prevalece en Guatemala, la que también es desigual. El crecimiento en estas condiciones lejos de coadyuvar a mejorar la vida de los sectores populares, provoca mayores desigualdades, pues como se sabe su única fuente de ingresos son los salarios que no crecen en relación directa con el crecimiento, al contrario, casi siempre se encogen porque tienen como contrapartida el incesante incremento de los precios. Igual sucede con el -IPC- cuando las autoridades monetarias declaran que hay control sobre la inflación, pero los precios de las mercancías se disparan de forma constante, dejando rezagados los niveles de salarios. De las cifras reportadas de manera reciente, por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, se infiere que el costo de la Canasta Básica de Alimentos, ya no es posible cubrirla con los salarios actuales, mucho menos la Canasta Básica Vital, impactando más fuerte los rubros de alimentos y bienes de consumo popular. Como no se esta analizando el comportamiento del -IPC-, solo diremos que con lo anterior, se demuestra que el crecimiento económico, no es suficiente para que los más pobres de Guatemala, dejen de serlo. Los indicadores cuantitativos como el -PIB- y desde luego otros más, son los que no muestran los aspectos antes indicados, ya que no incorporan las precarias condiciones en que subsiste gran parte de los guatemaltecos y de otra no miden el daño causado a los dos factores creadores de la riqueza en cualquier formación económica-social, que son las personas y la naturaleza, como sucede con la extracción de minerales, falta de atención médica, educación o vivienda. 95 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 Bajo esa perspectiva el comportamiento del -PIB- no necesariamente expresa el grado de desarrollo socioeconómico que Guatemala ha alcanzado, ya que las tasas de crecimiento pueden ser altas, pero esto en ningún momento implica que la fuerza de trabajo obtenga una remuneración digna, o sea, que puede haber crecimiento sin desarrollo porque permanece concentrado, aunque es de hacer notar que el mismo no es ajeno al crecimiento, al contrario es su punto de partida, siempre y cuando que la riqueza llegue a un mayor número de guatemaltecos. El crecimiento económico por si solo no es la condición suficiente que se traduzca de forma inmediata en beneficio para la población, o que se debe producir el efecto que plantea la cuestionada “teoría” del derrame. Sobre el particular, se considera un éxito que sea el propio Banco Mundial quien reconozca esta limitación, al admitir “que el crecimiento económico no basta para reducir la pobreza, dejando atrás la teoría del derrame que planteó el Consenso de Washington y defendió por décadas. Señala también que para reducir la pobreza “es necesario pero no suficiente, incrementar el crecimiento, la productividad, fortalecer las instituciones y políticas, más compensadores sociales y redistribución del ingreso, sino la pobreza amenazará el crecimiento sostenible”. En Guatemala han habido tasas de crecimiento económico altas, como ocurrió en la década de los años 70`s, en especial durante los períodos de buenos precios internacionales del café, pero esta situación no ha garantizado que la población que subsiste en la precariedad, halla tenido un acceso equitativo a la riqueza, que por ética o mandato Constitucional le corresponde. Por el contrario pueden haber tasas de crecimiento pequeñas, pero si existen mecanismos que procuren una distribución más justa de la producción, ello se traducirá en cambiar las condiciones de vida. 96 Miguel Ángel Castro Lo que sucede en el país es que los resultados del crecimiento y por ende su reparto, es que se asienta en una estructura productiva y distributiva que en esencia es excluyente, con relaciones de producción capitalistas, incidiendo en que se comparta de manera desigual entre los miembros de la sociedad, dando lugar a grados de distorsión y desequilibrios más profundos en la estratificación social que agudiza y profundiza la concentración y centralización de capital, al aumentar la distancia entre riqueza y pobreza. Ya lo decía Schumpeter, que el capitalismo no pretende la cohesión social. Al no haber una correlación entre la producción y distribución de la riqueza a través de una política económica y social, que tenga como objetivo central disminuir las insuficiencias sociales, el pequeño sector de la población que acumula capital seguirá teniendo más, y quienes tienen poco o nada, permanecen en iguales o peores condiciones, inclusive existiendo tasas elevadas en el -PIB- y por lo tanto la bola de nieve de la marginación y exclusión irá en aumento. También en el comportamiento del -PIB- se debe tomar en consideración que dadas las características de la economía mundial, su crecimiento se hace cada vez más dependiente de factores externos. Este es el caso de los precios de las principales materias primas que el país exporta, donde a un mayor precio se reflejará de forma positiva en las tasas de crecimiento y a la inversa. De igual manera, el -PIB- tiene íntima relación con la política económica que busque la reactivación, en el sentido de que a mayor reactivación económica habrá más crecimiento y viceversa. Durante los últimos años las cifras del -PIB- muestran que la economía nacional se ha mantenido sin mayor crecimiento, principalmente desde el 2001, en que se observa la inexistencia de una tendencia sostenida y estable. Es más, cuando se ha llegado a una tasa del 5.0% éste esfuerzo se 97 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 pierde en los siguientes 8 años (1999-2006), y que no basta, ni debe ser motivo de satisfacción, decir que a pesar de todo, no se tienen tasas de crecimiento negativas como sucedió en la década de los 80’s. En otras palabras, si toda la actividad productiva de Guatemala se reduce solo a las cifras frías del -PIB- inclusive sin tomar en cuenta la magnitud de sus tasas en el sentido de que sean pequeñas o grandes, pero si a la vez no se eliminan los desequilibrios estructurales que imposibilitan concebir y ejecutar una política socioeconómica de largo plazo y con prioridad en el ser humano que distribuya de forma más igualitaria la riqueza, o más propiamente que democratice la riqueza haciéndola llegar a todos sus habitantes, el estado de exclusión irá abarcando a más guatemaltecos. En síntesis, los datos representan un saber y un conocimiento, que surgen de la realidad para que de nuevo se proyecten, o regresen a la misma, cuando contribuyen en la formulación de políticas con varias finalidades de incidencia, que pueden ser para cambiarla o mantenerla, pero que cuando se trata de sociedades como la nuestra, mas bien, se les utiliza para esconder el estado irracional e injusto en que se encuentran la fuerza de trabajo asalariada. En otros casos se les utiliza frente a la Comunidad y Organismos Internacionales en general, para mostrar que las condiciones socioeconómicas del país esta cambiando, aunque esa misma realidad en opinión de las personas demuestre lo contrario. El siguiente cuadro es ilustrativo de lo que se ha venido exponiendo con la conformación de las cifras, en particular del -PIB-. 98 Miguel Ángel Castro Cuadro No. 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO BASE 2001 Y BASE 1958 AÑOS: 1990-2007 Tasa de variación PIB BASE PIB BASE 1958 2001 1990 3.1 2.5 1991 3.7 3.1 1992 4.8 4.6 1993 3.9 3.5 1994 4 3.5 1995 4.9 4.4 1996 3.0 2.8 1997 4.4 4.1 1998 5 4.6 1999 3.8 3.7 2000 3.6 2.5 2001 2.3 2.4 2002 2.2 3.9 2003 2.1 2.5 2004 2.7 3.2 2005 3.2 3.5 2006 4.6 p/ 5 2007 5.1 e/ 5.6 a/ El período de 1990 a 2000 fue calculado con base en la técnica de empalme, utilizando las tasas de variación por rama de actividad económica de base 1958. p/ Cifras preliminares. e/ Cifras estimadas. Fuente: Banco de Guatemala. AÑO En dicho cuadro se tiene que el tamaño del -PIB- se ha medido a través de utilizar dos años bases. El primero corresponde a 1958 y el segundo al 2001, durante un período que empieza en 1990 y finaliza en el 2007. Tal como se observa la economía desde el año 1990 al 2000 medida con el año base de 1958, siempre fue mayor que cuando se utilizó el año base de 2001. 99 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 Es a partir del año 2001 al 2007 el tamaño del -PIBapoyándose el Banco de Guatemala en lo que llaman la Técnica del Empalme, y con el nuevo año base 2001 empieza a ser mayor en el mismo período, que cuando corresponde al año base de 1958. ¿Significa esto que realmente el tamaño de la economía es mayor? Se comprende y es de sentido común saber que la economía guatemalteca no es igual en el presente, ya sea porque los precios han variado o porque hay una mayor variedad en la producción, lo que hace pensar que es necesario actualizar el -PIB- después de más de cuatro décadas de existencia del año base de 1958. Pero la interrogante sigue presente, en cuanto a determinar con certeza, si en efecto ahora desde el 2001 somos una economía más grande, o sí ese mayor crecimiento se debe únicamente al cambio de año base. Y la duda se mantiene porque ya en la década de los años setenta, el Departamento de Estudios Económicos del Banco de Guatemala, realizó un estudio para medir la economía del país y los resultados obtenidos fueron diferentes, a los obtenidos con el año base del 2001, ya que el crecimiento fue menor, quedando por lo tanto sin despejar la interrogante de porque no se utilizó ese año, ¿ será porque con su medición la economía se hizo más pequeña y eso no convenía en ese momento a las autoridades de turno. 2. Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto -PIB- es un indicador que cuantifica en un período determinado -de manera convencional comprende un año- el monto o valor de la producción agregada realizada en el país, reflejando el comportamiento que ha tenido la actividad económica. 100 Miguel Ángel Castro El -PIB- presenta dos grandes facetas que corresponden a las denominadas actividades productivas (Bienes) e improductivas (Servicios). Las primeras están conformadas por los siguientes sectores: a) Agricultura, silvicultura, caza y pesca, b) Explotación de minas y canteras, c) Industria manufacturera, d) Construcción, e) Electricidad y agua; en tanto que las segundas corresponden a los rubros: a) Transporte, almacenamiento y comunicaciones, b) Comercio al por mayor y al por menor, c) Banca, seguros y bienes inmuebles, d) Propiedad de vivienda, e) Administración pública y defensa, f) Servicios privados. Esta gran división social del trabajo en Guatemala sobre la base del producto interno, de alguna manera nos indica el carácter de la tendencia general de desarrollo que el país ha tenido, infiriendo que históricamente ha descansado en los sectores improductivos, representando un porcentaje superior al 50% y que en los últimos años se ha acercado al 60%, lo cual puede interpretarse que estamos transitando a una economía que se sustenta en los servicios, que en todo caso es insuficiente para atender los objetivos de elevar el ingreso, de creación de empleo y de superar las condiciones de vida de aquellos guatemaltecos que presentan un acceso limitado a la riqueza creada, o que en el caso extremo no la tienen, debido a que se esta dando un desplazamiento de la producción e inversión real. Este patrón, esta manera o esta característica que presenta la riqueza nacional es importante destacarla, porque nos revela que se acentúan las relaciones de dependencia y subdesarrollo, respecto del gran capital financiero internacional, por el hecho de que son los servicios los que intervienen en mayor proporción en el -PIB- y dentro de éstos destacan el comercio al por mayor y al por menor, cuyo volumen de mercancías de consumo final en buena medida son importadas, aunque en términos porcentuales su participación se ha mantenido estática y hasta disminuyendo 101 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 en perjuicio de buscar un desarrollo hacia adentro que atienda los requerimientos del mercado interno, ya que las nuevas reglas del capitalismo vienen determinadas por el neoliberalismo, al convertir al mundo en un solo mercado, pues las relativas autonomías nacionales de los países que en el pasado existieron, prácticamente han sido eliminadas. Desde otra perspectiva Guatemala no ha superado la vieja tesis del comercio internacional en su enunciado de la “ley de las ventajas comparativas”, porque a pesar que la composición del PIB nos indique que el sector primario ha ido cediendo su lugar a otras actividades, el país por medio de su política económica ha sido incapaz de dar el salto cualitativo para transformar su actual estructura productiva, donde adquiera más preponderancia la producción de carácter industrial. Es más, se infiere que ahora que el mundo esta tomando una conciencia ecológica, con la finalidad de salvar al planeta de una catástrofe ambiental sin precedentes, se esta planteando la alternativa de sustituir los combustibles fósiles y de otro tipo que son generadores de contaminación, por los cultivos de caña de azúcar y maíz, pues se perfilan en constituirse en ser las principales materias primas de origen agrícola para fabricar los llamados agrocombustibles, lo que implicará como en el pasado de nuestra producción e historia económica, retornar hacia la agricultura extensiva en Guatemala. De ocurrir esta circunstancia nos veremos condenados por enésima vez a la condición de ser preponderantemente productores de materias primas baratas de bajo contenido de valor agregado, con la diferencia de que ahora parte de la actividad primaria exportable se realice en el país bajo la forma un producto industrial ya terminado, tal el caso del biocombustible llamado Etanol, pues se tiene contemplado 102 Miguel Ángel Castro construir una planta en Guatemala y otros países de Centroamérica para su elaboración, o en el peor de los casos se exportará la caña de azúcar y maíz para ser industrializados en el exterior. De acuerdo a la CEPAL, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador, “ya dieron los primeros pasos para la producción en gran escala de biodiesel”. Por su parte Colombia “construye dos plantas para producir biocombustibles como el Etanol en Honduras y Guatemala, e impulsará un tercer proyecto similar en El Salvador, anunció el presidente Álvaro Uribe, tras firmar un acuerdo de Libre Comercio con esas tres naciones”. Con este inminente cambio en la estructura productiva del país, cabe la posibilidad de que la contribución de la Agricultura en la composición del -PIB- se eleve, sin que ello signifique modificar la tendencia histórica de su crecimiento, sobre la base de una mayor participación y diversificación de las actividades productivas (Bienes) y una disminución de las improductivas (Servicios). En este momento es predecible el inicio de tal acontecimiento, pues lo del Etanol es un proyecto que ya se encuentra en pleno proceso de materializarse. Asimismo es predecible indicar que el precio de la tierra se cotizará a niveles superiores distorsionando el mercado de la misma, pues será utilizada para ser sembrada con caña de azúcar o maíz; de igual manera las tierras de los pequeños propietarios que cosechan granos básicos como fríjol, arroz o sorgo serán sustituidas por dichos cultivos, provocando aumentos de precios, con el consiguiente desabastecimiento de productos básicos de consumo popular, agudizando la precaria seguridad alimentaria existente en Guatemala. También las tierras sembradas con pasto para la alimentación del ganado, serán presionadas para realizar los cultivos ya señalados, incidiendo en un encarecimiento de la 103 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 carne, la leche y sus derivados. Este sombrío panorama que se cierne sobre la agricultura y ganadería guatemalteca, provocará un desabastecimiento interno, alza de precios, aumentando más la pobreza y marginación de la población. Es pertinente indicar que la crianza de ganado y la siembra de caña de azúcar, se efectúa en las tierras más aptas de Guatemala que se encuentran localizadas en la Costa Sur. Se desconocen las especificidades tecnológicas en la elaboración del Etanol, pero a priori se supone que la planta industrial de los Ingenios Azucareros será utilizada para tal finalidad, con lo cual se perderá parte de la capacidad instalada para fabricar azúcar, a la vez que habrán despedíos de fuerza de trabajo. En cuanto a la producción de maíz, ésta se encuentra concentrada en la región minifundista del altiplano central y oriental del país, bajo relaciones de producción de una economía mercantil simple y de subsistencia, que también será afectada. Según lo expuesto el -PIB- es un indicador que mide la producción, independiente que la actividad sea productiva o improductiva, es decir, es una cifra que a su vez se convierte en un instrumento para analizar la tendencia de la economía guatemalteca, desde el punto de vista productivo e improductivo. Aunque la finalidad última de este trabajo no es el análisis de las condiciones sociales de la producción, se debe dejar claro que concebirla solo en términos de los datos del -PIB-, metodológicamente no permite reflejar las facetas técnicas o sociales bajo las cuales se realiza. 3. Carácter del Producto Interno Bruto. La clásica división internacional del trabajo expone que en los países subdesarrollados el principal tipo de actividad productiva se encuentra relacionado con la extracción primaria de materias primas, aspecto que se sigue 104 Miguel Ángel Castro manteniendo en el presente, desde luego con diferencias en cuanto al tipo especifico de productos que se exportan. En cambio en las sociedades desarrolladas esta situación es diferente, ya que la actividad más importante se identifica con la fabricación de bienes industrializados, estableciéndose un intercambio comercial en términos desventajosos para las sociedades subdesarrolladas. Históricamente Guatemala se ha caracterizado por ser un país con una producción de origen agrícola, gran parte de la cual se destina para el mercado externo, descuidando el abastecimiento de bienes de consumo interno, desembocando en que nuestra economía consolide su inviabilidad e inestabilidad, pues tanto los tipos de mercancías que elabora, como su aparato productivo le dan prioridad a satisfacer los requerimientos, vaivenes y necesidades coyunturales que presenta el mercado internacional, con énfasis en el mecanismo de la agroexportación. En otros términos, el sistema productivo nacional se ha venido configurando y consolidando desde su estructuración primigenia en la Colonia, pasando por la época de la Reforma Liberal, hasta llegar a nuestros días, como productor de bienes agrícolas que tienen una demanda mundial inelástica, sujeta a restricciones. El hecho de que a Guatemala se le halla “asignado” la privilegiada condición de exportar bienes primarios bajo la forma de materias primas, ha significado para nuestra economía un pecado capital que se ha eternizado en el devenir del tiempo, al convertirse en factor determinante, que por largos siglos ha postergado establecer una modalidad diferente de sociedad, pues la experiencia demuestra bajo cualquier punto de vista, que no ha sido ninguna ventaja comparativa utilizar su fuerza de trabajo barata, con la finalidad de responder a las necesidades de la demanda externa de unos cuantos y desvalorizados productos primarios de exportación. 105 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 Por el contrario, esta imposición y este modelo truncan el desarrollo y modernización de la economía guatemalteca, por medio de la vía del mercado interior. Esto desde luego no debe interpretarse bajo ningún punto de vista que debe descartarse el mercado externo. En muchas ocasiones se mencionan como ejemplos paradigmáticos a los denominados tigres asiáticos, pero hay que agregar y saber que previo a alcanzar tal grado de despegue económico, realizaron profundas reformas al interior de su estructura productiva, entre ellas la agraria. Lo que se esta planteando es que debe formularse una concepción distinta de la actual estructura productiva, en especial la dedicada a la actividad primario-exportador, de tal manera que el eje del esfuerzo productivo de Guatemala, sea compartido también por la producción de consumo popular y del mercado interno, y que no se siga privilegiando de forma unilateral al mercado externo, en donde el mismo solo sea un elemento y un complemento al servicio de la economía nacional, a fin de establecer un correlación diferente a lo que sucede en el presente. Para reafirmar lo expresado, aquí no se esta diciendo que se debe eliminar o aniquilar la producción primarioexportadora, solo se trata de disminuir o ceder el lugar preponderante que ha jugado por mucho tiempo, pues como lo ha demostrado a lo largo de su existencia, la inviabilidad del modelo primario, ha sido un freno en el funcionamiento y desarrollo no solo de la economía, sino de la sociedad guatemalteca. Durante los últimos años están adquiriendo mas preponderancia las actividades improductivas, por la presencia mayor de los servicios dentro del -PIB-.Esta nueva orientación del -PIB- sobre la base del crecimiento en los servicios, nos conduce a inferir que la economía se esta terciarizando y que 106 Miguel Ángel Castro ya se refleja en dicho indicador, lo que significa que por mucho que crezca el producto interno sobre la base de las actividades improductivas, siempre será insuficiente para enfrentar los grandes desequilibrios sociales que aquejan al país, porque el crecimiento de la producción real no es sustantivo, lo cual implica que el gasto se oriente en mayor medida hacia actividades de consumo, en lugar de hacerse inversiones productivas a efecto de crear una riqueza que alcance para todos. Como ya se dijo, en Guatemala es una realidad que por varias décadas la principal actividad productiva descansa en la agricultura, lo que hoy en día sigue siendo cierto, a pesar que su participación relativa tanto en la integración del -PIBcomo en los Bienes (actividades productivas) halla disminuido, de allí que se diga que aún mantiene una economía agrícola, donde las formas productivas y la fuerza de trabajo continúan sin la incorporación de mayores avances científico-tecnológicos y de capacitación, no obstante que actualmente se cultiva una variedad de productos que exigen de parte de los trabajadores poseer grados de conocimiento y preparación superiores, que incluye el manejo y utilización de algunos instrumentos de trabajo avanzados, pero que a pesar de ello, la agricultura en general es poco desarrollada. Si bien la agricultura sigue siendo atrasada y dependiente de tecnología creada en el exterior, es innegable que se ha venido transformando, en el sentido de que paulatinamente ha dejado de ser aquella práctica inveterada del pasado relacionada con el monocultivo extensivo de exportación basada en el café, o la caña de azúcar, para irse transformando de forma paulatina en relación directa con la lógica capitalista desde tres aspectos. El primero es que manifiesta un mayor grado de participación de relaciones asalariadas con la consiguiente desaparición de formas serviles, en segundo término hay un 107 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 aumento de la productividad, que ya no se concentra sólo en las grandes unidades capitalistas, sino también en unidades que pertenecen a pequeños propietarios, que exportan frutas, vegetales, legumbres o flores. Finalmente y no menos importante es que ese proceso de penetración capitalista en la agricultura, genera grandes contingentes de fuerza de trabajo que es expulsada sistemáticamente hacia las áreas urbanas del país y hacia el exterior, contribuyendo de alguna manera a modificar la composición orgánica del capital. El carácter del -PIB- desde una división de las actividades productivas e improductivas se tiene que la participación de las primeras es menor en relación a las segundas, pero que además ambas se han encaminado en direcciones diferentes, en otros términos, la producción muestra una tendencia decreciente, mientras que los Servicios aumentan, en especial en el período 2000-2006. Sus porcentajes respectivos son del 42% y 58%. En la producción real, es la agricultura la que presenta o sigue teniendo más peso, ocupando una segunda posición la denominada industria manufacturera. Por su lado, en los sectores improductivos es el comercio el que manifiesta su hegemonía. Es importante destacar que a lo largo del tiempo ese desplazamiento o ese detrimento de la producción de bienes, en contraposición con lo referente a los servicios, donde por ejemplo la telefonía que antes era prestada por instituciones públicas, ahora son privados con fuerte presencia de capital extranjero. Esto nos revela que en Guatemala, el capital financiero interviene o se asienta en aquellos sectores que estaban bajo el control del Estado, a efecto de poder incrementarse con rapidez, y que por su parte el capital industrial en su interpretación más genérica, ya es capital que compra fuerza de trabajo asalariada y medios de producción, 108 Miguel Ángel Castro para crear valor, a costa de las actividades productivas, a pesar de que todavía subsistan formas y tipos económicos con fuertes resabios precapitalistas. El capital en su modalidad financiera se mueve en la órbita de la circulación, y el industrial en la esfera de la producción. 4. Comportamiento del -PIB-. Cuando en Guatemala se acumulan y acrecientan problemas de desnutrición, mortalidad infantil, vivienda, crisis alimentaria, salud, educación, llegando a cuadros de hambruna como las de Chiquimula y otros departamentos en años recientes, y últimamente la de Zacapa revelada en agosto del 2007, es que se confirma lo analizado en cuanto a que las cifras económicas, no expresan de forma fidedigna la realidad socio-económica del país, a pesar de que el gobierno de la república o sus dependencias se refieran a que la economía se encamina viento en popa por buen rumbo, asimismo, esas declaraciones son sencillamente expresiones vacías para el 90.0% de la población que se encuentra en estado de pobreza, y que a las variables macroeconómicas o al mercado, no les interesa saber si sus necesidades básicas que garanticen su reproducción material y espiritual están cubiertas. Tanto las autoridades de gobierno y las autoridades monetarias coinciden en que no existe crisis, porque hay “estabilidad macroeconómica” o que los principales precios contenidos en el tipo de cambio, la inflación y tasas de interés están bajo control, pero esto solo significa una fachada o un espejismo en comparación con las reales condiciones de vida de la clase asalariada, ya que solo determinados sectores sociales y organismos extranjeros tienen la capacidad de percibir y sentir la bonanza económica, que no es perceptible para la mayoría de guatemaltecos. 109 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 A continuación se presentan las tasas de crecimiento del -PIB- desde el año 1950 hasta el 2006. Una primera lectura de tales porcentajes nos dice que a lo largo de aproximadamente 6 décadas la magnitud en el comportamiento económico ha sido inestable para el desarrollo socio-económico de Guatemala, cuya esencia evidencia que la Política Económica no ha tenido los efectos esperados para resolver los diversos problemas sociales que gravitan en el país, así como la ausencia de un proyecto de nación coherente y de largo plazo. CUADRO No. 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO AÑOS 1950–2006 Año 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Variaciones % 1.4 2.1 3.7 1.8 2.5 9.1 5.2 4.7 4.9 2.4 4.3 3.5 9.3 Año 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Fuente: Elaboración propia Variaciones % 4.6 4.4 5.4 4.1 8.5 4.7 5.6 5.7 7.8 6.9 6.1 2.0 7.1 7.12 Año Variaciones % 1978 1992 4.8 1979 1993 3.9 1980 1994 4.0 1981 1995 4.9 1982 1996 3.0 1983 1997 4.4 1984 1998 5.0 1985 1999 3.8 1986 2000 3.6 1987 2001 2.3 1988 2002 2.2 1989 2003 2.1 1990 2004 2.7 1991 2005 3.2 2006 4.6 con base a información del Banco de Guatemala. 110 Variaciones % 5.0 4.7 3.7 0.7 -3.5 -2.6 0.5 -0.6 0.1 3.5 3.9 3.9 3.1 3.7 Año Miguel Ángel Castro Una segunda lectura expresa que de los 56 años que se tiene información del -PIB-, únicamente en12 años o sea en la quinta parte del total, ha existido un crecimiento por arriba del 5.0%, que están localizados en las décadas de los años 50’s, 60’s y 70’s, siendo en 1977 el último año en que se logró. Además se tiene que los ya lejanos años de 1978 y 1998 la economía creció justo en el 5.0%, es decir, solo dos veces en 29 años. En los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, se determino sobre el –PIB-en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria lo siguiente: “Por su parte, el Gobierno se compromete a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto a una tasa no menor del 6% anual, que permita una política social avanzada. Se compromete, al mismo tiempo, a una política social cuyo objetivo sea el bienestar de todos los guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación, la vivienda, el saneamiento ambiental y el acceso al empleo productivo e ingresos dignos”. De la serie analizada solo en 8 años que son 1956, 1963, 1968, 1972, 1973, 1974, 1976, y 1977, se supera la tasa de crecimiento ideal del 6% fijada por los Acuerdos de Paz, haciendo notar que corresponden a una etapa anterior a su firma, porque posterior a dicho acontecimiento todavía se esta a la espera de que ocurra el milagro de llegar a la meta del 6%. Aquí es de hacer la observación que han transcurridos 30 años desde que se logró por última vez la tasa ideal de crecimiento mencionada, donde los criterios para que se fijara en el 6.0% son insuficientes, ya que por una simple deducción lógica debe y tiene que ser mayor, pues no se puede dejar de lado el comportamiento de la población. 111 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 Un tercer aspecto que es clave enfatizar en el comportamiento histórico del -PIB-, que no es otra cuestión más que la manifestación en sus tasas de crecimiento en el período de 1950-2006, es que hay una especie de parteaguas entre 1950 hasta 1978 que abarca 28 años, al existir un crecimiento más o menos no solo homogéneo, sino aceptable en función del número de habitantes con excepción de los años 1951 a 1955 que sin tomar en cuenta 1955, comprende el período de la Revolución, con una política hostil de Estados Unidos hacia nuestro país. Una cuarta lectura de la serie (1950-2006) a la que se hace referencia se inicia de 1979 al 2006, que como hecho coincidente comprende al igual que el período anterior (19501978) otros 28 años, con la evidente y gran diferencia que acá se inicia un proceso sistemático de inestabilidad en la tendencia del -PIB-, al extremo que en los años 1982, 1983 y 1985 tuvo tasas de crecimiento negativas en casi 3 años consecutivos. Es también durante estos 28 años en que el -PIB- nunca llegó a alcanzar la tasa del 6.0% como si había sucedido anteriormente. Después de tener un panorama general del -PIBdurante cerca de 6 décadas se infiere que su comportamiento ha sido errático, pues el mismo no es el resultado de la existencia de una política económica coherente que busque la sostenibilidad en la reactivación económica del país. Más bien, el mismo responde a aspectos estrictamente coyunturales que determinan que en un momento dado el -PIB- sea mayor o no, explicación que puede encontrarse en los altos precios internacionales de productos tradicionales de exportación, de productos “exóticos” no tradicionales, de los niveles de inversión que el país tenga, los cuales se encuentran en estrecha vinculación con políticas de organismos internacionales, y hasta en acontecimientos políticos. 112 Miguel Ángel Castro Se considera que el comportamiento histórico que ha tenido el -PIB- no variará en el corto o mediano plazo, en tanto la política económica del país, siga dejando de lado la participación directa del mercado interno que propicie la inversión en actividades productivas de amplio consumo popular, las que representan un gran potencial de creación de riqueza y fortalecimiento en la seguridad alimentaria. De tal forma que es un principio obligado y necesario estructurar este cambio en el carácter de la producción nacional, a costa de seguir más sumergidos en el pantano de la pobreza, porque permitirá establecer una relación de menor dependencia de la economía internacional, teniendo en cuenta que es una tarea difícil, no imposible, por encontrarnos en la época de la globalización económica y de los tratados de libre comercio, que han hecho variar de manera sustancial aquella forma de dependencia de años anteriores, aunque su esencia se mantiene, que es la extracción de plusvalía por medio de la participación del capital financiero, en un contexto no de libre mercado como lo propugna el neoliberalismo, sino de un mercado monopólico que le hace perder su supuesta libertad. En síntesis, la tarea de este cambio sigue esperando, pero hay que empezarla, incluso para que sea congruente con las ideas y propuestas de aquellos que se identifican con el proceso de globalización. 5. PIB por ramas de actividad económica. En el -PIB- por origen de ramas de actividad, tradicionalmente han sido dos renglones en las que se ha concentrado la mayor parte de su crecimiento, que son de una parte la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca y la otra el Comercio al por Mayor y al por Menor, que representan un porcentaje por arriba del 50.0% hasta el quinquenio de 1985-1989, ya que a partir de los siguientes que empiezan de 1990-1994, la relación anterior se invierte en el sentido de que 113 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 el crecimiento de ambas ramas de actividad dentro del -PIB- es menor del 50.0%, al darse un descenso que se sitúa en su nivel más bajo con el 47.2% durante el sexenio 2000-2006, existiendo la posibilidad que en el futuro podría seguir decreciendo aún más. Ahora bien, ante el hecho de que las dos ramas de actividad mencionadas (Agricultura y Comercio) cada vez interviene en menor grado en la economía , se esperaría que ese margen hubiese sido reemplazado por cualquiera de las otras que integran el -PIB-, pero como algo curioso se tiene que no existe ningún otro renglón que halla crecido en esa misma proporción, sino, que se ha manifestado una distribución entre todos los demás en una especie de ascenso y descenso en sus porcentajes de participación, llegando en algunos casos a disminuir como sucede con la Propiedad de Vivienda. Cuadro No. 3 ORIGEN POR RAMA DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PERÍODO 1950-2006 Quinquenio Actividad 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 a A a a a a a a a a 2000 a 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2006 Total PIB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 32.4 29.8 30.0 28 27.8 26.5 25.1 25.7 25.2 23.7 22.6 Explotación de Minas y Canteras 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 12.2 12.5 13.3 15.3 15.8 15.9 16 15.6 14.6 13.7 12.8 Construcción 2.6 3.1 1.9 1.8 1.7 2.9 2.9 1.9 2.1 2.3 2.0 Electricidad y Agua 0.5 0.6 0.8 1.1 1.2 1.6 2.0 2.2 2.7 3.3 4.2 3.8 5.0 5.1 5.3 5.9 6.6 7.0 7.3 8.2 9.0 11.0 26.4 26.6 26.5 28.1 28.4 27.9 26.5 24.7 24.2 24.6 24.6 Industria Manufacturera Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio al por Mayor y al por Menor Banca, Seguros y Bienes Inmuebles 1.3 1.5 2.2 2.3 2.4 2.9 3.5 3.8 4.4 5.0 5.0 Propiedad de Vivienda 8.6 8.7 8.5 7.6 6.4 4.7 4.7 5.4 5.0 4.7 4.6 Administración Pública y Defensa 6.2 5.8 5.5 4.7 4.7 4.9 5.8 6.8 7.3 7.4 6.8 Servicios Privados 5.8 6.1 6.0 5.7 5.6 5.9 6.2 6.4 6.0 5.8 5.9 Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala 114 Miguel Ángel Castro En términos más concretos, también es la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca que forma parte de las actividades productivas, la que presenta un porcentaje cada vez menor en relación al -PIB- total, al pasar en el quinquenio de 1950-1954 del 32.4% al 22.6% en el sexenio de 2000-2006 con el 22.6%, lo que expresado en otras palabras significa que ha caído en cerca de 10 puntos porcentuales, teniendo repercusiones en varios aspectos de la vida económica y social de Guatemala, que van desde provocar en el ámbito interno una mayor masa de desempleados, migración, exclusión, hambrunas, hasta reducir los volúmenes de producción en el sector agropecuario, que se destinan de manera indistinta al mercado nacional e internacional, con la consiguiente repercusión en la Balanza Comercial y de Pagos del país. A esta realidad de estancamiento y disminución de la producción en general no escapa la Industria Manufacturera, la que había tenido un comportamiento ascendente hasta mediados de la década de los 60`s debido al despegue que tuvo el Mercado Común Centroamericano, y que se mantiene hasta finales de los años 80`s; siendo a partir de los años 90’s que manifiesta un punto de inflexión que se expresa en que bajo al 12.8% durante el período 2000-2006. Del mismo modo, el renglón de Comercio al por Mayor y al por Menor ha experimentado igual tendencia de reducción, aunque de una manera menos pronunciada al pasar del 26.4% en 1950-1954 al 24.6% en el 2000-2006, estableciéndose una diferencia del 1.8%. Este acontecimiento plantea que si bien la estructura de la economía nacional se esta modificando, no es sobre la base del Comercio, a pesar de que es la actividad que todavía tiene más participación. La Propiedad de Vivienda mantuvo un comportamiento de relativa estabilidad entre 1950 y 1970, pero en los inicios de la década de los 70`s empieza a descender hasta situarse en el presente con un 4.6%, explicando de alguna manera la 115 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 razón de la existencia del déficit habitacional, en especial de los sectores populares, lo que a su vez indica el fracaso de las políticas por solucionar este problema. Se considera que esta actividad representa un potencial que coadyuve en el crecimiento del producto y también para impulsar la reactivación económica. El Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, así como la Electricidad y Agua y el sector de la Banca, Seguros y Bienes Inmuebles, son los que a diferencia de los 4 sectores anteriores (Agricultura, Industria, Comercio, Vivienda) han mostrado más dinamismo, al remontarse respectivamente del quinquenio 1950-1954 al sexenio 2000-2006 de un 3.8% hasta alcanzar el 11.0%; de un 0.5 % a 4.2 % y finalmente del 1.3 % al 5.0 %. El crecimiento en las Comunicaciones empezó a manifestarse con más énfasis durante los últimos años, debido al impulso que recibieron a consecuencia del proceso de privatización, lo que no significa que se este de acuerdo con el mismo, pues tampoco han resuelto las necesidades sobre el particular. Estos sectores también representan una posibilidad real en el crecimiento del -PIB-. En cuanto a los demás sectores que integran el –PIBpor origen de rama de actividad que corresponde a: Explotación de Minas y Canteras; Construcción; Administración Pública y Defensa; y Servicios Privados son los que tienen más estabilidad, pero que no representan mayor significación en la conformación del -PIB-, con la excepción de la Construcción que si es un rubro importante para dinamizar la economía nacional y ser fuente de empleo. Lo revelador de este análisis del -PIB- por origen de ramas de actividad económica radica en que los principales sectores que son la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca y el Comercio al por Mayor y al por Menor; que lejos de crecer o al menos mantenerse estables en sus tasas de crecimiento, nos 116 Miguel Ángel Castro indica su constante caída en especial el primero de ellos, por lo que no existe actualmente un rubro que de alguna manera los reemplace, o dicho con más propiedad no existe una política económica y sectorial que haga crecer la producción nacional, por lo que lograr un crecimiento global del -PIB- en tales condiciones implica realizar fuertes inversiones de capital. Aquí no se esta añorando, ni diciendo de forma simplista que la Agricultura y el Comercio están siendo desplazados en la conformación del -PIB-, al contrario, en lo que se quiere enfatizar es que en Guatemala no hay claridad, ni coherencia suficiente para determinar una estructura productiva sostenible de largo plazo y por lo tanto una economía que nos haga viables en el contexto interno y externo, valga decir de tener la capacidad para atender la demanda nacional que cubra las necesidades de la población guatemalteca y de otro lado la demanda del mercado internacional, donde ambas contribuyan al crecimiento económico. Es esta estructura de corto plazo, determinada por condiciones coyunturales tanto internas como externas, la que por cerca de 60 años nos ha mantenido cautivos, desempeñando un papel determinante en la configuración de nuestra Realidad Nacional el carácter de las relaciones sociales de producción y de propiedad, que imposibilitan realizar cambios en la manera en que Guatemala lleva a cabo la producción y distribución de la riqueza, y por ende en la estratificación social, haciéndola más elitista y concentrada. 6. Estructura del -PIB- por Bienes y Servicios. Esta es una forma más especifica o concreta de la integración del -PIB- ya que partiendo de la actividad económica total, se establece una división en dos facetas que son los Bienes identificados con la producción real; mientras que los Servicios se refiere a los intangibles. 117 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 La división en la composición de las actividades de acuerdo a su carácter de productivas o improductivas, reafirma que en efecto la economía nacional aunque lentamente se encamina hacia una terciarización, lo que a su vez implica mayor presencia del capital financiero cuando los servicios muestran una tendencia constante y creciente de participación en el -PIB-, al remontarse del 52% en 1950-1954 hasta el 58.0% en el 2000-2006. Tendencia contraria presentan los bienes cuando se encaminan hacia la disminución, al pasar del 48.0% en 1950-1954 al 42.0% en el 2000-2006, lo cual es un indicador de que están cediendo su espacio a las actividades improductivas, o lo que es lo mismo el capital industrial interviene en menor proporción en la esfera de la producción. Cuadro No. 4 ESTRUCTURA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO PERÍODO 1950-2006 Quinquenio 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 a a a a a a a a a a a 1954 1559 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2006 Actividad Total PIB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 a) Bienes 48.0 46.2 46.2 46.2 46.7 47.0 46.2 45.8 45.0 43.6 42.0 b) Servicios 52.0 53.8 53.8 53.8 53.3 53.0 53.8 52.2 55.0 56.4 58.0 Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala. Lo que evidencia los porcentajes de los bienes y servicios es que en Guatemala se esta dando un proceso de transformación gradual de su estructura económica, que en el pasado si bien no fue la más adecuada, cuando se sustentaba en especial en las actividades agropecuarias, ahora con tal comportamiento la economía nacional se torna mas inviable, cuando la producción de servicios y por ende su prestación, refuerzan los vínculos de dependencia con el mercado externo. 118 Miguel Ángel Castro Algo más, la invisibilidad de este fenómeno radica en que la prestación de servicios se concentra o es demandada por un determinado sector de la población, que es aquella que también se encuentra en una relativa posición de privilegio en la estratificación social, tal el caso de los llamados productos financieros que prestan los bancos, o la compra de una serie de aparatos, carros, etc. que son “indispensables” para mantener el “status” y “confort” que exige la vida moderna, estimulando el consumo suntuario, que se traduce en un drenaje de divisas al exterior, convirtiéndose esto en un circulo pernicioso cuando en efecto ingresan divisas a la economía por diversos mecanismos, pero casi de forma simultánea vuelven a salir o “se escapan” al importar bienes. Esta división del -PIB- en Bienes y Servicios, teniendo mayor peso ésta última, es consecuencia del avance del capitalismo, por medio de una presencia más dominante del capital financiero en desmedro del capital productivo, cuyo resultado inmediato se manifiesta en la disminución relativa de la masa de fuerza de trabajo empleada en las actividades productivas, lo cual coadyuva a generar desempleo ya sea de tipo estacional o estructural, a presionar sobre el nivel de salarios, inversión, ahorro y demanda efectiva. 7. Estructura de las actividades productivas. En el apartado precedente, se hizo una separación en la integración del -PIB- entre actividades productivas (bienes) e improductivas (servicios). A continuación se tiene una interpretación de los renglones que integran cada una de esas dos grandes divisiones, a efecto de determinar su peso, esto debido a que cuando de manera general se alude al -PIB- se toman indistintamente las actividades que producen riqueza en sentido estricto (agricultura, minas, industria, construcción, electricidad), con otras que se mueven en la esfera del 119 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 intercambio o de la circulación mercantil (transporte, comercio, banca, vivienda, administración, servicios privados), las cuales de una u otra manera por la función que desempeñan, captan riqueza o hacen efectiva la plusvalía creada en los sectores productivos. De acuerdo a la economía política, la división del producto en Bienes y Servicios, responde a que unas veces el capital dentro del ciclo de circulación se encuentra en la esfera de la circulación y otras en el ámbito de la producción. Según lo expresado en el siguiente cuadro se expone una separación entre los sectores creadores de riqueza, dejando de lado aquellos que corresponden a los servicios. Cuadro No. 5 ESTRUCTURAS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PERÍODO 1950–2006 Quinquenio Actividad Total de Bienes Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca Explotación de Minas y Canteras Industria Manufacturera 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 a a a a a a a a a a 2000 A 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2006 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67.6 64.5 65.0 60.4 59.6 56.3 54.4 56.2 56.0 54.3 54.0 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.7 0.6 0.7 1.2 1.2 25.4 26.9 28.7 33.0 33.9 34.0 34.7 34.0 32.6 31.6 30.4 5.5 6.7 4.2 4.0 3.6 6.1 6.4 4.3 4.7 5.3 4.1 Electricidad y Agua 1.1 1.4 1.8 2.4 2.7 3.3 3.8 4.9 Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala. 6.0 7.6 10.3 Construcción Se tiene que la principal actividad productiva en la economía nacional, desde tiempos remotos es la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, aunque hoy en día su presencia es menor, cuando manifiesta un comportamiento decreciente en todo el período analizado de un 13.6%, al pasar del 67.6% en 1950-1954 al 54.0% en 2000-2006. 120 Miguel Ángel Castro En cuanto a la segunda actividad productiva que se concentra en la Industria, su tendencia ha sido en sentido contrario ya que en el mismo período se ha remontado del 25.4% al 30.4% que representa un crecimiento del 5.0 %. También se observa que al tomar de manera conjunta ambas actividades (agricultura e industria), éstas han venido experimentando menos participación en la conformación del -PIB- al situarse del 93.0% en 1950-1954 al 84.0% en 2000-2006, hecho que se debe principalmente a la pérdida de dinamismo en la agricultura. Si bien la agricultura y la industria han recorrido tendencias diferentes al interior de la estructura de las actividades productivas, la primera disminuyendo y la segunda creciendo, esto cambia cuando se les relaciona con la totalidad del -PIB- pues allí su participación porcentual como ya se mencionará, en ambos casos es decreciente. Del panorama descrito se infiere que el menor crecimiento de la agricultura, no ha sido cubierto por la industria, y mucho menos por aquellos renglones que de alguna manera desde el punto de vista productivo, se asemejan a la misma que son la construcción, la electricidad, o la minería, lo cual nos muestra que la economía va abandonando con el transcurso del tiempo, aquella peculiaridad del pasado de ser una economía “predominantemente agrícola”, pero que tampoco se encamina hacia una industrialización, representando una contradicción que todavía esta lejos de resolverse. No obstante ello, debe reconocerse que a Guatemala, se le sigue considerando como una sociedad agraria, subdesarrolla por la presencia de factores que van desde el momento en que la tierra es el principal medio de producción y que su población todavía se concentra en el área rural. 121 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 8. Estructura de las actividades improductivas. Estas actividades no forman parte del capital productivo, pero que son necesarias para la realización de la plusvalía creada en la órbita de la producción, puesto que dicha plusvalía existe dentro de ella y fuera de ella. En tal sentido, para el capital no tendría ningún objetivo producir mercancías y plusvalía si no se materializa, por lo que es indispensable trasladarlas al mercado para su compra-venta, ya que esa es precisamente la finalidad que cumple aquella parte del capital que en el ciclo del capital, interviene en la esfera de la circulación. El sector que absorbe la proporción más alta de las actividades improductivas se encuentra en el Comercio al por Mayor y al por Menor. No obstante su participación dentro de ellas, al igual que cuando se le relaciona con el total del -PIB-, en ambos casos manifiesta una disminución. Su comportamiento es del 50.7% en 1950-1954 al 42.4 % en el 2000-2006 significando una caída del 8.3 %. Cuadro No. 6 ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES IMPRODUCTIVAS PERÍODO 1950-2006 Quinquenio Actividad Total Servicios Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Comercio al por Mayor y al por Menor Banca, Seguros y Bienes Inmuebles Propiedad de Vivienda Administración Pública y Defensa Servicios Privados 1950 a 1954 1955 a 1959 1960 a 1964 1965 a 1969 1970 a 1974 1975 a 1979 1980 a 1980 1985 a 1989 1990 a 1994 1995 a 1999 2000 a 2006 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7.3 9.2 9.5 9.9 11.0 12.3 12.7 13.5 15.0 16.0 19.1 50.7 49.5 49.2 52.2 53.2 52.7 49.3 45.7 44.0 43.6 42.4 2.4 16.6 2.8 16.2 4.0 16.0 4.3 14 4.4 11.9 5.5 8.9 6.6 9.0 7.0 9.7 8.0 9.0 9.0 8.2 8.6 8.0 11.9 11.1 11 11.3 10.2 11.1 9.0 10.6 9.0 10.5 9.3 11.3 10.9 11.5 12.6 11.5 13.2 10.8 13.0 10.2 11.7 10.2 Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de Guatemala. 122 Miguel Ángel Castro La magnitud en el crecimiento de las otras actividades improductivas es considerablemente menor, sin embargo algunas de ellas, entre las que figuran el Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; la Banca, Seguros y Bienes Inmuebles, manifiestan una tendencia más dinámica en especial el Transporte al pasar del 7.3% en 1950-1954 al 19.1 % en 2000-2006 En cuanto a las otras actividades improductivas que son Propiedad de Vivienda; Administración Pública y Defensa; y Servicios Privados, se han mantenido relativamente estables en su comportamiento, con excepción de la Propiedad de Vivienda que ha experimentado una caída del 8.6 % cuando en 1950-1954 su participación era de 16.6% y en el 2000-2006 bajo al 8.0 %. Este análisis del grado de participación de cada uno de los renglones identificados con los servicios, tanto en la integración de las actividades improductivas, como en la conformación total del -PIB-, evidencia que el débil e insuficiente comportamiento de la economía nacional por el lado de la producción real, tampoco ocurre por parte del capital improductivo, que no sustituye a aquel, lo cual hace pensar en la necesidad de estructurar con carácter de urgente una política económica de mediano y largo plazo que haga sostenible el crecimiento económico, a efecto de que se constituya en el punto de partida para buscar con efectividad la erradicación de la problemática socioeconómica que el país enfrenta cada vez con mayor profundidad, en la medida en que se deja de hacer. Es indispensable indicar que es en la forma en que esta estructurada la producción, mas que en la esfera de la circulación donde se debe hacer énfasis para obtener un crecimiento sostenido, orientado tanto al mercado interior como exterior. 123 Análisis del -PIBPeríodo: 1950-2006 El Premio Nobel Joseph Stiglitz cuestiona la efectividad del PIB para medir crecimiento de los países** Los instrumentos de medida del crecimiento “sólo compensan a los gobiernos que aumentan la producción material” y no el bienestar, lamentó el economista estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz, a quien el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, encargó el martes una reflexión sobre este tema. “Hace mucho tiempo que existe entre los economistas un fuerte sentimiento de que el producto interno bruto (PIB) no es un buen instrumento de medida”, explicó en una entrevista. “El PIB no mide adecuadamente los cambios que afectan el bienestar, ni permite comparar correctamente el bienestar en los diferentes países”, agregó. Cuando un dirigente político “trata de maximizar el PIB, como el PIB no es un buen instrumento de medida, estará tratando de maximizar algo inadecuado y hasta puede ser contraproducente”, prosiguió. Stiglitz, que es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, confirmó el martes que, a pedido de Sarkozy, presidirá una comisión para estudiar los instrumentos. El “amplio mandato” confiado al académico estadunidense de 64 años, conocido por su franqueza y por sus posiciones altermundistas, apunta a “crear una comisión de estudios sobre cómo medir el bienestar”. ** Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61634. 124 Miguel Ángel Castro Stiglitz contará con el apoyo de otro premio Nobel, el economista indio Amartya Sen, quien participará en estos trabajos que se iniciarán “muy en breve” y terminará “dentro de un año y medio o dos”. El ex economista jefe del Banco Mundial, cuya renuncia en 1999 resonó con gran estrépito, expresó su deseo de que estas investigaciones influyan sobre un área mayor que Francia. “Con un poco de suerte, esto tendrá consecuencias en todo el mundo”, dijo, y añadió “la construcción de instrumentos de medidas complementarias” a los índices actuales ejercerá un impacto “sobre las estadísticas francesas, pero también sobre las de otros países”. Incluso “hay discusiones sobre la posibilidad de que otros países participen o de ampliar” los trabajos”. “La cuestión de si este trabajo se hará sólo con el auspicio del gobierno francés o si otros participantes se unirán a nosotros sigue abierta”, dijo. Para Stiglitz, en efecto, el debate es mundial, y se ha tornado particularmente urgente debido a los problemas causados por el calentamiento del planeta: “y esto nos obliga a repensar las cosas”, comentó. “Los instrumentos tradicionales de medición del PIB no toman en cuenta la degradación del medio ambiente, ni la desaparición de los recursos naturales”, observó. Estos instrumentos, como el PIB, “sólo compensan a los gobiernos que aumentan la producción material, pero si se mejora la calidad de vida, eso no aparece como un aumento de consumo material, entonces no se amplía el PIB y el gobierno es criticado”. A la inversa, un crecimiento del PIB puede disimular una degradación violenta del bienestar de la población, advirtió. 125 Toda correspondencia, suscripciones, colaboraciones y canje por revistas de Ciencias Sociales de cualquier parte del mundo deben dirigirse a: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales -IIESEdificio S-6, 3er. Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12 Telefax: 2476-2880 e-mail: [email protected] Apartado Postal 55-B Guatemala, América Central Los artículos firmados son de la responsabilidad exclusiva de sus autores. Los materiales de esta revista pueden ser utilizados libremente, citándose la fuente. Impreso en Taller del -IIES350 Ejemplares Guatemala, abril 2008.