Justicia Global 9

Transcripción

Justicia Global 9

Justicia Global está conformado por profesores
y estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes y trabaja en red con
universidades, movimientos sociales, ONG, entidades
estatales y organismos internacionales de América
Latina y otras partes del mundo.
Para facilitar el acceso a los documentos, Justicia
Global los publica tanto en formato impreso
como en formato digital gratuito, que puede
ser descargado de la página web del programa
(www.justiciaglobal.info).
Justicia Global 9
Colección Justicia Global
documentos
Co l ecci ón Justicia Globa l
El Programa de Justicia Global y Derechos Humanos
impulsa acciones jurídicas, estudios, cursos e
intervenciones públicas que promueven el derecho
internacional de los derechos humanos.
Este texto compila tres estudios de caso de
organizaciones no gubernamentales (ONG) que
defienden los derechos humanos y que han utilizado
los recursos, oportunidades y marcos legales del
desplazamiento forzado para trabajar por las personas
desplazadas. El estudio introductorio propone que
las ONG de derechos humanos tienen tres tipos
de reacciones frente a la ley: de apropiación, de
adaptación y de resistencia. Así, el primer estudio
de caso describe cómo el Colectivo Mujeres al
Derecho (Colemad) en Barranquilla se ha apropiado
de diferentes regímenes legales para defender
a las campesinas del norte del país. El segundo
estudio relata cómo el Consejo Nacional de Mujeres
Indígenas (CNMI), con sede en Bogotá, ha adaptado
las oportunidades del litigio estructural ante la Corte
Constitucional a las circunstancias particulares
de las mujeres indígenas y, al mismo tiempo, ha
articulado una visión propia del camino a seguir
hacia la vida en armonía. El tercer estudio narra la
resistencia de la Corporación Casa Amazonía (COCA) a
los talleres tradicionales de las ONG con víctimas del
desplazamiento forzado y su apuesta, en cambio, por
talleres que aporten a sanar heridas del pasado.
Los tres estudios, escritos en colaboración con
activistas de cada ONG, muestran las dificultades
y las posibilidades del trabajo desde las ONG
por los derechos humanos de las mujeres
víctimas de desplazamiento forzado.
9
Defensoras de derechos humanos
documentos
Defensoras de
derechos humanos
Tres estudios de casos de ONG
y su respuesta al desplazamiento forzado
Programa de Justicia Global y Derechos Humanos
Universidad de los Andes
Julieta Lemaitre Ripoll, Kristin Bergtora Sandvik,
Luz Estella Romero Villalba, Ana Manuela Ochoa Arias,
Valentina González Villegas, Sandra Vargas Mahecha
Julieta Lemaitre Ripoll
Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes. Abogada de la Universidad
de los Andes con Maestría en Religión y Género de la
Universidad de Nueva York y Doctorado en Derecho
de la Universidad de Harvard.
Kristin Bergtora Sandvik
Investigadora sénior en PRIO (Peace Research Institute
at Oslo), directora del Centro Noruego para los
Estudios Humanitarios, abogada con Maestría
en Derecho y Mujer de la Universidad de Oslo
y Doctorado en Derecho de la Universidad de Harvard.
Luz Estella Romero Villalba
Defensora de derechos humanos, fundadora de la
Asociación Colectivo Mujeres al Derecho. Abogada
con estudios de Maestría en Derechos Humanos del
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
de la Plata, Argentina.
Ana Manuela Ochoa Arias
Indígena kankuama y abogada de la Universidad
de los Andes. Trabajó como abogada becaria de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
actualmente trabaja en la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC).
Valentina González Villegas
Comunicadora social con experiencia de trabajo
en comunidades, acompañando el fortalecimiento
de procesos organizativos para la promoción
y exigibilidad de los derechos humanos,
con énfasis en género y niñez.
Sandra Vargas Mahecha
Comunicadora social, defensora de derechos
humanos, experta en género y niñez.
ISSN 2145-2369
2 1 4 5
PortadaDefensoras.indd 1
2 3 6 9
documentos
15/09/14 22:22
JUSTICIA
GLOBAL 9
Defensoras de derechos humanos
Tres estudios de casos de ONG y su respuesta
al desplazamiento forzado
(Compiladora)
Universidad de los Andes-CIJUS · Peace Research Institute Oslo-PRIO
Documento número 9
JUSTICIA GLOBAL 9
Defensoras de derechos humanos.
Tres estudios de casos de ong y su respuesta al desplazamiento forzado
Director de la colección: César Rodríguez Garavito
Corrección de estilo: Tatiana Grosch
Diagramación interna: Angélica Ramos
Diseño original de cubierta: Alejandro Ospina
Diagramación de cubierta: Angélica Ramos
Foto de cubierta: Sandra Vargas Mahecha
© Universidad de los Andes, Facultad de Derecho
Ediciones Uniandes
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: 3394949, ext. 2133
http://ediciones.uniandes.edu.co
[email protected]
ISSN: 2145-2369
Impresión:
Editorial Kimpres Ltda.
Bogotá, D. C., Colombia
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio,
sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso
previo por escrito de la editorial.
CONTENIDO
Estudio introductorio
Apropiación, adaptación y resistencia:
Las ong de derechos humanos ante la ley
Julieta Lemaitre Ripoll, Kristin Bergtora Sandvik
Las ong y los marcos legales: tipos ideales de encuentro
9
15
Apropiación
16
Adaptación
17
Resistencia
19
Elementos comunes del trabajo de las ong
20
Conclusión
22
Referencias
23
El derecho como herramienta organizativa
El Colectivo Mujeres al Derecho y las líderes
de reclamación de tierras
Julieta Lemaitre Ripoll, Luz Estella Romero Villalba
27
Primera parte: El surgimiento del Colectivo
de Mujeres al Derecho (Colemad)
30
Primera sensibilización al “despojo legal”
de tierras en Colombia
31
El potencial social del derecho:
origen del Colectivo Mujeres al Derecho
34
Los primeros proyectos
35
La violencia en Barranquilla
37
Nace el Colectivo Mujeres al Derecho
38
Los primeros casos de despojo por vía legal
40
Espacio de confluencia multicultural
42
La apertura hacia las redes nacionales y regionales
de organizaciones de mujeres y víctimas del conflicto armado
44
Segunda parte: Ser abogadas de comunidades de base
46
Pedagogía de la documentación
47
La oficina como espacio de encuentro y movilización
50
La representación es crear espacios para que las líderes
campesinas sean escuchadas
51
Dificultades cotidianas
53
Conclusiones: Por una práctica feminista del derecho
54
Referencias
55
El Consejo Nacional de Mujeres Indígenas
Retomando el camino para la defensa
de la vida buena y en armonía
57
El origen, composición y funciones del Consejo Nacional
de Mujeres Indígenas (cnmi)
61
Primer planteamiento: La mujer es sagrada
en las cosmovisiones indígenas
67
Segundo planteamiento: Las mujeres son protagonistas
de la organización y el gobierno indígena
70
Tercer planteamiento: El conflicto armado destruye
el sustento material y espiritual de las mujeres indígenas
76
Conclusión: El cnmi hacia el futuro
80
Referencias
83
Corporación Casa Amazonía
El taller como remedio
Valentina González Villegas, Julieta Lemaitre Ripoll,
Sandra Vargas Mahecha
85
Origen de la Corporación Casa Amazonía (coca)
90
El diagnóstico de la violencia con la Alianza
Departamental de Mujeres del Putumayo
93
Crítica al sistema
95
Nuevos talleres
96
Una relación afectiva extendida en el tiempo:
el ejemplo de los talleres con niños y niñas
98
La construcción de relaciones horizontales
con las líderes sociales
100
La sanación como medio y como fin:
el camino de las mujeres medicina
102
Conclusión: Una búsqueda que persiste
104
Referencias
106
Apropiación, adaptación y resistencia:
Las ong de derechos humanos ante la ley
Kristin Bergtora Sandvik
En el periodo entre el 2002 y el 2012, el desplazamiento forzado
tuvo un impacto enorme en el quehacer de muchas de las organizaciones
no gubernamentales (ong) de derechos humanos en el país. No sólo se
crearon ong especializadas para atender la problemática desde diferentes
frentes, sino que procesos organizativos, que en otras circunstancias quizá
hubieran tenido otro rumbo, se volcaron hacia el desplazamiento forzado
y la crisis humanitaria. En términos de las ong de mujeres, por ejemplo,
es difícil encontrar por estos años una ong feminist que no haya tenido
por lo menos un proyecto con mujeres desplazadas o, de forma más reciente, con la misma población llamada ahora víctimas del conflicto armado.
Además, se formaron redes nacionales o regionales, entre las cuales quizá
las más reconocidas son la Mesa Mujer y Conflicto Armado y la Mesa de
Seguimiento del Auto 092. El impacto del desplazamiento se extendió a
otras ong de derechos humanos, como son las de derechos civiles y políticos, las de minorías étnicas y las de alivio de la pobreza.
Las razones para el impacto del desplazamiento sobre las ong son
múltiples: una razón central, sin duda, es que, a nivel de base, el desplazamiento forzado se convirtió en un problema visible y acuciante en las
barriadas pobres donde trabajan muchas ong y entre las poblaciones vulnerables que a menudo representan. La llegada diaria de familias desposeídas, el surgimiento de barrios de desplazados con escasos servicios y la
12
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
resistencia de la población local son parte de la problemática cotidiana.
De acuerdo con los datos oficiales, más de seis millones de colombianos se
han registrado como víctimas del conflicto armado, un número que sigue
creciendo.1 La gran mayoría son campesinos y pobladores rurales que han
debido abandonar sus tierras y formas de vida.2 De hecho, Colombia tiene
el número de desplazados forzados más grande del mundo, y el desplazamiento no cesa. Además las cifras son controvertidas: el número estimado
de desplazados para el 2012, por ejemplo, varía entre 90.150 (según el
Gobierno) y 256.590 (según algunas ong especializadas).3
El desplazamiento afecta a las personas de manera diferenciada, llamando la atención de las ong que atienden poblaciones específicas, como
habitantes de barrios populares, mujeres o minorías étnicas. La mayor parte de los desplazados son grupos familiares e individuos que han huido a
las ciudades, ya sea a ciudades pequeñas o intermedias en sus propias regiones o a las grandes ciudades, como Bogotá, Cali o Medellín, donde llegan
a formar parte de los barrios populares empobrecidos. Además de la lucha
diaria por sobrevivir en los mercados informales de trabajo y vivienda, y
de intentar acceder a los programas de alivio de pobreza (Ibáñez y Moya
2010), los desplazados se enfrentan a diversos tipos de discriminación por
su origen rural y su raza, así como, a menudo, por sus identidades políticas,
ya que según la zona de origen se les asocia con la guerrilla, los paramilitares y los cultivadores de coca. Las mujeres y las niñas corren riesgos específicos a su género, como la violencia sexual y la mala salud materna, y tienen
mayor riesgo de perder su propiedad sin ninguna compensación (Meertens
2010; oas 2006; Comisión de Memoria Histórica, 2010, 2011). Las minorías étnicas, que son víctimas de desplazamiento en mayor proporción
que blancos y mestizos, además, sufren la pérdida de sus redes tradicionales
de apoyo y de subsistencia.
Otra razones importantes para el impacto del desplazamiento sobre
las ong han sido, primero, las oportunidades políticas generadas por la intervención de la Corte Constitucional, y segundo, la destinación de fondos
1
El Gobierno colombiano tiene un sistema de datos abierto al público en: www.unidadvictimas.
gov.co/index.php/component/content/article/79-noticias/105-disponibilidad-de-ayuda-humanitaria-victimas-del-desplazamiento
2
La cifra total es similar para las organizaciones de la sociedad civil como la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). En el 2012, por ejemplo, Codhes estimó que
idmc (2014).
3
La diferencia se explica con la exclusión de las víctimas del desplazamiento intraurbano causaVacía (2013).
J U STI C I A GLOBAL
nacionales e internacionales para apoyar el trabajo con población desplazada. En el primer caso, como es bien conocido, la Corte adoptó en la Sentencia T-025 de 2004 la decisión de hacer seguimiento al desplazamiento como
un estado de cosas inconstitucional, presionando al Gobierno Nacional a
través de autos y de audiencias de seguimiento para que le prestara atención
al fenómeno (Rodríguez y Rodríguez 2010). Por otra parte, si bien no hay
datos concretos sobre los fondos del Gobierno, donaciones y cooperación
invertidos en la crisis humanitaria, en las entrevistas que realizamos se estableció que los fondos, aumentaron para los desplazados y que muchos se
abrían para solicitudes de las ong que propusieran proyectos de atención y
organización de personas desplazadas. También es claro que existieron a la
sombra de la legitimidad que brindó el proceso con la Corte Constitucional.
Estas circunstancias nos permiten, en una primera instancia, analizar la compleja relación entre las organizaciones de un movimiento social
(en este caso el movimiento nacional de defensores de derechos humanos)
y las leyes y decisiones jurisprudenciales. Existe una amplia literatura académica en inglés, y una incipiente en español, que utiliza los conceptos
de recursos, encuadre (marcos) y oportunidades políticas para describir
el uso del derecho por parte de los movimientos sociales.4 Los marcos o
encuadres se refieren a la construcción de significados, en particular de
significados que permiten a las personas identificar la injusticia (Snow y
Benford 1988, 2000; Gamson 1992; McAdam 1982). Los recursos se refieren al capital humano, simbólico y material que está a disposición de
las organizaciones para el cambio social, como son las redes de conocidos,
los fondos de donantes y miembros, lugares físicos y prestigio (McCarthy
y Zald 2001). Las oportunidades políticas se refieren a la creencia de los
miembros de un movimiento social que el sistema está abierto al cambio,
y que es posible lograr el cambio a través de la acción colectiva (McAdam
1982; Tarrow 1998). Cuando se trata del uso del derecho como generador de recursos, marco u oportunidad (y en ocasiones con todas estas
dimensiones), la literatura especializada habla de movilización legal, definida como la búsqueda del cambio social a través del uso de las normas,
discursos y símbolos legales, sin limitarse al litigio sino extendido a su uso
en foros políticos y públicos no especializados en derecho.5
4
Dos revisiones de la literatura recientes son: Vanhala (2011) y Tsutsui, Whitlinger y Lim (2012).
Ver también: Da Silva y Terrazas (2011); Graham, Borg y Miller (2012); Rowen (2012); y Moustafa (2013).
5
La revisión de Vanhala (2011) es muy completa. El contexto es particularmente importante para
13
14
A partir de esta literatura internacional, decidimos investigar sobre
el uso del derecho por las mujeres desplazadas en Colombia. Así, entre el
año 2009 y el 2013 adelantamos una amplia investigación sobre las formas
organizativas de mujeres desplazadas y su uso de los derechos concedidos
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, así como en
los autos de seguimiento.6 La investigación utilizó diversos métodos para
caracterizar estas formas organizativas, realizando entrevistas semiestructuradas de líderes de base, activistas y funcionarios gubernamentales, observaciones participantes en reuniones, eventos y campañas, estudios de
caso puntuales y encuestas colaborativas. Recogimos un amplio universo
de datos cuantitativos y cualitativos y los confrontamos con la literatura
secundaria disponible, las historias de prensa y la literatura gris producida
por las ong y entidades gubernamentales. A partir de esta codificación,
organizamos de forma inicial los datos en cuatro publicaciones cortas: el
primero sobre la Liga de Mujeres Desplazadas en Bolívar, el segundo sobre
la Mesa de Víctimas de Mocoa, Putumayo, el tercero es el presente, que
recoge tres estudios de caso de tres ong, y el cuarto recoge un mapa de las
organizaciones de base y nuestras conclusiones del proyecto.
Esta tercera publicación de la serie de estudios de caso Justicia Global da una muestra de las numerosas ong que trabajan directamente con
comunidades desplazadas y empobrecidas en el país. En el periodo de estudio encontramos que estas ong respondieron de diferentes formas a la
nueva situación, en especial en el periodo 2004 (cuando se inicia el litigio
estructural) a 2011 (cuando se adopta la Ley de Víctimas). Inicialmente
recogimos información de quince ong alrededor del país, a partir de sus sitios de internet, publicaciones y apariciones en prensa.7 Identificamos estas
quince por medio de entrevistas a 68 líderes de mujeres desplazadas, que
las mencionaban como organizaciones que las habían ayudado de forma
importante en diferentes momentos.
De este grupo de quince iniciales escogimos tres ong para realizar
los respectivos estudios de caso. El criterio de escogencia fue triple. Primero,
El grupo de investigadores de la Universidad de los Andes y prio estuvo conformado por las autoras de este texto (Julieta Lemaitre Ripoll y Kristin Bergtora Sandvik), tres investigadores que eran
estudiantes de posgrado de la Universidad de los Andes (Eva Sol López, Juan Pablo Mosquera
y Juliana Vargas) y dos asistentes de investigación que eran estudiantes de pregrado (Hernán
Ramírez y Lucía Murgueytio).
7
Las quince a las que les hicimos este seguimiento fueron: Codhes, Humanas, Sisma Mujer, Deimp), Fondo de Acción Urgente-Colombia,
ccj,
Afrodes, onic, pcn, y Andescol.
como en todo el proyecto, buscamos las “mejores prácticas”, por eso escogimos las ong que las mujeres de base entrevistadas identificaron como
especialmente útiles o importantes para sus vidas y sus propios procesos
organizativos. Segundo, queríamos darle visibilidad a organizaciones y experiencias poco conocidas en el país, para aportar a la literatura, información y análisis sobre organizaciones de base. Tercero, queríamos estudiar
organizaciones cuyo uso del derecho ejemplifica una forma particular de
relacionarse con el derecho, es decir, un tipo de movilización legal. En la
siguiente introducción presentaremos las formas-tipo de relacionarse con
el derecho que encontramos a lo largo de nuestro estudio8 y que se ejemplifican, en su complejidad, por las tres ong objeto de estos estudios de caso.
Las ong y los marcos legales:
tipos ideales de encuentro
Los tres estudios de caso acumulados en este trabajo presentan de
manera detallada distintas formas de impacto del desplazamiento forzado
sobre el trabajo de las ong de derechos humanos a nivel local. Sobre el criterio de selección debemos aclarar que surge primero de una muestra “bola
de nieve” con la cual identificamos, siguiendo las referencias de las organizaciones de base de mujeres desplazadas, cuáles eran las ong más reconocidas en este trabajo a nivel local. Segundo, por la imposibilidad material de
hacer un censo de estas ong adicional al censo que ya estábamos haciendo
de las organizaciones de base, nos limitamos a aquellas que tenían presencia en los lugares donde estábamos trabajando y que eran mencionadas por
las líderes de las organizaciones de base con las que trabajábamos, o que
aparecían en la prensa y las sentencias de la Corte Constitucional. A pesar
de que identificamos varias ong de carácter nacional, nuestro contacto
con las ong de derechos humanos fue a nivel local y no a nivel nacional,
dejando por fuera las grandes ong defensoras de derechos humanos de las
mujeres, cuyo trabajo es bien conocido y documentado, como son: Sisma
Mujer, Humanas, Ruta Pacífica e Iniciativa de Mujeres por la Paz (imp).
Así, nuestro aporte se concentra en el tipo de trabajo que hacen las ong
defensoras de derechos humanos más pequeñas y de ámbito local.
Este estudio de caso se basa en la investigación conjunta de prio (Oslo, Noruega) y la Facultad
de Derecho de la Universidad de los Andes, en la que exploraron el impacto de la organización
Consejo de Investigación Noruego (2010-2014).
15
16
Los tres estudios de caso que aquí se presentan, además de dar cuenta de esta clase de esfuerzos locales, representan tres tipos de relación de las
ong con el derecho y las reformas legales. Identificamos estos tipos como:
apropiación, adaptación y resistencia. Con apropiación hacemos referencia
al uso estratégico de las oportunidades y recursos disponibles para alcanzar
las metas de justicia social que se han propuesto las ong, y hacerlo respondiendo de manera, por lo general hábil y rápida, a las oportunidades
que surgen, tanto políticas como de convocatorias de financiación. Con
adaptación hacemos referencia a las ong que tienen trazados unos objetivos que no son de respuesta a la coyuntura (en este caso, la coyuntura del
desplazamiento) y, sin embargo, encuentran maneras hábiles de entretejer
sus propios objetivos con los planteados por financiadores y funcionarios
públicos para responder a la crisis humanitaria. Por último, la respuesta
que llamamos de resistencia, sin evitar el problema en cuestión, propone
marcos de referencia que no son los dominantes y, por lo tanto, se marginan de las oportunidades políticas y los recursos que surgen en torno a
los marcos de comprensión propuestos por la ley y la jurisprudencia. A
continuación explicamos cada uno de estos tipos.
Apropiación
El primer tipo de relación que detectamos fue el uso estratégico
de las oportunidades políticas y los recursos disponibles. En este tipo de
relación nos encontramos con ong de profesionales que trabajan en causas
sociales y cuya acción de forma deliberada encaja con las referencias legales
y políticas, lo que se puede manifestar en el nombre de la organización, en
la manera como sus documentos internos y publicaciones citan las leyes y
decisiones de la Corte Constitucional como fundamento, y en la explicación de su actuar en documentos, sitios de internet, presentaciones públicas y solicitudes de financiación. En el caso del desplazamiento forzado,
por ejemplo, nos encontramos con muchas pequeñas ong que manifiestan
trabajar por los desplazados, y que lo hacen en el marco de la Ley 397 de
1997 y de las decisiones de la Corte (en particular la T024 de 2005 y sus
autos de seguimiento).
Sin embargo, se trata de un tipo ideal y las ong no se limitan a apropiarse de los marcos legales, sino que, en la práctica, al tiempo que se apropian de los marcos, oportunidades y disponibilidad de recursos, también
los adaptan y transforman. El estudio de caso que escogimos para representar la apropiación de las ong de derechos humanos a los marcos legales y
jurisprudenciales del desplazamiento forzado es también el caso de una ong
que adapta y transforma los marcos en respuesta a las demandas de la población con la cual trabaja. Sin embargo, consideramos que es antes que nada
un excelente ejemplo de apropiación de los discursos legales y de las leyes.
Así, el primer estudio de caso es sobre el Colectivo de Mujeres al
Derecho (Colemad), cuyo inicio, en la primera década del 2000, se da en
dos líneas tradicionales de trabajo de las ong: asistencia legal a desplazados
y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, como describe
el estudio de caso, por razones de seguridad y también por el contacto
directo con comunidades campesinas y su problemática, las abogadas del
Colemad hacen el tránsito de asistencia a desplazados y mujeres víctimas
de violencia a la organización y asistencia legal a comunidades campesinas.
A partir del 2010, Colemad siguió trabajando con algunas comunidades desplazadas, pero ese no es el criterio aglutinador de su práctica. Esta
ong se apropia de las normas y cabildea para modificarlas, en respuesta a
las necesidades legales de comunidades campesinas que no están cohesionadas por la experiencia del desplazamiento o la resistencia al mismo, sino
por la pérdida de la propiedad de la tierra por deudas. Es una problemática
que no encuadra del todo con el aparato legal que responde al desplazamiento, pero cuya articulación por parte de las abogadas del Colemad
coincide con el surgimiento de la justicia transicional y en particular de la
Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Ellas, de forma hábil, hacen cabildeo
para la inclusión en la Ley 1448 para la condonación de deudas agrarias a
las personas que han sido víctimas de despojo y violencia en el campo. Al
mismo tiempo, en algunos casos, continúan haciendo uso de la jurisdicción constitucional y de la calidad de desplazados como sujetos de especial
protección constitucional, y operando los nuevos y viejos mecanismos del
derecho administrativo para la reparación. Con el ejemplo del Colemad
queremos mostrar que el apropiamiento del derecho no es una actitud
pasiva, sino que implica el desarrollo de estrategias que respondan tanto a
las necesidades reales de los grupos con los que se trabaja, como a las oportunidades de incidencia y financiación que se presentan.
Adaptación
Otras ong, por diversos motivos, no tienen una respuesta ágil al
surgimiento del desplazamiento como foco de interés de las políticas públicas y de los donantes. En cambio tienen otras agendas que, si bien pueden
tener en la práctica puntos en común con la situación de los desplazados,
17
18
excluyen la posibilidad de dedicar todas las acciones de la ong a responder
a este problema. Así, por ejemplo, hay ong enfocadas a defender los derechos de las mujeres, indígenas, afrocolombianos y otras minorías, y para
las cuales el desplazamiento, o la justicia transicional, no es ni puede ser el
tema principal de su accionar. Algo similar le sucede a las ong dedicadas
al alivio de la pobreza por medio de estrategias específicas, por ejemplo,
el alivio de la pobreza a través de la atención a los niños y niñas, de la
construcción de huertas urbanas, de la prestación de servicios de salud
primaria, etc.
Estas ong, si bien no se dedican al tema de los desplazados, sí han
respondido a la importancia del problema para la política pública y para
los financiadores, adaptando sus programas en la medida de lo posible para
crecer y fortalecerse. Así, por ejemplo, muchas ong que promueven los
derechos de las mujeres hacen proyectos para mujeres desplazadas, otras
que protegen los derechos de los niños y las niñas hacen proyectos para la
población infantil desplazada y otras dedicadas a minorías étnicas producen informes sobre la forma como las afecta el desplazamiento forzado, etc.
A este tipo de respuesta lo llamamos de adaptación, ya que las ong adaptan
los marcos legales y las oportunidades políticas para crecer y fortalecerse
como organizaciones.
El segundo estudio de caso que nos ocupa refleja la respuesta de
adaptación. Una vez más, como se trata de tipos ideales, el estudio de caso
no es exclusivamente de adaptación, pues también hay señales de resistencia, es decir, de un apartarse deliberado del tema del desplazamiento y la
reparación como marcos legales. El estudio de caso es del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas (cnmi), que no es propiamente una ong sino
un órgano de una ong más grande y compleja, que es la onic. La onic es,
además de una ong de defensa de los derechos de los pueblos indígenas,
la autoridad nacional para estos pueblos y su representante en escenarios
nacionales e internacionales. El estudio de caso muestra cómo una parte
de la onic, el cnmi, se fortalece a partir de la adaptación de los discursos
de derechos de las mujeres y de respuesta al desplazamiento y al conflicto armado. Así, por ejemplo, el cnmi ha tenido una cierta autonomía,
tanto política como presupuestal, al ser contratado para la socialización
de los autos de la Corte respecto a los derechos de los desplazados (por
ejemplo, Auto 092). También ha tenido una participación diferenciada
en la consulta previa de la Ley de Víctimas para pueblos indígenas, utilizando el espacio para traer allí sus propias preocupaciones sobre las mujeres indígenas.
Estos procesos legales, que no son litigios sino instancias de participación (consulta y socialización), han sido importantes oportunidades
de visibilidad política y financiación para el grupo. Las mujeres del cnmi
han adaptado los discursos dominantes sobre mujeres, desplazamiento y
conflicto armado a su calidad de mujeres indígenas, y los han subsumido
en una preocupación más amplia por “la defensa de la vida buena y la
armonía”, como dice el título del estudio de caso. Así, los talleres de socialización les han permitido la formulación de un planteamiento propio sobre
la situación de las mujeres indígenas, planteamiento que incluye tanto la
insistencia en la importancia de las mujeres dentro del pensamiento y la
organización indígena, como la preocupación por el impacto diferenciado
del conflicto armado en el desplazamiento y otras violaciones de derechos
de las mujeres indígenas.
Resistencia
El tercer tipo de relación en el marco legal del desplazamiento forzado que encontramos en nuestro trabajo de campo fue el de la resistencia.
Con ello nos referimos a las ong que, inicialmente o con el tiempo, producen un planteamiento propio sobre la situación —diferente al promovido
por la Corte Constitucional y las agencias internacionales— y se resisten
a definirla como un problema de derechos humanos. Las diferencias planteadas por estas ong son de diverso tipo: por ejemplo, algunas tienen un
análisis de clase del desplazamiento forzado y lo ven esencialmente como
una forma de expropiación y proletarización del campesinado, más que
una cuestión de crisis humanitaria. Otras tienen un enfoque puramente
ambiental, y su análisis del desplazamiento coloca en el centro del problema los megaproyectos de explotación de hidrocarburos, de minería,
represas y grandes proyectos agroindustriales que requieren no sólo la expulsión de los campesinos o su vinculación como mano de obra, sino la
degradación irreversible del medio ambiente, preocupación central de su
actuar. Así, resisten la definición de la problemática dentro del marco de
derechos constitucionales violados, crisis humanitaria, desplazamiento y
conflicto armado.
El estudio de caso de resistencia que se incluye aquí es el de una
pequeña ong ubicada en Mocoa, Putumayo, y que trabaja con mujeres y
niños del sur del país: la Corporación Casa Amazonía o coca. Como se indicó en los otros estudios de caso, los tipos planteados son ideales y por eso
los ejemplos concretos no son tipos puros, de manera que coca también
19
20
ha tenido periodos de apropiación y de adaptación. Sin embargo, con los
años, su marco de comprensión del problema, que se ha radicalizado, es
de resistencia a las formas de asistencia humanitaria que han dominado la
respuesta al desplazamiento forzado.
La resistencia de coca se centra en su crítica a la militarización de la
vida cotidiana y a la adopción de valores castrenses, de la mano del deterioro del medio ambiente, la explotación destructiva de los recursos naturales
y la extinción de los pueblos indígenas. Su planteamiento es una reconstrucción de las cosmovisiones indígenas adaptadas al feminismo cultural,
de manera que el llamado a las propiedades curativas de la naturaleza como
madre y a los remedios tradicionales de las comunidades sirva para superar
las heridas del conflicto en indígenas y mestizos, y para una revalorización
de los valores femeninos de cuidado, afectividad y ternura contra la militarización de la vida cotidiana en el sur del país. Es un replanteamiento que
no cabe dentro de los marcos legales planteados, y por eso lo escogimos
como un ejemplo de resistencia.
Elementos comunes del trabajo de las ong
Los tres estudios de caso escogidos también tienen elementos comunes del trabajo de las ong en Colombia. Un primer elemento común
es que a menudo resultan dentro de proyectos financiados por la cooperación internacional con o sin la anuencia del Estado, participando en lo
que llamamos la privatización del trabajo social. Así, las ong, las comunidades de base, las fundaciones y agrupaciones de voluntarios a menudo
suplen el vacío de programas sociales del Estado, brindando educación,
asistencia legal, alivios de pobreza, servicios de salud y otros bienes y servicios públicos.
Esta privatización del trabajo social se hace a partir de fuentes de
financiación erráticas y que en muchas ocasiones no contemplan la seguridad laboral y los derechos laborales (pensiones, salud y cesantías) de
las trabajadoras de las ong. Estas deben, a partir de la financiación de
proyectos puntuales, financiar su propio sostenimiento así como el de sus
oficinas. Esto se hace en el día a día, a partir de proyectos que deben ser
ejecutados con contabilidades precisas y con productos medibles para los
financiadores, como son los talleres, informes de actividades y financieros,
publicaciones y eventos de difusión, que informan sobre la actividad diaria
de las ong.
Los tres estudios de caso dan cuenta del trabajo de las ong, de sus
proyectos y, por ende, de la financiación recibida para su trabajo, y la manera como los fondos son utilizados para los diversos proyectos descritos.
Los tres estudios de caso también dan cuenta de la forma como las ong van
más allá de la financiación puntual, Colemad, por ejemplo, al desarrollar
nuevas formas legales para hablar y comprender la destitución de tierras,
coca al plantear relaciones afectivas que permanecen en el tiempo con las
personas que asisten a sus talleres, y el cnmi al articular planteamientos
propios sobre las mujeres indígenas.
Encontramos, además de la privatización del trabajo social descrita
y de la necesidad de financiarse con proyectos, dos elementos adicionales
comunes al accionar de las ong. El primero es la tensión fluctuante con las
comunidades de base a las que sirven, donde un dato ineludible es que las
profesionales de las ong tienen trabajo y viven en mejores condiciones que
las comunidades. Cuando a esto se le agregan diferencias de clase y de raza
las tensiones pueden crecer, y deben ser resueltas por las ong. El segundo
problema común es el fantasma de la inseguridad.
Por circunstancias que no han recibido suficiente atención en el
país, el trabajo de las ong está a menudo rodeado de inseguridad. Esta
proviene, en primer lugar, del control social de los actores armados sobre
la población, que incluye el control social sobre las ong que sin el permiso
del actor armado trabajan con la población controlada. Así, la inseguridad
puede provenir de las Fuerzas Armadas y de Policía que ejercen funciones
de fuerzas de seguridad y que sospechan de las identidades políticas de los
trabajadores de las ong. También proviene de estas mismas fuentes cuando, además de ejercer las labores propias de su cargo, tienen alianzas con
grupos armados al margen de la ley, como bandas criminales y paramilitares, y sienten amenazadas estas alianzas ilegales por la presencia local de las
ong. Otra fuente posible de inseguridad son los mismos grupos armados al
margen de la ley, en especial en las zonas donde tienen un relativo control
de la población, como en las zonas de las fronteras de expansión agrícola
y las barriadas pobres de grandes ciudades. En estos casos también, a menudo, perciben a las ong como una amenaza a su control de la población.
Además de provenir de los diversos actores armados, la inseguridad también proviene de personas no armadas, con poca capacidad para
cumplir las amenazas de muerte, pero cuyo accionar es en todo caso intimidante. El largo conflicto armado ha traído como consecuencia que las
amenazas de muerte en ciertos sectores de la población sean cotidianas,
tanto es así que volantes, llamadas y mensajes amenazantes son parte de
21
22
la vida cotidiana de los defensores de derechos humanos.9 Estas se utilizan
como formas de dirimir conflictos entre ong, entre ong y pobladores de
base, entre las comunidades mismas y, en ocasiones, al interior de las familias y las parejas. Así, la inseguridad que producen las amenazas, y el no
saber si provienen de una fuente realmente dispuesta a cumplirlas o no,
generan un ambiente común de inseguridad.
Los tres estudios de caso que presentamos dan cuenta de las dimensiones de inseguridad en que realizan su trabajo las ong. Las mujeres del
Colemad vivieron el control paramilitar en el departamento del Atlántico,
incluyendo el asesinato de amigos y conocidos y el seguimiento por parte
de fuerzas de seguridad de origen poco claro. Las mujeres de coca llegaron
a Mocoa después de vivir la entrada del control paramilitar en el norte del
país, y han trabajado en un contexto altamente militarizado y marcado por
el conflicto armado, que en ocasiones ha resultado en confusas amenazas
en correos y mensajes telefónicos. Las mujeres del cnmi son sobrevivientes
de diversas violencias y las comunidades a las que pertenecen se han visto
asediadas por los actores del conflicto. La inseguridad, como vimos también en el estudio más amplio sobre organizaciones de base, es parte de la
vida cotidiana.
Conclusión
Consideramos que los tres estudios de caso propuestos son un insumo tanto para la autorreflexión de las ong que se enfrentan a los nuevos
marcos, oportunidades políticas y recursos que surgen de la ley y la jurisprudencia, como para las personas interesadas en comprender mejor el
trabajo cotidiano de las ong. Tanto Colemad como coca y el cnmi han
enfrentado retos comunes a las ong defensoras de derechos humanos en
Colombia y otras partes del mundo: presentar proyectos para conseguir
recursos, ejecutar los proyectos y presentar informes en contextos cambiantes, mantener el compromiso de los miembros que en ciertas épocas
trabajan pro-bono —y que tiene que enfrentar sus propias experiencias
difíciles de vida en medio de la violencia—, manejar la relación con las
9
En el Auto 09 de 2013, la Corte Constitucional hace una cuidadosa recopilación de los numerosos informes sobre ONG defensoras de derechos humanos y los riesgos que corren en Colombia.
armados ilegales”.
comunidades y líderes, hacer talleres y publicaciones por exigencia de las
financiadoras más que por decisión propia y, sobre todo, encontrar la forma de sobrellevar todas estas dificultades. Creemos que estas descripciones
detalladas son útiles tanto para el autorreconocimiento de las trabajadoras
de las ong como para las personas que por su juventud o por un cambio de
orientación profesional se acercan por primera vez al mundo de las ong de
derechos humanos.
Además, la tipología que proponemos —apropiación, adaptación
y resistencia— nos parece útil para discusiones académicas sobre la movilización legal. La literatura internacional y nacional sobre este tema se ha
concentrado en dar cuenta del impacto de las campañas de algunas ong
para cambiar y usar el derecho en beneficio de una población (el modelo
que llamamos apropiación), pero poco se ha estudiado la manera como las
organizaciones de los movimientos sociales adaptan los cambios legales a
sus agendas o se resisten a ellos. Este estudio introductorio espera ser útil
en ese sentido, y también para las ong que quieran debatir internamente
sus propias formas de apropiarse, adaptar o resistir el derecho.
Para terminar, queremos agradecer especialmente a las autoras-activistas de este trabajo: Valentina González, Luz Estella Romero, Sandra
Vargas y Ana Manuela Ochoa. Tanto nosotras como las y los estudiantes con los que trabajamos aprendimos enormemente en estos años de su
compromiso y nos inspiraron cada día que estuvimos juntos. Esperamos
que este trabajo, del cual son autoras, sea tanto un reflejo de una época
como un tributo a su dedicación y valentía.
Referencias
Arango, Rodolfo. “Cesación de la situación de desplazamiento por goce
efectivo de derechos fundamentales”, en Cepeda, Manuel José (comp.),
Desplazamiento forzado: Reflexiones para salir de la encrucijada, Universidad de los Andes, Bogotá, 2012.
Cepeda, Manuel José (comp.). Desplazamiento forzado: Reflexiones para salir de la encrucijada, Universidad de los Andes, Bogotá, 2013.
Churruca, Cristina y Meertens, Donny. Desplazamiento en Colombia: prevenir, asistir, transformar. Cooperación internacional e iniciativas locales,
La Carreta Social, Bogotá, 2010.
Codhes. Desplazamiento creciente y crisis humanitaria invisible, Documentos Codhes 25, Bogotá, 2012.
23
24
Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Segunda Sección, Subsección B, marzo 29, archivo No. 11001-03-15000-2012-00031-00.
Colombia, Ministerio del Interior. “Fueron elegidas delegadas al Comité
de Evaluación de Riesgos”, 13 de diciembre del 2013. Disponible en:
http://mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/fueron-elegidas-delegadas-al-comite-de-evaluacion-de-riesgos
Grupo de Memoria Histórica. La tierra en disputa. Memorias del despojo y
resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010, Taurus, Bogotá,
2010.
___. Mujeres en la guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano
Taurus, Bogotá, 2011.
Comisión de Seguimiento (2008b). “Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos a la población en situación de desplazamiento”, Bogotá, 2008.
Comisión de Seguimiento. “Octavo informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos a la población en situación de desplazamiento”,
Bogotá, 2010.
Dejusticia, et al. Reparación en voz de las mujeres desde la región, Dejusticia, Bogotá, 2010. Disponible en: http://www.dejusticia.org/index.
php?x=0&modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=7
73&lang=es
Departamento de Protección Social. Estadísticas generales, 2102. Disponible en: http://www.dps.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.
aspx?idRpt=2. Consultado el 31 de agosto del 2012, con información
actualizada hasta el 31 de marzo del 2011.
El Heraldo. “Comisión Interamericana de dh de la oea evaluará despojo de
tierras a mujeres del Caribe”, 13 de octubre del 2011. Disponible en:
http://www.elheraldo.co/regi-n/comisi-n-interamericana-de-dh-de-laoea-evaluar-despojo-de-tierras-a-mujeres-de-la-regi-n-car
Fals Borda, Orlando, et al. Causa popular, ciencia popular, La Rosca, Bogotá, 1972.
___ “The Challenge of Action Research”, en Development: Seeds of Change,
No. 1, Roma, 1981, pp. 55-61.
___ (1986a). Conocimiento y poder popular: Lecciones con campesinos de
Nicaragua, México y Colombia, Siglo xxi, Bogotá, 1986.
___ (1986b). “La investigación-acción participativa: política y epistemología”, en Álvaro Camacho G. (ed.), La Colombia de hoy, Cerec, Bogotá,
1986, pp. 21-38.
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed, Herder & Herder, Nueva York, 1970.
Garay, Luis Jorge. La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, Avina, Grupo Método y Transparencia por Colombia, Bogotá,
2008.
Human Rights Watch. “Colombia: Victims Face Reprisals for Reclaiming
Land”, 17 de septiembre del 2013. Disponible en: www.hrw.org/
news/2013/09/17/colombia-victims-face-reprisals-reclaiming-land
Ibáñez, María y Moya, Andrés. “Vulnerability of Victims of Civil Conflicts: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia”,
38:4 World Development, 2010, pp. 647-663.
idmc. “Colombia: Displacement Continues Despite Hopes for Peace,”,
2014. Disponible en: http://www.internal-displacement.org/8025708
F004BE3B1/(httpInfoFiles)/2F43ED1D25D94FC2C1257C620034
668D/$file/201401-am-colombia-overview-en.pdf
La Silla Vacía. “Las cifras que no cuadran sobre el desplazamiento”, 13 de
junio del 2013. Disponible en: http://lasillavacia.com/queridodiario/
las-cifras-que-no-cuadran-sobre-el-desplazamiento-45005)
Meertens, Donny. “Forced Displacement and Women’s Security in Colombia”, 34 Disasters Rev, 2010, pp. 147-164.
Medina, Pablo. “asi, Afrovides y aico, fábrica de avales”, La Silla Vacía.com,
10 de abril del 2011. Disponible en: http://lasillavacia.com/historia/
asi-afrovides-y-aico-fabricas-de-avales-28163
Rodríguez, César y Rodríguez, Diana. Cómo la Corte Constitucional cambió
el desplazamiento forzado, Dejusticia, Bogotá, 2010.
Ruiz-Bravo, Patricia y Barrig, Maruja. “Lineamientos para la incorporación del enfoque de género en el seguimiento y evaluación de proyectos”, Biblioteca electrónica Preval II, Lima, 1998. Disponible en:
http://preval.org/es/content/lineamientos-metodol%C3%B3gicospara-la-incorporaci%C3%B3n-del-enfoque-de-g%C3%A9nero-en-elseguimiento-y-e
Santos, Boaventura de Sousa y Rodríguez Garavito, César. El derecho y la
globalización desde abajo, Anthropos, Bogotá 2007.
Somos Defensores. “El efecto placebo”, Bogotá, 2012.
25
El derecho como
herramienta organizativa
El Colectivo Mujeres al Derecho
y las líderes de reclamación de tierras
Luz Estella Romero Villalba*
*
Las autoras agradecen a Andrea Parra sus generosos comentarios a una versión anterior de este texto.
“¿Usted sabe que yo estoy demandada por tres mil millones de pesos?”.
Con esta frase empieza el trabajo sobre tierras del Colectivo Mujeres al Derecho de Barranquilla (Colemad), con cientos de campesinas enfrentadas
al despojo legal de sus tierras. A partir de esta frase, Colemad se transforma
de una organización no gubernamental (ong) —que, como tantas, proveía servicios legales a mujeres víctimas de diversas violencias— en una
organización de abogadas al servicio de reclamantes de tierras en la Costa
Atlántica. Este estudio de caso da cuenta de esta transformación y de sus
múltiples retos en el contexto de la Colombia del siglo xxi.
Tres mil millones de pesos es mucho dinero para cualquier persona,
pero una suma exorbitante para Eva Rolong, indígena mocana, dirigente
histórica de Anmucic,1 una señora campesina de cerca de setenta años,
de talante alegre, distinguida y orgullosa. Es difícil imaginar que deba esa
suma de dinero, pensaba Luz Estella Romero al escucharla, oscilando entre
la incredulidad y la sorpresa. Eva le insistía: “¿Sí ve cómo estoy? Así me
quedó la cara cuando me enteré”. Eva tenía paralizado un lado de la cara
por un derrame provocado, según ella afirmaba, por la noticia del cobro
judicial de los tres mil millones de pesos. Su angustia era evidente, pero
no había mucho que pudiera hacer Luz Estella Romero —o eso pensaba.
1
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas.
30
A partir de entonces, Luz Estella junto con un grupo de abogadas
formó Colemad y, entre otras actividades, han logrado frenar los procesos
ejecutivos contra Eva y otras campesinas en circunstancias similares. Este
estudio de caso da cuenta del proceso a través del cual se conforma Colemad y su crecimiento y funcionamiento hasta mayo del año 2013.
Primera parte: El surgimiento del Colectivo
de Mujeres al Derecho (Colemad)
Cuando Eva Rolong le contó su historia a Luz Estella Romero, esta
trabajaba como consultora jurídica de las organizaciones de población
desplazada beneficiarias del proyecto Fortalecimiento Comunitario en la
Costa Atlántica, en el marco del convenio de la Corporación Opción Legal y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Este
convenio, y el trabajo de Luz Estella, coinciden con un periodo en el cual
Acnur fortalece su presencia en Colombia en respuesta a crecientes oleadas
de desplazamiento y, considerando que la legislación vigente era favorable
a los desplazados, adopta la capacitación legal como una de sus estrategias.2
Así, Luz Estella y Eva se encontraron precisamente en una reunión organizada por personal de la Corporación Opción Legal, Acnur y la comunidad
de Cantillera y Altamira, en el municipio de Galapa, Atlántico.
Corría el 2004, y la Corporación Opción Legal, como operadora
de proyectos financiados por Acnur, había negociado con la Alcaldía de
Galapa y una cooperativa de campesinos un contrato de arriendo de un
predio en la zona. El predio estaba destinado al desarrollo de proyectos
productivos autosostenibles para las organizaciones de población desplazada ubicadas en el Atlántico. El arriendo del predio y su uso por parte de
campesinos desplazados pretendía lograr que las organizaciones de población desplazada reubicadas en la zona obtuvieran ingresos para el sostenimiento autónomo de sus sedes, gastos de transporte y gestiones. Además,
como parte de la reubicación, Acnur se preocupaba por crear condiciones
de inserción de los desplazados en la zona argumentando que habría un
intercambio de conocimientos con los campesinos locales.
2
Opción Legal es una ong creada en 1999 con una íntima relación con el Acnur, el programa de
las Naciones Unidas para los refugiados con sede en Colombia, del cual ha sido socio implementador de proyectos en diversas zonas del país. Opción Legal promueve la difusión y defensa
de los derechos de la población desplazada y realiza apoyos puntuales para la superación de la
pobreza. Para más información ver: http://opcionlegal.org/
En este proceso, Luz Estella, como consultora del proyecto Fortalecimiento Comunitario, trabajaba directamente con las organizaciones
campesinas y de desplazados, brindando acompañamiento técnico y jurídico, y realizando análisis de las políticas públicas y marcos jurisprudenciales
sobre población en situación de desplazamiento. Entre las actividades que
realizaba con las organizaciones estaban los talleres de conocimiento de derechos, en temas como el marco legal de protección internacional y nacional de personas en situación de desplazamiento, el marco jurisprudencial y,
en especial en ese momento, la reciente Sentencia T-025 de 2004.
Luz Estella, abogada recién egresada de la Universidad del Atlántico, no estaba conforme con su trabajo en Acnur. Tenía claro que, de todos
los empleadores posibles, era la institución más cercana a su aspiración de
trabajar con organismos internacionales de protección de derechos humanos. Pero al pasar los meses se sentía frustrada por el tipo de apoyo que se
le pedía brindar a las comunidades, enfocado solamente en dar talleres de
derechos y acompañar algunos casos puntuales (principalmente de violencia intrafamiliar al interior de familias en situación de desplazamiento), sin
poder brindar un acompañamiento más completo. Y era claro que estaba
tratando con comunidades que, en medio de enormes dificultades legales,
como las de Eva Rolong, no tenían cómo pagar un abogado. Esta claridad
la llevaría a convertirse en la abogada de Eva, en un proceso descrito en los
siguientes apartes.
Primera sensibilización al “despojo legal”
de tierras en Colombia
El caso que le presentaba Eva a Luz Estella era un ejemplo más de
los límites de sus funciones en Acnur: si bien el proyecto de Fortalecimiento Comunitario hablaba de un “intercambio de experiencias”, el contenido
del intercambio permanecía difuso. Para la sede de Acnur en Barranquilla,
el mandato institucional concernía exclusivamente a la población desplazada y a las instituciones locales, y de ninguna forma se podía entrar a apoyar a la población que no se había desplazado. A pesar de esto, Luz Estella
aceptó que Eva y unas compañeras más jóvenes, Inés Camelo y Consuelo
Fontalvo, le contaran de forma más extensa cuál era el problema legal. Inés
tenía toda la documentación de la organización en un archivo donde constaban tanto la asignación del crédito y la deuda creciente, como la forma
en que renegociaron la deuda y sus intereses, quedando Eva como deudora
principal en su calidad de persona natural.
31
32
No era un caso de desplazamiento y despojo, no de la forma en que
estaban acostumbradas Acnur y las demás instituciones oficiales. Pero parecía claro, según los documentos, que el proceso de asignación de parcelas
por vía de reforma agraria, iniciado con el Incora y heredado luego por el
Incoder, no era transparente. Es más, parecía que el interés ulterior era despojarlas de la tierra al llevarlas a asumir una deuda que no podrían pagar,
y eventualmente rematar la tierra. Según la legislación vigente, el bien iría
a remate en el caso que los campesinos no pudieran pagar la deuda que
contraían por recibir la tierra subsidiada por la reforma agraria.
Esta modalidad de despojo tenía su origen en la misma reforma
agraria de 1994. La Ley 160 de 1994 fue adoptada en reemplazo de la fallida reforma agraria de los años setenta. Se planteó, desde el inicio, como
la reglamentación y subsidio de un mercado agrario que permitiera a los
campesinos acceder a la propiedad de la tierra a través de compras consensuadas de tierra y de subsidios para la compra y explotación de los predios
agrícolas. Además, pretendía agilizar la distribución de tierra a los campesinos asignándoles las tierras baldías, de manera prioritaria y exclusiva, con
límites a la cantidad de tierra baldía que podía ser adquirida por una sola
persona jurídica. Así los baldíos debían asignarse en una cantidad máxima
llamada la unidad agrícola familiar (uaf ), que era la cantidad de tierra que
en esa zona podía producir suficiente para una familia.
Sin embargo, la Ley 160 de 1994 dejaba un resquicio legal que
permitió a los empresarios inescrupulosos hacerse a tierras más allá de la
cantidad asignada a las uaf. Era claro que la ley limitaba la extensión y
asignación de bienes baldíos, pero también permitía que, si las tierras pasaban a remate por falta de pago de deudas, estas restricciones de tamaño se
levantaron para los presuntos compradores. Así, sin estas restricciones, el
bien podría ser adquirido por cualquier actor privado y acumulado en un
solo gran predio. Esta posibilidad era muy atractiva para los inversionistas
en el Atlántico, un departamento muy pequeño y en rápidos procesos de
urbanización, industrialización de la agricultura y exploración de hidrocarburos, que valorizaban la tierra de los campesinos.3
Según los datos que iban surgiendo en la conversación con Luz
Estella, en el 2004, Eva y sus compañeras estaban en una situación similar
a la de otras mujeres campesinas en proceso de liquidación por la falta de
pago de la deuda contraída dentro del proceso de reforma agraria. La deu3
Para las perspectivas económicas del departamento del Atlántico en este periodo ver: Departamento Nacional de Planeación (2007).
da la habían adquirido con el esquema conocido como el “70-30”, según
el cual las campesinas y campesinos se asociaban para ser dueños de sendas
uaf a través del subsidio de un terreno que les entregaba el Incora (el actual
Incoder). El Estado cubría el 70% del predio, y la cooperativa recibía un
crédito por el 30% restante, de ahí su nombre de “70/30”.
El sistema estaba diseñado con el propósito de ayudar a los campesinos y campesinas para que adquirieran la tierra. Sin embargo, en el
caso de la asociación a la que pertenecían Eva, Inés y Consuelo, la deuda
iniciaba con unos valores altísimos, dada la sobrevaloración inicial del valor comercial del predio como parte del despojo. Así, el “30%” inicial que
les correspondía terminó ascendiendo a los famosos tres mil millones de
pesos, con intereses de mora. El crédito se volvía impagable, además, por
la ausencia de ingresos, en buena parte por la falta de apoyo estatal para la
explotación económica de la tierra.
Años después, la Comisión de Memoria Histórica documentaría
este tipo de procesos como una práctica regular de despojo legal, en la
cual los funcionarios públicos, en colusión con actores armados ilegales,
en especial los paramilitares, así como con grandes empresas agroindustriales, de explotación minera y de hidrocarburos, utilizaban las normas
de reforma agraria para conseguir tierras en remate a bajos precios, a costa
de los campesinos y campesinas.4 Esta modalidad de despojo iba a recibir atención de los medios de comunicación a partir del 2011, cuando
se destaparon estas y otras irregularidades en el manejo de los predios de
reforma agraria por parte del Incoder, así como otras formas de despojo
legal en alianza entre notarios, funcionarios públicos y empresas legales e
ilegales.5 Sin embargo, en el 2004, en la primera reunión de Luz Estella
con Eva, Consuelo e Inés, la situación no era clara, y los intereses en juego
permanecían detrás de una espesa niebla de aspectos ocultos, sospechas y
un sentimiento de peligro difícil de concretar.
En los siguientes apartes de este estudio de caso se narra cómo el
encuentro entre Luz Estella Romero y Eva Rolong dio pie a una colaboración exitosa entre las lideresas campesinas y un grupo de abogadas jóvenes
de Barranquilla. De ahí surgió una organización de abogadas que se puso
al servicio de las campesinas en peligro de despojo legal, así como de otras
4
La Comisión de Memoria Histórica (2010) describe la línea de crédito como modalidad de despojo y de desplazamiento, pues algunos se desplazan a raíz de la deuda. Además, la Comisión
documenta casos que luego serán paradigmáticos en el país de esta modalidad de despojo,
como el del Valle Encantado en Córdoba.
5
El Tiempo (2011); El Espectador (2011).
33
34
que ya habían perdido la tenencia material de sus tierras. A través de este
proceso, las jóvenes abogadas trabajaron con y para las campesinas, y al
mismo tiempo aprendieron de la larga experiencia y tenacidad de ellas en
la lucha por la tierra. Y con este conocimiento vino también la experiencia
íntima de inseguridad que vivían las campesinas.
El potencial social del derecho:
origen del Colectivo Mujeres al Derecho
El antecedente directo del Colemad es la formación como abogadas, en la Universidad del Atlántico, de varias integrantes del grupo inicial
(Luz Estella Romero, Karina Nolasco, Milena Trujillo, Andrea Moreno,
Paula Villar y Dalia Salas). Allí, a pesar de la resistencia de las directivas,
buscaron incorporar la práctica social en su consultorio jurídico, y lo siguieron buscando a través del voluntariado y de una opción profesional
en la que pudieran ejercer su convicción de que el derecho podía ser una
herramienta de justicia social. En esta búsqueda, en el año 2001 elaboraron un proyecto de práctica social con la Alcaldía de Barranquilla para ir
a los barrios empobrecidos de la ciudad a llevar servicios legales, dentro
del marco de un convenio entre la Universidad del Atlántico y la Alcaldía.
Al egresar de la universidad, Luz Estella siguió en la Alcaldía como
voluntaria y empezó a conocer el desplazamiento más de cerca —ya estaba
“llegando la gente”—, eran los años 2003 y 2004. En efecto, el número
de desplazados según el Sipod de Acción Social en el departamento del
Atlántico, en el 2003, es de 6.391 desplazados recibidos y 294 expulsados;
en el 2004, la cifra de desplazados recibidos aumenta dramáticamente a
9.617 y expulsa también bastantes más: 489.6 Es entonces cuando Luz Estella se vincula con Acnur, dentro del proyecto operado por su contraparte
Opción Legal, como contratista para responder al creciente fenómeno, y
es allí donde la experiencia de campo la lleva a buscar a sus contactos de estudiante para formar un grupo de abogadas dedicadas a las causas sociales.
La propuesta era crear una ong con un horizonte claro de lo que
quieren aportar, dentro de un movimiento social y de derechos humanos
más amplio. Se crearía con un grupo de estudiantes y egresadas de derecho, que trabajarían conjuntamente por la promoción y exigibilidad de
los derechos de las mujeres de la Costa Atlántica. Pronto se integraron
El Sipod ya no muestra los datos al público. Sin embargo, para los datos citados en este documento ver: Vicepresidencia de la República, Observatorio de Programa Vicepresidencial de
Derechos Humanos y dih, 2012, p. 57.
Faisy Llerena, Lorena Morales y otras dos jóvenes más, que también tenían
vocación por la abogacía social. Sus edades oscilaban entre los dieciocho y
veinticuatro años, siendo Luz Estella la mayor.
Las unía una posición crítica a la educación tradicional de los profesionales en derecho, en la que la formación de abogados populares no
es parte del currículo. Para ellas, en las facultades de derecho no se educa desde la concepción de derechos diferenciales y de género ni desde el
compromiso con lo social. En cambio se forma para ver los derechos y
necesidades de las personas como simples “negocios jurídicos”, dejando
de lado la proyección social de la carrera de derecho y los aportes de esta
en la construcción de ciudadanía, y todo el legado en materia de derechos
humanos generales y particulares de las mujeres. Las jóvenes mujeres del
Colemad aspiraban a practicar el derecho en su dimensión social, es decir,
el derecho al servicio de los pobres y el derecho como rectificador en la
práctica de las injusticias que promete corregir en teoría.
Durante el 2004, las integrantes del grupo de jóvenes abogadas asistieron a diferentes espacios y redes donde se discutían marcos de acción en
pro de los derechos humanos, tanto para conocer lo que pasaba en la ciudad como para darse a conocer. También, como forma de conocer, darse a
conocer y generar ingresos, realizaron talleres de formación y asesoría jurídica colectiva en derechos humanos y en mecanismos para la exigibilidad
de los derechos humanos y constitucionales, dirigidos a grupos de hombres
y mujeres de población desplazada de los barrios marginales de Barranquilla y el municipio de Soledad. Como es usual en este tipo de esfuerzos no
era tarea fácil mantener el trabajo en grupo. Por una parte, no todas las
jóvenes que integraban el grupo tenían el mismo nivel de compromiso.
Además, la financiación de las actividades era una fuente permanente de
preocupación. Sin embargo, en lugar de disolverse, Colemad persistió y
creció a través de los primeros proyectos financiados, que se describen en
el siguiente aparte.
Los primeros proyectos
En el año 2004, las jóvenes del Colemad iniciaron la búsqueda de
recursos que hicieran posible la financiación de las actividades que estaban
acompañando, que ya incluían la documentación y asesoría jurídica en
el caso del despojo legal que tenía en vilo a la comunidad de Cantillera
y Altamira. Luz Estella elaboró los dos primeros proyectos que presentaron a fondos de cooperación internacional de apoyo a organizaciones de
35
36
mujeres, el Fondo Global de Mujeres y el Fondo de Acción Urgente para
los Derechos de las Mujeres. El proyecto presentado al Fondo de Acción
Urgente tenía como objetivo financiar el acompañamiento legal en el caso
de Eva Rolong y la comunidad de Cantillera y Altamira. Al mismo tiempo,
pedía financiar una investigación de acción participativa con otros grupos
de mujeres que tenían el mismo riesgo de despojo, por haber accedido de la
misma manera a la tierra. El Fondo de Acción Urgente aprobó el proyecto
con cinco mil dólares (aproximadamente diez millones de pesos), dinero
que alcanzó para realizar la investigación en trece municipios del Atlántico
e identificar veinte casos más.
En esa época el trabajo no se limitaba a las mujeres que permanecían en el campo, sino que incluía también a las campesinas desplazadas a
la ciudad. Así, una parte del trabajo se adelantó en Barranquilla con población desplazada, a través de talleres de reconstrucción del desplazamiento
y despojo de tierra por vía armada. También asesoraron a las personas en
la formulación de derechos de petición, tutelas y recursos de reposición,
entre otras primeras herramientas administrativas y judiciales para el acceso a los derechos de asistencia humanitaria, estabilización socioeconómica,
acceso al derecho a la educación de niños y niñas, entre otros derechos de
primordial atención para la población desplazada.
Desde principios del año 2004 empezaron a tener contacto con
redes profesionales afines. Luz Estella, como líder del grupo, se acercó a
personas que le infundían confianza por sus ideas y a quienes conoció
en las mesas de formulación del primer Plan de Atención a la Población
Desplazada del Atlántico y Barranquilla. Ella recuerda que en uno de esos
espacios escuchó una intervención de Alfredo Correa de Andreis sobre lo
que significaba el destierro para las poblaciones desplazadas por los grupos armados. Alfredo Correa de Andreis era profesor de sociología de la
Universidad del Norte y la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, y
su trabajo de investigación-acción-participativa con los desplazados de la
ciudad lo había llevado a ser abanderado también de sus causas. Luego de
la intervención, Luz Estella tuvo la oportunidad de hablar con él y comentarle su interés por el tema del desplazamiento. Con varios encuentros en
escenarios de este tipo, lo llegó a admirar profundamente y a considerarlo
una inspiración para su propio trabajo.
Las personas a las que atendía Colemad en este periodo se agrupaban ya en organizaciones, principalmente en la Asociación Nacional
de Desplazados de Colombia (Andescol), Adusoc y Nuevo Renacer, aunque también asesoraban a otras personas que no pertenecían a ninguna
organización. También empezaron el trabajo con la comunidad de campesinas de Cantillera y Altamira, de la cual hacen parte Eva Rolong, Inés
Camelo y Consuelo Fontalvo, con reuniones para identificar los problemas legales que les había ocasionado el acceso a la tierra por medio de la
política de reforma agraria de la Ley 160 de 1994, así como a construir
alternativas de solución de la problemática. Pero muy pronto la situación
de inseguridad en Barranquilla llevó a Colemad a privilegiar este segundo
frente de acción por encima del apoyo a las organizaciones de desplazados
en la ciudad, como se describe en el siguiente aparte.
La violencia en Barranquilla
No eran años fáciles para tener simpatías por los pobres y sus luchas
en Barranquilla. Como relata la Vicepresidencia de la República en su informe sobre este periodo, hay un incremento del accionar paramilitar en la
zona. Esta expansión no estuvo relacionada con la guerrilla, ya que era muy
poca su presencia en el departamento, sino con la expansión territorial de
las autodefensas, con el objetivo de controlar rutas del narcotráfico y capturar rentas por medio de la corrupción, extorsión y asesinatos selectivos.7
La entrada de los paramilitares, en el 2002 y 2003, con estos fines de extracción de rentas y acumulación de bienes se justificaba, sin embargo, con
el discurso contrainsurgente, y el control e intimidación de organizaciones
sociales que acusaban de simpatizantes de las guerrillas. De estos, el caso
más sonado fue el asesinato del profesor Alfredo Correa De Andreis en el
2004.8 Su asesinato, así como la judicialización de reconocidos activistas
estudiantiles de la Universidad del Atlántico, y las amenazas y señalamientos de profesores, activistas y estudiantes, generaron un ambiente de miedo
e inseguridad. Como grupo, las abogadas del Colemad reconocieron la
situación de inseguridad como una amenaza, pero siguieron con el proceso, decidiendo, eso sí, no participar en espacios amplios de organizaciones
sociales, ni institucionales, y adoptando lo que en Colombia se llama con
tanta frecuencia un “bajo perfil”. Las actividades, en adelante, se concentrarían en el trabajo directo sobre el terreno, con las comunidades en áreas
7
Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos (2011).
A su asesinato fueron vinculados tanto agentes de la estructura de las autodefensas al mando
das Jorge Noguera. Sobre el asesinato ver la historia
das que persiguió a Alfredo Correa de Andreis” en: http://www.
verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/3140-valle-anaya. Para una descripción de los hechos del banco de violaciones de derechos humanos del Cinep (Noche y Niebla) ver:
37
38
rurales. En la ciudad, debido a los problemas de ataques y nuevos desplazamientos forzados que sufren tanto líderes como lideresas de Andescol,
Colemad tomó la decisión de suspenderle su apoyo. Andescol Atlántico
está fuertemente amenazada y el seguimiento por parte de las fuerzas de
seguridad es permanente; esto genera temor entre las jóvenes abogadas del
Colemad, que experimentaban por primera vez lo que es el seguimiento
por parte de las fuerzas de seguridad. Así, la exigibilidad política y jurídica
de los derechos de los desplazados, que tuvo su máximo impacto con la
T-025 de 2004, en la que la Corte Constitucional declara el estado de cosas
inconstitucional y la emergencia humanitaria por el desplazamiento forzado, se ve mermada por la presencia paramilitar y la persecución a las organizaciones de población desplazada y defensoras de derechos humanos.
Dada la situación, el grupo continúa el trabajo con los grupos campesinos de mujeres y mixtos del Atlántico, ya no con las organizaciones
urbanas sino en este otro frente de trabajo que estaban consolidando, el de
la exigibilidad del derecho a la tierra de las mujeres y comunidades campesinas no desplazadas. Habían concluido, después de un periodo de cautelosa observación, que este proceso rural no generaba ningún interés en
las fuerzas de seguridad, ni obstáculos por parte del paramilitarismo y las
fuerzas económicas en quienes se apoyaban en el departamento. Tampoco
generaba amenazas la atención a mujeres en casos de violencia doméstica, ni la creación de semilleros de abogadas feministas. Así que siguieron
adelante en estos frentes y suspendieron los talleres en Barranquilla con
población desplazada.
Nace el Colectivo Mujeres al Derecho
A principios del 2006 se dieron el nombre de Colectivo Mujeres al
Derecho o Colemad e internamente tuvieron más claridad sobre quiénes
tenían interés en continuar en el grupo. Así, se retiraron las que no tenían
afinidad o interés en la propuesta de un equipo de abogadas que trabajara
principalmente por los derechos humanos de las mujeres. El grupo inicial
estuvo conformado por Diana Barrios, Faisy Llerena, Lorena Morales, Karina Nolasco y Luz Estella. Se sumó Fanny Rodríguez, otra abogada recién
egresada y excompañera de estudio de Luz Estella, así como Geraldine
Venegas y Angie Barrios, de doce y quince años, quienes iniciaron el semillero de niñas y jóvenes Mujeres al Derecho (Semillero mad) en colegios
del distrito de Barranquilla, a través de talleres sobre derechos sexuales y
reproductivos y los derechos de participación ciudadana de la juventud.
La llegada de Diana Barrios fue fundamental para los aspectos financieros y de gestión económica de la organización. Diana, además de
abogada, es contadora, lo cual le permitió incluir el estudio de presupuestos
sensibles al género en sus propuestas. Todas tenían claro que debían participar en la formulación de proyectos y gestión ante fondos de cooperación
internacional, que se convertirían en la principal fuente de financiación por
esos años, y para la parte contable se apoyaban en Diana.
Durante los años 2005 al 2009, el trabajo del Colemad recibió
apoyo de fondos de cooperación internacional principalmente de mujeres,
como el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la erradicación de la
violencia contra la mujer, el Fondo Noruego para los Derechos Humanos,
el Fondo de Cooperación Holandesa para Mujeres (Mama Cash), el Fondo
de Acción Urgente, Fundación Empower y el Fondo Global de Mujeres.
Así, el Colemad empezó a funcionar de manera más formal en el año 2006
con financiación para diversos proyectos, reforzada con su propio trabajo
voluntario en la organización. Ello les permitió abrir tres frentes de trabajo:
violencia contra las mujeres y niñas, desplazamiento forzado y violación
al derecho a la tierra y otros derechos económicos, sociales y culturales
conexos, y trabajo con jóvenes y niñas.
El trabajo en violencia intrafamiliar se construyó sobre su experiencia en el consultorio jurídico en los barrios populares de Barraquilla, donde
conocieron a fondo la problemática de las mujeres. Entonces proponen lo
que denominan un centro itinerante de atención de casos de violencia contra las mujeres y maltrato infantil, atención que combinan con la capacitación de pobladores de los barrios populares y funcionarios en estos temas.
Al mismo tiempo intentan crear redes de líderes interesados en la igualdad
de género, trabajando con madres comunitarias, maestras, promotoras de
salud y estudiantes de derecho voluntarias en el centro. Así, hasta el 2012
prestan asistencia legal directa a través de convenios con cuatro instituciones de Barranquilla, que les facilitan sus instalaciones para que las abogadas
presente este servicio como “Centro de Estudio, Recepción y Orientación
Legal de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas” o cero.
Lorena Morales, quien estuvo encargada de este frente de acción del
Colemad, resume esta época como un aprendizaje de “la magnitud de la
violencia contra las mujeres y la deficiencia institucional que es definitiva,
a pesar de la existencia del marco legal”. Fue este aprendizaje el que las
llevó a su posterior rol más activo en la organización de base, pues aquí deciden que para prestar la asistencia legal necesitan derrumbar la idea que la
abogada es “la responsable” del caso y en cambio promueven una relación
39
40
cliente-abogada donde queda claro que la responsable del caso es la mujer,
y que ellas brinda la asesoría, dan a conocer los instrumentos y brindan un
acompañamiento, antes que una representación legal tradicional.
En el momento en que deciden tomar el caso de Eva Rolong y sus
compañeras, Colemad toma la dirección que tiene hoy, enfocada hacia
la defensa de las mujeres campesinas frente a la pérdida de la tierra. Los
veinticuatro casos hasta ahora documentados por Colemad incluyen diversas modalidades de despojo de tierra en distintos estadios del mismo. Los
casos incluyen tanto la presencia y presión de actores armados, como la
corrupción de funcionarios públicos e instituciones. Algunos involucran el
desplazamiento de individuos y comunidades, otros, además, el asesinato
de líderes; todos comparten la intención de las mujeres de quedarse en su
tierra y cultivarla de forma pacífica.
Los primeros casos de despojo por vía legal
El primer caso que recibieron fue precisamente el de Eva Rolong y la
Asociación de Campesinas y Aparceros de Cantillera y Altamira (Asocam).
El proceso de acompañamiento lo iniciaron, en el 2004, con la documentación de los hechos, y, a partir de estos, Colemad construyó su argumentación con dos conclusiones centrales. La primera es que el sistema de
mercado de tierras impulsado por el Incora y continuado por el Incoder
en el departamento del Atlántico tenía como resultado el favorecimiento
de los eventuales compradores de las tierras que irían a remate por falta de
pago de los campesinos. La segunda conclusión es que el proceso tuvo un
costo enorme para las mujeres, más allá de la deuda y la pérdida de la tierra.
Por ejemplo, los largos y complicados trámites del proceso de adjudicación
las obligó a dejar a sus hijos solos, generando consecuencias negativas en
niños y niñas. Las más afortunadas los dejaban con vecinos y familiares,
y otros simplemente se quedaban encerrados y solos. Además, cuando las
jornadas de capacitación eran continuas, las mujeres pasaban días enteros
sin comer y les tocó recorrer a pie las 1.636 hectáreas para identificarse con
el terreno, sin permitirse el lujo de demostrar cansancio o enfermedad,
porque esto las mostraba débiles e incapaces para la labor del campo. Son
formas de sufrimiento que quedan ocultas ante la magnitud de la deuda,
pero que a veces son más significativas para quienes las padecen.
Las abogadas del Colemad decidieron, luego de discutir y aprobar
la propuesta con las mujeres involucradas, interponer una serie de acciones
legales para intentar salvar la tierra del embargo inminente. Entre estas
acciones estaban las siguientes: un pliego de peticiones dirigido al Sistema
de Reforma Agraria, una intervención en el proceso ejecutivo para detener
el remate de las tierras, una acción popular y de grupo, y la interposición
de quejas ante la Procuraduría Agraria para solicitar su intervención en el
caso. Con estas acciones lograron detener el embargo de las tierras y
el cobro de los tres mil millones de pesos a Eva Rolong, triunfo que no
sólo fue una enorme satisfacción en el caso concreto, sino que les permitió
imaginar que este tipo de trabajo, luchar por la justicia dentro de la ley,
sí era posible.
El caso también les permitió acceder a espacios nacionales e internacionales de debate y cabildeo, en los que el despojo de tierras a mujeres
era un tema novedoso. Así, al iniciar el caso, son contactadas por el Tribunal de Mujeres y desc, coordinado por María Eugenia Ramírez desde el
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ilsa),9 para
participar en una serie de eventos conocidos como Tribunal Internacional de Mujeres y desc. En el evento presentaron el caso de Cantillera y
Altamira y su desarrollo hasta ese momento, lo que las insertó en las redes
feministas nacionales e internacionales (Cladem, Mesa Mujer y Conflicto
Armado, Red de Mujeres del Caribe) como abogadas en pro de los derechos de las mujeres rurales, y así empezaron a granjearse el reconocimiento
y aprecio en las redes feministas.
A partir de entonces, las abogadas del Colemad se deciden a documentar más casos similares y sacarlos adelante. Las preguntas directas a
las líderes campesinas —por ejemplo, “¿ustedes conocen más casos como
este?”— rápidamente las llevan a identificar veintitrés parcelaciones de reforma agraria en una situación similar. Empezaron, entonces, a acercarse a
las líderes para documentar lo sucedido, escuchar sus historias y asesorarlas
en los procesos legales. Así se convirtieron en las abogadas de las siguientes
parcelaciones en el Atlántico y Magdalena:
No.
Parcelación
Municipio
1
Arroyo Grande
Piojó
2
Arroyo Hondo
Chorrera (Juan de Acosta)
3
Bajo Grande
Candelaria
4
Banco Totumo Bijivana
Repelón
5
Barro Bonilla
Candelaria
Cantillera - Altamira
Galapa - Tubara
Continúa
9
Hoy Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos.
41
42
No.
Parcelación
Municipio
7
El Rodeo
Campeche (Baranoa)
La Estrella
Piojó
9
La Unión de Nuestra Señora de los Remedios
Piojó
10
Loma Arena
Ponedera
11
Los Campanitos
Sabanalarga
12
Los Cerezos
Piojó
13
Los Cortijos
Sabanalarga
14
Los Guayacanes
Repelón
15
Los Patos
Sabanalarga
Los Playones de Pivijay
Pivijay (Magdalena)
17
Mará - Mará
Baranoa
19
Platillal o Casa Mayor
Luruaco
20
Rancho Luna
Manatí
21
San Andrés
Sabanalarga
22
Santa Rosa de Melo
Tubara
23
Villa Narcisa o Rincón Grande
Sabanagrande
Usiacirí
Tabla 1. Casos del Colemad
Espacio de confluencia multicultural
La planeación que hacen con estas organizaciones se enfoca cada
vez más en la incidencia política y no sólo en la asesoría legal. En el 2004,
Colemad le da al Espacio de Confluencia Multicultural de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes un proceso de acompañamiento
y encuentro entre organizaciones campesinas, formadas a la sombra de la
reforma agraria de 1994 y en riesgo de perder sus tierras, o habiéndolas
perdido por acciones tanto legales como ilegales. El Espacio de Confluencia Multicultural, que llegará a tener 34 formas organizativas,10 empieza
con siete organizaciones: Asocam, Asomuproca, Mujeres al Progreso, Asociación de Mujeres de Puerto Giraldo, Sindicato de Mujeres del Campo de
Repelón, Grupo de Mujeres Aguada de Pablo y el mismo Colemad.
La asociación con las campesinas, y también cada vez más con asociaciones mixtas con liderazgos masculinos, va a transformar al Colemad y
a las abogadas que lo componen. Algunas de las líderes campesinas vienen
10
Colemad se resiste a decir que trabaja con organizaciones por el énfasis existente en la docu-
existencia jurídica.
de luchas por la tierra de los años setenta y ochenta y poseen experiencia
y habilidades políticas, de las cuales las jóvenes abogadas descubren que
tienen mucho que aprender. Otras mujeres campesinas, sobre la marcha,
y con el apoyo brindado en los talleres de diagnóstico y de capacitación,
adquieren no sólo las habilidades de liderazgo que hoy las caracterizan,
sino un mayor conocimiento del funcionamiento del derecho y de las instituciones públicas que las lleva a afirmar en ocasiones, entre jocosas y
orgullosas, que ellas “también son abogadas”.
A partir del 2007 es claro que este Espacio, y el proceso de acompañamiento que representa, será el frente principal del Colemad. En este
contexto le dan cuerpo, en el 2007, a la primera Feria Multicultural de
Mujeres, para mostrar los productos de las mujeres con las que trabajan,
y para hacerlo dentro de un marco de movilización y reclamo político:
“porque las mujeres hilamos la paz, zafamos la violencia y tejemos derechos”. En el 2008 organizan el primer “Encuentro de mujeres y hombres
rurales por una reforma agraria integral y con perspectiva de género”. Estos
encuentros reúnen representantes de distintas organizaciones campesinas,
indígenas y afro, a nivel local y nacional, para discutir, analizar y proponer soluciones a los problemas del agro desde el punto de vista de los pobladores del campo. Dado que en el encuentro anual no siempre pueden
participar todas las personas que integran las diferentes organizaciones y
parcelaciones, antes de llegar al gran encuentro anual realizan pequeños encuentros con cada comunidad de cada parcelación. Ahí, cada organización
decide sus representantes y plantea lo que va a llevar al encuentro, es decir,
se hacen aproximadamente veinte preencuentros en doce municipios.
En el Encuentro, los participantes intercambian información sobre
situaciones y problemas que ya se han discutido en los encuentros preparatorios y al final se construye una agenda colectiva de acción frente a los
puntos en común. Como parte del evento, además, se pide a las organizaciones participantes que llenen un formato de diagnóstico, que es a su
vez un insumo para la planeación, tanto de los mismos campesinos, como
del Colemad y sus acompañantes. El Encuentro se ha repetido en el 2009,
2010, 2011 y 2012. Lo memorable de estos ha sido su consolidación
como una iniciativa real desde una perspectiva de género y generacional,
donde mujeres, y también los hombres campesinos de la región, logran
compartir y acordar estrategias de acción y una agenda política, pero también afectos y amistad.
Para el Colemad, los encuentros han sido un intenso proceso de
aprendizaje sobre el proceso de los campesinos para acceder a sus tierras,
43
44
de su cansancio y su frustración con el Estado. Aprendieron a conocer una
comunidad campesina que se reconoce como tal y espera ver al campo
crecer y desarrollarse. Son personas mayores que no han tenido apoyo para
hacer transferencia de sus conocimientos y experiencias a las generaciones
actuales, que reconocen que cada administración, con sus respectivas autoridades e instituciones públicas, tanto nacionales como locales, los ha
utilizado como un instrumento con el que consiguen quedarse con el presupuesto del Estado. La denuncia de estas circunstancias llevó a Colemad
a acudir a diversos espacios nacionales e internacionales.
La apertura hacia las redes nacionales y
regionales de organizaciones de mujeres
y víctimas del conflicto armado
Desde el 2007, en buena parte gracias a la experiencia con la Mesa
Mujer y Conflicto Armado y el Tribunal Mujeres y desc, el Colemad encontró un espacio y una comunidad en las redes nacionales y regionales de
mujeres. En el proceso se pudo establecer que el trabajo con mujeres rurales es el que atrae tanto más apoyo de las financiadoras, por su originalidad,
como el interés de las demás organizaciones y la apertura de espacios de
interlocución con el Estado en los proceso de incidencia legal. Esto último
se debe también a la coyuntura política en la cual los temas de las mujeres,
la tierra y la ruralidad empezaban a ganar espacios.
El cabildeo y la presencia en espacios en los que eran invitadas por
el Estado y por otras organizaciones se intensificaron a partir del proceso
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), con
la creación de las entidades responsables y del aparato normativo para reglar la ley. Así surgieron nuevas competencias institucionales y espacios de
incidencia, como la Unidad de Atención y Restitución de Víctimas y la
Unidad de Protección y Restitución de Tierras, y también un nuevo interés
a nivel nacional por el derecho a la tierra y por los reclamantes de tierras. Se
hicieron, entonces, a partir del 2010, frecuentes los viajes a Bogotá tanto
de las abogadas del Colemad como de las líderes campesinas, para coordinar acciones con redes nacionales de mujeres y de víctimas, y hablar con
diversos representantes de las ramas del poder público.
En esta etapa del proceso quizá la mayor satisfacción radica en haber logrado incidir en la Ley de Víctimas, con la inclusión de un artículo
que condona las deudas agrarias a las víctimas del conflicto armado. Este
proceso lo lograron a través del cabildeo con la bancada de mujeres del
Congreso de la República, acercamiento que tuvo lugar por medio de la
oficina de onu Mujeres11, que las ayudó a realizar diferentes reuniones
con mujeres congresistas interesadas en acompañar la incorporación de la
perspectiva de género en la Ley de Víctimas, así como en varios debates
del proyecto en estudio, aportando argumentación jurídica y social que las
congresistas presentaban en el Congreso.
En principio el Congreso no tenía clara la relación entre la victimización y la necesidad de la condonación de deudas agrarias y los congresistas hombres no le daban paso a la iniciativa. No fue sino hasta el último
debate que se incluyó y aprobó este punto. Ese día Luz Estella y Lorena
estuvieron presentes en el Capitolio y realizaron lobby tanto con funcionarios del Ministerio de Agricultura como con otros congresistas, dando
a conocer con casos concretos cómo el cobro de algunos de esos créditos
propiciaría el despojo de las tierras, ellas consideran que fue este cabildeo
el que ayudó a posicionar el tema y a aclarar las dudas.
En el 2011, ya estaba todo el Colemad volcado hacia la restitución
de tierras y el litigio de tierras con organizaciones de mujeres campesinas.
Para ello han contado con el apoyo de diversos fondos, entre otros: FokusForo de mujeres y cuestiones de desarrollo (Noruega), el Instituto de la
Mujer de España, Forum Syd, el Fondo Global de Mujeres, la Fundación
Empower y la ned12; también con el apoyo para actividades puntuales de
la oficina de la onu Mujeres en Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Se concentraron en el trabajo con las
mujeres campesinas y a este proyecto atrajeron también a las líderes jóvenes del semillero mad, que se entrenaron en metodologías participativas
de educación popular. Las abogadas se dedicaron a las múltiples acciones
legales relacionadas con los complejos casos de tierras, así como a explorar
nuevas estrategias legales, hacer pliegos de peticiones de interés general,
solicitar “alerta temprana” en el sistema de la Defensoría del Pueblo y participar en espacios de interlocución con las autoridades, tanto por invitación
del Estado como en aquellos diseñados por ellas mismas.
A estas estrategias legales se une la multiplicación de los espacios
de incidencia. Las mujeres del Colemad están no sólo en la Mesa Mujer
y Conflicto Armado sino también en la Mesa de Trabajo de onu Mujeres
11
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.
12
The National Endowment for Democracy (NED).
45
46
para la reglamentación de la Ley 1448 y en el Programa 1325 de Fokus
(nombrado así por la Declaración 1325 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las mujeres en los conflictos armados). El 2012, a su
vez, les trajo más reuniones con el Gobierno y el ingreso a espacios internacionales. Acudieron a las sesiones del cidh en marzo y pidieron medidas
cautelares para seis mujeres de la organización amenazadas, que no habían
logrado la clasificación de riesgo necesaria para merecer protección. Asistieron a las sesiones de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de
la Mujer de Naciones Unidas, participaron en la creación de un protocolo
de protección con la mapp oea y repitieron la Feria Artesanal Semillas. En
el 2012 no se realizó el Encuentro de Hombres y Mujeres Rurales, pues
los recursos y la energía de la organización se dedicaron a un Foro sobre
la Ley 1448. Con la mayor visibilidad llegaron las amenazas. Las primeras
de esta nueva etapa se deben al apoyo prestado a una asociación de madres
de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En octubre del 2012, Colemad
participa en el primer Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas (Cerrem) de mujeres.
En la siguiente sección de este capítulo se hará un examen de la
manera como las abogadas del Colemad han acompañado a diversas organizaciones campesinas y han facilitado procesos de formación, empoderamiento y reconocimiento de los liderazgos de mujeres campesinas. Nos
enfocamos en las prácticas que son fruto del aprendizaje acumulado, con
el fin que sea útil en procesos de organización de comunidades a través de
la defensa de los derechos.
Segunda parte: Ser abogadas
de comunidades de base
Existe una tradición en América Latina de abogados que defienden
las causas de grupos sociales excluidos y oprimidos. Entre los abogados
dedicados a las causas sociales es bien conocido como, en los años setenta y
ochenta, la afirmación marxista que el derecho era irrelevante para la transformación social fue cuestionada por los proponentes del uso alternativo
del derecho. Ellos argumentaban que el derecho puede ser una herramienta de transformación social, siempre que se utilizara en conjunción con los
intereses y la participación de las personas a las cuales se está ayudando.
Estos abogados —conocidos como populares, críticos, alternativos, etc.—
no se limitaron a prestar servicios legales. A menudo utilizaban técnicas
participativas tomadas de la investigación-acción-participativa, de la educación popular y de la organización de comunidades eclesiales de base para
trabajar con las comunidades a las cuales servían. Así, su trabajo hacía énfasis en la transformación social a través de una abogacía que humanizaba a
los clientes, politizaba la demanda jurídica, creaba formas de colaboración
entre abogados y clientes y animaba a la organización de los clientes.13
El fin último era transformar el derecho para que fuera más cercano a las
reivindicaciones sociales, y transformar a los grupos excluidos y oprimidos
para que fueran capaces de exigir estas transformaciones. Para ello se pusieron al servicio de la causa de los pobres, a través del litigio, el cabildeo y
la movilización ciudadana para presionar interpretaciones favorables de las
leyes existentes a los intereses de sus clientes. Además, se comprometieron
con estrategias de trabajo en las que destacaban los saberes complementarios y las relaciones igualitarias con sus clientes, preocupándose por compartir con ellos más allá del espacio tradicional de consulta en la oficina.
Las abogadas del Colemad son herederas de estos primeros abogados populares en América Latina.
En el siguiente aparte describiremos tres aspectos de la práctica del
Colemad que nos parecen particularmente exitosos. Los tres corresponden
a actividades que usualmente hacen los abogados: primero, documentar
los casos, segundo, reunirse en su oficina con los clientes y, por último,
representar a sus clientes ante terceros. Sin embargo, la forma como lo
hacen es diferente, más cercana a la tradición de la abogacía popular, pero
con una sensibilidad feminista. Así, la documentación se convierte en un
proceso de investigación-acción-participativa, la oficina en un espacio de
encuentro entre “clientes” y la representación como la apertura de espacios
institucionales para que las mujeres, ellas mismas, sean las que presenten
sus casos y sus demandas ante las autoridades.
Pedagogía de la documentación
En Colemad, la documentación de los casos se hace de forma
colaborativa con los clientes y desde el inicio se plantea como una tarea
conjunta que es responsabilidad de las comunidades. Así, se invita a la
constante participación de los líderes de las comunidades asesoradas, con
13
Para una visión general de los abogados populares en América Latina ver: Junqueira (2002). Para
una presentación del uso alternativo del derecho ver: Souza (2001).
47
48
la realización de talleres de diagnóstico que asimilan metodologías participativas del diagnóstico rural rápido, metodologías de concientización de la
tradición de educación popular y metodologías de análisis de género. Esto
quiere decir que, como en el diagnóstico rural rápido, se identifica con los
campesinos cuál es la información que debe recogerse para reconstruir lo
sucedido y la mejor forma de recogerla.14 Además, las mujeres del Colemad
aprendieron a utilizar métodos de cartografía social que permitían a las
campesinas y campesinos, a partir de mapas narrativos elaborados por ellos
mismos, contar lo que sabían sin que la falta de conocimiento técnico fuera un obstáculo para levantar la información y participar en el diagnóstico
de la situación.
La documentación parte de los registros de las mismas organizaciones campesinas, con la confianza de que el conocimiento que estas tienen
sobre el caso es sólido y que son personas competentes. Para reconstruir
el caso realizan grupos focales con las mujeres, en talleres donde analizan,
además del problema de la tierra, cómo las trataban los hombres de la comunidad, así como las particularidades de la condición femenina. Luego
pasaron del grupo focal de mujeres a los grupos mixtos, haciendo el diagnóstico participativo descrito, en diferentes talleres.
Los talleres los hacían en los pueblos: alguien prestaba la casa o la
finca o conseguían que les prestaran la casa comunal. Incluso algunos talleres se hicieron al aire libre, bajo los árboles. Los talleres estaban enfocados
especialmente en las mujeres: talleres de derechos con mujeres campesinas.
Los talleres iniciales empezaban trazando un mapa conceptual sobre qué
era la reforma agraria, qué les dieron en el proceso de adjudicación, qué no
les dieron, etc. Luego documentaban los casos desde lo jurídico y lo social
—qué pensaban ellas, qué querían, dónde se situaban—. Las campesinas
dibujaban su entorno y a partir de estos mapas se iniciaban conversaciones
sobre lo que había pasado y lo que podía pasar. Era un proceso a veces desalentador. En palabras de Luz Estella: “Muchas veían el caso, la tierra, como
algo ya perdido, quizá por la cultura de la gente acostumbrada a perder,
esperando en qué momento le van a quitar lo poco que tiene”. Sin embargo, otras mujeres, en especial las que venían de procesos organizativos más
antiguos, conocían más el discurso político en torno a las reivindicaciones
14
Los profesionales lo que hacen es facilitar el autodiagnóstico de la comunidad. En esta metodoet al., 1972) a la educación popular,
ciones de los mismos.
campesinas, así como las herramientas de trabajo en grupo, y su liderazgo
se crecía con los talleres.15
El siguiente paso era enfocarse en el caso concreto. A partir del conocimiento básico, la información previa y la matriz de trabajo que habían
llenado en la mesa de trabajo con las líderes campesinas, llegaban al taller
con preguntas concretas sobre lo sucedido. Estas preguntas se respondían
en plenaria en el grupo mixto y entre todas armaban el expediente de lo
que había sucedido, pero no sólo por medio de los documentos legales sino
también con la ayuda de la memoria.
El primer contacto es definitivo en este trabajo. Desde el principio,
las comunidades tienen la tendencia a plantear la relación de una manera
no sólo jerárquica sino providencial —“ustedes vinieron a resolvernos el
problema”—. Colemad ha aprendido a resistir esa tendencia, en parte por
su propia juventud y falta de experiencia en el tema agrario, en parte por la
experiencia con las víctimas de violencia familiar, con las cuales aprendieron a resistir demandas de ese tipo. Saben que si las mujeres no se apropian
de su proceso, no hay cambio posible. Así que responden insistiendo en
que no se está frente a un problema de un solo actor y en esa medida la
solución no va a venir de la mano de un solo actor, el problema viene de la
sociedad, y la forma de generar cambio es unirse con otras personas en situaciones parecidas. La propuesta de Colemad acompaña a los campesinos
a ser parte de un proceso, en el que ellos mismos van a intentar resolver
un problema, por medio de mecanismos legales. Dentro de este esquema,
la función del Colemad es enseñarles a apropiarse de los mecanismos jurídicos, siendo ellas las abogadas, más no las líderes ni las salvadoras de la
organización campesina.
En este proceso trabajan a partir del conocimiento y del consenso
de los recursos de la misma comunidad, por ejemplo, un problema legal
que ya conocen, un caso en curso, unos títulos cuestionados. A menudo
hay una persona en la comunidad que tiene un conocimiento básico de
cómo funciona el derecho, suele ser un hombre y una figura relativamente visible, de quien los demás dicen, por ejemplo, “le faltó el cartón para
ser abogado”. Se trabaja entonces con esta persona para que se proyecte
más, y con su ayuda le enseñan a más personas a apropiarse de los mecanismos legales.
15
Sobre el papel de las mujeres en los movimientos campesinos en la Costa Atlántica ver: Comisión
de Memoria Histórica (2011 y 2010).
49
50
El objetivo inicial de esta etapa es la reconstrucción del expediente
del caso. Recogen y copian todos los documentos que tengan, se devuelven los originales, empiezan a organizar una narrativa de lo sucedido y a
recoger las expectativas de las participantes. A veces, muy pocas, logran
que algún organismo gubernamental les ayude a reconstruir el expediente.
Intentan complementar la información obtenida con los campesinos con
un pliego de petición de información a diversas instituciones involucradas,
como el Ministerio de Agricultura, el Incoder o la Defensoría del Pueblo.
El proceso de documentación misma, el respeto y el interés por el
conocimiento de los campesinos, y el hecho de valorar su liderazgo y su
experiencia, abren espacios de fortalecimiento y capacitación de las mismas
organizaciones, en especial con las mujeres. No se trata sólo de documentar el caso y alejarse de la comunidad mientras el caso es decidido por
instancias gubernamentales y manejado por abogados expertos. Se trata
de un proceso de acompañamiento que se inicia con la documentación y
que continúa de otras maneras. Con el tiempo, la oficina del Colemad en
Barranquilla se convierte en un punto de encuentro para estas líderes, y un
espacio del que se apropian en sus visitas a la ciudad.
La oficina como espacio de encuentro y movilización
En el proceso de recoger y documentar los casos de despojo, las
abogadas del Colemad descubren que, a diferencia de su trabajo relacionado con la violencia contra las mujeres en Barranquilla, están ahora frente
a un tema que implica “movilización”. En su trabajo por el cambio social
habían encontrado que era muy difícil generar conciencia de la dimensión
colectiva de la violencia contra las mujeres. Pero en el tema del acceso a la
tierra hay mucha más posibilidades de articular un movimiento, porque
hay lideresas que lo entienden como un problema colectivo.
El trabajo empieza a transcurrir en dos espacios diferenciados. Por
una parte, están las visitas de las abogadas a las zonas rurales, a donde
llegan incluso en moto y en mula. El segundo espacio es el de la oficina
misma, ampliada y mejorada con recursos de donantes internacionales
(Fokus, Empower y Forum Syd). A las oficinas llegan las líderes cuando
van a Barranquilla: se convierte en un lugar para charlar, tomar café, encontrarse con otras líderes en circunstancias similares y acceder a sus correos
electrónicos, contacto que se facilita pues cuentan con un computador
para su uso. En la oficina surgen también otros encuentros periódicos con
diversas excusas, algunos de los cuales tienen lugar en la pequeña sala de
reuniones de la oficina del Colemad y otros en espacios más grandes, alquilados a hoteles.
La creación de un espacio en torno a la asistencia legal como espacio de movilización, un espacio para que las mujeres se conozcan entre
sí, es parte central del trabajo del Colemad. En un inicio era evidente que
las campesinas y campesinos, que se entienden a sí mismos como clientes de las abogadas, estaban interesados en la compensación monetaria y
el perdón de las deudas, y no les interesaba tanto pedirle al Estado que
dijera la verdad sobre ese proceso de adjudicaciones y los fraudes incurridos. Tampoco estaba entre sus planes pedir cambios generales en las normas, hacer cabildeo o iniciar procesos de transformación social. Querían
que los compensaran, que les aliviaran las deudas. Esto fue cambiando
en la medida que fueron apreciando las posibilidades de la movilización
política para lograr sus metas.
Los encuentros de hombres y mujeres rurales son centrales para la
movilización política, al brindar espacios para conocerse y compartir experiencias. Al contarse sus historias se reconocen en las historias de los otros
y se crean solidaridades; además, reconstruyen las tendencias en las zonas
que habitan, comparten los elementos comunes del despojo, actualizan la
información sobre los casos y crean una agenda política conjunta que apoya la “vía campesina” como modelo de desarrollo alternativo. El trabajo de
las abogadas se concentra en facilitar las reuniones y brindar apoyo jurídico
en su papel de acompañantes, pero también de representantes, punto que
se analiza en la siguiente sección.
La representación es crear espacios para que
las líderes campesinas sean escuchadas
El litigio de los casos documentados por Colemad es excepcionalmente complicado. Los casos en sí comparten el despojo, pero corresponden a diferentes figuras legales: hay casos de compraventa directa,
adjudicación de baldíos y resolución de extinción de dominio. Tienen
elementos probatorios complicados y no parecen existir las acciones adecuadas para reclamar. Lo precario de la situación jurídica se puede ver de
muchas maneras. En el 2008 intentaron, por ejemplo, una acción popular, pero el juez administrativo rechazó la acción con el argumento que la
acción que se ajustaba al caso era la acción de reparación directa contra el
Estado. Con estas y otras experiencias similares, las abogadas del Colemad
entienden que son pioneras en temas de competencia y procedimiento, y
51
52
que estas son precisamente las dificultades técnicas para las que las comunidades las necesitan.
El trabajo como abogadas consiste en empujar los límites de un
terreno legal poco allanado. Son débiles los instrumentos del derecho procesal y sustantivo para el despojo rural. El aparato normativo para ocuparse
de la situación de las víctimas a partir de la Ley 1448 del 2011 es apenas
incipiente. La práctica de la abogacía en este campo implica combinar
las diversas acciones disponibles e innovar con las acciones populares,
de grupo, tutela, penal, y los procesos de la Ley de Justicia y Paz (575 de
2007) y de la misma Ley 1448 de 2011 y su reglamentación.
El trabajo de representación no se agota en llevar los casos como lo
hace un abogado tradicional, sorteando las dificultades procesales. Colemad no se plantea como “las abogadas” de unas “organizaciones de base”,
así desde afuera parezca así. En primer lugar, porque lo que hacen, y lo
que esperan hacer, es el acompañamiento de un proceso organizativo antes que una representación legal. En segundo lugar, porque hablan de
comunidades antes que de organizaciones, en la medida en que trabajan
con grupos de personas que, aunque tienen un problema común, no siempre se plantean a sí mismas como una organización. El acompañamiento, entonces, es parte de la formación de un sujeto colectivo que será la
organización, o del fortalecimiento de una organización existente, y es
un acompañamiento, además, que se enfoca en destacar el papel de los
liderazgos de mujeres.
Colemad resiste la definición de su trabajo como “ser abogadas de
las campesinas”, pues consideran que el término plantea una relación jerárquica. Si bien en principio el abogado está al servicio del cliente, en
la práctica, cuando el cliente es pobre, el cliente está en una situación de
vulnerabilidad y subordinación frente al abogado, al que se le llama “doctor” o “doctora” en señal de subordinación y de diferencia de clase social,
mientras que al cliente pobre se le llama por su primer nombre, sin título
y sin apellido. Colemad, en cambio, plantea una relación con sus clientes
que es esencialmente horizontal, en la cual hay un intercambio de experiencias y un reconocimiento de las capacidades y el conocimiento de las
líderes campesinas, que en muchos temas superan a las jóvenes abogadas.
Además de este planteamiento, que combina la representación especializada con la horizontalidad en la relación, las abogadas del Colemad
llevan la representación a los espacios de cabildeo. Son numerosas las ocasiones en que se enfrentan a funcionarios públicos, que toman decisiones
de política pública, para que escuchen a las mujeres a las que representan.
A veces hablan a nombre de ellas, presentando sus casos en espacios políticos nacionales e internacionales, pero la mayoría de las veces la representación consiste en crear un espacio para que ellas sean escuchadas
directamente por los funcionarios y tomadores de decisiones. En ocasiones
preparan a “los clientes” para que presenten sus casos “a la manera de abogados”, y a su vez aprenden de la madurez, compromiso y sabiduría de las
líderes, que saben tomarse el espacio creado para contar directamente sus
experiencias y exigir justicia.
Dificultades cotidianas
Si bien este estudio de caso se enfoca en destacar las mejores prácticas, ello no quiere decir que en todo el proceso —desarrollado en la última
década— hayan tenido pocas dificultades. La primera es la inseguridad.
Luego de unos años de calma, hoy en día Luz Estella recibe llamadas extrañas que la intimidan. En años anteriores, además, cree que fue objeto de
un acercamiento por parte de la izquierda armada o quizá era una trampa,
para hacerle daño y crear un sentimiento de zozobra en la organización.
En el 2005, su renuncia al trabajo con Opción Legal y Acnur se debió
tanto a la frustración por el limitado rango de acción del mandato de su
consultoría como a preocupaciones relacionadas con la visibilidad de su
trabajo, al reciente asesinato del profesor Correa de Andreis, a las amenazas y a la judicialización de otros defensores y activistas en el Atlántico. La
inseguridad también las llevó a abandonar el trabajo con los desplazados
en Barranquilla.
Ya en años más recientes, Colemad ha decidido tomar una actitud
más fuerte frente a las amenazas. En lugar de “bajar el perfil”, como hicieron
en los años de dominio paramilitar, han denunciado las amenazas a ellas
y a sus aliadas, y, por ejemplo, han solicitando medidas urgentes de protección para seis mujeres lideresas de cuatro organizaciones distintas.16 El
Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Protección, les concedió una
medida de emergencia, en la forma de subsidio de transporte, que consiste
en dos salarios mínimos mensuales por dos meses, asignados a la persona
que preste el transporte de una lista autorizada por el Gobierno. A finales
del 2012, las amenazaron a ellas directamente, no a sus aliadas, y el Gobierno les ofreció mayores medidas de protección. Las abogadas del Colemad
las rechazaron por considerar que las medidas ofrecidas, de guardaespaldas,
Dos de Asomuproca, dos de Mujeres al Progreso, una de Cantillera y una de Puerto Giraldo.
53
54
no ofrecían una verdadera seguridad. Continúan en la búsqueda de mayores medidas de protección para las mujeres con las que trabajan, incluso
a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, considerando
que la protección radica en la visibilidad internacional del caso.
Una segunda dificultad del trabajo adelantado por Colemad proviene de la relación con las organizaciones de base. No todas las líderes tienen
el mismo nivel de compromiso y motivación y en algunos casos no esperan
nada del Estado, de manera que la colaboración con el proceso disminuye.
También el paso de los años, y las preocupaciones de la vida privada hacen
que los procesos de concientización se pierdan, y no siempre se renuevan
los liderazgos en las organizaciones.
Una tercera dificultad tiene que ver con la financiación. El modo de
financiación de las ong implica una competencia entre organizaciones similares por recursos escasos de las fundaciones internacionales. Ello genera
dinámicas bien conocidas por las personas que trabajan en este sector, donde se agudiza la competencia por los recursos, lo que dificulta en ocasiones
crear las necesarias redes de mutua confianza y solidaridad.
Por último, el éxito tiene su propio efecto desmovilizador. Con el
éxito, el trabajo del Colemad se ha volcado también en replicar las estrategias de cabildeo y promoción legal de los intereses de las organizaciones
de base. Pero ello quiere decir que hay menos tiempo, y menos recursos,
para las tareas más lentas en las que se consolidó este éxito, como son el
fortalecimiento organizacional y la concientización. El día no tiene más
de veinticuatro horas y no alcanzan a hacer más; la financiación internacional sigue sin contemplar vacaciones, tiempo libre, pensiones y apoyo
a las activistas, y sin incluir la posibilidad de contratar y entrenar a más
personas. Así, como tantas organizaciones no gubernamentales, Colemad
debe encontrar la manera de seguir floreciendo en contextos cambiantes.
Conclusiones: Por una práctica
feminista del derecho
La acción jurídica desde una perspectiva de los derechos de las mujeres y/o feminista ha ganado terreno en la última década. Las mujeres de
la región han fortalecido la exigibilidad de justicia de género para conseguir el goce efectivo de sus derechos, utilizando las normas internacionales
ante las instancias nacionales y, luego, los mecanismos internacionales de
protección que ofrecen los sistemas universal y regional de protección de
derechos humanos. Colemad se enmarca dentro de esta tendencia, tanto
como dentro de la tendencia de los abogados populares. Así, Colemad ha
creado una estrategia de litigio para la justicia de género en casos de violación del derecho a la tierra a mujeres rurales, utilizando el marco de los
derechos humanos de las mujeres, las metodologías de la teoría de género
y/o crítica feminista del derecho y el reconocimiento político de la discriminación contra las mujeres. Al mismo tiempo, las ha combinado con técnicas organizativas, de investigación-acción y de educación popular para
crear una red de organizaciones de campesinas del Atlántico y Magdalena.
Esto sucede en un momento histórico en el que las leyes y políticas
son aparentemente neutrales o han reconocido los derechos de las mujeres
rurales, pero su aplicación práctica ha quedado al arbitrio de la discrecionalidad de los funcionarios, que las aplican en forma discriminatoria. Colemad propone que el análisis del fenómeno jurídico de despojo forzado de
tierras en razón del género requiere una mirada desde los ojos de las mujeres, y para ello hay que empezar por reconocer la discriminación, que se
exacerba en cualquier momento de crisis (conflictos armados, emergencias
ambientales, etc.). Consideran que la metodología utilizada y descrita en
esta segunda parte del estudio de caso, a pesar de las dificultades también
descritas, le ha dado a la organización la oportunidad de incorporar la
perspectiva y sentires de las mujeres rurales que han vivido la discriminación, la violencia, el despojo o riesgo de despojo. También ha propiciado
complejos procesos de aprendizaje sobre lo que puede ser el ejercicio de la
abogacía socialmente comprometido.
Esta ha sido la respuesta que le dieron a la solicitud de ayuda de Eva
Rolong, una respuesta de la cual las jóvenes abogadas del Colemad están, y
con mucha razón, orgullosas.
Referencias
Chambers, Robert. Rapid Rural Appraisal Rationale and Repertoire, Public
Administration and Development, Vol. 1, 1981, pp. 95-106.
Cinep. Noche y Niebla, “Alfredo Correa de Andreis”. Disponible en: http://
www.nocheyniebla.org/files/u1/40/02presentacion_40.pdf.
Comisión de Memoria Histórica. La tierra en disputa, Editorial Taurus,
Bogotá, 2010.
Comisión de Memoria Histórica (2011a). Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, Bogotá, Taurus, 2011.
55
56
Departamento Nacional de Planeación. Agenda interna para la productividad y el desarrollo, Bogotá, 2007.
___. Agenda interna para la productividad y el desarrollo, Bogotá, 2007.
El Tiempo. “Por despojo de tierras fueron capturados exfuncionarios del
Incora”, 2 de junio del 2011. Disponible en: http://www.eltiempo.
com/justicia/articulo-web-new_nota_interior-9523784.html
El Espectador. “Asegurados funcionarios del Incora por despojo a campesinos”, 2 de junio del 2011. Disponible en: http://www.elespectador.
com/noticias/judicial/articulo-274749-asegurados-funcionarios-delincora-despojo-de-tierras-campesinos
Facio, Alda. Cuando el género suena cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal, Ilanud, San José de Costa Rica, 1992.
Fals Borda, Orlando. Conocimiento y poder popular, Lecciones con campesinos de Nicaragua, México y Colombia, Siglo xxi, Bogotá, 1986.
___ et al. Causa popular, ciencia popular, La Rosca, Bogotá, 1972.
Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido, Siglo xxi Editores, México, 2005/1970.
Junqueira, Elaine. “Los abogados populares: en búsqueda de una identidad”, en El otro derecho, Nos. 26-27, ilsa, Bogotá, abril del 2002.
La Silla Vacía. “Jornada de restitución interrumpida”, 26 de abril del 2013.
Disponible en: http://m.lasillavacia.com/node/43882
Lemaitre, Julieta; Bergtora,Kristin y Vargas, Juliana. Organización comunitaria y derechos humanos, La movilización legal de las mujeres desplazadas
en Colombia, Estudios Justicia Global, Universidad de los Andes, Bogotá, pendiente de publicación en el 2014.
Ruiz-Bravo, Patricia y Barrig, Maruja. Lineamientos para la incorporación
del enfoque de género en el seguimiento y evaluación de proyectos, Biblioteca electrónica Preval ii, 2002.
Verdad abierta.com. “El espía del das que persiguió a Alfredo Correa de
Andreis”. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/asesinatos-colectivos/3140-valle-anaya
Vicepresidencia de la República, Observatorio de Derechos Humanos.
Diagnóstico de la relación de derechos humanos y DIH en el departamento
del Atlántico 2000-I a 2011, Bogotá, octubre del 2011.
Vicepresidencia de la República, Observatorio de Programa Vicepresidencial de Derechos Humanos y dih. Diagnóstico de la situación de derechos
humanos y DIH en el departamento del Atlántico 2011, Bogotá, 2012.
El Consejo Nacional
de Mujeres Indígenas
Retomando el camino para la defensa
de la vida buena y en armonía
Las mujeres indígenas, junto con los niños y niñas indígenas a los
que cuidan, son los más vulnerables entre los vulnerables. La población indígena del país sufre de forma desproporcionada el impacto de la pobreza
y del conflicto armado; al interior de esta, son las mujeres, niñas y niños los
más desprotegidos y silenciados. Sin embargo, las mujeres indígenas han
encontrado caminos para hacerse escuchar por las autoridades tradicionales y los gobiernos nacionales y locales, y han logrado posicionar algunas
de sus demandas. Este capítulo da cuenta de uno de estos caminos, el que
ha seguido el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (onic). No ha sido un camino fácil, pero
ha estado lleno de satisfacciones, y las mujeres que lo integran quieren que
otras reconozcan sus huellas y puedan seguirlas.
La onic es la organización de pueblos indígenas más grande de
Colombia y la primera que se crea con cubrimiento nacional. Es la más
importante del país y una de las más reconocidas del mundo. Desde el
año 2007, la onic tiene una doble naturaleza: es según mandato de su VII
Congreso la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, encargada de representar a un alto número organizaciones y pueblos frente al Gobierno y
a otras instituciones del ámbito nacional e internacional. También es, para
efectos administrativos, una organización no gubernamental que promueve y defiende los derechos de los pueblos indígenas.
60
Al interior de la onic, el cnmi es el órgano que representa a las
mujeres de los distintos pueblos; es elegido por la Asamblea Nacional de
Mujeres Indígenas, y tiene funciones específicas de representación de las
mujeres y de asesoría al gobierno de la onic en los temas que las conciernen. En este capítulo se cuenta cómo el cnmi, en colaboración con la
Consejería de Mujer Familia y Generación, que es parte del Consejo de
Gobierno de la onic, ha articulado una visión propia sobre el papel de las
mujeres al interior del movimiento indígena, y los retos de esta visión en
un contexto de desplazamiento forzado y conflicto armado.
La propuesta del cnmi, y de la Consejería de Mujer Familia y Generación de la onic, gira en torno a tres ejes fundamentales, que se describen en este capítulo. El primero es la defensa de una tradición ancestral
indígena, planteada como Ley de Origen o como Derecho Mayor, que al
basarse en la armonía y el equilibrio, respeta y escucha a las mujeres desde
la cosmovisión de los pueblos indígenas. El segundo planteamiento es el
reconocimiento y promoción del papel destacado de las mujeres en el movimiento indígena desde su origen. El tercer planteamiento es el reconocimiento de la forma como el conflicto armado y otras acciones de violencia
han afectado de manera particular a las mujeres indígenas, y deben ser
atendidas y reparadas desde esta particularidad.
La primera parte de este capítulo habla de las mujeres indígenas y su
inserción en el movimiento indígena, particularmente en la onic, a través
de la Consejería de Mujer Familia y Generación y del cnmi. Desde estas
dos instancias de trabajo de la onic, se da cuenta de la experiencia de las
mujeres y de su incidencia en leyes y programas para su protección como
mujeres y como indígenas. La segunda parte explica el lugar de la mujer
en la cosmovisión indígena, por ser esta la primera estrategia y el punto de
partida para la defensa de sus derechos al interior de las comunidades y las
organizaciones indígenas. La tercera parte habla de las mujeres en la organización indígena, incluyendo historias de vida de las consejeras del cnmi,
y, por último, se discute la especial afectación de las mujeres indígenas en
el conflicto armado, y la forma como el cnmi ha enfrentado esa situación.
A lo largo del texto se da cuenta de las tensiones y desafíos que
viven las mujeres indígenas, pero, sobre todo, se quiere hacer énfasis en las
estrategias y maneras de irlos resolviendo, en ocasiones, recurriendo a espacios cuestionados por algunas corrientes feministas, como son el hogar, la
cocina y lo privado. Para la presentación de esta experiencia, a lo largo del
texto se incluyen las historias y reflexiones de algunas mujeres que hacen
parte de la onic y la voz de las protagonistas del cnmi.
El origen, composición y funciones
del Consejo Nacional de Mujeres
Indígenas (cnmi)
La representación de las mujeres al interior de la onic no es nueva.
Hasta el año 2007, las mujeres indígenas organizadas en la onic contaban
con la Secretaría de Mujer y Cultura, la cual estaba bajo la coordinación
de una mujer indígena, que en ocasiones era acompañada por un equipo
de trabajo y contaba con algunos recursos de la cooperación internacional
para apoyar su funcionamiento. De esta manera, el tema de la mujer indígena estaba presente en los debates temáticos. Sin embargo, el lugar en la
estructura organizativa de la onic era débil, ya que esa Secretaría no tenía
un lugar en los espacios de toma de decisiones. Además, la Secretaría de
Mujer y Cultura podía ser removida si así lo decidía el Comité Ejecutivo
de la onic, sin que las mujeres pudieran intervenir en esa decisión. Y en
términos generales, las mujeres indígenas estaban técnicamente excluidas
de las demás decisiones políticas sobre sus problemáticas específicas y sobre
otros asuntos de los pueblos indígenas.
En este marco, en el año 2006 se realizaron varias comisiones de
trabajo preparatorias al VII Congreso, con lo cual se llega al escenario más
importante de decisiones políticas de la onic con propuestas contundentes
desde las mujeres indígenas. En el año 2007, las mujeres indígenas deciden
escribir otra historia en y desde las mismas organizaciones que ellas ayudaron a crear y que luego con ellas (las mujeres) a la sombra florecieron en
distintos escenarios políticos del país.1 Así, en el 2007, en el VII Congreso
de la onic, las mujeres indígenas, que hacen parte de esta organización,
escribieron su historia institucional.
El VII Congreso se realizó en diciembre del 2007, en Ibagué, Tolima, y contó con cerca de cuatro mil participantes,2 hombres y mujeres
de todas las edades, provenientes de casi todos los pueblos indígenas de
1
Centenares de mujeres apoyaron e impulsaron la decisión de sus pueblos de ir a la Asamblea
Nacional Constituyente y luego al Senado de la República, donde estuvieron siempre representadas por sus compañeros hombres. Hicieron parte de la Asamblea Nacional Constituyente: Alfonso
Rojas Birry, Lorenzo Muelas y Alfonso Peña. Posteriormente, han sido parte del Senado de la
República dos senadores indígenas, siempre hombres.
2
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Informe de la campaña Palabra Dulce Aire
de Vida. Forjando caminos para la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción,
Leograf Impresores Ltda., Bogotá, 2010, p. 5.
61
62
Colombia.3 El Congreso tenía como objetivo principal evaluar los veinticinco años de vida institucional de la entidad, fortalecer y redimensionar el proyecto político del movimiento indígena nacional en la defensa,
realización y reconocimiento de los derechos propios y colectivos de los
pueblos indígenas del país. También se proponía consolidar y renovar las
estructuras organizativas y administrativas de la onic, con el propósito de
reafirmarlas o transformarlas, según sus procesos internos, en instancias de
gobierno propio de los pueblos indígenas.
De esta manera, y por decisión de los delegados y delegadas al Congreso, la onic se constituyó en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena.4 Igualmente, los pueblos ordenan por mandato crear un Parlamento
Indígena, que sería el encargado de legislar para los pueblos, y un Consejo
Nacional de Justicia. Asimismo, se instituyeron diez consejerías como parte del gobierno de la onic, y se definió un mandato que debía ser en los siguientes cuatro años la carta de navegación política para la organización.5
El Consejo Nacional de Mujeres Indígenas (cnmi) de la onic, fue
creado por mandato del VII Congreso en el año 2007, en el marco de las
reflexiones sobre la estructura organizativa y administrativa de esta organización. Por lo anterior, el Congreso transformó las siguientes instancias de
gobierno propio: la Junta Directiva de la onic se transformó en Asamblea
Nacional de Autoridades Indígenas, y el Comité Ejecutivo se convirtió en
el Consejo de Gobierno.6 Adicionalmente, se creó el Parlamento Nacional
de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Justicia y el cnmi, con
el propósito de fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas, sus autoridades y gobiernos propios. Estas instancias, según el mandato del VII
Congreso, debían empezar a funcionar en el término de un año, luego
de un proceso de reflexión y análisis con las autoridades de los pueblos
indígenas.7 Sin embargo, en octubre del 2012, es decir, aproximadamente
cuatro años después, el Parlamento Nacional de los Pueblos Indígenas y el
Consejo Nacional de Justicia no habían empezado a funcionar.8 El cnmi,
como se verá, sí.
3
Ibídem.
4
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), 2007. Mandato General VII Congreso de los
Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic).
5
Ibídem.
Véase Mandato de la onic, artículo 5.
7
Véase Mandato de la onic, artículo 15.
Así lo informó el expresidente de la onic en su intervención durante el VIII Congreso, realizado en
Bosa, Cundinamarca, del 7 al 11 de octubre del 2012.
Asimismo, en el Congreso del 2007 se estableció dentro del Mandato General de la onic, y por decisión de los delegados y delegadas al
Congreso, la política propia para la protección de la mujer, la familia y las
generaciones indígenas. Esta política en estricto sentido debía velar por la
gente de los pueblos indígenas: las mujeres, la niñez, la juventud, las personas mayores y la familia conformada según las formas de organización
social de cada pueblo. En relación con las mujeres indígenas, la política
establecida en el mandato primero crea para estas un lugar en la estructura
organizativa de la onic, a través de la Consejería de Mujer, Familia y Generación, y del cnmi.
La Consejería, en cabeza de una sola persona, se crea como parte
del Consejo de Gobierno de la onic, y se dice que estará a cargo de una
mujer. Además se crea una institución asesora que será el cnmi, formado
por diez representantes, como “instancia de asesoría y consulta del Consejo
de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de la onic”.9
Según Dora Tavera, consejera de Mujer Familia y Generación durante el periodo 2008-2012, al momento de iniciar la implementación del
mandato no se sabía con certeza cómo debía hacerse. Por ello la consejera
decidió invitar a mujeres que trabajaban en la onic y en las regionales para
que le ayudaran a pensar cómo implementar el mandato. Fue así que se
llevó a cabo, en agosto del 2008, la primera reunión de mujeres. Con su
ayuda y la de su equipo de trabajo, el siguiente paso consistió en convertir
ese mandato del VII Congreso en ejes estratégicos,10 que luego se convirtieron en proyectos y acciones de trabajo de la Consejería.
Analizando la forma en la que se implementó el mandato, se puede
decir que esta Consejería aportó en metodologías que hoy se replican en
toda la organización nacional. Algunas de esas prácticas de trabajo hoy
irradian el trabajo de la organización y demuestran el liderazgo de las mujeres al interior de la onic. En primer lugar, la Consejería hizo del mandato
del Congreso del 2007 su horizonte de trabajo. En ese sentido, todas las
acciones o proyectos que se realizaban tenían que caber en el mandato,
de lo contrario no era viable su realización. Y así debe ser, porque en el
9
Ibídem.
10
Estos ejes estratégicos fueron: 1. Participación activa de las mujeres en el gobierno propio.
2. Formación política. 3. Documentación, investigación, visibilización e incidencia política en
escenarios nacionales e internacionales. 4. Exigibilidad y defensa jurídica. 5. Construcción de
económicas propias de las mujeres. 7. Construcción de una política de relacionamiento con otras
organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales y el Es-
63
64
mandato se escriben los sueños y esperanzas de los pueblos indígenas, que
luego se deben traducir en acciones estratégicas. Sin embargo, en la práctica, los mandatos de las asambleas y congresos muchas veces no se implementan; no obstante, la Consejería de Mujer Familia y Generación lideró
su implementación al interior de la onic. En segundo lugar, la Consejería
planeó desde el inicio su trabajo con las mujeres de las organizaciones regionales y locales. Esto le permitió desarrollar metodologías de trabajo más
acordes con la realidad de cada pueblo, así como un mayor acercamiento a
sus bases. Actualmente, estas estrategias de trabajo hacen parte de la onic.
De esta manera, todas las consejerías son conscientes de que el punto de
partida para un buen resultado son los mandatos de las asambleas o congresos y que debería nutrir el trabajo con los pueblos y sus organizaciones
locales y regionales.
A diferencia de las otras instancias también creadas por el Congreso
en el 2007, que aún no han logrado posicionarse, el cnmi se conformó,
en noviembre del 2009,11 durante la II Asamblea Nacional de Mujeres
Indígenas, realizada en el municipio de Florida, Valle del Cauca, en el
asentamiento Cajones, y organizada con el liderazgo de la consejera de
Mujer Familia y Generación de la onic. En adelante, el cnmi y la Consejería trabajarían de la mano. La Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas
fue convocada, entre otras, para compartir experiencias organizativas, reflexionar sobre el contexto y el impacto del conflicto armado, consensuar
un posicionamiento frente a las decisiones de la Corte Constitucional y
adoptar medidas para fortalecer el proceso de las mujeres indígenas a nivel
local, regional y nacional.
En el mismo mes, la Asamblea Nacional de Autoridades de la onic
ratificó la conformación del cnmi mediante su resolución No. 006 de
2009. El cnmi empezó sus labores en enero del 2010 y declaró que su
propósito era velar por la participación de las mujeres en los espacios institucionales, sociales y de gobierno de los pueblos indígenas, y por la implementación de la política que proteja la integridad de la familia indígena. El
cnmi quedó integrado por diez consejeras, dos por cada una de las macro
regionales que integran la onic. Estas mujeres fueron: Mildred Montero,
del pueblo Kankuamo; Zoila Riondo, del pueblo Zenú; Luz Yadeny Aguirre González, del pueblo Emberá Chamí; Ana Tulia Zapata Mestizo, del
pueblo Nasa; Lastenia Socha Castañeda, del pueblo Muisca; Alba María
11
de la I Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas se acuerdan lineamientos del Consejo, tales
Yate, del pueblo Pijao; Neida Yaneth Yepes, del pueblo Sikuani; Mercedes
Rodríguez del pueblo Piapoco; Narcisa Ramos, del pueblo Tikuna, y Yaneth Carlosama Jacanamijoy, del pueblo Inga.
Región Macro-norte
Mildred Montero, del pueblo Kankuamo (qepd)
Zoila Riondo, del pueblo Zenú
Región Macro-occidente
Luz Yadeny Aguirre González, del pueblo Embera Chamí
Ana Tulia Zapata Mestizo, del pueblo Nasa
Región Macro-centro oriente
Lastenia Socha Castañeda, del pueblo Muisca
Alba María Yate, del pueblo Pijao
Región Macro-orinoquía
Neida Yaneth Yepes, del pueblo Sikuani
Mercedes Rodríguez, del pueblo Piapoco
Región Macro-amazonía
Narcisa Ramos, del pueblo Tikuna
Yaneth Carlosama Jacanamijoy, del pueblo Inga
Tabla 2. Composición del primer Consejo Nacional de Mujeres Indígenas 2009
En enero del 2010 se inician las sesiones de trabajo del cnmi. Ese
año las sesiones se realizaron cada tres meses, y el espacio estuvo dedicado
a la formación política, a la planeación y a las reflexiones sobre las dificultades de las mujeres y del cnmi en los espacios de participación política,
tanto en las regiones como a nivel nacional. También se hablaba sobre las
distintas problemáticas que viven las mujeres indígenas en sus pueblos.
Las sesiones de trabajo eran muy intensas, implicaban un proceso
de preparación previo y jornadas de trabajo de tres días completos. Con
agenda en mano, el proceso iniciaba siempre con el ritual de armonización,
espacio requerido para la búsqueda del equilibrio y el mejor entendimiento
de toda la información, además de poner en el plano espiritual las necesidades y los sentimientos. Por fortuna, el Consejo contó con la presencia de
Alba María Yate, médica tradicional del pueblo Pijao, quien en distintas
ocasiones dirigió los rituales.
Aunque no está establecido en el mandato del VII Congreso, la
Consejería de Mujer Familia y Generación tiene con el cnmi un rol de
coordinación y articulación importante. Así, la consejera es la encargada
de convocarlas y de promover procesos de formación y de participación en
los escenarios nacionales. De esta manera es posible decir que en adelante
la consejera es parte fundamental del cnmi.
El cnmi inició un proceso de formación en doble vía. Por una parte, las consejeras se formaban en los temas de actualidad nacional para
los pueblos indígenas (territorio, salud, educación, procesos de concertación con el Gobierno Nacional, etc.), y, por otra parte, ellas traían al nivel
65
66
nacional las necesidades más sentidas de sus pueblos y organizaciones, y
especialmente situaban en los debates las problemáticas de las mujeres, la
niñez y las personas mayores.
Las sesiones de formación se iniciaban, generalmente, con los análisis de contexto desde sus regiones y continuaban con presentaciones sobre
algún tema de interés general, en el que sería de gran importancia la visión
y análisis de estas diez mujeres. Entre el 2010 y el 2012, el cnmi participó
en aproximadamente doce sesiones de trabajo, las cuales fueron convocadas y organizadas por la Consejería de Mujer Familia y Generación. Igualmente, han participado en la Mesa Permanente de Concertación Nacional,
impulsando, participando e incidiendo en la formulación de propuestas,
especialmente para las mujeres, la niñez, las personas mayores y las personas con discapacidad, cumpliendo de esta manera los mandatos de los
congresos de la onic.
Entre el 2010 y el 2012, el cnmi participó en distintos procesos:
(i) en la formulación de la metodología para la elaboración del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de las Mujeres Indígenas en Colombia;
(ii) en la socialización y recolección de insumos para la formulación del
Programa de Protección de Mujeres Indígenas, ordenado por el Auto 092
de 2008; (iii) en la formulación del Decreto Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para Pueblos Indígenas (Decreto Ley 4633 de 2011) y
en los contenidos del mandato del VIII Congreso de la onic. El cnmi
también acompañó en terreno el trabajo organizativo de las mujeres indígenas, participó en asambleas macro regionales, en congresos indígenas
y en asambleas comunitarias. También representó a la onic en distintos
escenarios internacionales, como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (caoi) y el Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas. Estas experiencias de trabajo
tuvieron un gran impacto en las consejeras. Todas eran líderes reconocidas
en sus propios pueblos y conocían muy bien sus regiones. Sin embargo,
el grado de familiaridad con la situación de otros pueblos, y en particular
de las mujeres de otros pueblos indígenas, estaba limitado a la asistencia a
algunas reuniones nacionales de la onic donde, en todo caso, dominaban
los hombres. Al hacer sus propios talleres, conocieron mucho más a fondo
la situación y problemática de las mujeres indígenas.
La elaboración del Diagnóstico Nacional, pero en especial los talleres de socialización del Auto 092 de 2008 (para mujeres en situación de
desplazamiento), que se enfoca en la adopción de un programa de protección para mujeres indígenas en situación de desplazamiento, les permitieron
viajar por distintas regiones del país y reunirse con las mujeres en sus territorios. Esta fue una dura experiencia de aprendizaje por tratarse de culturas
diversas, en ocasiones con barreras de lenguaje, pero también del acercamiento a pueblos en situaciones dramáticas y en peligro de extinción.
Esta experiencia, renovada con los talleres regionales que se hicieron para
la consulta del Decreto Ley 4633 de 2011 (Ley de Víctimas), propició la
articulación de propuestas propias para las mujeres indígenas, a partir del
conocimiento íntimo de su situación alrededor del país. En las siguientes
secciones de este capítulo se describen los principales aprendizajes, decantados como planteamientos propios del cnmi.
Primer planteamiento: La mujer es sagrada
en las cosmovisiones indígenas
Las mujeres indígenas tienen asignados roles y significados de gran
importancia. Ellas son la luna, la tierra y el mar… Son mujeres sabias o
guías espirituales, son Zagas o mujer medicina para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Tachinawe para el pueblo Eperara-Siaapidara,
Mama wala entre los Nasa y Outs entre los Wayuú. Ellas son la energía
femenina y la energía positiva. La onic lo reconoce de forma oficial al decir
que: “En las cosmovisiones indígenas, mujeres y hombres son complementarios, ellas poseen la fuerza de lo femenino y ellos la fuerza de lo masculino. Ambos son necesarios para el equilibrio del mundo: diosas y dioses de
los cuales emana la vida, en una relación de interdependencia”.12 Así, por
ejemplo, para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta,
“la tierra es una mujer que tiene un cuerpo, que se compone por las venas
que son los ríos cuya sangre es el agua, y los canales y arroyos son las venas
más pequeñas. Además, posee una espiritualidad, su corazón, que también
[...] es el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta […]”.13
Según las leyes ancestrales de cada pueblo, las mujeres son las encargadas de transmitir la lengua, la cosmovisión y los valores culturales
en los espacios de educación familiar y comunitaria. En los momentos de
12
Véase Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Mujeres Indígenas Sabias y Resisten-
13
Véase propuesta conjunta para el Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de
los Pueblos Indígenas de Colombia. Elaborado por los pueblos indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba
(Kogui), Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Yukpas de la Serranía del Perijá
y Ette Ennaka (Chimila) de los departamentos de Cesar y Magdalena. Valledupar, junio del 2011,
67
68
violencia o de guerras, ellas son las conciliadoras,14 son las que curan, las
que cuidan de la vida. Para las emberas, las mujeres son el corazón de la
cultura, y sin ellas se desintegraría la sociedad. Así, la onic tiene claro que
hombres y mujeres son: “Fuerzas creadoras, distintas pero ninguna mejor
que la otra, cada una cumpliendo su tarea. Ambas necesarias para que el
milagro de la vida pueda ser. Estas fuerzas nunca están en una relación de
dominación de la una sobre la otra, sino que se complementan: el día y la
noche, el sol y la luna, el aire y la tierra. Diferentes pero necesarios el uno
para el otro, cada uno con un lugar y una misión particular”.15
De esta manera, desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas,
el lugar y el papel de la mujer es de gran importancia y de reconocimiento
para la pervivencia física y cultural de sus pueblos. Esto es importante
recalcarlo, pues la cultura occidental tiene un sistema de dualismo sexual
que es a su vez estrictamente jerárquico, donde el hombre es superior a la
mujer, y donde las culturas y espacios masculinos son superiores a las culturas y espacios femeninos, causando un enorme sufrimiento a las mujeres.
Esta tendencia básica de la cultura occidental es parte integral del proceso
colonizador y sus dinámicas de violencia.
Frente a la adopción de posturas autoritarias que replican el modelo
occidental al interior de las organizaciones indígenas, las mujeres del cnmi,
el cuerpo que las representa al interior de la organización, han insistido en
aferrarse a los valores tradicionales auténticos. Consideran que la tradición
auténtica es la que valora a las mujeres y lo femenino, por ser dadoras de
vida y de cultura, sin embargo, esto se ha transformado por diferentes
situaciones de violencia que han provocado cambios en la vida familiar y
comunitaria indígena.
En los últimos sesenta años, el conflicto armado interno se ha
constituido en el principal agente de violencia en el país, agudizando los
procesos de colonización violenta a los que los pueblos indígenas habían
resistido a través de los siglos. El conflicto armado, al cobrar víctimas civiles, se encarnizó en los indígenas, con graves consecuencias para las mujeres. Adicionalmente, las mujeres indígenas son víctimas de violencia al
14
de la mano con su compañero, conciliadora de los problemas cuando había o hay guerra”.
Véase propuesta conjunta para el Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de
los Pueblos Indígenas de Colombia. Elaborado por los pueblos indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Yukpas de la Serranía del
Perijá y Ette Ennaka (Chimila) de los departamentos de Cesar y Magdalena. Valledupar, junio
15
Véase Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Mujeres Indígenas Sabias y Resisten-
interior de sus pueblos y comunidades,16 y sus niveles de participación en
la vida política y organizativa de estos es prácticamente nula.
El cnmi considera que esta situación de sometimiento y violencia es
un efecto de la violencia estructural patriarcal, y no de la cultura ancestral
de los pueblos indígenas que, por el contrario, se basa en la armonía y la
complementariedad. Esta convicción del cnmi encuentra sustento en los
análisis y reflexiones de la Consejería de Mujer Familia y Generación de la
onic, que desde sus inicios, en los años ochenta (primero como el Programa de Mujer y Cultura y actualmente como Consejería), se ha preocupado
por indagar en las leyes y tradiciones ancestrales sobre el papel y el rol de
las mujeres en sus pueblos. Lo anterior ha llevado a la Consejería a concluir
que las mujeres indígenas son sagradas para sus pueblos, que la violencia
contra la mujer no es un asunto de la cultura o de la tradición ancestral
indígena, sino un resultado de la violencia que han padecido los pueblos
indígenas desde la colonización, y de manera particular en los últimos sesenta años por el conflicto armado interno.
El carácter sagrado de la mujer indígena está sustentado en las leyes
ancestrales indígenas. Son los principios establecidos en ellas los que han
guiado el quehacer de la Consejería de Mujer Familia y Generación, del
cnmi y de la onic, en sus últimos años. Por ello, ha sido necesario buscar en
los mitos de origen y en las leyes ancestrales el papel y el lugar de la mujer.
Este planteamiento le ha permitido a la Consejería de Mujer de
la onic y al cnmi empezar a resolver las tensiones entre ancestralidad y
cultura. Para las mujeres indígenas lo ancestral está asociado con la ley de
origen:17 en tanto que la cultura se apropia y se transforma, de esta manera,
se reconoce que existen al interior de los pueblos indígenas prácticas culturales que puede ser nocivas para la vida y la salud de las mujeres. Un ejemplo
parte de su compañero sentimental”. Véase Organización Nacional Indígena de Colombia (onic),
Resumen ejecutivo sobre el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de las Mujeres Indígenas en
Colombia. Realizado en los departamentos de Tolima, Huila, Risaralda y Caquetá, con el apoyo de
las organizaciones regionales: Consejo Regional Indígena del Tolima (crit), Consejo Regional Indígena del Huila (crihu), Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio-Caquetá (criomc) y Consejo
Regional Indígena de Risaralda (crir). Pueblos indígenas: Pijao, Nasa, Misak, Yanakona, Embera
y Koreguaje. Documento interno, onic, 2011.
17
para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la
armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del universo, de nosotros mismos
como pueblos indígenas guardianes de la naturaleza y de toda la humanidad en general, regula
las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización del
mundo”. Véase Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Colombia Audiencia sobre Genocidio
69
70
de ello es la mutilación genital femenina, una práctica que aún existe y que
afecta a las mujeres del pueblo Embera Chamí. Sobre este tema sus autoridades (hombres y mujeres) están reflexionando, y consideran que si esas
prácticas no están amparadas en la ley de origen, no se justifican. Incluso, señalan “que si estuvieran allí se tiene que avanzar en su erradicación,
porque se requiere de prácticas que generen vida y no muerte”.18 Así, la
organización nacional indígena ha promovido el respeto por la sacralidad
ancestral de las mujeres y su autoridad al interior de la comunidad como
mujeres sabias, dadoras de vida y memoria cultural de sus pueblos.
Segundo planteamiento: Las mujeres
son protagonistas de la organización
y el gobierno indígena
Las mujeres indígenas, en especial las mayores, señalan que su presencia en los procesos organizativos de los pueblos indígenas no es un hecho nuevo. Ellas han estado ahí desde el principio. Desde la cacica Gaitana
en la época de la Colonia hasta Bernabela Riondo, María Fabiola Largo,
Doris Lozano Timoté y muchas otras mujeres indígenas que, así como han
parido hijos e hijas para sus pueblos, también han parido procesos políticos, ideas y decisiones para transformar y mantener la vida con dignidad.19
Sin embargo, la historia de las mujeres indígenas en ese caminar político al
interior de sus organizaciones es poco visible, poco contada y, peor aún, su
presencia en las estructuras organizativas (creadas en los años setenta) no
ha sido lo suficientemente clara.
Por ejemplo, las mujeres indígenas participaron en la toma al Episcopado que dio origen a dos decretos de gran importancia (Decreto 3196 y
el Decreto 1397 de 1996), mediante los cuales se crea la Mesa Permanente
de Concertación Nacional, el órgano oficial de interlocución y consulta con los pueblos indígenas, así como otros escenarios institucionales de
diálogo y concertación con el Estado. A pesar de ello, la presencia de las
mujeres en los escenarios de toma de decisiones y de interlocución con el
Gobierno es mínima.20
Luis Evelis Andrade, Primera Cumbre de Organizaciones Indígenas Embera, intervención del
19
Ana Tulia Zapata, miembro del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, entrevista del 2013.
20
Por ejemplo, en el mapa actual de delegaciones sólo dos mujeres indígenas son parte de la Mesa
Permanente de Concertación Nacional, de un total de trece delegados.
La resolución de la onic No. 006 de 2009 conforma y determina el
funcionamiento del cnmi, que fue creado en el 2007 y conformado hasta
el 2009. La resolución dice que la creación del cnmi se fundamenta, por
una parte, en los principios de armonía y equilibrio fundantes de la Ley de
Origen y el Derecho Mayor, y, por la otra, en las realidades de exclusión y
situaciones de maltrato de las mujeres indígenas. Insiste, además, en que
las mujeres son “el símbolo de la resistencia y de la identidad indígenas” y
sus asuntos no pueden ser secundarios en la política indígena.
Entre el 2009 y el 2012, el cnmi estuvo integrado por diez mujeres
indígenas de las cinco grandes regiones que conforman el país y con las
cuales trabaja la onic: Amazonía, Orinoquía, el Caribe colombiano, el
Occidente y la región Centro Oriente. Estas mujeres son parte de los pueblos indígenas Ticuna, Inga, Sikuani, Piapoco, Zenú, Kankuamo, Embera
Chamí, Nasa, Muisca y Pijao. Casi todas ellas cuentan historias de vidas
tristes y dolorosas, muchas marcadas por el desplazamiento y el desarraigo.
Son historias que, sin embargo, las llevaron a tomar la decisión de luchar
por su pueblo, por la tierra y por sus hijos, y son también historias de
liderazgo político. La autoidentificación principal de estas mujeres no es
como mujeres desplazadas, o víctimas de la guerra, sino que se entienden
a sí mismas como mujeres indígenas y como líderes de un movimiento.
Así lo cuenta la consejera Ana Tulia Zapata, indígena del pueblo
Nasa de 64 años, madre de cinco hijos, cuatro varones y una mujer, hoy en
día líderes importantes del movimiento indígena. El esposo de Ana Tulia
fue desaparecido y luego su hermano fue asesinado, como represalia por
el liderazgo compartido en la recuperación de tierras del pueblo Nasa, sin
embargo, ella continuó trabajando y liderando procesos. En sus palabras:
Soy viuda, mi esposo fue desaparecido en el 95, pero yo he seguido trabajando en este proceso. Cuando tenía mis hijos pequeños
empezó todo el proceso de lucha y recuperación de tierras en ese
resguardo, Huellas Caloto […] Cuando mi esposo desapareció o
lo desaparecieron, en la zona occidente del Cauca, por el octavo
frente de las farc, eso fue lo que dijeron. Me quedé sola con mis
cinco hijos, pero yo traté de continuar trabajando y seguir adelante
en este proceso. También asesinaron a mi hermano, que también
estaba en el proceso, entonces me sentía con ese deber de continuar
lo que ellos no pudieron hacer, por haberlos asesinado.
Para la consejera Zoila Riondo, indígena del pueblo Zenú del departamento de Córdoba, madre de siete hijos y con veintiún nietos, la
71
72
historia no es muy distinta. Cuenta que su esposo se salvó de ser asesinado
en una recuperación de tierras y su hermana Bernabela Riondo, una de las
líderes más emblemáticas del movimiento indígena, fue asesinada en 1997.
Y aún así Zoila continuó liderando, incluso fue concejal, en parte gracias al
apoyo incondicional de su pareja:
El compañero mío ha sido una gran persona, hoy en día lo valoro
porque tengo mis siete hijos educados, y tengo veintiún nietos […]
Yo soy artesana, primero hacía el tejido y después yo misma hacía
los sombreros y bolsos, entonces un día la policía estaba borracha
y mataron a dos compañeros, y casi a él, si una señora no se le
atraviesa por delante lo hubieran matado. […] pusimos setenta
muertos, dentro de esos setenta muertos hubo cincuenta compañeros y veinte mujeres. Vino la política, nosotros no gustábamos
de la política, no queríamos sino la organización, pero fue cuando
Pacho Rojas aspiró a la Constituyente y ganó, después Gabriel Muyuy al Senado. Entonces dijimos […] también tenemos que aspirar
a curules municipales, y fue cuando ahí, en una sola voz, [decidieron] llevar a la compañera Zoila al Concejo, y a la señora Bernabela
a la Gobernación, y fue cuando los politiqueros se dieron cuenta
[…] a ella la mandaron a matar.
Mildred Montero, indígena del pueblo Kankuama del departamento del Cesar, fue una de las mujeres más jóvenes del Consejo. Ella, igual
que Zoila y Ana Tulia, tampoco escapó de la violencia política que arrebata
esposos, hermanos, familias y la vida propia. Creció en los años de mayor violencia contra su pueblo, los Kankuamo, cuando unos trescientos
indígenas fueron asesinados y muchos se desplazaron a las ciudades, incluyendo su familia a raíz del asesinato de su padre.21 Hasta el 2013 vivía
con su esposo y sus dos hijos, una niña y un niño, trabajaba como madre
comunitaria y hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos del pueblo Kankuamo y del equipo de trabajo de mujeres de ese pueblo. En julio
del 2013 murió en un accidente de tránsito en circunstancias que aún no
han sido aclaradas.
De igual forma, las mujeres del Consejo también han sufrido otro
tipo de violencia, esa que sufren las mujeres por su condición de mujeres,
indígenas y empobrecidas, pero no por ello han dejado de liderar procesos
para bien de ellas y sus comunidades. Como Narcisa Ramos, una mujer
21
Véase Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Mujeres Indígenas Sabias y Resistentes, Bogotá, Editorial Gente Nueva, p. 73.
de 32 años de edad, que vive con su esposo y tiene cinco hijos —el menor
nació durante su periodo de trabajo como consejera nacional y actualmente tiene un año de edad—. Cuenta así su historia de maltrato y pobreza, y
su resistencia a un matrimonio forzado por esas circunstancias:
Cuando yo tenía catorce años, apenas estaba haciendo cuarto de
primaria, por el hecho de que mis papas no tenían recursos y cuando yo quería hacer mi sexto de primaria, mi mamá […] me entregó
a una persona que yo no quería. [Yo] apenas tenía catorce o quince
añitos. Fue muy duro, un maltrato muy cruel, [me dijeron] que yo
tenía que quedarme con esa persona, y yo les dije que no. Me pegaron una vez muy duro, me encerraron en un cuarto, y yo dije que
no, pues mátenme, yo no quiero tener una pareja, estoy muy chiquitica, quiero seguir adelante, quiero ser alguien en la vida, les dije.
Todas estas mujeres han sufrido enormemente, pero el sufrimiento
no captura sus vidas, tanto es así que se han convertido en líderes reconocidas en sus pueblos. Todas las mujeres del Consejo Nacional llegaron a
este escenario con un acumulado de trabajo organizativo de muchos años.
Todas ellas habían tenido algún nivel de reconocimiento en el trabajo con
sus pueblos. Dos de ellas fueron gobernadoras de sus resguardos, las demás trabajaron otros temas en el movimiento indígena, como derechos
humanos, soberanía alimentaria y recuperaciones territoriales. Pero todas
las que hicieron parte de este Consejo habían trabajado los temas de mujeres y venían con una gran sensibilidad por la situación que estas viven
en sus pueblos y comunidades. En palabras de Ana Tulia: “Yo siempre
estuve acompañando, preparando los alimentos para la gente que se reunía
y en ese espacio me fui formando y dando cuenta de todo lo que estaba
pasando, de la situación de las luchas por la tierra y así me fui metiendo en
este proceso”.22 A ello agrega Mercedes Rodríguez: “Cuando me eligió mi
pueblo de gobernadora, trabajé cuatro años en ese cargo, y ya por decisión
de mí mismo pueblo me eligieron para que representara a ese resguardo
en la organización regional y, pues, así fui llegando, fui escalando, fueron
ocho años consecutivos porque al otro congreso ya volví como fiscal. Pero
siempre a uno le delegan las funciones como más pequeñas y primero empecé como vocal”.23
22
Entrevista a Ana Tulia Zapata, 19 de julio del 2012, Bogotá.
23
Entrevista a Mercedes Rodríguez, 17 de julio del 2012, Bogotá.
73
74
Tanto Ana Tulia como Mercedes (ambas gobernadoras) dicen que
empezaron a trabajar el tema de la mujer en sus organizaciones regionales
“porque les tocó”, porque eran las únicas mujeres en las organizaciones
que ellas representaban. Hoy se sienten muy orgullosas y agradecidas del
trabajo realizado con mujeres, y son conscientes de su importancia. Ana
Tulia cuenta cómo se enfrentó además al problema complejo del maltrato
de la mujer indígena por parte de sus parejas:
Cuando yo fui gobernadora, veía mucha injusticia, […] aquí llegaban compañeras [diciendo] “vea que me pasó esto, por ser mujer”,
venían muchas mujeres y me contaban. Entonces empecé a investigar dónde estaba el problema, y algunos líderes decían “porque
usted es mujer entonces a usted le gusta el bochinche, atiéndalo”.
Entonces yo me fui dando cuenta que la mujer tenía que aguantarse todos los problemas, golpes y no decir nada, porque, si decía
algo, pasaba por bochinchera, entonces tenía que quedarse callada.
Porque si un hombre contaba algo, decían, “ve, pareces una mujer”.
Entonces yo empecé a decir, “esto es una realidad, ¿acaso una mujer
maltratada es bochinche?, porque yo entiendo que bochinche es
que se dice algo que no es verdad, pero una mujer que viene con la
cara negra, ahí está la evidencia, entonces uno cómo se va a quedar
callado”. […] yo empecé a decirle eso a los compañeros, “ustedes no
pueden no decir nada con una mujer golpeada”. Me di cuenta que
no todos los compañeros eran así, algunos me daban la razón. Así
empecé a trabajar, entonces cuando yo llegué al Programa Mujer
me acordaba de lo que había pasado cuando era gobernadora, yo
decía, claro, las compañeras tienen razón porque cuando fui gobernadora había [oído ya] esas palabras. Las que orientaban el trabajo
también eran mestizas, la gente decía “ahí, esas son unas feministas,
que vienen a fregar”. Yo les decía a los compañeros, “podrán ser lo
que ustedes dicen, pero ellas tienen razón en lo que están diciendo”.
Así trabajé en el Programa Mujer por varios años.24
Para las mujeres más jóvenes de este Consejo Nacional trabajar
con mujeres fue una decisión política y una decisión propia, algunas de
ellas empezaron muy jóvenes en su trabajo con mujeres. Así lo cuenta
Luz Yaeni Aguirre:
Siempre he trabajado con el tema de mujer, siempre me ha gustado, desde muy joven, desde los quince o dieciséis años empecé
24
en la comunidad y de ahí viene todo mi proceso con las mujeres,
conformando grupos, trabajando el tema de soberanía alimentaria.
Más tarde me delegaron para ser parte del colectivo de mujeres del
resguardo, un grupo ya más ampliado, donde planeábamos y trabajábamos el proceso de mujeres, desde cada comunidad. Allí estuve tres años, en la regional, esto ha sido como una escala, […] y de
ahí empezaron a delegarme a espacios de capacitación de la onic,
y así ha sido el proceso, hasta que ahora hago parte del cnmi.25
Para Narcisa Ramos, el afirmarse como mujer y defender sus propios derechos es parte central de su historia de vida. Así lo cuenta:
Yo me fui de la casa, a Leticia, a buscar otros horizontes, no tenía la
visión de ir a otra ciudad, pero gracias a Dios me recogió una familia. Yo con ellos estuve un año, después dije que tenía que regresar,
“pasaron muchas cosas, pero es mi mamá y la quiero mucho y la
voy a perdonar con una condición de terminar mis estudios, para
poder defender mis derechos como mujer”. Tenía tan sólo quince
años cuando yo dije eso, que yo volvía con una condición, […]
yo quería decirle a mi mamá que me respetara, y que me diera la
oportunidad de ser alguien en la vida, de buscar nuevos horizontes
para mí y muchas mujeres.26
Todo este acumulado de experiencias de las mujeres lo recibió el
Consejo Nacional de Mujeres Indígenas al momento de su conformación.
Aunque algunas de ellas no creían en este nuevo espacio, pues pensaban que
se trataba de uno más de esos consejos que se crean para llenar un requisito.
Muchas veces en las organizaciones se eligen comités, […] y realmente esos comités no funcionan, […] es como para llenar un
requisito y listo. Yo pensé que iba ser algo similar, que era por
cumplir, pero realmente, con el tiempo, me di cuenta que no era
así. Nos siguieron llamando, a los tres meses tuvimos una reunión acá [en Bogotá], empezaron a capacitarnos y a mandarnos
a espacios de representación […] tuve la oportunidad de trabajar
con el Auto 092 en varios municipios y en los departamentos de
la macro región centro. […] Trabajamos con las mujeres, con los
niños, […] ha sido bien importante y muy satisfactorio el trabajo
dentro del cnmi.27
25
Entrevista a Luz Yaeni Aguirre, 19 de julio del 2012, Bogotá.
Entrevista a Narcisa Ramos, 19 de julio del 2012, Bogotá.
27
75
76
Para las mujeres indígenas que han hecho parte de este proceso,
desde hace más de treinta años, la incidencia se hace hacia el interior de
los pueblos y organizaciones indígenas, con las autoridades masculinas,
incluso con algunas mujeres que no tienen la sensibilidad para analizar,
debatir y defender sus propios derechos. En este sentido, para las mujeres
del cnmi es muy importante “desnaturalizar” los imaginarios de violencia
y de discriminación que viven las mujeres indígenas en sus territorios, así
como la creencia de que algunas formas de violencia y de maltrato se deben
aceptar porque son “culturales” o porque son un asunto privado entre el
esposo y la esposa. Al respecto, consideran que es necesario insistir con los
compañeros de las organizaciones y comunidades en que se deben eliminar
las prácticas culturales que generan daño a los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres y a las niñas. Y como parte de este propósito insisten
que ha cambiado el contexto, lo que hace necesaria la participación de las
mujeres en los espacios de toma de decisión. Esta participación de las mujeres, y el cambio de prácticas culturales que les hacen daño, se da en un
contexto en el cual ellas han sufrido daños y afectaciones históricas por ser
mujeres, en especial, como se describe en el siguiente planteamiento, en el
contexto del conflicto armado.
Tercer planteamiento: El conflicto armado
destruye el sustento material y espiritual
de las mujeres indígenas
Este escrito no pretende dar cuenta de las difíciles condiciones sociales y económicas que viven las mujeres indígenas. Por el contrario, su
propósito es dar cuenta, a través del ejemplo del cnmi, de sus reivindicaciones políticas, sus principios, estrategias y métodos de trabajo para la
defensa de sus derechos, y los de sus pueblos, en un contexto a menudo adverso para ellas, tanto a nivel externo como al interior de sus comunidades.
Sin embargo, para entender el trabajo del cnmi es importante describir el
contexto en el cual se desarrolla, que es un contexto de conflicto armado
interno, donde el desplazamiento y el asesinato han afectado especialmente a los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas habitan en toda la geografía colombiana,
mayoritariamente en zonas rurales y especialmente en territorios que se
encuentran organizados como resguardos, como parcialidades indígenas o
como territorios ancestrales, no delimitados legalmente. Algunos también
habitan en zonas urbanas debido a un progresivo “proceso migratorio hacia las ciudades”,28 a raíz del agotamiento de las tierras ancestrales y de los
resguardos, y el desplazamiento forzado causado por el conflicto armado
interno.29 Según el Censo Nacional del 2005, realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (dane), en Colombia habitan 1.378.884
personas indígenas, pertenecientes a 87 pueblos, los cuales representan el
3,3% de la población nacional,30 y según los mismos datos censales, los
indígenas hablan 64 idiomas distintos.31 Para la Organización Nacional
Indígena de Colombia, el número total es de 102 pueblos.32 De acuerdo
con el dane (2005), el 63% de la población indígena vive bajo la línea de
pobreza, el 47,6% está bajo la línea de miseria y el 34,53% no tiene acceso
a ningún servicio de salud. Y la tasa de analfabetismo de la población indígena entre 15 y 49 años de edad es de 24,1%, mientras la de la población
mestiza es seis veces menor, es decir, 3,9%.
En este contexto, las mujeres indígenas representan cerca del 50%
de la población indígena.33 Y aunque las cifras censales poco dan cuenta de
aspectos específicos y diferenciales sobre ellas, la Procuraduría General
de la Nación, en el 2006, señaló que entre los indígenas la tasa de mujeres
analfabetas es superior en más de diez puntos con respecto a la población
masculina indígena.34 En el mismo sentido, el Plan Mundial de Alimentación (pma) señaló que los problemas de acceso a servicios de agua potable
y sanitarios afectan a mujeres, niñas y niños indígenas con una incidencia
de enfermedades infecciosas y malnutrición infantil y de las embarazadas
muy por encima del promedio nacional.35
29
Ibídem.
30
Estos datos han sido tomados del Censo Nacional elaborado por el Departamento Nacional de
31
Estos datos han sido tomados del Censo Nacional elaborado por el Departamento Nacional de
32
Véase Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Informe de la campaña Palabra Dulce
Aire de Vida. Forjando caminos para la pervivencia de los pueblos indígenas en riesgo de extinción, Leograf Impresores Ltda., Bogotá, 2010, p. 7.
-
33
tamento Administrativo de Estadísticas (dane
étnica y cultural”, mayo del 2007.
34
Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, Pueblos indígenas, Diálogos entre culturas. Consultado en:
indigenas.pdf
35
Ibídem.
77
78
La percepción de la onic, a través de su contacto cotidiano con las
comunidades indígenas, es que en muchas partes del país, especialmente
en las zonas afectadas por el conflicto armado, las comunidades han sufrido una merma importante en su capacidad de sustentarse con los medios
tradicionales de producción y que este deterioro de calidad de vida, y en
especial de la alimentación, afecta sobre todo a mujeres, niñas y niños. Por
otro lado, el desplazamiento y el confinamiento resultantes del conflicto
armado interno han afectado de forma significativa a los pueblos indígenas
y especialmente a las mujeres.
Según Acnur, desde 1997 hasta el 2011 se había desplazado un total
de 106.562 personas indígenas.36 Durante el 2012, por lo menos 18.154
indígenas tuvieron que desplazarse de sus lugares de origen. Y en el 2013, al
total de la cifra de personas indígenas desplazadas se le suman 4.464 más.37
En el mismo periodo de tiempo (2009-2013), un total de 1442 mujeres y
761 niñas vieron vulnerados sus derechos; en eventos de desplazamientos
masivos se relacionan 538 mujeres y 369 niñas; 87 mujeres y 31 niñas fueron
víctimas de confinamiento; 41 mujeres y 9 niñas fueron asesinadas, y 358
mujeres, entre ellas 249 niñas, sufrieron otros daños por infracciones al dih.38
En el 2008, la Corte Constitucional colombiana señaló que no existen en Colombia medidas oficiales para visibilizar los cuadros agudos de
vulnerabilidad que viven las mujeres indígenas, ni para comprender el rol
femenino y específico que cumplen en su respectiva comunidad, y los impactos que surte el desplazamiento forzado sobre el ejercicio del mismo.39
La misma Corte concluyó al año siguiente (Auto 004 de 2009) que los
pueblos indígenas de Colombia están en riesgo de desaparecer física y culturalmente por el conflicto armado interno. Así, en Colombia, la situación
de los pueblos indígenas, y en especial de las mujeres,40 se profundiza con
el conflicto armado interno y con otros intereses económicos que existen
sobre sus territorios.
Para el cnmi fue una gran oportunidad la decisión de la Corte de
ordenar un plan de protección para mujeres indígenas, en el marco de la
37
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, dih y Paz, Boletín No. 5/20121, enero a diciembre, p. 14.
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Humanos, dih y Paz, Documento elaborado por la onic para la Minga Indígena Social y
Popular del 2013.
39
40
Véase Corte Constitucional colombiana, Auto 004 de 2009.
crisis humanitaria generada por el masivo desplazamiento forzado. Gracias
a esta decisión, tomada en el Auto 092 de 2008, en el año 2009 tuvieron la
oportunidad de viajar y conocer diferentes pueblos indígenas, reuniéndose
con las mujeres en talleres para discutir su situación de desprotección. Este
proceso, además de resultar en la difusión de los autos 092 y 237 de 2008,
adoptados por la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, dio origen a una propuesta de programa de protección
para las mujeres indígenas de la onic, y permitió a las mujeres del cnmi
conocer de cerca la situación de las mujeres indígenas de muchos pueblos.
Este proceso de formación se materializó en la incidencia efectiva
de las mujeres en los espacios de diálogo y concertación con el Gobierno
Nacional y en particular en la adopción del Decreto Ley 4633 de 2011.
El Gobierno Nacional fue delegado, de forma expresa por la Ley 1448 de
2011 (Ley de Víctimas), para consultar una norma que con rango de ley
respondiera a las víctimas de minorías étnicas, incluyendo un decreto ley
para los pueblos indígenas. En la consulta del decreto ley, las mujeres de la
onic, no sólo del cnmi, se propusieron incidir en los contenidos para incluir sus circunstancias particulares. Así, se pusieron como meta promover
la formulación de un decreto que incorporara las propuestas y necesidades
de las mujeres y las generaciones indígenas. Ello implicó una ardua labor a
nivel local y nacional, incluyendo el seguimiento al proceso, el diálogo permanente con los equipos de campo, la elaboración de propuestas, etc. Un
primer resultado fue lograr que en el marco de la ruta metodológica para
realizar la consulta del decreto ley se incluyera “que el proceso de consulta
contaría con la participación de todos los pueblos indígenas y en especial
de las mujeres, mayores y jóvenes”.41
Como resultado de un largo proceso de consulta, en el que las mismas mujeres indígenas formularon y socializaron sus propuestas, el Decreto Ley 4633 de 2011 le da prioridad a la mujeres indígenas en materia de
atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras y territorios.
De manera específica, el decreto contiene varios principios que se refieren
a las mujeres indígenas, un capítulo de enfoque diferencial al interior de
los pueblos indígenas y otras medidas en materia de atención, asistencia,
protección y participación de las mujeres indígenas. Uno de los principios
más importantes (art. 16) señala que las mujeres indígenas tienen especial reconocimiento y protección, y que tendrán medidas específicas de
reparación individual y colectiva “que partan del reconocimiento de su
41
Mesa Permanente de Concertación Nacional, Acta del 11 de marzo del 2011.
79
80
importancia para la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas”.
El mismo decreto ley establece que las autoridades indígenas están obligadas a garantizar la participación de las mujeres indígenas en la definición
del Plan Integral de Reparaciones Colectivas para Pueblos y Comunidades
Indígenas (art. 133).
Quizá la inclusión más representativa de la experiencia del cnmi
con la socialización del Auto 092 de 2008, y con la recolección de insumos
para el plan de protección, es la de la violencia espiritual como un daño
específico reconocido por el Decreto Ley 4633 (art. 49).42 Este concepto,
que no aparecía en ningún instrumento jurídico nacional o internacional, se llevó a la consulta del Decreto Ley 4633 de 2011, de manera que
en este momento el reconocimiento de la violencia espiritual contra las
mujeres indígenas es parte de la legislación nacional. La violencia espiritual se define como aquella que busca destruir los símbolos espirituales y
sagrados de los pueblos indígenas, y es el medio para lograr el etnocidio
o genocidio cultural, es decir, la desaparición de la cultura indígena. En
muchas ocasiones la violencia contra las mujeres tiene esta intención, ya
que se les agrede física y sexualmente en su papel de líderes y guías espirituales —Zagas, mujer medicina, T´walas, Outs, Tachinawe etc.—, y se les
impide las prácticas tradicionales. Varias formas de violencia tienen este
resultado de violencia espiritual, que resulta en un sufrimiento que va más
allá de lo corporal. Se puede señalar, además de la violencia física y sexual
contra las mujeres que son guías espirituales, otras prácticas que imposibilitan las prácticas ancestrales, como son la militarización de los resguardos,
el minado del territorio sagrado, el bombardeo aéreo y la aspersión con
glifosato, la explotación del subsuelo, las represas que inundan territorio
sagrado, etc.43
Conclusión: El cnmi hacia el futuro
La experiencia de ser mujer indígena es central en el accionar del
cnmi, así como la comprensión que le dan las mujeres que lo componen
a su propia experiencia y a la de las demás mujeres indígenas. También
-
42
cos, espirituales, sexuales y económicos”.
43
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic) y otras, Informe sobre discriminación contra
las mujeres indígenas en las Américas, Audiencia durante el 144º Periodo Ordinario de Sesiones
es central el rechazo de la naturalización de la violencia hacia las mujeres
indígenas, sea por medio de supuestas prácticas tradicionales o desde las
dinámicas del conflicto armado. Para ellas la violencia y la discriminación
no son parte ni de los mitos de origen, ni de la ley ancestral y, por lo tanto,
alteran el equilibrio y la armonía a la que aspiran las tradiciones indígenas.
Para ellas el fin es vivir en armonía y a plenitud todo el tiempo y no en
ocasiones, y, por lo tanto, vivir sin miedo en su hogar y su territorio.44
La vida cotidiana de las mujeres del cnmi refleja tanto ese compromiso, como la carga que llevan por el sólo hecho de ser mujeres. Ellas,
como muchas mujeres indígenas que viven en sus comunidades, empiezan
el día a las cuatro de la mañana, con las labores del hogar, a la orilla del
fogón, un espacio que según sus historias se aprovecha para hacer el trabajo
político, para informar a la familia o a la comunidad sobre el trabajo que
se hace afuera y por medio del cual esperan beneficiar a sus comunidades.
Ellas no descansan, el tiempo libre es para hacer artesanías, para ir a las
reuniones y hacer el trabajo con las otras mujeres y con su comunidad, un
trabajo que, además, no tiene una remuneración económica, que se hace
por convicción.
Durante los procesos descritos en este capítulo, el cnmi y la Consejería de Mujer Familia y Generación avanzaron en varios niveles. Como se
mencionó anteriormente, lograron incluir en las normas de justicia transicional las necesidades específicas de las mujeres indígenas. Además, han
logrado promover el tema de las mujeres, los niños y niñas y los mayores
como un asunto de importancia dentro del movimiento indígena. También han promovido la reducción del temor a la fragmentación al interior
de los pueblos indígenas, a través de la promoción de temas femeninos.
Como resultado, se han empezado a trabajar y a tratar estos temas de una
manera más digna y respetuosa, al menos en los espacios públicos.
Sin embargo, las mujeres indígenas siguen teniendo dificultades
para ser escuchadas y sobre todo para elaborar propuestas sobre sus necesidades como mujeres. Además, corren el riesgo que no se interioricen los
cambios y las transformaciones al interior de la familia, de la comunidad y
por parte de las autoridades, especialmente las locales. Existe también una
resistencia interna porque algunos sectores indígenas creen que analizar
los problemas específicos que sufren las mujeres, los niños y niñas rompe
con la integralidad y con la visión holística de los pueblos. Otra dificultad
es que a pesar de los esfuerzos por igualar las problemáticas de las mujeres
44
Ibídem.
81
82
indígenas a otros problemas del movimiento indígena, estas siguen siendo
consideradas problemáticas secundarias.
En este difícil proceso, el cnmi ha aprendido importantes lecciones
prácticas. En primer lugar, que no pueden separarse del todo de las actividades centrales de la onic. Así, para sus líderes es importante contar con la
experiencia de trabajo con los pueblos indígenas en general, y no sólo con
mujeres. Durante este proceso, en varias ocasiones fue muy importante
que, además del conocimiento sobre las mujeres indígenas, se pudieran hacer aportes sobre otros temas igualmente importantes para el movimiento
indígena. Este tipo de aportes generan legitimidad y respeto. Además, la
cercanía al resto de la organización es importante para contar con aliados
y aliadas al interior del proceso, tanto del Gobierno como entre los líderes
(hombres) del movimiento indígena.
También ha habido un aprendizaje importante sobre la forma de
presentar sus posiciones. Así, han aprendido que es conveniente presentar
las necesidades y problemáticas de las mujeres indígenas desde la perspectiva propia, es decir, sin recurrir de manera abierta a teorías y argumentos
externos. Es necesario hablar desde los argumentos o desde las realidades
y a partir de ejemplos concretos, y proponer los temas en los momentos
apropiados, es decir, no hacerlo durante los momentos de tensión. Sobre
todo es importante saber que no se puede lograr todo y que la incorporación de derechos para las mujeres indígenas y otros grupos poblaciones
será un proceso largo.
Hacia el futuro, el cnmi insistirá en sus planteamientos. Primero,
sostendrá una y otra vez que la discriminación y la violencia contra las
mujeres no es parte de una tradición ancestral basada en la armonía y
el equilibrio. Segundo, destacará la importancia de las mujeres para los
procesos organizativos del movimiento indígena, tanto en la historia del
movimiento como en el momento presente. Tercero, mostrará la forma
en que el conflicto armado y otras formas de violencia han afectado a las
mujeres indígenas, e insistirá en una atención y reparación especializada.
Y el cnmi insistirá en estos puntos también desde la sabiduría de su propia experiencia, con conocimiento de los obstáculos a los que se enfrenta,
pero también de su propia capacidad para lograr transformaciones que
acerquen a las mujeres a la materialización de su propia visión de lo que
es una vida buena.
Referencias
Corte Constitucional colombiana. Auto 092 de 2008 y Auto 004 de 2009.
Gargallo Calentani, Francesca. Feminismos desde el Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, Ediciones
desde abajo, septiembre del 2012.
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic). Informe de la campaña Palabra Dulce Aire de Vida, Forjando caminos para la pervivencia
de los pueblos indígenas en riesgo de extinción, Leograf Impresores
Ltda., Bogotá, 2010.
___. Mandato General VII Congreso de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
___. Mujeres Indígenas Sabias y Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Colombia, Audiencia sobre Genocidio Indígena, Atanquez, 18 y
19 de julio del 2008.
Presidencia de la Republica. Decreto Ley 4633 de 2011.
Santa María Chavarro, Ángela, et al. Identidades políticas porosas. Estudio
sobre las reivindicaciones sociales nacionales y transnacionales, capítulo
“Eclosiones identitarias. interseccionalidad y feminismo(s) en jaque”,
Editorial Universidad del Rosario, octubre del 2012.
Documentos internos de las organizaciones
indigenas (sin publicar)
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (onic). Asamblea Nacional de
Autoridades Indígenas, Resolución No. 006, noviembre del 2009.
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic). Resumen ejecutivo
sobre el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de las Mujeres Indígenas en Colombia (documento interno), realizado en los departamentos
de Tolima, Huila, Risaralda y Caquetá, con el apoyo de las organizaciones regionales: crit, crihu, criomc y crir. Pueblos indígenas: Pijao,
Nasa, Misak, Yanakona, Embera y Koreguaje.
Resguardo indígena Arhuaco. Propuesta conjunta para el Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas de
Colombia (documento interno), elaborado por los pueblos indígenas
Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Yukpas de la Serranía del Perijá y Ette Ennaka
(Chimila) de los departamentos de Cesar y Magdalena, Valledupar,
junio del 2011.
83
84
Memorias de la Primera Cumbre de Organizaciones Indígenas Embera.
Bogotá, 8 de octubre del 2012.
Mesa Permanente de Concertación Nacional. Acta del 11 de marzo de 2011.
Entrevistas realizadas
Alba María Yate, Bogotá, sede de la onic, sábado 14 de julio del 2012, 4 pm.
Ana Tulia Zapata, Chinauta, Cundinamarca, Casa “Buenos Aires”, jueves
19 de julio del 2012, 7:30 am.
Janeth Lozano Bustos, Bogotá, jueves 9 de agosto del 2012, 10 am.
Lastenia Socha, Bogotá, miércoles 12 de septiembre del 2012, 1 pm.
Luz Yaeni Aguirre, Chinauta, Cundinamarca, Casa “Buenos Aires”, miércoles 18 de julio del 2012, 5 pm.
Mercedes Rodríguez y Neida Yaneth Yepes, Chinauta, Cundinamarca,
Casa “Buenos Aires”, martes 17 de julio del 2012, 8 pm.
Narcisa Ramos, Chinauta, Cundinamarca, Casa “Buenos Aires”, miércoles
18 de julio del 2012, 9 pm.
Yaneth Carlosama, Bogotá, sede de la onic, jueves 2 de agosto del 2012,
2:30 pm.
Zoila Riondo Bogotá, sede de la onic, martes 11 de septiembre 2012, 5 pm.
Páginas web consultadas
Departamento Administrativo de Planeación. “Colombia: una nación
multicultural”, mayo del 2007. Consultado en: www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/grupos_etnicos.pdf.
Departamento Nacional de Estadística (dane). Censo Nacional elaborado en el año 2005. Consultado en: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud). Cuaderno del
Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, Pueblos indígenas,
Diálogos entre culturas. Consultado en: http://pnud.org.co/img_upl
oad/61626461626434343535373737353535/2012/cuaderno_indigenas.pdf
Corporación
Casa Amazonía
El taller como remedio
Valentina González Villegas
Sandra Vargas Mahecha*
*
Las autoras agradecen los comentarios de Ana Manuela Ochoa a una versión anterior de
este capítulo.
La profesionalización del voluntariado y del trabajo social, que se
inicia de forma masiva alrededor del mundo en la década de los ochenta,
genera también una forma de trabajo que es más o menos uniforme bajo el
influjo de la globalización: las organizaciones no gubernamentales (ong).
El feminismo, como otros movimientos sociales, se canalizó en esta forma
de organización, con el surgimiento masivo de las ong de mujeres para
trabajar con y para las mujeres. La profesionalización de este trabajo, y las
limitaciones y oportunidades que ello representa, también fue objeto de
arduas discusiones al interior del movimiento global de mujeres.1
En Colombia, como en otros países, el problema central de las ong
de mujeres ha sido buscar su sostenibilidad financiera, ya que la característica central del trabajo es que no genera ingresos que remuneren los
esfuerzos de las personas que trabajan en ellas. Por lo tanto, la arquitectura
de las ong, sus intereses y discursos reflejan en buena parte la búsqueda de
la financiación. Esta llega a menudo a través de las organizaciones internacionales, sea directamente por fondos de ayuda privados o agencias de
cooperación, o indirectamente a través de los organismos multilaterales
y la asesoría a los gobiernos. Frente a esta financiación, las profesionales locales cumplen dos labores: la primera es apropiarse de las campañas
1
Para un ejemplo reciente de esta discusión ver: Barry y Djordjevic (2007).
88
globales y traducirlas a los valores e inquietudes locales.2 La segunda labor
es resistir las prioridades y la formalidad de los fondos externos insistiendo
en las propias prioridades.
La necesidad de financiación, en su mayor parte internacional,
resulta en una cotidianeidad parecida en diversas organizaciones, con “el
proyecto” como protagonista: el proyecto es aquel documento por el cual
se solicitan fondos, y tiene un desarrollo más o menos predecible de fines,
que se expresan en actividades concretas que requieren financiación. Las
actividades, a su vez, se traducen en productos medibles, y cuya entrega
o documentación es parte central del informe final de ejecución del proyecto. Dentro de los productos, el taller a menudo ocupa un lugar privilegiado. En el taller, las mujeres que trabajan de forma más o menos estable
en la ong crean lugares de encuentro con las beneficiarias de su trabajo,
usualmente terceras personas (que no son miembros de la ong). En el modelo prevalente de privatización de los servicios sociales, los proyectos y, en
consecuencia, los talleres, tienen como beneficiarios mujeres pobres. Las
ong les prestan servicios en lugar del Estado: entre otros, prestan servicios
de educación y formación ciudadana, salud física y mental, entrenamiento
laboral y asesoría legal.
El taller es una salida a la tensión entre los intereses de las financiadoras y las necesidades de las profesionales de las ong. Siguiendo el
interés de buena administración de las financiadoras, el taller es un producto medible, una actividad que se puede colocar en el proyecto como
materialización de unos objetivos específicos, y que se puede documentar
fácilmente con fotos, listados de asistencia e incluso publicaciones. Los
talleres, además de prestar servicios sociales, facilitan el cumplimiento de
múltiples objetivos que varían con las modas de turno: pueden ser talleres
de capacitación, de socialización, de consulta, de formación, de empoderamiento, etc. Siguiendo las necesidades de las ong, el taller permite a
las profesionales cobrar honorarios por su trabajo como talleristas, lo cual
financia otras actividades menos medibles, como son el contacto diario
con las comunidades o las solicitudes hechas a funcionarios públicos. Los
rubros de refrigerio y transporte del taller, además, se convierten en un
incentivo material para la asistencia de las mujeres más pobres.
Así, la globalización del modelo de servicios de las ong también
ha resultado en una amplia difusión de múltiples formas o métodos para
2
Para una descripción de esta labor en diferentes partes del mundo ver: Merry (2007) y
Riles (2003).
hacer talleres. Algunas veces se siguen manuales publicados por la misma
cooperación internacional, con métodos para hacer diagnósticos participativos y para evaluar el impacto de proyectos (de estos, el más conocido
es quizá el del Banco Mundial [1996]). Otras veces se hacen talleres que
siguen la tradición latinoamericana de educación popular, cuyo origen directo son las teorías de Paulo Freire y Orlando Fals Borda, pero que ha sido
popularizada en innumerables manuales de educación popular y de investigación-acción-participativa. En ocasiones, las ong feministas utilizan el
modelo de las feministas norteamericanas “consciousness raising” o creación
de conciencia feminista, que, a su vez, tiene influencia de Freire. En otros
casos, el taller parece recordar más a un salón de clase con la disciplina,
jerarquías y carteleras que caracterizan esa experiencia.
El derecho es parte central de estos procesos de profesionalización
de las ong y su financiación a través de proyectos y talleres. En países periféricos como Colombia, la financiación de las ong de mujeres ha llegado
de la mano del surgimiento y consolidación de los derechos de las mujeres
como derechos humanos, y su creciente importancia en campos cercanos,
como son el derecho internacional humanitario, los derechos y garantías
constitucionales y la justicia transicional. Traducido en proyectos y talleres,
este énfasis resulta en una proliferación de talleres de educación y asistencia
legal, así como talleres de concientización y materialización de los derechos
humanos de las mujeres.
En los últimos años, sin embargo, hay un descontento creciente con
los talleres. Los líderes de base murmuran “parecemos carro viejo, de taller
en taller”. Las profesionales hablan de la falta de medición de la eficacia
de los talleres, de la sobrecapacitación de los líderes de base, de la infantilización de la relación entre las profesionales (que imparten el taller) y los
“alumnos”, muchas veces curtidos líderes en diversas lides.3
Es en este contexto que documentamos la experiencia de la Corporación Casa Amazonía en Mocoa, Putumayo. La Corporación Casa Amazonía o coca, como se llaman a sí mismas, es un grupo de siete activistas
y profesionales que trabaja en una de las zonas más violentas del país.
En la medida en que los proyectos lo permiten hay posibilidades de contratación y pago de honorarios, de lo contrario es un trabajo voluntario.
Como la mayoría de las ong, hacen talleres. Sus talleres, dirigidos a jóvenes, mujeres y niños y niñas vulnerables y en situación de violencia, se han
3
Esta conclusión surge no sólo de este estudio de caso, sino del estudio más amplio con organizaciones de base descrito en el estudio introductorio de este trabajo.
89
90
transformado de talleres relativamente estándar a talleres que exploran la
posibilidad de utilizar dinámicas de juego y de relajación, medicina alternativa, meditación, rituales contraculturales y la alteración de la conciencia
como método de sanación individual y colectiva frente a los estragos de
la violencia. Este capítulo da cuenta de esta trasformación, la búsqueda
que persiste y los interrogantes que presenta para los talleres que utilizan
métodos más conservadores.
El caso es relevante por dos razones importantes. La primera es
que confronta las formas tradicionales de organización de comunidades
de base, y muestra sus particularidades y sus límites. Y la segunda es que
es parte de un incipiente movimiento contracultural en Colombia que
apenas empieza a documentarse, donde una reacción ante la violencia
del conflicto ha sido el refugio en propuestas que reinventan la tradición
indígena como ecológica y democrática, y buscan sanación en esta, con
prácticas que incluyen círculos de palabra, yoga, meditaciones, temazcales,
danzas de paz, reiki, armonizaciones con plantas y en algunas ocasiones
el consumo del yagé, definido no como sustancia alucinógena sino como
medicina o remedio.4
Origen de la Corporación
Casa Amazonía (coca)
Las fundadoras de coca, Valentina González y Sandra Vargas, se
conocieron a principios de la década del 2000, cuando trabajaban en una
de las zonas más golpeadas por la violencia de esos años: los Montes de
María. Ambas estaban involucradas en programas de trabajo con la comunidad. Su primera colaboración fue en un colectivo de comunicaciones
que apoyaba procesos de radio comunitaria en la zona, en los pueblos de
El Carmen, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano, todos en el
departamento de Bolívar.
Era una época muy dura en esta zona. Entonces, como hoy, eran
pueblos que no tenían acueducto y sufrían por la falta de agua en el verano. Además, les tocó de cerca la guerra. Fueron testigo de un bombardeo
desde el aire y de un ataque con pipetas de gas, y vieron como llegaban
4
Hay una amplia literatura sobre el yagé y sus propiedades curativas, pero quizá el trabajo mejor
conocido, y que versa precisamente sobre el uso del yagé en el Putumayo para curar las heridas
Cavnar (2014) (eds.).
camionetas con muertos y heridos. Acompañaron a niños y niñas que quedaron tan impactados, que la pólvora festiva les desencadenaba intensos
ataques de pánico.
Después de esa experiencia se ubicaron en Río Cedro, Córdoba,
donde contribuyeron en una experiencia de educación alternativa que existía ya en esa comunidad. Ahí, una vez más, fueron testigo de la guerra,
con la entrada del terror de la mano de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba (acc). Río Cedro queda en una zona de consolidación del poder
paramilitar, y entonces presencian el control de la vida comunitaria por
parte de las acc, los procesos de limpieza social, la militarización de la vida
cotidiana y la propaganda del actor armado para reclutar niños y niñas.
Fueron presionadas para unirse a las acc, por parte del “ala social” de las
acc, que insistían en que su deber era cuidar a la población civil.
Ante esta presión decidieron abandonar el proyecto y ubicarse en
Bogotá, primero a través de la ong Cedavida,5 que trabaja en procesos
pedagógicos con sobrevivientes del conflicto armado, y después como consultoras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Entonces Sandra y luego Valentina se instalan en Mocoa, Putumayo. Su
trabajo iba a ser el de coordinar talleres de jóvenes y mujeres desplazados.
En el Putumayo también las esperaba la guerra, tanto por la confrontación
entre grupos armados al margen de la ley como por la guerra a las drogas,
que en el departamento era la guerra a los cultivos de coca.
Si bien Mocoa ha sido relativamente tranquilo, otros municipios
del Medio Putumayo, así como el Bajo Putumayo, fueron en esos años
grandes expulsores de población, que en parte se reubicó en Mocoa. El
sur de Putumayo sufrió entre finales de los años noventa y el 2006 una
encarnizada guerra entre los paramilitares y las farc, con una creciente
presencia de las Fuerzas Armadas. Los paramilitares llegaron a controlar
varios cascos urbanos, así como parte del negocio de tráfico de la pasta de
coca que se produce en la zona, mientras que los frentes 32 y 48 de las
farc mantenían una presencia importante en muchas zonas rurales, donde
también se financiaban con el tráfico de coca. En el medio, la población
civil sufrió vejámenes, torturas y asesinatos; los actores armados, y en especial los paramilitares que disputaron el control territorial de la guerrilla,
privilegiaron la destrucción física y moral de las mujeres como forma de
control poblacional (Comisión de Memoria Histórica 2011b, 2012).
5
Para mayor información sobre Cedavida, que también integra pedagogías alternativas al trabajo
con niños y niñas sobrevivientes de la violencia, ver: www.cedavida.org
91
92
Valentina y Sandra trabajaron para Cedavida y Acnur haciendo talleres con población desplazada, entre el 2003 y el 2005, hasta que decidieron montar su propia organización, la Corporación Casa Amazonía.
coca se constituyó legalmente el 5 de abril del 2005, conformada por
mujeres que venían trabajando en proyectos con asociaciones, jóvenes, niñas y niños, docentes y mujeres en situación de desplazamiento, vinculadas
de diferentes maneras al trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados Acnur, seccional Putumayo. A partir
del trabajo realizado durante más de tres años en la zona, sus fundadoras hicieron una lectura común del problema social en el Putumayo, que
mostraba la fragmentación del tejido social y espiritual de la población,
producto de un proceso de más de veinte años de economías extractivas e
ilícitas y de violación permanente de los derechos humanos por parte de
diferentes actores armados que operaban en la región. Esta situación las llevó a indagar con las comunidades posibles alternativas que contribuyeran
a resarcir los daños de la guerra. Fruto de estas reflexiones apareció la necesidad de fortalecer el arraigo, la identidad cultural, la equidad de género, la
protección del medio ambiente y el sentido de pertenencia. Y con este fin
iniciaron coca, que ha trabajado con las comunidades de base de Mocoa y
de otros pueblos y zonas rurales de Putumayo, desde el 2006.
Su forma de trabajo es principalmente a través de talleres con mujeres, jóvenes, niños y niñas, adelantando diversos proyectos financiados por
cooperación internacional y en ocasiones por el Estado. Los proyectos han
variado con los años, como ha variado la forma de hacer los talleres, que
se han convertido cada vez más en procesos de sanación y menos en los
“talleres estándar” propios de la profesionalización de las organizaciones no
gubernamentales. Y hacer “talleres de sanación” las aleja del público usual
de los talleres, los líderes políticos de comunidades de base, y las acercan,
por una parte, directamente a las familias, a través del trabajo con niños y
niñas, y, por otra parte, al mundo de la sanación ancestral del Putumayo,
a través del contacto con sanadoras tradicionales de diversas etnias indígenas, y una creciente comunidad de profesionales de clase media que buscan
en el Putumayo una cultura alternativa a la violencia cotidiana.
Este aprendizaje se ha dado en buena parte en alianza con la Asociación de Mujeres Chagra de Vida (Asomi), ubicada en la vereda Las Planadas en Mocoa, donde coca realiza muchas de sus actividades. Asomi
agrupa mujeres-medicina de cinco pueblos indígenas del Putumayo (Siona, Coreguaje, Kametzá, Inga y Kofan). Ellas vienen trabajando desde el
2004 para compartir sus saberes, y buscan conservar la sabiduría ancestral
y la medicina tradicional en la búsqueda del buen vivir. La invitación a
acompañarlas en su proceso ha sido para las mujeres de coca un honor y
una inspiración.
En este estudio de caso destacamos el acercamiento de coca al tema
de la sanación como alternativa a la profesionalización de las ong y como
respuesta a la violencia, y lo enmarcamos en procesos contraculturales de
resistencia a las violencias emergentes en el país. A continuación describimos el paulatino acercamiento a la medicina tradicional indígena y su
efecto en la transformación de los talleres.
El diagnóstico de la violencia con la Alianza
Departamental de Mujeres del Putumayo
En el 2007 y 2008, las mujeres de coca formaron parte de una
organización más amplia llamada la Alianza Departamental de Mujeres del
Putumayo. La Alianza comprende varias organizaciones y mujeres lideresas, y tiene como objetivo visibilizar la situación de los derechos de las mujeres y generar agendas comunes para hacer incidencia política. Junto con
la Alianza emprendieron la tarea de hacer un diagnóstico de la situación de
las mujeres en el Putumayo, en particular como consecuencia del conflicto
armado. Este diagnóstico fue de vital importancia, pues se acercaron al
costo del conflicto en relación con la salud mental de las mujeres.
A través del diagnóstico, la Alianza encontró que el impacto emocional del conflicto ha sido devastador para ellas. Concluyeron que hacía
falta una apuesta por la salud mental de las mujeres, y que no parecía haber
un modelo exitoso de intervención. Encontraron una enorme prevalencia
de la violencia sexual, utilizada para humillar y someter a las mujeres tanto
dentro de las relaciones familiares y comunitarias, como por parte de los
actores armados, según un patrón sistemático de eliminación, tortura y humillación de la población civil, como documentó la Comisión de Memoria
Histórica (2011b, 2012).
Descubrieron también más de cerca la pobreza que ya conocían por
su trabajo con las mujeres de base, y encontraron la pobreza como efecto
y forma de violencia. Una relación clara entre la pobreza para ellas viene
de la fumigación que acaba con los cultivos ilícitos, pero también con las
fuentes de comida de las comunidades rurales. El Estado está presente sólo
en programas asistenciales de pocos recursos, como Familias en Acción,
el modelo colombiano de lo que se conoce a nivel internacional como
93
94
transferencias monetarias condicionadas o conditional cash transfers. Se trata de pequeñas entregas de dinero a la población más pobre, a cambio de
que abandonen ciertos comportamientos asociados a la pobreza, como no
enviar a los niños al colegio o no llevarlos a chequeos médicos regulares.
En Colombia el programa fue bautizado durante el Gobierno de Andrés
Pastrana como Familias en Acción.
Al mismo tiempo, a través del diagnóstico, conocieron muchas
mujeres admirables por sus procesos de resistencia y de pacifismo radical.
Conocieron maestras de zonas rurales que fueron a rescatar a los niños y
las niñas que los actores armados les habían robado, maestras que van hasta
los campamentos a reclamarlos y se enfrentan a paramilitares y guerrilla.
Mujeres que han sobrevivido horrores sin nombre, como ver asesinar a sus
seres queridos, ver cómo torturan a sus familiares y amigos, sobrevivir todo
tipo de vejámenes. Recuerdan a una mujer que recibió la cabeza de su hijo;
otra que soportó todos los horrores imaginables hasta que un hijo se enlistó
voluntariamente en el Ejército y entonces entró en depresión profunda, sin
poder salir de su cama al imaginar al hijo en la guerra por voluntad propia.
Y vieron de cerca la angustia constante de las mujeres que no podían entender por qué a sus hijos e hijas los arrasaba la guerra, por qué tenían que
escapar de ella a través del desplazamiento y por qué no podían ni pensar
en sus propias heridas y dolores.
Quizá el caso icónico de este proceso, y que luego salió a la luz
pública es el conocido como “el caso de las hermanas Galárraga”. Blanca
Meneses, conocida en el país como “la mamá de las Galárraga”, perdió
cuatro hijas en La Dorada, Putumayo, en el 2001, cuando paramilitares
que actuaban en la zona secuestraron a cuatro de sus cinco hijas. Las muchachas, cuyas edades oscilaban entre los veintidós y los trece años, fueron
torturadas y asesinadas, y Blanca y su hija sobreviviente fueron desplazadas.6 Durante años, Blanca estuvo enfrascada en la búsqueda de los cadáveres de sus hijas, destapando ella misma numerosas fosas comunes en la
zona después de la desmovilización de los paramilitares, en el año 2006. Es
en esa época que Sandra y Valentina conocieron a Blanca Meneses y quedaron impactadas por su historia y su dolor, como quedaron muchas de
las activistas de la Alianza que trabajaron en ese diagnóstico. Testimonios
Para una presentación más detallada de la historia de las hermanas Galárraga ver: Comisión de
El Espectador,
mas/mujeres/violencia-sexual-contra-mujeres-y-ninas/el-caso-de-la-familia-galarraga-colombia/
como estos fueron la base de la crítica de coca al sistema de los talleres,
una crítica que es también una propuesta de resistencia.
Crítica al sistema
La crítica de coca va más allá de la posición pacifista y prolegalización de la coca de las ong feministas del Putumayo. Se articula también
como una crítica a los programas de asistencia del Estado que perpetúan
la pobreza que supuestamente combaten. Algunos entregan una pequeña
suma mensual por hijo (es el caso de Familias en Acción), promoviendo el
rol de la madre como cuidadora y, de forma indirecta, las familias numerosas. Otros programas de asistencia suponen que con unas sumas pequeñas
las mujeres lograran ingresar a la economía de mercado; son los conocidos
“proyectos productivos”, que no resuelven las necesidades materiales de
mujeres cuya capacidad productiva no se adecúa con facilidad a las demandas de un mercado, por lo demás pequeño.7
La crítica se extiende al modelo de intervención de las ong y organismos internacionales cuyas agendas transnacionales no se compadecen
de las necesidades locales y exigen proyectos en ciertos temas, con ciertos
indicadores. Para estas el taller es una medida fácil de la ejecución correcta
de recursos, pero no para las mujeres de base que son sus beneficiarias. No
es difícil comprender que el taller es un ejercicio inútil para mujeres que se
sientan a ocupar el espacio y firmar la lista de asistencia, pero cuya mente
está ocupada en angustias económicas cotidianas y necesidades apremiantes. Pero el taller, o su inutilidad, va más allá de la insensibilidad hacia
las mujeres que están ahí sentadas: también pone en evidencia el modelo
de intervención promovido desde la ayuda internacional por profesionales
que llegan y se van, que cumplen objetivos manteniendo distancia emocional de las mujeres de base. Se trata de profesionales cuya energía parece
agotarse en mantener las formalidades de una oficina en Bogotá: el maquillaje, el tacón, el horario de trabajo detrás de un computador, el cumplimiento de metas establecidas muy lejos de Mocoa.
La experiencia les fue enseñando a las profesionales de coca que
este tipo de intervención no es sólo inútil, e insensible, sino que, además,
genera unas dinámicas de participación negativas. Promueve el surgimiento
7
Para críticas al sistema de las transferencias condicionadas desde una perspectiva feminista
95
96
de líderes en las comunidades cuyo interés principal es el sustento propio
y de sus familias, y que encuentran en el supuesto liderazgo una forma de
sobrevivir y no una forma de ayudar a los demás. La capacitación que se les
brinda se convierte, entonces, en un insumo más para poder salir adelante
con sus familias (y no sus comunidades), en un contexto donde deben
competir por recursos escasos en circunstancias de pobreza apremiante,
y donde lo que ofrecen el Estado y la cooperación internacional se ofrece
es a comunidades “organizadas”. La organización de base se convierte, entonces, como el mundo de las ong, en el espacio de los celos, las envidias
y la puesta en escena de múltiples conflictos interpersonales que no son
atendidos pues no hay el tiempo, ni los recursos, ni el interés frente a la
presión de la subsistencia.
¿Cómo ser ong ante este panorama? ¿Cómo trabajar con comunidades pobres? A la presión descrita, común en las sociedades de mercado
contemporáneas, se suma el conflicto armado con su militarización de la
vida cotidiana. coca asume, entonces, un pacifismo radical, que las lleva
a plantear como parte central de su proyecto el arrebatarle niños y niñas a
una guerra que no es de ellos y que los convierte en soldados y prestadoras
de servicios sexuales para los soldados de múltiples ejércitos. La pregunta
que surge es: ¿Cómo cambiar las dinámicas dentro de los límites disponibles de la financiación para las ong? La respuesta la encuentran en un
replanteamiento de los talleres.
Nuevos talleres
coca empieza, a partir de la crítica descrita, a experimentar con
otro tipo de talleres. Participan en una caravana de la salud con médicos
alternativos de diferentes partes del país, que trabajan la necesidad de sanación tanto física como espiritual. Entra a la organización Sirley Cely,
sicóloga y también la esposa de un taita del Putumayo que apoya el trabajo
con prácticas alternativas, como temazcales y ceremonias con plantas medicinales. Otras sicólogas que se integran al equipo son: Gloria Guerrero,
quien conoce a fondo el sistema de salud y posibilitó ahondar en diagnósticos a través de líneas de base, para develar la real situación de niños,
niñas y mujeres, además de hacer intervenciones más integrales desde la
filosofía de “la magia del amor”, con la colaboración de Clarita Apraez y
Lucía Barbosa. En el 2006 llega Lorena Bermúdez, joven comunicadora
que pone toda su energía en la producción radial y en la creación de piezas
comunicativas. Aparecen en este caminar otras mujeres importantes para
coca como Patricia Patiño, Ruth Bravo, Tania y Ángela González. En la
actualidad, el equipo está también integrado por Marta López, encargada
de la parte administrativa, y Sulaith Auzaque, médica alternativa, quien
además apoya las actividades de incidencia en Bogotá.
Los talleres empiezan a integrar diversas tradiciones y diversas actividades con el fin de la sanación. Experimentan con danzas sagradas,
que enseñan Tania y David, danzantes de paz de Nuh-Jay del Alto Putumayo. También empiezan a hacer el temazcal, que es un ritual ancestral
indígena que busca potenciar la energía femenina, a través de la conexión
con la madre tierra y la reflexión sobre todas nuestras relaciones. Otras
actividades son la construcción de mandalas y tributos a la madre tierra,
canciones sagradas, constelaciones familiares, yoga para bajar los niveles
de ansiedad, limpias de purificación compartidas por las y los indígenas
del Putumayo.
Esta exploración y aprendizaje con tradiciones indígenas y actividades tomadas de la contracultura occidental (hipismo, nueva era, ecologismo radical, pacifismo radical, feminismo radical, rechazo al consumismo
y al materialismo, religión wicca) tiene como fin último la búsqueda del
bienestar, el buen vivir. Un bienestar que interpretan como un estar bien
en varias dimensiones: corporal, relacional y comunitaria. En lo corporal
buscan el bienestar físico, a pesar de las violencias y dolores del pasado;
en lo relacional buscan que las relaciones personales y laborales no sean
conflictivas y que integren el tiempo del ocio; en lo comunitario buscan la
solidaridad como parte de la construcción del bienestar.
A pesar de las dificultades para replicar este tipo de experiencia,
pues es el producto de decisiones y convicciones personales, este estudio
de caso quiere llamar la atención sobre algunos procesos de aprendizaje
que pueden alimentar otras intervenciones de las ong. Identificamos que
la construcción del bienestar en estas múltiples dimensiones atraviesa tres
estrategias comunes a los talleres: la afectividad cariñosa, la construcción
de relaciones horizontales y la adopción de la sanación como consigna. La
afectividad cariñosa implica que el taller es un momento dentro de una relación afectuosa con las mujeres de base que se extiende en el tiempo y no
una intervención puntual. La construcción de relaciones horizontales entre
profesionales y comunidad se plantea de forma deliberada, y se construyen
en el tiempo. Por último, la sanación se convierte en el horizonte ético del
trabajo, medio y fin de la intervención. A continuación se explica cada una
de estas estrategias.
97
98
Una relación afectiva extendida en el tiempo:
el ejemplo de los talleres con niños y niñas
Una de las actividades principales de coca ha sido el trabajo con
niños y niñas en colegios, muchos en zonas de conflicto y en algunos de
los 62 internados. Estos son una forma corriente de educación en el Putumayo para garantizar cobertura y permanencia, y que en este contexto de
conflicto armado han sido, en algunos casos, una estrategia para proteger
a los niños y niñas del reclutamiento y la violencia sexual y garantizar una
mínima alimentación diaria, incluso cuando los padres viven cerca. Los talleres con niños y niñas en escuelas e internados, y por ende con sus padres
y madres, han sido financiados por diversos donantes pero especialmente
por War Child.
War Child es una agencia de cooperación internacional holandesa que trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por los
conflictos armados, promoviendo sus fortalezas interiores con un enfoque participativo y creativo. Desde el 2009, War Child ha apoyado el
trabajo de coca en Colombia.8 El trabajo con los niños y niñas, que es
continuo en el tiempo, a veces durante años, les permite establecer relaciones afectivas con las comunidades, relaciones que ellas definen como
de “comadres”. Parte de estas se desarrollan compartiendo el tiempo libre
con las personas con las que están trabajando, involucrándose en los intercambios verbales humorísticos que establecen confianza en la cultura
popular, y mostrándose abiertas a ser parte de estas relaciones informales
que construyen las solidaridades en el espacio rural. Se generan así afectos
de “comadrazgo”, que sin ser íntimos son sinceros y reconocibles para las
personas de base. Se expresan en contacto físico afectuoso (abrazos, saludo
y despedida de beso, etc.), así como en la expresión verbal que muestra
interés por cuidar al otro, preguntando por su familia, su vida personal,
ofreciendo comida, etc. La camaradería y mutuo cuidado que se genera
en este proceso en no pocas ocasiones se extiende más allá de los vínculos laborales.
En un extremo de esta manifestación de cuidado resalta que Sandra
y Valentina han acogido en tres ocasiones adolescentes en situaciones personales muy difíciles, y los han apoyado material y emocionalmente para
que terminen su bachillerato y encuentren trabajo, apoyo que ha incluido
Para más información sobre War Child ver: www.warchild.org
vivir en su casa durante largos periodos, incluso años. Su casa, como ellas
mismas insisten, es un espacio abierto para recibir jóvenes en momentos
difíciles de paso por Mocoa.
Esta intimidad afectiva y persistencia en el tiempo les permite
acompañar procesos muy satisfactorios por medio de talleres de juego y artes, donde los niños y niñas se expresan, en ocasiones se sanan, y formulan
planes de vida alternos al conflicto armado. Su mayor satisfacción, difícil
de presentar en un informe de financiación, ha sido el ver a los niños y
niñas convertirse en jóvenes que rechazan la guerra y exigen un futuro con
mayores oportunidades, mayor respeto y con justicia social para ellos y
sus comunidades.
La relación con los adultos se presenta también de otra manera en
estos talleres. Como padres y madres, los adultos acuden con el agradecimiento de saber que ellas se están ocupando de sus hijos e hijas, y participan en talleres de transformación con un entusiasmo y sinceridad que no
es usual en otro tipo de actividades. Así, con el entusiasmo de los padres y
las madres y sus hijos e hijas, han aprendido que estos talleres dan resultados, y en la base de este éxito está la disposición afectuosa de las talleristas
a establecer relaciones permanentes.
Un ejemplo lo encontramos en la Institución Educativa Rural
El Tigre, ubicada en el municipio de Valle del Guamuez, inspección de El
Tigre, Putumayo. En el 2006, coca empezó a acompañar los procesos
educativos del plantel, con talleres donde trabajaban por medio del juego
y de los espacios de escucha en talleres de habilidades para la vida: aprendieron a hacer artesanías, a hacer huertas escolares, crearon una emisora de
radio escolar, danzaban y también hablaban de sus derechos. Estos talleres,
realizados dos veces al mes durante un periodo de dos años, irritaban a los
actores armados, pues allí, como en otras partes del país, la escuela, el arte,
la lúdica y el compromiso de los y las maestras se convierten en la principal
talanquera contra el reclutamiento forzado y las relaciones sexuales con las
y los menores.
Entonces, en el 2008, fueron amenazadas por un actor armado que
les dijo que si no se iban habría consecuencias. La amenaza, en particular
en esa zona, era una razón contundente para no volver. Entre 1999 y el
2006, los paramilitares habían controlado la zona, en el Valle de Gamuez,
a sangre y fuego. Su control se inició con la masacre del 9 de enero de
1999, cuando los paramilitares del Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita
al Bloque Central Bolívar (bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia
(auc), asesinaron a veintiocho personas, quemaron casas, motocicletas y
99
100
vehículos. Durante ese periodo controlaron los cascos urbanos de la zona
ejerciendo un dominio que victimizó a la población civil, que era estigmatizada como guerrillera. A pesar de la desmovilización de los paramilitares,
la zona seguía siendo zona de guerra con presencia de actores armados de
diversa índole, cuyas amenazas eran creíbles para los pobladores. Así, coca
no regresó a El Tigre hasta el año 2010.
Dos años después de ser expulsadas encontraron a sus antiguos
alumnos de El Tigre en la vereda El Yarumo en otro evento escolar y los
invitaron a un encuentro de jóvenes a Mocoa. Y los alumnos de El Tigre
llegaron a Mocoa con una lista con sesenta firmas de niños y niñas que
les pedían que regresaran. Ese momento fue para ellas conmovedor y las
convenció que, a pesar que el actor armado seguía ahí, debían regresar. Finalmente lograron hacerlo a través de una alianza que se hizo entre la iglesia local y la rectora del colegio, regresarían bajo otro nombre y seguirían
acompañando a los alumnos por medio de los talleres. La permanencia de
esta relación en el tiempo es una muestra de la sinceridad de los vínculos
afectivos y del interés de los niños y niñas por estos procesos, es una muestra del efecto directo y positivo del afecto sincero que se puede plantear
dentro del marco del trabajo de las ong con las comunidades.
La construcción de relaciones
horizontales con las líderes sociales
Las relaciones afectuosas descritas arriba se dan dentro de una crítica constante a las jerarquías usuales en el funcionamiento de las relaciones
entre la base y las profesionales. coca insiste en una propuesta de trato
horizontal, respetuoso y transparente. Ello no implica una romantización
de las mujeres de base (de hecho, coca reconoce y critica los múltiples
problemas del liderazgo en las asociaciones y organizaciones con las que
han trabajado). Tampoco se trata de una falsa relación horizontal con los
jóvenes, a quienes respetan pero con la claridad de que no son adultos. En
cambio, se basa en plantear una relación de equivalencia con las mujeres
con las que trabajan: el planteamiento es la equivalencia en medio de
la diferencia.
Un ejemplo de esta horizontalidad fue el encuentro de intercambio
de saberes de mujeres indígenas del 2012. Los talleres fueron organizados
por Asomi (Asociación de Mujeres Indígenas) Chagra de Vida, una organización que agrupa mujeres medicina, muchas compañeras de taita, de
cinco pueblos del Putumayo. El encuentro tenía el objetivo de compartir
saberes entre las mujeres medicina, y a este fueron invitadas también las
mujeres de coca con el mismo propósito. Entonces parte de los talleres
eran organizados por coca (la elaboración de mandalas como forma de
meditación colectiva, por ejemplo) y se propiciaban conversaciones de tú a
tú en las cuales Sulaith Auzaque, la médica que hace parte de coca, compartía saberes con las médicas tradicionales, y estas entre sí. También las
mujeres medicina enseñaban a las demás participantes a identificar yerbas
y preparar remedios.
En este evento, Sirley Cely propició una conversación sobre la
identidad femenina que empezaba con la pregunta: “¿En qué momento se
han sentido diosas?”. A partir de esta pregunta y de un video de la “Abuela
Margarita”, en la que esta defiende la sabiduría femenina y la presencia de
Dios o del gran espíritu “en todas nosotras”, se da una discusión guiada.
Durante la discusión, las mujeres comparten las difíciles circunstancias
de su cotidianeidad y de sus vidas, la soledad, las muchas pérdidas y las
tristezas. También tejen sus relatos con testimonios de la manera como las
diferencias de género producen sufrimiento, por ejemplo, por el estigma
que representa la menstruación y por la negación de la importancia de
sus conocimientos. La conversación es también un espacio para oír el
testimonio de resistencia de mujeres que han sabido escapar y negociar
los aspectos más duros de la subordinación, y su testimonio se convierte
también en una forma respetuosa de reconocer y de valorar la resistencia a las jerarquías injustas y dolorosas de las diferencias de género en
sus comunidades.
Otra forma de subvertir las jerarquías y plantear la horizontalidad se
encuentra en la manera de organizar el trabajo en la sede misma de coca.
La casa, incluso después de la amenaza recibida hace un año por celular,
sigue siendo de puertas abiertas. Como en otras épocas es la casa de todos.
El espacio principal es una mesa de trabajo sin cubículos cerrados. No
hay horarios, se valora el tiempo libre y hay frecuentes actividades lúdicas.
La actitud que portan se refleja en una camiseta que mandaron a hacer
recientemente y que han regalado a sus amigas y conocidas: por delante
dice “Estamos buscando amantes”, y por detrás, “de los derechos de las
mujeres”. Cuando la vecina, una señora mayor, les informó que la camiseta
por delante atrajo la crítica del sacerdote del pueblo, estallaron en risas y
comentarios jocosos, fortaleciendo a través del humor los lazos de afecto y
equivalencia entre la ong y las mujeres de base.
101
102
La sanación como medio y como fin:
el camino de las mujeres medicina
Es bien sabido entre los profesionales que trabajan con mujeres pobres que el autocuidado es un reto constante tanto para las profesionales de
las ong como para las líderes comunitarias. Por lo general, en ambos casos
se trata de mujeres que están comprometidas con el bienestar de otros, sea
de su comunidad o de su grupo familiar. El trabajo no cesa y se escalona en
múltiples jornadas, que empiezan antes del amanecer con la preparación
de los alimentos para toda la familia y se extienden hasta entrada la noche
con la última limpieza de las habitaciones familiares. En el transcurso del
día se combinan múltiples trabajos productivos y reproductivos: la búsqueda del sustento, la preparación de alimentos, la reunión comunitaria, el
cuidado de hijos, hijas, nietos y nietas, atender a la pareja si se tiene y, por
supuesto, “el taller de turno”. Son jornadas extenuantes con poco tiempo
libre y que no se detienen los fines de semana ni reconocen vacaciones.
Volcar el taller hacia el autocuidado y la reflexión puede ser muy
confrontante para estas mujeres acostumbradas a trabajar sin descanso
dentro y fuera del hogar. Algunas no han podido parar a reflexionar sobre sí mismas en muchos años, y otras nunca han tenido la oportunidad.
A menudo les parece un lujo innecesario en momentos de enormes dificultades materiales. Como dijeron algunas líderes de mujeres desplazadas
respecto a los talleres de sanación: “Nosotras no estamos locas, nosotras
necesitamos es trabajar para poder comer”.
Para otras, en cambio, estos talleres de autoreflexión han significado
procesos de transformación personal muy importantes.
Es el caso de L., una de las participantes en los talleres de coca, que
se casó siendo muy joven (dieciséis años) y entró al magisterio en una zona
rural del Putumayo.9 Allí los paramilitares asesinaron a su esposo, frente
a sus ojos, y tiraron el cuerpo al río, mientras él le pedía que lo ayudara y
ella, embarazada, lo miraba impotente. A raíz de esto se desplazó y al nacer
su hija se la entregó a su cuñada como hija de crianza pues no estaba en
capacidad de criarla ella misma. Y nunca, desde entonces, quiso hablar
de la muerte de su esposo, de sus sentimientos, y cuando le preguntaban
su estado civil no podía articular la evidente verdad: que era viuda. En
cambio, se quedaba en silencio. El espacio de los talleres de sanación, en
especial cuando planteaban reconocer el duelo, la llevó a revivir el día de la
9
Entrevista realizada por Juliana Vargas, Mocoa, 29 de noviembre del 2011.
muerte, pero también a dejarlo ir y perdonarse por no haber intervenido.
Y, dice ella, aprendió, muchos años después, a decir que es viuda. Después
del taller llamó a su hija, ya casi adulta, y le dijo: “Hija, su papá se murió”.
Y la hija le dijo: “¡Pero eso fue hace dieciséis años!”. Y ella le respondió: “Es
que hasta ahora lo puedo decir”.
Despertar estos recuerdos y procesos sin un acompañamiento constante es, por supuesto, un reto enorme y una gran responsabilidad. En
parte, de manera más o menos deliberada, coca lo suple con el llamado
a integrar en la cotidianeidad una espiritualidad feminista que refleja un
movimiento más amplio de la contracultura religiosa. Se hace un llamado
a valorarse cada cual como manifestación de un sagrado femenino en sus
muchas estaciones, y entender este sagrado femenino como una dimensión
del amor. Valorar a la mujer y lo femenino es valorarse una misma, perdonarse y honrarse, y permitirse seguir adelante actuando desde una actitud
de generosa entrega y cuidado de una misma tanto como de los demás.
En el Putumayo, donde funciona coca, hay además un fuerte elemento cultural que le da contexto al llamado a la sanación. El espacio
físico está por supuesto protagonizado por la selva amazónica, con todo
su poder simbólico en la cultura occidental, que en todo caso es la cultura
dominante en la zona. Esta selva es el descenso a lo salvaje, a la vorágine
tanto de la dificultad de la vida cotidiana como del salvajismo que han
protagonizado las diversas oleadas de colonización extractiva. Así, la presencia de la selva con su belleza y su simbolismo salvaje es una presencia
ineludible en medio de la guerra, representando tanto su crueldad como la
posibilidad de sanación.
Frente a esto, y como lo ha analizado Michael Taussig (2002/1987),
la cultura del consumo de yagé, una planta de la selva misma, como medicina, como remedio, es una forma de resistencia a los estragos de la violencia, una cura que es tanto personal como cultural y que nunca deja de ser
indispensable frente al tormento de los recuerdos personales y colectivos.
En este sentido, el taller como remedio hace eco a lo que en la zona es la
medicina, o el remedio por definición: la toma ritual de yagé donde los
efectos alucinogénicos, guiados por los médicos tradicionales, llevan al autoconocimiento y al alivio de males físicos y emocionales.
A la propuesta del remedio se agregan múltiples actividades que,
han comprobado, tienen como resultado la sanación o por lo menos el alivio de las penas, actividades que vienen de múltiples tradiciones y maestros.
En coca han aprendido, por ejemplo, a hacer danzas y cantos sagrados, ceremonias de temazcal, “limpias” y purificaciones con plantas tradicionales.
103
104
Así, la sanación con ayuda de la medicina tradicional se une al afecto que
permanece en el tiempo y al trato respetuoso y equivalente para propiciar,
bajo la forma del taller de las ong, espacios de alivio y superación de los
estragos, a veces insuperables, de la guerra.
Conclusión: Una búsqueda que persiste
El giro hacia la sanación no deja de ser problemático. Si bien la
intención es enfrentar procesos para que las mujeres sanen las huellas que
deja la violencia en el cuerpo y en la subjetividad, el daño es muchas
veces inconmensurable. Las dinámicas de la guerra en el Putumayo, la
forma como se ensañó en las mujeres, la humillación y violencia sexual,
la desaparición y tortura de seres queridos, presenciar torturas y ejecuciones públicas, dejan huellas difíciles de borrar. En este clima, las usuales
dificultades de la acción colectiva se magnifican y la violencia se reproduce, en menores dimensiones, en las relaciones personales en las mismas
organizaciones de base.
A ello se suma la persistencia de la violencia, tanto estructural y
familiar como la del conflicto armado. Las mujeres de base viven en medio
de circunstancias de extrema pobreza que son en sí mismas violencia estructural. Esta se agrava por el conflicto armado de forma directa, cuando
son declaradas objetivo militar por alguno de los muchos actores, pero
también de forma indirecta, cuando sus campos y trochas son minados,
cuando fumigan la coca pero también los cultivos donde crecen sus alimentos, cuando deben soportar el temor que les genera la presencia constante de los hombres armados y la ausencia permanente de sus esposos e
hijos. Todo esto agudiza la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, ancianos y ancianas, niños y niñas. Los talleres a menudo son insuficientes para
resolver estos problemas y su persistencia.
Por último, la propuesta de los talleres como remedio deja abierta
una pregunta central: si bien las mujeres se sienten mejor, como lo reportan una y otra vez en las entrevistas que les hizo el equipo de la Universidad
de los Andes, ¿qué pasa con la agencia política de las mujeres?, ¿con la representación de los sujetos como agentes políticos? Esta es la preocupación
central de los discursos de derechos humanos de las mujeres que motivan
la inversión de fondos a través de las ong. La emancipación política de las
mujeres es —con todos los problemas que tiene el modelo de la privatización del trabajo social a través de las ong— la aspiración última, y los
proyectos y talleres son medios para llegar a este agenciamiento político
que permite hacer efectivos los derechos constitucionales. Sin embargo,
no se trata, como lo dijo hace ya varias décadas Paulo Freire, de depositar
el conocimiento en las mujeres de base como quien deposita dinero en un
banco. Se trata de trabajar con las mujeres, con las comunidades, para ayudar a construir sujetos políticos que puedan reclamar sus derechos y ejercer
su ciudadanía. Y en esa medida se trata de ayudar a sanar las múltiples
heridas de estos sujetos, en la dimensión personal y afectiva.
La experiencia de coca aporta una dimensión esencial a este reto
de hacer efectivos los derechos a través de la organización de base. El sujeto
femenino que se politiza, que en sus relaciones personales se resiste a la
humillación y reclama respeto, que se yergue como sujeto político con derechos individuales e intereses colectivos ante los interlocutores políticos,
es un sujeto que debe ser construido. No puede ser simplemente asumido
como preexistente y llamado a la acción. Claramente la tarea de los profesionales que hacen talleres no se agota en la ejecución del presupuesto
asignado y el reporte a la financiadora. Pero tampoco se agota en brindar
herramientas, discursos y recursos para que las mujeres puedan ellas mismas transformar sus circunstancias. Si bien la potencialidad está presente,
si no hay una construcción emocional, y un interés por el bienestar, manifestados en un apoyo que se extienda en el tiempo, de las mujeres y los
niños y niñas, estos no van a responder al llamado de los derechos y de la
agencia política.
Se trata entonces también de enfrentar, desde la solidaridad, el complejo problema del sujeto de la participación política, el sujeto de la organización de base, el interlocutor de los procesos políticos. No de asumirlos
como preexistentes e inmutables. El dolor y la humillación, la rabia y la
culpa, el miedo y la depresión —que son constitutivos de las mujeres que se
pretende organizar, capacitar o tan solo escuchar— se tienen que enfrentar,
en caso contrario, el trabajo con las mujeres de base puede ser, incluso,
negativo. El reto es cómo, desde la solidaridad, brindar herramientas para
superar esa enorme carga emocional, y plantear un bienestar para que las
mujeres puedan vivir una buena vida, en los propios términos de lo que es
la vida buena como fin último de la ética y de la política. La respuesta de
coca a este reto es la transformación a través del afecto y la solidaridad, a
través de la cercanía a la naturaleza y al conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de la Amazonía. Es en este sentido que encontramos que el
trabajo de coca explora caminos que Colombia deberá recorrer para llegar
a una verdadera etapa, algún día, de postconflicto.
105
106
Referencias
Amnistía Internacional. “El caso de la familia Galárraga, Colombia”. Disponible en: http://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/violencia-sexualcontra-mujeres-y-ninas/el-caso-de-la-familia-galarraga-colombia/
Banco Mundial. The World Bank Participation Sourcebook, Washington,
1996.
Barry, Jane y Djordjevic, Jelena. ¿Qué sentido tiene la revolución si no podemos bailar?, Fondo de Acción Urgente, Madrid, 2007.
Bradshaw, Sarah. A Gendered Analysis of Conditional Cash Transfer Programmes in Mexico and Nicaragua Global Social Policy, From Structural Adjustment to Social Adjustment, Vol. 8, No. 2, agosto 2008, pp. 188-207.
Comisión de Memoria Histórica (2011b). La masacre de El Tigre. Reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuez, Putumayo, Editorial Taurus, Bogotá, 2011.
Comisión de Memoria Histórica. El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo
Putumayo, Editorial Taurus, Bogotá, 2012.
El Espectador. “Justicia para las hermanas Galárraga Meneses”, 8 de julio
del 2010. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso-212516-justicia-hermanas-galarraga-meneses
Gaviria, Alejandro. “Generación de ingresos para la población desplazada,
entre lo deseable y lo posible”, en Manuel J. Cepeda, Desplazamiento
forzado. Reflexiones para salir de la encrucijada, Uniandes, Bogotá, 2012.
Labate, Beatriz C. y Cavnar, Clancy (eds.). The Therapeutic Use of Ayahuasca, Springer, Dehli, 2014.
Merry, Sally Engle. Human Rights and Gender Violence, University of Chicago Press, Chicago, 2007.
Molyneux, Maxine. “Mothers at the Service of the New Poverty Agenda:
Progresa/Oportunidades, Mexico’s Conditional Transfer Programme”,
Social Policy & Administration, Vol. 40, No. 4, pp. 425-449, agosto 2006.
Riles, Annelise. The Network Inside Out, University of Michigan Press,
Ann Arbor, 2000.
Tabbush, Constanza. “Latin American Women’s Protection after Adjustment: A Feminist Critique of Conditional Cash Transfers in Chile
and Argentina”, Oxford Development Studies, Vol. 38, No. 4, pp. 437459, 2010.
Taussig, Michael. Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, Norma,
Bogotá, 2002/1987.

Justicia Global 9

Transcripción

Documentos relacionados

Fuentes de consulta Instituto Nacional de Antropología e Historia

Las culturas indígenas en el cine latinoamericano

Pueblos indígenas del Perú: Situación de sus derechos a la salud