Democracia y derechos humanos
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Democracia y derechos humanos
sin , a i c a r c o m de derechos sin erno i b o g z o de ibe Véle ñ a r to Quin Álvaro U de © Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Carrera 10 Nº 24 -76, Oficina 905. Bogotá, Colombia Correo electrónico: [email protected] Telefax: (571) 3375569 – (571) 3375949 © Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Correo electrónico: [email protected] Calle 16 Nº 6 – 66 Oficina 2506. Bogotá, Colombia Telefax: (571) 2838037 – (571) 2846120 ® Sin democracia, sin derechos Quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez ISBN: 978-958-8395-04-3 Coordinación editorial: Jomary Ortegón Osorio y Camilo Andrés Galindo Fotografía carátula: Jesús Abad Colorado Caricaturas: Vladdo: cortesía Revista Semana – publicaciones Semana S.A. Impresión: Ediciones Antropos Ltda. Impreso en Colombia, abril de 2008 Los artículos que aparecen en este libro son responsabilidad de sus autores. Se permite la reproducción parcial o total de esta obra, en cualquier formato, mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique su contenido, se respete su autoría y se mantenga esta nota. 4 pRESENTACiÓN 19 ¿La Edad de Lata toca a su fin? 25 Camilo Castellanos En contravía de la democracia José Aristizábal G. 35 Un modelo pro rico 45 Que todo cambie, para que siga igual Situación de los derechos humanos Contexto 7 Cecilia López Montaño Laura Bonilla 57 En Macondo no ha pasado nada 66 Una muerte que deja muchas dudas 71 Ley 975: sin justicia, ni paz 82 Las víctimas del paramilitarismo: entre luces y sombras 89 ¿Desarrollo para todos? 100 A José Pablo se le está acabando su amor por el Seguro 105 Ni una hectárea más para los indígenas 114 Cuidar la tierra: misión de los indígenas de la Sierra Nevada Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Juan Diego Restrepo E. Comisión Colombiana de Juristas Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario - Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos Juan Diego Restrepo E. Alberto Yepes Ricardo Cruz Baena Mesa de Pueblos Indígenas y DESC Juan Diego Restrepo E. ¿Desmonte del narcoparaestatismo? 131 ¿Y después de La Habana qué? 137 Acuerdo humanitario: entre la guerra bélica y simbólica Epílogo Conflicto armado, política de paz y acuerdo humanitario 121 6 Camilo González Posso Luis Eduardo Celis Jimmy Viera Rivera 145 Democracia y derechos humanos: una mirada al futuro Rodolfo Arango ció a t n e s e pr n En los cinco años y medio acumulados en los dos periodos presidenciales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una afirmación recurrente de los altos funcionarios gubernamentales ha sido aquella según la cual en Colombia estamos viviendo una democracia en profundización.1 Esta pretendida caracterización se fundamenta en situaciones como los márgenes de votación que respaldaron la elección presidencial del actual mandatario, la elección sucesiva en dos ocasiones de candidatos de la oposición para la Alcaldía Mayor de Bogotá, el acercamiento de la figura del Ejecutivo a la comunidad mediante la práctica de consejos comunales, la posibilidad de tránsito terrestre por las carreteras del país a propósito de la creciente militarización de las mismas, el respaldo de la comunidad internacional a la gestión gubernamental, entre otras cuestiones, que avalarían los triunfos de la llamada política de seguridad democrática. Sin cuestionar la validez de estas afirmaciones, vale la pena preguntarse si en una época de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos concebidos integralmente, debilitamiento de la autonomía e independencia de los poderes públicos, concentración paulatina de poderes en el nivel central, retrocesos frente a garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de 1991, impunidad generalizada frente a las graves violaciones a derechos humanos, acogimiento de la opción militar como “solución” al conflicto social y armado, entrega indiscriminada de las riquezas naturales al poder transnacional, falta de garantías a la oposición política y deslegitimación de la labor de defensa de los derechos humanos, los criterios gubernamentales son suficientes para afirmar que en Colombia estamos en un proceso de profundización o consolidación democrática. 1 Véanse, entre otros, diario El Tiempo (2007, 6 de diciembre); Gaviria Vélez (2007, agosto); Portafolio, (2005, 5 de septiembre). 7 sin Democracia, sin derechos Lo anterior, a nuestro juicio, evidencia un concepto de democracia limitado o de baja intensidad, expresión con la que Boaventura de Sousa Santos describe los modelos políticos contemporáneos que se reducen a procedimientos administrativos y niegan los procesos de redistribución social. La versión oficial se reduce a constatar la existencia de procedimientos electorales, a maximizar la posibilidad de circulación de algunos sectores sociales que cuentan con los medios económicos para hacerlo y a reproducir la tesis de que el crecimiento económico genera espontáneamente mayores niveles de bienestar para la población. Bajo esa visión, en el país estarían dados una serie de canales deliberativos y participativos por medio de los cuales los actores sociales y, en general, la ciudadanía pueden participar en la definición de los principios sobre los que se debe desarrollar la sociedad colombiana, así como resolver las diferencias políticas y éticas que en esta búsqueda se puedan dar (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007). Lo anterior implica también que ciertas formas de protesta social –por ejemplo, la realizada por el movimiento indígena en su lucha por el derecho al territorio– deban ser proscritas bajo la idea de que existen vías institucionales para lograr reivindicaciones sociales (Diario del Sur, 2007). Cuando el Gobierno afirma que se dinamiza la democracia por la existencia de votaciones, en las que, en unos casos, el presidente o, en otros, la oposición han obtenido triunfos, regresa a un concepto revaluado de ésta: el gobierno de las mayorías,2 cuestión que impide entender que no se puede hablar de democracia sin abordar cuestiones que van más allá de los números, tales como la exigencia de reconocimiento de los sectores tradicionalmente excluidos (Quintana, 2007, p. 277), la necesidad de redistribución económica (Espejo, 2007, p. 261) y el pleno respeto a las minorías políticas (Orjuela, 2007, p. 321). Por otra parte, se excluye de plano el análisis del funcionamiento interno del modelo democrático –aun cuando, en gracia a la discusión, aceptemos reducirlo sólo al tema electoral–. Afirmar que lo que está sucediendo es una “profundización” es dar por hecho que en Colombia siempre ha existido democracia y que lo que está aconteciendo actualmente es sólo su mejoramiento. Desde esta óptica, se terminan obviando problemas estructurales como la corrupción y el clientelismo –figuras presentes a lo largo de la historia de las elecciones colombianas (Corporación Misión de Observación Electoral, 2006, p. 61)–; la manipulación del electorado por parte de grupos de poder local y regional consolidados históricamente, en espe- 2 8 Presentación Para un mayor análisis de la superación del paradigma tradicional de la democracia como el gobierno de las mayorías en Jürgen Habermas, véase Orjuela (2007, p. 321). cial, los paramilitares, que en los últimos años cambiaron drásticamente el mapa electoral colombiano;3 el papel legitimador de los grandes medios de comunicación, y la exclusión histórica de sectores diferentes al bipartidismo tradicional de la definición de su propia nación. Además de eliminar de su definición cuestiones como la vigencia de los derechos humanos y de un orden económico y social justo, el cascarón vacío de la “democracia en profundización” desconoce que una verdadera democratización de la sociedad es un proceso más complejo que, si bien puede enarbolar como elementos la cuestión electoral y la deliberación pública, exige una comprensión más integral, una idea de democracia social que se relacione con la producción y distribución de bienes económicos que hacen posible la libertad e igualdad fácticas, que realice y haga evidentes los vínculos intrínsecos entre Estado democrático y Estado social de derecho (Arango, 2007, p. 86). *** Hace cinco años, una multiplicidad de organizaciones políticas, sociales y populares se dieron a la tarea de reflexionar sobre la situación de derechos humanos en Colombia a través de esta propuesta colectiva conocida popularmente como “El Embrujo”. Este análisis crítico de la política gubernamental ha permitido, en su conjunto, reconocer y evidenciar las principales debilidades de las políticas públicas en materia de derechos humanos, pero también formular al Estado, la comunidad internacional y la sociedad colombiana propuestas e iniciativas políticas que conduzcan a la superación de la crisis humanitaria y de violación sistemática de los derechos humanos. Con el presente trabajo, a través de diversos análisis de coyuntura, se pretende motivar la identificación de algunos de los principales obstáculos estructurales para la consolidación democrática en Colombia, así como evidenciar que los procedimientos electorales no son más que un cascarón en un contexto donde su interior está atravesado por violaciones de derechos civiles y políticos, regresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, la implementación de un modelo autoritario de gobierno, la consolidación de poderes criminales en todos los niveles de la política y el poder, entre otras situaciones que, al mirarlas de manera detenida y en clave del concepto de democracia, nos llevan a concluir que estamos lejos de la profundización a la que tanto se alude desde el discurso oficial. 3 Véase en esta publicación, Bonilla, Laura. Que todo cambie, para que siga igual. 9 sin Democracia, sin derechos Primer bloque: contexto En la primera parte de los textos que se ponen a consideración de los lectores se aborda la situación de contexto a través de cuatro artículos. El primero de ellos, “¿La Edad de Lata toca a su fin?”, elaborado por Camilo Castellanos, coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, analiza el giro que en la última década ha tenido la región latinoamericana hacia distintas propuestas que, sin ser homogéneas, se caracterizan por un énfasis en lo social. Así mismo, examina el papel de los movimientos sociales en la consolidación de alternativas al modelo neoliberal que, durante varias décadas, tejió un sistema complejo de redes, blindajes y “verdades”, que ameritan el concurso y la alianza de los distintos sectores democráticos de la región para ser superado. El segundo artículo, “En contravía de la democracia”, escrito por José Aristizábal, colombiano exiliado en España, quien se desempeña como investigador de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), de Zaragoza, estudia el régimen político actual y demuestra cómo se fundamenta sobre un trinomio de terratenientes, narcoparamilitares y burguesía financiera que ha debilitado profundamente el ideal democrático que encarnó el Estado social de derecho de la Constitución de 1991. A renglón seguido, señala una serie de propuestas para que la oposición democrática logre reconstruir lo destruido sobre la base de una verdadera política de paz e inclusión social que logre destrabar los conflictos históricos que aquejan a Colombia. El tercer texto de este bloque, “Un modelo pro rico”, escrito por Cecilia López Montaño, senadora por el Partido Liberal, plantea un examen técnico que da cuenta de, al menos, tres cuestiones a tener en cuenta a la hora de evaluar el crecimiento económico en el actual gobierno: (i) éste se encuentra concentrado en un sector reducido de la sociedad colombiana; (ii) los buenos resultados obtenidos no son producto del buen manejo macroeconómico del actual gobierno, sino que obedecen a factores coyunturales; y (iii) la situación actual no muestra señales para pensar que la baja inflación y el alto crecimiento puedan mantenerse en el largo plazo. Para la autora, el Gobierno permite que se “privaticen las ganancias pero se socialicen las pérdidas”. El último artículo de este apartado, “Que todo cambie, para que siga igual”, elaborado por Laura Bonilla, de la Corporación Nuevo Arco Iris, propone una lectura del mapa político resultante de las elecciones de octubre de 2007, desde una perspectiva que aborda la tensión entre las conflictividades armadas y la situación electoral en contextos políticos y sociales de acelerada adaptación y expansión en lo local, departamental y nacional. En ese sentido, tras hacer en detalle un estudio del desempeño de los principales partidos políticos en las pasadas elecciones, concluye, entre otras cuestiones, que estamos en un momento electoral de conso- 10 Presentación lidación de nuevos movimientos unipersonales que, luego del escándalo de la parapolítica y el gran número de dirigentes presos con ocasión de la misma, están reacomodándose para continuar y profundizar un modelo político contrario a la Constitución Política, basado en las relaciones clientelistas y en el uso de violencia. Segundo bloque: situación de derechos humanos En el segundo bloque de esta entrega se quieren resaltar algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos presentadas en el marco del gobierno de Álvaro Uribe, particularmente en el primer año de su segundo mandato, y que apuntan a ratificar que no se puede hablar de una verdadera democracia en Colombia, pues, como se señaló en párrafos anteriores, ésta conlleva necesariamente la consolidación de valores constitucionales en la ciudadanía y las autoridades públicas, así como el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política. Cada artículo se acompaña de una crónica periodística que ejemplifica las violaciones advertidas, todas ellas elaboradas por la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC), de la ciudad de Medellín. El primer texto, “En Macondo no ha pasado nada”, cuya autoría corresponde al Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-EE. UU., detalla una de las más graves violaciones de derechos humanos que ha aumentado con ocasión de la política de “seguridad democrática” desarrollada por el Gobierno nacional: las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública. Según la investigación, de 2002 a 2007 se ha presentado un aumento del 65,51% en la comisión de este delito, con patrones como la ocurrencia en el marco de operaciones militares, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas anteriores a la ejecución, manipulación de las pruebas y ocultamiento de los hechos, e impunidad deliberada en las investigaciones, elementos sistemáticos que llevan a concluir que esta violación no es un hecho aislado, sino que responde a exigencias y dinámicas de la política del Ejecutivo. Posteriormente, para ejemplificar uno de los muchos casos donde campesinos son víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública, Juan Diego Restrepo, periodista del IPC, presenta la crónica “Una muerte que deja muchas dudas”, en la cual narra cómo un campesino que se disponía a visitar a su familia en zona rural del departamento de Antioquia fue desaparecido, ejecutado y, luego, registrado como un guerrillero muerto en combate por parte de miembros del Ejército Nacional. El segundo artículo de este bloque, “Ley 975: sin justicia, ni paz”, evalúa jurídicamente la Ley 975 de 2005 –conocida como “Ley de Justicia y Paz”– en su desarrollo normativo y en su implementación práctica. El texto, elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, la Coordi- 11 sin Democracia, sin derechos nación Colombia-Europa-EE. UU. y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, revisa el incumplimiento de obligaciones que contempla la normativa para que los miembros de grupos paramilitares postulados puedan acceder a beneficios judiciales, aspectos entre los que se cuenta el deber de entrega de la totalidad de las niñas y los niños reclutados forzadamente, la devolución de los cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales, y la restitución incondicional de tierras y bienes arrebatados a campesinos, para concluir que el desarrollo de los procesos judiciales no avanza en estos sentidos y, en cambio, se ha convertido en una tribuna de apología al paramilitarismo y de justificación de crímenes atroces. A renglón seguido, Juan Diego Restrepo, del IPC, presenta la crónica “Las víctimas del paramilitarismo: entre luces y sombras”, en donde narra la tragedia de una familia que, con la esperanza de recuperar algo de lo perdido y ver cumplido su derecho a la justicia, ha acudido pacientemente a las audiencias desarrolladas en el marco de la “Ley de Justicia y Paz”. No obstante, lejos de saber la verdad de su tragedia y ver que los culpables sean sancionados, se ha tenido que enfrentar ante declaraciones de miembros de dichos grupos que aprovechan estos espacios para defender sus crímenes sin mostrar un solo síntoma de arrepentimiento ni voluntad para reparar el daño causado. El tercer artículo, “¿Desarrollo para todos?”, escrito por Alberto Yepes, coordinador de la campaña “Colombia sin pobreza” e integrante de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, aborda un tema fundamental para la vigencia de un orden justo en un país: el grado de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El autor realiza una crítica contundente a la manera como el Gobierno nacional ha venido usando el discurso de los Objetivos del Milenio para plantear una política social que, en cambio de dirigirse a solucionar los problemas estructurales de pobreza e incumplimiento sistemático de DESC, se reduce a programas de asistencia mínima que sólo garantizan niveles de subsistencia biológica, pero que no modifican sustancialmente la grave situación. En segundo lugar, en la misma línea del texto presentado por la senadora Cecilia López, se aproxima al tema del desarrollo económico durante el actual gobierno, concluyendo que es un modelo que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Igualmente, muestra cómo la política social vigente, mínima y asistencialista, está siendo centralizada de manera excesiva por el Ejecutivo, desconociendo uno de los pilares de la Constitución de 1991: la descentralización política y administrativa, que incluía el aumento de los recursos en las regiones para la garantía de derechos como salud y educación. Seguidamente, en la crónica “A José Pablo se le está acabando su amor por el Seguro”, Ricardo Cruz Baena, del IPC, detalla cómo, a raíz del cierre sistemático de centros de atención hospitalaria en la ciudad de Medellín, personas con enfermedades terminales o con la necesidad 12 Presentación imperiosa de trasplante de órganos han quedado sin ninguna atención efectiva, rápida y, mucho menos, gratuita. En el texto también indica la manera como la acción de tutela se ha convertido en la única salida que tienen los pacientes del Instituto de los Seguros Sociales para exigir atención, medicamentos o tratamientos médicos, aun cuando muchos de estos están garantizados en la ley. El último artículo de este bloque, “Ni una hectárea más para los indígenas”, fue elaborado por la Mesa de Pueblos Indígenas y DESC. En él se analiza cómo, desde la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la satisfacción del derecho al territorio de estos pueblos ha sido nula y, en cambio, se ha dirigido a la protección de los grandes terratenientes y las empresas transnacionales que explotan el campo colombiano. Se señala cómo la Ley 1152 de 2007 –Ley de Desarrollo Rural– no contiene mecanismos factibles para que indígenas, afrodescendientes y campesinos accedan a la tierra, sino que les impone a estos sectores una lógica empresarial contraria a sus costumbres, la cual, en últimas, no podrá ser cumplida y servirá sólo para beneficiar a grandes inversores que no en pocos casos están relacionados con grupos paramilitares y mafiosos. Para dar cuenta de la situación de los pueblos indígenas, nuevamente el periodista Juan Diego Restrepo, del IPC, nos ofrece la crónica “Cuidar la tierra: misión de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, que aborda la problemática del territorio en esta zona del país, en donde el Gobierno nacional, a través del Incoder, pretende desarrollar una serie de megaproyectos que, además de afectar gravemente a los cuatro pueblos que allí habitan, tienen como verdadero propósito beneficiar a los grandes terratenientes de las zonas bajas de la Sierra, y algunas planicies de Cesar y Guajira. Tercer bloque: conflicto armado, política de paz y acuerdo humanitario Camilo González Posso, director de Indepaz, a través del artículo “¿Desmonte del narcoparaestatismo?”, demuestra de una manera seria y sustentada cómo el proceso de negociación con los grupos paramilitares no ha significado la desmovilización total de las estructuras armadas, ni el desmonte del complejo andamiaje de negocios y control político que estos grupos lograron en todos los ámbitos de la vida nacional. Igualmente, pone en duda los reclamados triunfos de la llamada desmovilización, en los aspectos militar y económico, haciendo énfasis en el control de negocios ilícitos de gran envergadura, sin que la reclusión de reconocidos jefes paramilitares incida en su reducción. Finalmente, dentro de cualquier análisis de derechos humanos en Colombia, resulta necesario abordar el tema de la búsqueda de la paz y el acuerdo humanitario, más aún cuando, por un lado, el Gobierno nacional y el ELN se encuentran en un proceso de acercamiento con miras a un 13 sin Democracia, sin derechos eventual diálogo y, por el otro, el país está atravesando una coyuntura en donde el intercambio humanitario vuelve estar prioritariamente sobre la mesa, con ocasión de hechos como la liberación unilateral de dos políticas secuestradas por las FARC, y la presentación a la opinión pública de pruebas de supervivencia de otros retenidos y retenidas que dan cuenta de unas condiciones de salud, tanto física como emocional, deplorables. Por ello, hemos querido incluir en el presente texto dos artículos que analicen las perspectivas en esos aspectos, tanto con el ELN como con las FARC. En el primero, Luis Eduardo Celis, analista en temas de paz, en el artículo “¿Y después de la Habana qué?”, realiza un recuento histórico del proceso entre el Gobierno nacional y el ELN, donde afirma que, después de la primera fase de acercamiento, éste está estancado porque no hay confianza entre las partes: mientras el Alto Comisionado para la Paz está esperando un cese al fuego de manera inmediata, el grupo guerrillero se debate en cuestiones de su fortalecimiento militar mediante la participación en el negocio del narcotráfico y su falta de claridad acerca de si dejar las armas o no. El último artículo nos remonta a las reflexiones que se suscitaron al final de 2007 y comienzos de 2008 con ocasión de la liberación unilateral de dos secuestradas por parte del grupo guerrillero FARC-EP, en torno a la voluntad de las dos partes del conflicto y condiciones para avanzar en la búsqueda de un acuerdo humanitario. Jimmy Viera Rivera, investigador social y asesor de la senadora Piedad Córdoba, en el artículo “Acuerdo humanitario: entre la guerra bélica y simbólica”, realiza un recuento histórico de las diferentes etapas que ha tenido el acuerdo humanitario entre el Gobierno nacional y las FARC, desde que la senadora por el Partido Liberal, Piedad Córdoba, junto con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, fueron nombrados facilitadores y, posteriormente, destituidos de esta función directamente por el presidente Álvaro Uribe. A renglón seguido, explica las que, a su juicio, fueron las razones para que dicha mediación oficial fuera terminada, así como las posibilidades que hay en la actualidad para la continuidad del proceso de acuerdo. La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, redes que trabajan por la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia, proponemos al lector de Sin democracia, sin Derechos, la reflexión sobre los principales rasgos del modelo o modelos democráticos a construir y potenciar en Colombia, requeridos para consolidar un sistema político, cultural, social y económico que haga realidad “el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria”, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos individuales y colectivos, aspiración que propuso hace 60 años la Declaración Universal de Derechos Humanos. 14 Presentación Referencias bibliográficas n n Arango, Rodolfo (2004). Derechos, constitucionalismo y democracia. Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho No. 33. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. _____ (2007). 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Cam a el dem G d ía bal v a á r a ocr cia . t iz c o n Ar i s t n E é 25 Jo s 17 sin Democracia, sin derechos m a n na i i t t a L a a L c érica Améri 18 u fin? aas c o t a t a eL dd ¿La Edaastellanos* C Camilo Luego de tres décadas en que personajes mediocres empobrecieron a Nuestra América, la hicieron presa de la corrupción y la entregaron sin dignidad al capital transnacional, parece abrirse paso un tiempo nuevo. “Estamos viviendo una hora americana”, dijeron hace 90 años los estudiantes de Córdoba en su manifiesto inaugural.1 Era cierto. Ellos desataron un vendaval de nuevas ideas y otras sensibilidades que llenó de fervor a los universitarios desde Argentina hasta México. Las conciencias y las pasiones se sintonizaron en la misma frecuencia, como un siglo antes, cuando las tropas napoleónicas depusieron al monarca español. Igual que en la mitad del siglo XIX, cuando nuestros países intentaron romper con los vestigios coloniales. Lo mismo que 40 años después de Córdoba, cuando América Latina pugnó por romper las cadenas de la dependencia y dar el salto a un nuevo orden. Es claro que el tiempo americano no es homogéneo. Nuestras sociedades son diversas y cada una de ellas alberga una amplia gama de relaciones sociales que les imprimen distintos ritmos y notorias asincronías. No se habla entonces de una acción uniforme y menos aún de una actuación concertada, como quisieran quienes hacen de la historia el resultado de un crónico complot. Decir hora americana indica apenas la tendencia por la que muchas energías reaccionan en un mismo sentido, como si obedecieran a un efecto de resonancia. * Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 1 El Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica”, del 21 de junit de 1019, en su primera frase decía: “Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo 20 nos ataba a una dominación monárquica y monástica (…) Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”. 19 sin Democracia, sin derechos Hoy podemos decir que vivimos otra hora americana. Es una certeza del corazón más que una inferencia de la razón, que siempre tiene argumentos para contradecir y contradecirse. El hecho es que la situación de América Latina está signada por el surgimiento de profundas corrientes sociales y políticas que hacen emerger realidades inéditas e impulsan la búsqueda de alternativas. En cuanto proceso histórico real, no hay un libreto preestablecido. La vida se abre paso improvisando los cauces: una nueva lógica y una gramática nueva, que a ratos parecen inexpertos balbuceos para exasperación de los impacientes, que ya las quisieran perfectas como parte de un sistema artificial. Cabe preguntar: ¿esta tendencia se viene agotando o ha de profundizarse? Ante esta disyuntiva, cuál puede ser el papel de los movimientos sociales y, en particular, de las organizaciones que trabajan por la plena vigencia de los derechos humanos. Estas preocupaciones son el tema de estas notas. Rupturas en la continuidad En el primer quinquenio del nuevo siglo, América Latina viró a la izquierda. Luego de tres décadas de dominio absoluto de las propuestas neoliberales, de aplicación disciplinada de las políticas de ajuste y de adecuación de las instituciones a este dominio y a estas políticas, triunfa una baraja variopinta de propuestas que obedecen a diversos entornos nacionales. En un hecho cuyas proporciones han sido inesperadas, nuestros países se inclinan por la búsqueda de alternativas. El telón de fondo de este proceso es la insatisfacción frente a los impactos del neoliberalismo, el empeoramiento objetivo de la situación social, la presión de los movimientos populares y la distensión del control estadounidense sobre la región. Los movimientos sociales empujan estas realidades. El retorno de la democracia, pese a su carácter formal, fue una apertura política que posibilitó la rearticulación de la protesta ante el desastre que la implementación del neoliberalismo significó para las mayorías. El hecho es que si el neoliberalismo disolvió las formas de organización y movilización provenientes del período anterior —altamente centralizadas, con jerarquías definidas y conceptos con pretensiones de totalidad—, también llevó a su reestructuración en redes —algunas con fuerte arti- 20 América Latina culación a procesos globalizados—, a consolidar nuevos liderazgos y (no por último menos importante) a plantear una nueva relación con los partidos y gobiernos, sobre la base de la autonomía. Expresiones típicas de este ascenso son el movimiento de mujeres, el Movimiento de los Sin Tierra (MST), el igualmente brasileño Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB), los piqueteros argentinos, la lucha de los estudiantes secundarios chilenos, el movimiento indígena, entre otras. La renovada movilización social ha implicado la aparición de nuevos liderazgos políticos o la resignificación de algunos provenientes del período anterior. Es claro que ninguna representación política refleja en su totalidad la dinámica, los intereses y las expectativas de los movimientos sociales; pero, en este caso, sí expresan el ansia de alternativas propia de las mayorías. Como ya se afirmó, las formaciones políticas que han accedido al gobierno están lejos de ser monocromas. Algunas resultan de procesos de acumulación originados antes del predominio neoliberal (Frente Amplio del Uruguay y Partido de los Trabajadores de Brasil); otras, en cambio, parten de coyunturas recientes (Argentina, Bolivia, Ecuador). En cuanto al calado de su política, algunas plantean un discurso radical antineoliberal y se proponen el rediseño a fondo del Estado (de su acción social y de la relación economía y política), en tanto que otras se orientan más a desarrollar estrategias paliativas a los impactos de la economía en boga. Todas, a diferencia de los gobiernos que las precedieron, presentan como rasgo común el énfasis en lo social. Es oportuno señalar que, en conjunto, tienen un estrecho margen de acción. Varios factores determinan esta situación. El primero, que las nuevas experiencias han sido posibles gracias a un heterogéneo abanico de alianzas políticas y sociales que no han madurado una alternativa programática coherente, y por ello albergan en su seno fuerzas contemporizadoras en aspectos fundamentales con el neoliberalismo. De otra parte, dado el carácter que asumió la transición a la democracia de los años noventa, en la región persisten significativas expresiones del autoritarismo y el privilegio, resabios que dificultan avanzar en la construcción democrática. Es el caso de la jerarquía católica argentina, que acompañó la noche de la dictadura sin decir esta boca es mía y hoy intenta enseñar cómo gobernar en democracia y de paso servir a la oposición. Por último, el neoliberalismo y el falso deslumbramiento que generó, supo tejer por décadas una abigarrada y poderosa trama de realidades en el ámbito internacional y en cada país: reformó las instituciones de la comunidad mundial e hizo otro tanto en cada uno de los Estados latinoamericanos, formuló un marco legal altamente blindado y, por si fuera poco, configuró una ortodoxia que se ha impuesto como pensamiento único, profundamente enraizada incluso en la mentalidad de algunos sectores populares. Demoler esta compleja construcción supone una altísima acumulación de fuerzas a escala regional, guiada por una compleja estrategia que prevea los distintos escenarios de la confrontación, determine las alianzas posibles y necesarias y sepa aprovechar los cambios en el contexto mundial. Algo que en el continente aún no se perfila. Para las formaciones políticas que ligaron su vigencia al éxito de las propuestas neoliberales, el fracaso de éstas ha implicado la ruina de su ascendiente —que los argentinos expresaron en el grito “que se vayan todos”—, la pérdida de iniciativa y una gran desorganización. Es lo que han vivido con mayor intensidad Ecuador y Venezuela y, en menor grado, Uruguay y Argentina; condición que permitió el ascenso de las nuevas fuerzas por la vía electoral, pero que, sobre todo, abrió la posibilidad de otro pacto constitucional para redefinir el rol del Estado y su vínculo con la sociedad, y diseñar un patrón de acumulación diferente. Las asambleas constituyentes han sido el escenario privilegiado; dicho de otra manera: la estrategia que se insinúa es la ruptura moviéndose en las instituciones existentes. Un desafío a las fuerzas del pasado, pues se quiere dar vía al futuro en el campo que éstas definieron como exclusivamente suyo. Pero también un encarte para los partidarios de la ruptura, pues las constituyentes suponen, por definición, la concertación con los opositores y el riesgo de la obstrucción, más cuando no las precede un cambio a fondo en las relaciones de fuerza. Cuando se alude a la pérdida de la iniciativa y la desorganización, se está lejos de significar parálisis o desapa- rición. Los partidarios del neoliberalismo todavía detentan el poder económico, el control de los medios de comunicación y de partes significativas del aparato del Estado. Las corporaciones transnacionales y los gobiernos que las representan podrían rearticular las formaciones que sostienen el statu quo en torno a una estrategia contra el cambio, para lo cual todo recurso les será válido: la amenaza de secesión, el golpe de Estado —pese a la Carta Democrática, como ocurrió con la aventura de Pedro el Breve en Venezuela—, la guerra civil sorda o declarada. Son los riesgos que algunos pretenden neutralizar con la prudencia que enfría las pasiones y agosta la imaginación. En perspectiva, la suerte de estos gobiernos depende de si avanzan en configurar un bloque regional para enfrentar al neoliberalismo, sus personeros y sus dinámicas. Su futuro depende también de la capacidad para superar las tensiones con los movimientos sociales, reflejando más cabalmente las expectativas y urgencias de las mayorías. Acaso todo está determinado por la forma en que logren resolver el conflicto entre la prudencia cautelosa y en ocasiones medrosa que los lleva a conciliar con las fuerzas del pasado, y la audacia necesaria para interpretar y articular las presiones que, surgidas desde abajo, empujan la ruptura con la obsolescencia. ¿Un nuevo trato con América Latina? Al fin de la Guerra Fría, Estados Unidos resultó la potencia hegemónica en un mundo unipolar. Según el escritor norteamericano Francis Fukuyama, puesto que la contradicción con el campo socialista había terminado, no quedaban antagonismos significativos y se estaba ante el fin de la historia. Esto es, la instauración de un orden dominado por el mercado y la democracia liberal, en el que solo cabría la monótona administración de un paisaje lunar al que nada turbaría. Los Estados Unidos conquistaban el rol de policía mundial, encargados de que hubiese mejores condiciones para las compañías transnacionales, disponibilidad de materias primas para su producción y mercados libres de trabas en toda la Tierra. El 11 de septiembre refutó la previsión de Fukuyama. Apareció una amenaza para el poderío estadounidense: el terrorismo. Un concepto cuyos personeros hacen difuso, de manera que comprenda todo lo que se requiera; como vago es el espectro de las fuerzas señaladas como 21 sin Democracia, sin derechos terroristas, en particular las encuadradas bajo el rótulo del terrorismo islámico. La paranoia surgida a partir de los atentados septembrinos sirvió para consolidar el papel de policía universal, que Estados Unidos ejerció, en una decisión ilegal y contraria a toda ética, desatando de manera unilateral la invasión a Irak. En lo económico, Estados Unidos bordea una crisis financiera generada por la especulación inmobiliaria, la economía de casino y los síntomas recesivos en áreas claves; a ello se agregan los amagos de guerra comercial con China. Hechos que constituyen serios riesgos para la estabilidad económica. Hoy, Estados Unidos, cada vez más solo, enfrenta una guerra sui géneris contra el mundo del Islam: Irak, Afganistán y Palestina son escenarios abiertos, en tanto se sienten los aprestos soterrados para intervenir en Irán. Todo indica que se avanza en regionalizar el conflicto, por lo que el involucramiento de tropas y la inversión de recursos materiales irán en incremento sostenido. La atención concentrada en el Oriente Medio, a la que se agrega la aguda disputa por la legitimidad de esta guerra, ha colocado nuestros asuntos en un lugar secundario en la agenda de preocupaciones estadounidense, lo que a su vez provoca el efecto no deseado de ampliar el margen de maniobra de los sectores progresistas de la región. Esta afortunada circunstancia es parte del telón de fondo del viraje a la izquierda. En este clima, Estados Unidos está a las puertas de un cambio de gobierno. Hay indicios de que el Partido Demócrata, para recuperar el terreno perdido, esté perfilando un Nuevo Trato con América Latina. Habría que establecer el sentido y el calado de la nueva política, la que depende del suceso electoral de este partido. Aunque no es descartable una aventura guerrerista de los republicanos en Irán o en Venezuela como recurso salvador. Internamente, los Estados Unidos viven un grave conflicto normativo entre las fuerzas de la derecha, de las que son un componente clave las posiciones fundamentalistas que quieren forjar un país según su particular visión religiosa, y las fuerzas que persisten en la idea fundacional de un Estado laico y una sociedad pluralista. En la actualidad predomina una actitud que sacrifica las libertades ante la seguridad, y que se expresa en crudas situaciones como el tratamiento dado a los prisioneros de Guantánamo, las torturas a los prisioneros de Abu Ghraib y la construcción del Muro Mexicano.2 La deliberación pública sin el recurso al prejuicio que supura odio enfermizo es cada vez menos frecuente en dicho país. 2 Sobre esta medida se pronunció entonces el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Luis Alfonso de Alba, al señalar que constituye uno de los retrocesos que enfrentan los derechos humanos a escala mundial en el contexto de la lucha contra el terrorismo y la migración masiva de personas; “Los muros reviven una política excluyente, de un rechazo a los migrantes, que aunque sea en el contexto de la defensa de la seguridad, termina reproduciendo una forma de discriminación”. Radio Naciones Unidas (Internacional), 27 de octubre de 2006. 22 América Latina Desafíos para las nuevas formaciones sociales Al concluir el siglo XX, América Latina presentaba un panorama desolador. Tanto el campo como la industria (construida a lo largo de la centuria anterior) se encontraban arruinados. En la región campeaban las corporaciones transnacionales, que se apropiaron de los bienes públicos a precio de quema: se les entregaron los bancos, las empresas industriales del Estado, las de telecomunicaciones, los acueductos y la distribución de energía. Además, el Estado se achicó; lo que implicó una fuerte contracción del empleo público. Todas estas mutaciones implicaron la informalización de las economías, la precarización del trabajo y el predominio del comercio, los servicios, las actividades especulativas y todo tipo de tráficos. El impacto social fue inmenso: a comienzos del nuevo siglo más de 220 millones de hombres y mujeres de América Latina estaban por debajo de la línea de pobreza. La resistencia al neoliberalismo se enriqueció con nuevos actores y el remozamiento de los antiguos: las mujeres, en especial las provenientes de espacios populares, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la pobrería de las ciudades activa en torno a causas cívicas, el campesinado, los trabajadores del sector estatal, entre otros. El escenario es local, pero con clara conciencia de que la disputa se define en lo global. La confrontación se radicaliza, pues los movimientos —privados de la protección del Estado— contienden sólo con su legitimidad y la fuerza que alcanzan por sí mismos. Con todo, su acción es fragmentada y encerrada en reivindicaciones parciales y sectoriales. No emerge una propuesta que supere la dispersión y que, desde una visión general, plantee la construcción de alternativas para toda la sociedad. Frente a este déficit, el movimiento de derechos humanos puede hacer un aporte significativo, si consigue ligar su esfuerzo a la construcción democrática y a una visión alternativa de la economía. Esto supondría ir más allá de la denuncia de las violaciones de derechos humanos para enfrentar los factores que las causan. El autoritarismo que sobrevive en la región es el gran riesgo para la movilización social. Por toda la región se repiten con monotonía las iniciativas de criminalización de la protesta y los llamados a la mano dura para enfrentar el supuesto desorden que amenaza. Los gobiernos de nuevo signo todavía no significan una ruptura radical con el pasado. El sector financiero sigue obteniendo altísimas ganancias, y si bien ha habido tensiones con los inversionistas —en particular en materia de agua e hidrocarburos—, éstos gozan de seguridad jurídica. En política social, si bien existe mayor preocupación por lo social, no se busca afectar las causas de la exclusión y persisten diseños compensatorios basados en subsidios. Empero, se frenó el crecimiento de la pobreza con la reactivación de la economía —los casos más notorios son los de Argentina y Venezuela—, aunque no cambia el cuadro de subordinación y dependencia. La tendencia es a profundizar el patrón de desarrollo basado en la minería a cielo abierto, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y los cultivos de plantación, mucho más ahora, con las explotaciones agroforestales y la producción de agrocombustibles. La persistencia en este patrón de desarrollo implicará el desplazamiento de grandes contingentes de campesinos, la ruina de la economía de los pequeños propietarios, la afectación de la propiedad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y el agravamiento de la dependencia alimentaria. De modo que pueden preverse fuertes conflictos, en cuyo centro estará la discusión sobre el desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales de nuestra gente. Este tipo de políticas podría asegurar la continuidad de los modestos índices de crecimiento de la región y la estabilidad de las economías, pero en nada ayudan a ganar en autonomía y superar la exclusión; por el contrario: la aumentan, y ahondan la subordinación. *** En el último tercio del siglo pasado, América Latina vivió su “Edad de Lata”. Fue el esplendor efímero de los Pinochet, los Salinas de Gortari, los Collor de Melo, los Fujimori, los César Gaviria, los Carlos Andrés Pérez, los Menem y demás figurillas de cartón paja, cuya lista no se agota para alivio del lector. La posteridad los recordará porque feriaron sus países a cambio de una bonanza de oropel y del reconocimiento de su servil obediencia por las autoridades neoliberales. En esta época, el pensamiento latinoamericano careció de capacidad crítica e imaginación y apenas se destacaron algunas imitaciones, casi siempre pésimas, de la industria cultural venida del Norte. En las costumbres de las capas medias para arriba y en los medios de comunicación había un aire cosmopolita, pero se mantuvo el influjo determinante de la jerarquía católica, evidente en cierto tufillo a naftalina y sacristía. Esta historia se ilustra perfectamente con la de los aeropuertos latinoamericanos, remodelados y modernizados, que funcionan con los retrasos de siempre y la misma exclusión, no son públicos y sí un negocio de concesionarios extranjeros. Es la Edad de Lata que está llamada a terminar. Tal perspectiva significará acentuar las tensiones entre los representantes políticos (partidos y gobiernos) y los movimientos sociales que no parecen dispuestos a entregar la autonomía conquistada. En la lógica del mal menor, los movimientos sociales apoyan las opciones electorales progresistas, y éstas, a cambio, respetan la movilización popular. Los gobiernos elegidos con el favor de las mayorías, sin embargo, se verán presionados a sintonizarse con sus expectativas. En esta tensión se juega el futuro de la ola de gobiernos de signo diferente y la suerte de la democracia en la región. En América Latina, los movimientos sociales aún tienen mucho por dar. La tendencia es a su fortalecimiento y a la profundización de sus demandas, lo que sin duda influirá en el campo político. La suerte de las formaciones de nuevo signo depende en buena medida de su capacidad para intensificar la lucha contra el neoliberalismo. A lo mejor sólo hemos presenciado los preliminares, y el partido de verdad está por venir. Este es el horizonte que se abre cuando ya empiezan a sonar las fanfarrias del segundo centenario. 23 sin Democracia, sin derechos o c co i i t t í í l l o p o p men n i e g é m R i g 24 ocracia e la dem d a í v a r ont En c .* izábal G st José Ari El régimen político uribista es la expresión política resultante de la conjugación de tres poderes económicos y sociales refractarios a las reformas y al progreso: terratenientes, burguesía financiera y narcoparamilitarismo. Bajo el liderazgo carismático de Álvaro Uribe Vélez, estas vertientes han logrado desarrollar en estos cinco años una ofensiva contrarreformista, encaminada al debilitamiento del Estado social de derecho, al favorecimiento de los intereses económicos que representan y a la legalización de la impunidad. Como ha sido una constante en la historia del país, este tipo de opciones han ido en contravía de los avances institucionales y sociales, y siempre han terminado fortaleciendo las opciones armadas.1 Para los años 1998 y 1999, las élites dominantes del país tuvieron la posibilidad de elegir entre dos opciones: o negociaban con las FARC y se enfrentaban a la alianza del narcotráfico y el paramilitarismo, o se asociaban con esta última para confrontar a las FARC; finalmente, eligieron la segunda. Este antecedente explica, al menos en parte, la configuración del actual régimen político desde el punto de vista de las fuerzas económico-sociales que lo integran y sus objetivos. Varios fueron los factores que concurrieron en la coyuntura de 20012002 para que Álvaro Uribe obtuviera esa articulación: la prolongación indefinida del conflicto armado y sus excesos, que agravaron la situación de seguridad en todo el país; el fracaso de las negociaciones de paz con las FARC; el nuevo contexto internacional de la guerra contra el terrorismo; la importancia de la cocaína en la inserción de Colombia en la globalización económica, y los avances del paramilitarismo en el mapa de la geografía nacional. * Investigador social colombiano, exiliado en España. Trabaja con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP) de Zaragoza. 1 Algunas de las ideas expresadas en este artículo han sido expuestas por el autor de una manera más amplia en su libro Metamorfosis. Guerra, Estado y globalización en Colombia. 25 sin Democracia, sin derechos Cinco años después, sin haber terminado su segundo período presidencial, se vuelven a escuchar voces que hablan de hecatombe o prolongación indefinida en el poder de la misma estructura, en la figura de Álvaro Uribe Vélez. Lo nuevo en el panorama nacional en los últimos años es que han surgido una oposición democrática y unos movimientos sociales que, abanderando las reformas, podrían contener la oleada del régimen uribista y ser alternativa de gobierno. Por ello podemos afirmar que el momento actual del país es el pulso entre la ofensiva uribista y la oposición democrática, el cual es uno nuevo y diferente entre la guerra y la paz. El desarrollo de estas tesis es el objeto de este artículo. Las élites ante dos caminos Para comprender el régimen uribista y la situación actual del país es importante remontarnos a los años 19981999, momento en que se define el Plan Colombia y se inicia el gobierno de Andrés Pastrana. En este periodo, la realidad les planteó a las élites dirigentes del país dos opciones o dos caminos que implicaban pactos con dos fuerzas distintas; de la elección de una de esas opciones se han desprendido varios de los principales acontecimientos que hoy vive el país. Lo anterior, en la medida en que dos actores marginados y excluidos del ejercicio del poder, de orígenes y objetivos muy diferentes, lograron una fuerza militar y social tan grande que les permitía retar al poder y demandar una negociación para ser incluidos. De un lado, estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, del otro, los narcotraficantes aliados con el paramilitarismo. Las guerrillas colombianas son la expresión de viejas fracturas sociales que han pervivido en el tiempo, al no realizarse las reformas que el país requería para su modernización. Éstas representan la lucha de los campesinos que se vieron forzados a huir para sobrevivir a las matanzas de la Violencia, de otros marginados urbanos y de los cultivadores cocaleros criminalizados por las políticas antidrogas. Después de una larga acumulación de fuerzas, para esos años, las FARC habían propinado fuertes golpes militares a la Fuerza Pública –Las Delicias, Patascoy, Puerres, Llanos del Yarí–; habían logrado rodear a Bogotá con una fuerza armada compuesta por siete fren- 26 Régimen político tes guerrilleros y seis columnas móviles que controlaron una gran parte del departamento de Cundinamarca, con énfasis en las zonas montañosas y altas de la Cordillera Oriental, y los alrededores de Bogotá; también tuvieron un corredor estratégico por el denominado Eje del Páramo de Sumapaz, a través del cual conectaban el Oriente y el Sur del país –departamentos de Meta, Casanare, Tolima y Huila– con la capital de la República. Del otro lado se encuentra una vasta economía ilegal basada en la marihuana, la coca y la amapola, que creció en distintas regiones marginadas en las que tampoco existió el Estado (Vargas, 1999 y 2003) y que desplazó al café del primer renglón de las exportaciones del país. Sus empresarios establecieron una alianza con el paramilitarismo de origen estatal para defender sus negocios, acaparar tierras y afianzar sus poderes locales (Medina, 1990). Las crisis de la economía cafetera, del modelo de sustitución de importaciones2 y la implantación de las políticas neoliberales, le abrieron el camino a la explosión de este nuevo capitalismo de naturaleza ilegal, y acumulación rápida y violenta, que llevó a que la cocaína se convirtiera en el principal producto a través del cual Colombia se insertaba en la globalización económica. Para tales años –1998 y 1999–, esa alianza, que les permitió a los narcotraficantes convertirse en señores de la guerra, inició una contrarreforma agraria, apoderándose, mediante la violencia y el terror, de más de cuatro millones de hectáreas de tierra, y constituyendo un ejército de más de 10.000 hombres que proyectó sus ofensivas militares hacia el Sur y el Oriente del país. Eran dos grandes actores sociales y armados que venían desde las periferias y la ilegalidad, que habían construido sus propios ejércitos y sus “poderes estatales paralelos” o “paraestados”, y que no integraron el último pacto social que implicó la Constitución de 1991, continuando, después de su aprobación, la guerra, mientras aspiraban a abrirse paso dentro de la institucionalidad y 2 El modelo de sustitución de importaciones fue una estrategia para el desarrollo económico implementada en Latinoamérica, que consistió en colocar barreras a las importaciones de bienes manufacturados en cada país para que, de esta forma, la producción nacional pudiera abastecer el mercado interno y en consecuencia creciera la industria nacional. los escenarios políticos y sociales. Un “gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional” pregonaban las FARC; “refundar la patria”, “construir una nueva Colombia”, establecer “un nuevo contrato social” declararon luego los empresarios ilegales de la coca y el paramilitarismo, junto con algunos políticos locales. Mientras las primeras consolidaban su posicionamiento sobre Bogotá y su retaguardia estratégica, los otros afianzaban sus poderes regionales y locales mafiosos como sus santuarios para garantizar la acumulación violenta de rentas ilícitas y lícitas, principalmente de la cocaína. En últimas, dos excluidos y marginados, distintos y enemigos entre sí, que recogían buena parte de las violencias derivadas estructuralmente de los conflictos no resueltos por las grandes desigualdades y el acceso traumático y tardío del país a la modernidad y a la globalización económica; excluidos que querían entrar en el poder, participar del Gobierno y ser incluidos dentro del Estado. Y, frente a esos dos excluidos, en los años 1998 y 1999, las élites dirigentes tuvieron la opción de elegir: o negociaban con las FARC, enfrentaban al paramilitarismo, y se diferenciaban de Estados Unidos en el tratamiento de los cultivos de uso ilícito y las drogas psicoactivas, o profundizaban su alianza con los paramilitares para enfrentar a las FARC. La primera implicaba hacer la paz y cambiar en alguna medida el statu quo; la segunda, mantenerlo e incrementar la guerra. La una estaba esbozada, aunque tímidamente, en la versión original del Plan Colombia, elaborada en este país, y planteaba una distinción entre el narcotráfico y la guerrilla, se proponía negociar con esta y establecía un trato diferenciado para los cultivos comerciales de los narcos y los de los campesinos pobres. La otra estaba contenida explícita o implícitamente en la versión estadounidense del Plan Colombia. (Aristizábal, 2007, p. 213) El presidente Andrés Pastrana estuvo cercano a la primera opción en el comienzo de su gobierno: estableció la zona de distensión, dio inicio a las negociaciones de paz, y en el documento de la Comisión de los Notables,3 3 La Comisión de Personalidades, conocida también como Comisión de Notables, fue designada por la Mesa de Negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en virtud del numeral 3 del Acuerdo de Los Pozos, suscrito el 9 de febrero de 2001 entre el presidente Andrés Pastrana y el comandante de las FARC Manuel Marulanda. Los Notables de- integrada a partir del Acuerdo de los Pozos (2001),4 quedó consignada la propuesta de la convocatoria a una asamblea constituyente con presencia de la guerrilla, el combate militar a las autodefensas, su sometimiento a la ley, y la investigación, juzgamiento y sanción, por parte de la justicia ordinaria, de los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados con estos grupos. De manera paralela a su política de paz, Pastrana mantuvo una política de guerra. Las élites regionales y los militares temieron perder sus privilegios si se consolidaba la negociación, por lo cual presionaron la ruptura del proceso; el Gobierno estadounidense también interfirió e impuso con su financiación su propia versión del Plan Colombia.5 Mientras permanecían en la Mesa, las FARC mantuvieron su desconfianza ante la opción de negociación, que discurría al mismo tiempo que las ofensivas del paramilitarismo y la Fuerza Pública, y aprovecharon al máximo la negociación para fortalecerse militarmente. Ni bían presentar, en un plazo definido, recomendaciones para avanzar en las discusiones sobre mecanismos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. La Comisión quedó integrada inicialmente por el periodista Carlos Lozano Guillén, director del semanario comunista Voz; por Vladimiro Naranjo Mesa, ex magistrado de la Corte Constitucional; por el médico Alberto Pinzón Sánchez, y por la periodista Ana Mercedes Gómez, directora de El Colombiano. Síntesis tomada de Medios para la Paz (2002). 4 Firmado entre el presidente Andrés Pastrana y el comandante de las FARC Manuel Marulanda, en donde quedaron planteados 13 puntos para el inicio de la negociación. 5 “En su orden, las versiones que hasta el momento se han conocido son las siguientes: 1) Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Departamento de Planeación Nacional, ‘Plan Colombia’, Puerto Wilches, diciembre de 1998. 2) Revista Desde Abajo, ‘Plan Colombia’, Suplemento especial No. 1, octubre de 1999. 3) Presidencia de la República, ‘Plan Colombia’, Plan for peace, prosperity, and thestrengthrning of the state, President of the Republic, Andrés Pastrana Arango, edition october, 1999. Y, 4) ANCOL, Plan Colombia, www.presidencia. gov.co, Bogotá, 1 de diciembre de 1999, traducida al español de la versión presentada a la Unión Europea” (Martínez Osorio y Angarita, 2000, p. 6). 27 sin Democracia, sin derechos el Gobierno ni las FARC movilizaron a la población por la paz y las reformas sociales, la salida negociada se agotó y se impuso la opción de la guerra. El régimen político de Uribe: cambios en el poder y la naturaleza de las élites El régimen que hoy gobierna Colombia representa un cambio en la estructura de poder y la naturaleza de las élites, y una reconfiguración del poder político y el Estado. Es la expresión política de tres grandes agrupaciones económicas y sociales articuladas por el liderazgo de Álvaro Uribe: en primer lugar, están los terratenientes, ganaderos y agroindustriales, que han sido los sectores más afectados por las guerrillas y los conflictos agrarios; allí se encuentran las élites políticas regionales que nunca han aceptado la solución política del conflicto y se sintieron desconocidas por el gobierno de Pastrana cuando éste adelantaba las negociaciones de paz. Son los que algunos llaman el “uribismo rural”. En segundo lugar, la burguesía financiera y los grandes comerciantes. Los más beneficiados con el lavado de activos, la integración de Colombia en los mercados financieros globales y la apertura comercial indiscriminada, y las políticas tributarias. El tercer agrupamiento está formado principalmente por empresarios o ex empresarios de la cocaína: por un lado, aquellos que aprovecharon las amnistías tributarias anteriores concedidas al narcotráfico y la “ventanilla siniestra”,6 legalizando sus capitales y reinvirtiendo una parte de éstos; por el otro, esa capa que ahora está en tránsito para blanquear sus apellidos y oficializar su entrada al establecimiento a través de la Ley 975 de 2005 –Ley de “Justicia y Paz”–. 27 años continuos en que los ingresos por exportaciones de cocaína han representado entre el 3% y el 5% del PIB del país se reflejan, necesariamente, en la conformación de una nueva burguesía con un enorme poder económico. 6 “En el gobierno de Alfonso López Michelsen (19741978) se creó la ‘Ventanilla Siniestra’ en el Banco de la República, por la que ingresaron los millones de dólares de la bonanza marimbera, confundidos con los de la bonanza cafetera, que por lo demás en buena parte correspondieron a contrabando del grano” (Castillo, 2001) 28 Régimen político La alianza de ese empresariado ilegal con los jefes del paramilitarismo y una parte de la clase política tradicional estableció unos poderes locales y regionales mafiosos que se convirtieron en nuevos órdenes políticos incubados dentro del mismo Estado. La geopolítica de la guerra en los últimos cinco años, al concentrarse sobre las FARC y sobre determinados territorios, ha fortalecido esta alianza que ha ampliado sus zonas de cultivo y rutas de exportación, y que hoy se ufana públicamente de haber salvado al país del ascenso de las guerrillas y los movimientos populares, y reclama por ello un puesto dentro del Estado y la sociedad, sin tener que pagar sanciones proporcionales a los graves crímenes cometidos. Estamos ante una reconfiguración del poder político de las élites y el Estado, que fue condensada por el régimen uribista, cuando éste logró articular en la coyuntura de 2001-2002 a esos tres agrupamientos disímiles en torno a los objetivos comunes que los unifican; simultáneamente se presentó un desplazamiento del peso de los sectores propiamente industriales, tanto en el sistema económico como en el político. Adicional a la ruptura de las negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC y, en consecuencia, a la prolongación indefinida del conflicto armado y sus excesos, otros elementos asistieron para configurar ese entramado, entre los que se destacan el nuevo contexto internacional de la lucha antiterrorista, la importancia de la cocaína en la inserción de Colombia en la globalización económica y la consolidación del paramilitarismo en la vida nacional. En estas condiciones, el atizamiento de la guerra contra las FARC le aseguraba réditos económicos y políticos a esa coalición. La alianza de una parte de las viejas élites con el narcotráfico y el paramilitarismo reforzó su poder y afianzó su dominación. Adicionalmente, su subordinación a las políticas del gobierno presidido por George W. Bush le permitió garantizar los dineros del Plan Colombia para hacer de sus guerras “contra el terrorismo” y “contra las drogas” sus principales banderas. Al mismo tiempo, esos tres agrupamientos se constituían en los mayores beneficiarios del capitalismo rentista que se ha impuesto en el país. La Constitución como un traje de arlequín: caracterización del uribismo La política de “seguridad democrática” no se presenta como institucional, sino como personal.7 Según el Presidente y sus grupos políticos, sólo él está en capacidad de darle continuidad y por ello requiere su reelección. Para justificar la misma, encubrir los objetivos del régimen de la seguridad democrática y ganar una opinión pública nacional e internacional favorable, el actual gobierno ha asumido como su bandera principal la solución militar del conflicto y, en particular, la guerra contra las FARC. Álvaro Uribe logró culpabilizar a este grupo de todos los problemas del país, exculpando al paramilitarismo, la clase política tradicional y las Fuerzas Armadas del Estado; creó, valiéndose de la coyuntura y de los grandes medios, un gran sentimiento en su contra; levantó una ola nacional en la cual el enemigo principal es esta guerrilla y, sobre esta ola, se erigió como el único que podía salvar al país. Aparentemente, los programas de la política de “seguridad democrática” están subordinados al supremo objetivo de derrotar militarmente a las FARC: el incremento del presupuesto militar y de los efectivos de la Fuerza Pública,8 el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional, su política internacional, su agenda legislativa y las reformas a la Constitución. Lo anterior, efectivamente, se ha representado en una ofensiva militar permanente desde el día de la posesión del Álvaro Uribe hasta hoy, y con ella ha logrado des- 7 La figura de Álvaro Uribe Vélez nos ofrece la personificación del pastor que está predestinado a guiar el rebaño; por eso, desde la redacción de los cien puntos de su campaña, Uribe afirmó: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político” (…). El Presidente pastor es el destinado a encauzar el rebaño (la sociedad colombiana) a la salvación política, entendida esta como la derrota del terrorismo, que se cierne como la peor de las pestes sobre su pueblo descarriado (Mantilla y Múnera, 2005, pp. 61-62). 8 “Según el Ministerio de Defensa, durante el período comprendido entre julio de 2006 y junio de 2007 los siguientes proyectos garantizaron el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Ejército: i) activación de tres Brigadas Móviles (16, 17 y 19); ii) entrada en operación plazar a las FARC de los alrededores de Bogotá y replegarlas hacia el Sur. No obstante lo anterior, él mismo se contradice al afirmar que no existe un conflicto armado interno, así como ha demostrado no ser eficaz, al no lograr derrotarlas, ni asestarles ningún golpe decisivo, a pesar de sus discursos y del apoyo de Estados Unidos con los consecutivos Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Consolidación. En cambio, el resultado real de sus políticas y de estas ofensivas sí ha contribuido a la satisfacción de los objetivos principales del régimen que personifica Álvaro Uribe Vélez, a saber: (i) Desmantelar el Estado social de derecho, impedir el cumplimiento de la Constitución Política de 1991 y recortar el ejercicio de garantías y libertades, inhibiendo al mismo tiempo el desarrollo de las reformas que reclama la población. (ii) Realizar dos operaciones masivas de impunidad: la de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los paramilitares,9 militares y sectores de la clase política de la Fuerza de Acción Decisiva; iii) activación de la Brigada n.° 15 en Quibdó (Chocó); iv) recepción de ocho helicópteros UH-60 para asalto aéreo; v) recepción de cuatro helicópteros MI-17 para transporte; vi) recepción de dos aviones Grand Caravan para comando y control; vii) activación de dos centros de instrucción y entrenamiento para las unidades de combate. Armada: i) construcción y dotación de Patrullera de Apoyo Fluvial Pesada tipo Nodriza. Nombre ‘ARC Teniente de Fragata Efectivo de Infantería de Marina (TFEIM) Juan Ricardo Oyola Vera’; ii) recepción de seis lanchas de interdicción marítima para apoyar las actividades de lucha contra el narcotráfico; iii) inversión en infraestructura operativa y logística en las unidades de las Brigadas Fluviales de Puerto Carreño, Turbo, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Guapi, Tumaco y Buenaventura, con el fin de fortalecer el control fluvial. Fuerza Aérea: i) recepción de seis helicópteros Bell 206; y ii) recepción de diez aeronaves de combate A-29 Súper-Tucano. Policía Nacional: i) activación de 53 estaciones rurales; y ii) activación de 78 estaciones de policía”. (Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos, 2007, p.10) 9 Véase en esta publicación: Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Observatorio de Derechos Humanos y Derecho In- 29 sin Democracia, sin derechos tradicional, y la de lavar, blanquear y legalizar masivamente a una capa de empresarios de la cocaína junto con sus fortunas. (iii)Defender los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, sus empresas multinacionales y el capital transnacional, atendiendo los lineamientos neoliberales de corte global. Con relación al desmantelamiento del Estado social de derecho, es evidente que el marco institucional instaurado en 1991 es considerado un obstáculo, incluyendo la administración de justicia, la cual, más bien, se ha pretendido convertir en un instrumento de la denominada “lucha antiterrorista” (Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2003). El Ministro del Interior y de Justicia de su primer período, Fernando Londoño Hoyos, afirmó, antes de su posesión, que se debía romper “en mil pedazos ese traje de arlequín de la Constitución de 1991 y desmontar ese embeleco stalinista del Estado social de derecho”.10 De hecho, la Carta ha sido reformada 26 veces en 17 años, de las cuales 11 enmiendas se han realizado bajo el gobierno de Álvaro Uribe, incluyendo la reelección inmediata del Presidente.11 Alta concentración de poderes en el Ejecutivo, debilitamiento de facto de los órganos de control y militarización de la sociedad son elementos característicos de ese desmantelamiento. Desde la Presidencia de la República se desinstitucionaliza el Estado, se le dice públicamente a los militares que se quiten de encima el “síndrome de la Procuraduría”, se acusa a los defensores de derechos humanos y a la oposición democrática de ser aliados de la guerrilla, y se urde una confabulación contra la Corte Suprema de Justicia para que no juzgue a los parlamentarios y altos funcionarios comprometidos con el paramilitarismo. ternacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Ley 975: Sin justicia, ni paz. 10 Citado en Bernal (2003). 11 Durante el cuatrienio de Andrés Pastrana se produjeron siete enmiendas constitucionales; bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuatro reformas, y bajo el gobierno de César Gaviria, tres. 30 Régimen político Respecto de la doble operación de impunidad, analistas nacionales e internacionales han demostrado que la Ley denominada de “Justicia y Paz” es una amnistía general encubierta.12 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han alertado sobre las posibles consecuencias negativas de la Ley.13 Los jefes del paramilitarismo continúan delinquiendo y manteniendo, de una u otra forma, sus maquinarias de intimidación y su poder en sus áreas de influencia, mientras crece la llamada “tercera generación del paramilitarismo” (FIDH, 2007). La paz de los paramilitares es una paz mafiosa: en sus territorios se reducen los índices de violencia porque ellos obtienen el monopolio de la coerción y la violencia, e imperan la ley del silencio y el régimen de terror, propios de sus nuevos órdenes políticos. En cuanto a sus negocios como narcotraficantes, la Ley no les está exigiendo que desmonten o entreguen sus cultivos, rutas o laboratorios (FIDH, 2007). Mientras unos se legalizan ahora, otros mantienen el negocio. Adicionalmente, el número de los altos dirigentes políticos del régimen presos, sindicados o indagados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus vinculaciones con los crímenes del paramilitarismo, ya va en 80 y continúa creciendo. En cuanto a la subordinación de Colombia frente a los Estados Unidos, ésta se ha incrementado. La concepción de la guerra, su planeación, financiación, asesoría y dirección en el terreno dependen del Pentágono, a través del Comando Sur, bajo el pretexto de estimular la inversión extranjera. Mientras el publicitado crecimiento económico no genera empleos, se reducen y desmejoran los existentes, se cierran los hospitales públicos, la salud se privatiza y, en general, los DESC se menoscaban o cercenan.14 El nuevo marco legal del gobierno Uribe ha 12 Véanse, entre otros, Amnistía Internacional (2005), Human Rights Watch (2005, p. 4); Comisión Colombiana de Juristas y otros (2005). 13 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2005). 14 Véase en esta publicación: Cecilia López Montaño. Un modelo pro rico, y Alberto Yepes Carvajal. ¿Desarrollo para todos? terminado de entregar lo que quedaba de las rentas del petróleo, el carbón y los demás recursos naturales del país. Las empresas transnacionales y multinacionales festejan sus utilidades y certifican que con la “seguridad democrática”, sí existe democracia plena y seguridad para sus contratos y sus negocios. En últimas, ni Estado social, ni Estado de derecho a secas. La democracia no se está fortaleciendo, se está es estrangulando la poca que existe hasta dejar sólo sus apariencias formales. Podemos caracterizar al régimen político de Uribe como una ofensiva contrarreformista por parte de las élites más tradicionales y refractarias a las reformas y al progreso, con la que se pretende mantener el statu quo, incorporando dentro de él una parte importante del paramilitarismo y el narcotráfico, a los cuales se busca legalizar impunemente. Como ha sido una constante en la historia del país, las ofensivas de los sectores de derecha han ido en contravía de los avances institucionales y sociales, y siempre han terminado fortaleciendo las opciones armadas. Sin embargo, lo que diferencia a esta arremetida de las otras ocurridas en el pasado es que ahora ha surgido un dique: la oposición democrática unida con los movimientos populares. Un nuevo pulso: los retos de la oposición democrática La reelección de Uribe ha sido el fortalecimiento de las ofensivas militares y las contrarreformas que históricamente se han producido en Colombia por la ausencia de una política democrática, y unas fuerzas robustas capaces de canalizar la inconformidad y avanzar hacia adelantos democráticos. Mientras su primera elección estuvo signada por el pulso entre la guerra y la paz, en el momento actual del país se vive un nuevo pulso entre la ofensiva uribista y las fuerzas democráticas. La oposición democrática se ha vigorizado y erigido en una alternativa creíble, después de la derrota del referendo uribista de octubre de 2003, los avances en las elecciones locales de 2003 y 2007, los 2.600.000 votos de las elecciones presidenciales a favor del candidato del Polo Democrático Alternativo y los resultados electorales recientes que le dieron a este partido su segundo triunfo en Bogotá y la gobernación de Nariño. Estos avances se deben a los acumulados que esta iniciativa recoge, a su trabajo, a sus candidatos y, principalmente, a la inmensa necesidad de cambio, de transformación y de paz que vive-siente la mayoría de la población colombiana. El reto de esa oposición es, entonces, el de la paz, pero no entendiéndola dentro del falso dilema que han escenificado alternativamente los gobiernos de las clases dirigentes (o guerra total o negociación; o solución militar o la sola negociación política), que ya se ha demostrado que vuelve a terminar en la guerra. Es la paz entendida como las reformas, como la transformación de las grandes iniquidades que las élites han perpetuado, y como la inclusión en la sociedad y el Estado de todos los excluidos en el largo y traumático proceso de formación de la nación. Una sólida política democrática cuyo eje sea la consecución de paz y una nueva diplomacia internacional. En este sentido son dos condiciones claves e imprescindibles para que la oposición y los movimientos sociales puedan sostener este pulso en alza, y vencer la ofensiva del régimen. *** A mayor peso de la guerra y la violencia, menos espacios para la oposición y la democracia. Por esto, lo que hace falta y urge en el país es una política democrática que comience a desbloquear los conflictos represados, que forje otro imaginario y otro sentido de lo que es la política, que se vuelva realidad, construyendo nueva institucionalidad y gobernabilidad en los municipios y departamentos, e integre en el conjunto de la sociedad y la esfera pública a todas aquellas regiones, poblaciones, economías y culturas excluidas y marginadas por el Estado. El núcleo central de esa apuesta debe ser la paz democrática, que se construye con las comunidades en el aquí y ahora de sus territorios veredales y municipales, en las gobernabilidades locales, en la canalización de los conflictos económicos y sociales para que encuentren su cauce en el campo de la política, en la humanización y regularización del conflicto armado, en los centenares de acuerdos humanitarios parciales, locales o sectoriales que las víctimas están requiriendo, y en una propuesta de negociación que aspire a ser la política pública del Estado. 31 sin Democracia, sin derechos Ahora, como Colombia no podrá resolver sola su guerra y en ella inciden tantos factores globales y regionales, es necesario construir una nueva diplomacia para que los distintos actores de la comunidad mundial contribuyan a la solución de sus múltiples crisis. Los pesados e intrincados intereses globales y locales que mueven la guerra y los negocios de la cocaína no se podrán remover, mientras la oposición democrática y los movimientos sociales no logren develar que Uribe representa el derrumbe del Estado de derecho, la impunidad, la alianza con los empresarios de la cocaína y los paramilitares y, por tanto, la perpetuación de la guerra y el narcotráfico. Bibliografía La unidad de la oposición democrática y los movimientos sociales, con los aportes de las regiones, el arte, la cultura, los excluidos y la diáspora, conjuntamente con las alianzas globales que logre esa nueva diplomacia, podrían profundizar la movilización social por la paz y las reformas, hacer de éstas un clamor nacional e internacional, sacar la dinámica política del país del enfrentamiento interesado entre Uribe y las FARC, que tanto beneficia al primero; hacerla girar hacia el pulso entre la política del régimen y la política democrática y, sobre esta base, amplificar una gran ola que se superponga a la avenida de sangre e impunidad sobre la que navega el uribismo. n Aristizábal, n Acuerdo de Los Pozos (2001, 9 de febrero) (en línea). Disponible en: www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/download/boletin03/acuerdo_los_ pozos.doc. n Amnistía Internacional (2005, 26 de abril). 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Es cierto que la economía colombiana ha experimentado un desarrollo favorable durante los últimos años, sustentado en dos factores: 1) altas tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB)1 y 2) niveles de inflación inferiores a un dígito, enmarcados en las metas establecidas por el Banco de la República. Lo anterior ha redundado en una importante modificación de las expectativas de inflación, variable crucial de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, antes de interpretar este comportamiento con demasiado optimismo, es necesario investigar cuál ha sido el motor del crecimiento y, sobre todo, qué tan sostenible es. Existen razones de fondo para creer que este ha estado impulsado fundamentalmente por factores coyunturales tanto externos como internos. ∗ Senadora de la República, Partido Liberal Colombiano. 1 El producto interno bruto puede definirse como el valor total de la producción de bienes y servicios producidos durante un periodo específico en un país determinado. 35 sin Democracia, sin derechos El crecimiento en contexto Algunas causas externas influyeron positivamente en el crecimiento económico nacional. De acuerdo con la Contraloría General de la República y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo,2 la economía nacional ha sentido la entrada de flujos de capital de corto plazo, los altos precios de los productos básicos (en especial petróleo y carbón), la disminución de las tasas internacionales de interés, la reducción de la deuda externa debido a la revaluación del peso, y el alto ingreso de remesas3 al país. Pero también es claro que la dinámica interna ha jugado un papel importante. En efecto, han contribuido las políticas monetarias, crediticias y fiscales, todas con una clara marca expansiva. Adicionalmente, también ha sido fundamental el notable aumento en la inversión pública y privada, debido a los incentivos tributarios a la inversión y al cambio en las expectativas de los agentes económicos motivadas por la implementación de la política de seguridad democrática. Igualmente, la economía subterránea –cuya existencia el Gobierno subestima– ha ayudado significativamente al reciente desempeño del aparato productivo. No puede ignorarse entonces que los buenos resultados observados hasta el momento han sido producto de situaciones excepcionales cuya duración es difícil de determinar. Más aún, ya se identifican factores de desaceleración que empiezan a preocupar al país. De la reforma estructural al cambio coyuntural El Gobierno nacional perdió la oportunidad de aprovechar la situación positiva de la economía para hacer importantes ajustes, en especial en lo que respecta al saneamiento fiscal. Así, no se utilizaron para este fin los ingresos percibidos por las privatizaciones, los recaudos tributarios, ni el impacto de la revaluación en la deuda, a un punto tal que el déficit del Gobierno Central conti2 Bonilla y González (2006, pp. 23 y ss.). 3 Dinero enviado al país por los colombianos residentes en el exterior. 36 Régimen económico núa en niveles superiores al 4,4% del PIB.4 Al respecto es pertinente resaltar la fracasada reforma tributaria estructural. Un acertado análisis de la generosidad del Gobierno con el sector privado lo hizo en su momento el columnista Mauricio Cabrera Galvis, luego del trámite de dicho proyecto: Lo vergonzoso de la Reforma aprobada es la forma como se discutió y elaboró no en el Congreso de la República que es el foro institucional de la democracia para debatir los temas impositivos, sino en conciliábulos con gremios y lobistas, en los que predominó –como se reconoce textualmente en la ponencia del proyecto– “la insistencia de cada uno de los sectores económicos en que se mantengan los beneficios o tratamientos preferenciales que desde hace varios años vienen aplicando para sus diferentes actividades”, es decir la defensa de los intereses particulares sobre el interés público. Más aun, Fedesarrollo señaló la perversa interacción entre esos intereses particulares y los políticos que retribuyen el apoyo financiero a sus campañas con micos en el Estatuto Tributario. (Cabrera, 2006). El mensaje de lo que pretendía el Gobierno lo había repetido en varios foros el presidente Uribe, antes de la aprobación final de la ley: “Uno de los temores que a mí me han asaltado cada vez que proponemos el tema tributario, es la tradición colombiana de rechazar las normas tributarias como factor de crecimiento de la economía. Nosotros tenemos que superar ese complejo, tenemos que confiar en la bondad de las normas tributarias, para estimular el crecimiento de la economía” (Uribe Vélez, 2006). Era esta su manera de justificar las prebendas concedidas. El espejismo: crecimiento concentrado y sin empleo En el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el segundo lugar en desigualdad en la concentración del in- 4 De acuerdo con el diario Portafolio (2007, 12 de agosto), “entre enero y abril del 2007 el déficit del Gobierno Nacional Central creció 16,4 por ciento si se compara con el mismo periodo del año anterior, pues pasó de 6,54 billones de pesos a un faltante de 7,61 billones de pesos, valor que equivale a 2,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”. greso, con un índice Gini5 de 0,576 (Bonilla y González, 2006, p. 37), siendo superado únicamente por Brasil con 0,591. Y como si no fuera suficiente, la tendencia no apunta hacia la disminución de la desigualdad; como lo plantean el CID y la Contraloría General de la República: Entre 1998-2003, el PIB creció en promedio al 1,1% y los ocupados al 2,3%. Entre 2003-2006, el PIB creció al 5,1 promedio y la ocupación al 1,6%, si se toman las cifras oficiales del DANE,6 o al 3%, si se asume una corrección de los datos oficiales. El crecimiento de la economía colombiana ha sido muy inequitativo. Las ganancias de las empresas aumentaron más que los salarios; el sector financiero se concentró más; la distribución de la tierra empeoró; los impuestos son más regresivos; el pago de servicios públicos es desproporcionado con respecto a los ingresos, etcétera. Mientras tanto, el empleo apenas si aumenta por encima del crecimiento de la población y los costos laborales han disminuido en términos reales. (Bonilla y González, 2006) Por su parte, Francisco Pérez (2007) plantea que en el mundo se está consolidando el modelo de “Jobless Recovery”, o sea “Recuperación sin Empleo”, mostrando cómo Estados Unidos, México, Centro y Suramérica son ejemplo de ello, pues “recientemente, a nivel internacional, en los períodos de expansión se han observado altas tasas de crecimiento del producto asociadas no sólo con una recuperación muy lenta o nula del empleo, sino que al mismo tiempo en algunos casos se han registrado incrementos en la tasa de desempleo”. Para el caso colombiano, Pérez menciona que el “deterioro de la tasa de desempleo del país se inició a partir del período comprendido entre el tercer trimestre del 2004 y el tercer trimestre del 2005”. Adicionalmente, esta tendencia comienza a consolidarse a partir de 2006, cuando los aumentos del PIB, del orden del 6,94%, estuvieron acompañados por un incremento en la tasa de desempleo de 2,96%. Pero, sin lugar a dudas, la mejor muestra de esta tendencia es el primer trimestre de 2007, cuando el PIB (sin incluir ilícitos) creció al 8,09% y la tasa de desempleo aumentó 0,22 puntos porcentuales. Como bien lo ha planteado Ricardo Bonilla (2007), la recuperación económica ocurrida tras la recesión de 1999 “ha sido insuficiente e inequitativa respecto a la generación de nuevas oportunidades de trabajo, incorporación a los sistemas integrales de seguridad social y reducción sistemática de la pobreza”. Para Bonilla, los verdaderos efectos de la leyes de reforma laboral de las últimas dos décadas (leyes 50 de 1990 y 789 de 2002) fueron la terciarización en la contratación de empleados, debido a la flexibilización de las relaciones salariales; flexibilización materializada a través de programas de vinculación temporal, la reducción en los costos de los despidos y la disminución del pago del recargo nocturno, dominicales y festivos (Bonilla, 2007, p. 92). Las cifras y la correlación que se presenta entre las tasas de crecimiento económico y el aumento porcentual del número de ocupados corroboran este argumento. Entre 1993 y 1998, el promedio del PIB fue de 3,2% anual y los ocupados se incrementaron en 2,1%, en promedio. 5 El coeficiente o índice de Gini es un indicador que permite medir el grado de concentración y de distribución de la riqueza, los ingresos o la propiedad. Este índice va de 0 a 1, acercándose a 0 cuando refleja una distribución igualitaria y acercándose a 1 cuando da cuenta de una concentración desigual (en principio, equivale a 0 si todos los implicados tienen los mismos bienes y, a su vez, equivale a 1 si un solo agente posee todos los bienes). Un índice total mayor de 0,5 es reflejo de una desigualdad bastante alta en el contexto global. Y con respecto al modelo Uribe y sus efectos sobre el empleo hay que destacar que, por fin, se empieza a abrir el debate, pues hasta antes de 2007 los informes críticos de numerosos académicos habían sido falazmente descalificados por los empresarios y el Gobierno, lo que contribuía a cerrar el debate en lugar de propiciar su desarrollo. Fue necesario que una autoridad nacional, como el Procurador General de la Nación, hiciera una denuncia necesaria (El Tiempo, 2007, 18 de octubre): la reforma laboral de 2002, la Ley 789, no solo no generó el empleo prometido sino que les costó muy caro a los trabajadores, 6 En el tercer trimestre de 2006, el DANE incorporó la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), con la que, abruptamente, la tasa de ocupación bajó de 54,8% en septiembre de 2005 a 53%, mientras en el volumen de personas ocupadas desaparecieron aproximadamente un millón de personas con una tasa negativa de crecimiento de -3,34%. 37 sin Democracia, sin derechos mientras favoreció gratuitamente a los empresarios del país, quienes no crearon los empleos prometidos. Bajo el supuesto de los altos costos laborales y las inflexibilidades del mercado de trabajo, la reforma extendió la jornada ordinaria, redujo los recargos en dominicales y festivos y los costos de despido. El señor Procurador General de la Nación pidió tumbar esta norma y le solicitó a la Corte Constitucional que reviviera el recargo nocturno para el trabajo después de las seis de la tarde, la indemnización por despido sin justa causa y el pago triple de los dominicales y festivos. Se fundamenta el Procurador en que la reforma no cumplió con el objetivo que la justificó: aumentar los puestos de trabajo y reducir el desempleo. Su resultado fue el opuesto: disminuyó la calidad de vida de los trabajadores. Lo que todos sí aceptan es que esta Ley propició la reducción de los costos laborales de las empresas, pero éstas no aumentaron el empleo. El debate es absolutamente pertinente porque la situación de los trabajadores colombianos es de los problemas más serios del país. Estudios como el del CID afirman que esa reforma “se logra extraer un mayor producto a menor costo para los empleadores, mientras se deterioran las condiciones económicas de los trabajadores y la calidad del empleo” (Bonilla y González, 2006, p. 78). Las cifras disponibles lo corroboran. Entre 2002 y 2003, la proporción de empleos con jornadas semanales superiores a las 48 horas aumentó en 2%, y en 2004 y 2005 ésta se mantuvo. Las jornadas de los empleos del sector privado aumentaron un 15% entre 2002 y 2005 y, adicionalmente, los trabajadores por cuenta propia se incrementaron en un 17%. Aún más, con la reforma cada vigilante en el área de la seguridad extendió su jornada diurna y en 2005 perdió al año aproximadamente $1.150.000 por reducción de horas extras. El mencionado estudio encontró que en 2004 la mala calidad de los salarios aumentó en un 44%, mientras el factor de buena calidad subió solo 36%. Y como si esto no fuera suficiente, los asalariados perdieron medio billón de pesos en dominicales y festivos entre los años 2003 y 2006, y esta reducción no ha tenido ningún impacto en la generación de empleo. 38 Régimen económico Proyecciones inciertas Retomando los planteamientos del CID, es claro que “la trampa de la pobreza únicamente puede romperse si la sociedad colombiana avanza en la agenda distributiva”, pues dado que “el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente, para reducir la pobreza, no hay una relación monótona entre el aumento del PIB y la disminución de la pobreza” (Bonilla y González, 2006, p. 132). A pesar de lo anterior, la agenda distributiva no es una prioridad del gobierno Uribe. Sus prioridades, en contraste, se han orientado a sacar adelante el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, al que considera como un pilar básico para crecer en el futuro. Pero ignorar tanto la existencia de los ciclos económicos (períodos de crecimiento y de desaceleración) como la sostenibilidad de los factores (internos y externos) que han venido impulsando la economía nacional, y además desconocer los efectos del Tratado sobre equidad y pobreza, constituyen los mayores problemas que se han percibido en los debates del TLC con Estados Unidos. El supuesto de un crecimiento económico estable e indefinido ha sido la base de los principales estudios oficiales y se ha convertido en el mayor argumento de los defensores del Tratado. Este supuesto ha permitido un exagerado optimismo sobre lo que constituye el contexto macroeconómico en el que se desarrollará el mencionado Tratado. Sin embargo, la economía mundial muestra ya síntomas de desaceleración. En efecto, las entidades internacionales y particularmente el FMI (2007) indican que a partir del año 2007 se inicia un proceso de desaceleración del crecimiento. Por lo anterior, puede decirse que no son gratuitos los síntomas preocupantes del recalentamiento de la economía nacional, síntomas advertidos por analistas económicos como Sergio Clavijo y Eduardo Sarmiento. En efecto, en 2007 se registra un quiebre en la tendencia inflacionaria, como quiera que al finalizar el año la tasa de inflación alcanzó el 5,69%, cifra que supera la meta fijada para este año por el Banco de la República, 2007. Lo más preocupante para analistas como Mauricio Cabrera es que el Banco de la República decida repetir la fórmula utilizada a mitad de los años noventa y comience a jugar con la tasa de interés, ahogando así la economía en aras de cumplir sus metas y “evitar” el recalentamiento de la misma. Otro factor fundamental se relaciona con el tipo de cambio. El acentuado proceso de revaluación del peso, que de enero de 2003 a 15 de abril de 2007 fue del orden del 27%, en términos nominales, no pudo ser controlado por el Emisor, ni por el Gobierno. Esta situación fue contrarrestada en su momento por la crisis hipotecaria surgida en 2007 en Estados Unidos. El conjunto de estos fenómenos han empezado a presionar seriamente la balanza comercial,7 que en 2006 registró un déficit cercano a los US$143 millones (DANE, 2007, 12-16 de febrero), lo cual parece agravarse a juzgar por el comportamiento de dicha balanza en los primeros diez meses de 2007,8 cuando el déficit fue superior a los USD$ 515 millones, de acuerdo con las cifras del DANE. Esta situación, que constituye el punto de partida del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, resulta siendo una alarma si se tiene en cuenta, por un lado, que si bien aún no existe un déficit comercial con Estados Unidos, esta brecha se ha reducido durante tres meses consecutivos y no existen indicios de que la tendencia tenga reversa. Adicionalmente, no existe un solo estudio o análisis que incluya dentro de sus supuestos un déficit comercial con ese país, lo cual sería conveniente para medir de manera objetiva dicho impacto. Un último factor que incide directamente en el comportamiento de la economía son las cifras del fisco nacional. Si bien es cierto que durante los últimos años el Gobierno nacional ha festejado el cumplimiento de las metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional y que durante 2006 alcanzó un equilibrio fiscal, la verdad es que este punto se debe más a la disciplina 7 La balanza comercial es el término que designa la relación entre las importaciones y las exportaciones de un país en un tiempo determinado. Es deficitaria o negativa, si el volumen de las divisas gastadas en importaciones es mayor al volumen generado por exportaciones. Por oposición, es superavitaria o positiva, si el volumen de divisas generado por exportaciones es mayor al gastado en importaciones. 8 Cifras disponibles al momento de la elaboración del artículo. fiscal del sector público no financiero. No parece existir disciplina fiscal por parte de Gobierno Nacional Central,9 pues, según la Contraloría, el déficit fiscal relacionado se mantiene en niveles cercanos al 6%, a diferencia de lo que plantea el Gobierno mismo, que habla de una cifra cercana al 4%. Lo sorprendente es que, a pesar de las múltiples privatizaciones y reformas tributarias, en 2006 el déficit bajó tan solo 0,7% del PIB de acuerdo con cifras del Consejo Superior de Política Fiscal y en un 0,2% según el Banco de la República (Presidencia de la República, 2007). Pero si hubo poco juicio al considerar los posibles impactos macro del TLC, también puede decirse que no existe una evaluación seria del contexto macroeconómico actual y sus implicaciones sobre los posibles resultados del tratado en variables críticas ya mencionadas: crecimiento, balanza comercial, déficit fiscal y empleo. Ha primado el dogma de exportar o morir, cuando ya en el país es evidente que se han sobredimensionado los efectos del llamado libre comercio. La cara oculta del modelo Las críticas al modelo de desarrollo de este Gobierno no se limitan al comportamiento de los índices de pobreza. También hay que poner los reflectores sobre lo que ha sido hasta ahora el comportamiento del empleo, las políticas de salud y las de carácter social, como Familias en Acción.10 Sin duda, las tasas de crecimiento de la economía, en pleno ciclo expansivo mundial, tienen que haber contribuido a una reducción del número de pobres y a algún mejoramiento de la situación de otros sectores de ingresos como las clases medias-bajas. El efecto no puede haber sido el esperado por el comportamiento del mercado laboral que no ha contribuido a generar los empleos dignos que debería esperarse de un período de bonanza 9 De acuerdo con la revista Semana, la Comisión Independiente del Gasto Público ha sugerido un urgente recorte de los gastos, en razón de la baja disciplina fiscal. Véase Semana.com (2007, 23 de junio). 10 Véase en esta publicación: Yepes, Alberto. ¿Desarrollo para todos? 39 sin Democracia, sin derechos económica. Por ello, los ataques que se hacen a esta tipificación de la estrategia de crecimiento gubernamental no se desbaratan con estas simples cifras. Es evidente que se debe mirar también la otra cara de la moneda, es decir, lo que ha pasado con las ganancias de los sectores poderosos, industrias y personas dueñas de las empresas familiares. Los bancos y el sector financiero en general presentan incrementos muy sustanciales en sus utilidades, y lo mismo puede decirse de muchas empresas. El núcleo de la cuestión, la clave para catalogar un modelo de desarrollo como pro rico surge cuando el Gobierno compensa las pérdidas de los sectores arriba nombrados a través del accionar público, en especial de su política económica; cuando permite que se privaticen las ganancias, pero se socialicen las pérdidas. Tomemos como ejemplo el repunte del dólar, divisa que a partir de septiembre de 2007 empezó a recuperarse de sus bajos niveles ($1.800). Tras ese repunte habría que preguntarse si los propietarios de agrocultivos exportadores devolverán los subsidios que recibieron cuando el dólar estaba en el piso. De antemano sabemos que no, y es de esperarse que los primeros en rechazar enfáticamente esta posibilidad serían los funcionarios del alto Gobierno. Uno de los grandes perdedores de este modelo es la salud pública. En Colombia, por la forma como se ha desarrollado la Ley 100, la salud se volvió un negocio y sus consecuencias son obvias. El sistema de aseguramiento es hoy un oligopolio con dos inmensas EPS privadas, una tercera de carácter público destrozada por el mismo Gobierno y muchísimas pequeñas, algunas de garaje, sin control oficial adecuado. El escenario no puede ser peor: los paseos de la muerte, la mala atención, la tutela como alternativa para ser atendidas las demandas de salud son el pan nuestro de cada día, con el agravante de que nadie está contento: ni los usuarios, ni las aseguradoras, ni las prestadoras de servicios, ni los profesionales de este campo. Lo evidente, entonces, es que la salud sigue en crisis en Colombia. Mientras pocas EPS privadas han crecido de manera impresionante, la pública agoniza con la ayuda certera del Gobierno, que de manera improvisada acabó con el Seguro Social y dejó en manos de cajas de com- 40 Régimen económico pensación la prestación de los servicios de salud que éste ofrecía, con resultados inciertos hasta ahora, pues los privados tampoco han podido crear la red nacional requerida. Al volver la salud un tema de pérdidas y ganancias en los balances privados, la obvia consecuencia es la pérdida de la calidad de vida de la población más vulnerable; el sistema se ha debilitado, al crecer más el esquema subsidiado que el contributivo; y se alejan cada vez más las metas de cobertura universal y de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud para todos los colombianos. La salud preventiva está dejando de existir, apartándose cada vez más no solo de las metas sino de lo que fueron sus logros en el pasado reciente. Aparecen nuevamente enfermedades que se sabían controladas, y el país dejó de ser modelo en temas como la vacunación. Es el momento de reflexionar sobre un área crucial para los colombianos. Ocho puntos del PIB dedicados a la salud son recursos más que suficientes. Si todos pierden, como dicen, ¿quién se está quedando con los recursos? Colombia se comprometió a nivel internacional a hacer de la salud un derecho de todos los ciudadanos. Y el esquema que adoptó el país, que mezcla Estado y mercado, exige unos sistemas de control y regulación pública que no existen y cuya carencia se ha traducido en que la salud se volvió sólo un negocio y perdió su norte que es la gente. En marzo de 2007, el país se escandalizó con una noticia que es pan de cada día, pero que la sociedad soslayó: la crítica situación de los niños en el Chocó. La divulgación de la noticia sobre más de 40 niños muertos por hambre en el Chocó en el primer trimestre de ese año es la punta del iceberg del drama de la niñez colombiana. Del Chocó, de Boyacá, de Córdoba o del Cauca –donde la pobreza campea más que en el resto del país–, esas muertes de menores lo que hicieron fue sacar a flote la falta de un modelo incluyente. Y no solo la mortalidad infantil es un verdadero drama sino la mortalidad materna que está por encima de los indicadores de todos los países latinoamericanos con similar nivel de desarrollo. Con tasas de crecimiento positivas, con un ingreso per cápita cercano a los tres mil dólares al año, es inadmisible que Colombia tenga estas crisis. El modelo de desarrollo del Presidente ha tenido como estandarte social programas asistencialistas como Familias en Acción, que a octubre de 2007 beneficiaron a 1,4 millones de familias –aproximadamente unos siete millones de personas de cerca de 1.100 municipios–, y con el cual se pretende contrarrestar la pobreza de millones de colombianos. Esta forma de asistencialismo no es una verdadera política social y así empieza a ser reconocido aun por aquellos que impulsaron estas transferencias en dinero para los pobres. Santiago Levy ex ministro y promotor de estos programas en México, le expresó personalmente al señor Presidente Uribe sus preocupaciones por esta nueva política social (Portafolio, 2007, octubre). En una democracia, esta no es la forma de garantizarles los derechos a todos, especialmente a los menos favorecidos. A este propósito deben dirigirse las políticas públicas en todos los campos: el económico, el social, el productivo, el internacional, entre muchos más. Obviamente, teniendo como marco la capacidad fiscal de la sociedad, estos paquetes de derechos básicos deben definirse garantizando la misma calidad para toda la población sin ninguna clase de discriminación. Dada la natural limitación de recursos, se espera poder ampliar los servicios en la medida en que la capacidad financiera de la sociedad aumente. Esta es la nueva visión de la política social en América Latina, que se conoce como “el universalismo básico”. Solamente de manera transitoria y para grupos específicos de la población en miseria absoluta, se recomienda complementar una estrategia de focalización basada en transferencias de ingresos de manera directa. Pero cuando los subsidios condicionados se convierten en el pilar de la política social, como está sucediendo en Colombia con Familias en Acción, y se descuida la política universal en educación, salud y seguridad social, se cae en lo que se denomina populismo. Y, al mismo tiempo, es una herramienta para hacer política, entregando cheques en consejos comunales, como sucedió en octubre de 2007, semanas antes de las elecciones. El investigador y analista Alejandro Gaviria (2007), decano de Economía de la Universidad de los Andes, sostiene que en la actualidad se está haciendo populismo con este tipo de programas. Durante la Asamblea de Asobancaria, Gaviria advirtió que la moderación en el manejo macroeconómico que distinguió a Colombia de sus países vecinos y le mereció el reconocimiento de los analistas latinoamericanos por la seriedad en el manejo de la economía, se está perdiendo en este Gobierno, que gasta de manera desmesurada, a pesar de todas las recomendaciones que se le hacen al respecto. Gaviria coincidió con una de las críticas menos comentadas de la Comisión del Gasto, que se refiere al tipo de política social que caracteriza a esta administración. El Informe de dicha Comisión plantea textualmente: El crecimiento del Régimen Subsidiado de Salud, la mayor cobertura de Familias en Acción, así como la multiplicación de programas asistenciales (…) han afectado adversamente la dinámica del empleo formal negativamente. No sólo porque la expansión de estos programas disminuye los incentivos individuales para la formalización, sino también porque su financiamiento, realizado en algunos casos como impuestos al trabajo, aumenta el costo del empleo formal. (López, 2007, 25 de junio) El actual cuestionamiento a la Ley de Reforma Laboral debe aprovecharse para iniciar una seria discusión sobre la situación del mercado laboral en Colombia. Aquélla baja la tasa de participación, y aumenta la informalización del trabajo formal a través de los nuevos esquemas de contratación que les ahorran a los empresarios entre el 30% y el 35% de los costos laborales. La seguridad social se volvió una responsabilidad de los trabajadores, que además perdieron estabilidad en sus ocupaciones. Demasiadas preguntas con pocas respuestas que ameritan una mirada objetiva. Un país donde la política social está concentrándose cada vez más en subsidios para los más pobres, donde la educación y la salud están en crisis, no resiste un mercado laboral que no ofrezca alternativas dignas para desarrollar los proyectos de vida de grandes masas de la población. *** En resumen, lo que el país ha tenido durante esta administración es un modelo de desarrollo pro rico, que concentra los beneficios del crecimiento en sectores de ingresos altos, que tiene un bajo peso de impuestos sobre el PIB, y cuya educación y salud contribuyen a la desigualdad –lo rico para los ricos, lo pobre para los pobres–. Adicionalmente existe una absoluta falta de solidaridad de la dirigencia colombiana, que cree que el problema 41 sin Democracia, sin derechos se soluciona con limosnas. Estos son tan solo algunos de los elementos de este modelo concentrador. Pero eso sí, cuando la economía decrece, el mayor peso lo sufren los pobres y las clases medias porque los subsidios del Estado están listos para ayudar a los ricos. Este perverso modelo de desarrollo no se lo inventó este gobierno, pero sin duda ha ayudado a consolidar sus características que, ahora sí, conmueven a aquellos que han defendido sus privilegios. 42 Régimen económico Bibliografía n Banco de la República (2007, 14 de diciembre). Banco de la República mantiene inalterada su tasa de interés de intervención (en línea). Bogotá: Sala de Prensa. Recuperado el 26 de diciembre de 2007. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/ sala-prensa/com2007-4.html#14122007. n Bonilla, Ricardo y González, Jorge Iván (coords.) (2006). Bien-estar y macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible. Bogotá: CID, Universidad Nacional de Colombia, Contraloría General de la República. n Bonilla, Ricardo (2007). Crecimiento, empleo, seguridad social y pobreza. 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Por ejemplo, hasta hace dos años, las jornadas electorales eran tratadas separadamente de factores transversales como el conflicto armado, las economías regionales y las teorías de élites, que, al ser obviados, impedían determinar aquellos procesos a largo plazo que ejemplifican múltiples formas de cooptación de la institucionalidad pública y de autoritarismos subnacionales1 que se alimentan de los sistemas políticos nacionales, a la vez que los determinan. Hace más de dos décadas, Fernando Guillén Martínez aseguraba que Colombia había tenido en su historia un “sistema político social capaz de modernizar las formas exteriores de poder económico y desarrollar un actividad progresista de asociación de élites sin sustituir las estructuras asociativas generadoras de mando y de influencia, antes alentándolas y estimulándolas artificialmente, para eludir o impedir por fuerza la aparición de nuevas estructuras permanentes de poder” (Guillén, 1979). El proceso electoral de octubre de 2007, si bien refleja algunos cambios, reproduce lógicas arraigadas de ejercicio del poder local. Aquello que había * Observatorio de la dinámica del conflicto, Corporación Nuevo Arco Iris. 1 La expresión ‘autoritarismos subnacionales’ es tomada de Gibson (2006). 45 sin Democracia, sin derechos sido descrito hace más de 50 años continúa incidiendo en el panorama, al mismo tiempo que se hibrida con factores más recientes en la creación de un nuevo correlato político que será sujeto de análisis a continuación. El poder político regional en la década de los noventa Es claro que la herencia de más de siglo y medio de bipartidismo permanece intacta en la memoria política de los colombianos, máxime teniendo en cuenta que el proceso de detrimento de los partidos Liberal y Conservador tiene su génesis en la década de los noventa y su punto culmen en el año 2002. Tanto en la época de auge y consolidación de dicho bipartidismo como en los cambios posteriores, los actores principales fueron los partidos políticos. Sin embargo, en el caso colombiano, las colectividades organizadas han variado con la historia, conformándose en una serie de particularidades no explicables desde las nociones tradicionales: ya sea como asociaciones “dirigidas a fines deliberados”, como lo mencionaba Weber (1964), o nociones más flexibles, como la de Sartori (1987), desde la cual son grupos políticos identificados por una etiqueta oficial, que presentan a elecciones –que pueden o no ser libres– candidatos a cargos públicos. Por eso, un marco teórico más relevante puede encontrarse en el trabajo recientemente publicado por Dieter Nohlen (2007), quien señala la relevancia de los contextos por encima de las nociones estructuralistas. Los partidos políticos en Colombia difieren de otros escenarios, no sólo en sus formas organizativas, sino en sus tipos de orígenes, su duración en el tiempo y sus objetivos. En el mismo territorio nacional coexisten partidos de facciones, partidos o agrupaciones de cacicazgos individuales, partidos de élites o de cuadros, y otro tipo de agrupaciones políticas de tránsito que pueden ser caracterizadas como microempresas electorales. La aplicación de los postulados de la Constitución Política de 1991 y los cambios abruptos que vivió el país en sus mapas políticos con posterioridad a 1994, más que la concreción de un tipo de democratización de liderazgos regionales, reflejaron formas distintas de apropiación y control territorial en el centro, el país de regiones y la periferia nacional. Mientras en el centro-capital se celebraba el auge del “independentismo” político y se 46 Balance electoral 2007 proclamaba la futura muerte del bipartidismo heredado del Frente Nacional, este tránsito en las regiones operaba de forma diferente y en temporalidades dispares. El auge del independentismo de los años noventa tendió puentes en ciudades de más de 500.000 habitantes para la generación de colectividades políticas alrededor de figuras “diferentes” o nuevas en las tradiciones electorales, que compartían el aislamiento o la disidencia de los partidos Liberal o Conservador. De la misma forma, abrió la puerta normativa a la creación de múltiples colectividades en disidencia, que agruparon los cacicazgos regionales sin el control del centro político. A nivel regional, el resultado fue el mismo con diferentes caminos: mientras los movimientos juveniles y políticos alternativos se concentraban en las capitales, la dispersión y el cambio político en las regiones se producía a la par con la expansión y la consolidación del fenómeno paramilitar, factor que no puede ser aislado del análisis (Valencia, 2007). El proceso de exigencia de apertura política y la generación de movimientos tipo “terceras fuerzas” –muchos de ellos derivados de acuerdos y negociaciones de paz con organizaciones insurgentes– fue localmente suprimido por una élite regional que, en alianza con ejércitos privados y haciendo eco de las doctrinas contrainsurgentes del Estado central, reconfigura los mapas territoriales, impidiendo que esa tendencia visible en lo nacional tuviera una potencial aplicación regional o local (Bonilla, 2007). La elección popular de mandatarios regionales y la flexibilización y ampliación de la política partidista preocuparon a muchos dirigentes de los partidos tradicionales, quienes hasta ese momento ejercían la política de forma clientelar con el único contrapeso de ser gestores ante el Estado central en representación de un departamento o un municipio. Este tipo de descontento también fue recogido, en buena parte, por acuerdos con el proyecto de Carlos Castaño en 1997, lo que implicó el surgimiento de una clase política híbrida entre las emergencias del narcotráfico, los ejércitos privados que componían las AUC y un sector tradicionalista de la política que no estaba dispuesto a perder control sobre el territorio integrado de la Costa Norte, el Urabá Antioqueño o el Magdalena Medio colombiano (Valencia, 2007). Durante más de una década, la agrupación de los ejércitos privados al servicio del narcotráfico y de los ejércitos paramilitares federales en el proyecto unificado de las AUC modificó de forma definitiva el mapa político, interfiriendo con posterioridad en la conformación misma del órgano legislativo al momento de la negociación de esta agrupación armada con el Gobierno nacional. La forma que asumió la recomposición del mapa fue violenta, e incluso implicó la aniquilación de partidos como la Unión Patriótica y otros movimientos alternativos nacidos del proceso constituyente. Ya en la década siguiente, para los comicios electorales de 2002, el resultado concreto fue la aparición de 78 movimientos políticos con personería jurídica y curul en el Congreso de la República, así como la caída en la representación de los partidos Liberal y Conservador en las regiones más apartadas del territorio nacional (Valencia, 2007). Posteriormente, el escándalo de la llamada “parapolítica” desentrañó que al menos un 60% de estos movimientos nacieron o se fortalecieron con la alianza entre la clase política y los grupos paramilitares que llegaron a crear verdaderos regímenes estatales de facto en las regiones, sin ningún nivel de disputa del Estado central, es decir, con su pleno conocimiento y complacencia. Paradójicamente, los políticos que inscribieron la alianza con el paramilitarismo, lo hicieron abandonando el bipartidismo y fundando movimientos de carácter unipersonal o partidos “independientes”, bajo los cuales tuvieron opción de crecer y avanzar con proyección nacional. Configuración política municipal en 2007 “Es necesario que todo cambie, para que todo siga igual”. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo En una lógica contraria al espíritu de la fragmentación, la reforma política del año 2003 intentó reducir el número de movimientos políticos, lo cual se logró en 2006, quedando 16 partidos con personería jurídica y reagrupando las cargas en colectividades más grandes. No obstante, la prueba de fuego de la nueva normativa se daría en las elecciones regionales y locales que se realizaron el 28 de octubre de 2007. 116 colectividades políticas “nuevas” o avaladas por firmas lograron representación en alcaldías municipales; muchas de ellas fueron el reciclaje de las alianzas políticas que no tuvieron cabida en los partidos políticos que se conservaron con posterioridad a la reforma. En varias regiones del país, como en el caso del departamento del Cesar, las élites políticas y las alianzas establecidas con las antiguas AUC se mantuvieron a partir del lanzamiento de dos o tres movimientos distintos al mismo cargo. Una manera de revisar estos resultados es mediante el análisis de la composición regional de los partidos políticos con personería jurídica anterior. Partidos tradicionales El Partido Conservador no solo logró recuperarse de las elecciones del año 2003 –creció en casi un 51% y pasó de 158 alcaldías a 240 para el año 2007–, sino que sorprende la celeridad con la que se modificaron sus asentamientos locales: mientras que en 2003 el acumulado político se concentraba en Boyacá, Huila, Nariño y Cundinamarca, en el año 2007 los mayores porcentajes de alcaldías por departamento se ubican, en su orden, en Putumayo, la Guajira y Norte de Santander, zonas en las cuales la representación conservadora, si bien existía, no había sido mayoritaria. El total de alcaldías representó un 21% de los municipios del país, con una alta distribución geográfica, a partir de alianzas y coaliciones regionales con todo tipo de personalidades políticas desde la estrategia de dación de avales. De igual forma, la concentración regional de la votación indica que el Partido Conservador tiene una distribución territorial, en tanto ningún departamento aportó más del 15% al número total de alcaldías conservadoras en el país, lo cual puede contribuir a explicar la velocidad del traslado. En el caso de las capitales de departamento con representación conservadora, se pasó de dos a cinco alcaldías en Neiva, Popayán, Riohacha, Mocoa y Montería. Desde el punto de vista contextual, las revelaciones judiciales que comprometían a una serie de políticos de la Costa Norte del país obligaron a un grupo de caciques regionales a retornar a sus partidos de origen, o a ampararse en colectividades más grandes que no generaran tanta controversia. A diferencia de otros partidos, durante las campañas políticas, los filtros para la escogencia de los candidatos fueron bajos, sacrificando fuerza interna y 47 sin Democracia, sin derechos control de partido por cantidad de representación (Vote Bien, 2007a), recogiendo alianzas cuestionadas por escándalos de corrupción o parapolítica. En contraste, el Partido Liberal perdió 21 alcaldías con relación a las obtenidas en 2003. No obstante, recuperó presencia en departamentos como Córdoba, Vichada y Casanare, históricamente de tradición liberal. Los mayores porcentajes de participación departamental, medidos en número de alcaldías por departamento, los obtuvo en Córdoba, Vichada, Putumayo, Casanare y, al igual que el Partido Conservador, ningún departamento aporta más del 15% de alcaldías de toda la representación liberal. Esto resulta interesante, si se tiene en cuenta el alto nivel de filtración de listas que tuvo el liberalismo2 y el debate interno frente a las consecuencias de dicha decisión. No obstante, se recurrió a alianzas y coaliciones entre partidos, así como a avalar figuras de corte no tradicional o relativamente desconocidas en política, estrategia que funcionó para gobernaciones y alcaldías capitales (estas últimas subieron a siete). El Partido recuperó mayorías en las zonas más periféricas del sur de Colombia y en algunos centros poblados importantes de Antioquia y la Costa Norte. La participación total del liberalismo es de 18% en el caso de las alcaldías, resultado inesperado ante sus características anteriores, que lo ubicaban como una de las colectividades representativas de los cacicazgos regionales y de la sumatoria de personalismos políticos. En 2007, ninguna de las facciones disidentes del Partido que se sumaron posteriormente a la coalición uribista retornó formalmente a las toldas liberales, aunque se registraron –como en el caso de Cundinamarca– acuerdos con partidos de este corte. Los partidos de la coalición uribista Resulta difícil categorizar este tipo de partidos, en tanto sus identidades políticas no son claramente diferenciadas, aunque en su mayor parte se declaran go- 2 Para el año 2007, un candidato del Partido Liberal debía pasar al menos tres filtros desde lo local hasta lo nacional para obtener el aval, firmado únicamente por la dirección nacional del Partido. 48 Balance electoral 2007 biernistas. Es interesante observar su comportamiento regional, pues recogieron la mayor cantidad de coaliciones regionales, cacicazgos y movimientos unipersonales a partir de la reforma política de 2003. La sumatoria de alcaldías de la coalición equivale a 470, que representan un 43% del total del país, mientras en el año 2003 las múltiples facciones controlaban un 40% del mismo con 390 alcaldías.3 Cambio Radical es el ejemplo más claro de coalición de disidencias y clases emergentes. En 2003 había obtenido 25 alcaldías, mayoritariamente en los departamentos de Meta, Casanare y Antioquia; y en 2007 obtuvo 111, con mayores porcentajes departamentales en Arauca, Quindío, Meta y Atlántico, registrando un aumento del 344%. Los resultados electorales y su crecimiento son producto de las redes políticas regionales y unipersonales que permanecieron aun con posterioridad al escándalo de la parapolítica que involucró a varios de sus parlamentarios. No obstante, es una de las colectividades que tiene mayor posibilidad de establecerse en el tiempo, pues presenta un crecimiento sostenido y algunas diferencias con directrices del Gobierno nacional. Esto es importante a la hora de concretar una agenda propia, aunque es improbable que existan a futuro definiciones nacionales que asignen identidad regional. El caso del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la “U”) es igualmente representativo, ya que el total de su composición son alianzas con élites regionales, disidencias bipartidistas y algunos –la minoría– sectores emergentes en política. Para 2007, este tema fue objeto de disputas entre sectores del centro y representaciones regionales del Partido, en las que estas últimas ganaron la autonomía para crear reglas de juego de ingreso a la colectividad. La “U”, en cabeza de Carlos García Orjuela –cuestionado por las altas votaciones obtenidas en zonas de 3 A nivel individual, el crecimiento resulta mucho más importante, en la medida que refleja la cantidad de coaliciones y alianzas que en corto tiempo lograron estos partidos, aunque entre ellos se diferencian claramente los movimientos emergentes de las disidencias del bipartidismo. influencia paramilitar (Valencia, 2007)–, otorgó avales, bajo la modalidad usada en el pasado por el liberalismo, llamada “operación avispa”, en la cual el objetivo último era lograr la mayor cantidad posible de candidatos para garantizar el mayor número de cargos obtenidos con financiación individual de sus campañas y carencia total de compromiso y control por parte del centro del Partido. De esa forma obtuvieron 122 alcaldías con alta dispersión regional, aunque concentraron su mayor porcentaje en los departamentos de Caldas, Bolívar y Córdoba, regiones donde su amplia participación en el Senado de la República fue cuestionada por la posible relación de dirigentes con grupos paramilitares. Las redes regionales que encabezaron en su momento estas alianzas cuestionadas se mantuvieron intactas, por lo que los resultados electorales de este Partido siguen mediados por ella, aunque en contextos distintos. Ese Partido representa muy bien la tensión entre el centro y la región, primando esta última en las perspectivas futuras del mismo, por lo cual es muy improbable que esta colectividad llegue a adoptar normativas o medidas que controlen a su dirigencia, y mucho menos que asignen una identidad política. La “U” funciona hasta el momento –y funcionará mientras exista la persona jurídica– alrededor de las dirigencias regionales que proveen sus caudales electorales y constituyen las mayorías, aunque carezca de base organizada. Otro tipo de comportamiento registra el partido Alas Equipo Colombia, el cual se compone de la coalición del movimiento político Alas –con centro en el Cesar–, en cabeza de la familia Araújo, y Equipo Colombia, disidencia conservadora antioqueña dirigida por Luis Alfredo Ramos. En 2003, Alas obtuvo solamente tres alcaldías en el departamento del Cesar, y Equipo Colombia, 69, concentradas en Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Con posterioridad a la fusión, el comportamiento en 2007 indica que se modificaron sustancialmente las alianzas por parte del sector de Equipo Colombia, mientras que se fortaleció y expandió la presencia de Alas, que llegó incluso a obtener casi el 50% de las alcaldías del Guaviare, sin haber tenido presencia alguna en el departamento. En el Cesar consiguió un 28% de las alcaldías, lo que significa cuatro más con respecto a 2003. En Boyacá y Antio- quia también se expandió moderadamente su influencia. Sorprende la presencia reciente en departamentos como Huila y Risaralda, sin registros anteriores para ninguno de los dos partidos políticos. El tipo de partido que representa Alas Equipo Colombia asemeja al de un grupo cerrado de pocos individuos que cumple la función de administración de caudales electorales y dación de avales con ocasión de los comicios electorales. Para este tipo de colectividades es imposible lograr un funcionamiento de bancada y mucho menos establecer líneas medianamente estables de gobierno, ni en lo local, ni en lo nacional. La concentración regional es mucho mayor que la de los movimientos anteriormente descritos, por cuanto dos departamentos (Antioquia y Boyacá) le aportan al Partido más del 40% del total de su representación municipal. No obstante, en estos casos, esa concentración –a excepción del departamento del Cesar– se mueve rápidamente en el espacio territorial, gracias a la asignación indiscriminada de avales a personalidades o redes políticas regionales, con una base electoral propia e independiente de la distinción política a utilizar. Convergencia Ciudadana es el caso más claro de crecimiento agigantado de un partido político. Su estrategia le permitió obtener 71 alcaldías en 2007, lo cual frente a 21 alcaldías ganadas en 2003 significa un crecimiento de 238% en cuatro años. Difiere del resto de la coalición en el sentido que comparte un objetivo determinado por la sumatoria de objetivos individuales de más de dos de sus líderes principales, sin que esto implique toma de decisiones en instancias formales de partido. Al igual que otros movimientos, mediante alianzas y acuerdos con todo tipo de redes regionales, logró obtener representación en varios departamentos donde no tenía caudal político. No obstante, sus resultados se concentran en Cesar, Caquetá, Santander y Valle del Cauca, en los que presenta mayor porcentaje de alcaldías por departamento. Resaltan los dos últimos, donde los acumulados electorales pertenecen a los dos dirigentes más importantes de la colectividad: Luis Alberto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra, ambos vinculados en algún nivel al proceso de la llamada “parapolítica”. 49 sin Democracia, sin derechos Apertura Liberal nació en la década de los noventa en Norte de Santander como parte de una disidencia del Partido Liberal. Posteriormente se trasladó a Bolívar, donde la franquicia fue asumida por Enilce López, la “Gata”, inicialmente como una “sombrilla política” para las aspiraciones de sus hijos al Senado de la República. Al generarse en este departamento una importante ruptura con el Partido Liberal, la familia de Enilce López convierte a Apertura Liberal en su partido político y garantiza con ello los avales necesarios para sus redes políticas regionales. Para 2003, el Partido consiguió 24 alcaldías distribuidas en varios departamentos, esencialmente en Chocó, Magdalena y Atlántico. En el año 2007 sorprende la distribución regional, en la medida que se pierde fuerza en el Atlántico, y se gana en departamentos alejados de la Costa Norte como Casanare, donde obtiene el mayor porcentaje de alcaldías por departamento. De la misma forma se fortalece en el departamento de Bolívar, en el cual en 2003 sólo había obtenido la alcaldía de Carmen de Bolívar. Apertura Liberal cuenta con dos representantes a la Cámara en Bolívar y Magdalena, y con uno en el departamento del Vichada. En el primer departamento se conserva el caudal electoral; en el segundo, éste se pierde a raíz de la orden de captura proferida contra el representante Jorge Luis Caballero; y en el tercero, la representación a la Cámara del Vichada al parecer consistía en una negociación alrededor del aval y no implicaba una presencia territorial del Partido. El caso inexplicable que habría que observar con importante nivel de detalle es el de Casanare, lugar donde se registraron denuncias de interferencia de grupos paramilitares en el proceso electoral (Vote Bien, 2007b). La permanencia de ese Partido en el tiempo depende de la negociación que de su franquicia se logre posteriormente a los procesos judiciales en los cuales está involucrada la familia López. Este tipo de movimientos asumen de forma rápida nuevas jefaturas, casi siempre en cabeza de los representantes y senadores que tengan presencia. El comportamiento de Colombia Viva y Colombia Democrática es bastante similar. Los dos partidos tienen al 100% de sus parlamentarios involucrados en el escánda- 50 Balance electoral 2007 lo de la parapolítica, y sus comportamientos regionales muestran unos focos atípicos de asentamiento territorial. Colombia Viva pasó de tener 27 alcaldías en el año 2003 a 13 en 2007, como consecuencia de la vinculación judicial de sus principales caciques regionales por nexos con grupos paramilitares. Esto implicó la pérdida de casi todo su caudal regional en los departamentos del Atlántico, Sucre, Magdalena, Córdoba y Tolima, dispersando en las recientes elecciones unas pocas alcaldías en zonas donde no había obtenido ningún tipo de representación, incluso trasladando sus asentamientos más importantes de forma radical al sur del país, en departamentos como Vaupés y Vichada. Esto evidencia una renegociación de las alianzas que contribuyeron a otorgar los avales y un relevo en la gerencia de la “microempresa” electoral, anteriormente en cabeza de Dieb Maloof. Por el contrario, Colombia Democrática sólo pierde una alcaldía con respecto a las obtenidas en el año 2003, pero modifica sustancialmente las regiones en las cuales se ganaron. Pierde casi toda la representación en Meta y Boyacá, pero aumenta en Sucre, departamento en el cual, según información recopilada por la Corporación Nuevo Arco Iris (2007), se mantienen intactas las redes políticas del ex senador Álvaro García, cacique político regional preso por vínculos con grupos paramilitares. Este Partido, actualmente en cabeza de Mario Uribe Escobar, pierde también influencia en Antioquia, lo que le obliga a otro tipo de transacciones con políticos regionales, así como a la venta indiscriminada de avales, que fue la constante en 2007. Las “minorías”, los “independientes” y los sectores alternativos Tomaremos como minorías a aquellos partidos que formalmente utilizan esta figura para la participación electoral, con reivindicaciones mayoritariamente étnicas. También entran en esta categorización las minorías políticas, aunque sólo un partido hace uso actual de esta figura. Los sectores alternativos actualmente se han agrupado bajo la figura del Polo Democrático Alternativo, por lo cual este será el caso a analizar. En octubre de 2007, las minorías étnicas y políticas sumadas obtienen 82 alcaldías, situación bastante inte- resante por no tener precedentes en la historia política nacional. Con el fin de mirar con detalle este resultado se analizarán dos casos: Alianza Social Indígena (ASI) y el Partido Verde Opción Centro, por ser cada uno el movimiento mayoritario en su categoría. En el año 2003, la ASI sólo había obtenido seis alcaldías, cuatro en el departamento del Cauca y dos en Antioquia. En el año 2007 obtuvo 41, distribuidas en los departamentos que pueden apreciarse en el cuadro 10. Se podría pensar que un crecimiento en un partido de este tipo obedecería a una mayor organización de los sectores indígenas y sus organizaciones –que explicaría el caso del departamento del Cauca–; sin embargo, la estrategia de este partido fue similar a la utilizada por muchos sectores de la coalición uribista alrededor de la dación indiscriminada de avales. El caso del Partido Verde Opción Centro también implica un tránsito, al alejarse de la figura de partido de minorías políticas para entrar a la circunscripción nacional. La circunscripción de minorías políticas de este Partido fue derivada de la obtenida por la Alianza Democrática M-19, a raíz de los acuerdos de paz de los años noventa. Posterior a la firma del acuerdo final, la persona jurídica cambia, conservando algunas personalidades políticas de la antigua asociación. No obstante, la representación obtenida en 2007 es producto, casi en su totalidad, de alianzas recientes con sectores disidentes de partidos tradicionales y algunos alternativos, como fue el caso del departamento del Guaviare, donde obtuvieron la alcaldía de su capital San José del Guaviare. de sus candidatos estuvo mediada por una discusión interna, una definición de perfiles y algunas deliberaciones regionales. A pesar de tener asiento en varios departamentos, su representación está claramente ubicada en Bogotá y en el departamento de Nariño, región donde obtuvo el mayor número de alcaldías. La alcaldía de Bogotá lo ubica como una fuerza política organizada, con posibilidad de mantener el ejercicio real de oposición en el centro, aunque con un saldo desfavorable en las regiones, a excepción del departamento de Nariño. En el escenario colombiano resulta particularmente difícil que un partido con estas características alcance una importante suma de representaciones regionales, pero de esta forma es más probable que las obtenidas remitan a procesos de organización más estables y colectivos que en cualquier otro caso. De hecho, solamente el PDA y los partidos tradicionales se encuentran en el momento tratando de definir una imagen identitaria unificada que guíe al votante a la hora de definir sus preferencias electorales. Los contextos regionales en este sentido son bastante adversos, en especial las regiones cuya cultura política favorece los cacicazgos y los liderazgos individuales por encima de las colectividades políticas. Ese Partido fue cuestionado recientemente por la alianza con Convergencia Ciudadana, aunque también se hizo pública una comunicación que prohibía a cualquiera de sus miembros tener relación política o de apoyo a algún miembro de dicha colectividad. La relación es relativamente explicable, pues las dos agrupaciones compartieron el mismo origen político, aunque de forma explícita el Partido Verde ha procurado crear una imagen más autónoma. Por último, es importante tener en cuenta que varias de las ciudades capitales, en oposición al régimen de partidos, eligieron personalidades independientes que no responden a ninguna colectividad en especial. Muchos de los sectores que participaron no encontraron lugar en los partidos con personería jurídica y prefirieron recolectar firmas para poder ser electos. Aun así, en los municipios más pequeños y en regiones apartadas, la dispersión y la fragmentación nuevamente abrieron la puerta a todo tipo de alianzas sin ningún control colectivo. Si, adicionalmente, recordamos que la dispersión y fragmentación de partidos y movimientos favorecieron la interferencia armada y la captación de la institucionalidad pública por parte del paramilitarismo, la cifra de 116 alcaldías de movimientos avalados por firmas no resulta nada alentadora y por el contrario evidencia el fracaso regional de la reforma política del año 2003. El Polo Democrático Alternativo (PDA) es tal vez el único partido en Colombia con un comportamiento relativamente estable a nivel regional. De la misma forma, en las elecciones regionales del año 2007, la elección Pero más grave aún es la revelación de una serie de comportamientos electorales anteriores que mutaron para adaptarse, descubriendo a su vez la precariedad de la norma. Las nuevas opciones tampoco están tenien- 51 sin Democracia, sin derechos do en cuenta la realidad del país de regiones ni se ha realizado un análisis juicioso sobre el caso colombiano, respecto a cuál es el tipo de reforma que más conviene a los diferentes temas que deben ser tenidos en cuenta, entre otros, la existencia del conflicto armado interno y la coincidencia de las expansiones políticas con los cambios en los límites de la guerra. *** Dos corrientes se encuentran actualmente en tensión desde el ámbito regional: una de ellas recoge las demandas ciudadanas de participación, la cual, al mismo tiempo, evidencia la necesidad de la población de integrarse políticamente; la otra se sustenta en el fracaso de la reforma política en las regiones, en el marco del cual se dieron mutaciones de la clase política que se adaptó fácilmente y mantuvo la cultura del cacicazgo y el clientelismo, fortaleciendo una clase emergente que nació de la alianza entre políticos y paramilitares. Los actores en el centro son, entonces, los partidos políticos, que, hoy por hoy, en términos generales carecen de cualquier responsabilidad colectiva ante los comportamientos de sus militantes, por lo cual resulta altamente rentable tener el mayor número de representaciones, aunque esto implique la aceptación de candidaturas cuestionadas, inhabilitadas o incluso vinculadas con aparatos armados. La solución de esta tensión implica reconocer que existe en Colombia una relación entre las lógicas conflictivas armadas y la política electoral, pero en contextos de cambio acelerado y de expansión. Su reconocimiento y las temporalidades asociadas a la dinámica conflictiva pueden abrir un debate que no ha querido ser tocado, y frente al cual existen dos opciones: la primera se remite a la aceptación de la injerencia directa e indirecta del conflicto armado interno en las instituciones democráticas en un nivel mayor del que se ha percibido, no sólo desde su génesis, sino en su desarrollo y gestión; y la segunda es pararse en la diferenciación tajante y la omisión del impacto que hemos vivido los colombianos de toda tendencia en los últimos 20 años. Los partidos políticos que brindaron el andamiaje institucional para consolidar el proyecto paramilitar fueron concentrados en 12 colectividades más grandes, que 52 Balance electoral 2007 se conservaron con posterioridad a las elecciones del año 2007 y a la reforma política de 2003. No existió –ni existe aún– un mecanismo institucional para garantizar un nivel mínimo de sanción a aquellos que tienen parlamentarios implicados en una proporción mayor al 50% del total de su representación nacional. El comportamiento regional de esas colectividades ratifica también que la situación actual presenta un reacomodamiento de clases políticas y territorios, mas no una superación del fenómeno. La sumatoria de las alcaldías de éstos da como resultado 245 municipios, cifra incluso mayor a los 223 caracterizados por la Corporación Nuevo Arco Iris a inicios de 2007 (Valencia, 2007). Este tipo de comportamientos tienden a ser cíclicos, en la medida en que se obtuvo lo presupuestado, tanto por parte de las élites regionales como de las antiguas AUC. Nuevos mandos de las estructuras en formación y otras emergencias políticas entrarán a sustituir las que han sido judicializadas y las que detentan aún actualmente el poder político, pero sin el respaldo unificado de la anterior generación del paramilitarismo. Es por esta razón, con ocasión de la apertura de nuevas disputas y nuevos escenarios de colonización, que las elecciones regionales del año 2007 se asemejan a las de 1997 en violencia política, pero también en la aparición de todo tipo de colectividades y movimientos unipersonales que le abren las puertas del control de la relación con la población, desde el estamento estatal, a la alianza nefasta y reiterada entre legalidad e ilegalidad para el ejercicio político. Bibliografía n Bonilla, Laura (2007). Magdalena Medio: de las luchas por la tierra a la consolidación de autoritarismos subnacionales. En: Romero, Mauricio (ed.). Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. 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México: Fondo de Cultura Económica. 53 sin Democracia, sin derechos 57 En M Obs acondo n e hum r vator o ha pa i sado a o d Eu r n i t a r i o d e d e re c n a d a * opa - Es t h e ado la Co os hum o rd sU an i nid os nación os y de C o l re c h o omb ia- 66 Situación Una muerte que deja muchas dudas Juan Diego Restrepo E. de los derechos humanos po a s e s t re re c h o t s i R i d e Ju r v e a r y D e u r o p a n , l a i os -E s t i c b i a n a Jo s é A u m a n o m b i a u j s l m in 5: s Colo ogado chos H ón Co 7 9 e b Ley isión de A e Der inaci m C o e c t i v o r i o d C o o rd o l Co er vat ario s Ob manit nidos Hu d o s U a Es t paz 71 a ilit ris ram o E. a p el ep r d a s Re s t m i íct ego v i Las an D 82 Ju m n o: e tr c e lu es y b som ras odo ra t s? pa ollo es r r a p ¿ D e s t o Ye 89 de los de rechos hu manos 100 Sit u a c i ó n 105 Ni un Me s 114 A José Pa R i c a rd o Al b er b lo s e le es Cr u z B a t á a c a b a n d o s u a mor por e ena l Seguro a hec a de tárea m á Pu e blos s para l os In d í gena indígen s y D as ESC J los de ón . isi o E :m p r a s t re i e r Re at o r l ieg ida D Cu an u ind íge na sd el aS ier ra Ne va da chos 56 s cos i t o í c l i o p t í l sy o e l p i v i y c s c i v i l ee r e c h o s D ndo En Maco da* ado na s a p a h no anitario ho hum os c e r e d y umanos os Unid erechos h a-Europa-Estad d e d o i bi tor Observa dinación Colom r o o C de la Cualquier asesinato constituye un hecho grave. Cuando es el Estado el que mata, en contra de lo establecido en la Constitución y la ley, los asesinatos adquieren una gravedad inusitada. Pero si ejecuciones extrajudiciales de civiles son presentadas como resultados positivos en la guerra contra la guerrilla, además de ocultarse un grave crimen, se incurre en el despropósito de presentar un acto criminal como un éxito contrainsurgente (CCE-EU, 2007) La situación de derechos humanos en Colombia continúa siendo crítica. De acuerdo con registros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, durante los últimos cuatro años (julio de 2002 a junio de 2006), por lo menos 12.547 personas civiles perdieron la vida a causa de la violencia sociopolítica. Ese período coincide con la implementación de la llamada política de “seguridad democrática”, cuyo objetivo declarado es, paradójicamente, la protección de la población colombiana. En este mismo lapso se evidenció un inusitado incremento de la práctica de ejecuciones extrajudiciales,1 cometidas directamente por agentes estatales, llamados constitucionalmente a proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos. * “Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. “Seguro que fue un sueño”, insistían los oficiales. “En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz”. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales.” Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Las víctimas, hombres y mujeres, mayoritariamente campesinos y personas marginadas, fueron sacadas de sus viviendas, asesinadas por miembros de organismos de seguridad del Estado y posteriormente presentadas como guerrilleros muertos en combate. En la mayoría de los casos se trata de personas que previamente habían sido acusadas por integrantes de la Fuerza Pública, informantes de ésta o miembros de la red de cooperantes, de ser supuestos colaboradores de los grupos guerrilleros. 1 Se entiende por ejecución extrajudicial el homicidio perpetrado por agentes del Estado, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad (OACNUDH, 2005). 57 sin Democracia, sin derechos Cuadro Nº 1: Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas directamente atribuibles a agentes estatales Periodo Desapariciones forzadas Ejecuciones extrajudiciales Total violaciones al derecho a la vida Julio de 2002 a junio de 2003 60 127 187 Julio de 2003 a junio de 2004 34 197 231 Julio de 2004 a junio de 2005 21 197 218 Julio de 2005 a junio de 2006 69 198 267 51 236 287 235 955 1.190 Julio de 2006 a junio de 2007 Total Fuente: Base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Para este informe, la CCJ se nutrió de la información aportada por las otras nueve organizaciones que participaron en la elaboración del informe. El 10 de octubre de 2007, en audiencia celebrada en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones colombianas de derechos humanos2 presentaron un informe que documenta 26 casos emblemáticos (37 víctimas)3 de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, cuyo análisis permite evidenciar la persistencia de patrones de acción e impunidad, advertidos ante la CIDH en octubre de 2006 (CCE-EU, 2006). Seguridad democrática: una amenaza para la vida En el quinquenio anterior (julio de 1997 a junio de 2002) se registraron 635 violaciones al derecho a la vida cometidas por la Fuerza Pública (58 desapariciones for- 2 Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Sembrar, Corporación Yira Castro, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos. 3 En esos 26 casos que corresponden a 37 víctimas, todos ellos hombres, 32 adultos y cinco menores de edad, las organizaciones que elaboraron el informe adelantan acciones judiciales y/o disciplinarias. Para documentarlos se construyeron fichas de trabajo que combinan información de fuentes primarias y expedientes judiciales. 58 Derechos civiles y políticos zadas y 577 ejecuciones extrajudiciales), mientras que en el último período (julio de 2002 a junio de 2007), 1.190 personas perdieron la vida por la misma causa (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales). De ello resulta que la política de seguridad democrática es responsable del incremento en un 87,4% del total de violaciones al derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado (las desapariciones forzadas aumentaron en 305,17% y las ejecuciones extrajudiciales en 65,51%). Solamente en el último año (julio de 2006 a junio de 2007) se habrían perpetrado por lo menos 287 violaciones al derecho a la vida atribuidas a agentes estatales; 51 corresponden a desapariciones forzadas y 236 a ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas se registraron en casi todo el país, siendo Antioquia y el Meta los departamentos más afectados. Los asesinatos ocurrieron mayoritariamente en zonas altamente militarizadas, donde son frecuentes o permanentes las operaciones militares. El Estado colombiano conoce la situación y ha recibido numerosas observaciones de instancias internacionales de protección de los derechos humanos,4 para que adopte todas las medidas, a fin de prevenir y erradicar esa práctica, e investigar, juzgar y sancionar a los respon4 Entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase CIDH, 2006) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. sables de esos hechos. En su último informe anual sobre Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló: sultados, de manera que no es extraño que las víctimas civiles sean reportadas como “guerrilleros dados de baja en combate”. El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, en particular del Ejército, habiendo observado la Oficina en Colombia un incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005. Estas conductas se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2007, párr. 36) De acuerdo con las cifras oficiales, durante el período comprendido entre julio de 2006 y junio de 2007, la Fuerza Pública reportó que había abatido a 2.072 integrantes de los grupos armados ilegales.7 Esas cifras, por supuesto, incluyen las muertes de personas civiles que han sido presentadas como combatientes muertos en desarrollo de operaciones militares (falsos positivos). Además de su magnitud, la persistencia de patrones claros de acción denota su carácter deliberado y sistemático, evidenciando la existencia de un modus operandi propio de la Fuerza Pública. En la mayoría de los casos se identificaron elementos comunes que se desarrollan a continuación. Persistencia de patrones de actuación e impunidad La persistencia de esa situación se debe, en primer lugar, a que el Gobierno insiste en señalar que la principal ventaja militar de las guerrillas se encontraría en los apoyos que obtiene de la población civil. Con fundamento en esta premisa, la Fuerza Pública ha diseñado una estrategia de combate que involucra masivamente a la población civil en el desarrollo de tareas militares. Lo más grave de ello es que las personas civiles no sólo son utilizadas para el desarrollo de labores propias de la Fuerza Pública, sino que se convierten en blanco de sus acciones militares. En ambas situaciones existe un flagrante desconocimiento del principio de distinción del derecho humanitario. En segundo lugar, el éxito de la política de “seguridad democrática”, que el Gobierno insiste en presentar como una política de derechos humanos, se sigue midiendo en “bajas” o “positivos”, lo cual se refleja en la existencia de incentivos5 económicos, profesionales y premios por presentación de “positivos”.6 Esto genera una insaciable presión por re5 Decreto 1400 de 5 de mayo 2006, Min. Defensa (Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional, Boina), derogado por Decreto 1664 de 14 de mayo de 2007, y comunicado Ministerio de Defensa Nacional (2006, 9 de mayo). 6 Bajas de presuntos insurgentes. Con estos hechos, la política de “seguridad democrática” aparece como un estímulo a la comisión de ejecuciones extrajudiciales y, en tal sentido, no puede reconocerse como una política de derechos humanos, ni de protección a la población civil. Desarrollo de operaciones militares Uno de los ejes de la política de seguridad democrática es la militarización del territorio nacional. En desarrollo de ello se han invertido importantes recursos para incrementar el pie de fuerza nacional. Solo en el último año fueron incorporados 24.817 miembros (16.170 militares y 8.647 policías), lo que significa un aumento equivalente al 6,79%, pues actualmente la Fuerza Pública cuenta con 390.356 miembros (254.259 militares y 136.097 policías) (Ministerio de Defensa Nacional, 2007, p. 17). De acuerdo con esta misma fuente, en Colombia tienen lugar diariamente de 20 a 30 operaciones militares.8 Infortunadamente, esas operaciones se 7 Ministerio de Defensa Nacional (2007, p. 19). Según esta fuente, durante el período comprendido entre julio de 2005 y junio de 2006 fueron abatidos 2.040 integrantes de grupos armados ilegales. 8 Intervención del Ministro de Defensa Nacional Sr. Juan Manuel Santos, durante el debate de control político citado por la plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, 59 sin Democracia, sin derechos Ejecución extrajudicial de los campesinos Óscar Enrique Campo y Abel González* El 16 de febrero de 2007, en la vereda Cubay, de El Retorno (Guaviare), fueron ejecutados extrajudicialmente los campesinos Óscar Enrique Campo y Abel González por miembros del Ejército Nacional. Los uniformados, adscritos a la Brigada Móvil No. 7, llegaron a la finca donde trabajaban y detuvieron arbitrariamente a los dos campesinos, quienes alzaron los brazos en señal de indefensión. No obstante, los soldados dispararon contra Óscar y Abel, delante de varias personas de la vereda, entre ellas dos niños. Acto seguido, la unidad militar confinó por la fuerza a todos los habitantes de la vereda en una bodega donde fueron insultados, golpeados y obligados a firmar unas hojas en blanco. Los cuerpos de los dos campesinos fueron transportados en helicóptero a la capital del departamento, San José del Guaviare, en donde fueron vestidos con uniformes negros y reportados como guerrilleros muertos en combate. Previamente, Óscar Campo había sido señalado por soldados de la Brigada Móvil No. 7, de comprar mercado para la guerrilla, había sido víctima de seguimientos realizados por soldados y sus datos personales fueron anotados en una lista que tenía la tropa. * Caso documentado por la Corporación Reiniciar, ficha No. 17. caracterizan por el uso desmedido de la fuerza en contra de la población civil que habita los territorios en donde tienen lugar. En 20 de los 26 casos documentados, las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en desarrollo de operaciones militares contrainsurgentes. La mayoría de las víctimas, e incluso sus familiares, habían sido previamente señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla. En todos los casos, las víctimas fueron reportadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, a pesar de evidencias que demuestran que nunca existió una confrontación armada. Bogotá, 29 de agosto de 2007. 60 Derechos civiles y políticos Detención arbitraria previa de las víctimas Durante los últimos cinco años, las detenciones arbitrarias se han convertido en una práctica masiva, sistemática y generalizada, alentada por el Gobierno y defendida como una estrategia de lucha válida contra los grupos guerrilleros. En el caso de las detenciones arbitrarias, la estrategia consiste en privar de la libertad a las personas que son percibidas como potenciales apoyos de los grupos guerrilleros. En la mayoría de los casos, la privación de la libertad está antecedida por el señalamiento de un informante de la Fuerza Pública o de un miembro de la red de cooperantes. La detención se lleva a cabo sin que medie orden de captura expedida por una autoridad judicial competente, sin que exista flagrancia o sin que se cumplan los requisitos para proceder a una “captura administrativa”. El reiterado incumplimiento del Estado colombiano de su obligación de proteger y garantizar el derecho a la libertad personal, pone en riesgo la vigencia del derecho a la vida. La sistemática inobservancia de los requisitos necesarios para proceder a la privación de la libertad y la falta de sanción de esa conducta arbitraria propician que la detención se convierta en el preámbulo de las ejecuciones extrajudiciales. Esa situación se agrava ante la ausencia de medidas orientadas a regular las “capturas administrativas” con el propósito de restringirlas y evitar que los integrantes de las Fuerzas Militares puedan practicarlas.9 En 11 de los 26 casos documentados se determinó que las víctimas, antes de ser ejecutadas, fueron privadas ilegalmente de su libertad y la mayoría de ellas sacadas por la fuerza de sus casas. En cinco de los 26 casos se reportaron allanamientos ilegales a las viviendas. En la 9 En realidad, el Gobierno ha estimulado que los militares ejerzan facultades reservadas para los organismos con facultades de policía judicial, durante los períodos en que rigió el estado de excepción, y ha tolerado que las continúen ejerciendo, a pesar de la suspensión del estado de conmoción interior. Entre esas facultades se destaca la potestad para capturar personas en circunstancias distintas a la flagrancia. Véase Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (2006). Ejecución extrajudicial de Ernesto Cruz Guevara* El 22 de abril de 2007, en la vereda Retiro Milagro de Aguazul (Casanare), fue ejecutado extrajudicialmente el campesino Ernesto Cruz Guevara por miembros del Batallón Guías del Casanare, adscritos a la XVI Brigada del Ejército Nacional. Los soldados entraron por la fuerza en su casa, donde se encontraba con su esposa, dos hijos pequeños y una sobrina de diez años de edad. Uno de los militares abofeteó a Ernesto, quien cargaba en sus brazos a su hijo de 22 meses de edad. Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda la casa. Luego le dijeron: “usted está capturado y nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero Ernesto se opuso y se vistió con su propia ropa. Antes de irse, los militares amenazaron a la esposa de Ernesto Cruz: “Madre, no nos siga porque más adelante la paga con sus hijos, porque usted también la debe, es por sus hijos que están pequeños y si no también la paga, mejor devuélvase”. Dos testigos vieron cuando miembros de la tropa se llevaron al señor Cruz, hicieron una hoguera y envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a la tropa y el cadáver. Una vez partió el helicóptero, se acercaron a la hoguera hecha por los militares e identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el señor Cruz. Su esposa acudió al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Yopal donde le informaron que no tenían ningún detenido, pero que el Ejército ese día había llevado el cuerpo de un N.N. guerrillero muerto en combate. Los funcionarios del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al de Ernesto Cruz Guevara. * Caso documentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ficha No. 22. mayoría de los casos se cometieron otras violaciones, tales como amenazas y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la víctima o sus familiares y otros testigos de los hechos. En siete de los 26 casos se comprobó la comisión de torturas físicas antes de la ejecución extrajudicial. En varios de los casos, tanto las capturas como las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en presencia de niñas y niños familiares de las víctimas. Desaparición forzada de las víctimas La inobservancia de los límites impuestos por las normas internacionales de derechos humanos para proceder a la privación de la libertad propicia que las capturas culminen en desapariciones forzadas. Éstas se cuentan como violaciones al derecho a la vida, ya que en la mayoría de los casos las víctimas son ejecutadas, aunque se desconozca el paradero de sus cuerpos.10 10 Durante los últimos dos años, los hallazgos de fosas comunes en todo el territorio nacional representan evidencias que, lastimosamente, le otorgan validez a la presunción de la muerte en casos de desaparición forzada. En siete de los 26 casos documentados, las ejecuciones estuvieron antecedidas por la desaparición forzada; las víctimas fueron sacadas por la fuerza de su casa o de su lugar de trabajo y, a pesar de la existencia de testigos durante las capturas, la Fuerza Pública negó tenerlas en su poder, ocultando a los familiares su paradero. La ausencia de libros de registro de las capturas, o la renuencia a usarlos, facilita la ocurrencia de desapariciones forzadas, ya que no quedan rastros del recorrido que sigue la víctima luego de ser retenida. Luego de la ejecución, los cuerpos son presentados por los militares como muertos en combate sin identificar y, pese a tener conocimiento de su identidad, se procede a su inhumación como N.N. Manipulación de las pruebas y ocultamiento de los hechos Una vez cometida la ejecución extrajudicial, los agentes estatales responsables proceden a ocultar cualquier evidencia que pueda comprometerlos en el crimen; y en la medida en que las operaciones militares exigen resultados, reportan las ejecuciones extrajudiciales como accio- 61 sin Democracia, sin derechos nes positivas de la lucha contra las guerrillas. Para lograr el ocultamiento, manipulan la información sobre los hechos y se encargan ellos mismos del levantamiento de los cuerpos. Esos procedimientos constituyen la piedra angular sobre la cual se construye la impunidad. En 23 de los 26 casos documentados, las víctimas (35 de 37) fueron presentadas como miembros de grupos guerrilleros “dados de baja” en combate.11 En 11 de los casos, los militares involucrados sostuvieron falsamente que las víctimas tenían armamento, munición u otros elementos de combate. En cinco de los casos, las personas ejecutadas extrajudicialmente fueron vestidas con prendas militares u otros uniformes para simular su condición de miembros de grupos guerrilleros. En seis de los casos, la noticia de que la Fuerza Pública había dado muerte a una persona que pertenecía a los grupos guerrilleros fue difundida por los medios de comunicación. La impunidad de los crímenes es deliberada El Estado colombiano no sólo está cometiendo ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática y generalizada, sino que mantiene esos crímenes en la impunidad. Los familiares de las víctimas tienen que enfrentar, además de la pérdida de sus seres queridos, la falta de protección y de garantías judiciales por parte del Estado. Se configura un cuadro de doble victimización de los familiares, quienes deben salvar numerosos obstáculos para acceder al sistema de justicia y, luego, soportar los abusos a que son sometidos dentro de procesos penales que no se realizan con el fin de esclarecer los hechos, sino que se orientan a contribuir al ocultamiento de los crímenes. En casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad se debe fundamentalmente a la falta de voluntad del Estado y a su complicidad en muchas de las violaciones. El estudio de los 26 casos correspondientes al último año y los 98 casos documentados en 2006 permitieron establecer que la impunidad de las ejecu- 11 En los otros tres eventos se tiene la siguiente información: 1) la víctima fue presentada como atracador; 2) los militares reconocieron que el homicidio había sido un error; y 3) un niño fue víctima de una granada durante una concentración indígena. 62 Derechos civiles y políticos Ejecución extrajudicial de Jair Julio Vega* El 30 de abril de 2007, en la vereda Chircas del corregimiento Aguas Claras de Ocaña (Norte de Santander), Jair Julio Vega fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del Batallón Contraguerrilla No. 95, adscrito a la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional. Dos hombres armados lo sacaron por la fuerza de un establecimiento comercial y lo subieron a un vehículo llevándoselo con rumbo desconocido. Esa misma noche, sus padres llamaron insistentemente a su teléfono celular, hasta que contestó una mujer que les dijo que Jair había desaparecido. El 1º. de mayo de 2007 los padres de Jair fueron informados del hallazgo de un cuerpo con las características de su hijo, en el sector rural de Chircas. Se dirigieron a la Fiscalía y allí les notificaron que se había practicado diligencia de levantamiento de un cadáver registrado como N.N. y que debían remitirse al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde les informaron que el cuerpo pertenecía a un integrante de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), “dado de baja” durante un combate con la Brigada Móvil No. 5 del Ejército Nacional. El cuerpo de Jair apareció vestido con prendas camufladas y con unas botas que no correspondían a su número de calzado. * Caso documentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ficha No. 23. ciones extrajudiciales es consecuencia de la reiterada inobservancia, por parte del Estado colombiano, de las obligaciones legales, constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Los recursos judiciales no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias y el transcurso del tiempo se convierte en un factor determinante para borrar las huellas de los crímenes. El carácter reiterado de esas conductas evidencia la existencia de patrones de impunidad, que se suman a las violaciones contra el derecho a la vida originalmente cometidas por los miembros de la Fuerza Pública. Tomando en cuenta los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extrale- gales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas y las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias relativas a Colombia,12 se identificaron cuatro elementos comunes en todos los casos estudiados: 1) las investigaciones no se están desarrollando de acuerdo con la obligación de la debida diligencia; 2) muchos de los casos permanecen en la jurisdicción penal militar y, por lo tanto, las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente, independiente e imparcial; 3) no se garantiza el acceso a la justicia mediante un recurso rápido y sencillo, y 4) no se ejecutan las sentencias a favor de las víctimas. Conclusiones similares fueron expresadas por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia,13 cuyo objetivo fue la verificación de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en el país y la presentación de observaciones y recomendaciones al respecto. La Misión constató la existencia de un número elevado de casos que corresponden a lo que en derecho internacional se denomina como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a unos patrones comunes de actuación que se mantienen en el tiempo y se producen en un gran número de departamentos de Colombia. Considerando los testimonios escuchados y las versiones de las autori- 12 Se estudiaron las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso de masacre de los 19 comerciantes vs. Colombia, Sentencia del 5 de julio de 2004; Caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia del 15 de septiembre de 2005; Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006; Caso de la masacre de Ituango vs. Colombia, Sentencia del 1º. de julio de 2006, y Caso de la masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007. 13 Misión organizada por la Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos (CCE-EU) y otros, compuesta por 13 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos), procedentes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que desarrolló su trabajo entre los días 4 y 10 de octubre de 2007 en Bogotá, Medellín y Valledupar, y pudo recibir cerca de 135 testimonios de casos ocurridos en una gran parte del territorio colombiano. dades que tienen a su cargo las investigaciones de estos hechos, se concluyó: 1) que un elevado número de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan en la absoluta impunidad; 2) la investigación de la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales se lleva a cabo por la jurisdicción penal militar, lo que no asegura una investigación imparcial; 3) en los casos asumidos por la jurisdicción ordinaria, se constata una débil e insuficiente actuación de la Fiscalía, así como serias carencias en la actividad de investigación. La Fiscalía no ha actuado de manera efectiva para reclamar la jurisdicción penal ordinaria frente a la penal militar; 4) la dificultad de acceso de los familiares a la justicia, así como su elevada desprotección tras ocurrir los hechos. Todo ello dificulta la interposición de la denuncia y la participación en la investigación y seguimiento del proceso.14 *** El panorama antes descrito denota que la Fuerza Pública colombiana continúa recurriendo a las ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática, bien como un castigo contra la población civil que es acusada de apoyar a los grupos guerrilleros o como una estrategia para mostrar resultados en la guerra contrainsurgente. Sin embargo, el Estado colombiano no sólo persiste en mantener las prácticas que propician las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad que las acompaña, sino que ha emprendido una campaña en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian la situación. El presidente Álvaro Uribe Vélez está utilizando un lenguaje peligroso y desafiante que, además de descalificar a quienes denuncian la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública y por organismos de seguridad, pone en riesgo su vida e integridad personal. El Estado, y en particular la Fuerza Pública, no pierden legitimidad porque sean denunciados crímenes atribuidos a sus integrantes, sino por el hecho de que sus agentes los hayan cometido. Sin embargo, el alto mandatario prefiere, una vez más, negar la realidad, contri14 Informe preliminar de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, presentado en la ciudad de Bogotá, el 10 de octubre de 2007. 63 sin Democracia, sin derechos buyendo a que los asesinatos practicados por agentes del Estado queden en la impunidad, en vez de manifestar públicamente su preocupación por el incremento de denuncias sobre esta grave violación del derecho a la vida. El pasado 25 de julio de 2007, durante la conmemoración del segundo año de vigencia de la Ley 975 de 2005 (conocida como Ley de Justicia y Paz), el Presidente aludió a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública como una nueva estrategia utilizada por la guerrilla: “Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”.15 Ignorar las evidencias no sólo pone en riesgo el trabajo legítimo de las defensoras y defensores de derechos humanos que denuncian públicamente esos hechos, sino que alienta a la Fuerza Pública a continuar con las ejecuciones extrajudiciales. Con sus palabras, el Presidente de la República desconoce la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 15 “Palabras del presidente Uribe al conmemorar segundo año de la ley de justicia y paz”, Bogotá, SNE, 25 de julio de 2007. Disponible en: www.presidencia.gov. co/prensa_new/sne/2007/julio/25/09252007.html. Discursos similares han sido pronunciados por otras autoridades: el 29 de agosto de 2007, en el Congreso de la República, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, en un debate sobre ejecuciones extrajudiciales al que fue citado, se limitó a responder que las denuncias sobre la práctica reiterada de violaciones al derecho a la vida por parte de la Fuerza Pública son parte de la estrategia de “guerra política y jurídica” de las guerrillas. El 22 de mayo de 2007, el Comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional sostuvo que el informe sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Oriente Antioqueño, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, “hace parte de la guerra política y jurídica”. Declaraciones del general Jorge Rodríguez Clavijo al diario El Colombiano (2007, 23 de mayo). 64 Derechos civiles y políticos BIBLIOGRAFÍA n Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001). Informe No. 101/01. Caso 10.247 (Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas c. Perú). En Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001. Washington D.C.: OEA/Ser./ L/V/II.114, doc. 5 rev., 16 de abril de 2002. Disponible en: www. cidh.org/annualrep/2001sp/Peru10247b.htm. n _____ (2006, 27 de octubre). CIDH observa avances y desafíos en el respeto a los derechos humanos en las Américas. Washington D.C., comunicado de prensa 37/06, 27 de octubre de 2006. 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Disponible en: www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=75&cat=24. 65 sin Democracia, sin derechos CRÓNICA Una muerte que deja muchas dudas Juan Diego Restrepo E.* La última vez que Diego Castañeda Bermúdez se comunicó con su madre fue el 28 de enero de 2006. Del muchacho de 27 años de edad y vendedor ambulante en las calles de Medellín, no se volvió a saber nada. Ese sábado, vía telefónica, Diego le anunció a su madre que al día siguiente iría a visitarla a ella y a su padre, quien se encontraba muy enfermo. No era la primera vez que lo hacía; cada vez que Diego quería visitar a su familia, los llamaba y les decía que iba a ir. Pero ese domingo fue diferente. Él no llegó. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni ningún otro día después. La desaparición de Diego le causó extrañeza a Amparo del Socorro, su madre, pues tales ausencias, y sobre todo la falta de comunicación, no eran normales en él, quien hablaba constantemente con la familia, dado el estado de gravedad de Antonio, su padre. La señora inició, entonces, la búsqueda de su hijo a través del Grupo de Identificación de Personas y Búsqueda de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente, no obtuvo ninguna respuesta, a pesar de sus constantes visitas a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Medellín, a donde iba cada vez que le avisaban que había llegado allí un cuerpo sin identificar: un NN. El mismo día en que Diego Mauricio llamó a la casa de su madre en el barrio El Limonar, del corregimiento San Antonio de Prado, a 133 kilómetros de allí, en varias veredas del municipio de Cañasgordas, occidente antioqueño, un grupo de soldados del Batallón de Infantería No. 32, “General Pedro Justo Berrío”, adscrito a la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín, ajustaba 15 días en el desarrollo de la Operación “Faena”, que buscaba atacar un reducto guerrillero, al parecer, del Frente 34 de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), que operaba en esa región del departamento. Dichas operaciones estaban al mando del capitán Raúl Virgüez Buitrago, comandante de la Compañía Arpón 2. * Periodista de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC). 66 Crónica Según la orden de batalla entregada a esa unidad militar, la Operación “Faena” pretendía lo siguiente: Contrarrestar el accionar de los bandidos del Frente 34 de las ONT – Farc, los cuales están establecidos en el sector de Cañasgordas, con el fin de evitar que estos grupos retomen el control sobre esta área estratégicamente utilizada por los bandidos como corredor de movilidad desde el departamento de Chocó hacia el Nudo de Paramillo y Urabá. De acuerdo con las versiones de los militares que participaron en la Operación “Faena”, a finales de enero de 2006 las tropas sostuvieron un combate por cerca de tres horas con un reducto guerrillero en la vereda Altos del Oso, cerca al corregimiento San Pascual. Allí murieron tres supuestos insurgentes. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la cabecera urbana, donde se practicaron las diligencias judiciales respectivas y se enterraron como NN. Estas acciones, conocidas como “positivos” entre la Fuerza Pública, garantizaban a los soldados cinco días de descanso, lo que les permitía salir del monte y visitar a sus familias. Del resultado de esos enfrentamientos, Amparo del Socorro Bermúdez vino a saber el 22 de noviembre de 2006, diez meses después de la última llamada de su hijo, cuando la Fiscalía le anunció que Diego ya había sido plenamente identificado. Su cuerpo sin vida había sido trasladado a Cañasgordas desde el corregimiento San Pascual por tropas del Ejército Nacional, que lo registraron como guerrillero muerto en combate. El muchacho era uno de los tres supuestos insurgentes que, según declaraciones de los militares, habían muerto en enfrentamientos con las tropas en los combates de Altos del Oso. Según el acta de necropsia 003, realizada por médicos legistas del Hospital San Carlos, de Cañasgordas, el cuerpo de Diego se recibió en este centro asistencial a eso de las 4:30 de la tarde del lunes 30 de enero. El informe consigna que Diego estaba vestido de camiseta negra, pantalón verde oliva, correa de nailon verde, medias tobilleras de lana grises y botas de caucho negras. El cuerpo presentaba seis heridas de bala: una en la cabeza, otra en el tórax y cuatro más en las piernas. Según el informe del levantamiento, habría muerto entre las cuatro y las cinco de la mañana de ese mismo día. Pese a vivir fuera de su casa, Diego siempre estuvo pendiente de su papá, quien estaba ya en la etapa terminal de una larga enfermedad. Le enviaba dinero cada vez que su trabajo de vendedor ambulante le dejaba algunas ganancias. Antonio murió el 9 de febrero de 2006, sin saber nada del destino de su hijo. Lo increíble es que la familia tuvo que justificar ante los funcionarios que investigan el crimen, que Diego no era un guerrillero. El 9 de marzo de 2007, Mónica Castañeda Bermúdez, hermana de la víctima, tuvo que explicar a la jueza 87 de Instrucción Penal Militar, teniente Diana María Pineda Lombana, quien adelanta la investigación penal por los hechos de Cañasgordas, por qué Diego no vivía en casa de sus padres: “Diego estaba viviendo en un hotel en el centro. Se había ido de la casa porque llegaron los paramilitares a tomarse el barrio y a reclutar los muchachos que se iban a meter a eso. Él decidió mejor salirse de la casa que estar metido con esa gente”. Lo que además no entiende Mónica es cómo su hermano, ese lunes 30 de enero de 2006, estuvo a la vez en dos sitios distintos y lejanos entre sí: 67 sin Democracia, sin derechos Cuando lo reportamos desaparecido me llamaron para que fuera a la morgue porque había dos o tres NN. Al ver que tampoco estaba allí me mandaron al Centros Día, un lugar donde ayudan a los indigentes, les dan alimentos y los dejan bañar, pues mi hermano a veces iba allá cuando se quedaba sin pagar habitación. Según el último reporte que aparece en el computador del Centro Día, Diego ingresó allí por última vez en la mañana del 30 de enero de 2006. No me explico entonces cómo lo reportan muerto ese día en Cañasgordas, si él estuvo aquí en Medellín. Tampoco entiendo cómo lo reportan como guerrillero si él no lo era. Pero no es la única contradicción en el caso de la muerte de Diego Castañeda. En las diligencias judiciales posteriores a los combates, rendidas el 22 de febrero de 2006 por los militares de la Compañía Arpón 2 ante la jueza Pineda Lombana, surgen varias inconsistencias: la primera de ellas tiene que ver con la fecha de los hechos. Contrario a los informes forenses que consignan que Diego murió al amanecer del lunes 30 de enero y su cuerpo fue llevado por las tropas a Cañasgordas en las horas de la tarde de ese día, el capitán Raúl Virgüez Buitrago, comandante de la Compañía Arpón 2, sostuvo que los combates ocurrieron al amanecer del martes 31 de enero: Se recibió una información que se encontraba un grupo de bandidos, de aproximadamente cinco, en el sector Alto de los Osos, corregimiento de San Pascual, municipio de Cañasgordas. Se inició la infiltración el día 30, aproximadamente entre 23 y 24 horas hacia el sector. Siendo 31 de enero, entre las 5 y 6 de la mañana se sostuvo un combate de encuentro con el grupo de los bandidos, el cual duró entre 2 y 3 horas. Cuando ya se había calmado el combate ordené que se hiciera un registro periférico del área y se encontraron 3 sujetos sin vida en el sector del combate. Versión similar entregó a la Jueza el sargento segundo William Mavesoy Córdoba: El día 30 de enero se recibió una información de la presencia de 5 bandoleros aproximadamente sobre el Alto del Oso, quienes portaban armas cortas y largas, y vestían prendas privativas de las Fuerzas Militares. A las 25 horas se realiza una infiltración hacia el objetivo. De 5 a 6 de la mañana del día 31 de enero de 2006 se sostiene un combate de encuentro con los bandoleros durante aproximadamente de 2 a 3 horas; luego de lo cual se ordena montar seguridad y realizar registros en el área, encontrando 3 sujetos dados de baja. La inconsistencia en la fecha del combate parte de la jueza Pineda Lombana, quien en las diligencias de declaración siempre les preguntó a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de la Compañía Arpón 2 por los “hechos ocurridos el día 31 de enero de 2006”. Una segunda inconsistencia está relacionada con el supuesto número de insurgentes que atacó a la Compañía Arpón 2. Según el capitán y varios de sus hombres al mando, “la tropa fue atacada por unos 20 sujetos según la capacidad de fuego”. No obstante, uno de los soldados profesionales declaró que la patrulla fue atacada “por ahí como cinco manes”; otro no supo responder y se limitó a decir que “no sabía”; y uno más dijo que “teníamos la información que había una agrupación como de cinco o seis, pero en ese momento no los vi porque estaba todavía muy oscuro, había mucha montaña y todo era muy boscoso”. 68 Crónica Por último, también hay imprecisiones en la distancia que había entre el grupo de presuntos guerrilleros y las tropas del Ejército. Ante la pregunta “¿a qué distancia aproximada se encontraban los sujetos dados de baja de donde disparó la tropa?”, hecha por la jueza Pineda Lombana, el capitán Virgüez respondió que “como a 100 a 200 metros”; el sargento segundo Mavesoy y dos soldados profesionales respondieron que “a unos 150 metros”; y dos militares más declararon que “como a 50 metros”. Así, entre inconsistencia e inconsistencia, transcurre el proceso de esclarecimiento de la muerte de Diego Castañeda Bermúdez ante la Jurisdicción Penal Militar. Por las características del caso, sería una ejecución extrajudicial más en el país, atribuible a la Fuerza Pública, cuyos reportes van en aumento. En los últimos cinco años, este tipo de homicidios aumentó en un 65% con respecto a los cinco años anteriores, pasando de 577 entre julio de 1997 y junio de 2002, a 955 casos entre julio de 2002 y junio de 2007. Se espera que la justicia, algún día, les dé la razón a las familias de las víctimas, restablezca su honra y condene de manera ejemplar a quienes desde el Estado incurren en este tipo de prácticas, a todas luces violatorias de los derechos humanos. 69 sin Democracia, sin derechos d a ad d d i i n n u p u mp Im 70 Ley justicia, n i s : 5 7 9 ni paz istas a de Jur r Restrepo n a i nitario b m o Huma Alvea h n Colo c ó sé e o r si J i e s m D o o C os y ogad Human o de Ab nidos Colectiv io de Derechos opa-Estados U r r o u t E Observa ión Colombiaac Coordin Durante 2007, la Fiscalía General y el Gobierno nacional desarrollaron una serie de reglamentaciones y prácticas encaminadas a dejar sin efectividad los mandatos trazados por la Corte Constitucional en 2006, a favor de los derechos de las víctimas frente al procedimiento de la Ley 975 de 2005. Conocida como Ley de “Justicia y Paz”, la Ley 975 del 25 de julio de 2005 es una de las piezas que compone el marco jurídico que regula la desmovilización de los integrantes de grupos paramilitares. Durante 2006, la Corte Constitucional examinó y se pronunció sobre la constitucionalidad de su articulado, mediante una docena de sentencias.1 En general, este Tribunal anuló varias de las disposiciones que otorgaban impunidad y corrigió otras para adecuarlas a estándares de derechos humanos en materia de verdad, justicia y reparación”.2 Entre 2005 y 2006, además de conformar la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, la Fiscalía General de la Nación realizó 1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 975 de 2005 proferida en 2006 está compuesta por las siguientes sentencias: C-127, M. P. Álvaro Tafur Galvis (22 de febrero); C-319, M. P. Álvaro Tafur Galvis (25 de abril); C-370, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas (18 de mayo); C-400, M. P. Alfredo Beltrán Sierra (24 de mayo); C-426, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto (31 de mayo); C-455, M. P. Jaime Araújo Rentería (7 de junio); C-476, M. P. Álvaro Tafur Galvis (14 de junio); C-531, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra (12 de julio); C-575, M. P. Álvaro Tafur Galvis (25 de julio); C-650, M. P. Álvaro Tafur Galvis (9 de agosto); C-670, M. P. Rodrigo Escobar Gil (16 de agosto); y C-719, M. P. Jaime Araújo Rentería (23 de agosto). En 2007, la Corte Constitucional también profirió la Sentencia C-080, M. P. Rodrigo Escobar Gil (7 de febrero). 2 Para un análisis completo sobre ese marco jurídico, incluyendo el contenido de los decretos 4760 de 2005, 2898 y 3391 de 2006, véase Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2006, pp. 211-217). 71 sin Democracia, sin derechos algunas actividades preparatorias a la aplicación de los procedimientos penales previstos en la Ley 975:3 i) caracterización de 36 estructuras paramilitares orientada a garantizar la solidez de las investigaciones que se adelantarían a partir de los resultados que arrojen las diligencias de versión libre;4 ii) puesta en marcha de un programa de búsqueda de personas desaparecidas por grupos armados ilegales; iii) sistematización de información sobre investigaciones penales relacionadas con 28.500 personas que habrían estado vinculadas a 32 estructuras paramilitares; y iv) capacitación de fiscales y del personal de investigación (FGN, 2006, pp. 24-28). Sólo al finalizar 2006, la Fiscalía General de la Nación comenzó a realizar las diligencias de versión libre. Según esa institución, el retraso se debió a la tardanza del Gobierno para remitir los listados con los nombres de las personas postuladas5 y a la inconsistente infor- mación que éstos contenían: en las listas de septiembre de 2006, “sólo 14 de cada 100 ‘paras’ postulados estaban plenamente identificados” (El Tiempo, 2006, 14 de diciembre, p. 1-4). Después de los inconvenientes que signaron las relaciones entre Fiscalía y Gobierno, el 14 de diciembre de 2006 se realizó la primera diligencia6 de versión libre.7 El Fiscal General de la Nación se refirió a ese evento en los siguientes términos: “Nos vamos a probar todos. Vamos a probar si la Fiscalía está lista para iniciar las versiones. Vamos a probar si los miembros de las autodefensas van a decir la verdad. Y vamos a probar si el Gobierno está listo para poner a disposición de la Fiscalía a las personas que sean requeridas”.8 A continuación se presenta un balance preliminar de la gestión de la Fiscalía General de la Nación a propósito de la aplicación de la Ley 975, durante el periodo 2006-2007. Restricciones a la participación de las víctimas9 3 En su penúltimo informe anual, la Fiscalía General de la Nación advierte: “La competencia de la Fiscalía inicia una vez el Gobierno Nacional envíe por conducto del Ministerio del Interior y de Justicia la lista de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. // Recibida la lista, corresponde a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, las investigaciones que cursen en contra de sus miembros y de aquellas que deban iniciarse y se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización” (FGN, 2006, p. 23). 4 Los hallazgos de esa caracterización se condensan en un documento que contiene información sobre las siguientes variables de análisis: “Identificación del bloque, génesis del bloque, estructura y organización del bloque, georreferenciación de las actividades de cada grupo, integrantes, fuentes de financiación, bienes, hechos y víctimas, para lo cual se consulta a fuentes gubernamentales y no gubernamentales para determinar qué hechos han sido judicializados, cuáles no y el estado de los procesos” (FGN, 2006, p. 25). 5 “Para iniciar los procedimientos de la Ley 975 de 2005, el Gobierno Nacional durante el período 17 de agosto de 2006 a marzo 30 de 2007 radicó ante la Fiscalía General de la Nación, cuatro listas con 2.914 postulados al procedimiento y beneficios de esa ley” (FGN, 2007a, p. 53). 72 Impunidad Además del desconocimiento de los derechos de las víctimas en la normativa que regula el procedimiento de “Justicia y Paz”, en la práctica éstos también se violan. Durante 6 El 6 de diciembre de 2006, el Fiscal General de la Nación expidió la Resolución 3998 de 2006, mediante la cual estableció las directrices para el procedimiento de recepción de versión libre de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. 7 El primer integrante de grupos paramilitares que rindió versión libre fue Wilson Salazar Carrascal, alias el “Loro”. La relación completa de las diligencias de versión libre realizadas por la Fiscalía General de la Nación puede ser consultada en www.fiscalia.gov.co/ justiciapaz/Documentos/VERSIONES.pdf. Según la revista Cambio (2007, 20-26 de diciembre), “los fiscales han realizado 1.007 diligencias de versiones libres, de las cuales 907 ya terminaron. (…). Los jefes paramilitares desmovilizados describieron 3.143 crímenes y confesaron su responsabilidad en 738” (p. 30). 8 Declaraciones del fiscal Mario Iguarán citadas por el diario El Tiempo (2006, 14 de diciembre, p. 1-4). 9 La información referida corresponde mayoritariamente a los archivos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, organizaciones que han tenido la ocasión de participar en las audiencias de “Justicia y Paz” en las ciudades de Barranquilla, Bogotá y Medellín. los trámites de aplicación de la Ley 975 de 2005, la Fiscalía ha limitado el derecho de las víctimas y de la sociedad entera a conocer la verdad sobre los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. Las principales medidas se hallan contenidas en las resoluciones 3998 de 2006 y 0387 de 2007 de la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, la Fiscalía ha previsto que solo pueden participar de las audiencias de versión libre, aquellas personas que el desmovilizado identifique como víctimas y que, a su vez, hayan demostrado sumariamente el daño causado y renuncien expresamente a la preservación de su identidad. En consecuencia, sólo podrían acceder a esta diligencia las víctimas que tengan un interés indemnizatorio, a pesar de que la Sentencia C-370 de 2006 proferida por la Corte Constitucional señaló que las víctimas tienen derecho no sólo a buscar una indemnización económica, sino a reparación integral, así como a la verdad y la sanción de los responsables. Además, quienes demuestren sumariamente el daño, sólo pueden participar en una sala separada y sugerir preguntas para que el Fiscal formule, de manera que éste puede descartar las que desee. En todo el proceso, la autoridad judicial puede excluir los interrogantes de las víctimas sin ninguna motivación, argumentando hacer uso de la facultad de desechar aquellas preguntas que considere impertinentes. La Corte Constitucional señaló también que la llamada Ley de “Justicia y Paz” permite y exige la plena participación de las víctimas en todas las diligencias de los procesos judiciales, incluyendo la de versión libre. Además, conforme al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las víctimas tienen el derecho a contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del establecimiento de los hechos como en la búsqueda de la sanción del responsable y de la reparación.10 Estas normas deberían inaplicarse o interpretarse armónicamente con las disposiciones constitucionales, para permitir la participación de todas aquellas personas que se consideren víctimas directas de los hechos. 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999, párr. 227). Reiterado en los casos de Las Palmeras, Masacre de Mapiripán y masacre de Ituango. En segundo lugar, la Fiscalía se ha negado a la transmisión por radio, Internet y televisión de las versiones libres y así lo ha confirmado a través de la Resolución 0387 de 2007. Esta difusión facilitaría a las víctimas que no pueden asistir a las audiencias de versión libre, porque no tienen recursos económicos o porque tienen miedo, enterarse de los avances de los procesos y seguir de alguna manera las decisiones judiciales que puedan afectar sus intereses. Igualmente, permitiría la realización del derecho de la sociedad colombiana y de la humanidad a conocer la verdad. Debido al carácter de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo, sus víctimas no son las únicas que han sufrido un daño (aunque sin lugar a dudas tengan derecho a un tratamiento prioritario), sino que todos los miembros de la humanidad somos víctimas, porque estos delitos ofenden la conciencia de la humanidad. Por consiguiente, todas las personas tenemos derecho a conocer las confesiones de los postulados. Además, ese conocimiento debe ser posible desde la versión libre, pues en el procedimiento diseñado por la Ley 975 no está previsto un momento para debatir y controvertir las pruebas y las responsabilidades. Las únicas limitaciones admisibles a la publicidad de las audiencias son aquellas necesarias para la protección de niños y niñas, de la intimidad de víctimas de violencia sexual y aquellas que se deriven de situaciones en que se encuentre probado que la difusión puede entrañar un riesgo para las víctimas, limitaciones previstas en la Ley 975 (artículos 39 y 40). Sin embargo, la Fiscalía ha considerado que la reserva es la regla general. La difusión de las versiones, acompañadas de un adecuado y estricto control a los postulados para que no hagan apología de sus crímenes, es una medida idónea y necesaria para garantizar el derecho a la verdad de la sociedad colombiana. En tercer lugar, se evidencia un desconocimiento por parte de los funcionarios judiciales de las condiciones de igualdad que deben guardarse respecto de los investigados y de la misma Fiscalía.11 Hasta ahora, les ha sido negado 11 Lo anterior, aun cuando en la principal sentencia de constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, la Corte Constitucional señaló que “el derecho a la justicia 73 sin Democracia, sin derechos a las víctimas acceder a las grabaciones de las versiones libres, lo cual impide que éstas y sus representantes puedan hacer un estudio mucho más tranquilo y profundo de los hechos comentados por los desmovilizados y, de esta manera, planear su estrategia de representación legal y exigibilidad de sus derechos. Quedan, entonces, supeditados a lo que logren recordar de la diligencia. Así mismo, aunque a los versionados se les permite entrar al recinto diferentes objetos electrónicos (computadores, memorias, etc.) como ayudas para sus versiones, la Fiscalía ha impedido que las víctimas y sus abogados puedan hacer lo mismo. Lo anterior trae como consecuencia una desproporción en materia de recursos técnicos, que son extremadamente útiles para efectos de la defensa de los derechos de las víctimas, pues en los mismos se pueden almacenar y acceder de una manera rápida a archivos, pruebas, etc. Fiscales de la «Unidad de Justicia y Paz» también han restringido la participación de las víctimas como verdaderos intervinientes en el proceso penal, mediante la negación de recursos y acciones legales a los abogados de las mismas, argumentando que éstos dilatarán el proceso. El 14 de febrero de 2007, cuando rendía versión el paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, abogados de la Comisión Colombiana de Juristas presentaron solicitud de declaratoria de excepción de inconstitucionalidad de los artículos 4 y 5 de la Resolución No. 3998 del 6 de diciembre de 2006, a lo que el Fiscal respondió que los representantes de las víctimas estaban entorpeciendo la diligencia con “peticiones que no haría ni un estudiante de primer semestre de Derecho”. interés en las distintas fases de la versión libre. El interrogatorio de las víctimas se reserva a la segunda fase de la versión libre, pero se desarrolla a través de un mecanismo indirecto, pues las preguntas propuestas se incorporan a un formulario que es entregado a miembros del CTI, quienes a su vez se las entregan al Fiscal. Cabe señalar que el Fiscal se encuentra en una sala distinta a la sala donde se hallan las víctimas. El Fiscal transmite al postulado sólo las preguntas de las víctimas que considera pertinentes. Las víctimas y sus representantes no cuentan con la posibilidad de repreguntar, pedir aclaraciones o precisiones, o realizar un cuestionario dinámico, encadenado a las respuestas del postulado. Este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos. La Fiscalía pierde además una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios. (CIDH, 2007, párr. 82) Finalmente, como hecho de especial gravedad, las víctimas, familiares y testigos han sido objeto de homicidios, amenazas y hostigamientos. Desde el inicio del proceso hasta septiembre de 2007 han sido asesinadas 16 personas.12 Además, se han reportado otros hechos de persecución, entre ellos, el incendio de la sede de una organización de desplazados en el municipio de Turbaco, departamento de Bolívar; el robo de bases de datos de distintas organizaciones que contenían información sobre crímenes perpetrados por los paramilitares, entre otros de carácter similar que ejemplifican claramente la desprotección evidente en la que se encuentran las víctimas. Con relación a la imposibilidad de interrogar directamente a la víctima, la CIDH señaló lo siguiente: Lo anterior ha tenido como consecuencia que muchas personas desistan de actuar dentro del procedimiento penal por temor a ser asesinadas o violentadas. Al respecto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/ OEA) planteó: Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes al postulado sobre los hechos de su Se ha tenido conocimiento que un número considerable de víctimas ha decidido no participar en el proceso de Justicia y Paz aduciendo que no cuentan con los mecanismos comporta un auténtico derecho constitucional al proceso penal, y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser eminentemente participativo” (Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-370 de 2006, Numeral 6.2.3.2.2.7). 12 Entre ellas, Yolanda Izquierdo, asesinada en Montería, Córdoba; Óscar Cuadrado Suárez, asesinado en Maicao, Guajira; Carmen Cecilia Santana, asesinada en Urabá, Antioquia; Gustavo Espitia, asesinado en Cotorra, Córdoba; y la maestra indígena Osiris Amaya Beltrán, asesinada en la Guajira. 74 Impunidad de protección suficientes. Este hecho no sólo constituye una alerta de la situación de estas víctimas, sino que debe servir también como generador de acciones concretas destinadas a acompañar y proteger sus vidas. La toma de medidas apropiadas en este sentido, serviría para brindar a las víctimas la oportunidad real que les sean satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; así como para proveer a las autoridades de información crucial para el mejor desarrollo de las investigaciones. (MAPP/ OEA, 2007, párr. 71) En primer lugar, es necesario advertir que la información sobre la ubicación de las fosas comunes ha provenido principalmente de familiares de las víctimas. En general, las versiones libres rendidas por los paramilitares no han sido una fuente significativa que aporte información sobre la ocurrencia de desapariciones forzadas o la existencia de fosas comunes. En algunos casos, jefes paramilitares han negado su responsabilidad en la comisión de desapariciones forzadas perpetradas por las estructuras militares que estuvieron bajo su mando o la Hallazgo de fosas y exhumaciones precipitadas En Colombia, la desaparición forzada ha sido una práctica generalizada y sistemática.13 A raíz de la expedición de la Ley 975 de 2005, “la Fiscalía General de la Nación ha recibido miles de denuncias sobre personas desaparecidas e información de la ubicación de fosas comunes” (FGN, 2007b).14 Entre 2005 y 2006, esa entidad encargó a dos fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario el desarrollo del programa de búsqueda de personas desaparecidas. Entre 2006 y 2007 “creó un grupo integrado por tres fiscales de la Unidad [Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz], ocho fiscales de apoyo, miembros de las Unidades de Desaparecidos del CTI, 15 investigadores de la DIJIN y cinco investigadores del DAS” (FGN, 2006, p. 25; FGN, 2007b, p. 57). Durante el período comprendido entre el 13 de febrero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007, la Fiscalía encontró 1.022 fosas, realizó la diligencia de exhumación de 1.213 cadáveres (tres plenamente identificados e información preliminar de 454) y entregó a familiares de las víctimas 120 cuerpos (FGN, 2007b).15 13 Existen divergencias sobre el número total de personas víctimas de desaparición forzada en Colombia. Mientras la Comisión Colombiana de Juristas estima que serían 31 mil víctimas de este delito, la Fiscalía General de la Nación calcula que serían 10 mil. 14 Última consulta antes de publicación: 14 de enero de 2007. 15 Última consulta antes de publicación: 14 de enero de 2007. Durante la diligencia de versión libre, la Fiscalía indagó al jefe del Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo, alias el “Patrón”, por su responsabilidad en 180 casos de desaparición forzada. Él sólo reconoció su responsabilidad en la desa-parición de Gentil Cruz Patiño, representante de una ONG francesa, ocurrida el 11 de septiembre de 2004, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así mismo, el jefe de las Autodefensas del Magdalena Medio Ramón Isaza reconoció su responsabilidad en nueve desapariciones forzadas y atribuyó a su hijo muerto, Ómar Isaza, la desaparición forzada de 47 personas en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia). Entre quienes brindaron alguna información sobre la ubicación de fosas comunes están: el jefe del Bloque Héroes del Llano y Guaviare, Manuel de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata”, que “condujo a los fiscales a sitios donde fueron inhumados varios cuerpos” (FGN, 2007b, p. 56); el jefe del Bloque Élmer Cárdenas, Freddy Rendón, alias el “Alemán”, que prometió revelar la ubicación de 22 fosas comunes que contendrían, aproximadamente, 50 cuerpos; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, que reveló la ubicación de una fosa común en el occidente de Antioquia, en la que estarían los restos de cuatro parientes de la señora Marielena Toro, integrante de la organización “Madres de la Candelaria”; José David Velandia, alias ‘Steven’, que informó sobre la ubicación de siete fosas; y Éver Veloza, alias “H. H.”, que reveló la ubicación de una fosa en el norte del Valle. 75 sin Democracia, sin derechos han atribuido a personas muertas. En otros casos, han aportado alguna información general. Incumplimiento de la obligación de entregar a la niñez vinculada En segundo lugar, son evidentes las inconsistencias y errores en que ha incurrido la Fiscalía después de verificar la existencia de las fosas comunes denunciadas. Esta entidad ha precipitado las diligencias de exhumación, pues ha procedido a hacerlas sin contar previamente con información y documentación suficiente sobre las personas desaparecidas16 o sin que se presenten circunstancias que permitan considerar que existe riesgo de que los perpetradores exhumen los restos mortales de sus víctimas, tal como está previsto en el Plan Nacional de Búsqueda. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), las consecuencias lógicas derivadas de esa decisión son un altísimo número de restos humanos sin identificar –tres de 1.213–, que corren el riesgo de deteriorarse y de nunca ser identificados, y análisis precarios sobre las posibles causas y modalidades de las muertes.17 En Colombia no existen cifras verificables sobre la cantidad de niñas y niños vinculados a los grupos armados que toman parte en las hostilidades. Los datos más conservadores afirman que pueden estar entre 8.000 y 13.000 (Coalición Colombia y Comisión Colombiana de Juristas, 2005). Se cree que al menos uno de cada cuatro com batientes es menor de 18 años (Human Rigths Watch, 2003) y, en ocasiones, esta población puede llegar a ser más del 20% en algunas unidades armadas (Defensoría del Pueblo, 2002). Sus edades de vinculación oscilan entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso que en sólo cuatro años descendió de los 13,8 a 12,8 años (eltiempo.com.co, 2007, 13 de febrero). 16 “Considerando que la identificación forense se basa en el cotejo de la información disponible sobre una persona desaparecida con restos que sean encontrados, la falta de información concerniente a quienes están desaparecidos hace imposible identificar los restos encontrados. Es decir, los restos de personas o individuos no identificados y que han sido clasificados como N.N. son almacenados indefinidamente en instituciones oficiales, o inhumados en la parte posterior de los cementerios públicos” (Equitas, 2007). 17 “No es clara la forma en que la Fiscalía está documentando la causa y manera de las muertes y vinculando esa información con los perpetradores: No hay información sobre la forma en que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía está conduciendo y registrando el análisis de la causa y modo de las muertes. A pesar de tener conocimiento de que los paramilitares utilizan el desmembramiento como forma de tortura, se desconoce cómo está registrando la Fiscalía esta información, con el fin de determinar patrones hallados en los restos que indiquen si hay o no un perpetrador común. Considerando los vínculos documentados entre paramilitares y militares, y a la luz de las recomendaciones establecidas en protocolos forenses internacionales de las Naciones Unidas (como el Protocolo de Minnesota de 1991 y el Protocolo de Estambul de 1999), es necesario realizar un análisis completo de los restos humanos para determinar la causa y el modo de la muerte, así como la evidencia asociada al hecho. Esto es fundamental para 76 Impunidad No obstante lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sólo ha atendido entre el 1° de enero de 2002 y el 14 de junio de 2007 a 1.024 niñas y niños provenientes de estos grupos, muchos desmovilizados individualmente y otros capturados en operativos policiales y militares. De tal forma, sólo algo más de 400 menores de 18 años fueron entregados en el marco de las desmovilizaciones colectivas (ICBF, 2007). Ante esta amplia diferencia entre las posibles cifras, la Defensoría del Pueblo señaló lo siguiente: [L]os grupos armados ilegales no estarían cumpliendo con su obligación de entregar a los menores de edad en el proceso de desmovilización. Este comportamiento de los grupos armados al margen de la ley estaría privando de la atención y el restablecimiento de derechos a la población de menores de edad afectada por el reclutamiento; pues en muchos casos, simplemente se está devolviendo a sus regiones o en el mejor de los casos a sus familias, sin darle oportunidad a que el Estado la atienda de manera integral en el programa diseñado para tal fin en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Defensoría del Pueblo, 2006, p. 21) Al preguntársele a la Fiscalía General de la Nación por la suerte de los niños desvinculados de los grupos para- contextualizar los crímenes cometidos y vincular la evidencia encontrada con él o los perpetradores, en, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “Colombia, la desmovilización paramilitar, en los tiempos de la Corte Penal Internacional”, Bogotá, Colombia, octubre de 2007. p. 46 militares, informó que “la entrega de menores se realizó durante la etapa de desmovilización colectiva ante el Gobierno nacional, dejándolos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”,18 afirmación que deja la sensación de que este requisito ya fue cumplido y, de esta manera, obviando las preocupaciones antes comentadas. Frente a ese panorama, en una reciente audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones no gubernamentales señalaron que existen, al menos, tres hipótesis sobre el paradero de la gran cantidad de niños y niñas que no fueron devueltos en el marco de las desmovilizaciones colectivas: la primera, es que los niños y niñas de los grupos paramilitares habrían sido sustraídos de las desmovilizaciones colectivas y enviados a otras zonas del país donde operan otros grupos paramilitares, que no hicieron parte de la negociación con el Gobierno o que se han rearmado; la segunda es que estos habrían sido liberados y entregados directamente a sus familias, o dejados en sus comunidades de origen, impidiendo que recibieran la atención especializada del Estado; la tercera, en el peor de los casos, es que habrían sido ejecutados extrajudicialmente para evadir la responsabilidad por el delito de reclutamiento ilícito. No obstante, como bien lo señalamos estas son sólo algunas hipótesis, y sobre la realidad de esos niños no se cuenta con información certera que sirva para determinar su paradero. (Coalición Colombia y Cejil, 2007, p. 19) Además de lo anterior, en el marco de las versiones libres, la situación sigue siendo preocupante. Algunos de los principales jefes paramilitares han dicho que ellos no tuvieron dentro de sus prácticas el reclutamiento infantil y, de haber ocurrido, fueron casos aislados de responsabilidad de mandos medios. Comandantes como Ramón Isaza, del Magdalena Medio, y Édgar Fierro, de la Costa Caribe, han señalado que son responsables del uso de niños en actividades militares, pero que no pueden entregarlos ni confesar individualmente cada uno de los casos, pues, según ellos, no tienen esa información.19 En 18 Respuesta al derecho de petición de información de la Coalición Colombia, Fiscalía General de la Nación, del 4 de julio de 2007. 19 Diligencia de versión libre realizada el día 23 de mayo de 2007 en la Fiscalía Nª 13 para la Justicia y la Paz. otros casos, como el de Jorge Iván Zapata, del bloque Catatumbo, éste ha recurrido a declarar su inocencia mediante acusaciones a otros paramilitares, en particular a Salvatore Mancuso, uno de los principales comandantes; no obstante, en las dos audiencias que hasta el momento se le han hecho a esta persona, no se ha dicho nada al respecto de los niños y niñas en sus filas. Restitución de tierras y bienes La historia del paramilitarismo en Colombia está atravesada por el despojo sistemático de tierras y propiedades a sus víctimas. La crisis que ha significado esta redefinición de la propiedad rural, aunada a la situación de desplazamiento forzado, ha cambiado el mapa territorial del país. Un estudio del Grupo Semillas reveló lo siguiente: En Colombia el conflicto ha ocasionado una de las crisis humanitarias más grandes del mundo que se evidencia particularmente en el desplazamiento forzado de miles de colombianos quienes han debido huir de sus lugares de origen y dejar abandonadas sus viviendas, tierras y demás bienes patrimoniales. Entre 1985 y septiembre de 2005, la cantidad de desplazados por violencia política ascendió alrededor de 3.6 millones, de los cuales 2.9 millones se concentraron en la última década; y se estima por el Codhes que más de 310.000 personas fueron desplazadas en 2005. El desplazamiento es muchas veces referido como una “contrarreforma agraria”, tomando tierra de los sectores más pobres de la población. Se estima que la tierra arrebatada a través de la violencia se extiende entre 2 y casi 7 millones de hectáreas. Un estudio estimó que las tierras tomadas por paramilitares de la población internamente desplazada supera dos veces la cantidad de tierra dada por el Instituto de la Reforma Agraria entre los años 1993 y 2002. (Grupo Semillas, 2007) Sobre este mismo tema, la Contraloría General de la Nación aseguró: En cuanto a la expropiación sin indemnización, es decir, al desplazamiento de los campesinos y sus familias, el despojo de sus propiedades en los últimos 5 años ha afectado 265 mil hogares que, de acuerdo con los cálculos de la Contraloría, poseían más de 2.6 millones de hectáreas, con un valor aproximado de $6.1 billones. Los departamentos más afectados fueron, en su orden, Antioquia, Caquetá, Cesar, Chocó, Magdalena, Bolívar y Córdoba. Estas cifras son aún más alarmantes vistas en términos comparativos. 77 sin Democracia, sin derechos En efecto, la población desplazada en los últimos cinco años representa el 13% de la población rural y las tierras expropiadas equivalen al 6% de las consideradas de uso agrícola y de ganadería en el país. (Flórez, 2005) Aun cuando la situación es realmente crítica, la respuesta del Gobierno y de la administración de justicia, durante la aplicación inicial de la Ley 975, no ha sido adecuada. En las diligencias de versiones libres, los paramilitares sólo han realizado ocho ceremonias de entrega formal de bienes destinados al Fondo de Reparación de las Víctimas.20 Así mismo, algunos de los bienes que han sido relacionados por los desmovilizados han sido, en realidad, incautados por autoridades estatales en el marco de su política contra el tráfico de estupefacientes, lo cual significa que son objeto de un extenso trámite administrativo de extinción de dominio que adelanta la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Además, no se tiene conocimiento preciso de la totalidad de bienes que se encuentran en poder de la DNE y su discriminación: los que están siendo investigados por fiscales y jueces en 20 Hasta el 31 de octubre de 2007 se reportó la realización de ocho diligencias de entrega de bienes destinados al Fondo de Reparación de las Víctimas, relacionados a continuación: 1) Desmovilizado: Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata”, integrante del Bloque Héroes del Llano y de Guaviare. Bienes entregados: 3 inmuebles urbanos, 3 vehículos y 154 semovientes. 2) Desmovilizado: Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, integrante del Bloque Central Bolívar. Bienes entregados: 1 televisor marca Sony y 2.010 semovientes. 3) Desmovilizado: José Baldomero Linares, alias “Guillermo Torres”, integrante del Bloque Meta y Vichada. Bienes entregados: un inmueble rural y un inmueble urbano. 4) Desmovilizado: Luis Arlex Arango, alias “Chatarro”, integrante del Bloque Héroes del Llano. Bienes entregados: 32 millones de pesos, un vehículo, 652 prendas de vestir y 70 pares de zapatos. 5) Desmovilizado: Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, integrante del Bloque Central Bolívar. Entrega de bienes: 604 semovientes. 6) Desmovilizado: Manuel de Jesús Pirabán, alias “Pirata”, integrante del Bloque Héroes del Llano y de Guaviare. Bienes entregados: 500 millones de pesos. 7) Desmovilizado: Freddy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, integrante del Bloque Élmer Cárdenas. Bienes entregados: 397 semovientes y 4 motores fuera de borda. 8) Desmovilizado: Freddy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, integrante del Bloque Élmer Cárdenas. Bienes entregados: 2 inmuebles urbanos y 2 vehículos. (FIDH, 2007) 78 Impunidad el país; los que, habiendo sido entregados, tienen problemas tributarios o embargos; y los que realmente han sido entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas. Tribuna en favor del paramilitarismo Es una función constitucional y legal de la Fiscalía ser el director de la investigación penal. Durante las diligencias de versión libre, en términos generales, se ha podido observar que el papel del Fiscal ha sido pasivo. En su último informe sobre el proceso de negociación con los grupos paramilitares, la CIDH señaló: En la diligencia, la actividad del fiscal no es protagónica, aunque debe formular preguntas, especialmente en los casos en los que se está en presencia de una posible confesión. Sin embargo, en general, la iniciativa recae en el imputado. En muchas ocasiones esta diligencia da origen a un proceso formal, o a una providencia inhibitoria, la cual cierra la investigación temporalmente. (CIDH, 2007, párr. 61) Un ejemplo claro de esta situación se presentó en la sede de Barranquilla de la “Unidad Nacional de la Fiscalía para la Justicia y la Paz”, durante la recepción de la versión libre de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esa diligencia, el versionado no acató los llamados de la Fiscal para ampliar el relato sobre ciertos hechos, dejando más de 800 preguntas sin resolver. Ante ese panorama, las diligencias de versión libre se han vuelto un escenario donde los paramilitares defienden y justifican los crímenes cometidos. Por un lado, señalan que éstos fueron practicados contra miembros de grupos insurgentes, lo cual significa una revictimización de las personas que sufrieron esos hechos, pues, bajo esa idea, ellas o sus familiares hacen o hacían parte de las guerrillas y, por lo tanto, todas las acciones de los grupos paramilitares se dieron en el marco del enfrentamiento entre grupos armados. En la versión que rindió el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, alias “Mono Mancuso”, comandante del Bloque Catatumbo, se presentó como un «salvador» de Colombia por haber evitado la expansión y consolidación territorial de los diferentes frentes guerrilleros. De igual forma, en la versión del jefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes, alias el “Águila”, desmovilizado del Bloque Cundinamarca, él señaló lo siguiente: “yo me considero víctima de la guerrilla y del Estado porque no hizo lo que tenía que hacer”. En este mismo sentido se orientaron las afirmaciones del jefe paramilitar Ramón Isaza, alias el “Viejo”, desmovilizado de las Autodefensas del Magdalena Medio, quien exigió del Estado el reconocimiento de una pensión de vejez o de alguna medida compensatoria por los servicios prestados. Por el otro lado, cuando los delitos no son justificados por la supuesta lucha contrainsurgente, lo son como dinámica de «limpieza social» y servicios de seguridad a la comunidad. Un ejemplo claro fue la versión libre de Juan David Velandia, alias “Steven”, desmovilizado del Bloque Autodefensas del Magdalena Medio. Él defendió sus crímenes, alegando que su labor en la organización era en este sentido y, por eso, la mayoría de sus 200 víctimas eran «violadores, prostitutas o drogadictos». No obstante lo anterior, en las versiones libres no ha habido mayores confesiones de este tipo de delitos. En la diligencia de Juan David Velandia, alias “Steven”, él reconoció algunas prácticas que constituían violencia sexual, pero negó airadamente que las mismas obedezcan a una práctica generalizada y sistemática llevada a cabo por los grupos paramilitares; señaló, inclusive, que tales conductas van en contra de los estatutos y reglas de la organización.22 Respecto de las masacres y ataques sistemáticos contra la población civil, gran parte de los desmovilizados que han asistido a las diligencias de versión libre han negado su participación y responsabilidad en la ejecución de estos delitos. Por ejemplo, Hernán Giraldo no aceptó la responsabilidad en los hechos cometidos en las fincas “Honduras” y “La Negra”, aun cuando un juez de la República ya lo condenó a 20 años de prisión por estos casos. En el mismo sentido, el jefe paramilitar Ramón Isaza continúa negando su participación en la masacre de La Negación de los delitos más graves Si bien ha existido una tendencia de los jefes paramilitares a justificar sus delitos por una supuesta confrontación con las guerrillas o como actos de defensa de la comunidad, cuando se ha indagado acerca de hechos de extrema gravedad, como la violencia sexual o las masacres, la respuesta ha sido, en términos generales, negativa. En materia de violencia sexual, aunque en Colombia el subregistro estadístico es muy grande respecto a la realidad, varios informes de organizaciones no gubernamentales (Amnistía Internacional, 2004, p. 1) han detallado cómo los grupos paramilitares la incluyen dentro de su accionar como una práctica sistemática. En general, en el marco del conflicto armado este tipo de conductas son cometidas en forma constante, muchas veces, como una estrategia para crear un miedo abierto y, de esta manera, entrar a controlar el territorio.21 21 La Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señora Susana Villarán, durante su visita a Colombia, en 2005, concluyó que: “[E]l conflicto ar- mado ha profundizado la discriminación y violencia que históricamente han sufrido las mujeres. Las necesidades específicas de éstas todavía no reciben una atención integral de parte del Estado colombiano y sus voces no son efectivamente incorporadas en el diseño de políticas públicas para remediar el impacto especial del conflicto armado en ellas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2006). 22 Vale la pena señalar que, aun después de la desmovilización, se conocen casos de violencia sexual atribuibles a los grupos paramilitares. Un caso documentado por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sucedió en Policarpo, departamento de Nariño, el 29 de agosto de 2006, cuando hombres del grupo paramilitar autodenominado “Organización Nueva Generación” (AUC-ONG) violaron a varias mujeres durante una de sus operaciones. Información dada por la OACNUDH, en el marco del grupo de trabajo de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, conformado por la Coalición Colombia; Benposta, Nación de Muchachos; la Comisión Colombiana de Juristas; la Fundación Dos Mundos; el Comité Andino de Servicios; el Servicio Jesuita para Refugiados; Fedes, así como por el Ministerio Público –Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo–, y por agencias de Naciones Unidas en Colombia. 79 sin Democracia, sin derechos Rochela, a pesar de que todas las pruebas existentes –incluyendo la sentencia internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado por su responsabilidad en ese hecho– comprometen seriamente su responsabilidad. Bibliografía n Amnistía Internacional (2004, octubre). Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados: violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. AMR 23/040/2004. n Cambio (755, 2007, 20-26 de diciembre). Tarea de titanes, p. 30. n Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas (2005). Informe alterno al Comité de los Derechos del Niño. Bogotá, Colombia. n Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Cejil (2007, 18 de julio). Informe sobre la situación de niños, niñas y jóvenes vinculados al conflicto armado en Colombia: falencias en el proceso de desvinculación de niños, niñas y jóvenes de los grupos paramilitares. Presentado a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington D.C. n Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (2006). Desmovilización paramilitar: el Gobierno prohíja la impunidad. En Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Deshacer el embrujo. Alternativas a las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. n Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (1999). Caso de los niños de la Calle (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 227. n Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2006). Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 67, 18 de octubre de 2006. *** En contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha consolidado un cuerpo de decretos, resoluciones gubernamentales y prácticas institucionales de las fiscalías de “Justicia y Paz” que obstaculizan, limitan y, en algunos casos, niegan a las víctimas, familiares y representantes sus derechos a la verdad y a la justicia. Se hace urgente la derogación de la normativa inconstitucional que reglamenta el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y el procedimiento judicial que les cobija, de manera que en su lugar se expida un marco legal que cumpla plenamente los estándares internacionales y postulados constitucionales que reconocen los derechos de las víctimas. n_____ (2007). Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso 80 Impunidad de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales, OEA/Ser.L/V/II, 2 de octubre de 2007. n Grupo Semillas (2007). Editorial. Semillas en la economía campesina, 30. n Defensoría del Pueblo (2002). Informe sobre los derechos humanos de la niñez en Colombia durante el año 2001. Bogotá: Defensoría del Pueblo. n n _____ (2006). Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos. 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Intervención del Vicecontralor General de la República en el seminario internacional Territorio, Patrimonio y Desplazamiento, Bogotá, Colombia. 81 sin Democracia, sin derechos CRÓNICA Las víctimas del paramilitarismo: entre luces y sombras Juan Diego Restrepo E.* La historia de Manuel y Rosa es similar a la de miles de colombianos que, acosados por la guerra, huyeron de sus tierras dejándolo todo, hasta sus muertos. Hoy, frente a los procedimientos previstos por la Ley de Justicia y Paz, reclaman verdad, justicia y reparación. Manuel Henao y Rosa Carvajal fueron obligados por grupos paramilitares a abandonar San Vicente, un municipio del Oriente Antioqueño. Fueron acusados de desarrollar trabajos comunitarios apoyados por la guerrilla. Con seis hijos y la decisión de mantenerse unidos, dejaron todo atrás y se fueron para Medellín. De eso hace ya ocho años. Y no han podido volver. De sus palabras surgen aquellos recuerdos que los llevaron a unirse en matrimonio en 1978. Ambos comprendieron, cada uno por su lado y luego juntos, que su vida no se limitaría a labrar el campo y criar a sus hijos. El propósito era ayudar a sus vecinos, amigos y paisanos a trabajar en comunidad para alcanzar aquellos pequeños desarrollos que les mejoraran su calidad de vida. De sus iniciativas surgieron labores en electrificación rural, mejoramiento de vivienda y construcción de caminos veredales. Los esfuerzos de Manuel y Rosa, apoyados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), los llevaron a ser reconocidos como líderes de la comunidad de San Vicente, pero también a ser señalados por grupos paramilitares como cercanos a la guerrilla. * Periodista de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC). 82 Crónica Tanta capacidad de liderazgo no era posible sin esa supuesta ayuda insurgente, señalaban los comandos paramilitares que operaban en la subregión del Oriente Antioqueño. Por eso había que obligarlos a desplazarse. Corría el año 1999. “Nos salvamos porque me avisaron con tiempo que estaba en la lista negra y debía desocupar el pueblo antes de que nos asesinaran, porque era líder de la comunidad y quien nos acusó se justificó diciendo que lo que habíamos hecho era con el apoyo de la guerrilla”, narra Rosa. Su historia es similar a la de casi cuatro millones de colombianos y colombianas que han sido desplazados de manera forzada. Otros más tuvieron que afrontar la desaparición y la muerte de algunos de sus seres queridos, asesinados tras ser acusados, injustamente, de ser auxiliadores o simpatizantes de la insurgencia. Pero hoy, cuando los mecanismos jurídicos han sido activados en el marco del proceso de negociación y desmovilización que adelanta el Gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), esas víctimas acuden a los despachos judiciales a exigir verdad, justicia y reparación. Pero el reclamo no ha sido fácil. Animados por la vaga ilusión de escuchar que sus parientes están vivos y pronto volverán a casa, que sus tierras les serán devueltas, o que sobre ellos no pesa ya ninguna amenaza, cientos de familiares de víctimas de los grupos paramilitares han asistido, casi que con fervor religioso, a las audiencias de versión libre de los ex comandantes de las AUC ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Algunas personas viajan durante pocos minutos, otras tienen que hacer largas jornadas de viaje, pero unas y otras tienen el mismo destino: llegar hasta aquellos sitios habilitados por la Fiscalía General de la Nación para ver y escuchar a quienes tuvieron bajo su responsabilidad grandes ejércitos ilegales, que en medio de su accionar mataron y desaparecieron a miles de personas, en una guerra que no respetó distinciones entre combatientes y civiles. A esta cita llegan cargadas de esperanzas, pero también de desasosiego, de dudas, de temor. Ser familiar de una víctima del paramilitarismo en este país no es fácil. “Me parece que esta sociedad tiene una mirada o bien ‘miserabilista’ de las víctimas, es decir, ‘pobrecitos ellos’, o bien hay toda una mirada crítica: ‘es que están poniendo mucho problema y están enredando la cosa y no van a permitir que haya un proceso de paz’. Y aquí la paz se pone como un horizonte en donde las víctimas tendrían que entrar a sacrificar sus demandas, lo que ya enreda y hace más complejo el panorama”, dice María Teresa Uribe, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y especialista en temas de conflicto y paz. Desde que comenzaron las audiencias de versión libre de los ex jefes paramilitares, el 19 de diciembre de 2006, en aplicación de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, cientos de personas en Bogotá, Medellín y Barranquilla, los han escuchado atenta y pacientemente, esperando que de sus trágicas narraciones afloren los nombres de sus esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, nietos y nietas, y se enteren de una vez por todas por qué los desaparecieron, qué pasó con ellos, si están vivos o muertos, y si perecieron, dónde están sus restos. En muchas ocasiones, la espera ha sido vana, pues aquellos que declaran no dan detalles de sus acciones ni de las de sus hombres. Se limitan a justificar su guerra, incluso ofendiendo a las víctimas, tal como lo hizo, el 7 de junio de este año, Fredy Rendón Berrío, alias el Alemán, comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, cuando en medio de sus descargos ante el fiscal, las llamó “amigas invisibles”, y agregó que aquellos que fueron asesinados eran integrantes de grupos insurgentes, “que fueron neutralizados”. 83 sin Democracia, sin derechos Barranquilla y Medellín han vivido expresiones de apoyo, solidaridad, agradecimiento y afecto de ex combatientes y sus familias, así como de simpatizantes de la causa paramilitar, a los ex comandantes. Ejemplo de ello ocurrió el 7 de junio de este año en las afueras del edificio de la Justicia de Barranquilla, donde se congregó un grupo de indígenas de las etnias koguis, arhuacos y arsarios provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, para presentarle sus saludos y respetos al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien comandó el Bloque Tayrona de las AUC. Pero donde más se dieron manifestaciones masivas de apoyo a los ex comandantes fue en Medellín. Las confesiones de Fredy Rendón Berrío, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, y de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, sobre masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas de comunidades campesinas, negras e indígenas, estuvieron acompasadas por nutridos grupos que, incluso, llegaron al centro administrativo La Alpujarra con papayeras, grupos vallenatos y pasacalles con frases de afecto y solidaridad, con la permisividad de la Alcaldía de Medellín, pues en ningún momento salió a cuestionarlos y, al contrario, les restringió el espacio a las organizaciones de víctimas que acudían al edificio de Justicia a expresar su rechazo a la guerra y a reclamar una verdadera justicia, con verdad y reparación. Las familias de las víctimas no sólo han tenido que soportar las masivas expresiones festivas a favor de los ex jefes paramilitares, sino la soberbia de éstos, quienes no han evidenciado en sus versiones mayores signos de arrepentimiento. Además, se han visto enfrentadas a persecuciones, maltrato y a la muerte. “Por eso es que a las audiencias públicas no hemos ido, porque no tenemos la protección que el Estado nos debe brindar, yo realmente me siento perseguida, me siento con miedo”, explica Rosa, quien de manera abierta expresa que no le interesan las audiencias de los ex comandantes de las AUC: “¿Sabe qué nos interesa? Que nuestras víctimas estén muy bien, como lo están los victimarios; que tengamos derecho a lo que verdaderamente el Estado nos tiene que ofrecer. Es que no podemos seguir así a la deriva, escondiéndonos de parte y parte, y que se nos brinde la protección debida, porque si no nos dan protección no podemos estar ahí. A quienes van a las audiencias salen señalados y los matan”. Y de inmediato surge el nombre de Yolanda Izquierdo, quien murió asesinada el 31 de enero de 2007, simplemente por reclamar la verdad sobre el despojo de tierras en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Y es justamente sobre la falta de protección a las víctimas que Human Rights Watch llama la atención: “En el país no hay una protección real para las víctimas. La ley general dice que deben participar en el proceso, y la Corte Constitucional ha establecido una serie de derechos que tienen las víctimas en materia de participación, pero para poder participar realmente tienen que recibir ciertas garantías de seguridad y aún no están dadas”, explica María McFarlan, especialista en Colombia de esta organización no gubernamental estadounidense, y de paso cuestiona al Gobierno nacional porque, a su juicio, no hay acciones eficaces en ese sentido: “acaba de aprobar un decreto sobre protección a víctimas, que dice, básicamente, que se va a establecer un programa y que lo van a diseñar, pero avanza muy lentamente”. 84 Crónica Al respecto, Rosa se pregunta: “¿Cómo se justifica que una persona que causó tanto terror y tanta angustia y tanto dolor sea beneficiada por el Estado, mientras que nosotros, las víctimas, estemos solas, abandonadas?”. Y esta líder de la ANUC no vacila en responder: En Colombia no se ha establecido una ley para las víctimas, pero sí para los victimarios, a quienes se les ha prestado más atención y se les ha brindado el apoyo necesario para ellos vivir con sus familias. A las víctimas no. Salimos desplazadas del campo, llegamos a la ciudad, muchas veces sin conocer un semáforo, sin saber pasar una calle y analfabetas, recorremos calles haciendo lo que nunca hemos hecho, porque nuestro entorno es el campo, nos llevan de oficina en oficina, de investigación en investigación, y quedamos en las mismas. Iván Cepeda Castro, uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, e hijo del asesinado senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, rescata los aspectos organizativos y de visibilización de las víctimas que han surgido en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Centra su apreciación en aquellos avances logrados a partir del trabajo de organizaciones de derechos humanos y de víctimas que, desde hace varios años, incluso antes de aprobarse la Ley y de que se comenzara a hablar de verdad, justicia y reparación, adelantaron una labor de documentación de los casos, de promoción de iniciativas contra la impunidad, y de memoria histórica; le suma a ello, las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, que han dinamizado el proceso penal contra los ex comandantes paramilitares, las decisiones de la Corte Constitucional tendientes a fortalecer la Ley de Justicia y Paz, y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Este proceso no se mueve sino es a partir de presiones externas a la misma Ley de Justicia y Paz, por ello no quisiéramos que este balance quede subsumido en parte de este proceso; reconocemos que es una parte importante, pero no es la totalidad. Esos otros espacios han generado para las víctimas posibilidades que son muy importantes y que forman una parte sustancial de todo el panorama”, dice Cepeda. No obstante, el activista en derechos humanos reconoce las limitaciones que la Ley le impone a las víctimas: “La participación de las víctimas en las audiencias es todavía mínima, porque no se han creado las condiciones de infraestructura ni de transporte para que miles de personas puedan acceder a estas instancias, pero además porque existe una grave falta de garantizar el derecho a la protección y a seguridad, así como el hecho de que la defensa legal sea inexistente, desproporcionado entre abogados y asesores legales para el universo de víctimas existentes”. Además, resalta que pese a las evidencias sobre las reiteradas violaciones de la Ley de Justicia y Paz por parte de los ex paramilitares, aún no se genera ningún tipo de medidas sancionatorias, sólo se han impuesto algunas acciones de segundo orden, como por ejemplo el traslado de cárcel, pero lo sustancial, que ha sido contribuir al desmantelamiento del grupo, entregar bienes de manera significativa y contribuir a la verdad, ha sido un permanente forcejeo en el que los paramilitares se callan los aspectos más importantes de la verdad. 85 sin Democracia, sin derechos Manuel, el campesino de la ANUC, intuye qué se silencia: “El paramilitarismo en Colombia no es representado por los victimarios, por los que masacraron a la gente, esos son los peones de la guerra. Los verdaderos promotores del paramilitarismo están en la sombra, hay empresas, industriales, que apoyaron eso y nadie se ha atrevido a denunciarlos”. La reflexión de este labriego antioqueño le sirve a Cepeda para expresar su preocupación por lo que él llama “el significado y el sentido de los hechos del paramilitarismo en Colombia”. A su juicio, el país ya no necesita una elaboración cuantitativa de hechos. “Está claro que los paramilitares asesinaron y desaparecieron a miles de personas, por eso sentarse ante un fiscal con una lista de nombres no es la revelación de la verdad. La verdad debe consistir en entender el significado y el sentido que han tenido sus acciones, aquí no es un problema de descripción de los hechos criminales sino de entender su lógica. Es allí donde se revelaría realmente la historia del paramilitarismo en Colombia”. Cepeda señala que desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se le ha propuesto a la Fiscalía General de la Nación aplicar en sus investigaciones el modelo propio de los crímenes de lesa humanidad. La idea es darles un carácter sistemático a los crímenes que se están revelando con el fin de desarrollar patrones metodológicos de investigación que permitan revelar, más allá de hechos puntuales y aparentemente inconexos, la verdad sobre el paramilitarismo y, en particular, la verdad acerca de sus gestores y beneficiarios reales. En ese sentido, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha insistido en que las contadas revelaciones sobre la responsabilidad de terceros que no están incluidos dentro de la Ley de Justicia y Paz deberían ser investigadas, entre ellos los militares, miembros del alto Gobierno, y también de empresarios, terratenientes y ganaderos. Para llegar allí es importante la fase siguiente a las audiencias de versión libre, que consiste en los interrogatorios de los fiscales. Ahí es donde solicitamos que interroguen de manera clara y exhaustiva, y se hagan preguntas con el modelo de investigación propuesto, para que las víctimas puedan conocer las causas y los beneficiarios del accionar paramilitar”, precisa Cepeda. Cepeda insiste en que los fiscales deben ser exhaustivos en aclarar cuáles son las estructuras financieras de las empresas criminales creadas por los paramilitares, dónde están invertidos los capitales, qué ha pasado con las tierras usurpadas y cuáles son las nuevas modalidades de testaferrato. “Si esa maquinaria queda intacta, se generan condiciones para que estos sectores que han ejercido la violencia y no muestran ningún arrepentimiento vuelvan a repetir”, sentencia Cepeda. Pero en ese panorama aparece una propuesta cuestionable: la reparación de las víctimas por vía administrativa, presentada en mayo pasado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como una medida eficiente para retribuirles a las víctimas sus pérdidas humanas y materiales de una manera más ágil, pues por la vía judicial será un proceso demorado. El temor sobre la reparación administrativa es que podría dejar por fuera cualquier discusión sobre la usurpación, robo y compra a bajo precio de tierras. 86 Crónica Si se aplica con un criterio monetario e indemnizatorio, se convertiría en un mecanismo de impunidad. “Reconocemos que muchas víctimas viven una situación económica muy difícil, pero el problema es que la reparación por vía administrativa suplante o niegue cualquier investigación de fondo sobre el poder económico de los paramilitares”, afirma Cepeda y advierte que el actual proceso “no generará condiciones de no repetición satisfactorias si, al final de él, los paramilitares y sus aliados terminan con sus riquezas intactas”. Mientras que las discusiones judiciales, administrativas y políticas se suceden una tras otra, personas como Manuel Henao y Rosa Carvajal esperan volver a su pueblo a continuar trabajando en la dignificación de la vida campesina. Hoy, su vida, como la de miles de víctimas, se mantiene en un claroscuro, pero todos sueñan con la luz al final del túnel, a donde esperan llegar con vida. Esa debe ser la recompensa a tanto dolor. 87 sin Democracia, sin derechos les a s r e u t l l a u c u l t ucri a l e s y c y so , s s e o l c i a i c nóm o o s c e , s s o micoDerech 88 odos? ara t p o l l o r r esa ¿D Yepes* Alberto El enfoque de los Objetivos del Milenio (ODM) ha sido utilizado en Colombia de manera perversa, como si se tratara sólo de reemplazar la política social por un programa de asistencias mínimas para mantener a los pobres en los niveles básicos de la subsistencia biológica, pero sin garantizarles acceso integral a todos los niveles de los derechos humanos básicos y sin poner en cuestión la injusticia del sistema de desigualdad en su conjunto. Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso pleno a los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (DHESC), de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin ningún tipo de discriminación, por el solo hecho de ser personas, mas no por ser pobres o haber sido clasificados en situación de extrema pobreza. Las metas sociales contenidas en la Declaración del Milenio,1 conocidas como Objetivos del Milenio (ODM), cuya intención es desarrollar acciones contra la pobreza de los sectores víctimas del modelo económico y social imperante en los últimos años, no reemplazan las obligaciones generales y, por el contrario, tienen sentido en cuanto signifiquen compensaciones adicionales a los sectores más pobres de la población, que los habiliten para ejercer, en pie de igualdad, el goce pleno de sus derechos humanos sociales. Como prestaciones suplementarias que buscan garantizar lo mínimo de lo mínimo2 a los sectores más rezagados de la sociedad, los ODM fue- * Coordinador Campaña Colombia sin Pobreza, investigador de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), organización integrante de la Coordinación Nacional de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 1 “En el año 2000, en el marco del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, del 6 al 8 de septiembre, que reunió a 191 países, representados por sus más altas autoridades, incluyendo a 147 jefes de Estado y de Gobierno. En esta Cumbre se adoptó la Declaración del Milenio.” (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, s.f.). 2 Así concebidos, los ODM son un conjunto de asistencias sociales mínimas que buscan aliviar la penosa situación de los sectores más pobres en el mundo, los cuales, sin embargo, al estar formulados por debajo de los estándares mínimos, establecidos desde hace más de 40 años 89 sin Democracia, sin derechos ron acordados en una dimensión muy restringida, limitada y minimalista de la asistencia social a los pobres, con el fin de que pudieran ser alcanzados incluso por los países más empobrecidos y de menos recursos, como los países del África Subsahariana. Pero, en América Latina y sobre todo en países clasificados como de ingreso medioalto como Colombia, estos objetivos resultan claramente insuficientes y limitados, y en ausencia de coberturas universales de la política social representan un marco inadecuado para luchar eficazmente por la eliminación de la pobreza. De ahí que la misma Declaración del Milenio obligue a los países firmantes a adaptar sus metas –a partir de este piso mínimo– a los niveles de desarrollo alcanzados, a los recursos disponibles y a las condiciones sociales de su propia población. Es decir, los ODM no suplen, ni sustituyen las obligaciones internacionales y constitucionales que el Estado colombiano tiene con el logro y la garantía plena de los DHESC, ni eximen de avanzar progresivamente y con eficacia para su cumplimiento y garantía para todos y todas. Un Estado que no ha tenido la voluntad para garantizar a gran parte de la población ni siquiera los niveles mínimos esenciales de los DHESC, y que ha sido señalado reiteradamente en distintas instancias de las Naciones Unidas por incumplir obligaciones esenciales asumidas en virtud del Pacto Internacional que los consagra,3 no puede utilizar el pretendido compromiso con los ODM para desmontar las garantías básicas que en esta materia se han logrado,4 y al mismo tiempo presentarse nacional e internacionalmente como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen un retroceso frente a compromisos anteriores. 3 Se hace referencia principalmente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 1968. 4 Tal y como se ha venido haciendo, por ejemplo, con el reciente recorte de las transferencias, que disminuyó la fórmula que la Constitución de 1991 consagraba para la provisión de algunos derechos sociales, con la reforma tributaria y las innumerables privatizaciones de grandes empresas sociales del Estado, como Telecom, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y Ecopetrol. 90 Derechos económicos, sociales y culturales el país campeón en el cumplimiento de las Metas del Milenio.5 El uso perverso y antisocial de los ODM Los objetivos de la Declaración del Milenio tienen que ver con la disminución a la mitad de la pobreza extrema y el hambre; garantizar agua potable a la mitad de la población que no la tiene; educación, pero únicamente hasta el nivel primario; promover la igualdad de género, pero sólo en lo que respecta a cobertura paritaria de educación; reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños y las niñas menores de cinco años, y en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna; combatir y evitar la propagación de enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH/sida; promover la incorporación de los principios del desarrollo sostenible; y lograr una “alianza mundial para el desarrollo” con algunos compromisos financieros y comerciales entre países ricos y pobres. A primera vista, estas metas parecen un logro frente a la realidad de exclusión e injusticia globalizada, pero, en verdad, la Declaración se rige por una perspectiva de mínimos, de modo que las políticas sociales puedan seguir siendo asumidas en una lógica legitimadora y compensatoria de los daños inevitables que producen las políticas económicas, cuando éstas se sostienen en el modelo de organización global que prioriza al mercado como regulador del acceso a los bienes básicos. Así, los ODM permiten continuar con las políticas de ajuste macroeconómico en los países en desarrollo, sin poner en cuestión las causas que generan y amplían la desigualdad, y reproducen las dinámicas de concentración económica neoliberal. Éticamente, no es sostenible una interpretación de la Declaración que admita que existiendo recursos sufi- 5 En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 2007, el presidente Uribe afirmó: “tenemos tres objetivos de Gobierno: consolidar la seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y lograr nuestro programa social, más ambicioso que las metas de los Objetivos Sociales del Milenio, que aspiramos a cumplir antes de la fecha prevista por las Naciones Unidas” (Semana. com, 27 de septiembre de 2007). cientes en la humanidad para solucionar el hambre y la pobreza en el mundo, sólo se busque aliviar a la mitad de la gente que las padecen hoy, y que la otra mitad pueda morir de hambre o de sed, más aún, cuando instancias de Naciones Unidas afirman que la producción potencial de alimentos en el planeta tiene capacidad para abastecer a 12 mil millones de seres humanos,6 es decir, al doble de la población mundial, quedando claro que el problema del hambre y la pobreza no depende de la escasez, sino de la distribución injusta, es decir, no es un asunto de carencias, sino de falta de voluntad política y conciencia ética. Coherente con esa lógica de mínimos, el Estado colombiano, que suscribió la Declaración en 2000, ha visto en la promoción de los ODM la mejor coartada para reducir y desmontar sus obligaciones frente a la realización de los derechos sociales. Por medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el Gobierno lanzó el Documento Conpes 091 de marzo de 2005 como el plan estratégico para cumplir las Metas del Milenio,7 el cual aparece con cinco años de retraso frente a lo pactado internacionalmente, ya que las medidas para poner en práctica tales compromisos debieron ser implementadas desde 2000, fecha de adopción, y estipuló 15 años para su cumplimiento. Incluso, decidió apartarse del compromiso universal de lograr tales metas al año 2015, corriendo la fecha al año 2019, para, según su visión provincial, hacer coincidir los logros con la celebración del II Centenario de la Batalla de Boyacá, para lo cual incluyó las metas sociales de los ODM en el documento denominado Visión 2019 - Segundo Centenario. Paralelamente, diseñó y puso en funcionamiento algunos programas asistenciales de transferencias de subsidios condicionados a una parte de la población definida 6 El Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, ha expresado que “El hambre no es inevitable, porque el planeta tiene capacidad para producir alimentos que aporten 2.100 kilocalorías por día a 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial actual. Lo que se requiere es un compromiso político para poner fin a las injusticias y la corrupción, que hacen a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Necesitamos soluciones políticas, y no complicadas soluciones técnicas” (cfr. Raja, 2005). 7 DNP-Conpes Social (2005). previamente como en situación de extrema pobreza. La Red Juntos para la Superación de la Pobreza Extrema,8 presentada como eje de la estrategia nacional para el cumplimiento de los ODM, es un plan basado en subsidios, de por sí precarios, para 1.500.000 familias, distribuidos a través del Programa Familias en Acción.9 Las metas del Programa prevén que de este número de familias que van a ser atendidas durante el cuatrienio, un 80% deberán “egresar” del Programa en el mismo período. Aunque no se especifica muy bien qué quiere decir con ello, puede suponerse que si el Programa está destinado a la población en pobreza extrema, “egresar” puede significar algo así como “graduarse” y pasar a ser simplemente pobre o pobre a secas y engrosar la alta porción de la población colombiana que constituye el resto de los pobres extremos no seleccionados; los pobres moderados, los trabajadores y las capas medias, que suman casi el 60% de la población colombiana, y que tendrán que arreglárselas por su cuenta, adquiriendo en el mercado los servicios y derechos sociales que antes estaban en cabeza del Estado, y para cuya financiación la Constitución de 1991 había establecido una fórmula de participación progresiva, que hoy ha sido desmontada por la reforma constitucional al Sistema de General de Participaciones.10 Para que el cuadro fuera completo, el Gobierno contrató, a un elevado costo económico, a un grupo de téc8 Departamento Nacional de Planeación (2007a). 9 A partir del año 2007, el monto de los subsidios condicionados que Familias en Acción entrega cada dos meses a las familias beneficiarias seleccionadas es $100 mil para nutrición por familia, $30 mil por niño para educación en primaria y $60 mil para secundaria (Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia de Bogotá, 2007). 10 Hoy existen 600.000 Familias en Acción y la meta gubernamental es alcanzar 1.500.000 familias. Para ello se tiene proyectado manejar un presupuesto para el programa de Familias en Acción y conexos de 18,7 billones de pesos en el cuatrienio, que corresponden justamente a los cerca de 5 billones de pesos anuales que se han sustraído a las regiones mediante la reforma constitucional que traslada los recursos de transferencias por salud y educación a la bolsa para la política social, gestionada ahora desde una agencia de manejo directo de la Presidencia de la República. 91 sin Democracia, sin derechos nicos de clara orientación neoliberal, a los que denominó “Misión para el Diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Desigualdad”,11 con el cometido de diseñar una metodología que pudiera demostrar –contra toda evidencia– que la pobreza se habría reducido de manera acelerada desde comienzos del actual gobierno. Producto de sus “estudios”, la Misión estableció que la pobreza se habría reducido un 19,1% entre 2002 y 2006, de modo que ahora solo el 45,1% estaría en tal situación, en tanto que el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema se habría reducido casi a la mitad en los últimos cuatro años, al pasar del 22% al 12% de la población.12 Esta última fracción sería la afortunada beneficiaria de los subsidios condicionados de Familias en Acción; claro está, si las familias allí incluidas tuvieren la suerte de ser seleccionadas como beneficiarias de los programas oficiales. La interpretación amañada de la Declaración del Milenio realizada por el Gobierno colombiano no consiste solamente en utilizar el piso mínimo de los compromisos como meta máxima a lograr, sino que, peor aún, en varios de los ODM asumidos ni siquiera se respeta el mínimo formulado. Por ejemplo, en cuanto a las metas sobre educación, persiste la negativa del Estado colombiano a cumplir con la obligación de garantizar a los niños y las niñas educación básica de manera gratuita y con calidad, siendo el único país en la región que aún no la ha satisfecho. Este Gobierno, con su insistencia exclusiva en la cobertura y en la reducción de costos, ha llevado a que la educación que se ofrece en Colombia esté entre las de peor calidad en el mundo, como lo acaba de revelar una evaluación de la OCDE, en la cual Colombia ocupó el puesto 53 entre 57 países seleccionados (eltiempo.com, 2007, 4 de diciembre). Otro tanto se evidencia en la formulación de la Estrategia Nacional de Salud. Las metas señaladas se encuentran muy por debajo del compromiso acordado: con respecto a la salud de las mujeres, la meta del milenio de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes (75%) fue planteada por debajo de la mínima, proponién11 Departamento Nacional de Planeación (2007b). 12 Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (2007). 92 Derechos económicos, sociales y culturales dose solamente reducir en un 55% este indicador para el año 2015.13 Más grave aún es la situación en cuanto a la prevención y atención del VIH/sida, por cuanto la meta de detener y comenzar a revertir la propagación de esta epidemia se formuló mediante un objetivo nacional que no refleja ninguna disposición para detener su expansión. En efecto, partiendo de un nivel de referencia de 0,4% de prevalencia de VIH/sida entre la población en el año 1990, lo que se propone es que no supere el 1,2% en la población de 15 a 49 años,14 es decir, tres veces la proporción inicial, con lo cual, en realidad, se tendría en el año 2015 un verdadero problema nacional de salud pública. A la anterior situación se llega después de apreciar que el Objetivo del Milenio para la cobertura nacional de antirretrovirales solo se aumentará en un 15% para el año 2010 y en un 30% para el año 2015. La razón –aunque el documento no lo dice– está en los impactos que en el acceso a los medicamentos esenciales tendrán tanto la firma del TLC con EE. UU. como el Acuerdo de Asociación Económica con Europa. En un país donde cerca del 40% de la población no tiene afiliación al sistema de salud, y donde sólo se ofrece medicamentos a uno de cada 10 de los 240.000 infectados de VIH/sida,15 y en un contexto en donde entre el 50% y el 90% de los medicamentos es pagado del bolsillo del consumidor, el encarecimiento de los precios de los medicamentos –que se calcula en un 250% como consecuencia de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio–,16 los costos económicos en salud y en vida para la mayoría de la población serán la contrapartida del gran negocio para las multinacionales farmacéuticas.17 Como consecuen13 La mortalidad materna pasará de 100 por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a solo 45 por 100.000 nacidos vivos y no a 25 por 100.000 (75% de reducción), como era el compromiso (DNP-Conpes Social, 2005, p. 21). 14 DNP-Conpes Social (2005, p. 24). 15 El Tiempo (2004, 2 de mayo, Editorial). 16 Holguín (2004, p. 6). 17 Las pérdidas para el país por la entrada en vigor de las normas sobre patentes en el TLC con Estados Unidos varían desde los 750 millones de dólares anuales, según cálculos de Fedesarrollo (2003) hasta los 940 cia, 7 millones de afiliados al sistema de salud perderían el acceso a los medicamentos y los servicios de salud, y 4.400 enfermos de sida cada año perderían el acceso a los antirretrovirales, lo que causaría su muerte en un lapso promedio de cinco años (Holguín, 2005, 12 de junio). Las metas del Gobierno para los ODM ni siquiera acogen las denominadas quick wins (ganancias rápidas) que el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas formuló para garantizar criterios básicos de aplicación de las metas que permitieran avanzar rápidamente en su consecución, y tener indicadores controlados para su avance.18 Su formulación ha sido utilizada, incluso, para hacer propuestas que lesionan los intereses de los pobres y las mayorías en Colombia, como el Proyecto Visión Colombia 2019, que, en realidad, constituye una estrategia propagandística para la reconfiguración económica y social del país, buscando hacerlo atractivo a los inversionistas internacionales, las élites económicas, los ganadores con los tratados de libre comercio, los dueños de los agronegocios y los nuevos sectores recién llegados a la vida legal después de lavar sus activos, aprovechando el marco del proceso de negociación con el paramilitarismo.19 millones de dólares, según estudios de la Organización Panamericana de la Salud (citado por el director general de Misión Salud Germán Holguín (2005, 12 de junio). Desarrollo para pocos El Gobierno nacional ha declarado que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, se caracteriza, ante todo, por un gran énfasis en lo social. Desde el discurso de posesión para su segundo período, el presidente Uribe viene declarando que el nuevo mandato será el del corazón grande (acento en lo social), ya que en el primer periodo puso el acento en la mano firme (prioridad en seguridad). Para poner a latir el “corazón grande”, el Plan de Desarrollo anunció que los resultados principales en materia de reducción de la pobreza se obtendrán de la combinación de la estrategia de crecimiento económico con las políticas asistenciales focalizadas. Es la aplicación de la teoría del goteo, según la cual los pobres reciben cuando la prosperidad económica hace caer migajas de la mesa de quienes se benefician de la acumulación del crecimiento económico, cuando su copa rebose de abundancia. En efecto, se plantea que “una premisa fundamental de este plan es que el crecimiento económico es precondición para la superación de la pobreza”. Es decir, la estrategia principal para reducir la pobreza es el crecimiento mismo. La disminución de la pobreza, en esta concepción, vendría como un efecto colateral del aumento del crecimiento económico. 18 La primera de estas quick wins, referida a la garantía de la educación gratuita, urge a los gobiernos a “eliminar gastos escolares y de uniformes, para lograr que todos los niños, especialmente las niñas, no queden por fuera de la escuela por la pobreza de sus familias” (Cfr. UN Millenium Project, 2005, p. 26). En contravía de esta prescripción, Colombia es ahora el único país del continente en donde todavía se imponen cobros por la educación básica a los niños, luego de que Nicaragua y Bolivia eliminaran recientemente dichas tarifas. Esta formulación presenta varios inconvenientes: en primer lugar, desconoce que el crecimiento económico reciente en Colombia es altamente concentrador, excluyente y especulativo, como lo demuestra el hecho de que los sectores que actualmente jalonan el crecimiento –construcción, transporte, telecomunicaciones, importaciones y minería– están concentrados, generan muy poco empleo y son representados mayoritariamente por consumos suntuarios –construcciones lujosas, casa de recreo, importaciones de vehículos–, o por la configuración de una economía mafiosa que aprovechó la negociación con 19 Estos sectores latifundistas buscan así la legalización de los capitales ilícitos, de los recursos del narcotráfico y de las tierras acumuladas mediante el despojo a más de 3,5 millones de desplazados a través de su dedicación a negocios prósperos y atractivos para la comunidad internacional, como los agronegocios, la especialización del país en agrocombustibles, la exportación de biodiversidad, bosques, recursos mineros, privatización de las aguas, y la configuración de una economía neocolonial de enclaves exportadores en medio de una masa de población cada vez más empobrecida, dócil, sometida y controlada mediante el terror y los mecanismos de control social previstos en las estrategias de la seguridad democrática. Para un mayor análisis en este punto, véase en esta publicación, González Posso, Camilo. ¿Desmonte del narcoparaestatismo? 93 sin Democracia, sin derechos los grupos paramilitares para legalizar los patrimonios y riquezas obtenidos ilegalmente y ahora reciclados en la economía legal. En segundo lugar, la dependencia de las metas de reducción de la pobreza de los avances en el crecimiento económico constituye un verdadero sofisma, en el que ya cada vez se cree menos. En la crisis de 1997, Colombia fue el único país de América Latina que creció a tasas positivas de manera constante durante 60 años, y, sin embargo, en todo este período, la pobreza jamás se redujo por debajo del 50% de la población. Por el contrario, sirvió para concentrar el crecimiento en las élites económicas de manera tan abismal que se configuró como uno de los países en donde la brecha económica entre ricos y pobres es una de las más elevadas del mundo. El argumento sine qua non del crecimiento económico para eliminar la pobreza es contrafáctico y, a pesar de la retórica enunciada, el Plan de Desarrollo no tiene una estrategia para ello. Si bien el documento señala que “la estrategia de lucha para la superación de la pobreza extrema, pilar de la política social durante el cuatrienio 2006-2010, es una estrategia para llevar todos los instrumentos de política social a un universo amplio, 1,5 millones de familias, para reivindicarlas, y para que logren evadir las trampas de pobreza en las cuales se encuentran”, no hace referencias adicionales sobre cómo afrontar los asuntos de “la pobreza”, sino que se limita a “la pobreza extrema”, es decir, a la situación de aquellas personas a quienes los impactos del modelo y la concentración de la riqueza los ha obligado a funcionar socialmente con ingresos por debajo de los requerimientos mínimos para la subsistencia humana. La compensación monetaria que hace el Estado con los subsidios no está remediando los daños irreparables que el modelo económico viene haciendo sobre la salud, en los planes de vida o en las expectativas vitales de las personas más necesitadas. Mientras se atiende a un grupo de gente focalizada como pobres extremos, se pone en riesgo de pobreza a todo el resto de la población, a la que no es considerada como extremadamente pobre y a la gente de las capas medias. Ciertamente se atiende a la pobreza extrema, pero se multiplica el riesgo de la pobreza en la sociedad. Pero incluso frente a este numeroso 94 Derechos económicos, sociales y culturales sector de la población, no se plantea su atención universal mediante una apuesta por la erradicación o superación de sus necesidades, sino solamente una estrategia de “reducción”. La Corte Constitucional señaló recientemente, con respecto a los indicadores para la atención de la población desplazada, que una política que solo busque mantener a los más vulnerables por encima de la línea de indigencia o pobreza extrema, pero por debajo de la línea de pobreza, es violatoria de los mandatos constitucionales. Esto se aplica a todos los supuestos con base en los cuales se ha construido la estrategia nacional para los ODM, lo cual permite plantear juicios sobre su inconstitucionalidad. Por otro lado, las políticas en lo social puestas en marcha por el actual Gobierno son de corte regresivo y han llevado a un enorme desbalance entre los fondos de acumulación del capital y los fondos sociales del consumo, a favor de los primeros. Como consecuencia de la reforma laboral establecida al comienzo del primer período presidencial, los trabajadores sufrieron pérdidas superiores a los 2,1 billones de pesos entre 2003 y 2006, ocasionadas por la ampliación de la jornada laboral diurna hasta las 10 p.m., y la reducción en el costo de las horas extras diurnas y nocturnas y de los dominicales y festivos (eltiempo.com, 2007, 18 de octubre). Las políticas en contra de los trabajadores adoptadas en los últimos años han conducido a la desaparición de la relación salarial,20 lo que se expresa en una disminución de la proporción de los trabajadores asalariados frente a los independientes, en un deterioro de los ingresos laborales, aumento de la informalidad y expansión de la contratación temporal (Giraldo, 2007, p. 255). En un país cuyo crecimiento económico ha sido elevado en los últimos años, llegando en 2006 al 6,8% y en los primeros nueve meses de 2007 al 7,35%,21 y en don20 La participación de los salarios en el total del ingreso nacional ha disminuido de un 35,5% del PIB en el año 2000 a un 34% en 2005, evidenciando no solo el empobrecimiento de las clases que viven del trabajo sino un despojo y concentración de ingresos en las clases que viven de las rentas (Cfr. Sarmiento, 2006). 21 eltiempo.com (2007, 21 de diciembre). de los recaudos tributarios se han incrementado ostensiblemente, resulta cuestionable que el “Desarrollo para Todos” tenga metas tan limitadas y excluya a amplias porciones de la población colombiana. En contraste, los beneficios del sector financiero y de las grandes empresas nunca habían sido tan enormes como en los últimos cinco años,22 desvirtuando de manera clara las afirmaciones oficiales de que el crecimiento económico y las políticas asistenciales “no solo han reducido la pobreza sino también la desigualdad económica”.23 La disputa por el control social de los pobres La Constitución de 1991 había logrado las bases de un pacto para la gestión democrática de la política social, mediante el cual la atención a las necesidades sociales de la población se hacía por medio de las mismas comu22 En 2006, los ingresos operacionales de las 100 más grandes empresas crecieron un 22% y llegaron a la astronómica suma de 145 billones de pesos. Un informe económico expresó que “2006 fue un año excepcional para las 1000 empresas líderes del país”, al punto que “ninguno de los dueños de las empresas más grandes de Colombia pensó que los resultados fueran a ser tan sorprendentes” (Semana.com, 1304, 2007, 28 de abril). Un año antes, otro estudio informaba que “2005 pasará a la historia como un año de excepcionales ganancias para las empresas líderes del país”, pues “las ventas de las 1.000 compañías más grandes de Colombia aumentaron 16 por ciento y sumaron 217 billones de pesos. Esto equivale al 76 por ciento del producto interno bruto, o sea, tres cuartas partes del total de la producción del país” (Semana.com, 1251, 2006, 22 de abril).En el año 2005, las utilidades del sector financiero fueron de 5,5 billones de pesos, “las mejores utilidades de su historia”, según la Revista Semana, situación que al compararla con las enormes desigualdades, llevó a que “los obispos colombianos hasta tildaron al sector de indolente” (Semana.com, 1251, 2006, 22 de abril). La concentración de riqueza en manos del sector financiero sigue actualmente en su mejor momento, pues para el año 2007 “las utilidades acumuladas del sistema financiero consolidado entre enero y octubre alcanzan un monto de $7,82 billones, lo que significa un aumento de $556.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior”, según un reciente informe de la Revista Dinero (2007, 27 de noviembre). 23 Véase en esta publicación: López Montaño, Cecilia. Un modelo pro rico. nidades locales, quienes, autónomamente y con escasa intervención de las autoridades nacionales, definían sus prioridades y ordenaban los gastos correspondientes. Se acordó que las políticas sociales, sobre todo en materia de provisión de agua potable, saneamiento básico, salud y educación, serían competencia de los municipios y departamentos, mediante la transferencia a éstos de un porcentaje creciente de los tributos que la Nación recaudaba, con base en los principios de descentralización, participación ciudadana, transparencia e injerencia mínima de los ejecutivos nacionales. De este modo, cerca del 85% de los recursos para atender servicios sociales fueron administrados en el pasado reciente por los entes territoriales. Exaltado por la popularidad que le reportan los consejos comunales y el realce de su protagonismo a través de la distribución directa de partidas para atender gastos sociales,24 el Presidente vio en la propuesta de Estado comunitario, aprobada ahora como nuevo Plan Nacional de Desarrollo, una oportunidad para disputarles a los mandatarios locales y a las entidades territoriales el manejo del gasto social y atención de las necesidades sociales de los pobres. La Reforma Constitucional recientemente aprobada le permitió entonces apoderarse de las transferencias que, de acuerdo con la Carta Magna, les correspondían a los municipios y departamentos, para ahora manejarlas directamente desde el trono presidencial. La implementación del Acto Legislativo 04 de 2007, que reformó nuevamente la fórmula de distribución de las transferencias de la Nación a los entes territoriales, conlleva una pérdida para su garantía de entre 66,2 billones de pesos25 a 76,6 billones26 de pesos entre 2008 y 2016. Por una anterior reforma, los entes territoriales habían dejado de recibir más de 16,5 billones de pesos en el período 2002-2008 para financiar los gastos de sa- 24 Por ejemplo, asignando cupos en el Sisben, subsidios de Familias en Acción, cupos en el SENA, construcción de escuelas, arreglo de vías, canalización de quebradas, subsidios alimentarios y desayunos escolares del ICBF, etc. 25 Avellaneda (2007). 26 Ramírez (2006). 95 sin Democracia, sin derechos lud, educación, agua potable y saneamiento básico, según informes de la Federación Colombiana de Municipios (Toro, 2006). Este recorte significa que más de 5 billones de pesos anualmente les son despojados a los municipios, para ponerlos en manos del Gobierno nacional a través de la Agencia Presidencial de Acción Social, que por medio del Programa Familias en Acción distribuirá de manera centralizada subsidios por un valor de 18,7 billones de pesos durante el cuatrienio. Como en todo caso los recursos para subsidios para gastos de educación, salud y alimentación son escasos y la cobertura insuficiente, los millones de pobres terminan compitiendo entre sí para mostrar quién es más miserable, mientras detrás de ellos se fortalece un red clientelar de proveedores y políticos que se benefician en las urnas de la inscripción o continuidad de una familia en el Programa. Esta perversa dinámica también acrecienta los problemas de discriminación. Ser pobre y destinatario de ayuda estatal va creando un estigma y a la larga un sentimiento de humillación pública. Los beneficiarios de Familias en Acción deben estar demostrando permanentemente su condición de miseria para no ser retirados del Sisben. Por otra parte, la estrategia de focalización está diseñando unos servicios especiales para los pobres que los alejan del núcleo de servicios que se ofrecen para el resto de la población. Las familias en pobreza extrema terminan siendo perjudicadas porque reciben los peores servicios: por ejemplo, se ven obligadas a incorporar a sus niños en programas residuales de cobertura educativa diseñados para pobres que empiezan en abril y terminan en octubre,27 reciben pésimos servicios 27 En municipios del departamento de Putumayo se está implementando el programa departamental “Sendero Futuro”, que al parecer se basa en la prestación de los establecimientos de educación pública a organizaciones no gubernamentales (ONG) para que, previo desembolso de una gran cantidad de recursos económicos, les brinden educación a personas desplazadas. Según los maestros y las maestras, por un lado, se está privatizando la educación, pues los recursos no van para los programas públicos sino a uno privado, y, por el otro, detrás de dicho programa hay casos preocupantes de corrupción entre los actores privados y la 96 Derechos económicos, sociales y culturales en centros de salud con graves problemas de abastecimiento de medicamentos y acceden a alimentos de baja calidad. Además, un requisito es que los beneficiarios se integren a estructuras corporativas, bajo el control directo de una red de “gestores sociales” (padrinos de tales familias) que les definen y les monitorean sus “planes de vida”, constituyendo, así, una presión permanente para que, por un lado, “egresen” o se “gradúen” del Programa, con la idea de que el Estado no es responsable por su pobreza, sino que deben ser ellos quienes, por sus propios medios, la superen, y, por el otro, generen y manifiesten adhesiones y apoyo condicional a los miembros del grupo político que los inscribió o les ha permitido continuar como beneficiarios del Programa. Estos mecanismos sutiles de control social que crean una sensación de dependencia de la caridad oficial y de gratitud por las limosnas institucionalizadas terminan por convertirse en el medio más potente para legitimar el incremento de poder político de un régimen, así este sea antidemocrático.28 El agradecimiento y adhesión que genera la recepción de subsidios termina sustituyendo el elemento de exigibilidad, de certeza y de merecimiento universal que es consustancial a la garantía legal y constitucional del derecho. La inconstitucionalidad de esta política se destaca cuando se suplanta el régimen de derechos, al proponer una estrategia que desmonta los componentes más universales de la política social y los sustituye por la irrigación masiva de subsidios focalizados, distribuidos discrecionalmente por el Ejecutivo. El cambio de derechos universalmente garantizados y asignados con participación y control de las regiones y comunidades locales, por subsidios focalizados que instrumentalizan las carencias y necesidades de los más vulnerables para subordinarlos políticamente y configurarlos como potenciales clientes administración departamental. 28 La estrategia ya había sido ensayada en el Perú durante la dictadura de Fujimori y le reportó altos niveles de popularidad y aceptación entre las capas más empobrecidas de la población, que fueron la base para sus sucesivas reelecciones. de estrategias políticas, es el paso final para el desmonte definitivo del Estado social y democrático de derecho y su sustitución por un régimen autoritario, en donde la política social y el presupuesto están exentos de reglas y de intervención ciudadana. *** La “nueva fase de la guerra” anunciada mediante la formulación de la Fase II del Plan Colombia, cuya estrategia operativa es la denominada “recuperación social del territorio” e implementada a través de la Doctrina de Seguridad Integral (DAI), constituye de hecho un desmonte de los principios del Estado de derecho y una renuncia a la búsqueda de la paz y la convivencia por la vía negociada. Por el contrario, dicho Plan alinea las prioridades nacionales con los intereses estratégicos de los Estados Unidos, mediante el pretexto de identificar los objetivos de la lucha contra las drogas con la estrategia de la lucha contra el terrorismo. activa para que la lucha por una gestión democrática de las políticas sociales y la superación de la pobreza, sobre la base de la extensión y garantía universal de los derechos sociales, reconstruya las bases del Estado social de derecho como marco en el cual la paz, la convivencia y la justicia social puedan ser la base para la construcción de una sociedad democrática basada en valores de igualdad, participación y control social de los ciudadanos sobre las decisiones de sus gobernantes. En este esquema, es especialmente preocupante que tanto los recursos de la política social como los aportes de la cooperación internacional terminen alineados en función de la política de seguridad democrática y la estrategia de guerra. La concentración en una única instancia, de manejo directo por parte del Presidente de la República, de la Gerencia de Acción Social (encargada ahora de aplicar los recursos de asistencia social del Estado), de la Cooperación Internacional (encargada de centralizar en una misma bolsa los recursos de cooperación) y de la Dirección de la Acción Integral (encargada de coordinar las tareas y los recursos de la acción cívico-militar implicados en la estrategia de recuperación social del territorio) plantea serias tendencias hacia la militarización de los programas de desarrollo alternativo e iniciativas apoyadas por la cooperación internacional, la subordinación de los receptores de subsidios y asistencia funcional en función de los intereses de la seguridad democrática y, en definitiva, una instrumentalización de los recursos y programas de la política social y la cooperación internacional en función de la estrategia de guerra, bases de la nueva Doctrina de Acción Integral. La defensa de la convivencia democrática y de la justicia social exige de los ciudadanos una movilización 97 sin Democracia, sin derechos Bibliografía n n n Avellaneda, Luis Carlos (2007). Estimación de la pérdida total Período 2008-2016 ocasionada por la implementación del Acto Legislativo 04 de 2007. Documento impreso. Departamento Nacional de Planeación (2007a, 14 de julio). Juntos. Red para la Superación de la Pobreza Extrema. Consejo Comunitario La Dorada, Caldas. Disponible en: http://www.dnp.gov. co/archivos/documentos/GCRP_Presentaciones/ Jul_16_07_Red_Juntos.pdf. _____ (2007b). Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Disponible en: http. www.dnp.gov.co/ paginas_detalle.aspx?idp=623. n _____ - Conpes Social (2005). Documento 91. Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015. Bogotá: DNP-Conpes Social. 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Cansados de la deficiente atención recibida y de la concurrencia de anormalidades cada vez más abruptas por parte del Instituto de Seguros Sociales (ISS), un grupo de trasplantados y pacientes renales de Medellín decidió organizarse para dar origen a lo que hoy se conoce como Grupo de Veeduría Ciudadana en Salud. El objetivo de la nueva agremiación, que nació públicamente en agosto de 2007 y ya cuenta con cerca de 500 miembros de todo Antioquia, es recurrir a todos los recursos jurídicos posibles para exigirle a la entidad el cumplimiento de su obligación constitucional de velar por el cuidado y la calidad de vida de los pacientes renales y de enfermedades catastróficas en general, contra quienes el Seguro Social inició una campaña sistemática y deliberada de abandono y exterminio, tal como se lee en su carta de presentación. Al frente de esta iniciativa está José Pablo Montoya Bernal, un higienista oral a quien hace 10 años el Seguro Social, a través del Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, le practicó un trasplante de riñón que prácticamente le salvó la vida. Pero el sentimiento de gratitud que guarda de aquel procedimiento y del tratamiento recibido años después, que no duda en calificar de “óptima calidad”, se diluye rápidamente en la rabia e indignación que siente ahora por el trato y la atención que reciben actualmente los pacientes en condiciones similares a la suya. * Periodista de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC). 100 Crónica Según José Pablo, desde que el Gobierno nacional ordenó, en enero de 2007, la liquidación de la Empresa Social del Estado (ESE) Rafael Uribe Uribe, a través de la cual atendía a los usuarios de la EPS del ISS en la capital antioqueña, los trasplantados, al igual que los pacientes de enfermedades catastróficas como el cáncer, el VIH/sida y la diabetes, quedaron en el “limbo asistencial”, debido a la suspensión de todos los programas de atención integral diseñados exclusivamente para ellos, lo que pone en grave riesgo la salud y la vida de quienes se encuentran bajo estos diagnósticos, dada su alta vulnerabilidad fisiológica. Lo anterior va en contravía de los preceptos constitucionales y de la misma normativa que recomienda una atención integral, oportuna y gratuita. De acuerdo con los protocolos diseñados por el Ministerio de la Protección Social, los trasplantados renales y los pacientes de enfermedades catastróficas tienen, por su misma condición, prelación en la atención de urgencias, deben ser atendidos por un equipo interdisciplinario que debe evaluarlos en un mismo sitio, cuentan con acceso gratuito a los medicamentos, muchos de los cuales superan precios del orden de los 500 mil pesos, y están exentos de todo cobro de copago o cuota moderadora, este último aspecto contemplado en el Acuerdo 260 de 2004. José Pablo, al igual que los pacientes que representa, no disfruta de ninguno de esos derechos de ley y, por el contrario, reitera las denuncias que hace poco formuló ante la Personería de Medellín y ante el propio José Renán Trujillo, superintendente Nacional de Salud. Nos están suministrando medicamentos genéricos de mala calidad o que no son los indicados, y tenemos las pruebas del Invima, con soportes de nefrólogos, que aseguran que los medicamentos que nos está dando el Seguro nos pueden generar complicaciones. El Seguro Social se inventó un bono de 6 mil pesos por cada consulta, aunque sea para reclamar medicamentos, cuando la ley dice que no tenemos que cancelar copago. Lo peor es que cuando uno va a reclamar la droga responden que no hay o que hay que reclamarla en otro lado, y la diligencia en otro sitio implica el pago de otro bono. Pero lo más grave para mí es que el Seguro Social sólo contrata con las IPS lo relacionado con el riñón, cuando en nuestro caso cualquier molestia, así sea una sencilla gripa, tiene que ser evaluada por todo un equipo, con seguimiento estricto a la historia clínica. Acciones de tutela: el pan de cada día Por fortuna, José Pablo ha contado con la asesoría y acompañamiento de Fabio Alberto Henao, médico docente de la Universidad de Antioquia y quizás uno de esos pocos profesionales que quedan de la generación inspirada por Héctor Abad Gómez, médico salubrista y defensor de derechos humanos asesinado hace 20 años en Medellín, que ve en la medicina la ciencia ideal para comprender a fondo las realidades sociales del país. En compañía de varios estudiantes de últimos semestres de Trabajo Social, Derecho, Sociología y Medicina creó, en el año 2003, el Consultorio de Seguridad Social Integral. La idea era responder interrogantes surgidos en el aula, tales como: ¿qué hacer para que operen a un paciente cuando el Hospital dice que aún no tiene autorización?, o ¿qué hacer si la EPS no suministra un medicamento? El legado humanista que dejó Abad Gómez inspiró al médico Henao a trasladar su ejercicio profesional de las aulas de clase a la comunidad, y a convertir un simple consultorio médico en un completo centro de análisis sobre lo que pasa hoy día con los 101 sin Democracia, sin derechos usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, quienes constantemente ven vulnerado su derecho a la salud. Desde su puesta en funcionamiento, el Consultorio ha atendido a un promedio de 500 personas por año, no sólo en la intervención en salud, sino también en asesoría y acompañamiento jurídico. Las estadísticas señalan que, descartando la atención médica, la asesoría jurídica para instaurar tutelas en contra tanto de las EPS del régimen contributivo como de las administradoras del régimen subsidiado (ARS), constituye el pan de cada día. El médico Henao ya no se sorprende con la situación. De hecho, siente que la tutela se ha convertido en el único mecanismo que puede garantizar el derecho a la salud frente a un sistema que no vacila en calificar de violatorio de toda norma constitucional, dada la falta de cumplimiento de los principios fundamentales como la universalidad, la integralidad, la eficiencia y la solidaridad. Cuando un paciente viene al Consultorio lo hace porque encontró una barrera en el Sistema de Seguridad que no le permite acceder a su derecho a la salud. ¿Qué hemos encontrado? La gran mayoría tiene problemas con la base de datos, no figura ni en el régimen subsidiado ni en el (régimen) contributivo y, por ende, no tiene acceso a la salud. Otro gran problema son los contenidos en los planes de beneficio; es decir, aquellos servicios que no figuran en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Ahí hay una gama amplia de cosas como medicamentos, cirugías, pruebas de laboratorio, remisiones a especialistas que no están incluidas, lo que va en detrimento de la calidad de la salud de los pacientes, quienes deben asumir por su cuenta estos servicios. Agrega el médico Henao que en la actualidad lo más nocivo que están haciendo, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, es aplazar o dilatar las citas y las intervenciones quirúrgicas: A la gente –añade– no le dicen que no, simplemente le dicen espere, lo que es una gran paradoja. A esto se suma la deficiente atención en los servicios de urgencias, los cobros ilegales de copagos y cuotas moderadoras, negación de servicios por parte de los entes territoriales (responsables del régimen subsidiado) y la excesiva exigencia de documentos para cualquier atención. Sus conclusiones coinciden con los datos de la Personería de Medellín, entidad que afirma que de 15.169 tutelas diligenciadas hasta septiembre de 2007, unas 13.944 son contra el sistema de salud; es decir que de cada diez tutelas, ocho corresponden a reclamos al derecho a la salud. El ISS, la ARS Comfenalco, y las EPS Susalud y Coomeva figuran como las entidades más “entuteladas”. Sin embargo, lo que advierte la Personería es que ya ni esta acción garantiza el derecho a la salud, situación que se refleja en el aumento de incidentes de desacatos y acciones de cumplimiento de tutela, que a septiembre de 2007 registra un total de 2.000 casos. José Pablo también tiene una amarga experiencia en ese sentido. Hace cuatro meses un juzgado falló a su favor una acción de tutela dirigida contra el ISS para que la entidad le practicara de inmediato una operación de próstata que le fue ordenada a finales de 2005. El vocero del Grupo Veedor se muestra pesimista ante la posibilidad de que su intervención quirúrgica le sea practicada antes de finalizar 2007. 102 Crónica Llevo cuatro meses, con tutela y todo, exigiendo que me programen la operación, pero lo que me dicen es que hay que esperar, hay que esperar. Yo no sé cuánto más pueda aguantar esta situación, porque en el Seguro no les importa que yo sea trasplantado. El asunto es así de sencillo: primero, cuando existía el programa integral, a mí me daba malestar estomacal y me atendía el médico general con orden expresa del nefrólogo que le envía la historia clínica. Desde que cerraron el programa, a uno lo revisa cualquier médico. Un día me dio cierto malestar estomacal y me atendió un médico general que me recetó un medicamento que alteró la eliminación de orina y comenzó a quedar depósitos en la próstata. Esos depósitos son tóxicos y la solución es operar; es decir, el Seguro me enfermó y ahora no me quiere operar. ¡No hay derecho! A pesar de la rabia que siente cuando habla de las “injusticias del Seguro”, una rabia que pareciera ahogarle el pecho, siente que está mejor ahí que en otra parte. Su desconfianza es aún mayor frente a las EPS privadas, a las que ve como “mercaderes de la salud” que olvidaron al ser humano para darle prelación al usuario. Si una EPS se va a la quiebra, ¿quién me responde? En el Seguro al menos sé que el Estado me tiene que garantizar la atención. Yo tengo mucho que agradecerle a la institución, fueron 15 años en los que casi nunca tuve de qué quejarme. Ahora la situación está muy, pero muy grave, y a uno le da mucha rabia ver lo que hicieron con el Seguro Social. Una sensación que según José Pablo sienten quienes van camino de perder su amor por aquello que una vez quisieron. 103 sin Democracia, sin derechos os l s b o e l u p b e u los p e d s s o o l h e ec r d e D s o ech 104 más a e r á t c e Ni una h dígenas * in para louseblos Indígenas y DESC P Mesa de Se ha vuelto un lugar común recordar que más de 30 millones de hectáreas han sido tituladas en favor de los pueblos indígenas. Así, se logran presentar sus derechos ancestrales como derechos de particulares, mientras se muestra la normativa que favorece a los grandes propietarios de tierras y a los nuevos empresarios del agronegocio como propósito público nacional. El 27 de noviembre de 2006, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias manifestó que debido a los lamentables hechos ocurridos ese día en Caloto (Cauca),1 el Gobierno no iba a comprar las tierras que los indígenas reclamaban. En mayo de ese año, el Ministro ya había manifestado que no habría “ni una hectárea más de tierra para los indígenas”.2 * La Mesa de Pueblos Indígenas y DESC es impulsada por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). La Mesa está conformada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), la Organización Indígena Kankuama (OIK), con el acompañamiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el asesoramiento del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin). Este artículo fue realizado por Cecoin y se basa en un capítulo del libro sobre la situación los derechos humanos de los pueblos indígenas 2007, del Observatorio Indígena de Políticas Públicas de seguimiento al desarrollo y derechos étnicos de Cecoin. En los discursos oficiales, es permanente la alusión al exceso que representa la titulación de tierras a favor de los pueblos indígenas, como también lo es la mención a las más de 30 millones de hectáreas que han sido tituladas a esos pueblos, con el propósito de probar que las actuales demandas indígenas no tienen justificación. Además de que el argumento se basa en un cálculo trivial del promedio de hectáreas por indígena comparado con el promedio nacional, se hace más odioso en tanto lo realizan los propios terratenientes incrustados en el Gobierno (sea el Ministerio de Agricultura, sea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder). Desde el inicio del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la política gubernamental en cuanto a la satisfacción del derecho al territorio de los pueblos indígenas ha sido prácticamente nula. El recién y 1 Ese día, en horas de la mañana, indígenas nasas reiniciaron la liberación de la Madre Tierra. Decenas de ellos, en medio de una minga, se ubicaron en la hacienda La Emperatriz, municipio de Caloto, para presionar el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Estado. 2 Estas palabras fueron pronunciadas en la Comisión Quinta de la Cámara, frente a los medios de comunicación y los representantes en mayo de 2006. 105 sin Democracia, sin derechos rápidamente aprobado Estatuto de Desarrollo Rural3 constituye un golpe mortal en el derecho legítimo al territorio de los pueblos indígenas y les otorga sostenibilidad estructural a las decisiones mediante las cuales el Gobierno ha garantizado el subsidio de los grandes empresarios del campo, no pocas veces estrechamente ligados al narcotráfico y al paramilitarismo,4 en perjuicio del campesinado sin tierra, los pequeños propietarios, los pueblos afrodescendientes e indígenas. La nueva regulación legislativa exige una labor de reingeniería de la institucionalidad encargada de la materia.5 Mientras la propiedad sobre la tierra se ha concentrado,6 la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez ha materializado una reforma regresiva, edificada en el abandono oficial de la idea democrática de una reforma agraria integral como medida idónea para lograr la redistribución de la propiedad rural (tradición política que se remonta 20 años atrás, independientemente de su existencia apenas retórica). 3 Estatuto de Desarrollo Rural aprobado mediante la Ley 1152 del 25 de julio de 2007. 4 Según cálculos del Incora, los narcotraficantes se han apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del país, mientras que cerca de un 70% de los propietarios, en particular los pequeños campesinos, sólo posee el 5% del área, tal como se consigna en un estudio auspiciado por el PNUD y la Dirección Nacional de Estupefacientes sobre drogas ilícitas en Colombia (Contraloría General de la República, 2005). 5 Resulta diciente de la política estatal la liquidación de cuatro entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y su fusión, realizada en 2003, mediante el Decreto 1300, cuando desaparecieron el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) y el Fondo para el Desarrollo Rural Integrado (DRI), y dieron paso al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). 6 Según el Instituto Agustín Codazzi, para 2002, más de 3 millones 500 mil propietarios, es decir el 99,5% de todos los propietarios rurales, poseían predios menores a las 200 hectáreas. Mientras solamente 7.632 propietarios de predios superiores a las 1.000 hectáreas, es decir el 0,2% del total, concentraban 35 millones de hectáreas, el 52% del total. 106 Derechos de los pueblos Pueblos indígenas sin territorios titulados Los territorios indígenas legalizados como resguardos ocupan actualmente en Colombia 31.695.421,10 hectáreas, un 22% del total del territorio nacional. De esta superficie, 435.419 hectáreas corresponden a la figura jurídica de los resguardos coloniales que fueron recuperados en el curso de la lucha indígena entre 1966 y 1980, y donde habitan unos 251.000 indígenas, cerca del 25% del total nacional. Las restantes áreas tituladas responden a procesos de reestructuración de otros antiguos resguardos coloniales, y a nuevas titulaciones hechas desde 1966 en la Región Andina como resultado de las mismas movilizaciones y en territorios considerados baldíos que corresponden a tierras de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y la Guajira. Los territorios indígenas que aún no tienen un estatus legal de propiedad, pero que han sido reivindicados por los indígenas y se encuentran en trámite ante el Incoder,7 suman 1.623.965 hectáreas, donde viven por lo menos 380 mil indígenas, según los datos de esta entidad (Incoder, 2006a). Al observar las cifras absolutas, los departamentos donde se concentra la mayor cantidad de tierras sin titular, de acuerdo con las solicitudes realizadas, son el Cauca (309 mil hectáreas) y Amazonas (276 mil hectáreas). Mientras en el Cauca se trata de una problemática directamente ligada a una histórica negación de los derechos indígenas por parte de los terratenientes y la clase política del departamento (CRIC, 2005) y profundizada por el hecho de contar con la segunda mayor población indígena del país, en el Amazonas el problema consiste especialmente en procedimientos inconclusos de titulación del territorio tikuna, en el Trapecio Amazónico. Otro caso de grandes extensiones sin titular se presenta en Boyacá, donde a pesar de la reciente ampliación del Resguardo U’wa, falta por resolver una extensión similar. En Magdalena, Caquetá, Putumayo, Cesar, Tolima, Valle, Arauca y Vaupés, los territorios faltantes por legalizar tienen extensiones superiores a las 50 mil hectáreas. 7 Anteriormente Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). En Tolima encontramos quizá el caso más angustioso para las comunidades, pues no solo el 55% de las tierras está en poder de propietarios privados, sino que más de las dos terceras partes de la población pijao se encuentra en predios ajenos, en los bordes de las carreteras, en vegas aluviales de las quebradas y concentrada en los cascos urbanos, a la espera de que una demanda territorial que tiene ya 40 años se resuelva favorablemente. En Boyacá, el proceso de titulación ha sido complejo, mediado por el proyecto de explotación petrolera de la Occidental y ahora de Ecopetrol. Aunque recientemente se unificó y amplió el resguardo, todavía se encuentra sin resolver una solicitud de ampliación por 220 mil hectáreas, la mayoría de las cuales coinciden con zonas del Parque Nacional del Cocuy; sin embargo, como toda la zona de ampliación es de potencial hidrocarburífero y se localiza en las áreas de bloques petroleros ya asignados, este proceso está seriamente amenazado. Estas cifras hacen referencia exclusiva a las solicitudes hechas por diversos medios al Incoder. La inclusión de la totalidad de la demanda territorial indígena solo haría que la situación se viera aún más grave de lo señalado. Por otra parte, debe advertirse que el sujeto del derecho al territorio es cada uno de los pueblos. Entre los pueblos indígenas con mayor precariedad en materia de acceso al territorio y a la tierra está el pueblo mokaná, que en la actualidad vive la peor situación, pues la totalidad de su población habita en condiciones de hacinamiento urbano, sin propiedad sobre sus tierras, dependiente de formas económicas exteriores a sus propios sistemas productivos y, además, con la negación del Estado a reconocerlos como indígenas. Otro tanto ocurre con los muiscas de la sabana de Bogotá, quienes en su totalidad viven en antiguas poblaciones indígenas convertidas en barrios de la ciudad o municipios anexados (como Chía y Bosa); especialmente grave es la situación de los muiscas de Cota, a quienes se les disolvió el resguardo en 2002 con la argucia de su no pertenencia étnica, violentando abiertamente el Convenio No. 169 de la OIT de 1989, ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991. Dentro de los pueblos a los que se han titulado resguardos y que aparecen en los reportes oficiales como problemáticas resueltas hay dos cuya situación representa una verdadera burla al derecho. Los betoyes (en Arauca) y los chimilas (en Magdalena) apenas han logrado la titulación del 6% y 7% de sus territorios; se encuentran encerrados en verdaderos bantustanes, al peor estilo del apartheid sudafricano; ambos pueblos se han visto rodeados de violentas situaciones directamente asociadas a la no solución del problema territorial, como el desplazamiento forzado y la masacre ocurrida en Tame en 2002, y las amenazas a todo el pueblo indígena chimila por grupos paramilitares. Las solicitudes de ampliación territorial reposan desde hace más de 10 años en las oficinas del Estado sin ninguna acción positiva para resolverlas; por el contrario, se siguen emprendiendo obras que limitan no solo la territorialidad actual sino la misma posibilidad de titulación futura. Es el caso de los betoyes, cuyos minúsculos resguardos de 30 hectáreas se pierden dispersos en el mapa de los Llanos Orientales sin sumar 700 hectáreas, desaparecidos por los mapas de los bloques petroleros que cubren totalmente el departamento en millones de hectáreas, y ahora en riesgo de desaparecer por efecto de la carretera El Amparo-Tame. Por supuesto, estas cifras corresponden a las que el propio Incoder reconoce como procesos en trámite. Adicionalmente, existen cerca de 280.445 hectáreas más solicitadas por diferentes comunidades indígenas que no han tenido trámite alguno, sin que el Incoder haya aducido razones claras y públicas para el efecto, y existen territorios ancestrales que aún no están en ningún proceso de titulación, los cuales se aproximan al millón de hectáreas adicionales en la zona andina (ONIC, 2001). Las tierras tituladas son totalmente insuficientes Importante evidenciar los contrastes entre las zonas bajas con lo acontecido en los departamentos de las regiones Andina y Caribe, zonas de frontera agrícola, excluyendo la Guajira. En la Región Andina, hasta el año 1991, se habían titulado cerca de un millón 500 hectáreas, y tras la Constituyente se han titulado otras 910 mil hectáreas (Incoder, 2007a). Estas cifras ilustran dos elementos: primero, que solo el 7,68% de los resguardos titulados (excluyendo los de origen colonial) se encuentran en las zonas de frontera agrícola, mientras el 92,32% son 107 sin Democracia, sin derechos resguardos ubicados en departamentos donde prevalecen paisajes de selva, llano, sabana y desierto, y cuya condición legal es ser baldíos, lo cual refuta cabalmente el argumento del Gobierno nacional sobre supuestas grandes extensiones de tierras en manos indígenas, para justificar la enorme concentración de tierras en cabeza de los terratenientes de la Costa Atlántica y los valles interandinos. En las zonas andinas se concentra el 64,18% de toda la población indígena del país, según el Censo de 2005 (DANE, 2006),8 un total de 885 mil personas que poseen solo un millón 290 mil hectáreas, lo que arroja un promedio de 1,46 hectáreas por persona y 7,29 hectáreas por familia, es decir, menos de una milésima parte de lo que es el promedio de los grandes terratenientes. Los casos de total hacinamiento, en que la situación demográfica y la presión sobre el medio es más grave, se presentan en Córdoba, donde cada diez indígenas zenúes deben sobrevivir en una hectárea de tierra, mientras a su lado los terratenientes tienen más de dos mil hectáreas en promedio por persona.9 En Magdalena viven encerrados los indígenas chimilas en un minúsculo resguardo; en Tolima y Huila, el aplazamiento de la titulación se evidencia en la densidad poblacional que llega incluso a dos familias por hectárea, como acontece en Bocas de Tetuán y El Vergel, en Ortega. La región cafetera (de población embera chamí) vive una situación crítica similar: los 38 mil indígenas de Caldas registrados en el Censo deben vivir en 30 mil hectáreas tituladas,10 y los indígenas de Quindío, a pesar de la compra de tierras, siguen sin sus títulos de propiedad. Lo anterior sin contar, claro, los casos en que toda la población se encuentra sin titulación, como acontece con el pueblo mokaná en Atlántico y los muiscas en Cundinamarca. 8 Para más información sobre el censo de 2005 y los pueblos indígenas, consultar DANE (2006). 9 Estos datos se basan en los Informes del Incoder (2007a y 2007b), contrastados con las cifras del censo de 2005. 10 El Censo del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) registra 60.038 indígenas en ese departamento, lo cual significa una situación mucho más problemática. 108 Derechos de los pueblos La relación entre población indígena y territorio en las zonas bajas, obviamente, es diferente. Todos los estudios coinciden en las condiciones especiales que deben ser tenidas en cuenta para mantener dichos modelos o adoptar nuevos. Las investigaciones dan cuenta de que la materia orgánica intervenida para propósitos agrícolas sufre una pérdida promedio de 50% en el primer año y 30% en el segundo, de donde se concluye la pertinencia de modelos semiitinerantes (de abandono de chagra) como opción adecuada de sostenibilidad ecológica y pervivencia sociocultural (Mejía Gutiérrez, 2003; Covaleda Vélez, 2000). Similares análisis se han hecho respecto de la Orinoquía, donde la acidez de los suelos y la limitación territorial condujeron a los pueblos indígenas nómadas (especialmente sikuanis, cuivas, macahuás y tsiripues) a centrar su actividad económica en los médanos y los bosques de galería. Un reciente estudio de Hayrán Sánchez (2006) da cuenta de la enorme presión que ha significado sobre los bosques de galería la ausencia de espacio para la rotación de suelos. Queda evidenciado que la mayoría del territorio indígena legalizado se encuentra en las regiones amazónicas y de la Orinoquía que no son aptas para intervenciones intensas en cultivos, y que, por lo contrario, se otorgó la titulación a los indígenas como excelentes preservadores de la naturaleza. El Incoder, en datos de 2006, reconoce que el total de tierras titulado solamente cobija a 440.798 indígenas, cifra que ajustada a la proyección del Censo de 2005 no alcanza a los 550 mil. A la luz de los datos del Censo de 2005, que reporta un total de 1.081.399 indígenas habitantes de áreas rurales, puede afirmarse que en Colombia cerca del 50% de la población indígena no tiene resuelto su derecho a la tierra. A lo anterior perfectamente se puede agregar un porcentaje elevado de los 297.485 indígenas que habitan áreas urbanas, muchos de los cuales fueron desplazados forzadamente por acción de grupos armados legales e ilegales, la mayoría por razones económicas,11 especialmente la falta de tierras de calidad para la producción agrícola, pero que tienen claro el propósito de retornar. 11 Cfr. DANE (2006): “Los pueblos indígenas y afrocolombianos son los más afectados por el desplazamiento ocasionado por la violencia, la amenaza para su vida es el motivo de cambio de residencia para el 10,2% de los indígenas, el 5,6% de los afrocolombianos, el 3,8% de la población nacional y el 1,8% de los rom”. Cuadro Nº 1: Titulación de resguardos por año y período presidencial Año Hectáreas % del total 2003 1.995.350,96 6,38 2004 11.798,44 0,04 2005 45.599,31 0,15 2006 10.867,97 0,03 2007 4.187,93 0,01 Presidentes % Uribe Vélez 6,62 % Fuente: Incoder (2007 b) y sistema de información Cecoin. Reducción sistemática del presupuesto para la adquisición de tierras Entre 2001 y 2007 se redujeron entre 70% y 80% las asignaciones presupuestales para adquisición de tierras con destino a resguardos indígenas, al pasar de casi 3 mil millones a mil millones o menos.12 Esto, sumado a una baja ejecución presupuestal, evidencia una política por parte del Estado dirigida conscientemente a incumplir sus obligaciones frente al derecho de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el año 2003, el más crítico en la adquisición de tierras, los 1.280 millones ejecutados alcanzaron para comprar solamente dos fincas en Antioquia y Cauca (en el primer caso para resolver la situación de indígenas chamíes asentados en la cabecera del municipio como resultado de un desastre natural). En 2006, los 2.264 millones ejecutados fueron utilizados para comprar solo cuatro predios en los departamentos de Amazonas, Tolima y Quindío. Parte importante de la inversión en 2006 estuvo dirigida a la adquisición de tierras para reparar a las comunidades victimizadas por la masacre del Nilo, ocurrida en diciembre de 1991 (CIDH, 2000).13 Es claro que casi el 80% de los territorios indígenas fueron titulados antes de la Constitución de 1991. Este 12 Fuentes utilizadas para el análisis: Incora (2002), Incoder (2005a, 2005b, 2006a, 2007b), MinAgricultura (2005), MinHacienda (2006, 2007). 13 De acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por la participación directa de sus agentes. Se trata de compromisos totalmente independientes del presupuesto ordinario para la titulación de tierras para pueblos indígenas. hecho está ligado principalmente a las luchas de recuperación y ocupación de hecho de sus tierras por parte de los indígenas y no precisamente porque la demanda territorial haya disminuido o haya sido resuelta. Solo el 20,42% de los territorios indígenas fueron legalizados durante los gobiernos posteriores a la expedición de la Constitución Política de 1991, con lo que queda claro que el factor “Constituyente” ha tenido un peso relativamente bajo en los procesos de recuperación de la propiedad de las tierras comunales indígenas y, por tanto, que la expedición normativa en materia territorial no se ha visto acompañada de acciones directas en la titulación de tierras. Desde el año 2003, cuando ya es clara la responsabilidad del gobierno de Uribe en los trámites de titulación, se expidieron 92 resoluciones de constitución y 35 de ampliación. El Gobierno ha informado que ha titulado un millón 254 mil hectáreas en su período, ocultando un hecho relevante: un millón 20 mil corresponden a la ampliación del Resguardo Selva Matavén (904 mil hectáreas) y otros tres resguardos en zona de selva; oculta también que la mayoría de las titulaciones en áreas no amazónicas corresponden a procedimientos extraordinarios: la ampliación del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú se dio en el marco de la reivindicación indígena frente a los daños causados por la Hidroeléctrica Urrá y como parte de la reparación; la constitución del Resguardo Kankuamo se produjo después del asesinato de 250 indígenas y la interpelación de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos; las titulaciones en el Putumayo se dieron como mecanismo de contención ante la protesta indígena por las acciones militares y po- 109 sin Democracia, sin derechos licivas en la región en el marco del Plan Colombia; y las titulaciones de tierras en el departamento del Cauca corresponden a las obligaciones del Decreto 982 de 1999 y a la reparación acordada en el trámite del caso Masacre Caloto vs. Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH por la Masacre del Nilo. El Estatuto de Desarrollo Rural contra los pueblos indígenas (Ley 1152 de 2007) En julio de 2007 fue aprobado el Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007). En primer lugar, el nuevo estatuto facilita la legalización de escrituras fabricadas mediante dolo o violencia, durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1917 y el 31 de diciembre de 1997. Según la nueva legislación agraria, no importa que la tierra haya sido conquistada por medios ilícitos; basta que exista un título de propiedad debidamente inscrito ante notaría, independientemente de que haya sido otorgado por una autoridad sin facultades para hacerlo, y que se pueda comprobar una tradición de propiedad. De tal forma, se ampara a los usurpadores en tanto presume la legalidad de sus títulos, mientras que se obliga a quienes fueron expropiados de sus tierras a la realización de todos los esfuerzos orientados a demostrar que fueron víctimas de usurpación de sus propiedades. En consecuencia, se facilita que muchos usurpadores pasen a ser propietarios de buena fe.14 En particular, los derechos de los pueblos indígenas sufren un golpe muy grave con la vigencia del nuevo Estatuto de Desarrollo Rural. Cabe destacar: • En virtud del artículo 113 del Estatuto, los procesos de constitución y ampliación de resguardos quedan subordinados a los planes de ordenamiento territorial 14 El caso más conocido de escrituras fraudulentas (“chimbas”) ocurre con la familia del primer personaje sindicado de parapolítico, Carlos Arturo Marulanda Grillo, ex ministro de Agricultura, ex representante a la Cámara y ex embajador. Esta familia no pudo ni puede demostrar propiedad de la mitad de su gran hacienda “Bellacruz” en Pelaya (Cesar), debido a las normas de la Ley 200 de 1936, que anulaban los títulos fraudulentos. Los campesinos fueron desplazados en 1996 por paramilitares que incluían a su hermano. Con el Estatuto de Desarrollo Rural, el ex ministro pasará de delincuente a propietario legal. 110 Derechos de los pueblos municipal. De tal forma, el derecho de los pueblos indígenas a su territorio queda sometido a la voluntad caprichosa de las mayorías políticas que triunfen en las elecciones locales, a pesar de que la Corte Constitucional ya declaró inexequible tal pretensión.15 • Esa disposición también prohíbe constituir o ampliar resguardos en la Costa Pacífica, en abierto desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos wounáan, embera, eperara y awá. Al tiempo que el Legislativo demagógicamente ha estimulado el enfrentamiento entre los pueblos afrocolombianos y los pueblos indígenas,16 veladamente se deshace de los obstáculos legales que impedían la adjudicación de tierras de afrocolombianos y campesinos a las transnacionales y paramilitares, mediante las zonas de desarrollo empresarial y la legalización de escrituras fabricadas. El andén del Pacífico se ha convertido en la zona preferida para las adjudicaciones fraudulentas a empresarios de palma africana. • Negación de los derechos territoriales de los pueblos nómadas, al incluir el término “utilización regular y 15 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia No. C-795 del 2000. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 En el texto aprobado se mencionan los planes de vida, en un intento de camuflar el verdadero sentido de la norma. No obstante, no se establece la obligación de tenerlos en cuenta en las decisiones sobre ordenamiento territorial, pues el texto aprobado utiliza el término “podrá”, mientras las decisiones de ordenamiento territorial “deberán obligatoriamente” ser atendidas. No se trata de un descuido. De hecho, cuando se regula una situación similar en el caso de comunidades negras (artículo 125 del Estatuto), las decisiones sobre territorios colectivos de comunidades negras sí quedan obligatoriamente sujetas a los planes de vida de esas comunidades y no a los POT municipales. Este elemento muestra la clara intención del Gobierno de poner en confrontación y desunir la postura de las comunidades negras y las indígenas, y evidencia una política antiindígena en el Estatuto; de lo contrario, no se justifica un tratamiento diferente en una situación claramente similar. En este caso, además de las violaciones señaladas, se viola también el derecho a la igualdad y el principio general del derecho según el cual “donde hay la misma razón debe haber la misma proporción”. permanente”, que niega los principios de autonomía de los pueblos nómadas, le agregan un golpe directo al pueblo nukak, que en la actualidad disputa su presencia en el Parque Natural Nukak (el cual, a pesar de su nombre, no pertenece al pueblo nukak), y a otros pueblos seminómadas y horticultores itinerantes, como es el caso de los yuríes o “caraballos” del río Puré en el departamento del Amazonas. • Regreso al concepto de minoría, conculcando el carácter de pueblos y que pretende en el fondo imponer en los territorios indígenas proyectos que lesionan el medio ambiente y la integridad territorial y como pueblos indígenas, y argumentar como repetidamente lo ha hecho que es en interés de la “mayoría”. • Injerencia indebida en la autonomía de los pueblos indígenas (artículo 118), que restringe a las autoridades su derecho de adjudicar libremente tierras entre los miembros de las comunidades, al establecer la obligación de los cabildos de excluir las áreas ecológicas y ambientalmente estratégicas, tema que corresponde al manejo interno de las comunidades respectivas; otro tanto ocurre al entregar a la Dirección de Etnias el papel de garante de la distribución equitativa de las tierras, un tema que el Convenio 169 establece como de plena competencia de las autoridades indígenas. • Desmonte del Incoder: el Gobierno argumentó, en la exposición de motivos del proyecto de Estatuto y en pronunciamientos públicos del Presidente de la República, que el Incoder es una institución corrupta. Lo que resulta por lo menos sorprendente, pues argumentó su propia corrupción para desmontarlo, en tanto fue el Gobierno el que entregó el Incoder a grupos politiqueros para cumplir cuotas burocráticas, como fue denunciado por la prensa nacional.17 17 Los grupos políticos Colombia Viva y Colombia Democrática, la mayoría de cuyos dirigentes son ahora sindicados por parapolítica, tuvieron en sus manos al Incoder durante casi todo el gobierno de Uribe. Tanto el primer gerente de este gobierno en el Incora y de la primera fase del Incoder, José María Maroso —ex cónsul en Milán, primo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y hermano de quien fuera jefe de Adquisiciones y Contratación de la Universidad de Córdoba durante los años más violentos de esa institución—, Dos cambios adicionales son altamente impactantes sobre los territorios indígenas. En primer lugar, la titulación de resguardos, incluida confusamente en el articulado, pasó a manos de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, una institución carente de infraestructura y personal competente. Por otra parte, la constitución de la Unidad de Tierras18 (artículo 27), cuyas funciones, entre otras, serán la clarificación de la propiedad, la determinación de las zonas de ampliación agrícola (“Definir la vocación y los fines de las tierras rurales de propiedad de la Nación”), la delimitación y recuperación de baldíos, la compra de tierras para la gran producción, la extinción de dominio de terrenos ociosos y la administración de los bienes rurales del Estado. El análisis de las organizaciones indígenas es que la Unidad de Tierras, que hará las concesiones de tierras a las grandes empresas exportadoras, terminará imponiendo sin participación ciudadana ni indígena a diestra y siniestra sus zonas empresariales, mientras los indígenas y afrocolombianos engañados esperarán interminables procesos en el Ministerio del Interior. *** Del balance anterior se concluye fundamentalmente que los derechos de los pueblos indígenas sufren un muy grave golpe con este Estatuto Rural que se agrega a una situación de crónico desconocimiento. La regresión en materia de derechos territoriales indígenas es absolutamente evidente, como evidente es que se viola de manera el siguiente director, Arturo Vega —empresario ganadero de Córdoba, hoy gerente de Corpoica—, Luis Ortiz —denunciado por entregar tierras a paramilitares con la anuencia del Ministro de Agricultura— y Rafael Campo Soto pertenecen a estas organizaciones. A nivel regional, estos vínculos son más evidentes con los partidos uribistas sindicados por paramilitarismo. 18 Estatuto Rural: Artículo 19. Créase por virtud de esta ley la Unidad Nacional de Tierras Rurales, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con las dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones que el Gobierno Nacional disponga según lo requieran las necesidades del servicio. 111 sin Democracia, sin derechos flagrante lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y las recomendaciones del Comité del Pacto DESC. El Estatuto, por su parte, no resiste una mínima evaluación a la luz de la Declaración de la ONU de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Cuarenta años de avance territorial indígena están en claro peligro. Derrotar el Estatuto Rural significa hoy lo que significó en su momento el entierro del Estatuto Indígena de Turbay. En esa época, los indígenas profundizaron la lucha de recuperación de tierras; hoy, la Liberación de la Madre Tierra es prioridad, liberarla de manos de la política agraria del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 112 Derechos de los pueblos Bibliografía n Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2000). Masacre “Caloto” v. Colombia, Caso 11.101, Informe Nº 36/00 OEA/Ser.L/V/ II.106 Doc. 3 rev. en 468 (1999). Washington D.C.: CIDH n Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC (2005). Liberación de la Madre Tierra. En Revista Etnias & Política No. 2. Bogotá: Cecoin. n Contraloría General de la República (2005, 9 de junio). Intervención del Dr. Luis Bernardo Flórez Enciso, vicecontralor general de la República, en la instalación del Foro La extinción de la propiedad ilícita: ¿una vía para la reforma agraria? Bogotá, Colombia. n Covaleda Vélez, Alfredo (2000). Sistemas indígenas de producción agrícola en el Trapecio Amazónico colombiano. Aldocova web site since 1998. Disponible en: http://orbita.starmedia.com/~aldocova/. n Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2006). Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica. n Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (2005a). Plan de Acción 2005. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Incoder. n _____ (2005b). Informe de Gestión 2004. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralIncoder. n _____ (2006a). Informe de Ejecución 2005. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralIncoder. n _____ (2006b). Cuadro consolidado de constitución y ampliación de resguardos indígenas – 2006. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralIncoder. n _____ (2007a). Constitución de resguardos indígenas por departamentos. Informe electrónico. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Incoder. n _____ (2007b). Informe de Gestión 2006. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralIncoder. n Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora (2002). Plan Operativo 2002. Información Incora antes de liquidación. Disponible en: http:// www.incora.gov.co/laentidad_inco.htm. n Mejía Gutiérrez, Mario (2003). Tema estratégico, agroforestería y manejo de bosques. Revista Semillas, 20. n Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2005). Manejo social del campo: Memorias 20032004. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. n _____ (2007). Dirección de Planeación y Seguimiento. n Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2006). Presupuesto General de la Nación 2005. n _____ (2007) Presupuesto General de la Nación 2006. n Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2001). Necesidades de tierras indígenas. Mimeo, Bogotá. n Leyes de Presupuesto General de la Nación para las vigencias fiscales de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. n Sánchez, Hayrán (2006). Conflictos y biodiversidad en territorios indígenas de la Orinoquia colombiana. Fundación Sophia, Mujer, Sociedad y Desarrollo armónico. Informe para Instituto Humboldt. 113 sin Democracia, sin derechos CRÓNICA Cuidar la tierra: misión de los indígenas de la Sierra Nevada Juan Diego Restrepo E.* Desde el comienzo mismo de la vida y el universo hubo diferentes grupos humanos. Cada uno de ellos fue dejado con unos bienes naturales, con un pensamiento y una misión: cuidar esos bienes recibidos. Las tierras del macizo de la Sierra Nevada (de Santa Marta) fueron dejadas desde un principio para ser habitadas y protegidas por los cuatro pueblos que aún vivimos allí. La visión que se tiene de los cerros, las aguas, el aire, de todo lo natural, nació con nosotros y sabemos que si nos descuidamos, el desequilibrio será total. Así los demás pueblos causen interferencias o decidan tomar otros rumbos, la misión de los pueblos indígenas, que nos fue dada por ley divina, sigue siendo la misma y es a perpetuidad: cuidar la madre naturaleza. Estas palabras, pronunciadas con la sabiduría propia de los ancianos indígenas por Julio Alberto Torres, gobernador de las comunidades arhuacas que habitan ancestralmente la Sierra Nevada de Santa Marta, explican por qué se oponen a la construcción de la represa y proyecto multipropósito de Besotes, zona rural de Valledupar, proyecto que impulsa la Alcaldía de la capital del departamento del Cesar en el que se invertirán más de 200 mil millones de pesos y cuyas obras se iniciarían en el año 2010. “Las prácticas del cuidado de la naturaleza se tienen no porque se haya comprendido que eso es bueno hacerlo o porque alguien nos haya felicitado o nos haya dicho que eso es importante, o lo hayamos copiado, sino porque en el mandato de la constitución de nuestro origen está dicho y esas son las leyes naturales por la que debemos guiarnos”, agrega la máxima autoridad de los arhuacos. * Periodista de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC). 114 Crónica La represa Besotes tiene fines multipropósitos —riego, acueducto y, a futuro, generación de energía— y está proyectada para ser construida en un área de ampliación del resguardo de los arhuacos, donde actualmente viven cerca de 50 familias indígenas. Tendrá un embalse de 37 millones de metros cúbicos de agua, una presa de 1.457 metros de largo y un espejo de agua de 170 hectáreas, que se llenará con las aguas del río Guatapurí. El propósito oficial es satisfacer las futuras necesidades de riego de buena parte de los campos que rodean a Valledupar y de acueducto de los habitantes de la capital cesarense. En relación con las comunidades indígenas, no hay ninguna afectación. Desde la bocatoma de Besotes al punto más cercano del resguardo indígena arhuaco, hay una distancia de siete kilómetros. A un tramo similar están los resguardos de las comunidades wiwas y kankuamos. Son territorios que ellos consideran ancestralmente suyos, pero que legalmente no hacen parte del resguardo. Las familias arhuacas que habitan allí compraron esas tierras como una forma de resistencia civil. Lo anterior lo aclara Luis Ramón Cuello Maduro, coordinador técnico ambiental del proyecto, de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, promotora del embalse Besotes, quien sostiene que los diseños del proyecto contienen planes ambientales que permitirían mitigar los efectos sobre las comunidades indígenas, particularmente las arhuacas. Pero esas explicaciones no son suficientes para convencer a las autoridades y al pueblo arhuaco. Leonor Sabaleta, líder arhuaca, expresa: No se trata de una oposición construida bajo orientaciones políticas o económicas. Cuando los pueblos indígenas de la Sierra Nevada nos oponemos a un proyecto de desarrollo es porque, efectivamente, va en contra de quienes vivimos ahora y de las futuras generaciones. Eso lo tenemos muy claro. Nos oponemos porque consideramos en riesgo nuestros valores, nuestro pensamiento, nuestra ideología, y lo que concebimos nosotros como mandato, que es cuidar la tierra. De manera vehemente, esa mujer indígena de palabras precisas y claras dice que no se puede aceptar que el desarrollo de este país sea a costa de culturas indígenas: “El desarrollo de Colombia está exterminando pueblos y no puede basarse en la pérdida de derechos indígenas o de cualquier colombiano. No podemos admitir un desarrollo que vaya en contra de la gente, creo que los indígenas lo tenemos claro”. Y agrega: La situación de Besotes no es el problema del agua de los ciudadanos vallenatos, es la cantidad de tierras que pertenecen a determinadas familias que no tienen agua, por eso es una represa multipropósito, va para riego, energía y turismo. ¿Quién puede sembrar palma africana? ¿Quién puede producir etanol basado en cultivos de yuca y de maíz? ¿Quién lo puede hacer? El proyecto Besotes conduce a fortalecer el sector empresarial. Por ello, cuestiona las formas como se toman las decisiones con respecto a los proyectos de desarrollo: “los intereses económicos de la clase política son los que en últimas definen. El ciudadano común y corriente no participa, entonces no hay un avance democrático en la toma de decisiones”, y asevera que en la proyección de las obras a ejecutar en la Sierra Nevada pesó de manera significativa el conflicto armado: Nunca habíamos tenido planes de desarrollo tan establecidos y obras en desarrollo, y otras para ser impulsadas, antes del conflicto armado. Nacieron en el momento de la crisis del conflicto armado, que se agudizó entre 2000 y 2005, mientras los arhuacos y las demás etnias 115 sin Democracia, sin derechos de la Sierra Nevada nos dedicamos a defender la vida. Nosotros perdimos 29 personas en ese periodo. El problema es que ya hay rearme y nuevas presiones —advierte Leonor Sabaleta y sentencia—: las armas sirvieron para hacer avanzar esos proyectos de desarrollo. La indígena considera que la presencia en Besotes es vital porque: Son casas que están ritualizadas, son lugares sagrados, eso significa que nosotros estamos sembrados allí. Nosotros no pensamos movernos de allí, eso es propiedad del pueblo arhuaco, es construido por la misma gente de la comunidad, son sus esfuerzos. No estamos dispuestos a que en ese lugar se construya la represa. Que cojan su proyecto y se lo lleven para otra parte. Rechazamos el perjuicio que nos puedan causar a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestras culturas. Y cuando hablo de culturas me refiero a pueblos con una conciencia clara de identidad como son los koguis, los arhuacos, los wiwas, los kankuamos, que exigimos respeto por nuestros territorios. Pero el embalse de Besotes, en el Cesar, no es el único que se ha proyectado para la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde febrero de 2006 se encuentra en ejecución la construcción de otro embalse multipropósito, llamado El Cercado, en el río Ranchería, que afecta directamente al pueblo indígena wiwa. El embalse, según datos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), se formará a partir de una presa que funcionará como una muralla de 110 metros de alto y que se levanta entre los municipios de San Juan del Cesar y Distracción, en el departamento de La Guajira. La presa ocupará 640 hectáreas con 198 millones de metros cúbicos de agua y, de acuerdo con este Instituto, servirá para atender acueductos locales e irrigar 18.500 hectáreas de tierra ubicadas en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Albania, Uribia y Manaure. La obra, afirma la entidad, permitirá cultivar frutas y hortalizas en 1.150 predios regables, de los cuales 1.000 son propiedades de particulares y el resto de tenencia comunitaria. Se calcula que la obra esté terminada en mayo de 2010 y tendrá un costo final cercano a los 410 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta el 82% y el departamento el 17%. Según el Incoder, el distrito de riego del Ranchería se convertiría en el segundo más grande del país. Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la Casa Indígena Wiwa en Valledupar, advierte que esa obra favorecerá los intereses de unas cuantas personas. “Es más de un interés minoritario que general. Detrás de la represa El Cercado hay intereses particulares de los grandes terratenientes, los ganaderos, los algodoneros; la población pobre y necesitada muy poco se va a beneficiar”, dice el líder indígena. Pero las preocupaciones de Pedro Loperena no sólo tienen que ver con el futuro. El indígena wiwa cree que hay un pasado doloroso que aún no se ha resuelto. “¿Qué relación hay entre la construcción de esa represa y los hechos violentos contra las comunidades del pueblo wiwa y parte de la población campesina, que se dieron antes de comenzar a construirla?”, se pregunta. 116 Crónica La respuesta la tiene bien clara: En el año 2001 se inició el primer retén paramilitar en el sitio conocido como la Ye de Zambrano, vía a Marocazo, una comunidad wiwa que está a unos 20 minutos de la obra y que hace parte de un territorio de ampliación del resguardo. Los primeros ancianos desaparecidos y asesinados, los primeros líderes asesinados, los primeros niños descuartizados, los primeros jóvenes acuchillados y ahorcados por parte de los grupos que estaban en conflicto armado, las primeras comunidades quemadas, bombardeadas y desplazadas fueron en esa cuenca del Ranchería. En el año siguiente se agudizó la crisis humanitaria del pueblo wiwa. A las presiones de la guerrilla, que se había ubicado de tiempo atrás en las partes altas de la Sierra Nevada, se le sumaron las de la parte baja, ejercidas por los paramilitares del Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y las del Bloque Tayrona, comandado por Hernán Giraldo, así como las del Ejército Nacional. “Uno mira las estadísticas de las masacres que ha habido contra el pueblo wiwa y pasan de más de 280 muertos entre los años 2001 y 2007. El último asesinato ocurrió el 21 de julio de este año; unos desconocidos mataron a Pedro Evangelista Toro en su lugar de vivienda”, relata Pedro Loperena, quien no vacila en denunciar que la violencia contra su pueblo se debía a la construcción de la represa El Cercado: “Mientras corríamos como animales para escondernos de la violencia, ¿qué sucedía ahí donde estaban construyendo la represa? Los ingenieros, los antropólogos, los que estudian el medio ambiente hacían sus estudios y se movilizaban como dueños de casa. Y los wiwas, que éramos dueños del territorio, no podíamos estar allí tranquilitos, nos teníamos que ocultar”. Lo que tiene claro el pueblo wiwa es que el embalse de El Cercado se tenía que hacer a como diera lugar, así se utilizara la violencia contra los indígenas y así se evitara la concertación con sus autoridades locales. “No hubo consultas previas y se desconocieron las autoridades políticas del cabildo gobernador de la organización del pueblo wiwa”, afirma Pedro Loperena, quien asegura que en el lugar donde se ejecuta el proyecto se están afectando seis sitios sagrados. “Esas intervenciones desequilibran la armonía espiritual entre el mundo terrenal con el mundo acuático de la Sierra. Eso nos pone en mucho riesgo”, agrega Pedro Loperena, quien contrasta la acción del Estado y de las empresas privadas en sus territorios con las prácticas ancestrales de los indígenas de la Sierra Nevada: “Nosotros nunca alteramos la naturaleza, nuestra misión es cuidar la tierra, es velar que no le pase nada. Llevamos muchos años de estar viviendo en la Sierra y no hay una obra hecha por indígenas que afecte a la naturaleza, porque tenemos claro que todo lo que altere la naturaleza lleva a la destrucción”. Por último se pregunta él mismo por qué la tierra para los indígenas es importante, y no tarda en responder: “Mi vida depende del mar, mi vida depende de los picos nevados, mi vida depende de los bosques. Un indígena sin territorio no es un indígena. ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a comer? Todo lo que comemos viene de la tierra. Por eso hay que agradecerle, no podemos destruirla. No se puede tener vida sin tierra. La tierra no es egoísta, hay que saberla mantener. Los megaproyectos nos exterminan la cultura”. 117 sin Democracia, sin derechos 121 ¿De sm Cam onte d ilo G el nar co onz ález paraes tati Po s s smo? o Conflicto armado, q ana ab a H lis L de Ce s o p u é u a rd s e d d ¿Y is E u 1 3 1 118 L ué? nt o: e re ue la g rra ic bél ay b sim ólic a ari n i t i v e ra a um R A 137 h d o i e ra r e cu y V Ji m m z a p e d política y acuerdo humanitario 119 sin Democracia, sin derechos m r a t i l r i a m t a i l i par n m ó i a c r a a liz p vi o n m ó s i e c d o o v i l i z ao c e s o d e ad Pr m r a o t c Confli 120 mo? estatis rcopara el na d e t n o ¿Desm sso* z Gonzále Camilo Po Colombia se encuentra en un periodo de transición que se abrió con la crisis del narcoparaestatismo montado desde los años ochenta. La encrucijada de la próxima década comprende las soluciones políticas con un gran acuerdo de sociedad por la paz, o la profundización de la solución militar como estrategia; la posibilidad de un Estado social de derecho, con democracia de solidaridad en una sociedad en paz, o la cohabitación de instituciones de una democracia autoritaria con múltiples expresiones de un régimen mafioso sustentado en autoritarismos regionales violentos. Este periodo de transición se expresa como una crisis de los círculos y procesos de violencia animados históricamente por la influencia de las mafias narcotraficantes, el paramilitarismo, la degradación de la insurgencia armada con flagrantes violaciones antihumanitarias, la globalización de la guerra antinarcoterrorista, el autoritarismo desde el poder y un modo de acumulación de riqueza basado en la fuerza y en la corrupción. Pero, también, es el resultado de la emergencia de fuerzas y formas de conciencia que se han apropiado de una ética humanista de la promoción de los derechos humanos y la no violencia. Circunstancias nacionales e internacionales han hecho cada vez más difícil la reproducción del narcoparaestatismo, que se volvió omnipresente incluso en contra de las instituciones construidas en la Asamblea Constituyente de 1991. ¿Qué tanto se ha avanzado? y ¿cómo influye en ese camino la desmovilización parcial de los paramilitares? Más allá de la dimensión armada * Presidente de Indepaz. El presente artículo es un resumen de la ponencia presentada en el seminario internacional “Balance de dos años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz”, convocado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz, Madrid, 13 y 14 de noviembre de 2007. Por el calado de los problemas en juego es un desenfoque limitarse al capítulo de las armas o del mal llamado paramilitarismo que, en realidad, es solo parte de una mutación mayor que ha tenido la sociedad colombiana y que involucra no solo estructuras militares ilegales, sino también económicas, políticas e institucionales al servicio de mafias y negocios que se reproducen aprovechando conexiones con funcionarios públicos o posiciones en el Estado. 121 sin Democracia, sin derechos Carlos Castaño, Iván Roberto Duque y otros jefes paras han discutido el calificativo de “paramilitares”, que se volvió parte del lenguaje corriente para designar a grupos armados como las AUC o el Bloque Central Bolívar. Han preferido hablar de “movimiento de autodefensas” como parte de un “paraestado”, indicando que en defensa de intereses privados, asumieron funciones de Estado, como seguridad, administración de justicia y cobro de tributos, estableciendo alianzas con empresarios rurales y urbanos de diversa procedencia. Desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) también se rechazó la expresión “paramilitar”, por considerar que daba por establecida la conexión de esos grupos con la Fuerza Pública y convertía en política institucional algo que, desde el discurso oficial, se ha planteado como actuaciones aisladas individuales. Durante mucho tiempo se dijo que lo que existía era un conjunto de “autodefensas ilegales”, e incluso en la sustentación de la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios se utiliza esa expresión o la de grupos armados organizados al margen de la ley. En la discusión reciente sobre la existencia de grupos paramilitares, el Gobierno introdujo la categoría de grupos armados privados que actúan ilegalmente en contrainsurgencia o defensa sediciosa de la institucionalidad, definición de paramilitares que supone una intencionalidad política y de autodefensa que recurre a las armas, prácticas violentas y negocios ilícitos sólo en conexidad con el propósito antisubversivo. Desde esa categoría no sólo se puede decir que no existe paramilitarismo, sino que no ha existido en Colombia en las últimas décadas, pues la lógica de los paranarcos ha sido pasar de antisubversivos a negociantes ilícitos violentos, y la de los narcoparas, sólo camuflar su actividad narcotraficante en la franquicia de las autodefensas. Unos y otros tienden lazos con funcionarios y Fuerza Pública que los usó como instrumento o como aliados en la contraguerrilla, y como socios en negocios ilícitos y en el aprovechamiento del poder para el enriquecimiento particular. La identificación de los narcoparamilitares y paranarcos con fuerzas de contraguerrilla o antiterroristas simplifica el problema; lo camufla, destacando propósitos políticos, y minimizando sus variables mercenarias y de defensa de intereses privados y mafiosos. Algunos 122 Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado grupos paramilitares se originaron en la política de contrainsurgencia promovida en los años sesenta y setenta como parte de la “seguridad nacional” y la Guerra Fría, que justificó su promoción legal y alianza con narcotraficantes en la lucha antiguerrilla –como ocurrió en el Magdalena Medio y en otras regiones–; sin embargo, esto mutó por el peso dominante del narcotráfico. Por varias vías, en Colombia se configuró un fenómeno complejo que podría llamarse narcoparaestatismo, orientado a la defensa de negocios privados, en especial del narcotráfico, lavado de activos, apropiación de tierras y de rentas del Estado. El combate a la subversión ha sido un componente de este fenómeno, pero, como recordó el presidente Álvaro Uribe Vélez en el balance de dos años de la Ley 975 de 2005, ya en 2002 era evidente que los paras no combatían a la guerrilla allí donde se había logrado un reparto adecuado de negocios. La alianza privilegiada de los paras con agentes estatales, incluidos mandos de la Fuerza Pública, obedeció ante todo a intereses de negocios y de poder regional. Dejando en suspenso esa discusión, que no es irrelevante, podemos plantearnos la pregunta sobre el impacto de las desmovilizaciones y de la emergencia de nuevos grupos armados ilegales en el desmonte del fenómeno general del narcoparaestatismo. En primer lugar hay que destacar que se han suscitado nuevas situaciones, tales como: • La desmovilización de grupos paras ha tenido efectos positivos en la reducción de algunos indicadores de violencia –secuestros, masacres, homicidios–,1 el desmonte de grandes estructuras armadas y el debilitamiento de control político en algunas regiones. 1 La tasa de homicidios ha descendido con la misma pendiente negativa desde 1990; el total es de 18.111 en 2005 y 17.479 en 2006. Entre 2002 y 2006 bajan, pero se mantienen las altas cifras de desplazados –más de 1.437.64 en los cinco años según CODHES y de 1.000.000 según Acción Social–; entre 2004 y 2006 se presentaron 281 ejecuciones extrajudiciales y 459 torturas (CINEP); los desaparecidos ascienden a 15.000 según Asfaddes; los sindicalistas asesinados aumentan de 57 en 2005 a 78 en 2006 (Datos de la Vicepresidencia de la República). Para el tema de violencia contra el sindicalismo, véase Escuela Nacional Sindical, ENS (2007). Cuadro Nº 1: Desmovilización parcial en cifras Nº Fuente Desmovilizados colectivos 31.671 ACR Desmovilizados individuales 13.392 ACR Total desmovilizados 45.063 ACR Total desmovilizados armados 18.000 ACR No desmovilizados de estructuras militares 5.400 Registrados en el Programa Reintegración 34.793 FIP 70/30 ACR Sin registro en el Programa Reintegración 10.270 ACR Desmovilizados paras sin atención efectiva 20.000 PAZ-ION Armas/desmovilizado - 2004 0,8 Indepaz Armas/desmovilizado - 2005 0,66 Indepaz Armas/desmovilizado - 2006 0,48 Indepaz 5.000 Indepaz Desmovilizados con jefes fuera Ley 975/05 Desmovilizados con situación jurídica sin definir ¿Sedición? Desmovilizados en listas de postulados a Ley 975 (84 sin ubicar) • Los fenómenos del narcoparaestatismo y el paramilitarismo se empiezan a develar y cuestionar. Se han deslegitimado en la opinión pública y la comunidad internacional las tácticas de la alianza Estado-parasnarcos-mafias, y se ve una crisis del régimen mafioso que ha dominado muchas regiones y esferas institucionales. • Se entró en una etapa de transición contradictoria: desmovilización a medias y desmonte parcial del narcoparaestatismo. En ese contexto se generan tres procesos: (i) el desmonte parcial de las AUC y los narcoparas, el reciclaje de estructuras y la emergencia de neoparas; (ii) la reingeniería de los negocios: narcotráfico, corrupción, macroproyectos, tierras y lavado de activos, y (iii) la crisis de la parapolítica y el reencauche como paramafias clientelistas. La fórmula del 70/30 y la emergencia de los neoparas En serios estudios académicos de instituciones como Ideas para la Paz (FIP), la Corporación Seguridad y Democracia y Corporación Nuevo Arco Iris, así como en centros de pensamiento universitarios se ha documentado el carácter parcial de las desmovilizaciones. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 19.000 ACPP 3.075 FGN en un reciente informe documentó que en los circuitos judiciales del Departamento del Cesar, numerosas personas que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes, ni existían mecanismos idóneos para verificar su pertenencia al grupo (CIDH, 2007, p. 9). Los mismos jefes de los paras y narcoparas han ilustrado el montaje que se hizo con reclutamientos ficticios de jóvenes desempleados, de bandas urbanas o cercanos a los negocios. Vicente Castaño lo planteó con el caso del Bloque Cacique Nutibara, y otros lo han mostrado en los Bloques Norte o Central Bolívar (FIDH, 2007). Ejemplos notables registrados por los medios de comunicación han sido la desmovilización de la empleada doméstica de Salvatore Mancuso, de empleados de las fincas y casas de los paras, y el llamado “cambiazo” de “Salomón”, subjefe para que apareció como desmovilizado, pero que, en realidad, envió un reemplazo y continuó al mando de los negocios y actividades ilegales del Bloque Norte hasta su captura. La FIP, dirigida en su momento por el actual viceministro de Defensa Sergio Jaramillo, advirtió en 2005, no sólo las irregularidades por cifras infladas de desmovilizados, sino por la aplicación de la fórmula del 70/30, mediante la cual los bloques o frentes dejaban en reserva al menos la tercera parte de sus efectivos, en particular, los mandos medios claves para mantener el control de 123 sin Democracia, sin derechos Cuadro Nº 2: Grupos armados paras, narcoparas y neonarcoparas Rearme denominación Hs. Con. Mpios.Dptos. Narcoparas, neonarcoparas, nov./07 6.377 224 24 INDEPAZ* con datos de policía, MAPP/OEA, Defensoría, ONG Narcoparas, neonarcoparas, nov./2007 4.877 - - BACRIM, nov./07 2.318 101 16 Policía. Carabineros - Seguimiento BACRIM – oct./07 BACRIM de carteles Valle, nov./2007 Grupos post AUC y/o no desmovilizados Disidentes, rearmados y emergentes 500 - Fuentes INDEPAZ. Solo fuentes oficiales (Policía, FFAA, MAPP/OEA, Defensoría) Policía. Carabineros - Seguimiento BACRIM – oct./07 - 305 30 Defensoría del Pueblo – oct./07 3.955 200 22 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación En julio de 2007 el agregado de fuentes oficiales, ONG y prensa era de 8.709. De solo fuentes oficiales: 7.400. * El corte en noviembre incorpora correcciones y nuevos datos de la Policía Nacional. negocios y posiciones de poder. La evolución de la relación arma entregada/efectivos desmovilizados muestra que entre 2003 y 2006 acentuó este doble movimiento de reclutamiento ficticio y no desmonte de mandos y estructuras claves. En las desmovilizaciones de 2004 la relación armas/desmovilizados fue de 0,8; en las de 2005, 0,66, mientras que en 2006 fue 0,48. En cuanto al rearme, uno de los factores a analizar es que el Programa de Reinserción no hace un seguimiento universal a las desmovilizaciones. De 45.063 desmovilizados (entre guerrilleros y paramilitares), sólo 34.793 se encuentran en los programas de la Alta Consejería para la Reintegración. Esto significa que por lo menos 5.000 no son objeto de seguimiento y control, y en el caso de los paramilitares, hay que sumar aquellos miembros de frentes no desmovilizados como el Cacique Pipinta y Martín Llanos, y las de los importantes jefes que suscribieron el Acuerdo de Ralito y sus grupos, pero no se acogieron a la Ley 975 de 2005. Adicionalmente, 84 de los 3.075 postulados a esta norma no se encuentran ubicados. Aunque las cifras y la denominación difieren entre las fuentes estatales, el número ilustra que el rearme no alude a un fenómeno marginal y que no es comparable al de las “maras” en El Salvador o Guatemala, tal y como lo han afirmado funcionarios como el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) Eduardo Pizarro, en múltiples intervenciones públicas.2 2 Una de ellas fue la realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2007. 124 Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado Ese organismo registra 3.955 disidentes, rearmados y emergentes, con presencia en 200 municipios del país. La unidad de la Policía Nacional que centraliza información sobre “Bandas Criminales Emergentes” contabiliza 2.818 en 101 municipios, y la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de “grupos post AUC y/o no desmovilizados” en 305 municipios de un total de 1.098, incluidas las principales capitales de Colombia. Por su parte, Indepaz, integrando esas fuentes y con las actualizaciones realizadas con base en los últimos informes de entidades oficiales, la MAPP/OEA y ONG de derechos humanos, contabiliza, a noviembre de 2007, 69 estructuras presentes en 24 departamentos y 224 municipios, para un total de 6.377 efectivos armados de narcoparas y neonarcoparas. Con sólo fuentes oficiales, eliminado duplicidades, se registran cerca de 5.000 efectivos armados en esos grupos neoparas. Un panorama más completo se tendría si se incluyeran los datos de los 81 municipios mencionados por la Defensoría del Pueblo que no han sido cuantificados. Suponiendo un promedio de 50 efectivos armados en cada municipio se podrían calcular 4.050 neoparas en los 81 municipios adicionales en los informes de esa entidad, para un total estimado de 9.050 armados si se toman solo los datos estatales, o 10.427 si se tienen en cuenta otras fuentes no oficiales. Una cifra de esta magnitud implicaría niveles avanzados de recomposición de las estructuras armadas y requiere una consolidación urgente de fuentes y criterios entre las entidades estatales que han suministrado informaciones dispares. De los diversos informes se deducen, entre otras, las siguientes características de esos grupos: (i) operan en las mismas zonas donde se encontraban las estructuras desmovilizadas; (ii) por lo menos la mitad de las estructuras nuevas actúan en áreas de la economía de la cocaína: cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de narcotráfico, lo que da continuidad al negocio de los ex paras; (iii) tienen alguna presencia, con oficinas de cobro y bandas armadas, en importantes centros urbanos como Cúcuta, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Quibdó, Pereira, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva; (iv) muchos vinculan a desmovilizados y, en especial, a mandos medios o segundos de las grandes estructuras; (v) combinan estructuras uniformadas y camufladas de civil, y (vi) en el último año muchos han presentado cambios a unidades pequeñas como las “Águilas Negras”, grupo que, según la Defensoría del Pueblo, tiene presencia en todos los departamentos. La reingenería de los negocios La situación de los negocios ilegales y de la economía de los narcoparas o paranarcos no fue objeto de negociación concreta ni exigencia para la desmovilización. Dada la caracterización asumida por el Gobierno nacional de los paramilitares como fuerzas antisubversivas se minimizó su relación con los negocios ilegales, en especial con el narcotráfico, la acumulación de tierras y de inmuebles como lavado de activos, las prácticas de extorsiones o cobro de “tributos para seguridad”, y apropiación de rentas públicas mediante prácticas de corrupción, y el control de alcaldías, gobernaciones y otras instituciones estatales nacionales, regionales y locales. Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, en su libro Fin del paramilitarismo: ¿es posible su desmonte?, afirma que “la valoración de tierras en cabeza de jefes paramilitares que adquirían predios baratos a causa de la presencia guerrillera, ha sido parte del proyecto paramilitar”. Y agrega que ese propósito de enriquecimiento ha sido “tanto o más importante que el mismo plan antisubversivo” (Pardo, 2007). Las espirales de violencia, terror, desplazamiento y destierro obedecen más a una lógica de acumulación de activos que de motivaciones políticas. Así, a la hora de los balances, cabe preguntar cómo se ha avanzado en el desmonte de la paraeconomía latifundista que ha significado la más grande concentración de tierras en los últimos 50 años. La Procuraduría, la Contraloría General de la República y otras fuentes estiman que en las últimas dos décadas los narcos y los grupos armados aliados se han apropiado de más de 6,5 millones de hectáreas. Un cálculo conservador permite cuantificar en US$2.500 millones el precio de las tierras acumuladas por los narcoparas y paranarcos, lo que contrasta con los US$125 millones con los que valoran los bienes entregados para el fondo de reparación. Lo cierto es que, a pesar de la expoliación de miles de hectáreas y de la acumulación de bienes trasladados a una legión de testaferros, no se han decretado las medidas cautelares ni se cuenta con los mecanismos legales para devolvérselos a las víctimas o para su expropiación con destino a la reparación. A esto contribuye la existencia de procesos paralelos contra varios de los postulados: por un lado, ante la justicia ordinaria por delitos de narcotráfico y, por otro, los de la Ley 975 de 2005, lo que implica que los bienes pueden ir al Fondo de Estupefacientes, en los primeros, o al Fondo de Reparación, en los segundos. El reciclaje de los negocios ilícitos del narcotráfico es también evidencia de la permanencia de las estructuras económicas asociadas a los grupos armados. Según cálculos de Indepaz, durante los últimos diez años los narcoparas y paranarcos –independientemente de los ingresos de los carteles– recibieron cerca de US$5.000 millones de sus negocios de tráfico de cocaína. Los jefes desmovilizados han informado que por este concepto recibían cerca del 70% de la totalidad de sus ingresos, y las autoridades de Colombia y de EE. UU. han indicado que los paramilitares actuaron como una de las mayores mafias, siendo responsables del 40% al 50% de las exportaciones de cocaína. ¿Cómo explicar entonces que la desmovilización de las grandes estructuras militares no haya modificado la economía del narcotráfico? Entre 2003 y 2007 no se puede observar un impacto del desmonte de estos grupos en la reducción de exportaciones de cocaína; el reacomodo en los negocios ha sido automático y el flujo de narcóticos desde estas redes y sus suplentes se ha mantenido invariable en un promedio de 200 toneladas métricas año. 125 sin Democracia, sin derechos Se combinan, entonces, dos situaciones: por un lado, según Jhon Walters, jefe antidrogas de EE. UU., “algunos de los ex jefes paras detenidos continúan en el tráfico” y, por la otra, precisamente la más relevante, en la posdesmovilización se produjo un rápido relevo, y los neoparas y narcoparas mantienen el negocio. Peor aún, los paranarcos han extendido sus negocios a otros países, como es el caso de Mancuso y “Jorge 40”, solicitados en extradición por los EE. UU.: el primero es pedido en extradición en asocio con alias “Sierra” –personaje que inicialmente no fue admitido dentro de los postulados, pero que actualmente no se encuentra rindiendo versión libre– por su vinculación con la mafia de Calabria y La’ Ndrangheta, circunstancia que condujo a 46 capturas en Italia, España y Colombia, y a la ocupación de diferentes establecimientos comerciales. Por su parte, “Jorge 40”, según la Fiscalía, desde la cárcel continúa manejando el negocio y disputándolo con otros de los postulados. Otro de los grandes negocios que se ha identificado es el de apropiación ilícita de rentas públicas, tales como el robo de recursos en hospitales y en Empresas Promotoras de Salud (EPS), así como el cobro de porcentajes cercanos al 40% en los contratos de las entidades territoriales e instituciones públicas donde ubicaron a sus aliados o agentes de la denominada parapolítica. También se han conocido las inversiones de lavado de activos en macroproyectos: por ejemplo, Vicente Castaño informó sobre grandes operaciones en cultivos de tardío rendimiento, especialmente en palma aceitera y maderables en la región del Urabá antioqueño, los cuales son también financiados por el Gobierno nacional y departamental, mediante subsidios, y algunos empresarios.3 Sin embargo, ni en los procesos de la Ley 975, ni en los de extinción de dominio se ha reflejado el desmonte de todas estas redes. 3 Algunas empresas vinculadas en versiones libres e investigaciones al accionar de los paras son: Asis Ltda., Banacol, Chiquita Brands, Uniban, Coolechera, Multifruits, Dole, Belmonte, Lácteos del Campo, Drumond, Made in Italy, Gino Pascally, Restaurante La Enoteca, MT Base, Urapalma y Palmas de Curvaradó. 126 Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado Los neoparas han heredado las redes mafiosas que capturan rentas en municipios de los departamentos controlados en el pasado por los grupos desmovilizados. Pero, además, aunque se han debilitado en algunas regiones, continúan los sistemas de cobro de tributos en centros urbanos, lo mismo que los negocios de microcrédito (pagadiario), “chance” y usura. El manejo de las economías ilícitas continúa después de la desmovilización, en el marco de los procesos de la Ley 975 e incluso desde los sitios en que se han ubicado los postulados, lo que ha llevado a que funcionarios del Gobierno manifiesten que algunos de éstos han perdido los beneficios administrativos y judiciales de esa norma, pero han delegado a las instancias judiciales la respectiva decisión. Crisis de la parapolítica y reacomodo del régimen mafioso regional Tal como se ha venido refiriendo, el desmonte del paramilitarismo o del narcoparaestatismo ha sido, hasta la fecha, parcial, y se han dado procesos de reciclaje y emergencia de grupos armados que han entrado a cumplir funciones similares a las de los desmovilizados, pero ahora en un contexto de crisis y de retroceso de esta modalidad delictiva y deslegitimación de una justificación antiguerrilla. La desmovilización y la aplicación de la Ley 975 de 20054 han estado acompañadas de fuertes presiones nacionales e internacionales para una institucionalización de la lucha antisubversiva y la ruptura de vínculos entre funcionarios públicos, incluidos los militares, con grupos ilegales dedicados al narcotráfico. En este terreno se ubican las declaraciones del Gobierno sobre el monopolio de la seguridad en manos del Estado y la condena a cualquier grupo privado que se pretenda justificar como colaborador o suplente del Estado en la persecución del delito o protección frente a agresiones. 4 Véase en esta publicación: Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos. Ley 975: Sin justicia, ni paz. No obstante la magnitud que cobró en la última década el llamado fenómeno de la parapolítica y la captura o incidencia de paras en las instituciones, reitera las advertencias sobre los reacomodos que intentan mantener el régimen mafioso con expresiones regionales e incursiones en instituciones estatales centrales. En el Congreso de la República, los detenidos o investigados conservan sus cuotas, directamente o con sus suplentes; los partidos implicados desde su cúpula en la parapolítica se mantienen en la coalición de gobierno, y atesoran sus posiciones en el Ejecutivo y en entidades que les han sido entregadas como retribución a sus aportes electorales y parlamentarios. En el destape de la parapolítica han tenido un papel importante la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y, en especial, los medios de comunicación, que han dado despliegue a informes de la DEA, de extraditados, ex paras en versiones libres y de investigaciones sobre vínculos de funcionarios estatales y grupos narcoparas o paranarcos. La pregunta que está pendiente de respuestas definitivas es sobre el nivel de penetración que habían logrado en algunas instituciones de carácter nacional y el alcance de las acciones judiciales para revertir su incidencia. Ni tan igual ni tan distinto En los informes gubernamentales se destaca el impacto positivo de la desmovilización y entrega de armas de las grandes estructuras de las AUC y otros grupos paras ocurrida entre 2003 y 2006. Se insiste, además, en que los grupos remanentes o emergentes son bandas criminales de menor importancia e incluso “normales” en procesos de desmovilización. “No existen paramilitares”, repite el Presidente de la República, y en los balances se reivindica la política de combate a esos grupos armados que se hace evidente en cifras de capturados y dados de baja. En 2006 y 2007 se informa sobre 2.067 detenidos y 559 muertos en combate de la Fuerza Pública contra estos grupos. Entonces, surge la pregunta acerca de dónde están las diferencias con evaluaciones que del mismo proceso se hacen desde organizaciones de derechos humanos y de paz y que arrojan conclusiones diferentes. En diversos análisis de organizaciones como Indepaz se parte de reconocer la importancia del desarme y desmovilización de más de 38.000 efectivos agrupados en 28 estructuras criminales que funcionaron como auténticos ejércitos mercenarios y de defensa de intereses privados. Pero se ha criticado el enfoque centrado en el desarme e, incluso, el carácter parcial que se ha permitido, y la subvaloración y descuido frente a las estructuras económicas y políticas, lo cual sería clave para el desmantelamiento completo y la no repetición. Parece que se asumió el desarme como determinante del desmonte sin darle tratamiento oportuno al carácter narco y parapolítico del fenómeno. Se diseñó un proceso de desmovilización de las estructuras armadas y de legalización de hecho, o por omisión, de las demás estructuras mafiosas o narcopolíticas. Los nuevos grupos armados posdesmovilización de los paras tienen diferencias importantes con sus predecesores en cuanto a tamaño, líneas de mando, magnitud de los servicios mercenarios antiguerrilla y mayor dependencia de los narcocarteles, pero tienen también continuidades y cercanías por medio de mandos medios delegados a esta tarea de retaguardia, por la permanencia y ampliación de una red de más de 30.000 testaferros que amparan el lavado de activos y la expropiación de tierras y bienes, por los negocios que protegen y su función de soporte a las redes mafiosas construidas desde hace una década, especialmente en centros urbanos. Así, en medio de las turbulencias propias de la crisis del narcoparaestado y con la desmovilización de las grandes estructuras, aún se está en medio de vertiginosas recomposiciones que pueden derivar en estructuras tan grandes como las anteriores que se combinan con bandas más pequeñas y de todo calibre. *** Cinco años después de los acuerdos de desmovilización y desarme, la trayectoria del proceso con los paras ha sido distinta a la que se vislumbró en los pactos iniciales, que algunos de los actores defendieron con tierna y fatal ingenuidad, y que habían sido incorporados en el primer proyecto de ley presentado ante el Congreso, denominado como “alternatividad penal”.5 Ahora, aun cuando la 5 En la ponencia inicial presentada al Congreso, los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que negociaran con el Gobierno nacional no 127 sin Democracia, sin derechos Ley 975 de 2005, después de su control de constitucionalidad, se ajustó a algunos estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas y ofreció mayores posibilidades para el desmantelamiento de las estructuras armadas y sus redes inmediatas, la inestabilidad de todo el proceso ha llevado a crisis recurrentes que se le han salido de las manos al Gobierno, unas veces, y de los paranarcos, otras. Como en el dilema del prisionero, el óptimo para las partes se rompe si entran terceros en discordia y esto ha ocurrido, no sólo por los reclamos nacionales e internacionales que exigen verdad y justicia, sino también por las pugnas internas entre capos, jefes y mafias que han conducido al destape de muchos episodios criminales. Las revelaciones en los medios de comunicación, las versiones libres y los testigos en o por fuera del proceso de la Ley 975 condujeron a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía a intervenir frente a los delitos de congresistas y otros funcionarios públicos, abriendo procesos contra 81 de ellos (FIDH, 2007), la absoluta mayoría vinculados a la coalición de gobierno. Pero han sido cinco años de lucha no resuelta aún entre las presiones por el desmantelamiento total del narcoparaestatismo, o como se le quiera llamar a este fenómeno multitentacular y, de otro lado, las contraofensivas para mantener sus estructuras de poder, así sea mutando a formas nuevas, llámense grupos armados emergentes, neoparas, alianza en partidos, nuevos partidos, testaferros, lavado de activos y participación en contratos públicos, entre otras. La pasión del debate sobre este asunto de la removilización es entendida por algunos burócratas como una fiebre de oposición a ultranza, y no como una señal de recibirían de sanción un solo día de cárcel, pues, si bien tenían como base de la pena alternativa cinco años, a esta condena se le podía restar el tiempo de duración en el proceso y los beneficios penales que se encuentran consagrados en la legislación ordinaria. Al respecto, véase Intervención del señor Michael Fruhling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante la Comisión Primera del honorable Senado de la República, Bogotá, 23 de septiembre de 2003. 128 Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado alerta sobre la necesidad de rechazar las tesis de las bandas criminales “normales” en una desmovilización, que conduce a bajar la guardia ante su influencia y a dejar mayores espacios para su reproducción. Decir que la situación de hoy es igual a la de hace cinco años es un exabrupto, como lo sería desconocer que ha disminuido el nivel de violencia letal y se ha deslegitimado en la opinión pública la guerra sucia y el paramilitarismo como estrategia antisubversiva, pero es más peligroso negar que se está en la mitad del camino y que hay procesos de reciclaje, reordenamiento y recomposición en todas las esferas. Bibliografía n Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (2007). Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales. OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 6, 2 octubre 2007. Original: Español. n Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH (2007). Colombia: la desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional. Bogotá, Colombia, octubre de 2007. n Escuela Nacional Sindical, ENS (2007). 2.515 o esa siniestra facilidad para olvidar. 21 años de asesinatos de sindicalistas en Colombia. Medellín: Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos. n Pardo, Rafael (2007). Fin del paramilitarismo: ¿es posible su desmonte? Bogotá: Ediciones B. 129 sin Democracia, sin derechos ersaci 130 N L LN E E l e l e n o n sc o e c n o i s c e a s o n er Conv ado m r a o t Conflic bana a H a L e d ués ¿Y desrpdo Celis* qué? ua Luis Ed El pasado diciembre de 2007 se cumplieron dos años del proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es pertinente arriesgar algunas consideraciones sobre el estado del mismo y sus perspectivas, en el sentido de construir un acuerdo político que permita a este grupo armado transformarse en una fuerza civil. El ELN asumió este nuevo intento de negociación en un contexto muy favorable para lograr un pacto de paz. La izquierda tiene un referente en ascenso en el Polo Democrático Alternativo y puede ser gobierno en 2010; hay interés en algunos sectores sociales en que esta negociación avance y pueda incorporar sus reivindicaciones; hay un grupo importante de países respaldándola y a la expectativa de colocar su granito de arena; y, quizás lo más importante, el gobierno del presidente Uribe está interesado en lograr el pacto (Celis, 2006). Sin embargo, la primera pregunta que cabría formularse es ¿por qué el Gobierno de la seguridad democrática y el ELN llegan a una mesa de conversaciones y se plantean desarrollar un proceso de negociación? Este interrogante puede tener múltiples respuestas: por conveniencias políticas, por convicciones parciales o con el objetivo de ganar legitimidad en una mesa para futuras pautas de actuación. La combinación de todas las razones anteriores podría acercarnos a una respuesta adecuada. Los primeros pasos Comencemos por desarrollar algunas de las consideraciones y circunstancias que posibilitaron que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en cabeza del Alto Comisionado de Paz, se decidiera por esta mesa en septiembre de 2005 y diera un paso importante: permitir la liberación de Francisco Galán, detenido en la cárcel de Itagüí, dando inicio al funcionamiento de “La Casa de Paz”.1 Esta iniciativa fue promovida por un grupo * El autor es asesor del área de paz y civilidad de la Corporación Nuevo Arcoiris. Correo de contacto: [email protected] 1 “La Casa de Paz es una propuesta que surge desde personas de la sociedad civil interesadas en la paz de Colombia. No es propiamente un espacio de ladrillo y cemento, sino un gran campo donde se puede 131 sin Democracia, sin derechos de personas de reconocida trayectoria e interés en buscar un proceso de negociación política del ELN con los últimos tres gobiernos colombianos, desde el ya lejano encuentro de Puerta del Cielo, en julio de 1998, donde se formalizó la pretensión del ELN de ir a un proceso político con participación social para buscar ponerle punto final a su alzamiento armado. Para que Francisco Galán, comisionado del Comando Central del ELN, se instalara física y políticamente en La Casa de Paz, fueron garantes de su liberación el sacerdote jesuita Horacio Arango, el analista político Alejo Vargas, el facilitador desde hace dos décadas de posibles procesos con la insurgencia Moritz Ackerman, el dirigente del Polo Democrático Alternativo Daniel García-Peña, y el promotor de las campañas de desminado y de construcción de una política pública frente a este complejo y doloroso tema Álvaro Jiménez. Fueron ellos quienes promovieron el inicio de una fase de consultas y de diálogos entre Francisco Galán, como vocero del ELN, y algunos sectores de sociedad civil para explorar un posible diálogo, al más alto nivel, entre el Gobierno colombiano y este grupo. Todo ello ocurrió en un contexto de amplia discusión nacional por la reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial de Uribe y las campañas electorales al Congreso de la República de marzo de 2006. El ELN inició el proceso, después de cuatro años de implementación de la política de seguridad democrática y su duro empeño en derrotar de manera estratégica a la insurgencia y poder conducirla a una mesa de capitulación. Este es el sueño y compromiso del presidente Uribe con un amplio respaldo ciudadano. Siendo así, ¿por qué el Gobierno se decide por explorar el inicio de una mesa de negociaciones con el ELN, cediendo en un punto importante de su política: sentarse a negociar sin la exigencia previa de cese del fuego? Por conveniencia electoral no es un argumento fuerte, pues es un Presidente apreciado y respetado por su oferta de mano dura con la insurgencia. ¿Por considerar que es- recrear la imaginación para avanzar en el logro de la paz” (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, s.f.). 132 Conversaciones con el ELN. Conflicto armado tán dadas las condiciones para experimentar otro camino complementario con una guerrilla que no le produce la visceralidad que caracteriza al primer mandatario cuando de relacionarse con las FARC se trata?, es posible. ¿Por ganar un aire internacional y mostrarse como un estadista que explora caminos de diálogo y soluciones políticas?, también es un argumento de peso. Lo cierto es que el presidente Uribe se decidió por este proceso y le asignó la tarea al comisionado Luis Carlos Restrepo. Pero, también está la cuestión de por qué el ELN decide dialogar con un gobierno de mano dura que ha negado de manera sistemática la existencia de un conflicto armado, que ha igualado la “vieja” guerra colombiana con la lucha contra el terrorismo, y no reconoce ninguna legitimidad a la insurgencia, ni sus razones políticas para mantenerse en armas. ¿Será táctica para mantener un aire político o para ganar un espacio internacional y salir de las listas de terroristas en Europa y Estados Unidos?, o ¿para relacionarse con una diversidad de sectores sociales y políticos en el país, y explorar un posible camino de solución política? Por supuesto que todas las anteriores son razones que explican que el ELN haya decidido abrir esa mesa con un presidente de la derecha; finalmente, esta insurgencia ha mantenido desde 1997 la decisión de dialogar y durante 10 años ha perseverado en su propuesta de Convención Nacional.2 El caso es que luego de muchos 2 En 1996, el ELN emitió la “Propuesta Urgente para Colombia”, documento en el que plantea la Convención Nacional. La Convención fue formulada como una alternativa que señala la importancia de la participación de la sociedad civil para promover y garantizar un proceso de paz. Posteriormente, en el encuentro del Palacio de Viana (España), el 9 de febrero de 1998, entre el Gobierno nacional y el ELN, se logró concebir un preacuerdo para llevar a cabo la citada Convención, pero este no prosperó. En noviembre de 1997 se emitió otro documento, “A propósito de la Convención Nacional retomemos los caminos de la paz”, donde el ELN propuso iniciar diálogos de manera abierta, pero en espacios internacionales. Poco después, en la reunión de Mainz (Alemania), en diciembre de 1997 y en junio y julio de 1998, se reunieron los voceros del ELN, miembros de la sociedad civil, el Comité Nacional de Paz y la facilitación de las conferencias episcopales de Alemania y Colombia. Allí se presentó intentos por abrir ese espacio de diálogo político, que tuvo como último antecedente la mediación del Gobierno mexicano, se decidió por una mesa de conversaciones en el exterior, y Cuba fue la sede. ¿Empantanada la Convención Nacional? Han transcurrido dos años, se han dado nueve rondas formales de diálogos, hay una mesa con unas delegaciones negociadoras, un acompañamiento internacional muy activo, pero el resultado no es del todo alentador. Se pueden considerar dos grandes momentos en este proceso: • Primer momento: entre diciembre de 2005 y octubre de 2006, caracterizado por acercamientos entre las dos delegaciones en medio del debate electoral, que permitió promover la idea que ese era un proceso de largo aliento en el que no se tomó ninguna decisión de fondo. • Segundo momento: entre febrero de 2007 y la fecha, en que las partes tienen la misión de crear una agenda y sentar las bases de la construcción de un proceso de negociaciones que debe llevar a plantearse asuntos de fondo, no solo al Gobierno y al ELN, sino a la sociedad colombiana. Entonces, ¿cuál es el producto construido luego de tantos ires y venires, y por qué esa mesa no arranca de manera clara? Hay un factor de fondo que debe resolverse si se quiere avanzar: la resolución de las partes. Gobierno y ELN construyeron un proceso por fases, han surtido una primera fase exploratoria, que dieron por concluida en la ronda de octubre de 2006, e iniciaron la etapa de construcción del Acuerdo Base. Éste se ha divulgado en su estructura general y se ha avanzado de manera sustancial en su diseño, entre abril y julio de la propuesta de la Convención Nacional y se publicó el conocido Acuerdo de Puerta del Cielo del 15 de julio de 1998. Este Acuerdo precipitaba la participación de la sociedad civil y enunciaba que esta participación debería ser permanente y que debería cumplir un rol de facilitación con las comandancias del ELN, EPL y las FARC-EP (Montaña, 2007). 2007. Sus dos pilares son “bajarle el volumen a la confrontación”, y promover todo un proceso de consultas y debates ciudadanos para ir al escenario que el ELN viene buscando desde hace una década: la Convención Nacional. Esto, acompañado de la comunidad internacional y de garantías que darán las condiciones políticas y económicas para ofrecer continuidad a este proceso. El Acuerdo Base contempla la creación de un ambiente para la paz, tomando la decisión de llegar a un cese del fuego y de las hostilidades de manera bilateral e implementar medidas para aliviar temas humanitarios y de derechos humanos: liberación de secuestrados y suspensión de esta práctica, desminados, atención a la situación de desplazamiento, desaparecidos forzados y persecuciones contra líderes sociales. Sin estar definida, la siguiente etapa debería tener como centro la realización de la Convención Nacional y adentrarse en el perfeccionamiento del acuerdo político que permita la transformación del ELN, de una fuerza en armas a una organización política en la civilidad. No obstante los anteriores acuerdos, hoy hay un “empantanamiento” de la mesa. Las dos partes se han trenzado en un debate público, en donde el Gobierno, en cabeza del comisionado Luis Carlos Restrepo, ha argumentado que el ELN no es serio, que quiere un proceso político para salir de las listas de terroristas de Estados Unidos y de Europa, que quiere ganar un aire político para continuar con su estrategia de guerra (prueba de ello es que no ha tomado la decisión de dejar las armas) y que su IV Congreso, realizado en julio de 2006, ha reafirmado una estrategia política donde las armas siguen jugando un papel central. Por esas razones, el ELN debería tomar varias decisiones si pretende que este proceso continúe: primero, volver a convocar un congreso y tomar la decisión frente a la dejación de las armas y, segundo, dar muestras certeras de su seriedad, para lo cual debe hacer un cese del fuego y de las hostilidades con estricta concentración de todos sus efectivos rurales y urbanos, una identificación plena de sus miembros y un depósito de sus armas en manos de terceros para poder suscribir el “Acuerdo Base” . El comisionado Luis Carlos Restrepo tiene razón cuando afirma que el ELN no ha tomado la decisión de 133 sin Democracia, sin derechos dejar las armas. Siendo así, la pregunta que cabe formularse es cómo va a ser el procedimiento para que una guerrilla, que se propuso derrotar militarmente al régimen y todos sus soportes nacionales e internacionales, tome la crucial y pertinente decisión de dejar las armas. ¿Lo va a hacer porque se lo exijamos, la critiquemos o lo va a hacer si se cursa un proceso político que le plantee en su momento tal pregunta? so continúe. ¿Hay oferta de reformas desde el Gobierno? y ¿hay compromiso del ELN por construir una agenda de reformas concretas y viables?; cuando decimos viables es que no es posible llevar a la mesa el programa de la revolución socialista para Colombia, propuesto por el ELN en 1964, que plantea la posibilidad de un triunfo militar. Podemos afirmar que el comisionado Restrepo tiene una muy buena comprensión del ELN, pero una pésima estrategia. Argumenta que el Gobierno no puede actuar de manera irresponsable, promoviendo un proceso donde el tema de las armas no está resuelto de entrada. Craso error. Por supuesto que hay que resolverlo, pero deponer las armas es el último punto de la agenda, y si esto es así, ¿a cambio de qué? Precisamente aquí viene el punto de fondo: sin una propuesta de reformas no hay negociación política, ni con el ELN ni con las FARC. Tenemos dos posibilidades: o se les derrota militarmente o las incluimos políticamente. No hay caminos intermedios, y construir un acuerdo político con contenidos concretos es lo que va a posibilitar que se llegue al espinoso pero necesario tema de las armas. Para finalizar, es pertinente abordar otros temas que, de una u otra forma, son relevantes para el análisis del proceso de negociación entre el ELN y el Gobierno nacional. Ahora, teniendo como base la plataforma política del ELN, ¿se puede hablar de un proceso de paz con este grupo sin reformas políticas y sociales que hagan atractiva su desmovilización como fuerza armada y su incorporación al debate político democrático? Desde la Constitución de 1991 hay reformas e inclusiones que, aunque con avances y retrocesos, y entre formalidades de papel y activismo por su efectiva realización, son una muestra de que el país ha cambiado desde que el ELN, en 1964, propuso el triunfo militar. Sin embargo, por supuesto que hay un amplio espacio para otras reformas que, acordadas entre el Gobierno y este grupo, se den o se propongan y permitan la reinserción a la vida pública sin armas. Reformas en el sistema político, en las garantías para la competencia electoral, y en el funcionamiento y régimen de las administraciones territoriales son tres grandes bloques donde se pueden y deben hacer intervenciones. Por esas razones, tanto el ELN como el Gobierno deben tomar varias decisiones si pretenden que este proce- 134 Conversaciones con el ELN. Conflicto armado *** El ELN no es una fuerza derrotada militarmente. Aunque la arremetida paramilitar de 2000 le infringió duros golpes, y ha perdido territorios en la confrontación con la Fuerza Pública y la disputa con otros actores armados, tiene posibilidades de recomponerse y asumir una estrategia que vuelva a poner en el centro lo militar o simplemente mantenerse como una fuerza en armas y esperar otros momentos históricos. También es cierto que el ELN cada vez más está influenciado por la dinámica del narcotráfico, cuestión que no es un tema de voluntad o definiciones políticas formales, sino una realidad económica con consecuencias políticas. Si se está en un territorio y se pretende mantener una iniciativa política, este fenómeno se va articulando y entre ilegalidades se van juntando. Este no es un tema menor y le puede quitar al ELN unos puntos a su favor en especial, ahora que hay cinco miembros notificados de tener en su contra pedidos de extradición en los Estados Unidos, por el delito de toma de rehenes. Por otra parte, la pelea con las FARC es un asunto de fondo no resuelto.3 En este punto, el ELN tiene varias disyuntivas: o trata de recomponer su resquebrajada relación con las FARC (todo parece indicar que siguen lejos de un proceso de negociación global), o mantiene 3 Vale la pena recordar que las conversaciones del ELN con el Gobierno nacional también denotan un desmarque del acuerdo público suscrito con las FARC en 2003, firmado al más alto nivel, en el que las dos guerrillas se comprometían a no desarrollar ningún proceso político con este Gobierno y a juntar sus esfuerzos para enfrentarlo. su iniciativa propia y dinámica para empujar su mesa de negociaciones. Bibliografía Para concluir, cabe decir que el Gobierno y el ELN tienen su propio ámbito de responsabilidades frente al proceso. Ambos deben recordar que son instituciones que se deben a sus mandatos: el Gobierno frente a una sociedad que espera resultados en una línea de paz, y no solamente en los importantes asuntos de la seguridad, y el ELN se debe a su historia. n Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (s.f.). La Casa de Paz (en línea). Disponible en: http://www.asambleaporlapaz.com/casadepaz_ new/casa.html. n Celis, Luis Eduardo (2006). Pasado y presente del Ejército de Liberación Nacional. Actualidad colombiana, 443. n Montaña, Tatiana (2007, 28 de febrero). Referentes para elaborar agendas de paz. Documentos en el proceso Gobierno-ELN (en línea). Bogotá: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/index. php?option=com_content&task=view&id=420& Itemid=42. ¿Podrá ese grupo construir un acuerdo con contenidos políticos y preguntarse por el destino de sus armas, o se mantendrá en ellas, en medio de una lucha social que pretende evitar retrocesos en materia de garantías constitucionales, así como impulsar nuevas reformas, todo esto, sin considerar necesaria la participación de este grupo insurgente? En todo caso, no se puede terminar una perspectiva de ese proceso sin decir, de manera breve, que hay que prepararse para un gran tema: la agenda de verdad, justicia y reparación que está en curso en Colombia, y que los eventuales y futuros procesos con el ELN y las FARC deberán asumir. Será un debate y una construcción de fórmulas jurídicas y políticas que hagan viable la consecución de la paz, y el emprendimiento de la larga jornada por no permitir que nunca más la violencia sea un recurso para agenciar las agendas políticas de nadie. Al proceso con el ELN y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez vale la pena ponerles energías sociales, razones y propuestas concretas; éste es valioso, y puede y debe ganar ritmo. 135 sin Democracia, sin derechos e rd o o io i r r a t a i t n i a h u m aenr d o h u m Acu ado m r a o t Conflic 136 anitario: simbólica m u h o d r Acue bélica y a r r e u g a entre l R i ve ra * Ji m m y V i e ra El Gobierno colombiano ha manejado dos discursos oficiales frente al acuerdo humanitario: su voluntad para avanzar hacia el mismo y el señalamiento a las FARC como el principal obstáculo para lograrlo. No sentarse con las FARC es su verdadero y fundamental discurso, que representa el nunca expresado inamovible oficial. El 5 de agosto de 2007, la senadora Piedad Córdoba solicitó al presidente Hugo Chávez que sirviera como mediador en el proceso de búsqueda de un acuerdo humanitario entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC). ¿Por qué el presidente Álvaro Uribe aceptó la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías? El ex asesor presidencial, Rudolf Hommes, explica de forma muy clara las razones que inspiraron esa decisión: Nunca se tiene toda la información sobre las razones y circunstancias que llevan a que el Gobierno tome ciertas decisiones. Fue muy sorprendente que el presidente Uribe invitara al presidente Chávez a adelantar gestiones frente a las FARC, que él viniera a Hato Grande a discutir esa posibilidad y que se fuera con un claro mandato para intervenir. En ese momento, para explicar las decisiones de Uribe, existían por lo menos dos hipótesis: la primera, que el Presidente y su consejero de paz se dieron cuenta de que habían agotado sus opciones y que el proceso estaba completamente empantanado, lo cual dejaba al Presidente en una posición muy vulnerable, sujeto a presiones de Gobiernos amigos y expuesto a la crítica interna, sobre todo la proveniente de familiares de secuestrados, que en ese momento tenían mucho apoyo en la opinión pública, por el asesinato de los diputados del Valle del Cauca. La otra hipótesis era que, por estas mismas razones, el Presidente necesitaba ganar tiempo y sacarse de encima la presión. (Hommes, 2007) Desde la aceptación del presidente Chávez,1 han sido varios los avances logrados, aunque han sido sistemáticamente ocultados, manipulados * Asesor de la senadora Piedad Córdoba. Sociólogo y promotor de los derechos de los pueblos afrocolombianos. 1 Desde el programa dominical Aló Presidente No. 286, que se realizó en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. 137 sin Democracia, sin derechos o minimizados por el Gobierno y los grandes medios de comunicación colombianos: 1. Es la primera vez que el jefe de Estado de un país vecino se vincula de forma decidida a la búsqueda de un acuerdo humanitario en Colombia, rompiendo la tradición de que esa función correspondía a los países europeos. En medio de un consenso amplio y democrático, las gestiones venezolanas en procura del acuerdo humanitario se orientan a contribuir a una salida negociada al conflicto armado colombiano y a evitar el rescate militar de las personas prisioneras de las FARC. 2. Las gestiones realizadas por la senadora Piedad Córdoba ante el Gobierno estadounidense, el Ministerio de Justicia y la bancada de congresistas demócratas arrojaron como resultado el interés público y creciente de altos funcionarios de Estados Unidos por contribuir al logro de un acuerdo humanitario, lo cual se consideraba una empresa imposible. 3. Cuba, Bolivia y Nicaragua, países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), acordaron por unanimidad expresar su apoyo a las gestiones de mediación del presidente Chávez en el proceso facilitador del intercambio humanitario. Ese gesto también fue respaldado por el grupo de Países No Alineados, Brasil, Francia, Ecuador, el grupo de países latinoamericanos y la III Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 4. El Gobierno de Venezuela y las FARC celebraron reuniones fuera del territorio colombiano. Antes, esa guerrilla se había negado a celebrar reuniones en un lugar distinto a Colombia para avanzar en la consolidación de un acuerdo humanitario. 5. El Gobierno nacional aceptó la propuesta de liberación presentada en rueda de prensa por el presidente Hugo Chávez, con la única condición de que las aeronaves venezolanas que ingresaran al territorio nacional tuvieran el emblema de la Cruz Roja Internacional. En relación con las otras 18 mediaciones recientes, la aceptación colombiana de la propuesta venezolana representó un avance sin precedentes. Para adelantar 138 Acuerdo humanitario. Conflicto armado el rescate humanitario de las tres personas que las FARC decidieron entregar al jefe del Estado venezolano, se organizó la operación Emmanuel, conformada como una comisión internacional con ex presidentes, delegados presidenciales y representantes de varios países vecinos como comisionados internacionales. 6. A pesar de su negativa en el pasado, las FARC aceptaron a una facilitadora nacional designada por el Gobierno. 7. Las gestiones adelantadas por el presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba condujeron a que las FARC decidieran liberar unilateralmente a las señoras Clara Rojas y Consuelo González. Ese gesto constituye una gran esperanza: la perspectiva de liberación de otros secuestrados políticos y la cercana posibilidad de lograr un acuerdo humanitario, a pesar de los obstáculos y las dificultades impuestas por la guerra. A ese entusiasmo le teme el Gobierno de Colombia porque lo presiona a sentarse con las FARC y pactar el intercambio humanitario. Simulacro de acuerdo humanitario El Gobierno colombiano ha manejado dos discursos oficiales frente al acuerdo humanitario. De una parte, un discurso para la tribuna, según el cual tiene voluntad para pactar un acuerdo humanitario. De otra parte, un discurso oculto, orientado a torpedear cualquier posibilidad de lograr ese acuerdo, según el cual, son las FARC las que no tienen voluntad política de pactarlo. La carta segura es la del rescate militar para evitar el acuerdo humanitario. No sentarse con las FARC es su verdadero y fundamental discurso, que representa el nunca expresado inamovible oficial. Así, por ejemplo, el Gobierno combinó las conversaciones sobre el acuerdo humanitario con los bombardeos y la inteligencia militar para buscar el rescate de las personas cautivas. Recurriendo de nuevo al ex asesor de la actual administración, Rudolf Hommes, podemos saber por qué el Gobierno abandonó, desde los primeros días de octubre, el simulacro de estar por el acuerdo humanitario y pro- fundizó su verdadera intención de adelantar el aniquilamiento de las FARC y de la guerra: Difícil creer que el Gobierno involucre al presidente del país vecino, a varios Gobiernos europeos y al de los Estados Unidos en una gestión en la que no cree, o con el único propósito de maniobrar. Entonces debe haber sucedido algo que la opinión pública no conoce a cabalidad, o un cambio de las circunstancias políticas o de las posiciones de los otros gobiernos involucrados porque Uribe y su consejero de paz se han echado para atrás. (Hommes, 2007) El masivo apoyo internacional de los países por el acuerdo humanitario se convirtió en una real presión al gobierno de Uribe. Los reiterados llamados del presidente Chávez a Manuel Marulanda para realizar conversaciones directas sobre el conflicto armado y lograr vías de solución política produjeron efecto en el Gobierno y el establecimiento económico colombiano. En ese momento, el presidente Chávez afirmó que tenía la sensación de que hablando con Marulanda se pudiera lograr el acuerdo humanitario. Esos esfuerzos del presidente Chávez y su reunión en el Palacio de Miraflores con familiares de estadounidenses retenidos por las FARC, los posibles encuentros con los senadores demócratas norteamericanos que anunciaron reunión con el mandatario venezolano, la recepción a Daniel Parfait, director para América de la Cancillería francesa, y a los delegados del Secretariado de las FARC, lo mismo que el pronunciamiento de Manuel Marulanda, ordenando entregar pruebas de vida de los prisioneros, y la visita al presidente Sarkozy, generaron pánico en el Gobierno colombiano y su retiro formal de las gestiones por el acuerdo humanitario, aprovechando un incidente como pretexto para acabar, sin realizar pronunciamiento diplomático alguno, la mediación de Chávez y la facilitación de Piedad Córdoba. La evaluación realizada por el Gobierno colombiano, en octubre de 2007, lo condujo a suspender las gestiones por el acuerdo humanitario. Sin embargo, justificó su decisión endosándole la responsabilidad a errores de la mediación y a la facilitación, para no quedar como el desertor del proceso. Existieron otras razones no manifiestas para tomar tal decisión. Rudolf Hommes las puntualiza, en los siguientes términos: Surgió una oposición soterrada pero muy fuerte en contra de la intervención de Piedad y de Chávez de parte de las facciones más recalcitrantes que respaldan al Presidente. Chávez está popular en Colombia y ellos temen que aumente su influencia política o que la senadora pase a ser una gran figura. Es posible que los militares estén oponiéndose por razones geopolíticas y porque se le estaba dando a la guerrilla tratamiento de contraparte. Los militares y el gobierno de Uribe han intentado evitar otorgarle a la guerrilla ese tratamiento, llegando hasta extremos semánticos que a veces son incomprensibles para los no iniciados. Pero cuesta trabajo entender cómo se van a negociar eventuales acuerdos con las FARC sin darles tratamiento de contraparte. Son el adversario con quien se pretende negociar, aunque ello se haga a través de terceros, y se requiere su colaboración para llegar a un acuerdo, o por lo menos para progresar. (Hommes, 2007) Sí a la guerra, no al acuerdo humanitario La perseverancia y la obstinación por el acuerdo humanitario son la expresión de un sentimiento solidario con las víctimas del conflicto armado. Este proceso ha servido para que se expresen y se presenten dos enfoques que se han visto las caras en cada acto: el enfoque democráticohumanista y el enfoque militarista. Después de producirse la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, que oxigena la posibilidad real de llegar a un acuerdo humanitario, el Gobierno de Colombia persiste en su posición de negarse a lograrlo. El acuerdo humanitario no se ha podido realizar, ante todo, porque el Gobierno no quiere, ni puede hacerlo y no se lo dice al país. Ha optado por consentir el acuerdo humanitario para no ser acusado de intolerante, discurso esgrimido sólo en momentos de presión ciudadana, como la llegada del profesor Moncayo a Bogotá. No puede hacerlo porque en su esquema guerrerista tiene como paradigma acabar la guerra a través de la guerra y, en el caso particular de las FARC, no reconocerle estatus político hace parte de su estrategia bélica. En la agenda gubernamental no está previsto un acuerdo humanitario porque éste implicaría sentarse con el enemigo, contra el cual se ha diseñado la política de seguridad democrática, y resultaría muy difícil explicarle al país cómo esa política –que tiene al borde del “fin del fin” y de la “derrota estratégica a las FARC”– debería ser 139 sin Democracia, sin derechos dejada de lado para sentar a las FARC como interlocutor, con el propósito de negociar el acuerdo humanitario y canjear presos políticos por las personas que mantiene cautivas esa guerrilla. De otra parte, para que se abra un proceso de acuerdo humanitario o un proceso de paz es preciso que antes haya habido guerra. Pero el Gobierno colombiano nunca ha aceptado la existencia de un conflicto armado, una guerra interna contra las diversas organizaciones guerrilleras. Para el gobierno de Uribe se trata de ciudadanos que cometen delitos comunes o terroristas, sin motivaciones subjetivamente políticas; por tanto, la idea de un acuerdo humanitario entre el Gobierno y esos delincuentes es impensable. A pesar de este enfoque particular sobre el “conflicto armado” o el “no conflicto armado”, el Gobierno nacional ha insistido desde el comienzo del proceso de negociación con los grupos paramilitares, en otorgarles a éstos el carácter de sediciosos, esto es el estatus de delincuentes políticos, que niega a los guerrilleros alzados en armas. La figura jurídica de la sedición, así utilizada, evidencia la defensa política de uno de los pilares del Estado capitalista, los hacendados, su ideología militarista y su brazo parapolítico. El hecho es que aunque el Gobierno colombiano no se considera en guerra con las guerrillas, éstas sí están en guerra contra él y esta verdad se le quiere ocultar al país y al mundo. La concepción de las FARC como alternativa de poder Una alternativa de poder tiene las características de ser un poder social, económico y político alterno al existente. No puede ser un poder construido por una organización armada o partido alejado de las fuerzas sociales existentes. La concepción de ser alternativa de poder lleva a las FARC a no considerar fuera de ellas a las fuerzas sociales del país y a usurpar la representatividad de ellas. Esta consideración tiene su correlato en lo militar: las FARC se consideran el aparato militar de un naciente Estado que busca hegemonizarlo todo y decide sobre la vida de las personas. No obstante, las condiciones inhumanas de 140 Acuerdo humanitario. Conflicto armado los prisioneros que están en sus manos no tienen presentación para una insurgencia que dice ser la alternativa a este mundo deshumanizado. A pesar de que las FARC realizaron la entrega unilateral de dos mujeres, el manejo que hicieron respecto del paradero de Emmanuel y su falta de claridad frente al país y a la Comisión Internacional que estaba en la operación humanitaria, reveló un comportamiento fundado en la mentira. “Mentira por mentira”, pareció ser la lógica del proceso, pues el 31 de diciembre de 2007 el Gobierno sostuvo que no había operativos militares ni bombardeos, en los llanos y la selva oriental del país. En realidad, las FARC, desde su particular concepción del poder, tienen las mismas razones de “Estado” para no ceder en relación con la zona de despeje y no ser flexibles ante el llamado del pueblo colombiano. Su posición se emparenta, paradójicamente, con la del Gobierno. Son dos Estados los que se sientan a negociar. El gesto unilateral que ha tenido se lo ha cedido a un Estado: el venezolano. Las FARC constituyen una de las principales anomalías de la precaria democracia colombiana. Sus actos son sobradamente conocidos y dolorosos. Pero las FARC son un actor racional que actúa para conseguir un fin político: la toma del poder político en Colombia. Sus acciones por más monstruosas que sean obedecen a una lógica política. Reconocer esto no es ser miembro de las FARC, sino que equivale a saber quién es el actor que tenemos al frente. ¿Por qué se sentaron los gobiernos de Belisario Betancur y Andrés Pastrana con ellas y les dieron reconocimiento político como fuerza insurgente? Demonización de los esfuerzos por el acuerdo De manera magistral y con el apoyo de los medios de comunicación, el Gobierno aprovechó el pronunciamiento del mandatario venezolano de proponer el reconocimiento político y el otorgamiento de estatus de beligerancia a las FARC para orientar la opinión a favor de la guerra (rescate militar de los prisioneros y localización de campamentos de secuestrados). En particular, pretendió actualizar el respaldo social e interpartidista para su ofensiva de guerra mediante la promoción de la marcha del 4 de febrero en contra de las FARC. Adicionalmente, quienes han servido como facilitadores y mediadores han sido anatemizados por los grandes medios de comunicación. El esfuerzo por “emparentarlos” con las FARC y, así, proscribirlos políticamente ha tenido como intención central despojarlos –primero, formalmente y después, a la fuerza– de su investidura de facilitadora y mediador, respectivamente. Esa parece ser la forma de “lidiar con ellos y eso no va a ser imposible”, como lo predijera, desde octubre de 2007, el ex consejero de Uribe, Rudolf Hommes: La reunión de presidentes en La Guajira parece haberle dado nuevo aliento al proceso. Sería lamentable que se dejara pasar la oportunidad de moverlo con la ayuda de Chávez. Él ha realizado un esfuerzo de buena fe y con muy buena voluntad para destrabarlo. También ha logrado hacer que las FARC se muevan, algo que no se había conseguido. Si hay que mandar a Tirofijo o al Mono Jojoy en avión a Caracas para llegar a un resultado, es posible que sea necesario hacerlo y tragarse otros sapos para tener éxito. En cuanto a Chávez y a Piedad, hay que agradecerles, ante todo. Después tendremos que lidiar con ellos, y eso no va a ser imposible. Los medios no han querido profundizar en las propuestas que ha hecho el mediador para continuar la labor por el acuerdo humanitario de forma tranquila. Han preferido satanizar la propuesta de otorgar estatus de beligerancia a las FARC, como si así se avalara a la insurgencia, y por esta vía restarle fuerza al escenario de gestar un acuerdo humanitario y deshacerse de quienes lo están haciendo posible, para alinderarse con la perspectiva de la guerra y la fase final del Plan Colombia. En el caso de la senadora Córdoba, la demonización ha ocultado que lo único que ella ha hecho es invocar las conclusiones del Tercer Congreso Liberal sobre el acuerdo humanitario y, en particular, la tesis de la beligerancia restringida que sostuvo el ex presidente liberal Alfonso López Michelsen (2005): El terrorismo no está clasificado como delito, es auxiliar entre los recursos de las ofensivas físicas, de las ofensivas militares, pero el delito de terrorismo no existe como tal. No existe porque es extremadamente difícil de definir. Tan difícil que cuando se intentó en Ginebra una definición que cobijara el concepto que percibimos terrorismo, fue imposible llegar a un acuerdo y a lo más próximo a que se llegó, fue a decidir equivocadamente por cierto, que el terrorismo es la tentativa de luchar por la fuerza contra el Estado. Error, el terrorismo no es solamente la lucha contra el Estado, hay el terrorismo nazista, nacionalista, racista, sindicalista, no es exclusivamente contra el Estado, puede ser contra las empresas que revisten determinadas características, puede ser a favor de una raza contra otra que se ejerce terrorismo, y desde luego, hay que descartar la tentativa de encontrar el terrorismo definido, tipificado como delito. El infame proceso jurídico-político dispuesto en contra de Piedad Córdoba ha sido una de las piezas maestras de la estrategia de descalificación. Acusándola de traición a la patria y de ser una dirigente pro FARC, se busca expropiarle su verdadera identidad política democrática, construida a lo largo de años de trabajo intelectual y político, y conocida por los movimientos sociales y por todo el país, cuya característica más sobresaliente tal vez haya sido la promoción de posturas críticas contra la guerra. El escándalo mediático alimentado con pruebas falsas y señalamientos infundados sólo es explicable como parte de la guerra simbólica, que pretende lograr lo que no puede hacer la “otra guerra”, al tiempo que convierte a la senadora en un blanco fácil de ataques verbales y físicos violentos. La respuesta gubernamental a las posiciones críticas asumidas por Piedad Córdoba y su preocupación por encontrar salidas a la tragedia humanitaria colombiana es realmente perversa. Una vez supo de la situación de riesgo denunciada por la senadora, el ministro de Justicia y del Derecho Carlos Holguín Sardi afirmó: “Si Piedad Córdoba está en riesgo es por ella misma”. Y añadió: “Es evidente que cuando una persona se expresa contra el país, como lo hizo la senadora Piedad Córdoba, pues naturalmente alguien reacciona”. De acuerdo con la lógica del razonamiento del ministro Carlos Holguín, el disenso es un atentado contra la patria; cualquier reacción frente a los enemigos de la patria es legítima; y, en consecuencia, no hay garantías para quienes ejercen el disenso porque ellas y ellos no son patriotas. De tal forma, resulta inevitable que las “fuerzas oscuras” puedan proceder según lo estimen conveniente. El Gobierno ha intentado varias veces quemar los papeles de facilitación de la senadora Córdoba y de mediación del presidente Chávez. Unas veces, retoma para su manejo local el tema de los prisioneros. Otras veces, 141 sin Democracia, sin derechos escoge con los dedos de la mano la participación internacional, recicla la comisión de tres países que antes había descalificado y reedita la participación de una desgastada presencia de la Iglesia, que no cree en el acuerdo humanitario, según lo ha manifestado monseñor Fabián Marulanda. Sin embargo, su esfuerzo más fructífero ha sido descalificar el apoyo a un acuerdo humanitario mediante la construcción simbólica de una tríada diabólica: las FARC, el presidente Chávez y la senadora Córdoba son las tres cabezas del mismo diablo. En la práctica, esa demonización no causa mella significativa ni en las FARC, ni en el presidente de Venezuela; en cambio, tiene importantes consecuencias para la ciudadanía que está por el acuerdo humanitario y las fuerzas sociales que tratan de abrir una perspectiva de transformación política y de ruptura del bloque continuista en el poder. La propuesta de un acuerdo humanitario se enfrenta a un ambiente en el que se combinan perversamente por lo menos tres factores: i) la inflexibilidad de las FARC y su no manejo político de la situación; ii) la opción gubernamental de combinar todas las formas de intimidación, militar, política, jurídica, mediática, y la descalificación de familiares y partidarios del acuerdo humanitario; y iii) la ausencia de un vigoroso movimiento social que presione el acuerdo humanitario y cambie de rumbo los inflexibles comportamientos de los actores que tienen “la sartén por el mango” y los obligue a sentarse a negociar. Sin embargo, en medio de un clima adverso, aún es posible que quienes cumplen funciones de facilitación y mediación logren hacer fructíferos sus esfuerzos y sorprendan a quienes consideran inconveniente o no creen en la posibilidad de avanzar en un acuerdo humanitario entre el Gobierno de Colombia y las FARC. ¡Somos optimistas, dejemos el pesimismo para tiempos mejores! ¡Gobierno y FARC: Acuerdo Humanitario ya!! *** En ese panorama, resulta preocupante que las prioridades del Gobierno parezcan ser la polarización del país, la intensificación de un clima de intolerancia, guerra mediática y consolidación de condiciones para el tercer período presidencial, ofreciendo una promesa de dudosa reputación o, en otras palabras, una profecía inviable: el 142 Acuerdo humanitario. Conflicto armado fin de la guerrilla está muy cerca; la salida es la guerra, a pesar del sufrimiento de la población civil. La pretendida solución política no es una alternativa posible porque no existe conflicto armado y las guerrillas simplemente son terroristas, y son cómplices de ellas –a veces, incluso más peligrosos– todos aquellos que propugnen por una supuesta “salida negociada” o el llamado “acuerdo humanitario” o los que esgrimen la bandera de la paz, que no son más que propuestas de claudicación y postración frente a los violentos. Mientras tanto, es profundo e interminable el silencio oficial frente a los horrores históricos y a los nuevos del paramilitarismo (lo único que dicen las autoridades es que ya no existe). Bibliografía n Hommes, Rudolf (2007, 15 de octubre). ¿Se asustaron con el cuero? Portafolio, Bogotá, Colombia. n López M., Alfonso (2005, 23-24 de febrero). Ponencia presentada en el II Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, Bogotá, Colombia. 143 sin Democracia, sin derechos o o g g o o l l í í p p E E 144 nos: huma s o h c e r e acia y d uturo r c o m e D ada al f r i m a n u ngo* Rodolfo A ra La transición de una sociedad asediada por la violencia paramilitar y guerrillera a una sociedad en paz y gobernada por leyes plantea múltiples retos. Factores objetivos como el conflicto armado, las masacres, el desplazamiento, el secuestro y la extorsión, el despojo violento de tierras, la desigualdad material y la concentración de la riqueza lícita e ilícita se erigen en limitantes reales a la democratización del país y amenazan la vigencia de los derechos humanos. Tres opciones a nombre de la democracia compiten en este contexto para propiciar o impedir tal transición: la democracia mayoritaria, la democracia mediática y la democracia social. Las circunstancias políticas del país en el último lustro inclinan la balanza a favor de la primera y segunda alternativas, pero la tercera de ellas es la única salida que podría asegurar la estabilidad política y la paz. En esta corta reflexión nos referimos a la idea de la democracia para luego caracterizar los elementos y el funcionamiento de los tres modelos enunciados. Mientras que los dos primeros niegan los presupuestos conceptuales de la idea misma de democracia, el tercero permite la realización de los derechos humanos en su integridad, esto es, tanto los derechos civiles y políticos como los sociales, económicos, culturales y ambientales. La idea de democracia * Doctor en filosofía del derecho y derecho constitucional, magíster en filosofía y abogado. Ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no sólo supone la participación de ciudadanos libres e iguales en los asuntos públicos sino que también requiere ciudadanos reflexivos, capaces de ejercer la crítica mediante el ejercicio de la razón y de realizar sus planes de vida en forma autónoma. En la Antigüedad griega, mujeres, esclavos y extranjeros no gozaban de autodeterminación política. La discriminación de género y clase se mantuvo hasta bien entrada la Modernidad. La exclusión de la mujer y de los pobres en el ejercicio del poder se justificaba por su dependencia económica. Quien no gozara de independencia en el manejo de sus asuntos privados, tampoco tenía capacidad ni podía pretender 145 sin Democracia, sin derechos participar en el manejo de los asuntos públicos. Esta observación sigue teniendo vigencia, no así su conclusión. La subordinación económica impide el ejercicio autónomo de la ciudadanía, pero la falta de criterio propio por la situación de dependencia no se resuelve con la privación de derechos. La solución que se impone es, por el contrario, asegurar un mínimo material de derechos sociales, económicos y culturales a toda persona para que pueda ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos. Sólo mediante el aseguramiento automático de un mínimo vital, como concreción de una política de Estado y no como programas asistenciales de un gobierno, es posible garantizar un ejercicio independiente y crítico de la razón en la esfera pública. La democracia mayoritaria El principio de mayorías tiene su justificación moral. Su fundamento es simple: toda persona vale lo mismo y ante los desacuerdos ideológicos debe primar la mayoría de los votos al momento de tomar una decisión colectiva. Ya lo expresaba claramente Jeremías Bentham con la fórmula “un hombre, un voto”. La raíz igualitaria de la democracia mayoritaria niega más o mejores derechos a algunas personas, al asignarles a todas igual valor. Adicionalmente, por ser las decisiones políticas un asunto práctico donde existen diversidad de opiniones y no un acceso privilegiado a la verdad, el peso numérico de los votos es el criterio decisorio para convertir una voluntad mayoritaria en ley. Las anteriores razones explican que haya tenido tanta importancia en la historia y que aún encuentre defensores en la actualidad. Rousseau y Kant advirtieron en su momento sobre los peligros de la democracia entendida como gobierno de las mayorías. Las grandes masas son volubles y no gustan de reglas del juego que las autolimiten. De ahí su tendencia a la anarquía. El potencial peligro que conlleva el abuso de consultas populares, referendos o plebiscitos ha hecho que su uso sea marginal en las democracias constitucionales consolidadas, con partidos políticos institucionalizados y canales de representación efectivos. El caudillismo y el populismo favorecen los mecanismos de participación directa, por el provecho que puede reportar la convalidación del pueblo en momentos de efervescencia y furor. 146 Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado Una desventaja adicional de la democracia mayoritaria es que conduce a la marginación de las minorías. Salvo la existencia de reglas que protejan a grupos sociales minoritarios mediante discriminación positiva (circunscripción especial, derecho de veto, cuotas, mayorías calificadas para decidir sobre ciertos temas, protección especial, etc.), la democracia mayoritaria significa la anulación de la diferencia y su sacrificio a favor de la voluntad general. La democracia mayoritaria o numérica es un sistema de gobierno inadecuado para la sociedad pluralista contemporánea, donde el valor de la diversidad ocupa un lugar central en la organización social y política. Las ventajas de la democracia mayoritaria, su simplicidad, su respeto a las leyes del mercado y su ausencia de límites materiales a lo que puede ser sometido a deliberación y decisión popular, se ven opacadas por la creciente concentración del poder económico y burocrático. La estrecha relación entre poder político y grupos de poder económico en la competencia para acceder al Estado y controlar el poder burocrático revela cómo el principio de mayorías puede estar –y comúnmente lo está, reforzado por la democracia mediática– al servicio de los intereses hegemónicos en la sociedad. Ante esta inevitable realidad, denunciada en su momento por Jürgen Habermas en su libro La inclusión del otro (1999), es necesario reforzar los canales de la acción comunicativa y la deliberación democrática, de forma que una opinión pública crítica haga contrapeso al circuito de dinero y poder burocrático ejercido en desmedro de la población que no accede a los privilegios concentrados en manos de unos pocos. La democracia mediática La democracia de mayorías se ve reforzada con el uso intensivo de la imagen televisiva. Los medios de comunicación potencian el respaldo popular a líderes carismáticos. No las razones y los argumentos, sino las emociones y los sentimientos, sustentan en el modelo de democracia mediática la adhesión al Gobierno y el respaldo a las decisiones adoptadas sin deliberación. El poder mediático del Gobierno es aún mayor cuando, consciente de las creencias de la población mayoritaria, utiliza símbolos religiosos en sus intervenciones televisivas para legitimar sus metas políticas. Pero tal forma de actuar atenta contra el reconocimiento de la diversidad y de la concordia. La combinación de poder mediático y creencias religiosas pone en riesgo una de las grandes conquistas de la Ilustración: la separación entre religión y política, entre Iglesia y Estado, como garantía de la paz social. No en vano los presidentes latinoamericanos han institucionalizado las apariciones semanales, en particular los sábados o domingos, cuando la población descansa, para hacer presencia protectora en televisión. La periodicidad y ritualidad del encuentro reemplaza la religiosidad perdida en la sociedad pluralista. La figura mesiánica, todo-protectora y pudiente del mandatario de turno acompaña y asiste a la población. Es la era de la democracia mediática. A la manera de un reality, el pueblo comparte con su máximo representante, participa de sus humores, alegrías o vacilaciones, como si fuera el más común de los mortales y frente al cual el ciudadano común queda eternamente agradecido, sin dar lugar a un intercambio de ideas crítico que permita el disenso y la confrontación ideológica. El matrimonio entre el poder económico dueño de medios de comunicación y el poder burocrático permite un intercambio permanente de favores entre los circuitos del poder y del dinero: popularidad del mandatario y respaldo en los medios a cambio de cupos burocráticos y pauta publicitaria de entidades oficiales. La independencia de los medios informativos se coopta mediante leyes aprobadas por las mayorías gubernamentales en el Congreso, en función de los intereses del grupo económico respectivo. la solución de los problemas sociales. Esta concepción social de la democracia, original del filósofo John Dewey, se impone como la más atractiva frente a los modelos alternativos de la democracia mayoritaria y la democracia mediática. En la práctica, la participación política, crítica y deliberativa de los ciudadanos, exige el aseguramiento de condiciones materiales mínimas para su ejercicio. Si bien la satisfacción de un mínimo vital que permita la existencia digna a la persona humana no garantiza su activa participación política, sí asegura las condiciones de posibilidad de la democracia social. Como modelo de organización política, la democracia social exige la realización de todos los derechos humanos en el grado necesario para superar la dependencia y su subordinación. El desmonte del Estado de bienestar europeo ante las presiones de la globalización económica no ha significado la abolición del Estado social de derecho. Mientras que el primero pretendía el bienestar general mediante la redistribución económica y el intervencionismo del Estado en la economía, el segundo obedece a parámetros normativos que prohíben la humillación de la pobreza y el sometimiento de la persona humana a instancias o individuos que la subordinan y limitan en sus potencialidades. La democracia social En la democracia social, los derechos económicos, sociales y culturales no tienen un estatus diferente a los derechos civiles y políticos. Su garantía efectiva es condición necesaria de la democracia social y su exigibilidad judicial consecuencia de la misma. Las dificultades existentes hasta hoy para realizar los derechos humanos en su integridad no deben impedir el progreso histórico hacia un mundo mejor. Si bien la democracia social se presenta aún en un tosco esbozo –parafraseando a Immanuel Kant al referirse al Estado cosmopolita universal–, ya comienza a despertar ese sentimiento de modo simultáneo en todos, hasta convertirse en esperanza en una sociedad gobernada por las leyes, democrática, social y respetuosa de la diferencia, donde la guerra quede definitivamente desterrada. La democracia es el mejor sistema político que permite liberar la inteligencia de todos y ponerla al servicio de La democracia social supone la erradicación de la indigencia y la pobreza. No puede haber verdadera La democracia mediática predomina en tiempos de globalización de las telecomunicaciones. Si bien Internet igualmente abre posibilidades a la prensa y al pensamiento independientes, lo cierto es que el acceso o no a la imagen en los medios masivos de comunicación construye o sepulta posibilidades políticas. No en vano, un pacto para silenciar a candidatos en los medios puede eliminar la expresión de nuevas voces o pensamientos diversos, sobre todo críticos a los intereses establecidos y a la injusticia social. 147 sin Democracia, sin derechos democracia cuando la mitad de la población debe rebuscar diariamente lo necesario para sobrevivir y 20% de la misma vive en la miseria absoluta. Tampoco es compatible con el intercambio libre de ideas la violencia armada, sea institucional o privada, que coacciona a los ciudadanos, elimina a sindicalistas y líderes sociales, y acalla así las voces disidentes. El uso del terror, el desplazamiento forzado como política antiguerrillera, la concentración de tierras en manos de poderes mafiosos –cuatro millones de hectáreas apropiadas por el paramilitarismo– y los vínculos entre grupos armados ilegales y poderes políticos regionales socavan las posibilidades de la democracia. 148 Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado