Democracia y derechos humanos

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® Sin democracia, sin derechos
Quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez
ISBN: 978-958-8395-04-3
Coordinación editorial:
Jomary Ortegón Osorio y Camilo Andrés Galindo
Fotografía carátula:
Jesús Abad Colorado
Caricaturas:
Vladdo: cortesía Revista Semana – publicaciones Semana S.A.
Impresión: Ediciones Antropos Ltda.
Impreso en Colombia, abril de 2008
Los artículos que aparecen en este libro son responsabilidad de sus autores.
Se permite la reproducción parcial o total de esta obra, en cualquier formato,
mecánico o digital, siempre y cuando no se modifique su contenido,
se respete su autoría y se mantenga esta nota.
4
pRESENTACiÓN
19
¿La Edad de Lata toca a su fin?
25
Camilo Castellanos
En contravía de la democracia
José Aristizábal G.
35
Un modelo pro rico
45
Que todo cambie, para que siga igual
Situación de los derechos humanos
Contexto
7
Cecilia López Montaño
Laura Bonilla
57
En Macondo no ha pasado nada
66
Una muerte que deja muchas dudas
71
Ley 975: sin justicia, ni paz
82
Las víctimas del paramilitarismo: entre luces y sombras
89
¿Desarrollo para todos?
100
A José Pablo se le está acabando su amor por el Seguro
105
Ni una hectárea más para los indígenas
114
Cuidar la tierra: misión de los indígenas de la Sierra Nevada
Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Juan Diego Restrepo E.
Comisión Colombiana de Juristas
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario - Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
Alberto Yepes
Ricardo Cruz Baena
Mesa de Pueblos Indígenas y DESC
¿Desmonte del narcoparaestatismo?
131
¿Y después de La Habana qué?
137
Acuerdo humanitario: entre la guerra bélica y simbólica
Epílogo
Conflicto armado, política de paz
y acuerdo humanitario
121
6
Camilo González Posso
Luis Eduardo Celis
Jimmy Viera Rivera
145
Democracia y derechos humanos:
una mirada al futuro
Rodolfo Arango
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En los cinco años y medio acumulados en los dos periodos presidenciales
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una afirmación recurrente de los altos
funcionarios gubernamentales ha sido aquella según la cual en Colombia
estamos viviendo una democracia en profundización.1
Esta pretendida caracterización se fundamenta en situaciones como
los márgenes de votación que respaldaron la elección presidencial del actual mandatario, la elección sucesiva en dos ocasiones de candidatos de
la oposición para la Alcaldía Mayor de Bogotá, el acercamiento de la figura
del Ejecutivo a la comunidad mediante la práctica de consejos comunales,
la posibilidad de tránsito terrestre por las carreteras del país a propósito
de la creciente militarización de las mismas, el respaldo de la comunidad
internacional a la gestión gubernamental, entre otras cuestiones, que avalarían los triunfos de la llamada política de seguridad democrática.
Sin cuestionar la validez de estas afirmaciones, vale la pena preguntarse si en una época de violaciones masivas y sistemáticas a los
derechos humanos concebidos integralmente, debilitamiento de la autonomía e independencia de los poderes públicos, concentración paulatina
de poderes en el nivel central, retrocesos frente a garantías y derechos
consagrados en la Constitución Política de 1991, impunidad generalizada frente a las graves violaciones a derechos humanos, acogimiento de
la opción militar como “solución” al conflicto social y armado, entrega
indiscriminada de las riquezas naturales al poder transnacional, falta de
garantías a la oposición política y deslegitimación de la labor de defensa
de los derechos humanos, los criterios gubernamentales son suficientes
para afirmar que en Colombia estamos en un proceso de profundización
o consolidación democrática.
1
Véanse, entre otros, diario El Tiempo (2007, 6 de diciembre);
Gaviria Vélez (2007, agosto); Portafolio, (2005, 5 de septiembre).
7
sin Democracia, sin derechos
Lo anterior, a nuestro juicio, evidencia un concepto de democracia
limitado o de baja intensidad, expresión con la que Boaventura de Sousa
Santos describe los modelos políticos contemporáneos que se reducen a
procedimientos administrativos y niegan los procesos de redistribución
social. La versión oficial se reduce a constatar la existencia de procedimientos electorales, a maximizar la posibilidad de circulación de algunos
sectores sociales que cuentan con los medios económicos para hacerlo y
a reproducir la tesis de que el crecimiento económico genera espontáneamente mayores niveles de bienestar para la población.
Bajo esa visión, en el país estarían dados una serie de canales deliberativos y participativos por medio de los cuales los actores sociales y, en
general, la ciudadanía pueden participar en la definición de los principios
sobre los que se debe desarrollar la sociedad colombiana, así como resolver las diferencias políticas y éticas que en esta búsqueda se puedan dar
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2007). Lo anterior implica también
que ciertas formas de protesta social –por ejemplo, la realizada por el
movimiento indígena en su lucha por el derecho al territorio– deban ser
proscritas bajo la idea de que existen vías institucionales para lograr reivindicaciones sociales (Diario del Sur, 2007).
Cuando el Gobierno afirma que se dinamiza la democracia por la existencia de votaciones, en las que, en unos casos, el presidente o, en otros,
la oposición han obtenido triunfos, regresa a un concepto revaluado de
ésta: el gobierno de las mayorías,2 cuestión que impide entender que no
se puede hablar de democracia sin abordar cuestiones que van más allá
de los números, tales como la exigencia de reconocimiento de los sectores
tradicionalmente excluidos (Quintana, 2007, p. 277), la necesidad de
redistribución económica (Espejo, 2007, p. 261) y el pleno respeto a las
minorías políticas (Orjuela, 2007, p. 321).
Por otra parte, se excluye de plano el análisis del funcionamiento
interno del modelo democrático –aun cuando, en gracia a la discusión,
aceptemos reducirlo sólo al tema electoral–. Afirmar que lo que está sucediendo es una “profundización” es dar por hecho que en Colombia siempre ha existido democracia y que lo que está aconteciendo actualmente
es sólo su mejoramiento.
Desde esta óptica, se terminan obviando problemas estructurales
como la corrupción y el clientelismo –figuras presentes a lo largo de la
historia de las elecciones colombianas (Corporación Misión de Observación Electoral, 2006, p. 61)–; la manipulación del electorado por parte
de grupos de poder local y regional consolidados históricamente, en espe-
2
8
Presentación
Para un mayor análisis de la superación del paradigma tradicional de la democracia como el gobierno de las mayorías en
Jürgen Habermas, véase Orjuela (2007, p. 321).
cial, los paramilitares, que en los últimos años cambiaron drásticamente
el mapa electoral colombiano;3 el papel legitimador de los grandes medios de comunicación, y la exclusión histórica de sectores diferentes al
bipartidismo tradicional de la definición de su propia nación.
Además de eliminar de su definición cuestiones como la vigencia
de los derechos humanos y de un orden económico y social justo, el
cascarón vacío de la “democracia en profundización” desconoce que una
verdadera democratización de la sociedad es un proceso más complejo
que, si bien puede enarbolar como elementos la cuestión electoral y la
deliberación pública, exige una comprensión más integral, una idea de
democracia social que se relacione con la producción y distribución de
bienes económicos que hacen posible la libertad e igualdad fácticas, que
realice y haga evidentes los vínculos intrínsecos entre Estado democrático
y Estado social de derecho (Arango, 2007, p. 86).
***
Hace cinco años, una multiplicidad de organizaciones políticas, sociales
y populares se dieron a la tarea de reflexionar sobre la situación de derechos humanos en Colombia a través de esta propuesta colectiva conocida popularmente como “El Embrujo”. Este análisis crítico de la política
gubernamental ha permitido, en su conjunto, reconocer y evidenciar las
principales debilidades de las políticas públicas en materia de derechos
humanos, pero también formular al Estado, la comunidad internacional y
la sociedad colombiana propuestas e iniciativas políticas que conduzcan
a la superación de la crisis humanitaria y de violación sistemática de los
derechos humanos.
Con el presente trabajo, a través de diversos análisis de coyuntura,
se pretende motivar la identificación de algunos de los principales obstáculos estructurales para la consolidación democrática en Colombia, así
como evidenciar que los procedimientos electorales no son más que un
cascarón en un contexto donde su interior está atravesado por violaciones
de derechos civiles y políticos, regresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, la implementación de un modelo autoritario
de gobierno, la consolidación de poderes criminales en todos los niveles
de la política y el poder, entre otras situaciones que, al mirarlas de manera detenida y en clave del concepto de democracia, nos llevan a concluir
que estamos lejos de la profundización a la que tanto se alude desde el
discurso oficial.
3
Véase en esta publicación, Bonilla, Laura. Que todo cambie,
para que siga igual.
9
Primer bloque: contexto
En la primera parte de los textos que se ponen a consideración de los
lectores se aborda la situación de contexto a través de cuatro artículos.
El primero de ellos, “¿La Edad de Lata toca a su fin?”, elaborado por
Camilo Castellanos, coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, analiza el giro que
en la última década ha tenido la región latinoamericana hacia distintas
propuestas que, sin ser homogéneas, se caracterizan por un énfasis en
lo social. Así mismo, examina el papel de los movimientos sociales en
la consolidación de alternativas al modelo neoliberal que, durante varias
décadas, tejió un sistema complejo de redes, blindajes y “verdades”, que
ameritan el concurso y la alianza de los distintos sectores democráticos
de la región para ser superado.
El segundo artículo, “En contravía de la democracia”, escrito por
José Aristizábal, colombiano exiliado en España, quien se desempeña
como investigador de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
(SIP), de Zaragoza, estudia el régimen político actual y demuestra cómo
se fundamenta sobre un trinomio de terratenientes, narcoparamilitares y
burguesía financiera que ha debilitado profundamente el ideal democrático que encarnó el Estado social de derecho de la Constitución de 1991.
A renglón seguido, señala una serie de propuestas para que la oposición
democrática logre reconstruir lo destruido sobre la base de una verdadera
política de paz e inclusión social que logre destrabar los conflictos históricos que aquejan a Colombia.
El tercer texto de este bloque, “Un modelo pro rico”, escrito por Cecilia López Montaño, senadora por el Partido Liberal, plantea un examen
técnico que da cuenta de, al menos, tres cuestiones a tener en cuenta a la
hora de evaluar el crecimiento económico en el actual gobierno: (i) éste se
encuentra concentrado en un sector reducido de la sociedad colombiana;
(ii) los buenos resultados obtenidos no son producto del buen manejo macroeconómico del actual gobierno, sino que obedecen a factores coyunturales; y (iii) la situación actual no muestra señales para pensar que la
baja inflación y el alto crecimiento puedan mantenerse en el largo plazo.
Para la autora, el Gobierno permite que se “privaticen las ganancias pero
se socialicen las pérdidas”.
El último artículo de este apartado, “Que todo cambie, para que siga
igual”, elaborado por Laura Bonilla, de la Corporación Nuevo Arco Iris,
propone una lectura del mapa político resultante de las elecciones de
octubre de 2007, desde una perspectiva que aborda la tensión entre las
conflictividades armadas y la situación electoral en contextos políticos y
sociales de acelerada adaptación y expansión en lo local, departamental y
nacional. En ese sentido, tras hacer en detalle un estudio del desempeño
de los principales partidos políticos en las pasadas elecciones, concluye,
entre otras cuestiones, que estamos en un momento electoral de conso-
10
Presentación
lidación de nuevos movimientos unipersonales que, luego del escándalo
de la parapolítica y el gran número de dirigentes presos con ocasión de
la misma, están reacomodándose para continuar y profundizar un modelo político contrario a la Constitución Política, basado en las relaciones
clientelistas y en el uso de violencia.
Segundo bloque: situación de derechos humanos
En el segundo bloque de esta entrega se quieren resaltar algunas de las
violaciones más graves a los derechos humanos presentadas en el marco
del gobierno de Álvaro Uribe, particularmente en el primer año de su
segundo mandato, y que apuntan a ratificar que no se puede hablar de
una verdadera democracia en Colombia, pues, como se señaló en párrafos anteriores, ésta conlleva necesariamente la consolidación de valores
constitucionales en la ciudadanía y las autoridades públicas, así como el
cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política.
Cada artículo se acompaña de una crónica periodística que ejemplifica
las violaciones advertidas, todas ellas elaboradas por la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC), de la ciudad de Medellín.
El primer texto, “En Macondo no ha pasado nada”, cuya autoría corresponde al Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-EE. UU., detalla una
de las más graves violaciones de derechos humanos que ha aumentado
con ocasión de la política de “seguridad democrática” desarrollada por el
Gobierno nacional: las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros
de la fuerza pública. Según la investigación, de 2002 a 2007 se ha
presentado un aumento del 65,51% en la comisión de este delito, con
patrones como la ocurrencia en el marco de operaciones militares, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas anteriores a la ejecución,
manipulación de las pruebas y ocultamiento de los hechos, e impunidad
deliberada en las investigaciones, elementos sistemáticos que llevan a
concluir que esta violación no es un hecho aislado, sino que responde a
exigencias y dinámicas de la política del Ejecutivo.
Posteriormente, para ejemplificar uno de los muchos casos donde
campesinos son víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por
miembros de la fuerza pública, Juan Diego Restrepo, periodista del IPC,
presenta la crónica “Una muerte que deja muchas dudas”, en la cual
narra cómo un campesino que se disponía a visitar a su familia en zona
rural del departamento de Antioquia fue desaparecido, ejecutado y, luego,
registrado como un guerrillero muerto en combate por parte de miembros
del Ejército Nacional.
El segundo artículo de este bloque, “Ley 975: sin justicia, ni paz”,
evalúa jurídicamente la Ley 975 de 2005 –conocida como “Ley de Justicia y Paz”– en su desarrollo normativo y en su implementación práctica.
El texto, elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas, la Coordi-
11
nación Colombia-Europa-EE. UU. y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, revisa el incumplimiento de obligaciones que
contempla la normativa para que los miembros de grupos paramilitares
postulados puedan acceder a beneficios judiciales, aspectos entre los que
se cuenta el deber de entrega de la totalidad de las niñas y los niños reclutados forzadamente, la devolución de los cuerpos de personas víctimas
de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales, y la restitución
incondicional de tierras y bienes arrebatados a campesinos, para concluir
que el desarrollo de los procesos judiciales no avanza en estos sentidos y,
en cambio, se ha convertido en una tribuna de apología al paramilitarismo
y de justificación de crímenes atroces.
A renglón seguido, Juan Diego Restrepo, del IPC, presenta la crónica
“Las víctimas del paramilitarismo: entre luces y sombras”, en donde narra
la tragedia de una familia que, con la esperanza de recuperar algo de lo
perdido y ver cumplido su derecho a la justicia, ha acudido pacientemente a las audiencias desarrolladas en el marco de la “Ley de Justicia y Paz”.
No obstante, lejos de saber la verdad de su tragedia y ver que los culpables sean sancionados, se ha tenido que enfrentar ante declaraciones de
miembros de dichos grupos que aprovechan estos espacios para defender
sus crímenes sin mostrar un solo síntoma de arrepentimiento ni voluntad
para reparar el daño causado.
El tercer artículo, “¿Desarrollo para todos?”, escrito por Alberto Yepes,
coordinador de la campaña “Colombia sin pobreza” e integrante de la
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo,
aborda un tema fundamental para la vigencia de un orden justo en un
país: el grado de cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC). El autor realiza una crítica contundente a la manera
como el Gobierno nacional ha venido usando el discurso de los Objetivos
del Milenio para plantear una política social que, en cambio de dirigirse
a solucionar los problemas estructurales de pobreza e incumplimiento
sistemático de DESC, se reduce a programas de asistencia mínima que
sólo garantizan niveles de subsistencia biológica, pero que no modifican
sustancialmente la grave situación. En segundo lugar, en la misma línea
del texto presentado por la senadora Cecilia López, se aproxima al tema
del desarrollo económico durante el actual gobierno, concluyendo que
es un modelo que ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Igualmente, muestra cómo la política social vigente, mínima y asistencialista, está siendo centralizada de manera excesiva por el Ejecutivo,
desconociendo uno de los pilares de la Constitución de 1991: la descentralización política y administrativa, que incluía el aumento de los recursos
en las regiones para la garantía de derechos como salud y educación.
Seguidamente, en la crónica “A José Pablo se le está acabando su
amor por el Seguro”, Ricardo Cruz Baena, del IPC, detalla cómo, a raíz
del cierre sistemático de centros de atención hospitalaria en la ciudad
de Medellín, personas con enfermedades terminales o con la necesidad
12
Presentación
imperiosa de trasplante de órganos han quedado sin ninguna atención
efectiva, rápida y, mucho menos, gratuita. En el texto también indica
la manera como la acción de tutela se ha convertido en la única salida
que tienen los pacientes del Instituto de los Seguros Sociales para exigir
atención, medicamentos o tratamientos médicos, aun cuando muchos de
estos están garantizados en la ley.
El último artículo de este bloque, “Ni una hectárea más para los indígenas”, fue elaborado por la Mesa de Pueblos Indígenas y DESC. En él
se analiza cómo, desde la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez,
la satisfacción del derecho al territorio de estos pueblos ha sido nula y,
en cambio, se ha dirigido a la protección de los grandes terratenientes
y las empresas transnacionales que explotan el campo colombiano. Se
señala cómo la Ley 1152 de 2007 –Ley de Desarrollo Rural– no contiene
mecanismos factibles para que indígenas, afrodescendientes y campesinos accedan a la tierra, sino que les impone a estos sectores una lógica
empresarial contraria a sus costumbres, la cual, en últimas, no podrá ser
cumplida y servirá sólo para beneficiar a grandes inversores que no en
pocos casos están relacionados con grupos paramilitares y mafiosos.
Para dar cuenta de la situación de los pueblos indígenas, nuevamente
el periodista Juan Diego Restrepo, del IPC, nos ofrece la crónica “Cuidar
la tierra: misión de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”,
que aborda la problemática del territorio en esta zona del país, en donde
el Gobierno nacional, a través del Incoder, pretende desarrollar una serie
de megaproyectos que, además de afectar gravemente a los cuatro pueblos que allí habitan, tienen como verdadero propósito beneficiar a los
grandes terratenientes de las zonas bajas de la Sierra, y algunas planicies
de Cesar y Guajira.
Tercer bloque: conflicto armado, política de paz
y acuerdo humanitario
Camilo González Posso, director de Indepaz, a través del artículo “¿Desmonte del narcoparaestatismo?”, demuestra de una manera seria y sustentada cómo el proceso de negociación con los grupos paramilitares no
ha significado la desmovilización total de las estructuras armadas, ni el
desmonte del complejo andamiaje de negocios y control político que estos grupos lograron en todos los ámbitos de la vida nacional. Igualmente,
pone en duda los reclamados triunfos de la llamada desmovilización, en
los aspectos militar y económico, haciendo énfasis en el control de negocios ilícitos de gran envergadura, sin que la reclusión de reconocidos jefes
paramilitares incida en su reducción.
Finalmente, dentro de cualquier análisis de derechos humanos en
Colombia, resulta necesario abordar el tema de la búsqueda de la paz y el
acuerdo humanitario, más aún cuando, por un lado, el Gobierno nacional
y el ELN se encuentran en un proceso de acercamiento con miras a un
13
eventual diálogo y, por el otro, el país está atravesando una coyuntura en
donde el intercambio humanitario vuelve estar prioritariamente sobre la
mesa, con ocasión de hechos como la liberación unilateral de dos políticas secuestradas por las FARC, y la presentación a la opinión pública de
pruebas de supervivencia de otros retenidos y retenidas que dan cuenta
de unas condiciones de salud, tanto física como emocional, deplorables.
Por ello, hemos querido incluir en el presente texto dos artículos que
analicen las perspectivas en esos aspectos, tanto con el ELN como con
las FARC. En el primero, Luis Eduardo Celis, analista en temas de paz,
en el artículo “¿Y después de la Habana qué?”, realiza un recuento histórico del proceso entre el Gobierno nacional y el ELN, donde afirma que,
después de la primera fase de acercamiento, éste está estancado porque
no hay confianza entre las partes: mientras el Alto Comisionado para la
Paz está esperando un cese al fuego de manera inmediata, el grupo guerrillero se debate en cuestiones de su fortalecimiento militar mediante la
participación en el negocio del narcotráfico y su falta de claridad acerca
de si dejar las armas o no.
El último artículo nos remonta a las reflexiones que se suscitaron al
final de 2007 y comienzos de 2008 con ocasión de la liberación unilateral de dos secuestradas por parte del grupo guerrillero FARC-EP, en torno
a la voluntad de las dos partes del conflicto y condiciones para avanzar
en la búsqueda de un acuerdo humanitario.
Jimmy Viera Rivera, investigador social y asesor de la senadora Piedad Córdoba, en el artículo “Acuerdo humanitario: entre la guerra bélica
y simbólica”, realiza un recuento histórico de las diferentes etapas que
ha tenido el acuerdo humanitario entre el Gobierno nacional y las FARC,
desde que la senadora por el Partido Liberal, Piedad Córdoba, junto con el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, fueron nombrados facilitadores y, posteriormente, destituidos de esta función
directamente por el presidente Álvaro Uribe. A renglón seguido, explica
las que, a su juicio, fueron las razones para que dicha mediación oficial
fuera terminada, así como las posibilidades que hay en la actualidad para
la continuidad del proceso de acuerdo.
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, redes que
trabajan por la plena vigencia de los derechos humanos en Colombia,
proponemos al lector de Sin democracia, sin Derechos, la reflexión sobre
los principales rasgos del modelo o modelos democráticos a construir y
potenciar en Colombia, requeridos para consolidar un sistema político,
cultural, social y económico que haga realidad “el advenimiento de un
mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria”,
puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos individuales y
colectivos, aspiración que propuso hace 60 años la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
14
Presentación
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Luego de tres décadas en que personajes mediocres empobrecieron
a Nuestra América, la hicieron presa de la corrupción y la entregaron
sin dignidad al capital transnacional, parece abrirse paso un tiempo
nuevo.
“Estamos viviendo una hora americana”, dijeron hace 90 años los
estudiantes de Córdoba en su manifiesto inaugural.1 Era cierto. Ellos desataron un vendaval de nuevas ideas y otras sensibilidades que llenó de
fervor a los universitarios desde Argentina hasta México. Las conciencias
y las pasiones se sintonizaron en la misma frecuencia, como un siglo antes, cuando las tropas napoleónicas depusieron al monarca español. Igual
que en la mitad del siglo XIX, cuando nuestros países intentaron romper
con los vestigios coloniales. Lo mismo que 40 años después de Córdoba,
cuando América Latina pugnó por romper las cadenas de la dependencia
y dar el salto a un nuevo orden.
Es claro que el tiempo americano no es homogéneo. Nuestras sociedades son diversas y cada una de ellas alberga una amplia gama de
relaciones sociales que les imprimen distintos ritmos y notorias asincronías. No se habla entonces de una acción uniforme y menos aún de una
actuación concertada, como quisieran quienes hacen de la historia el
resultado de un crónico complot. Decir hora americana indica apenas la
tendencia por la que muchas energías reaccionan en un mismo sentido,
como si obedecieran a un efecto de resonancia.
* Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
1 El Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica”, del 21 de junit
de 1019, en su primera frase decía: “Hombres de una república libre,
acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo 20 nos ataba
a una dominación monárquica y monástica (…) Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana”.
19
Hoy podemos decir que vivimos otra hora americana.
Es una certeza del corazón más que una inferencia de
la razón, que siempre tiene argumentos para contradecir
y contradecirse. El hecho es que la situación de América Latina está signada por el surgimiento de profundas
corrientes sociales y políticas que hacen emerger realidades inéditas e impulsan la búsqueda de alternativas. En
cuanto proceso histórico real, no hay un libreto preestablecido. La vida se abre paso improvisando los cauces:
una nueva lógica y una gramática nueva, que a ratos
parecen inexpertos balbuceos para exasperación de los
impacientes, que ya las quisieran perfectas como parte
de un sistema artificial.
Cabe preguntar: ¿esta tendencia se viene agotando
o ha de profundizarse? Ante esta disyuntiva, cuál puede
ser el papel de los movimientos sociales y, en particular,
de las organizaciones que trabajan por la plena vigencia
de los derechos humanos. Estas preocupaciones son el
tema de estas notas.
Rupturas en la continuidad
En el primer quinquenio del nuevo siglo, América Latina
viró a la izquierda. Luego de tres décadas de dominio
absoluto de las propuestas neoliberales, de aplicación
disciplinada de las políticas de ajuste y de adecuación de
las instituciones a este dominio y a estas políticas, triunfa una baraja variopinta de propuestas que obedecen a
diversos entornos nacionales. En un hecho cuyas proporciones han sido inesperadas, nuestros países se inclinan
por la búsqueda de alternativas. El telón de fondo de
este proceso es la insatisfacción frente a los impactos del
neoliberalismo, el empeoramiento objetivo de la situación
social, la presión de los movimientos populares y la distensión del control estadounidense sobre la región.
Los movimientos sociales empujan estas realidades.
El retorno de la democracia, pese a su carácter formal,
fue una apertura política que posibilitó la rearticulación
de la protesta ante el desastre que la implementación
del neoliberalismo significó para las mayorías. El hecho
es que si el neoliberalismo disolvió las formas de organización y movilización provenientes del período anterior
—altamente centralizadas, con jerarquías definidas y
conceptos con pretensiones de totalidad—, también llevó
a su reestructuración en redes —algunas con fuerte arti-
20
América Latina
culación a procesos globalizados—, a consolidar nuevos
liderazgos y (no por último menos importante) a plantear
una nueva relación con los partidos y gobiernos, sobre la
base de la autonomía.
Expresiones típicas de este ascenso son el movimiento de mujeres, el Movimiento de los Sin Tierra (MST),
el igualmente brasileño Movimiento de los Afectados por
las Represas (MAB), los piqueteros argentinos, la lucha
de los estudiantes secundarios chilenos, el movimiento
indígena, entre otras.
La renovada movilización social ha implicado la aparición de nuevos liderazgos políticos o la resignificación
de algunos provenientes del período anterior. Es claro que
ninguna representación política refleja en su totalidad la
dinámica, los intereses y las expectativas de los movimientos sociales; pero, en este caso, sí expresan el ansia
de alternativas propia de las mayorías.
Como ya se afirmó, las formaciones políticas que han
accedido al gobierno están lejos de ser monocromas. Algunas resultan de procesos de acumulación originados antes
del predominio neoliberal (Frente Amplio del Uruguay y Partido de los Trabajadores de Brasil); otras, en cambio, parten
de coyunturas recientes (Argentina, Bolivia, Ecuador).
En cuanto al calado de su política, algunas plantean
un discurso radical antineoliberal y se proponen el rediseño a fondo del Estado (de su acción social y de la relación
economía y política), en tanto que otras se orientan más
a desarrollar estrategias paliativas a los impactos de la
economía en boga. Todas, a diferencia de los gobiernos
que las precedieron, presentan como rasgo común el énfasis en lo social.
Es oportuno señalar que, en conjunto, tienen un estrecho margen de acción. Varios factores determinan esta
situación. El primero, que las nuevas experiencias han sido
posibles gracias a un heterogéneo abanico de alianzas políticas y sociales que no han madurado una alternativa
programática coherente, y por ello albergan en su seno
fuerzas contemporizadoras en aspectos fundamentales
con el neoliberalismo. De otra parte, dado el carácter que
asumió la transición a la democracia de los años noventa,
en la región persisten significativas expresiones del autoritarismo y el privilegio, resabios que dificultan avanzar en
la construcción democrática. Es el caso de la jerarquía católica argentina, que acompañó la noche de la dictadura
sin decir esta boca es mía y hoy intenta enseñar cómo
gobernar en democracia y de paso servir a la oposición.
Por último, el neoliberalismo y el falso deslumbramiento que generó, supo tejer por décadas una abigarrada y poderosa trama de realidades en el ámbito
internacional y en cada país: reformó las instituciones
de la comunidad mundial e hizo otro tanto en cada uno
de los Estados latinoamericanos, formuló un marco legal
altamente blindado y, por si fuera poco, configuró una
ortodoxia que se ha impuesto como pensamiento único, profundamente enraizada incluso en la mentalidad
de algunos sectores populares. Demoler esta compleja
construcción supone una altísima acumulación de fuerzas a escala regional, guiada por una compleja estrategia
que prevea los distintos escenarios de la confrontación,
determine las alianzas posibles y necesarias y sepa aprovechar los cambios en el contexto mundial. Algo que en
el continente aún no se perfila.
Para las formaciones políticas que ligaron su vigencia
al éxito de las propuestas neoliberales, el fracaso de éstas
ha implicado la ruina de su ascendiente —que los argentinos expresaron en el grito “que se vayan todos”—, la
pérdida de iniciativa y una gran desorganización. Es lo que
han vivido con mayor intensidad Ecuador y Venezuela y, en
menor grado, Uruguay y Argentina; condición que permitió
el ascenso de las nuevas fuerzas por la vía electoral, pero
que, sobre todo, abrió la posibilidad de otro pacto constitucional para redefinir el rol del Estado y su vínculo con la
sociedad, y diseñar un patrón de acumulación diferente.
Las asambleas constituyentes han sido el escenario privilegiado; dicho de otra manera: la estrategia que
se insinúa es la ruptura moviéndose en las instituciones
existentes. Un desafío a las fuerzas del pasado, pues se
quiere dar vía al futuro en el campo que éstas definieron como exclusivamente suyo. Pero también un encarte
para los partidarios de la ruptura, pues las constituyentes suponen, por definición, la concertación con los opositores y el riesgo de la obstrucción, más cuando no las
precede un cambio a fondo en las relaciones de fuerza.
Cuando se alude a la pérdida de la iniciativa y la desorganización, se está lejos de significar parálisis o desapa-
rición. Los partidarios del neoliberalismo todavía detentan
el poder económico, el control de los medios de comunicación y de partes significativas del aparato del Estado.
Las corporaciones transnacionales y los gobiernos que las
representan podrían rearticular las formaciones que sostienen el statu quo en torno a una estrategia contra el cambio, para lo cual todo recurso les será válido: la amenaza
de secesión, el golpe de Estado —pese a la Carta Democrática, como ocurrió con la aventura de Pedro el Breve
en Venezuela—, la guerra civil sorda o declarada. Son los
riesgos que algunos pretenden neutralizar con la prudencia
que enfría las pasiones y agosta la imaginación.
En perspectiva, la suerte de estos gobiernos depende de si avanzan en configurar un bloque regional para
enfrentar al neoliberalismo, sus personeros y sus dinámicas. Su futuro depende también de la capacidad para
superar las tensiones con los movimientos sociales, reflejando más cabalmente las expectativas y urgencias de
las mayorías. Acaso todo está determinado por la forma
en que logren resolver el conflicto entre la prudencia cautelosa y en ocasiones medrosa que los lleva a conciliar
con las fuerzas del pasado, y la audacia necesaria para
interpretar y articular las presiones que, surgidas desde
abajo, empujan la ruptura con la obsolescencia.
¿Un nuevo trato con América Latina?
Al fin de la Guerra Fría, Estados Unidos resultó la potencia hegemónica en un mundo unipolar. Según el escritor
norteamericano Francis Fukuyama, puesto que la contradicción con el campo socialista había terminado, no
quedaban antagonismos significativos y se estaba ante el
fin de la historia. Esto es, la instauración de un orden dominado por el mercado y la democracia liberal, en el que
solo cabría la monótona administración de un paisaje lunar al que nada turbaría. Los Estados Unidos conquistaban el rol de policía mundial, encargados de que hubiese
mejores condiciones para las compañías transnacionales,
disponibilidad de materias primas para su producción y
mercados libres de trabas en toda la Tierra.
El 11 de septiembre refutó la previsión de Fukuyama.
Apareció una amenaza para el poderío estadounidense:
el terrorismo. Un concepto cuyos personeros hacen difuso, de manera que comprenda todo lo que se requiera;
como vago es el espectro de las fuerzas señaladas como
21
terroristas, en particular las encuadradas bajo el rótulo
del terrorismo islámico. La paranoia surgida a partir de
los atentados septembrinos sirvió para consolidar el papel de policía universal, que Estados Unidos ejerció, en
una decisión ilegal y contraria a toda ética, desatando de
manera unilateral la invasión a Irak.
En lo económico, Estados Unidos bordea una crisis
financiera generada por la especulación inmobiliaria, la
economía de casino y los síntomas recesivos en áreas
claves; a ello se agregan los amagos de guerra comercial
con China. Hechos que constituyen serios riesgos para la
estabilidad económica.
Hoy, Estados Unidos, cada vez más solo, enfrenta una
guerra sui géneris contra el mundo del Islam: Irak, Afganistán y Palestina son escenarios abiertos, en tanto se sienten
los aprestos soterrados para intervenir en Irán. Todo indica
que se avanza en regionalizar el conflicto, por lo que el involucramiento de tropas y la inversión de recursos materiales irán en incremento sostenido. La atención concentrada
en el Oriente Medio, a la que se agrega la aguda disputa
por la legitimidad de esta guerra, ha colocado nuestros
asuntos en un lugar secundario en la agenda de preocupaciones estadounidense, lo que a su vez provoca el efecto no
deseado de ampliar el margen de maniobra de los sectores
progresistas de la región. Esta afortunada circunstancia es
parte del telón de fondo del viraje a la izquierda.
En este clima, Estados Unidos está a las puertas de
un cambio de gobierno. Hay indicios de que el Partido
Demócrata, para recuperar el terreno perdido, esté perfilando un Nuevo Trato con América Latina. Habría que
establecer el sentido y el calado de la nueva política, la
que depende del suceso electoral de este partido. Aunque
no es descartable una aventura guerrerista de los republicanos en Irán o en Venezuela como recurso salvador.
Internamente, los Estados Unidos viven un grave
conflicto normativo entre las fuerzas de la derecha, de
las que son un componente clave las posiciones fundamentalistas que quieren forjar un país según su particular
visión religiosa, y las fuerzas que persisten en la idea
fundacional de un Estado laico y una sociedad pluralista.
En la actualidad predomina una actitud que sacrifica las
libertades ante la seguridad, y que se expresa en crudas
situaciones como el tratamiento dado a los prisioneros de
Guantánamo, las torturas a los prisioneros de Abu Ghraib
y la construcción del Muro Mexicano.2 La deliberación
pública sin el recurso al prejuicio que supura odio enfermizo es cada vez menos frecuente en dicho país.
2 Sobre esta medida se pronunció entonces el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Luis Alfonso de
Alba, al señalar que constituye uno de los retrocesos
que enfrentan los derechos humanos a escala mundial
en el contexto de la lucha contra el terrorismo y la migración masiva de personas; “Los muros reviven una
política excluyente, de un rechazo a los migrantes, que
aunque sea en el contexto de la defensa de la seguridad, termina reproduciendo una forma de discriminación”. Radio Naciones Unidas (Internacional), 27 de
octubre de 2006.
22
América Latina
Desafíos para las nuevas formaciones sociales
Al concluir el siglo XX, América Latina presentaba un
panorama desolador. Tanto el campo como la industria
(construida a lo largo de la centuria anterior) se encontraban arruinados. En la región campeaban las corporaciones
transnacionales, que se apropiaron de los bienes públicos
a precio de quema: se les entregaron los bancos, las empresas industriales del Estado, las de telecomunicaciones,
los acueductos y la distribución de energía. Además, el
Estado se achicó; lo que implicó una fuerte contracción
del empleo público. Todas estas mutaciones implicaron
la informalización de las economías, la precarización del
trabajo y el predominio del comercio, los servicios, las actividades especulativas y todo tipo de tráficos. El impacto
social fue inmenso: a comienzos del nuevo siglo más de
220 millones de hombres y mujeres de América Latina
estaban por debajo de la línea de pobreza.
La resistencia al neoliberalismo se enriqueció con
nuevos actores y el remozamiento de los antiguos: las
mujeres, en especial las provenientes de espacios populares, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la pobrería de las ciudades activa en torno a causas cívicas,
el campesinado, los trabajadores del sector estatal, entre
otros. El escenario es local, pero con clara conciencia de
que la disputa se define en lo global. La confrontación se
radicaliza, pues los movimientos —privados de la protección del Estado— contienden sólo con su legitimidad y la
fuerza que alcanzan por sí mismos. Con todo, su acción
es fragmentada y encerrada en reivindicaciones parciales y sectoriales. No emerge una propuesta que supere
la dispersión y que, desde una visión general, plantee la
construcción de alternativas para toda la sociedad.
Frente a este déficit, el movimiento de derechos humanos puede hacer un aporte significativo, si consigue
ligar su esfuerzo a la construcción democrática y a una
visión alternativa de la economía. Esto supondría ir más
allá de la denuncia de las violaciones de derechos humanos para enfrentar los factores que las causan. El autoritarismo que sobrevive en la región es el gran riesgo para
la movilización social. Por toda la región se repiten con
monotonía las iniciativas de criminalización de la protesta y los llamados a la mano dura para enfrentar el
supuesto desorden que amenaza.
Los gobiernos de nuevo signo todavía no significan
una ruptura radical con el pasado. El sector financiero
sigue obteniendo altísimas ganancias, y si bien ha habido
tensiones con los inversionistas —en particular en materia de agua e hidrocarburos—, éstos gozan de seguridad
jurídica. En política social, si bien existe mayor preocupación por lo social, no se busca afectar las causas de la
exclusión y persisten diseños compensatorios basados en
subsidios. Empero, se frenó el crecimiento de la pobreza con la reactivación de la economía —los casos más
notorios son los de Argentina y Venezuela—, aunque no
cambia el cuadro de subordinación y dependencia. La
tendencia es a profundizar el patrón de desarrollo basado
en la minería a cielo abierto, el desarrollo de grandes
proyectos de infraestructura y los cultivos de plantación,
mucho más ahora, con las explotaciones agroforestales y
la producción de agrocombustibles.
La persistencia en este patrón de desarrollo implicará el desplazamiento de grandes contingentes de
campesinos, la ruina de la economía de los pequeños
propietarios, la afectación de la propiedad de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, y el agravamiento de la
dependencia alimentaria. De modo que pueden preverse fuertes conflictos, en cuyo centro estará la discusión
sobre el desarrollo y los derechos económicos, sociales y
culturales de nuestra gente.
Este tipo de políticas podría asegurar la continuidad
de los modestos índices de crecimiento de la región y la
estabilidad de las economías, pero en nada ayudan a ganar en autonomía y superar la exclusión; por el contrario:
la aumentan, y ahondan la subordinación.
***
En el último tercio del siglo pasado, América Latina vivió su “Edad de Lata”. Fue el esplendor efímero de los
Pinochet, los Salinas de Gortari, los Collor de Melo, los
Fujimori, los César Gaviria, los Carlos Andrés Pérez, los
Menem y demás figurillas de cartón paja, cuya lista no
se agota para alivio del lector. La posteridad los recordará porque feriaron sus países a cambio de una bonanza
de oropel y del reconocimiento de su servil obediencia
por las autoridades neoliberales. En esta época, el pensamiento latinoamericano careció de capacidad crítica e
imaginación y apenas se destacaron algunas imitaciones,
casi siempre pésimas, de la industria cultural venida del
Norte. En las costumbres de las capas medias para arriba y en los medios de comunicación había un aire cosmopolita, pero se mantuvo el influjo determinante de la
jerarquía católica, evidente en cierto tufillo a naftalina
y sacristía. Esta historia se ilustra perfectamente con la
de los aeropuertos latinoamericanos, remodelados y modernizados, que funcionan con los retrasos de siempre y
la misma exclusión, no son públicos y sí un negocio de
concesionarios extranjeros.
Es la Edad de Lata que está llamada a terminar. Tal
perspectiva significará acentuar las tensiones entre los
representantes políticos (partidos y gobiernos) y los movimientos sociales que no parecen dispuestos a entregar
la autonomía conquistada. En la lógica del mal menor,
los movimientos sociales apoyan las opciones electorales
progresistas, y éstas, a cambio, respetan la movilización
popular. Los gobiernos elegidos con el favor de las mayorías, sin embargo, se verán presionados a sintonizarse
con sus expectativas. En esta tensión se juega el futuro
de la ola de gobiernos de signo diferente y la suerte de la
democracia en la región.
En América Latina, los movimientos sociales aún tienen mucho por dar. La tendencia es a su fortalecimiento
y a la profundización de sus demandas, lo que sin duda
influirá en el campo político. La suerte de las formaciones
de nuevo signo depende en buena medida de su capacidad para intensificar la lucha contra el neoliberalismo.
A lo mejor sólo hemos presenciado los preliminares, y el
partido de verdad está por venir. Este es el horizonte que
se abre cuando ya empiezan a sonar las fanfarrias del
segundo centenario.
23
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El régimen político uribista es la expresión política resultante
de la conjugación de tres poderes económicos y sociales refractarios
a las reformas y al progreso: terratenientes, burguesía financiera y
narcoparamilitarismo. Bajo el liderazgo carismático de Álvaro Uribe
Vélez, estas vertientes han logrado desarrollar en estos cinco años una
ofensiva contrarreformista, encaminada al debilitamiento del Estado
social de derecho, al favorecimiento de los intereses económicos
que representan y a la legalización de la impunidad. Como ha sido
una constante en la historia del país, este tipo de opciones han ido
en contravía de los avances institucionales y sociales, y siempre han
terminado fortaleciendo las opciones armadas.1
Para los años 1998 y 1999, las élites dominantes del país tuvieron
la posibilidad de elegir entre dos opciones: o negociaban con las FARC
y se enfrentaban a la alianza del narcotráfico y el paramilitarismo, o se
asociaban con esta última para confrontar a las FARC; finalmente, eligieron la segunda. Este antecedente explica, al menos en parte, la configuración del actual régimen político desde el punto de vista de las fuerzas
económico-sociales que lo integran y sus objetivos.
Varios fueron los factores que concurrieron en la coyuntura de 20012002 para que Álvaro Uribe obtuviera esa articulación: la prolongación
indefinida del conflicto armado y sus excesos, que agravaron la situación
de seguridad en todo el país; el fracaso de las negociaciones de paz con
las FARC; el nuevo contexto internacional de la guerra contra el terrorismo; la importancia de la cocaína en la inserción de Colombia en la
globalización económica, y los avances del paramilitarismo en el mapa
de la geografía nacional.
* Investigador social colombiano, exiliado en
España. Trabaja con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP) de
Zaragoza.
1
Algunas de las ideas expresadas en este artículo han sido expuestas por
el autor de una manera más amplia en su libro Metamorfosis. Guerra,
Estado y globalización en Colombia.
25
Cinco años después, sin haber terminado su segundo
período presidencial, se vuelven a escuchar voces que
hablan de hecatombe o prolongación indefinida en el poder de la misma estructura, en la figura de Álvaro Uribe
Vélez.
Lo nuevo en el panorama nacional en los últimos
años es que han surgido una oposición democrática y
unos movimientos sociales que, abanderando las reformas, podrían contener la oleada del régimen uribista y
ser alternativa de gobierno. Por ello podemos afirmar que
el momento actual del país es el pulso entre la ofensiva
uribista y la oposición democrática, el cual es uno nuevo
y diferente entre la guerra y la paz. El desarrollo de estas
tesis es el objeto de este artículo.
Las élites ante dos caminos
Para comprender el régimen uribista y la situación actual
del país es importante remontarnos a los años 19981999, momento en que se define el Plan Colombia y se
inicia el gobierno de Andrés Pastrana. En este periodo,
la realidad les planteó a las élites dirigentes del país dos
opciones o dos caminos que implicaban pactos con dos
fuerzas distintas; de la elección de una de esas opciones
se han desprendido varios de los principales acontecimientos que hoy vive el país. Lo anterior, en la medida
en que dos actores marginados y excluidos del ejercicio
del poder, de orígenes y objetivos muy diferentes, lograron una fuerza militar y social tan grande que les permitía retar al poder y demandar una negociación para
ser incluidos. De un lado, estaban las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y, del otro, los narcotraficantes aliados con el paramilitarismo.
Las guerrillas colombianas son la expresión de viejas fracturas sociales que han pervivido en el tiempo, al
no realizarse las reformas que el país requería para su
modernización. Éstas representan la lucha de los campesinos que se vieron forzados a huir para sobrevivir a las
matanzas de la Violencia, de otros marginados urbanos
y de los cultivadores cocaleros criminalizados por las políticas antidrogas. Después de una larga acumulación de
fuerzas, para esos años, las FARC habían propinado fuertes golpes militares a la Fuerza Pública –Las Delicias, Patascoy, Puerres, Llanos del Yarí–; habían logrado rodear a
Bogotá con una fuerza armada compuesta por siete fren-
26
Régimen político
tes guerrilleros y seis columnas móviles que controlaron
una gran parte del departamento de Cundinamarca, con
énfasis en las zonas montañosas y altas de la Cordillera
Oriental, y los alrededores de Bogotá; también tuvieron
un corredor estratégico por el denominado Eje del Páramo de Sumapaz, a través del cual conectaban el Oriente
y el Sur del país –departamentos de Meta, Casanare, Tolima y Huila– con la capital de la República.
Del otro lado se encuentra una vasta economía ilegal
basada en la marihuana, la coca y la amapola, que creció en distintas regiones marginadas en las que tampoco
existió el Estado (Vargas, 1999 y 2003) y que desplazó
al café del primer renglón de las exportaciones del país.
Sus empresarios establecieron una alianza con el paramilitarismo de origen estatal para defender sus negocios,
acaparar tierras y afianzar sus poderes locales (Medina,
1990). Las crisis de la economía cafetera, del modelo de
sustitución de importaciones2 y la implantación de las
políticas neoliberales, le abrieron el camino a la explosión
de este nuevo capitalismo de naturaleza ilegal, y acumulación rápida y violenta, que llevó a que la cocaína se
convirtiera en el principal producto a través del cual Colombia se insertaba en la globalización económica. Para
tales años –1998 y 1999–, esa alianza, que les permitió
a los narcotraficantes convertirse en señores de la guerra,
inició una contrarreforma agraria, apoderándose, mediante la violencia y el terror, de más de cuatro millones
de hectáreas de tierra, y constituyendo un ejército de más
de 10.000 hombres que proyectó sus ofensivas militares
hacia el Sur y el Oriente del país.
Eran dos grandes actores sociales y armados que
venían desde las periferias y la ilegalidad, que habían
construido sus propios ejércitos y sus “poderes estatales
paralelos” o “paraestados”, y que no integraron el último
pacto social que implicó la Constitución de 1991, continuando, después de su aprobación, la guerra, mientras
aspiraban a abrirse paso dentro de la institucionalidad y
2 El modelo de sustitución de importaciones fue una
estrategia para el desarrollo económico implementada
en Latinoamérica, que consistió en colocar barreras a
las importaciones de bienes manufacturados en cada
país para que, de esta forma, la producción nacional
pudiera abastecer el mercado interno y en consecuencia creciera la industria nacional.
los escenarios políticos y sociales. Un “gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional” pregonaban las
FARC; “refundar la patria”, “construir una nueva Colombia”, establecer “un nuevo contrato social” declararon
luego los empresarios ilegales de la coca y el paramilitarismo, junto con algunos políticos locales. Mientras las
primeras consolidaban su posicionamiento sobre Bogotá
y su retaguardia estratégica, los otros afianzaban sus poderes regionales y locales mafiosos como sus santuarios
para garantizar la acumulación violenta de rentas ilícitas y lícitas, principalmente de la cocaína. En últimas,
dos excluidos y marginados, distintos y enemigos entre
sí, que recogían buena parte de las violencias derivadas
estructuralmente de los conflictos no resueltos por las
grandes desigualdades y el acceso traumático y tardío
del país a la modernidad y a la globalización económica;
excluidos que querían entrar en el poder, participar del
Gobierno y ser incluidos dentro del Estado.
Y, frente a esos dos excluidos, en los años 1998 y 1999,
las élites dirigentes tuvieron la opción de elegir: o negociaban
con las FARC, enfrentaban al paramilitarismo, y se diferenciaban de Estados Unidos en el tratamiento de los cultivos
de uso ilícito y las drogas psicoactivas, o profundizaban su
alianza con los paramilitares para enfrentar a las FARC.
La primera implicaba hacer la paz y cambiar en alguna
medida el statu quo; la segunda, mantenerlo e incrementar
la guerra. La una estaba esbozada, aunque tímidamente,
en la versión original del Plan Colombia, elaborada en este
país, y planteaba una distinción entre el narcotráfico y la
guerrilla, se proponía negociar con esta y establecía un trato diferenciado para los cultivos comerciales de los narcos
y los de los campesinos pobres. La otra estaba contenida
explícita o implícitamente en la versión estadounidense del
Plan Colombia. (Aristizábal, 2007, p. 213)
El presidente Andrés Pastrana estuvo cercano a la
primera opción en el comienzo de su gobierno: estableció
la zona de distensión, dio inicio a las negociaciones de
paz, y en el documento de la Comisión de los Notables,3
3 La Comisión de Personalidades, conocida también
como Comisión de Notables, fue designada por la
Mesa de Negociación entre el Gobierno colombiano
y la guerrilla de las FARC, en virtud del numeral 3 del
Acuerdo de Los Pozos, suscrito el 9 de febrero de 2001
entre el presidente Andrés Pastrana y el comandante
de las FARC Manuel Marulanda. Los Notables de-
integrada a partir del Acuerdo de los Pozos (2001),4
quedó consignada la propuesta de la convocatoria a una
asamblea constituyente con presencia de la guerrilla, el
combate militar a las autodefensas, su sometimiento a la
ley, y la investigación, juzgamiento y sanción, por parte
de la justicia ordinaria, de los miembros de las Fuerzas
Armadas involucrados con estos grupos.
De manera paralela a su política de paz, Pastrana
mantuvo una política de guerra. Las élites regionales y
los militares temieron perder sus privilegios si se consolidaba la negociación, por lo cual presionaron la ruptura
del proceso; el Gobierno estadounidense también interfirió e impuso con su financiación su propia versión del
Plan Colombia.5
Mientras permanecían en la Mesa, las FARC mantuvieron su desconfianza ante la opción de negociación,
que discurría al mismo tiempo que las ofensivas del
paramilitarismo y la Fuerza Pública, y aprovecharon al
máximo la negociación para fortalecerse militarmente. Ni
bían presentar, en un plazo definido, recomendaciones para avanzar en las discusiones sobre mecanismos
para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. La Comisión quedó integrada
inicialmente por el periodista Carlos Lozano Guillén,
director del semanario comunista Voz; por Vladimiro
Naranjo Mesa, ex magistrado de la Corte Constitucional; por el médico Alberto Pinzón Sánchez, y por
la periodista Ana Mercedes Gómez, directora de El
Colombiano. Síntesis tomada de Medios para la Paz
(2002).
4 Firmado entre el presidente Andrés Pastrana y el comandante de las FARC Manuel Marulanda, en donde
quedaron planteados 13 puntos para el inicio de la
negociación.
5 “En su orden, las versiones que hasta el momento se
han conocido son las siguientes: 1) Presidencia de la
República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
Departamento de Planeación Nacional, ‘Plan Colombia’, Puerto Wilches, diciembre de 1998. 2) Revista
Desde Abajo, ‘Plan Colombia’, Suplemento especial
No. 1, octubre de 1999. 3) Presidencia de la República, ‘Plan Colombia’, Plan for peace, prosperity, and
thestrengthrning of the state, President of the Republic, Andrés Pastrana Arango, edition october, 1999.
Y, 4) ANCOL, Plan Colombia, www.presidencia.
gov.co, Bogotá, 1 de diciembre de 1999, traducida al
español de la versión presentada a la Unión Europea”
(Martínez Osorio y Angarita, 2000, p. 6).
27
el Gobierno ni las FARC movilizaron a la población por la
paz y las reformas sociales, la salida negociada se agotó
y se impuso la opción de la guerra.
El régimen político de Uribe: cambios
en el poder y la naturaleza de las élites
El régimen que hoy gobierna Colombia representa un
cambio en la estructura de poder y la naturaleza de las
élites, y una reconfiguración del poder político y el Estado. Es la expresión política de tres grandes agrupaciones
económicas y sociales articuladas por el liderazgo de Álvaro Uribe: en primer lugar, están los terratenientes, ganaderos y agroindustriales, que han sido los sectores más
afectados por las guerrillas y los conflictos agrarios; allí
se encuentran las élites políticas regionales que nunca
han aceptado la solución política del conflicto y se sintieron desconocidas por el gobierno de Pastrana cuando
éste adelantaba las negociaciones de paz. Son los que
algunos llaman el “uribismo rural”.
En segundo lugar, la burguesía financiera y los grandes comerciantes. Los más beneficiados con el lavado
de activos, la integración de Colombia en los mercados
financieros globales y la apertura comercial indiscriminada, y las políticas tributarias. El tercer agrupamiento
está formado principalmente por empresarios o ex empresarios de la cocaína: por un lado, aquellos que aprovecharon las amnistías tributarias anteriores concedidas
al narcotráfico y la “ventanilla siniestra”,6 legalizando sus
capitales y reinvirtiendo una parte de éstos; por el otro,
esa capa que ahora está en tránsito para blanquear sus
apellidos y oficializar su entrada al establecimiento a través de la Ley 975 de 2005 –Ley de “Justicia y Paz”–. 27
años continuos en que los ingresos por exportaciones de
cocaína han representado entre el 3% y el 5% del PIB del
país se reflejan, necesariamente, en la conformación de
una nueva burguesía con un enorme poder económico.
6
“En el gobierno de Alfonso López Michelsen (19741978) se creó la ‘Ventanilla Siniestra’ en el Banco de
la República, por la que ingresaron los millones de
dólares de la bonanza marimbera, confundidos con
los de la bonanza cafetera, que por lo demás en buena
parte correspondieron a contrabando del grano” (Castillo, 2001)
28
Régimen político
La alianza de ese empresariado ilegal con los jefes del paramilitarismo y una parte de la clase política
tradicional estableció unos poderes locales y regionales
mafiosos que se convirtieron en nuevos órdenes políticos
incubados dentro del mismo Estado. La geopolítica de la
guerra en los últimos cinco años, al concentrarse sobre
las FARC y sobre determinados territorios, ha fortalecido
esta alianza que ha ampliado sus zonas de cultivo y rutas
de exportación, y que hoy se ufana públicamente de haber salvado al país del ascenso de las guerrillas y los movimientos populares, y reclama por ello un puesto dentro
del Estado y la sociedad, sin tener que pagar sanciones
proporcionales a los graves crímenes cometidos.
Estamos ante una reconfiguración del poder político
de las élites y el Estado, que fue condensada por el régimen uribista, cuando éste logró articular en la coyuntura
de 2001-2002 a esos tres agrupamientos disímiles en
torno a los objetivos comunes que los unifican; simultáneamente se presentó un desplazamiento del peso de
los sectores propiamente industriales, tanto en el sistema
económico como en el político.
Adicional a la ruptura de las negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC y, en consecuencia,
a la prolongación indefinida del conflicto armado y sus
excesos, otros elementos asistieron para configurar ese
entramado, entre los que se destacan el nuevo contexto
internacional de la lucha antiterrorista, la importancia de
la cocaína en la inserción de Colombia en la globalización
económica y la consolidación del paramilitarismo en la
vida nacional.
En estas condiciones, el atizamiento de la guerra
contra las FARC le aseguraba réditos económicos y políticos a esa coalición. La alianza de una parte de las
viejas élites con el narcotráfico y el paramilitarismo reforzó su poder y afianzó su dominación. Adicionalmente,
su subordinación a las políticas del gobierno presidido
por George W. Bush le permitió garantizar los dineros del
Plan Colombia para hacer de sus guerras “contra el terrorismo” y “contra las drogas” sus principales banderas. Al
mismo tiempo, esos tres agrupamientos se constituían en
los mayores beneficiarios del capitalismo rentista que se
ha impuesto en el país.
La Constitución como un traje de arlequín:
caracterización del uribismo
La política de “seguridad democrática” no se presenta
como institucional, sino como personal.7 Según el Presidente y sus grupos políticos, sólo él está en capacidad de
darle continuidad y por ello requiere su reelección. Para
justificar la misma, encubrir los objetivos del régimen de
la seguridad democrática y ganar una opinión pública
nacional e internacional favorable, el actual gobierno ha
asumido como su bandera principal la solución militar
del conflicto y, en particular, la guerra contra las FARC.
Álvaro Uribe logró culpabilizar a este grupo de todos los
problemas del país, exculpando al paramilitarismo, la
clase política tradicional y las Fuerzas Armadas del Estado; creó, valiéndose de la coyuntura y de los grandes
medios, un gran sentimiento en su contra; levantó una
ola nacional en la cual el enemigo principal es esta guerrilla y, sobre esta ola, se erigió como el único que podía
salvar al país.
Aparentemente, los programas de la política de “seguridad democrática” están subordinados al supremo objetivo de derrotar militarmente a las FARC: el incremento
del presupuesto militar y de los efectivos de la Fuerza
Pública,8 el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional, su política internacional, su agenda legislativa y
las reformas a la Constitución.
Lo anterior, efectivamente, se ha representado en una
ofensiva militar permanente desde el día de la posesión
del Álvaro Uribe hasta hoy, y con ella ha logrado des-
7 La figura de Álvaro Uribe Vélez nos ofrece la personificación del pastor que está predestinado a guiar el rebaño; por eso, desde la redacción de los cien puntos de
su campaña, Uribe afirmó: “Miro a mis compatriotas
hoy más con ojos de padre de familia que de político”
(…). El Presidente pastor es el destinado a encauzar el
rebaño (la sociedad colombiana) a la salvación política, entendida esta como la derrota del terrorismo, que
se cierne como la peor de las pestes sobre su pueblo
descarriado (Mantilla y Múnera, 2005, pp. 61-62).
8 “Según el Ministerio de Defensa, durante el período
comprendido entre julio de 2006 y junio de 2007 los
siguientes proyectos garantizaron el fortalecimiento
de la Fuerza Pública. Ejército: i) activación de tres Brigadas Móviles (16, 17 y 19); ii) entrada en operación
plazar a las FARC de los alrededores de Bogotá y replegarlas hacia el Sur. No obstante lo anterior, él mismo se
contradice al afirmar que no existe un conflicto armado
interno, así como ha demostrado no ser eficaz, al no lograr derrotarlas, ni asestarles ningún golpe decisivo, a
pesar de sus discursos y del apoyo de Estados Unidos
con los consecutivos Plan Colombia, Plan Patriota y Plan
Consolidación.
En cambio, el resultado real de sus políticas y de
estas ofensivas sí ha contribuido a la satisfacción de los
objetivos principales del régimen que personifica Álvaro
Uribe Vélez, a saber:
(i) Desmantelar el Estado social de derecho, impedir el
cumplimiento de la Constitución Política de 1991 y
recortar el ejercicio de garantías y libertades, inhibiendo al mismo tiempo el desarrollo de las reformas
que reclama la población.
(ii) Realizar dos operaciones masivas de impunidad: la
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de los
paramilitares,9 militares y sectores de la clase política
de la Fuerza de Acción Decisiva; iii) activación de la
Brigada n.° 15 en Quibdó (Chocó); iv) recepción de
ocho helicópteros UH-60 para asalto aéreo; v) recepción de cuatro helicópteros MI-17 para transporte; vi)
recepción de dos aviones Grand Caravan para comando y control; vii) activación de dos centros de instrucción y entrenamiento para las unidades de combate.
Armada: i) construcción y dotación de Patrullera de
Apoyo Fluvial Pesada tipo Nodriza. Nombre ‘ARC
Teniente de Fragata Efectivo de Infantería de Marina (TFEIM) Juan Ricardo Oyola Vera’; ii) recepción
de seis lanchas de interdicción marítima para apoyar
las actividades de lucha contra el narcotráfico; iii) inversión en infraestructura operativa y logística en las
unidades de las Brigadas Fluviales de Puerto Carreño, Turbo, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Guapi,
Tumaco y Buenaventura, con el fin de fortalecer el
control fluvial. Fuerza Aérea: i) recepción de seis helicópteros Bell 206; y ii) recepción de diez aeronaves
de combate A-29 Súper-Tucano. Policía Nacional: i)
activación de 53 estaciones rurales; y ii) activación de
78 estaciones de policía”. (Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos, 2007, p.10)
9 Véase en esta publicación: Comisión Colombiana de
Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
y Observatorio de Derechos Humanos y Derecho In-
29
tradicional, y la de lavar, blanquear y legalizar masivamente a una capa de empresarios de la cocaína
junto con sus fortunas.
(iii)Defender los intereses políticos y económicos de
Estados Unidos, sus empresas multinacionales y el
capital transnacional, atendiendo los lineamientos
neoliberales de corte global.
Con relación al desmantelamiento del Estado social
de derecho, es evidente que el marco institucional instaurado en 1991 es considerado un obstáculo, incluyendo
la administración de justicia, la cual, más bien, se ha
pretendido convertir en un instrumento de la denominada
“lucha antiterrorista” (Corporación Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, 2003). El Ministro del Interior y de
Justicia de su primer período, Fernando Londoño Hoyos,
afirmó, antes de su posesión, que se debía romper “en
mil pedazos ese traje de arlequín de la Constitución de
1991 y desmontar ese embeleco stalinista del Estado social de derecho”.10 De hecho, la Carta ha sido reformada
26 veces en 17 años, de las cuales 11 enmiendas se han
realizado bajo el gobierno de Álvaro Uribe, incluyendo la
reelección inmediata del Presidente.11
Alta concentración de poderes en el Ejecutivo, debilitamiento de facto de los órganos de control y militarización de la sociedad son elementos característicos de ese
desmantelamiento. Desde la Presidencia de la República
se desinstitucionaliza el Estado, se le dice públicamente
a los militares que se quiten de encima el “síndrome de
la Procuraduría”, se acusa a los defensores de derechos
humanos y a la oposición democrática de ser aliados de
la guerrilla, y se urde una confabulación contra la Corte
Suprema de Justicia para que no juzgue a los parlamentarios y altos funcionarios comprometidos con el paramilitarismo.
ternacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Ley 975: Sin justicia, ni
paz.
10 Citado en Bernal (2003).
11 Durante el cuatrienio de Andrés Pastrana se produjeron siete enmiendas constitucionales; bajo el gobierno
de Ernesto Samper, cuatro reformas, y bajo el gobierno de César Gaviria, tres.
30
Régimen político
Respecto de la doble operación de impunidad, analistas nacionales e internacionales han demostrado que
la Ley denominada de “Justicia y Paz” es una amnistía
general encubierta.12 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) han alertado sobre las posibles consecuencias negativas de la Ley.13 Los jefes del paramilitarismo
continúan delinquiendo y manteniendo, de una u otra forma, sus maquinarias de intimidación y su poder en sus
áreas de influencia, mientras crece la llamada “tercera
generación del paramilitarismo” (FIDH, 2007).
La paz de los paramilitares es una paz mafiosa: en
sus territorios se reducen los índices de violencia porque
ellos obtienen el monopolio de la coerción y la violencia,
e imperan la ley del silencio y el régimen de terror, propios de sus nuevos órdenes políticos. En cuanto a sus negocios como narcotraficantes, la Ley no les está exigiendo
que desmonten o entreguen sus cultivos, rutas o laboratorios (FIDH, 2007). Mientras unos se legalizan ahora,
otros mantienen el negocio. Adicionalmente, el número
de los altos dirigentes políticos del régimen presos, sindicados o indagados por la Corte Suprema de Justicia
y la Fiscalía por sus vinculaciones con los crímenes del
paramilitarismo, ya va en 80 y continúa creciendo.
En cuanto a la subordinación de Colombia frente a
los Estados Unidos, ésta se ha incrementado. La concepción de la guerra, su planeación, financiación, asesoría y dirección en el terreno dependen del Pentágono, a
través del Comando Sur, bajo el pretexto de estimular la
inversión extranjera. Mientras el publicitado crecimiento
económico no genera empleos, se reducen y desmejoran
los existentes, se cierran los hospitales públicos, la salud
se privatiza y, en general, los DESC se menoscaban o
cercenan.14 El nuevo marco legal del gobierno Uribe ha
12 Véanse, entre otros, Amnistía Internacional (2005),
Human Rights Watch (2005, p. 4); Comisión Colombiana de Juristas y otros (2005).
13 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2005).
14 Véase en esta publicación: Cecilia López Montaño.
Un modelo pro rico, y Alberto Yepes Carvajal. ¿Desarrollo para todos?
terminado de entregar lo que quedaba de las rentas del
petróleo, el carbón y los demás recursos naturales del
país. Las empresas transnacionales y multinacionales
festejan sus utilidades y certifican que con la “seguridad democrática”, sí existe democracia plena y seguridad
para sus contratos y sus negocios.
En últimas, ni Estado social, ni Estado de derecho a
secas. La democracia no se está fortaleciendo, se está
es estrangulando la poca que existe hasta dejar sólo sus
apariencias formales. Podemos caracterizar al régimen
político de Uribe como una ofensiva contrarreformista
por parte de las élites más tradicionales y refractarias a
las reformas y al progreso, con la que se pretende mantener el statu quo, incorporando dentro de él una parte
importante del paramilitarismo y el narcotráfico, a los
cuales se busca legalizar impunemente. Como ha sido
una constante en la historia del país, las ofensivas de los
sectores de derecha han ido en contravía de los avances
institucionales y sociales, y siempre han terminado fortaleciendo las opciones armadas. Sin embargo, lo que
diferencia a esta arremetida de las otras ocurridas en el
pasado es que ahora ha surgido un dique: la oposición
democrática unida con los movimientos populares.
Un nuevo pulso:
los retos de la oposición democrática
La reelección de Uribe ha sido el fortalecimiento de las
ofensivas militares y las contrarreformas que históricamente se han producido en Colombia por la ausencia
de una política democrática, y unas fuerzas robustas
capaces de canalizar la inconformidad y avanzar hacia
adelantos democráticos. Mientras su primera elección
estuvo signada por el pulso entre la guerra y la paz, en el
momento actual del país se vive un nuevo pulso entre la
ofensiva uribista y las fuerzas democráticas.
La oposición democrática se ha vigorizado y erigido
en una alternativa creíble, después de la derrota del referendo uribista de octubre de 2003, los avances en las
elecciones locales de 2003 y 2007, los 2.600.000 votos
de las elecciones presidenciales a favor del candidato del
Polo Democrático Alternativo y los resultados electorales
recientes que le dieron a este partido su segundo triunfo
en Bogotá y la gobernación de Nariño. Estos avances se
deben a los acumulados que esta iniciativa recoge, a su
trabajo, a sus candidatos y, principalmente, a la inmensa
necesidad de cambio, de transformación y de paz que
vive-siente la mayoría de la población colombiana.
El reto de esa oposición es, entonces, el de la paz,
pero no entendiéndola dentro del falso dilema que han
escenificado alternativamente los gobiernos de las clases dirigentes (o guerra total o negociación; o solución
militar o la sola negociación política), que ya se ha demostrado que vuelve a terminar en la guerra. Es la paz
entendida como las reformas, como la transformación de
las grandes iniquidades que las élites han perpetuado, y
como la inclusión en la sociedad y el Estado de todos los
excluidos en el largo y traumático proceso de formación
de la nación.
Una sólida política democrática cuyo eje sea la consecución de paz y una nueva diplomacia internacional.
En este sentido son dos condiciones claves e imprescindibles para que la oposición y los movimientos sociales
puedan sostener este pulso en alza, y vencer la ofensiva
del régimen.
***
A mayor peso de la guerra y la violencia, menos espacios
para la oposición y la democracia. Por esto, lo que hace
falta y urge en el país es una política democrática que comience a desbloquear los conflictos represados, que forje
otro imaginario y otro sentido de lo que es la política, que
se vuelva realidad, construyendo nueva institucionalidad
y gobernabilidad en los municipios y departamentos, e
integre en el conjunto de la sociedad y la esfera pública a
todas aquellas regiones, poblaciones, economías y culturas excluidas y marginadas por el Estado.
El núcleo central de esa apuesta debe ser la paz democrática, que se construye con las comunidades en el
aquí y ahora de sus territorios veredales y municipales,
en las gobernabilidades locales, en la canalización de los
conflictos económicos y sociales para que encuentren su
cauce en el campo de la política, en la humanización
y regularización del conflicto armado, en los centenares
de acuerdos humanitarios parciales, locales o sectoriales
que las víctimas están requiriendo, y en una propuesta
de negociación que aspire a ser la política pública del
Estado.
31
Ahora, como Colombia no podrá resolver sola su guerra y en ella inciden tantos factores globales y regionales,
es necesario construir una nueva diplomacia para que los
distintos actores de la comunidad mundial contribuyan a
la solución de sus múltiples crisis. Los pesados e intrincados intereses globales y locales que mueven la guerra
y los negocios de la cocaína no se podrán remover, mientras la oposición democrática y los movimientos sociales
no logren develar que Uribe representa el derrumbe del
Estado de derecho, la impunidad, la alianza con los empresarios de la cocaína y los paramilitares y, por tanto, la
perpetuación de la guerra y el narcotráfico.
Bibliografía
La unidad de la oposición democrática y los movimientos sociales, con los aportes de las regiones, el arte,
la cultura, los excluidos y la diáspora, conjuntamente con
las alianzas globales que logre esa nueva diplomacia, podrían profundizar la movilización social por la paz y las
reformas, hacer de éstas un clamor nacional e internacional, sacar la dinámica política del país del enfrentamiento interesado entre Uribe y las FARC, que tanto beneficia
al primero; hacerla girar hacia el pulso entre la política
del régimen y la política democrática y, sobre esta base,
amplificar una gran ola que se superponga a la avenida
de sangre e impunidad sobre la que navega el uribismo.
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Un modelo de desarrollo pro rico surge
cuando un Gobierno permite que se privaticen las ganancias,
pero se socialicen las pérdidas.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe ha insistido en la promoción de
una idea bastante ambiciosa: la historia de Colombia se divide en dos:
antes y después de 2002, año del inicio de su mandato. Este discurso
es repetido por el jefe de Estado y sus ministros en todos los escenarios,
bien sea en la Asamblea de las Naciones Unidas o en un consejo comunal
realizado en cualquier municipio del país. Este supuesto quiebre histórico también incluye los resultados del modelo económico aplicado en el
último lustro.
Es cierto que la economía colombiana ha experimentado un desarrollo favorable durante los últimos años, sustentado en dos factores:
1) altas tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB)1 y 2)
niveles de inflación inferiores a un dígito, enmarcados en las metas
establecidas por el Banco de la República. Lo anterior ha redundado en
una importante modificación de las expectativas de inflación, variable
crucial de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, antes de interpretar este comportamiento con demasiado optimismo, es necesario
investigar cuál ha sido el motor del crecimiento y, sobre todo, qué tan
sostenible es. Existen razones de fondo para creer que este ha estado
impulsado fundamentalmente por factores coyunturales tanto externos
como internos.
∗ Senadora de la República, Partido Liberal
Colombiano.
1 El producto interno bruto puede definirse como el valor total de la producción de bienes y servicios producidos durante un periodo específico
en un país determinado.
35
El crecimiento en contexto
Algunas causas externas influyeron positivamente en
el crecimiento económico nacional. De acuerdo con la
Contraloría General de la República y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo,2 la economía nacional ha
sentido la entrada de flujos de capital de corto plazo, los
altos precios de los productos básicos (en especial petróleo y carbón), la disminución de las tasas internacionales
de interés, la reducción de la deuda externa debido a la
revaluación del peso, y el alto ingreso de remesas3 al
país.
Pero también es claro que la dinámica interna ha
jugado un papel importante. En efecto, han contribuido
las políticas monetarias, crediticias y fiscales, todas con
una clara marca expansiva. Adicionalmente, también ha
sido fundamental el notable aumento en la inversión pública y privada, debido a los incentivos tributarios a la
inversión y al cambio en las expectativas de los agentes
económicos motivadas por la implementación de la política de seguridad democrática. Igualmente, la economía
subterránea –cuya existencia el Gobierno subestima– ha
ayudado significativamente al reciente desempeño del
aparato productivo.
No puede ignorarse entonces que los buenos resultados observados hasta el momento han sido producto
de situaciones excepcionales cuya duración es difícil de
determinar. Más aún, ya se identifican factores de desaceleración que empiezan a preocupar al país.
De la reforma estructural
al cambio coyuntural
El Gobierno nacional perdió la oportunidad de aprovechar la situación positiva de la economía para hacer
importantes ajustes, en especial en lo que respecta al
saneamiento fiscal. Así, no se utilizaron para este fin los
ingresos percibidos por las privatizaciones, los recaudos
tributarios, ni el impacto de la revaluación en la deuda,
a un punto tal que el déficit del Gobierno Central conti2 Bonilla y González (2006, pp. 23 y ss.).
3 Dinero enviado al país por los colombianos residentes
en el exterior.
36
Régimen económico
núa en niveles superiores al 4,4% del PIB.4 Al respecto es pertinente resaltar la fracasada reforma tributaria
estructural. Un acertado análisis de la generosidad del
Gobierno con el sector privado lo hizo en su momento el
columnista Mauricio Cabrera Galvis, luego del trámite de
dicho proyecto:
Lo vergonzoso de la Reforma aprobada es la forma como
se discutió y elaboró no en el Congreso de la República
que es el foro institucional de la democracia para debatir
los temas impositivos, sino en conciliábulos con gremios y
lobistas, en los que predominó –como se reconoce textualmente en la ponencia del proyecto– “la insistencia de cada
uno de los sectores económicos en que se mantengan los
beneficios o tratamientos preferenciales que desde hace
varios años vienen aplicando para sus diferentes actividades”, es decir la defensa de los intereses particulares sobre
el interés público.
Más aun, Fedesarrollo señaló la perversa interacción
entre esos intereses particulares y los políticos que retribuyen el apoyo financiero a sus campañas con micos en
el Estatuto Tributario. (Cabrera, 2006). El mensaje de lo
que pretendía el Gobierno lo había repetido en varios foros el presidente Uribe, antes de la aprobación final de la
ley: “Uno de los temores que a mí me han asaltado cada
vez que proponemos el tema tributario, es la tradición colombiana de rechazar las normas tributarias como factor
de crecimiento de la economía. Nosotros tenemos que
superar ese complejo, tenemos que confiar en la bondad
de las normas tributarias, para estimular el crecimiento
de la economía” (Uribe Vélez, 2006). Era esta su manera
de justificar las prebendas concedidas.
El espejismo:
crecimiento concentrado y sin empleo
En el contexto latinoamericano, Colombia ocupa el segundo lugar en desigualdad en la concentración del in-
4 De acuerdo con el diario Portafolio (2007, 12 de
agosto), “entre enero y abril del 2007 el déficit del
Gobierno Nacional Central creció 16,4 por ciento si
se compara con el mismo periodo del año anterior,
pues pasó de 6,54 billones de pesos a un faltante de
7,61 billones de pesos, valor que equivale a 2,2 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”.
greso, con un índice Gini5 de 0,576 (Bonilla y González,
2006, p. 37), siendo superado únicamente por Brasil
con 0,591. Y como si no fuera suficiente, la tendencia no
apunta hacia la disminución de la desigualdad; como lo
plantean el CID y la Contraloría General de la República:
Entre 1998-2003, el PIB creció en promedio al 1,1% y
los ocupados al 2,3%. Entre 2003-2006, el PIB creció
al 5,1 promedio y la ocupación al 1,6%, si se toman
las cifras oficiales del DANE,6 o al 3%, si se asume una
corrección de los datos oficiales.
El crecimiento de la economía colombiana ha sido muy
inequitativo. Las ganancias de las empresas aumentaron
más que los salarios; el sector financiero se concentró más;
la distribución de la tierra empeoró; los impuestos son más
regresivos; el pago de servicios públicos es desproporcionado con respecto a los ingresos, etcétera. Mientras tanto,
el empleo apenas si aumenta por encima del crecimiento
de la población y los costos laborales han disminuido en
términos reales. (Bonilla y González, 2006)
Por su parte, Francisco Pérez (2007) plantea que en
el mundo se está consolidando el modelo de “Jobless
Recovery”, o sea “Recuperación sin Empleo”, mostrando cómo Estados Unidos, México, Centro y Suramérica
son ejemplo de ello, pues “recientemente, a nivel internacional, en los períodos de expansión se han observado altas tasas de crecimiento del producto asociadas no
sólo con una recuperación muy lenta o nula del empleo,
sino que al mismo tiempo en algunos casos se han registrado incrementos en la tasa de desempleo”. Para el
caso colombiano, Pérez menciona que el “deterioro de la
tasa de desempleo del país se inició a partir del período
comprendido entre el tercer trimestre del 2004 y el tercer trimestre del 2005”. Adicionalmente, esta tendencia comienza a consolidarse a partir de 2006, cuando
los aumentos del PIB, del orden del 6,94%, estuvieron
acompañados por un incremento en la tasa de desempleo de 2,96%. Pero, sin lugar a dudas, la mejor muestra
de esta tendencia es el primer trimestre de 2007, cuando
el PIB (sin incluir ilícitos) creció al 8,09% y la tasa de
desempleo aumentó 0,22 puntos porcentuales.
Como bien lo ha planteado Ricardo Bonilla (2007),
la recuperación económica ocurrida tras la recesión de
1999 “ha sido insuficiente e inequitativa respecto a la
generación de nuevas oportunidades de trabajo, incorporación a los sistemas integrales de seguridad social y
reducción sistemática de la pobreza”. Para Bonilla, los
verdaderos efectos de la leyes de reforma laboral de las
últimas dos décadas (leyes 50 de 1990 y 789 de 2002)
fueron la terciarización en la contratación de empleados,
debido a la flexibilización de las relaciones salariales;
flexibilización materializada a través de programas de
vinculación temporal, la reducción en los costos de los
despidos y la disminución del pago del recargo nocturno,
dominicales y festivos (Bonilla, 2007, p. 92).
Las cifras y la correlación que se presenta entre las
tasas de crecimiento económico y el aumento porcentual
del número de ocupados corroboran este argumento. Entre 1993 y 1998, el promedio del PIB fue de 3,2% anual
y los ocupados se incrementaron en 2,1%, en promedio.
5 El coeficiente o índice de Gini es un indicador que
permite medir el grado de concentración y de distribución de la riqueza, los ingresos o la propiedad. Este
índice va de 0 a 1, acercándose a 0 cuando refleja una
distribución igualitaria y acercándose a 1 cuando da
cuenta de una concentración desigual (en principio,
equivale a 0 si todos los implicados tienen los mismos
bienes y, a su vez, equivale a 1 si un solo agente posee
todos los bienes). Un índice total mayor de 0,5 es reflejo de una desigualdad bastante alta en el contexto
global.
Y con respecto al modelo Uribe y sus efectos sobre el
empleo hay que destacar que, por fin, se empieza a abrir
el debate, pues hasta antes de 2007 los informes críticos de numerosos académicos habían sido falazmente
descalificados por los empresarios y el Gobierno, lo que
contribuía a cerrar el debate en lugar de propiciar su desarrollo. Fue necesario que una autoridad nacional, como
el Procurador General de la Nación, hiciera una denuncia
necesaria (El Tiempo, 2007, 18 de octubre): la reforma
laboral de 2002, la Ley 789, no solo no generó el empleo
prometido sino que les costó muy caro a los trabajadores,
6 En el tercer trimestre de 2006, el DANE incorporó
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), con
la que, abruptamente, la tasa de ocupación bajó de
54,8% en septiembre de 2005 a 53%, mientras en el
volumen de personas ocupadas desaparecieron aproximadamente un millón de personas con una tasa negativa de crecimiento de -3,34%.
37
mientras favoreció gratuitamente a los empresarios del
país, quienes no crearon los empleos prometidos.
Bajo el supuesto de los altos costos laborales y las
inflexibilidades del mercado de trabajo, la reforma extendió la jornada ordinaria, redujo los recargos en dominicales y festivos y los costos de despido. El señor
Procurador General de la Nación pidió tumbar esta norma y le solicitó a la Corte Constitucional que reviviera el
recargo nocturno para el trabajo después de las seis de
la tarde, la indemnización por despido sin justa causa
y el pago triple de los dominicales y festivos. Se fundamenta el Procurador en que la reforma no cumplió
con el objetivo que la justificó: aumentar los puestos
de trabajo y reducir el desempleo. Su resultado fue el
opuesto: disminuyó la calidad de vida de los trabajadores. Lo que todos sí aceptan es que esta Ley propició la
reducción de los costos laborales de las empresas, pero
éstas no aumentaron el empleo.
El debate es absolutamente pertinente porque la situación de los trabajadores colombianos es de los problemas más serios del país. Estudios como el del CID
afirman que esa reforma “se logra extraer un mayor producto a menor costo para los empleadores, mientras se
deterioran las condiciones económicas de los trabajadores y la calidad del empleo” (Bonilla y González, 2006,
p. 78). Las cifras disponibles lo corroboran. Entre 2002 y
2003, la proporción de empleos con jornadas semanales
superiores a las 48 horas aumentó en 2%, y en 2004 y
2005 ésta se mantuvo. Las jornadas de los empleos del
sector privado aumentaron un 15% entre 2002 y 2005
y, adicionalmente, los trabajadores por cuenta propia
se incrementaron en un 17%. Aún más, con la reforma
cada vigilante en el área de la seguridad extendió su jornada diurna y en 2005 perdió al año aproximadamente
$1.150.000 por reducción de horas extras. El mencionado estudio encontró que en 2004 la mala calidad de
los salarios aumentó en un 44%, mientras el factor de
buena calidad subió solo 36%. Y como si esto no fuera suficiente, los asalariados perdieron medio billón de
pesos en dominicales y festivos entre los años 2003 y
2006, y esta reducción no ha tenido ningún impacto en
la generación de empleo.
38
Régimen económico
Proyecciones inciertas
Retomando los planteamientos del CID, es claro que “la
trampa de la pobreza únicamente puede romperse si la
sociedad colombiana avanza en la agenda distributiva”,
pues dado que “el crecimiento es una condición necesaria,
pero no suficiente, para reducir la pobreza, no hay una
relación monótona entre el aumento del PIB y la disminución de la pobreza” (Bonilla y González, 2006, p. 132).
A pesar de lo anterior, la agenda distributiva no es
una prioridad del gobierno Uribe. Sus prioridades, en
contraste, se han orientado a sacar adelante el Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos, al que considera
como un pilar básico para crecer en el futuro. Pero ignorar tanto la existencia de los ciclos económicos (períodos
de crecimiento y de desaceleración) como la sostenibilidad de los factores (internos y externos) que han venido
impulsando la economía nacional, y además desconocer
los efectos del Tratado sobre equidad y pobreza, constituyen los mayores problemas que se han percibido en los
debates del TLC con Estados Unidos.
El supuesto de un crecimiento económico estable e
indefinido ha sido la base de los principales estudios oficiales y se ha convertido en el mayor argumento de los
defensores del Tratado. Este supuesto ha permitido un
exagerado optimismo sobre lo que constituye el contexto
macroeconómico en el que se desarrollará el mencionado Tratado. Sin embargo, la economía mundial muestra
ya síntomas de desaceleración. En efecto, las entidades
internacionales y particularmente el FMI (2007) indican
que a partir del año 2007 se inicia un proceso de desaceleración del crecimiento.
Por lo anterior, puede decirse que no son gratuitos
los síntomas preocupantes del recalentamiento de la economía nacional, síntomas advertidos por analistas económicos como Sergio Clavijo y Eduardo Sarmiento. En
efecto, en 2007 se registra un quiebre en la tendencia
inflacionaria, como quiera que al finalizar el año la tasa
de inflación alcanzó el 5,69%, cifra que supera la meta
fijada para este año por el Banco de la República, 2007.
Lo más preocupante para analistas como Mauricio Cabrera es que el Banco de la República decida repetir la
fórmula utilizada a mitad de los años noventa y comience
a jugar con la tasa de interés, ahogando así la economía
en aras de cumplir sus metas y “evitar” el recalentamiento de la misma.
Otro factor fundamental se relaciona con el tipo de
cambio. El acentuado proceso de revaluación del peso,
que de enero de 2003 a 15 de abril de 2007 fue del
orden del 27%, en términos nominales, no pudo ser controlado por el Emisor, ni por el Gobierno. Esta situación
fue contrarrestada en su momento por la crisis hipotecaria surgida en 2007 en Estados Unidos.
El conjunto de estos fenómenos han empezado a presionar seriamente la balanza comercial,7 que en 2006 registró un déficit cercano a los US$143 millones (DANE,
2007, 12-16 de febrero), lo cual parece agravarse a juzgar por el comportamiento de dicha balanza en los primeros diez meses de 2007,8 cuando el déficit fue superior
a los USD$ 515 millones, de acuerdo con las cifras del
DANE. Esta situación, que constituye el punto de partida
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, resulta siendo una alarma si se tiene en cuenta, por un lado,
que si bien aún no existe un déficit comercial con Estados
Unidos, esta brecha se ha reducido durante tres meses
consecutivos y no existen indicios de que la tendencia
tenga reversa. Adicionalmente, no existe un solo estudio
o análisis que incluya dentro de sus supuestos un déficit
comercial con ese país, lo cual sería conveniente para
medir de manera objetiva dicho impacto.
Un último factor que incide directamente en el comportamiento de la economía son las cifras del fisco nacional. Si bien es cierto que durante los últimos años el
Gobierno nacional ha festejado el cumplimiento de las
metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional y que durante 2006 alcanzó un equilibrio fiscal, la
verdad es que este punto se debe más a la disciplina
7 La balanza comercial es el término que designa la relación entre las importaciones y las exportaciones de
un país en un tiempo determinado. Es deficitaria o
negativa, si el volumen de las divisas gastadas en importaciones es mayor al volumen generado por exportaciones. Por oposición, es superavitaria o positiva, si
el volumen de divisas generado por exportaciones es
mayor al gastado en importaciones.
8 Cifras disponibles al momento de la elaboración del
artículo.
fiscal del sector público no financiero. No parece existir
disciplina fiscal por parte de Gobierno Nacional Central,9
pues, según la Contraloría, el déficit fiscal relacionado se
mantiene en niveles cercanos al 6%, a diferencia de lo
que plantea el Gobierno mismo, que habla de una cifra
cercana al 4%. Lo sorprendente es que, a pesar de las
múltiples privatizaciones y reformas tributarias, en 2006
el déficit bajó tan solo 0,7% del PIB de acuerdo con cifras del Consejo Superior de Política Fiscal y en un 0,2%
según el Banco de la República (Presidencia de la República, 2007).
Pero si hubo poco juicio al considerar los posibles
impactos macro del TLC, también puede decirse que no
existe una evaluación seria del contexto macroeconómico
actual y sus implicaciones sobre los posibles resultados
del tratado en variables críticas ya mencionadas: crecimiento, balanza comercial, déficit fiscal y empleo. Ha primado el dogma de exportar o morir, cuando ya en el país
es evidente que se han sobredimensionado los efectos
del llamado libre comercio.
La cara oculta del modelo
Las críticas al modelo de desarrollo de este Gobierno no
se limitan al comportamiento de los índices de pobreza.
También hay que poner los reflectores sobre lo que ha
sido hasta ahora el comportamiento del empleo, las políticas de salud y las de carácter social, como Familias
en Acción.10
Sin duda, las tasas de crecimiento de la economía,
en pleno ciclo expansivo mundial, tienen que haber contribuido a una reducción del número de pobres y a algún
mejoramiento de la situación de otros sectores de ingresos como las clases medias-bajas. El efecto no puede
haber sido el esperado por el comportamiento del mercado laboral que no ha contribuido a generar los empleos
dignos que debería esperarse de un período de bonanza
9 De acuerdo con la revista Semana, la Comisión Independiente del Gasto Público ha sugerido un urgente
recorte de los gastos, en razón de la baja disciplina
fiscal. Véase Semana.com (2007, 23 de junio).
10 Véase en esta publicación: Yepes, Alberto. ¿Desarrollo
para todos?
39
económica. Por ello, los ataques que se hacen a esta tipificación de la estrategia de crecimiento gubernamental
no se desbaratan con estas simples cifras.
Es evidente que se debe mirar también la otra cara de
la moneda, es decir, lo que ha pasado con las ganancias
de los sectores poderosos, industrias y personas dueñas de
las empresas familiares. Los bancos y el sector financiero
en general presentan incrementos muy sustanciales en
sus utilidades, y lo mismo puede decirse de muchas empresas. El núcleo de la cuestión, la clave para catalogar
un modelo de desarrollo como pro rico surge cuando el
Gobierno compensa las pérdidas de los sectores arriba
nombrados a través del accionar público, en especial de
su política económica; cuando permite que se privaticen
las ganancias, pero se socialicen las pérdidas.
Tomemos como ejemplo el repunte del dólar, divisa
que a partir de septiembre de 2007 empezó a recuperarse de sus bajos niveles ($1.800). Tras ese repunte
habría que preguntarse si los propietarios de agrocultivos exportadores devolverán los subsidios que recibieron
cuando el dólar estaba en el piso. De antemano sabemos
que no, y es de esperarse que los primeros en rechazar
enfáticamente esta posibilidad serían los funcionarios del
alto Gobierno.
Uno de los grandes perdedores de este modelo es la
salud pública. En Colombia, por la forma como se ha desarrollado la Ley 100, la salud se volvió un negocio y sus
consecuencias son obvias. El sistema de aseguramiento
es hoy un oligopolio con dos inmensas EPS privadas, una
tercera de carácter público destrozada por el mismo Gobierno y muchísimas pequeñas, algunas de garaje, sin
control oficial adecuado. El escenario no puede ser peor:
los paseos de la muerte, la mala atención, la tutela como
alternativa para ser atendidas las demandas de salud son
el pan nuestro de cada día, con el agravante de que nadie está contento: ni los usuarios, ni las aseguradoras, ni
las prestadoras de servicios, ni los profesionales de este
campo.
Lo evidente, entonces, es que la salud sigue en crisis
en Colombia. Mientras pocas EPS privadas han crecido
de manera impresionante, la pública agoniza con la ayuda
certera del Gobierno, que de manera improvisada acabó
con el Seguro Social y dejó en manos de cajas de com-
40
Régimen económico
pensación la prestación de los servicios de salud que éste
ofrecía, con resultados inciertos hasta ahora, pues los privados tampoco han podido crear la red nacional requerida. Al volver la salud un tema de pérdidas y ganancias en
los balances privados, la obvia consecuencia es la pérdida
de la calidad de vida de la población más vulnerable; el
sistema se ha debilitado, al crecer más el esquema subsidiado que el contributivo; y se alejan cada vez más las
metas de cobertura universal y de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud para todos los colombianos.
La salud preventiva está dejando de existir, apartándose
cada vez más no solo de las metas sino de lo que fueron
sus logros en el pasado reciente. Aparecen nuevamente
enfermedades que se sabían controladas, y el país dejó
de ser modelo en temas como la vacunación.
Es el momento de reflexionar sobre un área crucial
para los colombianos. Ocho puntos del PIB dedicados
a la salud son recursos más que suficientes. Si todos
pierden, como dicen, ¿quién se está quedando con los
recursos? Colombia se comprometió a nivel internacional
a hacer de la salud un derecho de todos los ciudadanos.
Y el esquema que adoptó el país, que mezcla Estado y
mercado, exige unos sistemas de control y regulación pública que no existen y cuya carencia se ha traducido en
que la salud se volvió sólo un negocio y perdió su norte
que es la gente.
En marzo de 2007, el país se escandalizó con una
noticia que es pan de cada día, pero que la sociedad
soslayó: la crítica situación de los niños en el Chocó. La
divulgación de la noticia sobre más de 40 niños muertos
por hambre en el Chocó en el primer trimestre de ese año
es la punta del iceberg del drama de la niñez colombiana.
Del Chocó, de Boyacá, de Córdoba o del Cauca –donde
la pobreza campea más que en el resto del país–, esas
muertes de menores lo que hicieron fue sacar a flote la
falta de un modelo incluyente. Y no solo la mortalidad infantil es un verdadero drama sino la mortalidad materna
que está por encima de los indicadores de todos los países latinoamericanos con similar nivel de desarrollo. Con
tasas de crecimiento positivas, con un ingreso per cápita
cercano a los tres mil dólares al año, es inadmisible que
Colombia tenga estas crisis.
El modelo de desarrollo del Presidente ha tenido
como estandarte social programas asistencialistas como
Familias en Acción, que a octubre de 2007 beneficiaron a 1,4 millones de familias –aproximadamente unos
siete millones de personas de cerca de 1.100 municipios–, y con el cual se pretende contrarrestar la pobreza
de millones de colombianos. Esta forma de asistencialismo no es una verdadera política social y así empieza
a ser reconocido aun por aquellos que impulsaron estas
transferencias en dinero para los pobres. Santiago Levy
ex ministro y promotor de estos programas en México,
le expresó personalmente al señor Presidente Uribe sus
preocupaciones por esta nueva política social (Portafolio,
2007, octubre).
En una democracia, esta no es la forma de garantizarles los derechos a todos, especialmente a los menos
favorecidos. A este propósito deben dirigirse las políticas
públicas en todos los campos: el económico, el social,
el productivo, el internacional, entre muchos más. Obviamente, teniendo como marco la capacidad fiscal de
la sociedad, estos paquetes de derechos básicos deben
definirse garantizando la misma calidad para toda la población sin ninguna clase de discriminación. Dada la natural limitación de recursos, se espera poder ampliar los
servicios en la medida en que la capacidad financiera de
la sociedad aumente.
Esta es la nueva visión de la política social en América Latina, que se conoce como “el universalismo básico”.
Solamente de manera transitoria y para grupos específicos de la población en miseria absoluta, se recomienda
complementar una estrategia de focalización basada en
transferencias de ingresos de manera directa. Pero cuando los subsidios condicionados se convierten en el pilar
de la política social, como está sucediendo en Colombia
con Familias en Acción, y se descuida la política universal en educación, salud y seguridad social, se cae en lo
que se denomina populismo. Y, al mismo tiempo, es una
herramienta para hacer política, entregando cheques en
consejos comunales, como sucedió en octubre de 2007,
semanas antes de las elecciones.
El investigador y analista Alejandro Gaviria (2007),
decano de Economía de la Universidad de los Andes,
sostiene que en la actualidad se está haciendo populismo con este tipo de programas. Durante la Asamblea
de Asobancaria, Gaviria advirtió que la moderación en
el manejo macroeconómico que distinguió a Colombia
de sus países vecinos y le mereció el reconocimiento de
los analistas latinoamericanos por la seriedad en el manejo de la economía, se está perdiendo en este Gobierno,
que gasta de manera desmesurada, a pesar de todas las
recomendaciones que se le hacen al respecto. Gaviria
coincidió con una de las críticas menos comentadas de
la Comisión del Gasto, que se refiere al tipo de política
social que caracteriza a esta administración. El Informe
de dicha Comisión plantea textualmente:
El crecimiento del Régimen Subsidiado de Salud, la mayor
cobertura de Familias en Acción, así como la multiplicación de programas asistenciales (…) han afectado adversamente la dinámica del empleo formal negativamente. No
sólo porque la expansión de estos programas disminuye
los incentivos individuales para la formalización, sino también porque su financiamiento, realizado en algunos casos
como impuestos al trabajo, aumenta el costo del empleo
formal. (López, 2007, 25 de junio)
El actual cuestionamiento a la Ley de Reforma Laboral debe aprovecharse para iniciar una seria discusión sobre la situación del mercado laboral en Colombia. Aquélla
baja la tasa de participación, y aumenta la informalización del trabajo formal a través de los nuevos esquemas
de contratación que les ahorran a los empresarios entre
el 30% y el 35% de los costos laborales. La seguridad
social se volvió una responsabilidad de los trabajadores,
que además perdieron estabilidad en sus ocupaciones.
Demasiadas preguntas con pocas respuestas que ameritan una mirada objetiva. Un país donde la política social
está concentrándose cada vez más en subsidios para los
más pobres, donde la educación y la salud están en crisis, no resiste un mercado laboral que no ofrezca alternativas dignas para desarrollar los proyectos de vida de
grandes masas de la población.
***
En resumen, lo que el país ha tenido durante esta administración es un modelo de desarrollo pro rico, que
concentra los beneficios del crecimiento en sectores de
ingresos altos, que tiene un bajo peso de impuestos sobre
el PIB, y cuya educación y salud contribuyen a la desigualdad –lo rico para los ricos, lo pobre para los pobres–.
Adicionalmente existe una absoluta falta de solidaridad
de la dirigencia colombiana, que cree que el problema
41
se soluciona con limosnas. Estos son tan solo algunos
de los elementos de este modelo concentrador. Pero eso
sí, cuando la economía decrece, el mayor peso lo sufren
los pobres y las clases medias porque los subsidios del
Estado están listos para ayudar a los ricos. Este perverso
modelo de desarrollo no se lo inventó este gobierno, pero
sin duda ha ayudado a consolidar sus características que,
ahora sí, conmueven a aquellos que han defendido sus
privilegios.
42
Régimen económico
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Las elecciones de 2007 en Colombia, al tiempo que representan
cambios en algunas tendencias y reconfiguraciones en los territorios,
ratifican tesis sobre la composición territorial del poder político en el
país, descritas desde hace más de 50 años.
La mayoría de análisis electorales en Colombia presentan puntos de
tendencia que o bien apuntan a la exclusiva declaración de una u otra
fuerza política como ganadora o perdedora en la contienda, o se limitan
al análisis de resultados, sin tomar en cuenta los procesos históricos y
contextos en los cuales se desarrollaron los comicios. Un análisis regional integral debe partir del reconocimiento de las dinámicas territoriales
adecuadamente observadas, acudiendo a una matriz de consideraciones
analíticas, políticas y teóricas. Por ejemplo, hasta hace dos años, las jornadas electorales eran tratadas separadamente de factores transversales
como el conflicto armado, las economías regionales y las teorías de élites,
que, al ser obviados, impedían determinar aquellos procesos a largo plazo
que ejemplifican múltiples formas de cooptación de la institucionalidad
pública y de autoritarismos subnacionales1 que se alimentan de los sistemas políticos nacionales, a la vez que los determinan.
Hace más de dos décadas, Fernando Guillén Martínez aseguraba que
Colombia había tenido en su historia un “sistema político social capaz
de modernizar las formas exteriores de poder económico y desarrollar un
actividad progresista de asociación de élites sin sustituir las estructuras
asociativas generadoras de mando y de influencia, antes alentándolas y
estimulándolas artificialmente, para eludir o impedir por fuerza la aparición de nuevas estructuras permanentes de poder” (Guillén, 1979). El
proceso electoral de octubre de 2007, si bien refleja algunos cambios, reproduce lógicas arraigadas de ejercicio del poder local. Aquello que había
* Observatorio de la dinámica del conflicto,
Corporación Nuevo Arco Iris.
1 La expresión ‘autoritarismos subnacionales’ es tomada de Gibson
(2006).
45
sido descrito hace más de 50 años continúa incidiendo
en el panorama, al mismo tiempo que se hibrida con factores más recientes en la creación de un nuevo correlato
político que será sujeto de análisis a continuación.
El poder político regional
en la década de los noventa
Es claro que la herencia de más de siglo y medio de bipartidismo permanece intacta en la memoria política de los
colombianos, máxime teniendo en cuenta que el proceso
de detrimento de los partidos Liberal y Conservador tiene
su génesis en la década de los noventa y su punto culmen
en el año 2002. Tanto en la época de auge y consolidación de dicho bipartidismo como en los cambios posteriores, los actores principales fueron los partidos políticos.
Sin embargo, en el caso colombiano, las colectividades
organizadas han variado con la historia, conformándose
en una serie de particularidades no explicables desde las
nociones tradicionales: ya sea como asociaciones “dirigidas a fines deliberados”, como lo mencionaba Weber
(1964), o nociones más flexibles, como la de Sartori
(1987), desde la cual son grupos políticos identificados
por una etiqueta oficial, que presentan a elecciones –que
pueden o no ser libres– candidatos a cargos públicos. Por
eso, un marco teórico más relevante puede encontrarse
en el trabajo recientemente publicado por Dieter Nohlen
(2007), quien señala la relevancia de los contextos por
encima de las nociones estructuralistas.
Los partidos políticos en Colombia difieren de otros
escenarios, no sólo en sus formas organizativas, sino en
sus tipos de orígenes, su duración en el tiempo y sus
objetivos. En el mismo territorio nacional coexisten partidos de facciones, partidos o agrupaciones de cacicazgos
individuales, partidos de élites o de cuadros, y otro tipo
de agrupaciones políticas de tránsito que pueden ser caracterizadas como microempresas electorales.
La aplicación de los postulados de la Constitución
Política de 1991 y los cambios abruptos que vivió el país
en sus mapas políticos con posterioridad a 1994, más
que la concreción de un tipo de democratización de liderazgos regionales, reflejaron formas distintas de apropiación y control territorial en el centro, el país de regiones
y la periferia nacional. Mientras en el centro-capital se
celebraba el auge del “independentismo” político y se
46
Balance electoral 2007
proclamaba la futura muerte del bipartidismo heredado
del Frente Nacional, este tránsito en las regiones operaba
de forma diferente y en temporalidades dispares.
El auge del independentismo de los años noventa
tendió puentes en ciudades de más de 500.000 habitantes para la generación de colectividades políticas
alrededor de figuras “diferentes” o nuevas en las tradiciones electorales, que compartían el aislamiento o la
disidencia de los partidos Liberal o Conservador. De la
misma forma, abrió la puerta normativa a la creación de
múltiples colectividades en disidencia, que agruparon los
cacicazgos regionales sin el control del centro político. A
nivel regional, el resultado fue el mismo con diferentes
caminos: mientras los movimientos juveniles y políticos
alternativos se concentraban en las capitales, la dispersión y el cambio político en las regiones se producía a
la par con la expansión y la consolidación del fenómeno
paramilitar, factor que no puede ser aislado del análisis
(Valencia, 2007).
El proceso de exigencia de apertura política y la generación de movimientos tipo “terceras fuerzas” –muchos
de ellos derivados de acuerdos y negociaciones de paz
con organizaciones insurgentes– fue localmente suprimido por una élite regional que, en alianza con ejércitos
privados y haciendo eco de las doctrinas contrainsurgentes del Estado central, reconfigura los mapas territoriales, impidiendo que esa tendencia visible en lo nacional
tuviera una potencial aplicación regional o local (Bonilla,
2007).
La elección popular de mandatarios regionales y la flexibilización y ampliación de la política partidista preocuparon a muchos dirigentes de los partidos tradicionales,
quienes hasta ese momento ejercían la política de forma
clientelar con el único contrapeso de ser gestores ante el
Estado central en representación de un departamento o
un municipio. Este tipo de descontento también fue recogido, en buena parte, por acuerdos con el proyecto de
Carlos Castaño en 1997, lo que implicó el surgimiento de
una clase política híbrida entre las emergencias del narcotráfico, los ejércitos privados que componían las AUC y
un sector tradicionalista de la política que no estaba dispuesto a perder control sobre el territorio integrado de la
Costa Norte, el Urabá Antioqueño o el Magdalena Medio
colombiano (Valencia, 2007).
Durante más de una década, la agrupación de los
ejércitos privados al servicio del narcotráfico y de los ejércitos paramilitares federales en el proyecto unificado de
las AUC modificó de forma definitiva el mapa político,
interfiriendo con posterioridad en la conformación misma
del órgano legislativo al momento de la negociación de
esta agrupación armada con el Gobierno nacional. La forma que asumió la recomposición del mapa fue violenta, e
incluso implicó la aniquilación de partidos como la Unión
Patriótica y otros movimientos alternativos nacidos del
proceso constituyente.
Ya en la década siguiente, para los comicios electorales de 2002, el resultado concreto fue la aparición de
78 movimientos políticos con personería jurídica y curul
en el Congreso de la República, así como la caída en la
representación de los partidos Liberal y Conservador en
las regiones más apartadas del territorio nacional (Valencia, 2007). Posteriormente, el escándalo de la llamada
“parapolítica” desentrañó que al menos un 60% de estos
movimientos nacieron o se fortalecieron con la alianza
entre la clase política y los grupos paramilitares que llegaron a crear verdaderos regímenes estatales de facto en
las regiones, sin ningún nivel de disputa del Estado central, es decir, con su pleno conocimiento y complacencia.
Paradójicamente, los políticos que inscribieron la alianza
con el paramilitarismo, lo hicieron abandonando el bipartidismo y fundando movimientos de carácter unipersonal
o partidos “independientes”, bajo los cuales tuvieron opción de crecer y avanzar con proyección nacional.
Configuración política municipal en 2007
“Es necesario que todo cambie,
para que todo siga igual”.
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El gatopardo
En una lógica contraria al espíritu de la fragmentación, la
reforma política del año 2003 intentó reducir el número
de movimientos políticos, lo cual se logró en 2006, quedando 16 partidos con personería jurídica y reagrupando
las cargas en colectividades más grandes. No obstante,
la prueba de fuego de la nueva normativa se daría en las
elecciones regionales y locales que se realizaron el 28 de
octubre de 2007. 116 colectividades políticas “nuevas”
o avaladas por firmas lograron representación en alcaldías municipales; muchas de ellas fueron el reciclaje de
las alianzas políticas que no tuvieron cabida en los partidos políticos que se conservaron con posterioridad a la
reforma. En varias regiones del país, como en el caso del
departamento del Cesar, las élites políticas y las alianzas
establecidas con las antiguas AUC se mantuvieron a partir del lanzamiento de dos o tres movimientos distintos
al mismo cargo. Una manera de revisar estos resultados
es mediante el análisis de la composición regional de los
partidos políticos con personería jurídica anterior.
Partidos tradicionales
El Partido Conservador no solo logró recuperarse de
las elecciones del año 2003 –creció en casi un 51% y
pasó de 158 alcaldías a 240 para el año 2007–, sino
que sorprende la celeridad con la que se modificaron sus
asentamientos locales: mientras que en 2003 el acumulado político se concentraba en Boyacá, Huila, Nariño y
Cundinamarca, en el año 2007 los mayores porcentajes
de alcaldías por departamento se ubican, en su orden, en
Putumayo, la Guajira y Norte de Santander, zonas en las
cuales la representación conservadora, si bien existía, no
había sido mayoritaria.
El total de alcaldías representó un 21% de los municipios del país, con una alta distribución geográfica, a
partir de alianzas y coaliciones regionales con todo tipo
de personalidades políticas desde la estrategia de dación
de avales. De igual forma, la concentración regional de
la votación indica que el Partido Conservador tiene una
distribución territorial, en tanto ningún departamento
aportó más del 15% al número total de alcaldías conservadoras en el país, lo cual puede contribuir a explicar
la velocidad del traslado. En el caso de las capitales de
departamento con representación conservadora, se pasó
de dos a cinco alcaldías en Neiva, Popayán, Riohacha,
Mocoa y Montería.
Desde el punto de vista contextual, las revelaciones
judiciales que comprometían a una serie de políticos de
la Costa Norte del país obligaron a un grupo de caciques
regionales a retornar a sus partidos de origen, o a ampararse en colectividades más grandes que no generaran
tanta controversia. A diferencia de otros partidos, durante
las campañas políticas, los filtros para la escogencia de
los candidatos fueron bajos, sacrificando fuerza interna y
47
control de partido por cantidad de representación (Vote
Bien, 2007a), recogiendo alianzas cuestionadas por escándalos de corrupción o parapolítica.
En contraste, el Partido Liberal perdió 21 alcaldías
con relación a las obtenidas en 2003. No obstante, recuperó presencia en departamentos como Córdoba, Vichada
y Casanare, históricamente de tradición liberal. Los mayores porcentajes de participación departamental, medidos
en número de alcaldías por departamento, los obtuvo en
Córdoba, Vichada, Putumayo, Casanare y, al igual que el
Partido Conservador, ningún departamento aporta más
del 15% de alcaldías de toda la representación liberal.
Esto resulta interesante, si se tiene en cuenta el alto
nivel de filtración de listas que tuvo el liberalismo2 y el debate interno frente a las consecuencias de dicha decisión.
No obstante, se recurrió a alianzas y coaliciones entre
partidos, así como a avalar figuras de corte no tradicional
o relativamente desconocidas en política, estrategia que
funcionó para gobernaciones y alcaldías capitales (estas
últimas subieron a siete). El Partido recuperó mayorías
en las zonas más periféricas del sur de Colombia y en
algunos centros poblados importantes de Antioquia y la
Costa Norte.
La participación total del liberalismo es de 18% en
el caso de las alcaldías, resultado inesperado ante sus
características anteriores, que lo ubicaban como una de
las colectividades representativas de los cacicazgos regionales y de la sumatoria de personalismos políticos.
En 2007, ninguna de las facciones disidentes del Partido
que se sumaron posteriormente a la coalición uribista retornó formalmente a las toldas liberales, aunque se registraron –como en el caso de Cundinamarca– acuerdos con
partidos de este corte.
Los partidos de la coalición uribista
Resulta difícil categorizar este tipo de partidos, en
tanto sus identidades políticas no son claramente diferenciadas, aunque en su mayor parte se declaran go-
2 Para el año 2007, un candidato del Partido Liberal
debía pasar al menos tres filtros desde lo local hasta lo
nacional para obtener el aval, firmado únicamente por
la dirección nacional del Partido.
48
biernistas. Es interesante observar su comportamiento
regional, pues recogieron la mayor cantidad de coaliciones regionales, cacicazgos y movimientos unipersonales
a partir de la reforma política de 2003. La sumatoria de
alcaldías de la coalición equivale a 470, que representan
un 43% del total del país, mientras en el año 2003 las
múltiples facciones controlaban un 40% del mismo con
390 alcaldías.3
Cambio Radical es el ejemplo más claro de coalición
de disidencias y clases emergentes. En 2003 había obtenido 25 alcaldías, mayoritariamente en los departamentos de Meta, Casanare y Antioquia; y en 2007 obtuvo
111, con mayores porcentajes departamentales en Arauca, Quindío, Meta y Atlántico, registrando un aumento
del 344%.
Los resultados electorales y su crecimiento son producto de las redes políticas regionales y unipersonales
que permanecieron aun con posterioridad al escándalo
de la parapolítica que involucró a varios de sus parlamentarios. No obstante, es una de las colectividades que tiene mayor posibilidad de establecerse en el tiempo, pues
presenta un crecimiento sostenido y algunas diferencias
con directrices del Gobierno nacional. Esto es importante
a la hora de concretar una agenda propia, aunque es
improbable que existan a futuro definiciones nacionales
que asignen identidad regional.
El caso del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la “U”) es igualmente representativo, ya que el total de su composición son alianzas con élites regionales,
disidencias bipartidistas y algunos –la minoría– sectores
emergentes en política. Para 2007, este tema fue objeto
de disputas entre sectores del centro y representaciones
regionales del Partido, en las que estas últimas ganaron
la autonomía para crear reglas de juego de ingreso a la
colectividad.
La “U”, en cabeza de Carlos García Orjuela –cuestionado por las altas votaciones obtenidas en zonas de
3 A nivel individual, el crecimiento resulta mucho más
importante, en la medida que refleja la cantidad de
coaliciones y alianzas que en corto tiempo lograron
estos partidos, aunque entre ellos se diferencian claramente los movimientos emergentes de las disidencias
del bipartidismo.
influencia paramilitar (Valencia, 2007)–, otorgó avales,
bajo la modalidad usada en el pasado por el liberalismo,
llamada “operación avispa”, en la cual el objetivo último era lograr la mayor cantidad posible de candidatos
para garantizar el mayor número de cargos obtenidos
con financiación individual de sus campañas y carencia
total de compromiso y control por parte del centro del
Partido.
De esa forma obtuvieron 122 alcaldías con alta dispersión regional, aunque concentraron su mayor porcentaje en los departamentos de Caldas, Bolívar y Córdoba,
regiones donde su amplia participación en el Senado de
la República fue cuestionada por la posible relación de
dirigentes con grupos paramilitares. Las redes regionales
que encabezaron en su momento estas alianzas cuestionadas se mantuvieron intactas, por lo que los resultados
electorales de este Partido siguen mediados por ella, aunque en contextos distintos.
Ese Partido representa muy bien la tensión entre el
centro y la región, primando esta última en las perspectivas futuras del mismo, por lo cual es muy improbable
que esta colectividad llegue a adoptar normativas o medidas que controlen a su dirigencia, y mucho menos que
asignen una identidad política. La “U” funciona hasta el
momento –y funcionará mientras exista la persona jurídica– alrededor de las dirigencias regionales que proveen
sus caudales electorales y constituyen las mayorías, aunque carezca de base organizada.
Otro tipo de comportamiento registra el partido Alas
Equipo Colombia, el cual se compone de la coalición del
movimiento político Alas –con centro en el Cesar–, en
cabeza de la familia Araújo, y Equipo Colombia, disidencia conservadora antioqueña dirigida por Luis Alfredo
Ramos. En 2003, Alas obtuvo solamente tres alcaldías
en el departamento del Cesar, y Equipo Colombia, 69,
concentradas en Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Con
posterioridad a la fusión, el comportamiento en 2007 indica que se modificaron sustancialmente las alianzas por
parte del sector de Equipo Colombia, mientras que se fortaleció y expandió la presencia de Alas, que llegó incluso
a obtener casi el 50% de las alcaldías del Guaviare, sin
haber tenido presencia alguna en el departamento. En el
Cesar consiguió un 28% de las alcaldías, lo que significa
cuatro más con respecto a 2003. En Boyacá y Antio-
quia también se expandió moderadamente su influencia.
Sorprende la presencia reciente en departamentos como
Huila y Risaralda, sin registros anteriores para ninguno
de los dos partidos políticos.
El tipo de partido que representa Alas Equipo Colombia asemeja al de un grupo cerrado de pocos individuos
que cumple la función de administración de caudales
electorales y dación de avales con ocasión de los comicios electorales. Para este tipo de colectividades es imposible lograr un funcionamiento de bancada y mucho
menos establecer líneas medianamente estables de gobierno, ni en lo local, ni en lo nacional.
La concentración regional es mucho mayor que la de
los movimientos anteriormente descritos, por cuanto dos
departamentos (Antioquia y Boyacá) le aportan al Partido
más del 40% del total de su representación municipal.
No obstante, en estos casos, esa concentración –a excepción del departamento del Cesar– se mueve rápidamente
en el espacio territorial, gracias a la asignación indiscriminada de avales a personalidades o redes políticas regionales, con una base electoral propia e independiente
de la distinción política a utilizar.
Convergencia Ciudadana es el caso más claro de crecimiento agigantado de un partido político. Su estrategia
le permitió obtener 71 alcaldías en 2007, lo cual frente
a 21 alcaldías ganadas en 2003 significa un crecimiento
de 238% en cuatro años. Difiere del resto de la coalición
en el sentido que comparte un objetivo determinado por
la sumatoria de objetivos individuales de más de dos de
sus líderes principales, sin que esto implique toma de
decisiones en instancias formales de partido.
Al igual que otros movimientos, mediante alianzas
y acuerdos con todo tipo de redes regionales, logró obtener representación en varios departamentos donde
no tenía caudal político. No obstante, sus resultados
se concentran en Cesar, Caquetá, Santander y Valle
del Cauca, en los que presenta mayor porcentaje de
alcaldías por departamento. Resaltan los dos últimos,
donde los acumulados electorales pertenecen a los dos
dirigentes más importantes de la colectividad: Luis
Alberto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra, ambos
vinculados en algún nivel al proceso de la llamada “parapolítica”.
49
Apertura Liberal nació en la década de los noventa
en Norte de Santander como parte de una disidencia
del Partido Liberal. Posteriormente se trasladó a Bolívar,
donde la franquicia fue asumida por Enilce López, la
“Gata”, inicialmente como una “sombrilla política” para
las aspiraciones de sus hijos al Senado de la República. Al generarse en este departamento una importante
ruptura con el Partido Liberal, la familia de Enilce López convierte a Apertura Liberal en su partido político y
garantiza con ello los avales necesarios para sus redes
políticas regionales.
Para 2003, el Partido consiguió 24 alcaldías distribuidas en varios departamentos, esencialmente en Chocó, Magdalena y Atlántico. En el año 2007 sorprende la
distribución regional, en la medida que se pierde fuerza
en el Atlántico, y se gana en departamentos alejados de
la Costa Norte como Casanare, donde obtiene el mayor
porcentaje de alcaldías por departamento. De la misma
forma se fortalece en el departamento de Bolívar, en el
cual en 2003 sólo había obtenido la alcaldía de Carmen
de Bolívar.
Apertura Liberal cuenta con dos representantes a la
Cámara en Bolívar y Magdalena, y con uno en el departamento del Vichada. En el primer departamento se conserva el caudal electoral; en el segundo, éste se pierde a
raíz de la orden de captura proferida contra el representante Jorge Luis Caballero; y en el tercero, la representación a la Cámara del Vichada al parecer consistía en
una negociación alrededor del aval y no implicaba una
presencia territorial del Partido. El caso inexplicable que
habría que observar con importante nivel de detalle es
el de Casanare, lugar donde se registraron denuncias de
interferencia de grupos paramilitares en el proceso electoral (Vote Bien, 2007b).
La permanencia de ese Partido en el tiempo depende
de la negociación que de su franquicia se logre posteriormente a los procesos judiciales en los cuales está involucrada la familia López. Este tipo de movimientos asumen
de forma rápida nuevas jefaturas, casi siempre en cabeza
de los representantes y senadores que tengan presencia.
El comportamiento de Colombia Viva y Colombia Democrática es bastante similar. Los dos partidos tienen al
100% de sus parlamentarios involucrados en el escánda-
50
lo de la parapolítica, y sus comportamientos regionales
muestran unos focos atípicos de asentamiento territorial.
Colombia Viva pasó de tener 27 alcaldías en el año
2003 a 13 en 2007, como consecuencia de la vinculación judicial de sus principales caciques regionales por
nexos con grupos paramilitares. Esto implicó la pérdida
de casi todo su caudal regional en los departamentos del
Atlántico, Sucre, Magdalena, Córdoba y Tolima, dispersando en las recientes elecciones unas pocas alcaldías
en zonas donde no había obtenido ningún tipo de representación, incluso trasladando sus asentamientos más
importantes de forma radical al sur del país, en departamentos como Vaupés y Vichada. Esto evidencia una renegociación de las alianzas que contribuyeron a otorgar los
avales y un relevo en la gerencia de la “microempresa”
electoral, anteriormente en cabeza de Dieb Maloof.
Por el contrario, Colombia Democrática sólo pierde una alcaldía con respecto a las obtenidas en el año
2003, pero modifica sustancialmente las regiones en las
cuales se ganaron. Pierde casi toda la representación en
Meta y Boyacá, pero aumenta en Sucre, departamento
en el cual, según información recopilada por la Corporación Nuevo Arco Iris (2007), se mantienen intactas las
redes políticas del ex senador Álvaro García, cacique político regional preso por vínculos con grupos paramilitares. Este Partido, actualmente en cabeza de Mario Uribe
Escobar, pierde también influencia en Antioquia, lo que
le obliga a otro tipo de transacciones con políticos regionales, así como a la venta indiscriminada de avales, que
fue la constante en 2007.
Las “minorías”, los “independientes”
y los sectores alternativos
Tomaremos como minorías a aquellos partidos que
formalmente utilizan esta figura para la participación
electoral, con reivindicaciones mayoritariamente étnicas.
También entran en esta categorización las minorías políticas, aunque sólo un partido hace uso actual de esta
figura. Los sectores alternativos actualmente se han agrupado bajo la figura del Polo Democrático Alternativo, por
lo cual este será el caso a analizar.
En octubre de 2007, las minorías étnicas y políticas
sumadas obtienen 82 alcaldías, situación bastante inte-
resante por no tener precedentes en la historia política
nacional. Con el fin de mirar con detalle este resultado se
analizarán dos casos: Alianza Social Indígena (ASI) y el
Partido Verde Opción Centro, por ser cada uno el movimiento mayoritario en su categoría.
En el año 2003, la ASI sólo había obtenido seis alcaldías, cuatro en el departamento del Cauca y dos en
Antioquia. En el año 2007 obtuvo 41, distribuidas en
los departamentos que pueden apreciarse en el cuadro
10. Se podría pensar que un crecimiento en un partido
de este tipo obedecería a una mayor organización de los
sectores indígenas y sus organizaciones –que explicaría
el caso del departamento del Cauca–; sin embargo, la
estrategia de este partido fue similar a la utilizada por
muchos sectores de la coalición uribista alrededor de la
dación indiscriminada de avales.
El caso del Partido Verde Opción Centro también implica un tránsito, al alejarse de la figura de partido de minorías políticas para entrar a la circunscripción nacional.
La circunscripción de minorías políticas de este Partido
fue derivada de la obtenida por la Alianza Democrática
M-19, a raíz de los acuerdos de paz de los años noventa.
Posterior a la firma del acuerdo final, la persona jurídica
cambia, conservando algunas personalidades políticas
de la antigua asociación. No obstante, la representación
obtenida en 2007 es producto, casi en su totalidad, de
alianzas recientes con sectores disidentes de partidos tradicionales y algunos alternativos, como fue el caso del
departamento del Guaviare, donde obtuvieron la alcaldía
de su capital San José del Guaviare.
de sus candidatos estuvo mediada por una discusión interna, una definición de perfiles y algunas deliberaciones
regionales. A pesar de tener asiento en varios departamentos, su representación está claramente ubicada en
Bogotá y en el departamento de Nariño, región donde
obtuvo el mayor número de alcaldías. La alcaldía de Bogotá lo ubica como una fuerza política organizada, con
posibilidad de mantener el ejercicio real de oposición en
el centro, aunque con un saldo desfavorable en las regiones, a excepción del departamento de Nariño.
En el escenario colombiano resulta particularmente
difícil que un partido con estas características alcance una
importante suma de representaciones regionales, pero de
esta forma es más probable que las obtenidas remitan a
procesos de organización más estables y colectivos que
en cualquier otro caso. De hecho, solamente el PDA y
los partidos tradicionales se encuentran en el momento tratando de definir una imagen identitaria unificada
que guíe al votante a la hora de definir sus preferencias
electorales. Los contextos regionales en este sentido son
bastante adversos, en especial las regiones cuya cultura
política favorece los cacicazgos y los liderazgos individuales por encima de las colectividades políticas.
Ese Partido fue cuestionado recientemente por la
alianza con Convergencia Ciudadana, aunque también
se hizo pública una comunicación que prohibía a cualquiera de sus miembros tener relación política o de apoyo a algún miembro de dicha colectividad. La relación
es relativamente explicable, pues las dos agrupaciones
compartieron el mismo origen político, aunque de forma
explícita el Partido Verde ha procurado crear una imagen
más autónoma.
Por último, es importante tener en cuenta que varias de las ciudades capitales, en oposición al régimen de
partidos, eligieron personalidades independientes que no
responden a ninguna colectividad en especial. Muchos
de los sectores que participaron no encontraron lugar en
los partidos con personería jurídica y prefirieron recolectar firmas para poder ser electos. Aun así, en los municipios más pequeños y en regiones apartadas, la dispersión
y la fragmentación nuevamente abrieron la puerta a todo
tipo de alianzas sin ningún control colectivo. Si, adicionalmente, recordamos que la dispersión y fragmentación
de partidos y movimientos favorecieron la interferencia
armada y la captación de la institucionalidad pública por
parte del paramilitarismo, la cifra de 116 alcaldías de
movimientos avalados por firmas no resulta nada alentadora y por el contrario evidencia el fracaso regional de la
reforma política del año 2003.
El Polo Democrático Alternativo (PDA) es tal vez el
único partido en Colombia con un comportamiento relativamente estable a nivel regional. De la misma forma,
en las elecciones regionales del año 2007, la elección
Pero más grave aún es la revelación de una serie
de comportamientos electorales anteriores que mutaron
para adaptarse, descubriendo a su vez la precariedad de
la norma. Las nuevas opciones tampoco están tenien-
51
do en cuenta la realidad del país de regiones ni se ha
realizado un análisis juicioso sobre el caso colombiano,
respecto a cuál es el tipo de reforma que más conviene
a los diferentes temas que deben ser tenidos en cuenta,
entre otros, la existencia del conflicto armado interno y la
coincidencia de las expansiones políticas con los cambios
en los límites de la guerra.
***
Dos corrientes se encuentran actualmente en tensión
desde el ámbito regional: una de ellas recoge las demandas ciudadanas de participación, la cual, al mismo
tiempo, evidencia la necesidad de la población de integrarse políticamente; la otra se sustenta en el fracaso
de la reforma política en las regiones, en el marco del
cual se dieron mutaciones de la clase política que se
adaptó fácilmente y mantuvo la cultura del cacicazgo y
el clientelismo, fortaleciendo una clase emergente que
nació de la alianza entre políticos y paramilitares. Los
actores en el centro son, entonces, los partidos políticos, que, hoy por hoy, en términos generales carecen de
cualquier responsabilidad colectiva ante los comportamientos de sus militantes, por lo cual resulta altamente
rentable tener el mayor número de representaciones,
aunque esto implique la aceptación de candidaturas
cuestionadas, inhabilitadas o incluso vinculadas con
aparatos armados.
La solución de esta tensión implica reconocer que
existe en Colombia una relación entre las lógicas conflictivas armadas y la política electoral, pero en contextos
de cambio acelerado y de expansión. Su reconocimiento
y las temporalidades asociadas a la dinámica conflictiva
pueden abrir un debate que no ha querido ser tocado, y
frente al cual existen dos opciones: la primera se remite a
la aceptación de la injerencia directa e indirecta del conflicto armado interno en las instituciones democráticas
en un nivel mayor del que se ha percibido, no sólo desde
su génesis, sino en su desarrollo y gestión; y la segunda
es pararse en la diferenciación tajante y la omisión del
impacto que hemos vivido los colombianos de toda tendencia en los últimos 20 años.
Los partidos políticos que brindaron el andamiaje
institucional para consolidar el proyecto paramilitar fueron concentrados en 12 colectividades más grandes, que
52
se conservaron con posterioridad a las elecciones del año
2007 y a la reforma política de 2003. No existió –ni existe aún– un mecanismo institucional para garantizar un
nivel mínimo de sanción a aquellos que tienen parlamentarios implicados en una proporción mayor al 50% del
total de su representación nacional. El comportamiento
regional de esas colectividades ratifica también que la
situación actual presenta un reacomodamiento de clases
políticas y territorios, mas no una superación del fenómeno. La sumatoria de las alcaldías de éstos da como
resultado 245 municipios, cifra incluso mayor a los 223
caracterizados por la Corporación Nuevo Arco Iris a inicios de 2007 (Valencia, 2007).
Este tipo de comportamientos tienden a ser cíclicos,
en la medida en que se obtuvo lo presupuestado, tanto
por parte de las élites regionales como de las antiguas
AUC. Nuevos mandos de las estructuras en formación y
otras emergencias políticas entrarán a sustituir las que
han sido judicializadas y las que detentan aún actualmente el poder político, pero sin el respaldo unificado de
la anterior generación del paramilitarismo. Es por esta
razón, con ocasión de la apertura de nuevas disputas y
nuevos escenarios de colonización, que las elecciones
regionales del año 2007 se asemejan a las de 1997 en
violencia política, pero también en la aparición de todo
tipo de colectividades y movimientos unipersonales que
le abren las puertas del control de la relación con la población, desde el estamento estatal, a la alianza nefasta
y reiterada entre legalidad e ilegalidad para el ejercicio
político.
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53
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Cualquier asesinato constituye un hecho grave. Cuando es el Estado
el que mata, en contra de lo establecido en la Constitución y la ley,
los asesinatos adquieren una gravedad inusitada. Pero si ejecuciones
extrajudiciales de civiles son presentadas como resultados positivos en
la guerra contra la guerrilla, además de ocultarse un grave crimen, se
incurre en el despropósito de presentar un acto criminal como un éxito
contrainsurgente (CCE-EU, 2007)
La situación de derechos humanos en Colombia continúa siendo crítica. De acuerdo con registros de organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, durante los últimos cuatro años (julio de 2002 a junio
de 2006), por lo menos 12.547 personas civiles perdieron la vida a causa
de la violencia sociopolítica. Ese período coincide con la implementación
de la llamada política de “seguridad democrática”, cuyo objetivo declarado
es, paradójicamente, la protección de la población colombiana.
En este mismo lapso se evidenció un inusitado incremento de la práctica de ejecuciones extrajudiciales,1 cometidas directamente por agentes estatales, llamados constitucionalmente a proteger y garantizar los derechos
humanos de todas y todos.
* “Era todavía la búsqueda y el exterminio
de los malhechores, asesinos, incendiarios
y revoltosos del Decreto Número Cuatro,
pero los militares lo negaban a los propios
parientes de sus víctimas, que desbordaban
la oficina de los comandantes en busca de
noticias. “Seguro que fue un sueño”, insistían los oficiales. “En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca.
Este es un pueblo feliz”. Así consumaron el
exterminio de los jefes sindicales.” Gabriel
García Márquez, Cien años de soledad.
Las víctimas, hombres y mujeres, mayoritariamente campesinos y personas marginadas, fueron sacadas de sus viviendas, asesinadas por miembros de organismos de seguridad del Estado y posteriormente presentadas
como guerrilleros muertos en combate. En la mayoría de los casos se trata
de personas que previamente habían sido acusadas por integrantes de la
Fuerza Pública, informantes de ésta o miembros de la red de cooperantes,
de ser supuestos colaboradores de los grupos guerrilleros.
1 Se entiende por ejecución extrajudicial el homicidio perpetrado por
agentes del Estado, colocando a la víctima en situación de indefensión o
inferioridad (OACNUDH, 2005).
57
Cuadro Nº 1: Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
directamente atribuibles a agentes estatales
Periodo
Desapariciones forzadas
Ejecuciones extrajudiciales Total violaciones
al derecho a la vida
Julio de 2002 a junio de 2003
60
127
187
34
197
231
21
197
218
69
198
267
51
236
287
235
955
1.190
Total
Fuente: Base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Para este informe, la CCJ se nutrió de la
información aportada por las otras nueve organizaciones que participaron en la elaboración del informe.
El 10 de octubre de 2007, en audiencia celebrada
en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones colombianas de
derechos humanos2 presentaron un informe que documenta 26 casos emblemáticos (37 víctimas)3 de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza
Pública, cuyo análisis permite evidenciar la persistencia
de patrones de acción e impunidad, advertidos ante la
CIDH en octubre de 2006 (CCE-EU, 2006).
Seguridad democrática:
una amenaza para la vida
En el quinquenio anterior (julio de 1997 a junio de
2002) se registraron 635 violaciones al derecho a la vida
cometidas por la Fuerza Pública (58 desapariciones for-
2 Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación
Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Libertad,
Corporación Reiniciar, Corporación Sembrar, Corporación Yira Castro, Fundación Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos y Grupo Interdisciplinario de
Derechos Humanos.
3 En esos 26 casos que corresponden a 37 víctimas,
todos ellos hombres, 32 adultos y cinco menores de
edad, las organizaciones que elaboraron el informe
adelantan acciones judiciales y/o disciplinarias. Para
documentarlos se construyeron fichas de trabajo que
combinan información de fuentes primarias y expedientes judiciales.
58
Derechos civiles y políticos
zadas y 577 ejecuciones extrajudiciales), mientras que
en el último período (julio de 2002 a junio de 2007),
1.190 personas perdieron la vida por la misma causa
(235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales). De ello resulta que la política de seguridad
democrática es responsable del incremento en un 87,4%
del total de violaciones al derecho a la vida perpetradas
directamente por agentes del Estado (las desapariciones
forzadas aumentaron en 305,17% y las ejecuciones extrajudiciales en 65,51%).
Solamente en el último año (julio de 2006 a junio
de 2007) se habrían perpetrado por lo menos 287 violaciones al derecho a la vida atribuidas a agentes estatales;
51 corresponden a desapariciones forzadas y 236 a ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas se registraron en
casi todo el país, siendo Antioquia y el Meta los departamentos más afectados. Los asesinatos ocurrieron mayoritariamente en zonas altamente militarizadas, donde son
frecuentes o permanentes las operaciones militares.
El Estado colombiano conoce la situación y ha recibido numerosas observaciones de instancias internacionales de protección de los derechos humanos,4 para que
adopte todas las medidas, a fin de prevenir y erradicar
esa práctica, e investigar, juzgar y sancionar a los respon4 Entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (véase CIDH, 2006) y la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
sables de esos hechos. En su último informe anual sobre
Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos señaló:
sultados, de manera que no es extraño que las víctimas
civiles sean reportadas como “guerrilleros dados de baja
en combate”.
El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de
homicidios con características de ejecución extrajudicial
atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, en particular
del Ejército, habiendo observado la Oficina en Colombia un
incremento en el número de quejas recibidas con respecto
a 2005. Estas conductas se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo,
Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira. En muchos de los casos
reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del
mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal
militar. (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 2007, párr. 36)
De acuerdo con las cifras oficiales, durante el período
comprendido entre julio de 2006 y junio de 2007, la Fuerza Pública reportó que había abatido a 2.072 integrantes
de los grupos armados ilegales.7 Esas cifras, por supuesto, incluyen las muertes de personas civiles que han sido
presentadas como combatientes muertos en desarrollo
de operaciones militares (falsos positivos). Además de su
magnitud, la persistencia de patrones claros de acción
denota su carácter deliberado y sistemático, evidenciando
la existencia de un modus operandi propio de la Fuerza
Pública. En la mayoría de los casos se identificaron elementos comunes que se desarrollan a continuación.
Persistencia de patrones
de actuación e impunidad
La persistencia de esa situación se debe, en primer lugar,
a que el Gobierno insiste en señalar que la principal ventaja militar de las guerrillas se encontraría en los apoyos
que obtiene de la población civil. Con fundamento en esta
premisa, la Fuerza Pública ha diseñado una estrategia de
combate que involucra masivamente a la población civil
en el desarrollo de tareas militares. Lo más grave de ello
es que las personas civiles no sólo son utilizadas para el
desarrollo de labores propias de la Fuerza Pública, sino
que se convierten en blanco de sus acciones militares. En
ambas situaciones existe un flagrante desconocimiento
del principio de distinción del derecho humanitario.
En segundo lugar, el éxito de la política de “seguridad
democrática”, que el Gobierno insiste en presentar como una
política de derechos humanos, se sigue midiendo en “bajas”
o “positivos”, lo cual se refleja en la existencia de incentivos5
económicos, profesionales y premios por presentación de
“positivos”.6 Esto genera una insaciable presión por re5 Decreto 1400 de 5 de mayo 2006, Min. Defensa (Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional,
Boina), derogado por Decreto 1664 de 14 de mayo de
2007, y comunicado Ministerio de Defensa Nacional
(2006, 9 de mayo).
6 Bajas de presuntos insurgentes.
Con estos hechos, la política de “seguridad democrática” aparece como un estímulo a la comisión de
ejecuciones extrajudiciales y, en tal sentido, no puede
reconocerse como una política de derechos humanos, ni
de protección a la población civil.
Desarrollo de operaciones militares
Uno de los ejes de la política de seguridad democrática es la militarización del territorio nacional. En desarrollo de ello se han invertido importantes recursos para
incrementar el pie de fuerza nacional. Solo en el último
año fueron incorporados 24.817 miembros (16.170
militares y 8.647 policías), lo que significa un aumento
equivalente al 6,79%, pues actualmente la Fuerza Pública cuenta con 390.356 miembros (254.259 militares
y 136.097 policías) (Ministerio de Defensa Nacional,
2007, p. 17). De acuerdo con esta misma fuente, en
Colombia tienen lugar diariamente de 20 a 30 operaciones militares.8 Infortunadamente, esas operaciones se
7 Ministerio de Defensa Nacional (2007, p. 19). Según
esta fuente, durante el período comprendido entre julio de 2005 y junio de 2006 fueron abatidos 2.040
integrantes de grupos armados ilegales.
8 Intervención del Ministro de Defensa Nacional Sr.
Juan Manuel Santos, durante el debate de control
político citado por la plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia,
59
Ejecución extrajudicial de los campesinos
Óscar Enrique Campo y Abel González*
El 16 de febrero de 2007, en la vereda Cubay,
de El Retorno (Guaviare), fueron ejecutados
extrajudicialmente los campesinos Óscar Enrique Campo y Abel González por miembros del
Ejército Nacional. Los uniformados, adscritos a
la Brigada Móvil No. 7, llegaron a la finca donde trabajaban y detuvieron arbitrariamente a los
dos campesinos, quienes alzaron los brazos en
señal de indefensión. No obstante, los soldados
dispararon contra Óscar y Abel, delante de varias personas de la vereda, entre ellas dos niños.
Acto seguido, la unidad militar confinó por
la fuerza a todos los habitantes de la vereda en
una bodega donde fueron insultados, golpeados y obligados a firmar unas hojas en blanco.
Los cuerpos de los dos campesinos fueron transportados en helicóptero a la capital del departamento, San José del Guaviare, en donde fueron
vestidos con uniformes negros y reportados como
guerrilleros muertos en combate. Previamente,
Óscar Campo había sido señalado por soldados
de la Brigada Móvil No. 7, de comprar mercado
para la guerrilla, había sido víctima de seguimientos realizados por soldados y sus datos personales
fueron anotados en una lista que tenía la tropa.
* Caso documentado por la Corporación Reiniciar,
ficha No. 17.
caracterizan por el uso desmedido de la fuerza en contra
de la población civil que habita los territorios en donde
tienen lugar.
En 20 de los 26 casos documentados, las ejecuciones
extrajudiciales ocurrieron en desarrollo de operaciones
militares contrainsurgentes. La mayoría de las víctimas,
e incluso sus familiares, habían sido previamente señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla. En todos los casos,
las víctimas fueron reportadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, a pesar de evidencias que demuestran que nunca existió una confrontación armada.
Bogotá, 29 de agosto de 2007.
60
Detención arbitraria previa de las víctimas
Durante los últimos cinco años, las detenciones
arbitrarias se han convertido en una práctica masiva,
sistemática y generalizada, alentada por el Gobierno y
defendida como una estrategia de lucha válida contra los
grupos guerrilleros. En el caso de las detenciones arbitrarias, la estrategia consiste en privar de la libertad a las
personas que son percibidas como potenciales apoyos
de los grupos guerrilleros. En la mayoría de los casos,
la privación de la libertad está antecedida por el señalamiento de un informante de la Fuerza Pública o de un
miembro de la red de cooperantes. La detención se lleva
a cabo sin que medie orden de captura expedida por una
autoridad judicial competente, sin que exista flagrancia
o sin que se cumplan los requisitos para proceder a una
“captura administrativa”.
El reiterado incumplimiento del Estado colombiano
de su obligación de proteger y garantizar el derecho a la
libertad personal, pone en riesgo la vigencia del derecho
a la vida. La sistemática inobservancia de los requisitos
necesarios para proceder a la privación de la libertad y
la falta de sanción de esa conducta arbitraria propician
que la detención se convierta en el preámbulo de las ejecuciones extrajudiciales. Esa situación se agrava ante la
ausencia de medidas orientadas a regular las “capturas
administrativas” con el propósito de restringirlas y evitar que los integrantes de las Fuerzas Militares puedan
practicarlas.9
En 11 de los 26 casos documentados se determinó
que las víctimas, antes de ser ejecutadas, fueron privadas
ilegalmente de su libertad y la mayoría de ellas sacadas
por la fuerza de sus casas. En cinco de los 26 casos se
reportaron allanamientos ilegales a las viviendas. En la
9 En realidad, el Gobierno ha estimulado que los militares ejerzan facultades reservadas para los organismos
con facultades de policía judicial, durante los períodos
en que rigió el estado de excepción, y ha tolerado que
las continúen ejerciendo, a pesar de la suspensión del
estado de conmoción interior. Entre esas facultades se
destaca la potestad para capturar personas en circunstancias distintas a la flagrancia. Véase Observatorio
de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de
la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos
(2006).
Ejecución extrajudicial
de Ernesto Cruz Guevara*
El 22 de abril de 2007, en la vereda Retiro Milagro de Aguazul (Casanare), fue ejecutado extrajudicialmente el campesino Ernesto Cruz Guevara por
miembros del Batallón Guías del Casanare, adscritos
a la XVI Brigada del Ejército Nacional. Los soldados entraron por la fuerza en su casa, donde se encontraba con su esposa, dos hijos pequeños y una
sobrina de diez años de edad. Uno de los militares
abofeteó a Ernesto, quien cargaba en sus brazos a
su hijo de 22 meses de edad. Los soldados le preguntaron por la guerrilla mientras registraban toda
la casa. Luego le dijeron: “usted está capturado y
nos lo llevamos para Sogamoso”. Le ordenaron que
se bañara y que se pusiera un uniforme camuflado, pero Ernesto se opuso y se vistió con su propia ropa. Antes de irse, los militares amenazaron
a la esposa de Ernesto Cruz: “Madre, no nos siga
porque más adelante la paga con sus hijos, porque
usted también la debe, es por sus hijos que están pequeños y si no también la paga, mejor devuélvase”.
Dos testigos vieron cuando miembros de la tropa
se llevaron al señor Cruz, hicieron una hoguera y
envolvieron un cuerpo en una hamaca de color negro. Enseguida llegó un helicóptero que recogió a
la tropa y el cadáver. Una vez partió el helicóptero,
se acercaron a la hoguera hecha por los militares e
identificaron rastros de la ropa que tenía puesta el
señor Cruz. Su esposa acudió al Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de Yopal donde le informaron
que no tenían ningún detenido, pero que el Ejército ese día había llevado el cuerpo de un N.N.
guerrillero muerto en combate. Los funcionarios
del CTI le entregaron fotos del cuerpo, que en realidad correspondía al de Ernesto Cruz Guevara.
* Caso documentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ficha No. 22.
mayoría de los casos se cometieron otras violaciones, tales como amenazas y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra la víctima o sus familiares y otros testigos
de los hechos. En siete de los 26 casos se comprobó la
comisión de torturas físicas antes de la ejecución extrajudicial. En varios de los casos, tanto las capturas como
las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en presencia de
niñas y niños familiares de las víctimas.
Desaparición forzada de las víctimas
La inobservancia de los límites impuestos por las normas internacionales de derechos humanos para proceder
a la privación de la libertad propicia que las capturas
culminen en desapariciones forzadas. Éstas se cuentan
como violaciones al derecho a la vida, ya que en la mayoría de los casos las víctimas son ejecutadas, aunque se
desconozca el paradero de sus cuerpos.10
10 Durante los últimos dos años, los hallazgos de fosas
comunes en todo el territorio nacional representan evidencias que, lastimosamente, le otorgan validez a la presunción de la muerte en casos de desaparición forzada.
En siete de los 26 casos documentados, las ejecuciones estuvieron antecedidas por la desaparición forzada; las víctimas fueron sacadas por la fuerza de su
casa o de su lugar de trabajo y, a pesar de la existencia
de testigos durante las capturas, la Fuerza Pública negó
tenerlas en su poder, ocultando a los familiares su paradero. La ausencia de libros de registro de las capturas, o
la renuencia a usarlos, facilita la ocurrencia de desapariciones forzadas, ya que no quedan rastros del recorrido
que sigue la víctima luego de ser retenida. Luego de la
ejecución, los cuerpos son presentados por los militares
como muertos en combate sin identificar y, pese a tener
conocimiento de su identidad, se procede a su inhumación como N.N.
Manipulación de las pruebas
y ocultamiento de los hechos
Una vez cometida la ejecución extrajudicial, los agentes
estatales responsables proceden a ocultar cualquier evidencia que pueda comprometerlos en el crimen; y en la
medida en que las operaciones militares exigen resultados, reportan las ejecuciones extrajudiciales como accio-
61
nes positivas de la lucha contra las guerrillas. Para lograr
el ocultamiento, manipulan la información sobre los hechos y se encargan ellos mismos del levantamiento de
los cuerpos. Esos procedimientos constituyen la piedra
angular sobre la cual se construye la impunidad.
En 23 de los 26 casos documentados, las víctimas
(35 de 37) fueron presentadas como miembros de grupos
guerrilleros “dados de baja” en combate.11 En 11 de los
casos, los militares involucrados sostuvieron falsamente
que las víctimas tenían armamento, munición u otros elementos de combate. En cinco de los casos, las personas
ejecutadas extrajudicialmente fueron vestidas con prendas militares u otros uniformes para simular su condición
de miembros de grupos guerrilleros. En seis de los casos,
la noticia de que la Fuerza Pública había dado muerte a
una persona que pertenecía a los grupos guerrilleros fue
difundida por los medios de comunicación.
La impunidad de los crímenes es deliberada
El Estado colombiano no sólo está cometiendo ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática y generalizada, sino que mantiene esos crímenes en la impunidad.
Los familiares de las víctimas tienen que enfrentar, además de la pérdida de sus seres queridos, la falta de protección y de garantías judiciales por parte del Estado. Se
configura un cuadro de doble victimización de los familiares, quienes deben salvar numerosos obstáculos para acceder al sistema de justicia y, luego, soportar los abusos a
que son sometidos dentro de procesos penales que no se
realizan con el fin de esclarecer los hechos, sino que se
orientan a contribuir al ocultamiento de los crímenes.
En casos de violaciones de derechos humanos, la
impunidad se debe fundamentalmente a la falta de voluntad del Estado y a su complicidad en muchas de las
violaciones. El estudio de los 26 casos correspondientes
al último año y los 98 casos documentados en 2006
permitieron establecer que la impunidad de las ejecu-
11 En los otros tres eventos se tiene la siguiente información: 1) la víctima fue presentada como atracador;
2) los militares reconocieron que el homicidio había
sido un error; y 3) un niño fue víctima de una granada
durante una concentración indígena.
62
Ejecución extrajudicial de Jair Julio Vega*
El 30 de abril de 2007, en la vereda Chircas del
corregimiento Aguas Claras de Ocaña (Norte de
Santander), Jair Julio Vega fue ejecutado extrajudicialmente por miembros del Batallón Contraguerrilla No. 95, adscrito a la Brigada Móvil
No. 15 del Ejército Nacional. Dos hombres
armados lo sacaron por la fuerza de un establecimiento comercial y lo subieron a un vehículo
llevándoselo con rumbo desconocido. Esa misma noche, sus padres llamaron insistentemente a su teléfono celular, hasta que contestó una
mujer que les dijo que Jair había desaparecido.
El 1º. de mayo de 2007 los padres de Jair fueron informados del hallazgo de un cuerpo con
las características de su hijo, en el sector rural de
Chircas. Se dirigieron a la Fiscalía y allí les notificaron que se había practicado diligencia de
levantamiento de un cadáver registrado como
N.N. y que debían remitirse al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde les informaron
que el cuerpo pertenecía a un integrante de la
guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC-EP), “dado de baja” durante un combate con la Brigada Móvil No. 5 del
Ejército Nacional. El cuerpo de Jair apareció
vestido con prendas camufladas y con unas botas
que no correspondían a su número de calzado.
* Caso documentado por la Fundación Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos, ficha No. 23.
ciones extrajudiciales es consecuencia de la reiterada
inobservancia, por parte del Estado colombiano, de las
obligaciones legales, constitucionales e internacionales
en materia de derechos humanos. Los recursos judiciales
no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias y el transcurso del tiempo se convierte en
un factor determinante para borrar las huellas de los crímenes. El carácter reiterado de esas conductas evidencia
la existencia de patrones de impunidad, que se suman a
las violaciones contra el derecho a la vida originalmente
cometidas por los miembros de la Fuerza Pública.
Tomando en cuenta los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extrale-
gales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas y las
recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en distintas sentencias relativas a
Colombia,12 se identificaron cuatro elementos comunes
en todos los casos estudiados: 1) las investigaciones no
se están desarrollando de acuerdo con la obligación de la
debida diligencia; 2) muchos de los casos permanecen
en la jurisdicción penal militar y, por lo tanto, las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente,
independiente e imparcial; 3) no se garantiza el acceso a
la justicia mediante un recurso rápido y sencillo, y 4) no
se ejecutan las sentencias a favor de las víctimas.
Conclusiones similares fueron expresadas por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia,13 cuyo objetivo
fue la verificación de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en el país y la presentación de observaciones
y recomendaciones al respecto. La Misión constató la
existencia de un número elevado de casos que corresponden a lo que en derecho internacional se denomina
como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias,
que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a unos patrones comunes de actuación que
se mantienen en el tiempo y se producen en un gran
número de departamentos de Colombia. Considerando
los testimonios escuchados y las versiones de las autori-
12 Se estudiaron las siguientes sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: Caso de masacre de los 19 comerciantes vs. Colombia, Sentencia
del 5 de julio de 2004; Caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia del 15 de septiembre
de 2005; Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006; Caso de
la masacre de Ituango vs. Colombia, Sentencia del 1º.
de julio de 2006, y Caso de la masacre de la Rochela
vs. Colombia, Sentencia del 11 de mayo de 2007.
13 Misión organizada por la Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos (CCE-EU) y otros, compuesta por 13 profesionales independientes (juristas,
periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos), procedentes de Alemania, España,
Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que desarrolló su trabajo entre los días 4 y 10 de octubre de 2007
en Bogotá, Medellín y Valledupar, y pudo recibir cerca de 135 testimonios de casos ocurridos en una gran
parte del territorio colombiano.
dades que tienen a su cargo las investigaciones de estos
hechos, se concluyó:
1) que un elevado número de los casos de ejecuciones
extrajudiciales quedan en la absoluta impunidad; 2) la
investigación de la mayoría de los casos de ejecuciones
extrajudiciales se lleva a cabo por la jurisdicción penal militar, lo que no asegura una investigación imparcial; 3) en
los casos asumidos por la jurisdicción ordinaria, se constata una débil e insuficiente actuación de la Fiscalía, así
como serias carencias en la actividad de investigación. La
Fiscalía no ha actuado de manera efectiva para reclamar la
jurisdicción penal ordinaria frente a la penal militar; 4) la
dificultad de acceso de los familiares a la justicia, así como
su elevada desprotección tras ocurrir los hechos. Todo ello
dificulta la interposición de la denuncia y la participación
en la investigación y seguimiento del proceso.14
***
El panorama antes descrito denota que la Fuerza Pública
colombiana continúa recurriendo a las ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática, bien como un castigo
contra la población civil que es acusada de apoyar a los
grupos guerrilleros o como una estrategia para mostrar
resultados en la guerra contrainsurgente. Sin embargo,
el Estado colombiano no sólo persiste en mantener las
prácticas que propician las ejecuciones extrajudiciales y
la impunidad que las acompaña, sino que ha emprendido
una campaña en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian la situación. El
presidente Álvaro Uribe Vélez está utilizando un lenguaje peligroso y desafiante que, además de descalificar a
quienes denuncian la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública
y por organismos de seguridad, pone en riesgo su vida e
integridad personal.
El Estado, y en particular la Fuerza Pública, no pierden legitimidad porque sean denunciados crímenes atribuidos a sus integrantes, sino por el hecho de que sus
agentes los hayan cometido. Sin embargo, el alto mandatario prefiere, una vez más, negar la realidad, contri14 Informe preliminar de la Misión Internacional de
Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, presentado en la ciudad de
Bogotá, el 10 de octubre de 2007.
63
buyendo a que los asesinatos practicados por agentes del
Estado queden en la impunidad, en vez de manifestar
públicamente su preocupación por el incremento de denuncias sobre esta grave violación del derecho a la vida.
El pasado 25 de julio de 2007, durante la conmemoración del segundo año de vigencia de la Ley 975 de 2005
(conocida como Ley de Justicia y Paz), el Presidente
aludió a las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales
atribuibles a la Fuerza Pública como una nueva estrategia
utilizada por la guerrilla: “Ahora la estrategia guerrillera
es otra: cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí
mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero
para decir que fue una ejecución extrajudicial. Pero las
Fuerzas Armadas han puesto todo el cuidado para no dar
lugar a que se señale a miembros de las Fuerzas Armadas de estar en colusión con grupos paramilitares”.15
Ignorar las evidencias no sólo pone en riesgo el trabajo legítimo de las defensoras y defensores de derechos
humanos que denuncian públicamente esos hechos, sino
que alienta a la Fuerza Pública a continuar con las ejecuciones extrajudiciales. Con sus palabras, el Presidente de
la República desconoce la Declaración sobre el derecho
y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
15 “Palabras del presidente Uribe al conmemorar segundo año de la ley de justicia y paz”, Bogotá, SNE, 25 de
julio de 2007. Disponible en: www.presidencia.gov.
co/prensa_new/sne/2007/julio/25/09252007.html.
Discursos similares han sido pronunciados por otras
autoridades: el 29 de agosto de 2007, en el Congreso
de la República, el ministro de Defensa Juan Manuel
Santos, en un debate sobre ejecuciones extrajudiciales
al que fue citado, se limitó a responder que las denuncias sobre la práctica reiterada de violaciones al derecho a la vida por parte de la Fuerza Pública son parte
de la estrategia de “guerra política y jurídica” de las
guerrillas. El 22 de mayo de 2007, el Comandante de
la Cuarta Brigada del Ejército Nacional sostuvo que el
informe sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en
el Oriente Antioqueño, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario,
“hace parte de la guerra política y jurídica”. Declaraciones del general Jorge Rodríguez Clavijo al diario El
Colombiano (2007, 23 de mayo).
64
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www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=75&cat=24.
65
CRÓNICA
Juan Diego Restrepo E.*
La última vez que Diego Castañeda Bermúdez se comunicó
con su madre fue el 28 de enero de 2006.
Del muchacho de 27 años de edad y vendedor ambulante
en las calles de Medellín, no se volvió a saber nada.
Ese sábado, vía telefónica, Diego le anunció a su madre que al día siguiente iría a visitarla a ella y a su padre, quien se encontraba muy enfermo. No
era la primera vez que lo hacía; cada vez que Diego quería visitar a su familia, los llamaba y les decía que iba a ir. Pero ese domingo fue diferente.
Él no llegó. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni ningún otro día después.
La desaparición de Diego le causó extrañeza a Amparo del Socorro,
su madre, pues tales ausencias, y sobre todo la falta de comunicación, no
eran normales en él, quien hablaba constantemente con la familia, dado
el estado de gravedad de Antonio, su padre. La señora inició, entonces,
la búsqueda de su hijo a través del Grupo de Identificación de Personas
y Búsqueda de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)
de la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente, no obtuvo ninguna respuesta, a pesar de sus constantes visitas a las instalaciones del Instituto
de Medicina Legal de Medellín, a donde iba cada vez que le avisaban que
había llegado allí un cuerpo sin identificar: un NN.
El mismo día en que Diego Mauricio llamó a la casa de su madre en
el barrio El Limonar, del corregimiento San Antonio de Prado, a 133 kilómetros de allí, en varias veredas del municipio de Cañasgordas, occidente
antioqueño, un grupo de soldados del Batallón de Infantería No. 32, “General Pedro Justo Berrío”, adscrito a la IV Brigada del Ejército con sede
en Medellín, ajustaba 15 días en el desarrollo de la Operación “Faena”,
que buscaba atacar un reducto guerrillero, al parecer, del Frente 34 de las
Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), que operaba en
esa región del departamento. Dichas operaciones estaban al mando del
capitán Raúl Virgüez Buitrago, comandante de la Compañía Arpón 2.
* Periodista de la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
66
Crónica
Según la orden de batalla entregada a esa unidad militar, la Operación
“Faena” pretendía lo siguiente:
Contrarrestar el accionar de los bandidos del Frente 34 de las ONT – Farc, los cuales están establecidos en el sector de Cañasgordas, con el fin de evitar que estos grupos retomen el control
sobre esta área estratégicamente utilizada por los bandidos como corredor de movilidad desde
el departamento de Chocó hacia el Nudo de Paramillo y Urabá.
De acuerdo con las versiones de los militares que participaron en la Operación “Faena”, a finales de enero de 2006 las tropas sostuvieron un combate por cerca de tres
horas con un reducto guerrillero en la vereda Altos del Oso, cerca al corregimiento San
Pascual. Allí murieron tres supuestos insurgentes. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la cabecera urbana, donde se practicaron las diligencias judiciales respectivas
y se enterraron como NN. Estas acciones, conocidas como “positivos” entre la Fuerza
Pública, garantizaban a los soldados cinco días de descanso, lo que les permitía salir del
monte y visitar a sus familias.
Del resultado de esos enfrentamientos, Amparo del Socorro Bermúdez vino a saber el
22 de noviembre de 2006, diez meses después de la última llamada de su hijo, cuando
la Fiscalía le anunció que Diego ya había sido plenamente identificado. Su cuerpo sin vida
había sido trasladado a Cañasgordas desde el corregimiento San Pascual por tropas del
Ejército Nacional, que lo registraron como guerrillero muerto en combate. El muchacho
era uno de los tres supuestos insurgentes que, según declaraciones de los militares, habían muerto en enfrentamientos con las tropas en los combates de Altos del Oso.
Según el acta de necropsia 003, realizada por médicos legistas del Hospital San
Carlos, de Cañasgordas, el cuerpo de Diego se recibió en este centro asistencial a eso de
las 4:30 de la tarde del lunes 30 de enero.
El informe consigna que Diego estaba vestido de camiseta negra, pantalón verde
oliva, correa de nailon verde, medias tobilleras de lana grises y botas de caucho negras.
El cuerpo presentaba seis heridas de bala: una en la cabeza, otra en el tórax y cuatro más
en las piernas. Según el informe del levantamiento, habría muerto entre las cuatro y las
cinco de la mañana de ese mismo día.
Pese a vivir fuera de su casa, Diego siempre estuvo pendiente de su papá, quien
estaba ya en la etapa terminal de una larga enfermedad. Le enviaba dinero cada vez que
su trabajo de vendedor ambulante le dejaba algunas ganancias. Antonio murió el 9 de
febrero de 2006, sin saber nada del destino de su hijo.
Lo increíble es que la familia tuvo que justificar ante los funcionarios que investigan
el crimen, que Diego no era un guerrillero. El 9 de marzo de 2007, Mónica Castañeda
Bermúdez, hermana de la víctima, tuvo que explicar a la jueza 87 de Instrucción Penal
Militar, teniente Diana María Pineda Lombana, quien adelanta la investigación penal por
los hechos de Cañasgordas, por qué Diego no vivía en casa de sus padres: “Diego estaba
viviendo en un hotel en el centro. Se había ido de la casa porque llegaron los paramilitares a tomarse el barrio y a reclutar los muchachos que se iban a meter a eso. Él decidió
mejor salirse de la casa que estar metido con esa gente”.
Lo que además no entiende Mónica es cómo su hermano, ese lunes 30 de enero de
2006, estuvo a la vez en dos sitios distintos y lejanos entre sí:
67
Cuando lo reportamos desaparecido me llamaron para que fuera a la morgue porque había
dos o tres NN. Al ver que tampoco estaba allí me mandaron al Centros Día, un lugar donde
ayudan a los indigentes, les dan alimentos y los dejan bañar, pues mi hermano a veces iba allá
cuando se quedaba sin pagar habitación. Según el último reporte que aparece en el computador del Centro Día, Diego ingresó allí por última vez en la mañana del 30 de enero de 2006.
No me explico entonces cómo lo reportan muerto ese día en Cañasgordas, si él estuvo aquí en
Medellín. Tampoco entiendo cómo lo reportan como guerrillero si él no lo era.
Pero no es la única contradicción en el caso de la muerte de Diego Castañeda. En
las diligencias judiciales posteriores a los combates, rendidas el 22 de febrero de 2006
por los militares de la Compañía Arpón 2 ante la jueza Pineda Lombana, surgen varias
inconsistencias: la primera de ellas tiene que ver con la fecha de los hechos. Contrario a
los informes forenses que consignan que Diego murió al amanecer del lunes 30 de enero
y su cuerpo fue llevado por las tropas a Cañasgordas en las horas de la tarde de ese día,
el capitán Raúl Virgüez Buitrago, comandante de la Compañía Arpón 2, sostuvo que los
combates ocurrieron al amanecer del martes 31 de enero:
Se recibió una información que se encontraba un grupo de bandidos, de aproximadamente
cinco, en el sector Alto de los Osos, corregimiento de San Pascual, municipio de Cañasgordas.
Se inició la infiltración el día 30, aproximadamente entre 23 y 24 horas hacia el sector. Siendo
31 de enero, entre las 5 y 6 de la mañana se sostuvo un combate de encuentro con el grupo
de los bandidos, el cual duró entre 2 y 3 horas. Cuando ya se había calmado el combate
ordené que se hiciera un registro periférico del área y se encontraron 3 sujetos sin vida en el
sector del combate.
Versión similar entregó a la Jueza el sargento segundo William Mavesoy Córdoba:
El día 30 de enero se recibió una información de la presencia de 5 bandoleros aproximadamente sobre el Alto del Oso, quienes portaban armas cortas y largas, y vestían prendas
privativas de las Fuerzas Militares. A las 25 horas se realiza una infiltración hacia el objetivo.
De 5 a 6 de la mañana del día 31 de enero de 2006 se sostiene un combate de encuentro con
los bandoleros durante aproximadamente de 2 a 3 horas; luego de lo cual se ordena montar
seguridad y realizar registros en el área, encontrando 3 sujetos dados de baja.
La inconsistencia en la fecha del combate parte de la jueza Pineda Lombana, quien
en las diligencias de declaración siempre les preguntó a los oficiales, suboficiales y
soldados profesionales de la Compañía Arpón 2 por los “hechos ocurridos el día 31 de
enero de 2006”.
Una segunda inconsistencia está relacionada con el supuesto número de insurgentes
que atacó a la Compañía Arpón 2. Según el capitán y varios de sus hombres al mando,
“la tropa fue atacada por unos 20 sujetos según la capacidad de fuego”. No obstante,
uno de los soldados profesionales declaró que la patrulla fue atacada “por ahí como
cinco manes”; otro no supo responder y se limitó a decir que “no sabía”; y uno más dijo
que “teníamos la información que había una agrupación como de cinco o seis, pero en
ese momento no los vi porque estaba todavía muy oscuro, había mucha montaña y todo
era muy boscoso”.
68
Crónica
Por último, también hay imprecisiones en la distancia que había entre el grupo de
presuntos guerrilleros y las tropas del Ejército. Ante la pregunta “¿a qué distancia aproximada se encontraban los sujetos dados de baja de donde disparó la tropa?”, hecha por la
jueza Pineda Lombana, el capitán Virgüez respondió que “como a 100 a 200 metros”; el
sargento segundo Mavesoy y dos soldados profesionales respondieron que “a unos 150
metros”; y dos militares más declararon que “como a 50 metros”.
Así, entre inconsistencia e inconsistencia, transcurre el proceso de esclarecimiento
de la muerte de Diego Castañeda Bermúdez ante la Jurisdicción Penal Militar. Por las
características del caso, sería una ejecución extrajudicial más en el país, atribuible a la
Fuerza Pública, cuyos reportes van en aumento. En los últimos cinco años, este tipo de
homicidios aumentó en un 65% con respecto a los cinco años anteriores, pasando de 577
entre julio de 1997 y junio de 2002, a 955 casos entre julio de 2002 y junio de 2007.
Se espera que la justicia, algún día, les dé la razón a las familias de las víctimas,
restablezca su honra y condene de manera ejemplar a quienes desde el Estado incurren
en este tipo de prácticas, a todas luces violatorias de los derechos humanos.
69
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Durante 2007, la Fiscalía General y el Gobierno nacional desarrollaron
una serie de reglamentaciones y prácticas encaminadas a dejar sin
efectividad los mandatos trazados por la Corte Constitucional en
2006, a favor de los derechos de las víctimas frente al procedimiento
de la Ley 975 de 2005.
Conocida como Ley de “Justicia y Paz”, la Ley 975 del 25 de julio
de 2005 es una de las piezas que compone el marco jurídico que regula
la desmovilización de los integrantes de grupos paramilitares. Durante
2006, la Corte Constitucional examinó y se pronunció sobre la constitucionalidad de su articulado, mediante una docena de sentencias.1 En
general, este Tribunal anuló varias de las disposiciones que otorgaban
impunidad y corrigió otras para adecuarlas a estándares de derechos humanos en materia de verdad, justicia y reparación”.2
Entre 2005 y 2006, además de conformar la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz, la Fiscalía General de la Nación realizó
1 La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la Ley 975 de 2005
proferida en 2006 está compuesta por las siguientes sentencias: C-127, M.
P. Álvaro Tafur Galvis (22 de febrero); C-319, M. P. Álvaro Tafur Galvis
(25 de abril); C-370, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas (18 de mayo); C-400, M. P. Alfredo
Beltrán Sierra (24 de mayo); C-426, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto (31 de mayo); C-455, M. P. Jaime Araújo Rentería (7 de junio);
C-476, M. P. Álvaro Tafur Galvis (14 de junio); C-531, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra (12 de julio); C-575, M. P. Álvaro Tafur Galvis
(25 de julio); C-650, M. P. Álvaro Tafur Galvis (9 de agosto); C-670,
M. P. Rodrigo Escobar Gil (16 de agosto); y C-719, M. P. Jaime Araújo
Rentería (23 de agosto). En 2007, la Corte Constitucional también profirió la Sentencia C-080, M. P. Rodrigo Escobar Gil (7 de febrero).
2 Para un análisis completo sobre ese marco jurídico, incluyendo el contenido de los decretos 4760 de 2005, 2898 y 3391 de 2006, véase
Comisión Colombiana de Juristas y Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (2006, pp. 211-217).
71
algunas actividades preparatorias a la aplicación de los
procedimientos penales previstos en la Ley 975:3 i) caracterización de 36 estructuras paramilitares orientada a
garantizar la solidez de las investigaciones que se adelantarían a partir de los resultados que arrojen las diligencias
de versión libre;4 ii) puesta en marcha de un programa
de búsqueda de personas desaparecidas por grupos armados ilegales; iii) sistematización de información sobre
investigaciones penales relacionadas con 28.500 personas que habrían estado vinculadas a 32 estructuras paramilitares; y iv) capacitación de fiscales y del personal
de investigación (FGN, 2006, pp. 24-28).
Sólo al finalizar 2006, la Fiscalía General de la Nación comenzó a realizar las diligencias de versión libre.
Según esa institución, el retraso se debió a la tardanza
del Gobierno para remitir los listados con los nombres
de las personas postuladas5 y a la inconsistente infor-
mación que éstos contenían: en las listas de septiembre
de 2006, “sólo 14 de cada 100 ‘paras’ postulados estaban plenamente identificados” (El Tiempo, 2006, 14 de
diciembre, p. 1-4). Después de los inconvenientes que
signaron las relaciones entre Fiscalía y Gobierno, el 14
de diciembre de 2006 se realizó la primera diligencia6
de versión libre.7 El Fiscal General de la Nación se refirió
a ese evento en los siguientes términos: “Nos vamos a
probar todos. Vamos a probar si la Fiscalía está lista para
iniciar las versiones. Vamos a probar si los miembros de
las autodefensas van a decir la verdad. Y vamos a probar
si el Gobierno está listo para poner a disposición de la
Fiscalía a las personas que sean requeridas”.8
A continuación se presenta un balance preliminar de la
gestión de la Fiscalía General de la Nación a propósito de la
aplicación de la Ley 975, durante el periodo 2006-2007.
Restricciones a la participación
de las víctimas9
3 En su penúltimo informe anual, la Fiscalía General de
la Nación advierte: “La competencia de la Fiscalía inicia una vez el Gobierno Nacional envíe por conducto
del Ministerio del Interior y de Justicia la lista de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, dispuestos a contribuir de manera efectiva
a la consecución de la paz nacional. // Recibida la lista,
corresponde a la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz conocer de las investigaciones de los
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a un grupo armado organizado al margen
de la ley, las investigaciones que cursen en contra de sus
miembros y de aquellas que deban iniciarse y se tenga
conocimiento en el momento o con posterioridad a la
desmovilización” (FGN, 2006, p. 23).
4 Los hallazgos de esa caracterización se condensan en
un documento que contiene información sobre las siguientes variables de análisis: “Identificación del bloque, génesis del bloque, estructura y organización del
bloque, georreferenciación de las actividades de cada
grupo, integrantes, fuentes de financiación, bienes,
hechos y víctimas, para lo cual se consulta a fuentes
gubernamentales y no gubernamentales para determinar qué hechos han sido judicializados, cuáles no y el
estado de los procesos” (FGN, 2006, p. 25).
5 “Para iniciar los procedimientos de la Ley 975 de
2005, el Gobierno Nacional durante el período 17 de
agosto de 2006 a marzo 30 de 2007 radicó ante la
Fiscalía General de la Nación, cuatro listas con 2.914
postulados al procedimiento y beneficios de esa ley”
(FGN, 2007a, p. 53).
72
Impunidad
Además del desconocimiento de los derechos de las víctimas en la normativa que regula el procedimiento de “Justicia y Paz”, en la práctica éstos también se violan. Durante
6 El 6 de diciembre de 2006, el Fiscal General de la Nación expidió la Resolución 3998 de 2006, mediante la
cual estableció las directrices para el procedimiento de
recepción de versión libre de la Unidad Nacional de
Fiscalías para la Justicia y la Paz.
7 El primer integrante de grupos paramilitares que rindió versión libre fue Wilson Salazar Carrascal, alias
el “Loro”. La relación completa de las diligencias de
versión libre realizadas por la Fiscalía General de la
Nación puede ser consultada en www.fiscalia.gov.co/
justiciapaz/Documentos/VERSIONES.pdf. Según la
revista Cambio (2007, 20-26 de diciembre), “los fiscales han realizado 1.007 diligencias de versiones libres,
de las cuales 907 ya terminaron. (…). Los jefes paramilitares desmovilizados describieron 3.143 crímenes
y confesaron su responsabilidad en 738” (p. 30).
8 Declaraciones del fiscal Mario Iguarán citadas por el
diario El Tiempo (2006, 14 de diciembre, p. 1-4).
9 La información referida corresponde mayoritariamente a los archivos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas,
organizaciones que han tenido la ocasión de participar
en las audiencias de “Justicia y Paz” en las ciudades de
Barranquilla, Bogotá y Medellín.
los trámites de aplicación de la Ley 975 de 2005, la Fiscalía ha limitado el derecho de las víctimas y de la sociedad
entera a conocer la verdad sobre los crímenes cometidos
por los grupos paramilitares. Las principales medidas se
hallan contenidas en las resoluciones 3998 de 2006 y
0387 de 2007 de la Fiscalía General de la Nación.
En primer lugar, la Fiscalía ha previsto que solo pueden participar de las audiencias de versión libre, aquellas
personas que el desmovilizado identifique como víctimas
y que, a su vez, hayan demostrado sumariamente el daño
causado y renuncien expresamente a la preservación de
su identidad. En consecuencia, sólo podrían acceder a
esta diligencia las víctimas que tengan un interés indemnizatorio, a pesar de que la Sentencia C-370 de 2006
proferida por la Corte Constitucional señaló que las víctimas tienen derecho no sólo a buscar una indemnización
económica, sino a reparación integral, así como a la verdad y la sanción de los responsables.
Además, quienes demuestren sumariamente el daño,
sólo pueden participar en una sala separada y sugerir
preguntas para que el Fiscal formule, de manera que éste
puede descartar las que desee. En todo el proceso, la
autoridad judicial puede excluir los interrogantes de las
víctimas sin ninguna motivación, argumentando hacer
uso de la facultad de desechar aquellas preguntas que
considere impertinentes.
La Corte Constitucional señaló también que la llamada Ley de “Justicia y Paz” permite y exige la plena
participación de las víctimas en todas las diligencias de
los procesos judiciales, incluyendo la de versión libre.
Además, conforme al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las víctimas tienen el
derecho a contar con amplias posibilidades de ser oídas
y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del
establecimiento de los hechos como en la búsqueda de la
sanción del responsable y de la reparación.10 Estas normas deberían inaplicarse o interpretarse armónicamente
con las disposiciones constitucionales, para permitir la
participación de todas aquellas personas que se consideren víctimas directas de los hechos.
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999,
párr. 227). Reiterado en los casos de Las Palmeras,
Masacre de Mapiripán y masacre de Ituango.
En segundo lugar, la Fiscalía se ha negado a la transmisión por radio, Internet y televisión de las versiones
libres y así lo ha confirmado a través de la Resolución
0387 de 2007. Esta difusión facilitaría a las víctimas
que no pueden asistir a las audiencias de versión libre,
porque no tienen recursos económicos o porque tienen
miedo, enterarse de los avances de los procesos y seguir
de alguna manera las decisiones judiciales que puedan
afectar sus intereses.
Igualmente, permitiría la realización del derecho de
la sociedad colombiana y de la humanidad a conocer la
verdad. Debido al carácter de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo, sus víctimas
no son las únicas que han sufrido un daño (aunque sin
lugar a dudas tengan derecho a un tratamiento prioritario), sino que todos los miembros de la humanidad somos víctimas, porque estos delitos ofenden la conciencia
de la humanidad. Por consiguiente, todas las personas
tenemos derecho a conocer las confesiones de los postulados. Además, ese conocimiento debe ser posible desde
la versión libre, pues en el procedimiento diseñado por
la Ley 975 no está previsto un momento para debatir y
controvertir las pruebas y las responsabilidades.
Las únicas limitaciones admisibles a la publicidad de
las audiencias son aquellas necesarias para la protección
de niños y niñas, de la intimidad de víctimas de violencia
sexual y aquellas que se deriven de situaciones en que se
encuentre probado que la difusión puede entrañar un riesgo para las víctimas, limitaciones previstas en la Ley 975
(artículos 39 y 40). Sin embargo, la Fiscalía ha considerado que la reserva es la regla general. La difusión de las
versiones, acompañadas de un adecuado y estricto control a los postulados para que no hagan apología de sus
crímenes, es una medida idónea y necesaria para garantizar el derecho a la verdad de la sociedad colombiana.
En tercer lugar, se evidencia un desconocimiento por
parte de los funcionarios judiciales de las condiciones de
igualdad que deben guardarse respecto de los investigados
y de la misma Fiscalía.11 Hasta ahora, les ha sido negado
11 Lo anterior, aun cuando en la principal sentencia de
constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, la Corte
Constitucional señaló que “el derecho a la justicia
73
a las víctimas acceder a las grabaciones de las versiones
libres, lo cual impide que éstas y sus representantes puedan hacer un estudio mucho más tranquilo y profundo de
los hechos comentados por los desmovilizados y, de esta
manera, planear su estrategia de representación legal y
exigibilidad de sus derechos. Quedan, entonces, supeditados a lo que logren recordar de la diligencia.
Así mismo, aunque a los versionados se les permite
entrar al recinto diferentes objetos electrónicos (computadores, memorias, etc.) como ayudas para sus versiones, la Fiscalía ha impedido que las víctimas y sus
abogados puedan hacer lo mismo. Lo anterior trae como
consecuencia una desproporción en materia de recursos
técnicos, que son extremadamente útiles para efectos de
la defensa de los derechos de las víctimas, pues en los
mismos se pueden almacenar y acceder de una manera
rápida a archivos, pruebas, etc.
Fiscales de la «Unidad de Justicia y Paz» también
han restringido la participación de las víctimas como verdaderos intervinientes en el proceso penal, mediante la
negación de recursos y acciones legales a los abogados
de las mismas, argumentando que éstos dilatarán el proceso. El 14 de febrero de 2007, cuando rendía versión el
paramilitar Juan Francisco Prada Márquez, abogados de
la Comisión Colombiana de Juristas presentaron solicitud
de declaratoria de excepción de inconstitucionalidad de
los artículos 4 y 5 de la Resolución No. 3998 del 6 de
diciembre de 2006, a lo que el Fiscal respondió que los
representantes de las víctimas estaban entorpeciendo la
diligencia con “peticiones que no haría ni un estudiante
de primer semestre de Derecho”.
interés en las distintas fases de la versión libre. El interrogatorio de las víctimas se reserva a la segunda fase de la
versión libre, pero se desarrolla a través de un mecanismo
indirecto, pues las preguntas propuestas se incorporan a
un formulario que es entregado a miembros del CTI, quienes a su vez se las entregan al Fiscal. Cabe señalar que el
Fiscal se encuentra en una sala distinta a la sala donde se
hallan las víctimas. El Fiscal transmite al postulado sólo
las preguntas de las víctimas que considera pertinentes.
Las víctimas y sus representantes no cuentan con la posibilidad de repreguntar, pedir aclaraciones o precisiones,
o realizar un cuestionario dinámico, encadenado a las respuestas del postulado. Este mecanismo indirecto restringe
seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la
víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de
los hechos. La Fiscalía pierde además una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la
verificación del cumplimiento de los requisitos legales para
el acceso a los beneficios. (CIDH, 2007, párr. 82)
Finalmente, como hecho de especial gravedad, las
víctimas, familiares y testigos han sido objeto de homicidios, amenazas y hostigamientos. Desde el inicio del
proceso hasta septiembre de 2007 han sido asesinadas
16 personas.12 Además, se han reportado otros hechos
de persecución, entre ellos, el incendio de la sede de una
organización de desplazados en el municipio de Turbaco,
departamento de Bolívar; el robo de bases de datos de
distintas organizaciones que contenían información sobre
crímenes perpetrados por los paramilitares, entre otros de
carácter similar que ejemplifican claramente la desprotección evidente en la que se encuentran las víctimas.
Con relación a la imposibilidad de interrogar directamente a la víctima, la CIDH señaló lo siguiente:
Lo anterior ha tenido como consecuencia que muchas personas desistan de actuar dentro del procedimiento penal por temor a ser asesinadas o violentadas. Al
respecto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/
OEA) planteó:
Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la
imposibilidad de interrogar directamente o por medio de
sus representantes al postulado sobre los hechos de su
Se ha tenido conocimiento que un número considerable de
víctimas ha decidido no participar en el proceso de Justicia y Paz aduciendo que no cuentan con los mecanismos
comporta un auténtico derecho constitucional al
proceso penal, y el derecho a participar en el proceso
penal, por cuanto el derecho al proceso en el Estado
democrático debe ser eminentemente participativo”
(Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-370 de 2006, Numeral 6.2.3.2.2.7).
12 Entre ellas, Yolanda Izquierdo, asesinada en Montería, Córdoba; Óscar Cuadrado Suárez, asesinado en
Maicao, Guajira; Carmen Cecilia Santana, asesinada
en Urabá, Antioquia; Gustavo Espitia, asesinado en
Cotorra, Córdoba; y la maestra indígena Osiris Amaya Beltrán, asesinada en la Guajira.
74
Impunidad
de protección suficientes. Este hecho no sólo constituye
una alerta de la situación de estas víctimas, sino que debe
servir también como generador de acciones concretas
destinadas a acompañar y proteger sus vidas. La toma de
medidas apropiadas en este sentido, serviría para brindar
a las víctimas la oportunidad real que les sean satisfechos
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación; así
como para proveer a las autoridades de información crucial para el mejor desarrollo de las investigaciones. (MAPP/
OEA, 2007, párr. 71)
En primer lugar, es necesario advertir que la información sobre la ubicación de las fosas comunes ha
provenido principalmente de familiares de las víctimas.
En general, las versiones libres rendidas por los paramilitares no han sido una fuente significativa que aporte
información sobre la ocurrencia de desapariciones forzadas o la existencia de fosas comunes. En algunos casos,
jefes paramilitares han negado su responsabilidad en la
comisión de desapariciones forzadas perpetradas por las
estructuras militares que estuvieron bajo su mando o la
Hallazgo de fosas
y exhumaciones precipitadas
En Colombia, la desaparición forzada ha sido una práctica generalizada y sistemática.13 A raíz de la expedición
de la Ley 975 de 2005, “la Fiscalía General de la Nación
ha recibido miles de denuncias sobre personas desaparecidas e información de la ubicación de fosas comunes”
(FGN, 2007b).14 Entre 2005 y 2006, esa entidad encargó a dos fiscales de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario el desarrollo del programa de búsqueda de personas desaparecidas. Entre 2006 y 2007 “creó un grupo integrado por
tres fiscales de la Unidad [Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz], ocho fiscales de apoyo, miembros de
las Unidades de Desaparecidos del CTI, 15 investigadores de la DIJIN y cinco investigadores del DAS” (FGN,
2006, p. 25; FGN, 2007b, p. 57). Durante el período
comprendido entre el 13 de febrero de 2006 y el 31
de diciembre de 2007, la Fiscalía encontró 1.022 fosas,
realizó la diligencia de exhumación de 1.213 cadáveres
(tres plenamente identificados e información preliminar
de 454) y entregó a familiares de las víctimas 120 cuerpos (FGN, 2007b).15
13 Existen divergencias sobre el número total de personas víctimas de desaparición forzada en Colombia.
Mientras la Comisión Colombiana de Juristas estima
que serían 31 mil víctimas de este delito, la Fiscalía
General de la Nación calcula que serían 10 mil.
14 Última consulta antes de publicación: 14 de enero de
2007.
15 Última consulta antes de publicación: 14 de enero de
2007.
Durante la diligencia de versión libre, la Fiscalía indagó al jefe del Bloque Resistencia Tayrona, Hernán Giraldo, alias el “Patrón”, por su
responsabilidad en 180 casos de desaparición
forzada. Él sólo reconoció su responsabilidad en
la desa-parición de Gentil Cruz Patiño, representante de una ONG francesa, ocurrida el 11 de
septiembre de 2004, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así mismo, el jefe de las Autodefensas
del Magdalena Medio Ramón Isaza reconoció su
responsabilidad en nueve desapariciones forzadas
y atribuyó a su hijo muerto, Ómar Isaza, la desaparición forzada de 47 personas en la vereda La
Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia).
Entre quienes brindaron alguna información sobre la ubicación de fosas comunes están: el jefe
del Bloque Héroes del Llano y Guaviare, Manuel
de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata”,
que “condujo a los fiscales a sitios donde fueron
inhumados varios cuerpos” (FGN, 2007b, p.
56); el jefe del Bloque Élmer Cárdenas, Freddy
Rendón, alias el “Alemán”, que prometió revelar la ubicación de 22 fosas comunes que contendrían, aproximadamente, 50 cuerpos; Diego
Fernando Murillo, alias “Don Berna”, que reveló
la ubicación de una fosa común en el occidente de Antioquia, en la que estarían los restos de
cuatro parientes de la señora Marielena Toro,
integrante de la organización “Madres de la
Candelaria”; José David Velandia, alias ‘Steven’, que informó sobre la ubicación de siete
fosas; y Éver Veloza, alias “H. H.”, que reveló
la ubicación de una fosa en el norte del Valle.
75
han atribuido a personas muertas. En otros casos, han
aportado alguna información general.
Incumplimiento de la obligación
de entregar a la niñez vinculada
En segundo lugar, son evidentes las inconsistencias y
errores en que ha incurrido la Fiscalía después de verificar la existencia de las fosas comunes denunciadas. Esta
entidad ha precipitado las diligencias de exhumación,
pues ha procedido a hacerlas sin contar previamente con
información y documentación suficiente sobre las personas desaparecidas16 o sin que se presenten circunstancias que permitan considerar que existe riesgo de que los
perpetradores exhumen los restos mortales de sus víctimas, tal como está previsto en el Plan Nacional de Búsqueda. Según la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), las consecuencias lógicas derivadas de
esa decisión son un altísimo número de restos humanos
sin identificar –tres de 1.213–, que corren el riesgo de
deteriorarse y de nunca ser identificados, y análisis precarios sobre las posibles causas y modalidades de las
muertes.17
En Colombia no existen cifras verificables sobre la cantidad de niñas y niños vinculados a los grupos armados que
toman parte en las hostilidades. Los datos más conservadores afirman que pueden estar entre 8.000 y 13.000
(Coalición Colombia y Comisión Colombiana de Juristas,
2005). Se cree que al menos uno de cada cuatro com
batientes es menor de 18 años (Human Rigths Watch,
2003) y, en ocasiones, esta población puede llegar a ser
más del 20% en algunas unidades armadas (Defensoría
del Pueblo, 2002). Sus edades de vinculación oscilan
entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de
ingreso que en sólo cuatro años descendió de los 13,8 a
12,8 años (eltiempo.com.co, 2007, 13 de febrero).
16 “Considerando que la identificación forense se basa
en el cotejo de la información disponible sobre una
persona desaparecida con restos que sean encontrados, la falta de información concerniente a quienes
están desaparecidos hace imposible identificar los
restos encontrados. Es decir, los restos de personas o
individuos no identificados y que han sido clasificados
como N.N. son almacenados indefinidamente en instituciones oficiales, o inhumados en la parte posterior
de los cementerios públicos” (Equitas, 2007).
17 “No es clara la forma en que la Fiscalía está documentando la causa y manera de las muertes y vinculando esa
información con los perpetradores: No hay información sobre la forma en que la Unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía está conduciendo y registrando el análisis
de la causa y modo de las muertes. A pesar de tener
conocimiento de que los paramilitares utilizan el desmembramiento como forma de tortura, se desconoce
cómo está registrando la Fiscalía esta información, con
el fin de determinar patrones hallados en los restos que
indiquen si hay o no un perpetrador común. Considerando los vínculos documentados entre paramilitares y
militares, y a la luz de las recomendaciones establecidas
en protocolos forenses internacionales de las Naciones
Unidas (como el Protocolo de Minnesota de 1991 y el
Protocolo de Estambul de 1999), es necesario realizar
un análisis completo de los restos humanos para determinar la causa y el modo de la muerte, así como la
evidencia asociada al hecho. Esto es fundamental para
76
Impunidad
No obstante lo anterior, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) sólo ha atendido entre el 1° de
enero de 2002 y el 14 de junio de 2007 a 1.024 niñas
y niños provenientes de estos grupos, muchos desmovilizados individualmente y otros capturados en operativos
policiales y militares. De tal forma, sólo algo más de 400
menores de 18 años fueron entregados en el marco de
las desmovilizaciones colectivas (ICBF, 2007). Ante esta
amplia diferencia entre las posibles cifras, la Defensoría
del Pueblo señaló lo siguiente:
[L]os grupos armados ilegales no estarían cumpliendo con
su obligación de entregar a los menores de edad en el proceso de desmovilización. Este comportamiento de los grupos
armados al margen de la ley estaría privando de la atención
y el restablecimiento de derechos a la población de menores de edad afectada por el reclutamiento; pues en muchos
casos, simplemente se está devolviendo a sus regiones o en
el mejor de los casos a sus familias, sin darle oportunidad a
que el Estado la atienda de manera integral en el programa
diseñado para tal fin en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Defensoría del Pueblo, 2006, p. 21)
Al preguntársele a la Fiscalía General de la Nación por
la suerte de los niños desvinculados de los grupos para-
contextualizar los crímenes cometidos y vincular la evidencia encontrada con él o los perpetradores, en, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
“Colombia, la desmovilización paramilitar, en los tiempos de la Corte Penal Internacional”, Bogotá, Colombia, octubre de 2007. p. 46
militares, informó que “la entrega de menores se realizó
durante la etapa de desmovilización colectiva ante el Gobierno nacional, dejándolos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”,18 afirmación que deja la
sensación de que este requisito ya fue cumplido y, de esta
manera, obviando las preocupaciones antes comentadas.
Frente a ese panorama, en una reciente audiencia
realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), organizaciones no gubernamentales
señalaron que existen, al menos, tres hipótesis sobre el
paradero de la gran cantidad de niños y niñas que no
fueron devueltos en el marco de las desmovilizaciones
colectivas:
la primera, es que los niños y niñas de los grupos paramilitares habrían sido sustraídos de las desmovilizaciones
colectivas y enviados a otras zonas del país donde operan otros grupos paramilitares, que no hicieron parte de
la negociación con el Gobierno o que se han rearmado; la
segunda es que estos habrían sido liberados y entregados
directamente a sus familias, o dejados en sus comunidades de origen, impidiendo que recibieran la atención especializada del Estado; la tercera, en el peor de los casos, es
que habrían sido ejecutados extrajudicialmente para evadir
la responsabilidad por el delito de reclutamiento ilícito. No
obstante, como bien lo señalamos estas son sólo algunas
hipótesis, y sobre la realidad de esos niños no se cuenta
con información certera que sirva para determinar su paradero. (Coalición Colombia y Cejil, 2007, p. 19)
Además de lo anterior, en el marco de las versiones
libres, la situación sigue siendo preocupante. Algunos de
los principales jefes paramilitares han dicho que ellos no
tuvieron dentro de sus prácticas el reclutamiento infantil
y, de haber ocurrido, fueron casos aislados de responsabilidad de mandos medios. Comandantes como Ramón
Isaza, del Magdalena Medio, y Édgar Fierro, de la Costa Caribe, han señalado que son responsables del uso
de niños en actividades militares, pero que no pueden
entregarlos ni confesar individualmente cada uno de los
casos, pues, según ellos, no tienen esa información.19 En
18 Respuesta al derecho de petición de información de la
Coalición Colombia, Fiscalía General de la Nación,
del 4 de julio de 2007.
19 Diligencia de versión libre realizada el día 23 de mayo
de 2007 en la Fiscalía Nª 13 para la Justicia y la Paz.
otros casos, como el de Jorge Iván Zapata, del bloque
Catatumbo, éste ha recurrido a declarar su inocencia mediante acusaciones a otros paramilitares, en particular a
Salvatore Mancuso, uno de los principales comandantes;
no obstante, en las dos audiencias que hasta el momento
se le han hecho a esta persona, no se ha dicho nada al
respecto de los niños y niñas en sus filas.
Restitución de tierras y bienes
La historia del paramilitarismo en Colombia está atravesada por el despojo sistemático de tierras y propiedades a
sus víctimas. La crisis que ha significado esta redefinición
de la propiedad rural, aunada a la situación de desplazamiento forzado, ha cambiado el mapa territorial del país.
Un estudio del Grupo Semillas reveló lo siguiente:
En Colombia el conflicto ha ocasionado una de las crisis
humanitarias más grandes del mundo que se evidencia
particularmente en el desplazamiento forzado de miles de
colombianos quienes han debido huir de sus lugares de
origen y dejar abandonadas sus viviendas, tierras y demás
bienes patrimoniales. Entre 1985 y septiembre de 2005,
la cantidad de desplazados por violencia política ascendió
alrededor de 3.6 millones, de los cuales 2.9 millones se
concentraron en la última década; y se estima por el Codhes que más de 310.000 personas fueron desplazadas en
2005. El desplazamiento es muchas veces referido como
una “contrarreforma agraria”, tomando tierra de los sectores más pobres de la población. Se estima que la tierra
arrebatada a través de la violencia se extiende entre 2 y
casi 7 millones de hectáreas. Un estudio estimó que las
tierras tomadas por paramilitares de la población internamente desplazada supera dos veces la cantidad de tierra
dada por el Instituto de la Reforma Agraria entre los años
1993 y 2002. (Grupo Semillas, 2007)
Sobre este mismo tema, la Contraloría General de la
Nación aseguró:
En cuanto a la expropiación sin indemnización, es decir, al
desplazamiento de los campesinos y sus familias, el despojo de sus propiedades en los últimos 5 años ha afectado
265 mil hogares que, de acuerdo con los cálculos de la
Contraloría, poseían más de 2.6 millones de hectáreas, con
un valor aproximado de $6.1 billones. Los departamentos
más afectados fueron, en su orden, Antioquia, Caquetá,
Cesar, Chocó, Magdalena, Bolívar y Córdoba. Estas cifras
son aún más alarmantes vistas en términos comparativos.
77
En efecto, la población desplazada en los últimos cinco
años representa el 13% de la población rural y las tierras
expropiadas equivalen al 6% de las consideradas de uso
agrícola y de ganadería en el país. (Flórez, 2005)
Aun cuando la situación es realmente crítica, la respuesta del Gobierno y de la administración de justicia,
durante la aplicación inicial de la Ley 975, no ha sido
adecuada. En las diligencias de versiones libres, los paramilitares sólo han realizado ocho ceremonias de entrega
formal de bienes destinados al Fondo de Reparación de
las Víctimas.20 Así mismo, algunos de los bienes que han
sido relacionados por los desmovilizados han sido, en
realidad, incautados por autoridades estatales en el marco de su política contra el tráfico de estupefacientes, lo
cual significa que son objeto de un extenso trámite administrativo de extinción de dominio que adelanta la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Además, no se
tiene conocimiento preciso de la totalidad de bienes que
se encuentran en poder de la DNE y su discriminación:
los que están siendo investigados por fiscales y jueces en
20 Hasta el 31 de octubre de 2007 se reportó la realización
de ocho diligencias de entrega de bienes destinados
al Fondo de Reparación de las Víctimas, relacionados a continuación: 1) Desmovilizado: Manuel de
Jesús Pirabán, alias “Pirata”, integrante del Bloque
Héroes del Llano y de Guaviare. Bienes entregados:
3 inmuebles urbanos, 3 vehículos y 154 semovientes.
2) Desmovilizado: Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, integrante del Bloque Central Bolívar. Bienes
entregados: 1 televisor marca Sony y 2.010 semovientes. 3) Desmovilizado: José Baldomero Linares, alias
“Guillermo Torres”, integrante del Bloque Meta y
Vichada. Bienes entregados: un inmueble rural y un
inmueble urbano. 4) Desmovilizado: Luis Arlex Arango, alias “Chatarro”, integrante del Bloque Héroes del
Llano. Bienes entregados: 32 millones de pesos, un
vehículo, 652 prendas de vestir y 70 pares de zapatos.
5) Desmovilizado: Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, integrante del Bloque Central Bolívar. Entrega de
bienes: 604 semovientes. 6) Desmovilizado: Manuel
de Jesús Pirabán, alias “Pirata”, integrante del Bloque
Héroes del Llano y de Guaviare. Bienes entregados:
500 millones de pesos. 7) Desmovilizado: Freddy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, integrante del Bloque
Élmer Cárdenas. Bienes entregados: 397 semovientes
y 4 motores fuera de borda. 8) Desmovilizado: Freddy
Rendón Herrera, alias el “Alemán”, integrante del Bloque Élmer Cárdenas. Bienes entregados: 2 inmuebles
urbanos y 2 vehículos. (FIDH, 2007)
78
Impunidad
el país; los que, habiendo sido entregados, tienen problemas tributarios o embargos; y los que realmente han sido
entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas.
Tribuna en favor del paramilitarismo
Es una función constitucional y legal de la Fiscalía ser el
director de la investigación penal. Durante las diligencias
de versión libre, en términos generales, se ha podido observar que el papel del Fiscal ha sido pasivo. En su último
informe sobre el proceso de negociación con los grupos
paramilitares, la CIDH señaló:
En la diligencia, la actividad del fiscal no es protagónica,
aunque debe formular preguntas, especialmente en los
casos en los que se está en presencia de una posible confesión. Sin embargo, en general, la iniciativa recae en el
imputado. En muchas ocasiones esta diligencia da origen
a un proceso formal, o a una providencia inhibitoria, la
cual cierra la investigación temporalmente. (CIDH, 2007,
párr. 61)
Un ejemplo claro de esta situación se presentó en
la sede de Barranquilla de la “Unidad Nacional de la
Fiscalía para la Justicia y la Paz”, durante la recepción
de la versión libre de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge
40”, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esa diligencia, el versionado
no acató los llamados de la Fiscal para ampliar el relato
sobre ciertos hechos, dejando más de 800 preguntas sin
resolver.
Ante ese panorama, las diligencias de versión libre
se han vuelto un escenario donde los paramilitares defienden y justifican los crímenes cometidos. Por un lado,
señalan que éstos fueron practicados contra miembros
de grupos insurgentes, lo cual significa una revictimización de las personas que sufrieron esos hechos, pues,
bajo esa idea, ellas o sus familiares hacen o hacían
parte de las guerrillas y, por lo tanto, todas las acciones de los grupos paramilitares se dieron en el marco
del enfrentamiento entre grupos armados. En la versión
que rindió el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, alias
“Mono Mancuso”, comandante del Bloque Catatumbo,
se presentó como un «salvador» de Colombia por haber evitado la expansión y consolidación territorial de
los diferentes frentes guerrilleros. De igual forma, en la
versión del jefe paramilitar Luis Eduardo Cifuentes, alias
el “Águila”, desmovilizado del Bloque Cundinamarca,
él señaló lo siguiente: “yo me considero víctima de la
guerrilla y del Estado porque no hizo lo que tenía que
hacer”. En este mismo sentido se orientaron las afirmaciones del jefe paramilitar Ramón Isaza, alias el “Viejo”,
desmovilizado de las Autodefensas del Magdalena Medio, quien exigió del Estado el reconocimiento de una
pensión de vejez o de alguna medida compensatoria por
los servicios prestados.
Por el otro lado, cuando los delitos no son justificados
por la supuesta lucha contrainsurgente, lo son como dinámica de «limpieza social» y servicios de seguridad a la
comunidad. Un ejemplo claro fue la versión libre de Juan
David Velandia, alias “Steven”, desmovilizado del Bloque
Autodefensas del Magdalena Medio. Él defendió sus crímenes, alegando que su labor en la organización era en
este sentido y, por eso, la mayoría de sus 200 víctimas
eran «violadores, prostitutas o drogadictos».
No obstante lo anterior, en las versiones libres no
ha habido mayores confesiones de este tipo de delitos.
En la diligencia de Juan David Velandia, alias “Steven”,
él reconoció algunas prácticas que constituían violencia
sexual, pero negó airadamente que las mismas obedezcan a una práctica generalizada y sistemática llevada a
cabo por los grupos paramilitares; señaló, inclusive, que
tales conductas van en contra de los estatutos y reglas de
la organización.22
Respecto de las masacres y ataques sistemáticos
contra la población civil, gran parte de los desmovilizados que han asistido a las diligencias de versión libre
han negado su participación y responsabilidad en la ejecución de estos delitos. Por ejemplo, Hernán Giraldo no
aceptó la responsabilidad en los hechos cometidos en
las fincas “Honduras” y “La Negra”, aun cuando un juez
de la República ya lo condenó a 20 años de prisión por
estos casos.
En el mismo sentido, el jefe paramilitar Ramón Isaza
continúa negando su participación en la masacre de La
Negación de los delitos más graves
Si bien ha existido una tendencia de los jefes paramilitares a justificar sus delitos por una supuesta confrontación con las guerrillas o como actos de defensa de la
comunidad, cuando se ha indagado acerca de hechos
de extrema gravedad, como la violencia sexual o las
masacres, la respuesta ha sido, en términos generales,
negativa.
En materia de violencia sexual, aunque en Colombia
el subregistro estadístico es muy grande respecto a la
realidad, varios informes de organizaciones no gubernamentales (Amnistía Internacional, 2004, p. 1) han detallado cómo los grupos paramilitares la incluyen dentro de
su accionar como una práctica sistemática. En general,
en el marco del conflicto armado este tipo de conductas
son cometidas en forma constante, muchas veces, como
una estrategia para crear un miedo abierto y, de esta manera, entrar a controlar el territorio.21
21 La Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), señora Susana Villarán, durante su visita a
Colombia, en 2005, concluyó que: “[E]l conflicto ar-
mado ha profundizado la discriminación y violencia
que históricamente han sufrido las mujeres. Las necesidades específicas de éstas todavía no reciben una
atención integral de parte del Estado colombiano y
sus voces no son efectivamente incorporadas en el diseño de políticas públicas para remediar el impacto
especial del conflicto armado en ellas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2006).
22 Vale la pena señalar que, aun después de la desmovilización, se conocen casos de violencia sexual atribuibles a los grupos paramilitares. Un caso documentado
por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) sucedió en Policarpo, departamento
de Nariño, el 29 de agosto de 2006, cuando hombres
del grupo paramilitar autodenominado “Organización
Nueva Generación” (AUC-ONG) violaron a varias
mujeres durante una de sus operaciones. Información
dada por la OACNUDH, en el marco del grupo de
trabajo de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, conformado por
la Coalición Colombia; Benposta, Nación de Muchachos; la Comisión Colombiana de Juristas; la Fundación Dos Mundos; el Comité Andino de Servicios;
el Servicio Jesuita para Refugiados; Fedes, así como
por el Ministerio Público –Procuraduría General de
la Nación y Defensoría del Pueblo–, y por agencias de
Naciones Unidas en Colombia.
79
Rochela, a pesar de que todas las pruebas existentes –incluyendo la sentencia internacional emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra
el Estado por su responsabilidad en ese hecho– comprometen seriamente su responsabilidad.
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***
En contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha consolidado un cuerpo de decretos, resoluciones gubernamentales y prácticas institucionales de
las fiscalías de “Justicia y Paz” que obstaculizan, limitan
y, en algunos casos, niegan a las víctimas, familiares y
representantes sus derechos a la verdad y a la justicia.
Se hace urgente la derogación de la normativa inconstitucional que reglamenta el proceso de desmovilización
de los grupos paramilitares y el procedimiento judicial
que les cobija, de manera que en su lugar se expida un
marco legal que cumpla plenamente los estándares internacionales y postulados constitucionales que reconocen
los derechos de las víctimas.
n_____
(2007). Informe sobre la implementación de
la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso
80
Impunidad
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del Vicecontralor General de la República en el
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Desplazamiento, Bogotá, Colombia.
81
CRÓNICA
Las víctimas del paramilitarismo:
entre luces y sombras
La historia de Manuel y Rosa es similar a la de miles de colombianos
que, acosados por la guerra, huyeron de sus tierras dejándolo todo,
hasta sus muertos. Hoy, frente a los procedimientos previstos
por la Ley de Justicia y Paz, reclaman verdad, justicia y reparación.
Manuel Henao y Rosa Carvajal fueron obligados por grupos paramilitares a abandonar San Vicente, un municipio del Oriente Antioqueño.
Fueron acusados de desarrollar trabajos comunitarios apoyados por la
guerrilla. Con seis hijos y la decisión de mantenerse unidos, dejaron todo
atrás y se fueron para Medellín. De eso hace ya ocho años. Y no han
podido volver.
De sus palabras surgen aquellos recuerdos que los llevaron a unirse
en matrimonio en 1978. Ambos comprendieron, cada uno por su lado
y luego juntos, que su vida no se limitaría a labrar el campo y criar a
sus hijos. El propósito era ayudar a sus vecinos, amigos y paisanos a
trabajar en comunidad para alcanzar aquellos pequeños desarrollos que
les mejoraran su calidad de vida. De sus iniciativas surgieron labores en
electrificación rural, mejoramiento de vivienda y construcción de caminos
veredales.
Los esfuerzos de Manuel y Rosa, apoyados por la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (ANUC), los llevaron a ser reconocidos como
líderes de la comunidad de San Vicente, pero también a ser señalados por
grupos paramilitares como cercanos a la guerrilla.
82
Crónica
Tanta capacidad de liderazgo no era posible sin esa supuesta ayuda
insurgente, señalaban los comandos paramilitares que operaban en la
subregión del Oriente Antioqueño. Por eso había que obligarlos a desplazarse. Corría el año 1999. “Nos salvamos porque me avisaron con
tiempo que estaba en la lista negra y debía desocupar el pueblo antes de
que nos asesinaran, porque era líder de la comunidad y quien nos acusó
se justificó diciendo que lo que habíamos hecho era con el apoyo de la
guerrilla”, narra Rosa.
Su historia es similar a la de casi cuatro millones de colombianos y colombianas que
han sido desplazados de manera forzada. Otros más tuvieron que afrontar la desaparición
y la muerte de algunos de sus seres queridos, asesinados tras ser acusados, injustamente,
de ser auxiliadores o simpatizantes de la insurgencia. Pero hoy, cuando los mecanismos
jurídicos han sido activados en el marco del proceso de negociación y desmovilización
que adelanta el Gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), esas
víctimas acuden a los despachos judiciales a exigir verdad, justicia y reparación.
Pero el reclamo no ha sido fácil. Animados por la vaga ilusión de escuchar que
sus parientes están vivos y pronto volverán a casa, que sus tierras les serán devueltas,
o que sobre ellos no pesa ya ninguna amenaza, cientos de familiares de víctimas de
los grupos paramilitares han asistido, casi que con fervor religioso, a las audiencias
de versión libre de los ex comandantes de las AUC ante los fiscales de la Unidad de
Justicia y Paz.
Algunas personas viajan durante pocos minutos, otras tienen que hacer largas jornadas de viaje, pero unas y otras tienen el mismo destino: llegar hasta aquellos sitios
habilitados por la Fiscalía General de la Nación para ver y escuchar a quienes tuvieron
bajo su responsabilidad grandes ejércitos ilegales, que en medio de su accionar mataron
y desaparecieron a miles de personas, en una guerra que no respetó distinciones entre
combatientes y civiles.
A esta cita llegan cargadas de esperanzas, pero también de desasosiego, de dudas,
de temor. Ser familiar de una víctima del paramilitarismo en este país no es fácil. “Me
parece que esta sociedad tiene una mirada o bien ‘miserabilista’ de las víctimas, es decir,
‘pobrecitos ellos’, o bien hay toda una mirada crítica: ‘es que están poniendo mucho problema y están enredando la cosa y no van a permitir que haya un proceso de paz’. Y aquí
la paz se pone como un horizonte en donde las víctimas tendrían que entrar a sacrificar
sus demandas, lo que ya enreda y hace más complejo el panorama”, dice María Teresa
Uribe, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y
especialista en temas de conflicto y paz.
Desde que comenzaron las audiencias de versión libre de los ex jefes paramilitares,
el 19 de diciembre de 2006, en aplicación de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia
y Paz, cientos de personas en Bogotá, Medellín y Barranquilla, los han escuchado atenta
y pacientemente, esperando que de sus trágicas narraciones afloren los nombres de sus
esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, nietos y nietas, y se enteren de una
vez por todas por qué los desaparecieron, qué pasó con ellos, si están vivos o muertos,
y si perecieron, dónde están sus restos.
En muchas ocasiones, la espera ha sido vana, pues aquellos que declaran no dan
detalles de sus acciones ni de las de sus hombres. Se limitan a justificar su guerra,
incluso ofendiendo a las víctimas, tal como lo hizo, el 7 de junio de este año, Fredy
Rendón Berrío, alias el Alemán, comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC,
cuando en medio de sus descargos ante el fiscal, las llamó “amigas invisibles”, y agregó
que aquellos que fueron asesinados eran integrantes de grupos insurgentes, “que fueron
neutralizados”.
83
Barranquilla y Medellín han vivido expresiones de apoyo, solidaridad, agradecimiento y afecto de ex combatientes y sus familias, así como de simpatizantes de la causa
paramilitar, a los ex comandantes. Ejemplo de ello ocurrió el 7 de junio de este año en
las afueras del edificio de la Justicia de Barranquilla, donde se congregó un grupo de
indígenas de las etnias koguis, arhuacos y arsarios provenientes de la Sierra Nevada de
Santa Marta, para presentarle sus saludos y respetos al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, quien comandó el Bloque Tayrona de las AUC.
Pero donde más se dieron manifestaciones masivas de apoyo a los ex comandantes
fue en Medellín. Las confesiones de Fredy Rendón Berrío, Carlos Mario Jiménez Naranjo,
alias Macaco, y de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, sobre masacres,
desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas de comunidades campesinas, negras e indígenas,
estuvieron acompasadas por nutridos grupos que, incluso, llegaron al centro administrativo La Alpujarra con papayeras, grupos vallenatos y pasacalles con frases de afecto
y solidaridad, con la permisividad de la Alcaldía de Medellín, pues en ningún momento
salió a cuestionarlos y, al contrario, les restringió el espacio a las organizaciones de víctimas que acudían al edificio de Justicia a expresar su rechazo a la guerra y a reclamar
una verdadera justicia, con verdad y reparación.
Las familias de las víctimas no sólo han tenido que soportar las masivas expresiones
festivas a favor de los ex jefes paramilitares, sino la soberbia de éstos, quienes no han
evidenciado en sus versiones mayores signos de arrepentimiento. Además, se han visto
enfrentadas a persecuciones, maltrato y a la muerte.
“Por eso es que a las audiencias públicas no hemos ido, porque no tenemos la protección que el Estado nos debe brindar, yo realmente me siento perseguida, me siento
con miedo”, explica Rosa, quien de manera abierta expresa que no le interesan las
audiencias de los ex comandantes de las AUC: “¿Sabe qué nos interesa? Que nuestras
víctimas estén muy bien, como lo están los victimarios; que tengamos derecho a lo que
verdaderamente el Estado nos tiene que ofrecer. Es que no podemos seguir así a la deriva, escondiéndonos de parte y parte, y que se nos brinde la protección debida, porque
si no nos dan protección no podemos estar ahí. A quienes van a las audiencias salen
señalados y los matan”. Y de inmediato surge el nombre de Yolanda Izquierdo, quien
murió asesinada el 31 de enero de 2007, simplemente por reclamar la verdad sobre el
despojo de tierras en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba.
Y es justamente sobre la falta de protección a las víctimas que Human Rights Watch
llama la atención: “En el país no hay una protección real para las víctimas. La ley general
dice que deben participar en el proceso, y la Corte Constitucional ha establecido una
serie de derechos que tienen las víctimas en materia de participación, pero para poder
participar realmente tienen que recibir ciertas garantías de seguridad y aún no están
dadas”, explica María McFarlan, especialista en Colombia de esta organización no gubernamental estadounidense, y de paso cuestiona al Gobierno nacional porque, a su juicio,
no hay acciones eficaces en ese sentido: “acaba de aprobar un decreto sobre protección
a víctimas, que dice, básicamente, que se va a establecer un programa y que lo van a
diseñar, pero avanza muy lentamente”.
84
Crónica
Al respecto, Rosa se pregunta: “¿Cómo se justifica que una persona que causó tanto
terror y tanta angustia y tanto dolor sea beneficiada por el Estado, mientras que nosotros, las víctimas, estemos solas, abandonadas?”. Y esta líder de la ANUC no vacila en
responder:
En Colombia no se ha establecido una ley para las víctimas, pero sí para los victimarios, a
quienes se les ha prestado más atención y se les ha brindado el apoyo necesario para ellos vivir con sus familias. A las víctimas no. Salimos desplazadas del campo, llegamos a la ciudad,
muchas veces sin conocer un semáforo, sin saber pasar una calle y analfabetas, recorremos
calles haciendo lo que nunca hemos hecho, porque nuestro entorno es el campo, nos llevan de
oficina en oficina, de investigación en investigación, y quedamos en las mismas.
Iván Cepeda Castro, uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado, e hijo del asesinado senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda
Vargas, rescata los aspectos organizativos y de visibilización de las víctimas que han
surgido en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Centra su apreciación en
aquellos avances logrados a partir del trabajo de organizaciones de derechos humanos
y de víctimas que, desde hace varios años, incluso antes de aprobarse la Ley y de que
se comenzara a hablar de verdad, justicia y reparación, adelantaron una labor de documentación de los casos, de promoción de iniciativas contra la impunidad, y de memoria
histórica; le suma a ello, las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, que han
dinamizado el proceso penal contra los ex comandantes paramilitares, las decisiones de
la Corte Constitucional tendientes a fortalecer la Ley de Justicia y Paz, y los fallos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Este proceso no se mueve sino es a partir de presiones externas a la misma Ley de
Justicia y Paz, por ello no quisiéramos que este balance quede subsumido en parte de
este proceso; reconocemos que es una parte importante, pero no es la totalidad. Esos
otros espacios han generado para las víctimas posibilidades que son muy importantes y
que forman una parte sustancial de todo el panorama”, dice Cepeda.
No obstante, el activista en derechos humanos reconoce las limitaciones que la Ley
le impone a las víctimas: “La participación de las víctimas en las audiencias es todavía
mínima, porque no se han creado las condiciones de infraestructura ni de transporte para
que miles de personas puedan acceder a estas instancias, pero además porque existe
una grave falta de garantizar el derecho a la protección y a seguridad, así como el hecho
de que la defensa legal sea inexistente, desproporcionado entre abogados y asesores
legales para el universo de víctimas existentes”.
Además, resalta que pese a las evidencias sobre las reiteradas violaciones de la
Ley de Justicia y Paz por parte de los ex paramilitares, aún no se genera ningún tipo de
medidas sancionatorias, sólo se han impuesto algunas acciones de segundo orden, como
por ejemplo el traslado de cárcel, pero lo sustancial, que ha sido contribuir al desmantelamiento del grupo, entregar bienes de manera significativa y contribuir a la verdad,
ha sido un permanente forcejeo en el que los paramilitares se callan los aspectos más
importantes de la verdad.
85
Manuel, el campesino de la ANUC, intuye qué se silencia: “El paramilitarismo en
Colombia no es representado por los victimarios, por los que masacraron a la gente,
esos son los peones de la guerra. Los verdaderos promotores del paramilitarismo están
en la sombra, hay empresas, industriales, que apoyaron eso y nadie se ha atrevido a
denunciarlos”.
La reflexión de este labriego antioqueño le sirve a Cepeda para expresar su preocupación por lo que él llama “el significado y el sentido de los hechos del paramilitarismo
en Colombia”. A su juicio, el país ya no necesita una elaboración cuantitativa de hechos.
“Está claro que los paramilitares asesinaron y desaparecieron a miles de personas, por
eso sentarse ante un fiscal con una lista de nombres no es la revelación de la verdad. La
verdad debe consistir en entender el significado y el sentido que han tenido sus acciones,
aquí no es un problema de descripción de los hechos criminales sino de entender su lógica. Es allí donde se revelaría realmente la historia del paramilitarismo en Colombia”.
Cepeda señala que desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se le ha propuesto a la Fiscalía General de la Nación aplicar en sus investigaciones el modelo propio de los crímenes de lesa humanidad. La idea es darles un carácter
sistemático a los crímenes que se están revelando con el fin de desarrollar patrones
metodológicos de investigación que permitan revelar, más allá de hechos puntuales y
aparentemente inconexos, la verdad sobre el paramilitarismo y, en particular, la verdad
acerca de sus gestores y beneficiarios reales.
En ese sentido, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha insistido en que
las contadas revelaciones sobre la responsabilidad de terceros que no están incluidos
dentro de la Ley de Justicia y Paz deberían ser investigadas, entre ellos los militares,
miembros del alto Gobierno, y también de empresarios, terratenientes y ganaderos.
Para llegar allí es importante la fase siguiente a las audiencias de versión libre, que
consiste en los interrogatorios de los fiscales. Ahí es donde solicitamos que interroguen
de manera clara y exhaustiva, y se hagan preguntas con el modelo de investigación propuesto, para que las víctimas puedan conocer las causas y los beneficiarios del accionar
paramilitar”, precisa Cepeda.
Cepeda insiste en que los fiscales deben ser exhaustivos en aclarar cuáles son las
estructuras financieras de las empresas criminales creadas por los paramilitares, dónde
están invertidos los capitales, qué ha pasado con las tierras usurpadas y cuáles son
las nuevas modalidades de testaferrato. “Si esa maquinaria queda intacta, se generan
condiciones para que estos sectores que han ejercido la violencia y no muestran ningún
arrepentimiento vuelvan a repetir”, sentencia Cepeda.
Pero en ese panorama aparece una propuesta cuestionable: la reparación de las
víctimas por vía administrativa, presentada en mayo pasado por la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación como una medida eficiente para retribuirles a las víctimas
sus pérdidas humanas y materiales de una manera más ágil, pues por la vía judicial será
un proceso demorado. El temor sobre la reparación administrativa es que podría dejar
por fuera cualquier discusión sobre la usurpación, robo y compra a bajo precio de tierras.
86
Crónica
Si se aplica con un criterio monetario e indemnizatorio, se convertiría en un mecanismo
de impunidad.
“Reconocemos que muchas víctimas viven una situación económica muy difícil, pero
el problema es que la reparación por vía administrativa suplante o niegue cualquier
investigación de fondo sobre el poder económico de los paramilitares”, afirma Cepeda y
advierte que el actual proceso “no generará condiciones de no repetición satisfactorias si,
al final de él, los paramilitares y sus aliados terminan con sus riquezas intactas”.
Mientras que las discusiones judiciales, administrativas y políticas se suceden una
tras otra, personas como Manuel Henao y Rosa Carvajal esperan volver a su pueblo a
continuar trabajando en la dignificación de la vida campesina. Hoy, su vida, como la de
miles de víctimas, se mantiene en un claroscuro, pero todos sueñan con la luz al final del
túnel, a donde esperan llegar con vida. Esa debe ser la recompensa a tanto dolor.
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Alberto
El enfoque de los Objetivos del Milenio (ODM) ha sido utilizado
en Colombia de manera perversa, como si se tratara
sólo de reemplazar la política social por un programa de asistencias
mínimas para mantener a los pobres en los niveles básicos
de la subsistencia biológica, pero sin garantizarles acceso integral
a todos los niveles de los derechos humanos básicos
y sin poner en cuestión la injusticia del sistema de desigualdad
en su conjunto.
Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso pleno a los
Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales (DHESC), de todos
los ciudadanos y ciudadanas, sin ningún tipo de discriminación, por el
solo hecho de ser personas, mas no por ser pobres o haber sido clasificados en situación de extrema pobreza. Las metas sociales contenidas en la
Declaración del Milenio,1 conocidas como Objetivos del Milenio (ODM),
cuya intención es desarrollar acciones contra la pobreza de los sectores
víctimas del modelo económico y social imperante en los últimos años, no
reemplazan las obligaciones generales y, por el contrario, tienen sentido
en cuanto signifiquen compensaciones adicionales a los sectores más
pobres de la población, que los habiliten para ejercer, en pie de igualdad,
el goce pleno de sus derechos humanos sociales.
Como prestaciones suplementarias que buscan garantizar lo mínimo
de lo mínimo2 a los sectores más rezagados de la sociedad, los ODM fue-
* Coordinador Campaña Colombia sin Pobreza, investigador de la Asociación de Trabajo
Interdisciplinario (ATI), organización integrante de la Coordinación Nacional de la
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
1 “En el año 2000, en el marco del período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio,
del 6 al 8 de septiembre, que reunió a 191 países, representados por sus
más altas autoridades, incluyendo a 147 jefes de Estado y de Gobierno.
En esta Cumbre se adoptó la Declaración del Milenio.” (Programa de
las Naciones Unidad para el Desarrollo, s.f.).
2 Así concebidos, los ODM son un conjunto de asistencias sociales mínimas que buscan aliviar la penosa situación de los sectores más pobres
en el mundo, los cuales, sin embargo, al estar formulados por debajo
de los estándares mínimos, establecidos desde hace más de 40 años
89
ron acordados en una dimensión muy restringida, limitada y minimalista de la asistencia social a los pobres,
con el fin de que pudieran ser alcanzados incluso por los
países más empobrecidos y de menos recursos, como los
países del África Subsahariana. Pero, en América Latina y
sobre todo en países clasificados como de ingreso medioalto como Colombia, estos objetivos resultan claramente
insuficientes y limitados, y en ausencia de coberturas
universales de la política social representan un marco inadecuado para luchar eficazmente por la eliminación de
la pobreza. De ahí que la misma Declaración del Milenio
obligue a los países firmantes a adaptar sus metas –a
partir de este piso mínimo– a los niveles de desarrollo
alcanzados, a los recursos disponibles y a las condiciones
sociales de su propia población.
Es decir, los ODM no suplen, ni sustituyen las obligaciones internacionales y constitucionales que el Estado colombiano tiene con el logro y la garantía plena
de los DHESC, ni eximen de avanzar progresivamente y
con eficacia para su cumplimiento y garantía para todos y todas. Un Estado que no ha tenido la voluntad
para garantizar a gran parte de la población ni siquiera
los niveles mínimos esenciales de los DHESC, y que ha
sido señalado reiteradamente en distintas instancias de
las Naciones Unidas por incumplir obligaciones esenciales asumidas en virtud del Pacto Internacional que
los consagra,3 no puede utilizar el pretendido compromiso con los ODM para desmontar las garantías básicas que en esta materia se han logrado,4 y al mismo
tiempo presentarse nacional e internacionalmente como
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, constituyen un retroceso frente
a compromisos anteriores.
3 Se hace referencia principalmente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), ratificado por Colombia mediante Ley 74
de 1968.
4 Tal y como se ha venido haciendo, por ejemplo, con
el reciente recorte de las transferencias, que disminuyó la fórmula que la Constitución de 1991 consagraba para la provisión de algunos derechos sociales,
con la reforma tributaria y las innumerables privatizaciones de grandes empresas sociales del Estado,
como Telecom, el Instituto de Seguros Sociales (ISS)
y Ecopetrol.
90
Derechos económicos, sociales y culturales
el país campeón en el cumplimiento de las Metas del
Milenio.5
El uso perverso y antisocial de los ODM
Los objetivos de la Declaración del Milenio tienen que ver
con la disminución a la mitad de la pobreza extrema y el
hambre; garantizar agua potable a la mitad de la población que no la tiene; educación, pero únicamente hasta el
nivel primario; promover la igualdad de género, pero sólo
en lo que respecta a cobertura paritaria de educación;
reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de
los niños y las niñas menores de cinco años, y en tres
cuartas partes la tasa de mortalidad materna; combatir y
evitar la propagación de enfermedades como la malaria,
la tuberculosis y el VIH/sida; promover la incorporación de
los principios del desarrollo sostenible; y lograr una “alianza mundial para el desarrollo” con algunos compromisos
financieros y comerciales entre países ricos y pobres.
A primera vista, estas metas parecen un logro frente
a la realidad de exclusión e injusticia globalizada, pero,
en verdad, la Declaración se rige por una perspectiva
de mínimos, de modo que las políticas sociales puedan seguir siendo asumidas en una lógica legitimadora
y compensatoria de los daños inevitables que producen
las políticas económicas, cuando éstas se sostienen en
el modelo de organización global que prioriza al mercado como regulador del acceso a los bienes básicos. Así,
los ODM permiten continuar con las políticas de ajuste
macroeconómico en los países en desarrollo, sin poner
en cuestión las causas que generan y amplían la desigualdad, y reproducen las dinámicas de concentración
económica neoliberal.
Éticamente, no es sostenible una interpretación de
la Declaración que admita que existiendo recursos sufi-
5 En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de septiembre de 2007, el presidente
Uribe afirmó: “tenemos tres objetivos de Gobierno:
consolidar la seguridad democrática, consolidar la
confianza inversionista y lograr nuestro programa social, más ambicioso que las metas de los Objetivos Sociales del Milenio, que aspiramos a cumplir antes de
la fecha prevista por las Naciones Unidas” (Semana.
com, 27 de septiembre de 2007).
cientes en la humanidad para solucionar el hambre y la
pobreza en el mundo, sólo se busque aliviar a la mitad de
la gente que las padecen hoy, y que la otra mitad pueda
morir de hambre o de sed, más aún, cuando instancias de
Naciones Unidas afirman que la producción potencial de
alimentos en el planeta tiene capacidad para abastecer a
12 mil millones de seres humanos,6 es decir, al doble de
la población mundial, quedando claro que el problema del
hambre y la pobreza no depende de la escasez, sino de
la distribución injusta, es decir, no es un asunto de carencias, sino de falta de voluntad política y conciencia ética.
Coherente con esa lógica de mínimos, el Estado colombiano, que suscribió la Declaración en 2000, ha visto
en la promoción de los ODM la mejor coartada para reducir y desmontar sus obligaciones frente a la realización de
los derechos sociales. Por medio del Consejo Nacional de
Política Económica y Social (Conpes), el Gobierno lanzó
el Documento Conpes 091 de marzo de 2005 como el
plan estratégico para cumplir las Metas del Milenio,7 el
cual aparece con cinco años de retraso frente a lo pactado internacionalmente, ya que las medidas para poner
en práctica tales compromisos debieron ser implementadas desde 2000, fecha de adopción, y estipuló 15 años
para su cumplimiento. Incluso, decidió apartarse del
compromiso universal de lograr tales metas al año 2015,
corriendo la fecha al año 2019, para, según su visión
provincial, hacer coincidir los logros con la celebración
del II Centenario de la Batalla de Boyacá, para lo cual
incluyó las metas sociales de los ODM en el documento
denominado Visión 2019 - Segundo Centenario.
Paralelamente, diseñó y puso en funcionamiento algunos programas asistenciales de transferencias de subsidios condicionados a una parte de la población definida
6 El Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho
a la Alimentación, Jean Ziegler, ha expresado que “El
hambre no es inevitable, porque el planeta tiene capacidad para producir alimentos que aporten 2.100 kilocalorías por día a 12.000 millones de personas, el doble
de la población mundial actual. Lo que se requiere es
un compromiso político para poner fin a las injusticias
y la corrupción, que hacen a los pobres más pobres y a
los ricos más ricos. Necesitamos soluciones políticas, y
no complicadas soluciones técnicas” (cfr. Raja, 2005).
7 DNP-Conpes Social (2005).
previamente como en situación de extrema pobreza. La
Red Juntos para la Superación de la Pobreza Extrema,8
presentada como eje de la estrategia nacional para el
cumplimiento de los ODM, es un plan basado en subsidios, de por sí precarios, para 1.500.000 familias,
distribuidos a través del Programa Familias en Acción.9
Las metas del Programa prevén que de este número de
familias que van a ser atendidas durante el cuatrienio,
un 80% deberán “egresar” del Programa en el mismo
período. Aunque no se especifica muy bien qué quiere
decir con ello, puede suponerse que si el Programa está
destinado a la población en pobreza extrema, “egresar”
puede significar algo así como “graduarse” y pasar a ser
simplemente pobre o pobre a secas y engrosar la alta
porción de la población colombiana que constituye el resto de los pobres extremos no seleccionados; los pobres
moderados, los trabajadores y las capas medias, que
suman casi el 60% de la población colombiana, y que
tendrán que arreglárselas por su cuenta, adquiriendo en
el mercado los servicios y derechos sociales que antes
estaban en cabeza del Estado, y para cuya financiación
la Constitución de 1991 había establecido una fórmula
de participación progresiva, que hoy ha sido desmontada
por la reforma constitucional al Sistema de General de
Participaciones.10
Para que el cuadro fuera completo, el Gobierno contrató, a un elevado costo económico, a un grupo de téc8 Departamento Nacional de Planeación (2007a).
9 A partir del año 2007, el monto de los subsidios condicionados que Familias en Acción entrega cada dos
meses a las familias beneficiarias seleccionadas es $100
mil para nutrición por familia, $30 mil por niño para
educación en primaria y $60 mil para secundaria (Libro Blanco de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia de Bogotá, 2007).
10 Hoy existen 600.000 Familias en Acción y la meta
gubernamental es alcanzar 1.500.000 familias. Para
ello se tiene proyectado manejar un presupuesto para
el programa de Familias en Acción y conexos de 18,7
billones de pesos en el cuatrienio, que corresponden
justamente a los cerca de 5 billones de pesos anuales
que se han sustraído a las regiones mediante la reforma constitucional que traslada los recursos de transferencias por salud y educación a la bolsa para la política
social, gestionada ahora desde una agencia de manejo
directo de la Presidencia de la República.
91
nicos de clara orientación neoliberal, a los que denominó
“Misión para el Diseño de una Estrategia de Reducción de
la Pobreza y la Desigualdad”,11 con el cometido de diseñar una metodología que pudiera demostrar –contra toda
evidencia– que la pobreza se habría reducido de manera
acelerada desde comienzos del actual gobierno. Producto
de sus “estudios”, la Misión estableció que la pobreza se
habría reducido un 19,1% entre 2002 y 2006, de modo
que ahora solo el 45,1% estaría en tal situación, en tanto
que el porcentaje de personas en situación de pobreza
extrema se habría reducido casi a la mitad en los últimos
cuatro años, al pasar del 22% al 12% de la población.12
Esta última fracción sería la afortunada beneficiaria de
los subsidios condicionados de Familias en Acción; claro
está, si las familias allí incluidas tuvieren la suerte de
ser seleccionadas como beneficiarias de los programas
oficiales.
La interpretación amañada de la Declaración del Milenio realizada por el Gobierno colombiano no consiste
solamente en utilizar el piso mínimo de los compromisos
como meta máxima a lograr, sino que, peor aún, en varios de los ODM asumidos ni siquiera se respeta el mínimo formulado. Por ejemplo, en cuanto a las metas sobre
educación, persiste la negativa del Estado colombiano a
cumplir con la obligación de garantizar a los niños y las
niñas educación básica de manera gratuita y con calidad,
siendo el único país en la región que aún no la ha satisfecho. Este Gobierno, con su insistencia exclusiva en la
cobertura y en la reducción de costos, ha llevado a que
la educación que se ofrece en Colombia esté entre las de
peor calidad en el mundo, como lo acaba de revelar una
evaluación de la OCDE, en la cual Colombia ocupó el
puesto 53 entre 57 países seleccionados (eltiempo.com,
2007, 4 de diciembre).
Otro tanto se evidencia en la formulación de la Estrategia Nacional de Salud. Las metas señaladas se encuentran muy por debajo del compromiso acordado: con
respecto a la salud de las mujeres, la meta del milenio
de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes
(75%) fue planteada por debajo de la mínima, proponién11 Departamento Nacional de Planeación (2007b).
12 Misión para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (2007).
92
dose solamente reducir en un 55% este indicador para el
año 2015.13 Más grave aún es la situación en cuanto a
la prevención y atención del VIH/sida, por cuanto la meta
de detener y comenzar a revertir la propagación de esta
epidemia se formuló mediante un objetivo nacional que
no refleja ninguna disposición para detener su expansión.
En efecto, partiendo de un nivel de referencia de 0,4%
de prevalencia de VIH/sida entre la población en el año
1990, lo que se propone es que no supere el 1,2% en
la población de 15 a 49 años,14 es decir, tres veces la
proporción inicial, con lo cual, en realidad, se tendría en
el año 2015 un verdadero problema nacional de salud
pública.
A la anterior situación se llega después de apreciar
que el Objetivo del Milenio para la cobertura nacional
de antirretrovirales solo se aumentará en un 15% para
el año 2010 y en un 30% para el año 2015. La razón
–aunque el documento no lo dice– está en los impactos
que en el acceso a los medicamentos esenciales tendrán
tanto la firma del TLC con EE. UU. como el Acuerdo de
Asociación Económica con Europa. En un país donde cerca del 40% de la población no tiene afiliación al sistema
de salud, y donde sólo se ofrece medicamentos a uno
de cada 10 de los 240.000 infectados de VIH/sida,15 y
en un contexto en donde entre el 50% y el 90% de los
medicamentos es pagado del bolsillo del consumidor, el
encarecimiento de los precios de los medicamentos –que
se calcula en un 250% como consecuencia de la entrada
en vigencia del Tratado de Libre Comercio–,16 los costos
económicos en salud y en vida para la mayoría de la
población serán la contrapartida del gran negocio para
las multinacionales farmacéuticas.17 Como consecuen13 La mortalidad materna pasará de 100 por cada
100.000 nacidos vivos en 1990 a solo 45 por 100.000
nacidos vivos y no a 25 por 100.000 (75% de reducción), como era el compromiso (DNP-Conpes Social,
2005, p. 21).
14 DNP-Conpes Social (2005, p. 24).
15 El Tiempo (2004, 2 de mayo, Editorial).
16 Holguín (2004, p. 6).
17 Las pérdidas para el país por la entrada en vigor de las
normas sobre patentes en el TLC con Estados Unidos varían desde los 750 millones de dólares anuales,
según cálculos de Fedesarrollo (2003) hasta los 940
cia, 7 millones de afiliados al sistema de salud perderían
el acceso a los medicamentos y los servicios de salud,
y 4.400 enfermos de sida cada año perderían el acceso
a los antirretrovirales, lo que causaría su muerte en un
lapso promedio de cinco años (Holguín, 2005, 12 de
junio).
Las metas del Gobierno para los ODM ni siquiera acogen las denominadas quick wins (ganancias rápidas) que
el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas formuló
para garantizar criterios básicos de aplicación de las metas que permitieran avanzar rápidamente en su consecución, y tener indicadores controlados para su avance.18
Su formulación ha sido utilizada, incluso, para hacer
propuestas que lesionan los intereses de los pobres y las
mayorías en Colombia, como el Proyecto Visión Colombia
2019, que, en realidad, constituye una estrategia propagandística para la reconfiguración económica y social
del país, buscando hacerlo atractivo a los inversionistas
internacionales, las élites económicas, los ganadores con
los tratados de libre comercio, los dueños de los agronegocios y los nuevos sectores recién llegados a la vida legal después de lavar sus activos, aprovechando el marco
del proceso de negociación con el paramilitarismo.19
millones de dólares, según estudios de la Organización Panamericana de la Salud (citado por el director
general de Misión Salud Germán Holguín (2005, 12
de junio).
Desarrollo para pocos
El Gobierno nacional ha declarado que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado Comunitario:
Desarrollo para Todos”, se caracteriza, ante todo, por un
gran énfasis en lo social. Desde el discurso de posesión
para su segundo período, el presidente Uribe viene declarando que el nuevo mandato será el del corazón grande
(acento en lo social), ya que en el primer periodo puso el
acento en la mano firme (prioridad en seguridad). Para
poner a latir el “corazón grande”, el Plan de Desarrollo
anunció que los resultados principales en materia de reducción de la pobreza se obtendrán de la combinación de
la estrategia de crecimiento económico con las políticas
asistenciales focalizadas.
Es la aplicación de la teoría del goteo, según la cual
los pobres reciben cuando la prosperidad económica
hace caer migajas de la mesa de quienes se benefician
de la acumulación del crecimiento económico, cuando
su copa rebose de abundancia. En efecto, se plantea que
“una premisa fundamental de este plan es que el crecimiento económico es precondición para la superación de
la pobreza”. Es decir, la estrategia principal para reducir
la pobreza es el crecimiento mismo. La disminución de
la pobreza, en esta concepción, vendría como un efecto
colateral del aumento del crecimiento económico.
18 La primera de estas quick wins, referida a la garantía
de la educación gratuita, urge a los gobiernos a “eliminar gastos escolares y de uniformes, para lograr que
todos los niños, especialmente las niñas, no queden
por fuera de la escuela por la pobreza de sus familias” (Cfr. UN Millenium Project, 2005, p. 26). En
contravía de esta prescripción, Colombia es ahora el
único país del continente en donde todavía se imponen cobros por la educación básica a los niños, luego
de que Nicaragua y Bolivia eliminaran recientemente
dichas tarifas.
Esta formulación presenta varios inconvenientes: en
primer lugar, desconoce que el crecimiento económico
reciente en Colombia es altamente concentrador, excluyente y especulativo, como lo demuestra el hecho de
que los sectores que actualmente jalonan el crecimiento
–construcción, transporte, telecomunicaciones, importaciones y minería– están concentrados, generan muy poco
empleo y son representados mayoritariamente por consumos suntuarios –construcciones lujosas, casa de recreo,
importaciones de vehículos–, o por la configuración de
una economía mafiosa que aprovechó la negociación con
19 Estos sectores latifundistas buscan así la legalización de
los capitales ilícitos, de los recursos del narcotráfico y
de las tierras acumuladas mediante el despojo a más de
3,5 millones de desplazados a través de su dedicación
a negocios prósperos y atractivos para la comunidad
internacional, como los agronegocios, la especialización del país en agrocombustibles, la exportación de
biodiversidad, bosques, recursos mineros, privatización de las aguas, y la configuración de una economía
neocolonial de enclaves exportadores en medio de una
masa de población cada vez más empobrecida, dócil,
sometida y controlada mediante el terror y los mecanismos de control social previstos en las estrategias de
la seguridad democrática. Para un mayor análisis en
este punto, véase en esta publicación, González Posso,
Camilo. ¿Desmonte del narcoparaestatismo?
93
los grupos paramilitares para legalizar los patrimonios y
riquezas obtenidos ilegalmente y ahora reciclados en la
economía legal.
En segundo lugar, la dependencia de las metas de
reducción de la pobreza de los avances en el crecimiento
económico constituye un verdadero sofisma, en el que ya
cada vez se cree menos. En la crisis de 1997, Colombia
fue el único país de América Latina que creció a tasas
positivas de manera constante durante 60 años, y, sin
embargo, en todo este período, la pobreza jamás se redujo por debajo del 50% de la población. Por el contrario,
sirvió para concentrar el crecimiento en las élites económicas de manera tan abismal que se configuró como uno
de los países en donde la brecha económica entre ricos y
pobres es una de las más elevadas del mundo.
El argumento sine qua non del crecimiento económico para eliminar la pobreza es contrafáctico y, a pesar
de la retórica enunciada, el Plan de Desarrollo no tiene
una estrategia para ello. Si bien el documento señala que
“la estrategia de lucha para la superación de la pobreza
extrema, pilar de la política social durante el cuatrienio
2006-2010, es una estrategia para llevar todos los instrumentos de política social a un universo amplio, 1,5
millones de familias, para reivindicarlas, y para que logren evadir las trampas de pobreza en las cuales se encuentran”, no hace referencias adicionales sobre cómo
afrontar los asuntos de “la pobreza”, sino que se limita a
“la pobreza extrema”, es decir, a la situación de aquellas
personas a quienes los impactos del modelo y la concentración de la riqueza los ha obligado a funcionar socialmente con ingresos por debajo de los requerimientos
mínimos para la subsistencia humana.
La compensación monetaria que hace el Estado con
los subsidios no está remediando los daños irreparables
que el modelo económico viene haciendo sobre la salud,
en los planes de vida o en las expectativas vitales de las
personas más necesitadas. Mientras se atiende a un grupo de gente focalizada como pobres extremos, se pone
en riesgo de pobreza a todo el resto de la población, a la
que no es considerada como extremadamente pobre y a
la gente de las capas medias. Ciertamente se atiende a
la pobreza extrema, pero se multiplica el riesgo de la pobreza en la sociedad. Pero incluso frente a este numeroso
94
sector de la población, no se plantea su atención universal mediante una apuesta por la erradicación o superación de sus necesidades, sino solamente una estrategia
de “reducción”.
La Corte Constitucional señaló recientemente, con
respecto a los indicadores para la atención de la población desplazada, que una política que solo busque mantener a los más vulnerables por encima de la línea de
indigencia o pobreza extrema, pero por debajo de la línea
de pobreza, es violatoria de los mandatos constitucionales. Esto se aplica a todos los supuestos con base en los
cuales se ha construido la estrategia nacional para los
ODM, lo cual permite plantear juicios sobre su inconstitucionalidad.
Por otro lado, las políticas en lo social puestas en
marcha por el actual Gobierno son de corte regresivo y
han llevado a un enorme desbalance entre los fondos de
acumulación del capital y los fondos sociales del consumo, a favor de los primeros. Como consecuencia de la reforma laboral establecida al comienzo del primer período
presidencial, los trabajadores sufrieron pérdidas superiores a los 2,1 billones de pesos entre 2003 y 2006, ocasionadas por la ampliación de la jornada laboral diurna
hasta las 10 p.m., y la reducción en el costo de las horas
extras diurnas y nocturnas y de los dominicales y festivos
(eltiempo.com, 2007, 18 de octubre). Las políticas en
contra de los trabajadores adoptadas en los últimos años
han conducido a la desaparición de la relación salarial,20
lo que se expresa en una disminución de la proporción de
los trabajadores asalariados frente a los independientes,
en un deterioro de los ingresos laborales, aumento de
la informalidad y expansión de la contratación temporal
(Giraldo, 2007, p. 255).
En un país cuyo crecimiento económico ha sido elevado en los últimos años, llegando en 2006 al 6,8% y en
los primeros nueve meses de 2007 al 7,35%,21 y en don20 La participación de los salarios en el total del ingreso
nacional ha disminuido de un 35,5% del PIB en el
año 2000 a un 34% en 2005, evidenciando no solo
el empobrecimiento de las clases que viven del trabajo sino un despojo y concentración de ingresos en las
clases que viven de las rentas (Cfr. Sarmiento, 2006).
21 eltiempo.com (2007, 21 de diciembre).
de los recaudos tributarios se han incrementado ostensiblemente, resulta cuestionable que el “Desarrollo para
Todos” tenga metas tan limitadas y excluya a amplias
porciones de la población colombiana. En contraste, los
beneficios del sector financiero y de las grandes empresas nunca habían sido tan enormes como en los últimos
cinco años,22 desvirtuando de manera clara las afirmaciones oficiales de que el crecimiento económico y las
políticas asistenciales “no solo han reducido la pobreza
sino también la desigualdad económica”.23
La disputa por el control social de los pobres
La Constitución de 1991 había logrado las bases de un
pacto para la gestión democrática de la política social,
mediante el cual la atención a las necesidades sociales
de la población se hacía por medio de las mismas comu22 En 2006, los ingresos operacionales de las 100 más
grandes empresas crecieron un 22% y llegaron a la astronómica suma de 145 billones de pesos. Un informe
económico expresó que “2006 fue un año excepcional
para las 1000 empresas líderes del país”, al punto que
“ninguno de los dueños de las empresas más grandes de Colombia pensó que los resultados fueran a
ser tan sorprendentes” (Semana.com, 1304, 2007, 28
de abril). Un año antes, otro estudio informaba que
“2005 pasará a la historia como un año de excepcionales ganancias para las empresas líderes del país”, pues
“las ventas de las 1.000 compañías más grandes de
Colombia aumentaron 16 por ciento y sumaron 217
billones de pesos. Esto equivale al 76 por ciento del
producto interno bruto, o sea, tres cuartas partes del
total de la producción del país” (Semana.com, 1251,
2006, 22 de abril).En el año 2005, las utilidades del
sector financiero fueron de 5,5 billones de pesos, “las
mejores utilidades de su historia”, según la Revista Semana, situación que al compararla con las enormes
desigualdades, llevó a que “los obispos colombianos
hasta tildaron al sector de indolente” (Semana.com,
1251, 2006, 22 de abril). La concentración de riqueza
en manos del sector financiero sigue actualmente en
su mejor momento, pues para el año 2007 “las utilidades acumuladas del sistema financiero consolidado
entre enero y octubre alcanzan un monto de $7,82
billones, lo que significa un aumento de $556.000
millones respecto al mismo periodo del año anterior”,
según un reciente informe de la Revista Dinero (2007,
27 de noviembre).
23 Véase en esta publicación: López Montaño, Cecilia.
Un modelo pro rico.
nidades locales, quienes, autónomamente y con escasa
intervención de las autoridades nacionales, definían sus
prioridades y ordenaban los gastos correspondientes. Se
acordó que las políticas sociales, sobre todo en materia
de provisión de agua potable, saneamiento básico, salud y educación, serían competencia de los municipios y
departamentos, mediante la transferencia a éstos de un
porcentaje creciente de los tributos que la Nación recaudaba, con base en los principios de descentralización,
participación ciudadana, transparencia e injerencia mínima de los ejecutivos nacionales. De este modo, cerca
del 85% de los recursos para atender servicios sociales
fueron administrados en el pasado reciente por los entes
territoriales.
Exaltado por la popularidad que le reportan los consejos comunales y el realce de su protagonismo a través
de la distribución directa de partidas para atender gastos
sociales,24 el Presidente vio en la propuesta de Estado
comunitario, aprobada ahora como nuevo Plan Nacional de Desarrollo, una oportunidad para disputarles a
los mandatarios locales y a las entidades territoriales el
manejo del gasto social y atención de las necesidades
sociales de los pobres. La Reforma Constitucional recientemente aprobada le permitió entonces apoderarse
de las transferencias que, de acuerdo con la Carta Magna, les correspondían a los municipios y departamentos,
para ahora manejarlas directamente desde el trono presidencial.
La implementación del Acto Legislativo 04 de 2007,
que reformó nuevamente la fórmula de distribución de
las transferencias de la Nación a los entes territoriales,
conlleva una pérdida para su garantía de entre 66,2 billones de pesos25 a 76,6 billones26 de pesos entre 2008
y 2016. Por una anterior reforma, los entes territoriales
habían dejado de recibir más de 16,5 billones de pesos
en el período 2002-2008 para financiar los gastos de sa-
24 Por ejemplo, asignando cupos en el Sisben, subsidios
de Familias en Acción, cupos en el SENA, construcción de escuelas, arreglo de vías, canalización de quebradas, subsidios alimentarios y desayunos escolares
del ICBF, etc.
25 Avellaneda (2007).
26 Ramírez (2006).
95
lud, educación, agua potable y saneamiento básico, según informes de la Federación Colombiana de Municipios
(Toro, 2006). Este recorte significa que más de 5 billones
de pesos anualmente les son despojados a los municipios, para ponerlos en manos del Gobierno nacional a
través de la Agencia Presidencial de Acción Social, que
por medio del Programa Familias en Acción distribuirá
de manera centralizada subsidios por un valor de 18,7
billones de pesos durante el cuatrienio.
Como en todo caso los recursos para subsidios para
gastos de educación, salud y alimentación son escasos y
la cobertura insuficiente, los millones de pobres terminan
compitiendo entre sí para mostrar quién es más miserable, mientras detrás de ellos se fortalece un red clientelar de proveedores y políticos que se benefician en las
urnas de la inscripción o continuidad de una familia en
el Programa. Esta perversa dinámica también acrecienta
los problemas de discriminación. Ser pobre y destinatario
de ayuda estatal va creando un estigma y a la larga un
sentimiento de humillación pública. Los beneficiarios de
Familias en Acción deben estar demostrando permanentemente su condición de miseria para no ser retirados
del Sisben.
Por otra parte, la estrategia de focalización está diseñando unos servicios especiales para los pobres que
los alejan del núcleo de servicios que se ofrecen para
el resto de la población. Las familias en pobreza extrema terminan siendo perjudicadas porque reciben los
peores servicios: por ejemplo, se ven obligadas a incorporar a sus niños en programas residuales de cobertura educativa diseñados para pobres que empiezan en
abril y terminan en octubre,27 reciben pésimos servicios
27 En municipios del departamento de Putumayo se está
implementando el programa departamental “Sendero Futuro”, que al parecer se basa en la prestación de
los establecimientos de educación pública a organizaciones no gubernamentales (ONG) para que, previo
desembolso de una gran cantidad de recursos económicos, les brinden educación a personas desplazadas.
Según los maestros y las maestras, por un lado, se está
privatizando la educación, pues los recursos no van
para los programas públicos sino a uno privado, y, por
el otro, detrás de dicho programa hay casos preocupantes de corrupción entre los actores privados y la
96
en centros de salud con graves problemas de abastecimiento de medicamentos y acceden a alimentos de
baja calidad.
Además, un requisito es que los beneficiarios se integren a estructuras corporativas, bajo el control directo
de una red de “gestores sociales” (padrinos de tales familias) que les definen y les monitorean sus “planes de
vida”, constituyendo, así, una presión permanente para
que, por un lado, “egresen” o se “gradúen” del Programa,
con la idea de que el Estado no es responsable por su pobreza, sino que deben ser ellos quienes, por sus propios
medios, la superen, y, por el otro, generen y manifiesten
adhesiones y apoyo condicional a los miembros del grupo político que los inscribió o les ha permitido continuar
como beneficiarios del Programa.
Estos mecanismos sutiles de control social que crean
una sensación de dependencia de la caridad oficial y de
gratitud por las limosnas institucionalizadas terminan
por convertirse en el medio más potente para legitimar
el incremento de poder político de un régimen, así este
sea antidemocrático.28 El agradecimiento y adhesión que
genera la recepción de subsidios termina sustituyendo el
elemento de exigibilidad, de certeza y de merecimiento
universal que es consustancial a la garantía legal y constitucional del derecho.
La inconstitucionalidad de esta política se destaca
cuando se suplanta el régimen de derechos, al proponer una estrategia que desmonta los componentes más
universales de la política social y los sustituye por la irrigación masiva de subsidios focalizados, distribuidos discrecionalmente por el Ejecutivo. El cambio de derechos
universalmente garantizados y asignados con participación y control de las regiones y comunidades locales, por
subsidios focalizados que instrumentalizan las carencias
y necesidades de los más vulnerables para subordinarlos
políticamente y configurarlos como potenciales clientes
administración departamental.
28 La estrategia ya había sido ensayada en el Perú durante la dictadura de Fujimori y le reportó altos niveles
de popularidad y aceptación entre las capas más empobrecidas de la población, que fueron la base para sus
sucesivas reelecciones.
de estrategias políticas, es el paso final para el desmonte
definitivo del Estado social y democrático de derecho y
su sustitución por un régimen autoritario, en donde la
política social y el presupuesto están exentos de reglas y
de intervención ciudadana.
***
La “nueva fase de la guerra” anunciada mediante la formulación de la Fase II del Plan Colombia, cuya estrategia
operativa es la denominada “recuperación social del territorio” e implementada a través de la Doctrina de Seguridad Integral (DAI), constituye de hecho un desmonte
de los principios del Estado de derecho y una renuncia a
la búsqueda de la paz y la convivencia por la vía negociada. Por el contrario, dicho Plan alinea las prioridades
nacionales con los intereses estratégicos de los Estados
Unidos, mediante el pretexto de identificar los objetivos
de la lucha contra las drogas con la estrategia de la lucha
contra el terrorismo.
activa para que la lucha por una gestión democrática de
las políticas sociales y la superación de la pobreza, sobre
la base de la extensión y garantía universal de los derechos sociales, reconstruya las bases del Estado social de
derecho como marco en el cual la paz, la convivencia
y la justicia social puedan ser la base para la construcción de una sociedad democrática basada en valores de
igualdad, participación y control social de los ciudadanos
sobre las decisiones de sus gobernantes.
En este esquema, es especialmente preocupante que
tanto los recursos de la política social como los aportes
de la cooperación internacional terminen alineados en
función de la política de seguridad democrática y la estrategia de guerra. La concentración en una única instancia,
de manejo directo por parte del Presidente de la República, de la Gerencia de Acción Social (encargada ahora
de aplicar los recursos de asistencia social del Estado),
de la Cooperación Internacional (encargada de centralizar
en una misma bolsa los recursos de cooperación) y de la
Dirección de la Acción Integral (encargada de coordinar
las tareas y los recursos de la acción cívico-militar implicados en la estrategia de recuperación social del territorio) plantea serias tendencias hacia la militarización
de los programas de desarrollo alternativo e iniciativas
apoyadas por la cooperación internacional, la subordinación de los receptores de subsidios y asistencia funcional
en función de los intereses de la seguridad democrática
y, en definitiva, una instrumentalización de los recursos y
programas de la política social y la cooperación internacional en función de la estrategia de guerra, bases de la
nueva Doctrina de Acción Integral.
La defensa de la convivencia democrática y de la
justicia social exige de los ciudadanos una movilización
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99
CRÓNICA
A José Pablo se le está acabando
su amor por el Seguro
Ricardo Cruz Baena*
José Pablo siente que lo que están haciendo con los pacientes renales
es más que una injusticia, por lo que no duda en afirmar con tono
enérgico: “es una humillación que raya más bien con la criminalidad,
pues son políticas premeditadas que inducen al exterminio
sistemático de los pacientes”.
Cansados de la deficiente atención recibida y de la concurrencia de
anormalidades cada vez más abruptas por parte del Instituto de Seguros
Sociales (ISS), un grupo de trasplantados y pacientes renales de Medellín
decidió organizarse para dar origen a lo que hoy se conoce como Grupo
de Veeduría Ciudadana en Salud.
El objetivo de la nueva agremiación, que nació públicamente en agosto de 2007 y ya cuenta con cerca de 500 miembros de todo Antioquia,
es recurrir a todos los recursos jurídicos posibles para exigirle a la entidad
el cumplimiento de su obligación constitucional de velar por el cuidado
y la calidad de vida de los pacientes renales y de enfermedades catastróficas en general, contra quienes el Seguro Social inició una campaña
sistemática y deliberada de abandono y exterminio, tal como se lee en su
carta de presentación.
Al frente de esta iniciativa está José Pablo Montoya Bernal, un higienista oral a quien hace 10 años el Seguro Social, a través del Hospital
Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, le practicó un trasplante de
riñón que prácticamente le salvó la vida. Pero el sentimiento de gratitud
que guarda de aquel procedimiento y del tratamiento recibido años después, que no duda en calificar de “óptima calidad”, se diluye rápidamente
en la rabia e indignación que siente ahora por el trato y la atención que
reciben actualmente los pacientes en condiciones similares a la suya.
100
Crónica
Según José Pablo, desde que el Gobierno nacional ordenó, en enero
de 2007, la liquidación de la Empresa Social del Estado (ESE) Rafael
Uribe Uribe, a través de la cual atendía a los usuarios de la EPS del ISS
en la capital antioqueña, los trasplantados, al igual que los pacientes de
enfermedades catastróficas como el cáncer, el VIH/sida y la diabetes,
quedaron en el “limbo asistencial”, debido a la suspensión de todos los programas de
atención integral diseñados exclusivamente para ellos, lo que pone en grave riesgo la
salud y la vida de quienes se encuentran bajo estos diagnósticos, dada su alta vulnerabilidad fisiológica.
Lo anterior va en contravía de los preceptos constitucionales y de la misma normativa que recomienda una atención integral, oportuna y gratuita. De acuerdo con los
protocolos diseñados por el Ministerio de la Protección Social, los trasplantados renales
y los pacientes de enfermedades catastróficas tienen, por su misma condición, prelación
en la atención de urgencias, deben ser atendidos por un equipo interdisciplinario que
debe evaluarlos en un mismo sitio, cuentan con acceso gratuito a los medicamentos,
muchos de los cuales superan precios del orden de los 500 mil pesos, y están exentos
de todo cobro de copago o cuota moderadora, este último aspecto contemplado en el
Acuerdo 260 de 2004.
José Pablo, al igual que los pacientes que representa, no disfruta de ninguno de esos
derechos de ley y, por el contrario, reitera las denuncias que hace poco formuló ante la
Personería de Medellín y ante el propio José Renán Trujillo, superintendente Nacional
de Salud.
Nos están suministrando medicamentos genéricos de mala calidad o que no son los indicados,
y tenemos las pruebas del Invima, con soportes de nefrólogos, que aseguran que los medicamentos que nos está dando el Seguro nos pueden generar complicaciones. El Seguro Social se
inventó un bono de 6 mil pesos por cada consulta, aunque sea para reclamar medicamentos,
cuando la ley dice que no tenemos que cancelar copago. Lo peor es que cuando uno va a
reclamar la droga responden que no hay o que hay que reclamarla en otro lado, y la diligencia
en otro sitio implica el pago de otro bono. Pero lo más grave para mí es que el Seguro Social
sólo contrata con las IPS lo relacionado con el riñón, cuando en nuestro caso cualquier molestia, así sea una sencilla gripa, tiene que ser evaluada por todo un equipo, con seguimiento
estricto a la historia clínica.
Acciones de tutela: el pan de cada día
Por fortuna, José Pablo ha contado con la asesoría y acompañamiento de Fabio Alberto
Henao, médico docente de la Universidad de Antioquia y quizás uno de esos pocos profesionales que quedan de la generación inspirada por Héctor Abad Gómez, médico salubrista y defensor de derechos humanos asesinado hace 20 años en Medellín, que ve en
la medicina la ciencia ideal para comprender a fondo las realidades sociales del país.
En compañía de varios estudiantes de últimos semestres de Trabajo Social, Derecho,
Sociología y Medicina creó, en el año 2003, el Consultorio de Seguridad Social Integral.
La idea era responder interrogantes surgidos en el aula, tales como: ¿qué hacer para que
operen a un paciente cuando el Hospital dice que aún no tiene autorización?, o ¿qué
hacer si la EPS no suministra un medicamento?
El legado humanista que dejó Abad Gómez inspiró al médico Henao a trasladar
su ejercicio profesional de las aulas de clase a la comunidad, y a convertir un simple
consultorio médico en un completo centro de análisis sobre lo que pasa hoy día con los
101
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, quienes constantemente
ven vulnerado su derecho a la salud.
Desde su puesta en funcionamiento, el Consultorio ha atendido a un promedio de
500 personas por año, no sólo en la intervención en salud, sino también en asesoría y
acompañamiento jurídico. Las estadísticas señalan que, descartando la atención médica, la asesoría jurídica para instaurar tutelas en contra tanto de las EPS del régimen
contributivo como de las administradoras del régimen subsidiado (ARS), constituye el
pan de cada día.
El médico Henao ya no se sorprende con la situación. De hecho, siente que la tutela
se ha convertido en el único mecanismo que puede garantizar el derecho a la salud
frente a un sistema que no vacila en calificar de violatorio de toda norma constitucional,
dada la falta de cumplimiento de los principios fundamentales como la universalidad, la
integralidad, la eficiencia y la solidaridad.
Cuando un paciente viene al Consultorio lo hace porque encontró una barrera en el Sistema
de Seguridad que no le permite acceder a su derecho a la salud. ¿Qué hemos encontrado?
La gran mayoría tiene problemas con la base de datos, no figura ni en el régimen subsidiado
ni en el (régimen) contributivo y, por ende, no tiene acceso a la salud. Otro gran problema
son los contenidos en los planes de beneficio; es decir, aquellos servicios que no figuran en
el Plan Obligatorio de Salud (POS). Ahí hay una gama amplia de cosas como medicamentos,
cirugías, pruebas de laboratorio, remisiones a especialistas que no están incluidas, lo que va
en detrimento de la calidad de la salud de los pacientes, quienes deben asumir por su cuenta
estos servicios.
Agrega el médico Henao que en la actualidad lo más nocivo que están haciendo,
tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, es aplazar o dilatar las
citas y las intervenciones quirúrgicas:
A la gente –añade– no le dicen que no, simplemente le dicen espere, lo que es una gran paradoja. A esto se suma la deficiente atención en los servicios de urgencias, los cobros ilegales
de copagos y cuotas moderadoras, negación de servicios por parte de los entes territoriales
(responsables del régimen subsidiado) y la excesiva exigencia de documentos para cualquier
atención.
Sus conclusiones coinciden con los datos de la Personería de Medellín, entidad que
afirma que de 15.169 tutelas diligenciadas hasta septiembre de 2007, unas 13.944
son contra el sistema de salud; es decir que de cada diez tutelas, ocho corresponden a
reclamos al derecho a la salud. El ISS, la ARS Comfenalco, y las EPS Susalud y Coomeva
figuran como las entidades más “entuteladas”. Sin embargo, lo que advierte la Personería es que ya ni esta acción garantiza el derecho a la salud, situación que se refleja
en el aumento de incidentes de desacatos y acciones de cumplimiento de tutela, que a
septiembre de 2007 registra un total de 2.000 casos.
José Pablo también tiene una amarga experiencia en ese sentido. Hace cuatro meses
un juzgado falló a su favor una acción de tutela dirigida contra el ISS para que la entidad
le practicara de inmediato una operación de próstata que le fue ordenada a finales de
2005. El vocero del Grupo Veedor se muestra pesimista ante la posibilidad de que su
intervención quirúrgica le sea practicada antes de finalizar 2007.
102
Crónica
Llevo cuatro meses, con tutela y todo, exigiendo que me programen la operación, pero lo que
me dicen es que hay que esperar, hay que esperar. Yo no sé cuánto más pueda aguantar esta
situación, porque en el Seguro no les importa que yo sea trasplantado. El asunto es así de
sencillo: primero, cuando existía el programa integral, a mí me daba malestar estomacal y
me atendía el médico general con orden expresa del nefrólogo que le envía la historia clínica.
Desde que cerraron el programa, a uno lo revisa cualquier médico. Un día me dio cierto malestar estomacal y me atendió un médico general que me recetó un medicamento que alteró
la eliminación de orina y comenzó a quedar depósitos en la próstata. Esos depósitos son
tóxicos y la solución es operar; es decir, el Seguro me enfermó y ahora no me quiere operar.
¡No hay derecho!
A pesar de la rabia que siente cuando habla de las “injusticias del Seguro”, una
rabia que pareciera ahogarle el pecho, siente que está mejor ahí que en otra parte. Su
desconfianza es aún mayor frente a las EPS privadas, a las que ve como “mercaderes de
la salud” que olvidaron al ser humano para darle prelación al usuario.
Si una EPS se va a la quiebra, ¿quién me responde? En el Seguro al menos sé que el Estado
me tiene que garantizar la atención. Yo tengo mucho que agradecerle a la institución, fueron
15 años en los que casi nunca tuve de qué quejarme. Ahora la situación está muy, pero muy
grave, y a uno le da mucha rabia ver lo que hicieron con el Seguro Social.
Una sensación que según José Pablo sienten quienes van camino de perder su amor
por aquello que una vez quisieron.
103
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Mesa de
Se ha vuelto un lugar común recordar que más de 30 millones
de hectáreas han sido tituladas en favor de los pueblos indígenas.
Así, se logran presentar sus derechos ancestrales como derechos
de particulares, mientras se muestra la normativa que favorece
a los grandes propietarios de tierras y a los nuevos empresarios
del agronegocio como propósito público nacional.
El 27 de noviembre de 2006, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe
Arias manifestó que debido a los lamentables hechos ocurridos ese día en
Caloto (Cauca),1 el Gobierno no iba a comprar las tierras que los indígenas reclamaban. En mayo de ese año, el Ministro ya había manifestado
que no habría “ni una hectárea más de tierra para los indígenas”.2
* La Mesa de Pueblos Indígenas y DESC es
impulsada por la Organización Indígena de
Antioquia (OIA) y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
La Mesa está conformada por el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec),
el Consejo Regional Indígena de Risaralda
(CRIR), el Consejo Regional Indígena del
Tolima (CRIT), la Organización Indígena
Kankuama (OIK), con el acompañamiento
de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el asesoramiento del Centro
de Cooperación al Indígena (Cecoin). Este
artículo fue realizado por Cecoin y se basa
en un capítulo del libro sobre la situación los
derechos humanos de los pueblos indígenas
2007, del Observatorio Indígena de Políticas Públicas de seguimiento al desarrollo y
derechos étnicos de Cecoin.
En los discursos oficiales, es permanente la alusión al exceso que
representa la titulación de tierras a favor de los pueblos indígenas, como
también lo es la mención a las más de 30 millones de hectáreas que han
sido tituladas a esos pueblos, con el propósito de probar que las actuales
demandas indígenas no tienen justificación. Además de que el argumento
se basa en un cálculo trivial del promedio de hectáreas por indígena comparado con el promedio nacional, se hace más odioso en tanto lo realizan
los propios terratenientes incrustados en el Gobierno (sea el Ministerio de
Agricultura, sea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder).
Desde el inicio del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez,
la política gubernamental en cuanto a la satisfacción del derecho al territorio de los pueblos indígenas ha sido prácticamente nula. El recién y
1 Ese día, en horas de la mañana, indígenas nasas reiniciaron la liberación
de la Madre Tierra. Decenas de ellos, en medio de una minga, se ubicaron en la hacienda La Emperatriz, municipio de Caloto, para presionar
el cumplimiento de los compromisos suscritos por el Estado.
2 Estas palabras fueron pronunciadas en la Comisión Quinta de la Cámara, frente a los medios de comunicación y los representantes en
mayo de 2006.
105
rápidamente aprobado Estatuto de Desarrollo Rural3
constituye un golpe mortal en el derecho legítimo al
territorio de los pueblos indígenas y les otorga sostenibilidad estructural a las decisiones mediante las cuales
el Gobierno ha garantizado el subsidio de los grandes
empresarios del campo, no pocas veces estrechamente
ligados al narcotráfico y al paramilitarismo,4 en perjuicio
del campesinado sin tierra, los pequeños propietarios, los
pueblos afrodescendientes e indígenas. La nueva regulación legislativa exige una labor de reingeniería de la
institucionalidad encargada de la materia.5
Mientras la propiedad sobre la tierra se ha
concentrado,6 la administración del presidente Álvaro
Uribe Vélez ha materializado una reforma regresiva, edificada en el abandono oficial de la idea democrática de
una reforma agraria integral como medida idónea para
lograr la redistribución de la propiedad rural (tradición
política que se remonta 20 años atrás, independientemente de su existencia apenas retórica).
3 Estatuto de Desarrollo Rural aprobado mediante la
Ley 1152 del 25 de julio de 2007.
4 Según cálculos del Incora, los narcotraficantes se han
apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del
país, mientras que cerca de un 70% de los propietarios, en particular los pequeños campesinos, sólo posee el 5% del área, tal como se consigna en un estudio
auspiciado por el PNUD y la Dirección Nacional
de Estupefacientes sobre drogas ilícitas en Colombia
(Contraloría General de la República, 2005).
5 Resulta diciente de la política estatal la liquidación de
cuatro entidades adscritas al Ministerio de Agricultura
y su fusión, realizada en 2003, mediante el Decreto
1300, cuando desaparecieron el Instituto Nacional de
Adecuación de Tierras (INAT), el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), el Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) y el Fondo
para el Desarrollo Rural Integrado (DRI), y dieron
paso al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder).
6 Según el Instituto Agustín Codazzi, para 2002, más
de 3 millones 500 mil propietarios, es decir el 99,5%
de todos los propietarios rurales, poseían predios menores a las 200 hectáreas. Mientras solamente 7.632
propietarios de predios superiores a las 1.000 hectáreas, es decir el 0,2% del total, concentraban 35 millones de hectáreas, el 52% del total.
106
Derechos de los pueblos
Pueblos indígenas sin territorios titulados
Los territorios indígenas legalizados como resguardos
ocupan actualmente en Colombia 31.695.421,10 hectáreas, un 22% del total del territorio nacional. De esta
superficie, 435.419 hectáreas corresponden a la figura
jurídica de los resguardos coloniales que fueron recuperados en el curso de la lucha indígena entre 1966 y 1980,
y donde habitan unos 251.000 indígenas, cerca del 25%
del total nacional. Las restantes áreas tituladas responden a procesos de reestructuración de otros antiguos resguardos coloniales, y a nuevas titulaciones hechas desde
1966 en la Región Andina como resultado de las mismas
movilizaciones y en territorios considerados baldíos que
corresponden a tierras de la Amazonía, la Orinoquía, el
Pacífico y la Guajira.
Los territorios indígenas que aún no tienen un estatus
legal de propiedad, pero que han sido reivindicados por
los indígenas y se encuentran en trámite ante el Incoder,7
suman 1.623.965 hectáreas, donde viven por lo menos
380 mil indígenas, según los datos de esta entidad (Incoder, 2006a).
Al observar las cifras absolutas, los departamentos
donde se concentra la mayor cantidad de tierras sin titular, de acuerdo con las solicitudes realizadas, son el
Cauca (309 mil hectáreas) y Amazonas (276 mil hectáreas). Mientras en el Cauca se trata de una problemática
directamente ligada a una histórica negación de los derechos indígenas por parte de los terratenientes y la clase
política del departamento (CRIC, 2005) y profundizada
por el hecho de contar con la segunda mayor población
indígena del país, en el Amazonas el problema consiste
especialmente en procedimientos inconclusos de titulación del territorio tikuna, en el Trapecio Amazónico. Otro
caso de grandes extensiones sin titular se presenta en
Boyacá, donde a pesar de la reciente ampliación del Resguardo U’wa, falta por resolver una extensión similar. En
Magdalena, Caquetá, Putumayo, Cesar, Tolima, Valle,
Arauca y Vaupés, los territorios faltantes por legalizar tienen extensiones superiores a las 50 mil hectáreas.
7 Anteriormente Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria (Incora).
En Tolima encontramos quizá el caso más angustioso
para las comunidades, pues no solo el 55% de las tierras
está en poder de propietarios privados, sino que más de
las dos terceras partes de la población pijao se encuentra
en predios ajenos, en los bordes de las carreteras, en vegas aluviales de las quebradas y concentrada en los cascos urbanos, a la espera de que una demanda territorial
que tiene ya 40 años se resuelva favorablemente.
En Boyacá, el proceso de titulación ha sido complejo,
mediado por el proyecto de explotación petrolera de la
Occidental y ahora de Ecopetrol. Aunque recientemente
se unificó y amplió el resguardo, todavía se encuentra sin
resolver una solicitud de ampliación por 220 mil hectáreas, la mayoría de las cuales coinciden con zonas del
Parque Nacional del Cocuy; sin embargo, como toda la
zona de ampliación es de potencial hidrocarburífero y se
localiza en las áreas de bloques petroleros ya asignados,
este proceso está seriamente amenazado.
Estas cifras hacen referencia exclusiva a las solicitudes hechas por diversos medios al Incoder. La inclusión
de la totalidad de la demanda territorial indígena solo
haría que la situación se viera aún más grave de lo señalado. Por otra parte, debe advertirse que el sujeto del
derecho al territorio es cada uno de los pueblos.
Entre los pueblos indígenas con mayor precariedad
en materia de acceso al territorio y a la tierra está el pueblo mokaná, que en la actualidad vive la peor situación,
pues la totalidad de su población habita en condiciones
de hacinamiento urbano, sin propiedad sobre sus tierras,
dependiente de formas económicas exteriores a sus propios sistemas productivos y, además, con la negación del
Estado a reconocerlos como indígenas. Otro tanto ocurre
con los muiscas de la sabana de Bogotá, quienes en su
totalidad viven en antiguas poblaciones indígenas convertidas en barrios de la ciudad o municipios anexados
(como Chía y Bosa); especialmente grave es la situación
de los muiscas de Cota, a quienes se les disolvió el resguardo en 2002 con la argucia de su no pertenencia étnica, violentando abiertamente el Convenio No. 169 de
la OIT de 1989, ratificado por Colombia a través de la
Ley 21 de 1991.
Dentro de los pueblos a los que se han titulado resguardos y que aparecen en los reportes oficiales como
problemáticas resueltas hay dos cuya situación representa una verdadera burla al derecho. Los betoyes (en Arauca) y los chimilas (en Magdalena) apenas han logrado la
titulación del 6% y 7% de sus territorios; se encuentran
encerrados en verdaderos bantustanes, al peor estilo del
apartheid sudafricano; ambos pueblos se han visto rodeados de violentas situaciones directamente asociadas
a la no solución del problema territorial, como el desplazamiento forzado y la masacre ocurrida en Tame en
2002, y las amenazas a todo el pueblo indígena chimila
por grupos paramilitares. Las solicitudes de ampliación
territorial reposan desde hace más de 10 años en las
oficinas del Estado sin ninguna acción positiva para resolverlas; por el contrario, se siguen emprendiendo obras
que limitan no solo la territorialidad actual sino la misma
posibilidad de titulación futura. Es el caso de los betoyes,
cuyos minúsculos resguardos de 30 hectáreas se pierden
dispersos en el mapa de los Llanos Orientales sin sumar
700 hectáreas, desaparecidos por los mapas de los bloques petroleros que cubren totalmente el departamento
en millones de hectáreas, y ahora en riesgo de desaparecer por efecto de la carretera El Amparo-Tame.
Por supuesto, estas cifras corresponden a las que el
propio Incoder reconoce como procesos en trámite. Adicionalmente, existen cerca de 280.445 hectáreas más
solicitadas por diferentes comunidades indígenas que no
han tenido trámite alguno, sin que el Incoder haya aducido razones claras y públicas para el efecto, y existen territorios ancestrales que aún no están en ningún proceso de
titulación, los cuales se aproximan al millón de hectáreas
adicionales en la zona andina (ONIC, 2001).
Las tierras tituladas
son totalmente insuficientes
Importante evidenciar los contrastes entre las zonas bajas
con lo acontecido en los departamentos de las regiones
Andina y Caribe, zonas de frontera agrícola, excluyendo
la Guajira. En la Región Andina, hasta el año 1991, se
habían titulado cerca de un millón 500 hectáreas, y tras
la Constituyente se han titulado otras 910 mil hectáreas
(Incoder, 2007a). Estas cifras ilustran dos elementos:
primero, que solo el 7,68% de los resguardos titulados
(excluyendo los de origen colonial) se encuentran en
las zonas de frontera agrícola, mientras el 92,32% son
107
resguardos ubicados en departamentos donde prevalecen paisajes de selva, llano, sabana y desierto, y cuya
condición legal es ser baldíos, lo cual refuta cabalmente el argumento del Gobierno nacional sobre supuestas
grandes extensiones de tierras en manos indígenas, para
justificar la enorme concentración de tierras en cabeza
de los terratenientes de la Costa Atlántica y los valles
interandinos.
En las zonas andinas se concentra el 64,18% de
toda la población indígena del país, según el Censo de
2005 (DANE, 2006),8 un total de 885 mil personas que
poseen solo un millón 290 mil hectáreas, lo que arroja
un promedio de 1,46 hectáreas por persona y 7,29 hectáreas por familia, es decir, menos de una milésima parte
de lo que es el promedio de los grandes terratenientes.
Los casos de total hacinamiento, en que la situación
demográfica y la presión sobre el medio es más grave, se
presentan en Córdoba, donde cada diez indígenas zenúes
deben sobrevivir en una hectárea de tierra, mientras a su
lado los terratenientes tienen más de dos mil hectáreas
en promedio por persona.9 En Magdalena viven encerrados los indígenas chimilas en un minúsculo resguardo;
en Tolima y Huila, el aplazamiento de la titulación se evidencia en la densidad poblacional que llega incluso a dos
familias por hectárea, como acontece en Bocas de Tetuán
y El Vergel, en Ortega. La región cafetera (de población
embera chamí) vive una situación crítica similar: los 38
mil indígenas de Caldas registrados en el Censo deben
vivir en 30 mil hectáreas tituladas,10 y los indígenas de
Quindío, a pesar de la compra de tierras, siguen sin sus
títulos de propiedad. Lo anterior sin contar, claro, los casos en que toda la población se encuentra sin titulación,
como acontece con el pueblo mokaná en Atlántico y los
muiscas en Cundinamarca.
8 Para más información sobre el censo de 2005 y los
pueblos indígenas, consultar DANE (2006).
9 Estos datos se basan en los Informes del Incoder
(2007a y 2007b), contrastados con las cifras del censo
de 2005.
10 El Censo del Consejo Regional Indígena de Caldas
(Cridec) registra 60.038 indígenas en ese departamento, lo cual significa una situación mucho más problemática.
108
La relación entre población indígena y territorio en las
zonas bajas, obviamente, es diferente. Todos los estudios
coinciden en las condiciones especiales que deben ser tenidas en cuenta para mantener dichos modelos o adoptar
nuevos. Las investigaciones dan cuenta de que la materia
orgánica intervenida para propósitos agrícolas sufre una
pérdida promedio de 50% en el primer año y 30% en el
segundo, de donde se concluye la pertinencia de modelos
semiitinerantes (de abandono de chagra) como opción
adecuada de sostenibilidad ecológica y pervivencia sociocultural (Mejía Gutiérrez, 2003; Covaleda Vélez, 2000).
Similares análisis se han hecho respecto de la Orinoquía,
donde la acidez de los suelos y la limitación territorial
condujeron a los pueblos indígenas nómadas (especialmente sikuanis, cuivas, macahuás y tsiripues) a centrar
su actividad económica en los médanos y los bosques de
galería. Un reciente estudio de Hayrán Sánchez (2006)
da cuenta de la enorme presión que ha significado sobre
los bosques de galería la ausencia de espacio para la
rotación de suelos. Queda evidenciado que la mayoría del
territorio indígena legalizado se encuentra en las regiones
amazónicas y de la Orinoquía que no son aptas para intervenciones intensas en cultivos, y que, por lo contrario,
se otorgó la titulación a los indígenas como excelentes
preservadores de la naturaleza.
El Incoder, en datos de 2006, reconoce que el total de tierras titulado solamente cobija a 440.798 indígenas, cifra que ajustada a la proyección del Censo de
2005 no alcanza a los 550 mil. A la luz de los datos del
Censo de 2005, que reporta un total de 1.081.399 indígenas habitantes de áreas rurales, puede afirmarse que
en Colombia cerca del 50% de la población indígena no
tiene resuelto su derecho a la tierra. A lo anterior perfectamente se puede agregar un porcentaje elevado de los
297.485 indígenas que habitan áreas urbanas, muchos
de los cuales fueron desplazados forzadamente por acción de grupos armados legales e ilegales, la mayoría por
razones económicas,11 especialmente la falta de tierras
de calidad para la producción agrícola, pero que tienen
claro el propósito de retornar.
11 Cfr. DANE (2006): “Los pueblos indígenas y afrocolombianos son los más afectados por el desplazamiento
ocasionado por la violencia, la amenaza para su vida es
el motivo de cambio de residencia para el 10,2% de los
indígenas, el 5,6% de los afrocolombianos, el 3,8% de
la población nacional y el 1,8% de los rom”.
Cuadro Nº 1: Titulación de resguardos por año y período presidencial
Año
Hectáreas
% del total
2003
1.995.350,96
6,38
2004
11.798,44
0,04
2005
45.599,31
0,15
2006
10.867,97 0,03
2007
4.187,93
0,01
Presidentes
%
Uribe Vélez
6,62 %
Fuente: Incoder (2007 b) y sistema de información Cecoin.
Reducción sistemática del presupuesto
para la adquisición de tierras
Entre 2001 y 2007 se redujeron entre 70% y 80% las
asignaciones presupuestales para adquisición de tierras
con destino a resguardos indígenas, al pasar de casi 3 mil
millones a mil millones o menos.12 Esto, sumado a una
baja ejecución presupuestal, evidencia una política por
parte del Estado dirigida conscientemente a incumplir sus
obligaciones frente al derecho de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, en el año 2003, el más crítico en la adquisición de tierras, los 1.280 millones ejecutados alcanzaron
para comprar solamente dos fincas en Antioquia y Cauca
(en el primer caso para resolver la situación de indígenas
chamíes asentados en la cabecera del municipio como
resultado de un desastre natural). En 2006, los 2.264
millones ejecutados fueron utilizados para comprar solo
cuatro predios en los departamentos de Amazonas, Tolima y Quindío. Parte importante de la inversión en 2006
estuvo dirigida a la adquisición de tierras para reparar a
las comunidades victimizadas por la masacre del Nilo,
ocurrida en diciembre de 1991 (CIDH, 2000).13
Es claro que casi el 80% de los territorios indígenas
fueron titulados antes de la Constitución de 1991. Este
12 Fuentes utilizadas para el análisis: Incora (2002), Incoder (2005a, 2005b, 2006a, 2007b), MinAgricultura (2005), MinHacienda (2006, 2007).
13 De acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por la participación directa de sus
agentes. Se trata de compromisos totalmente independientes del presupuesto ordinario para la titulación de
tierras para pueblos indígenas.
hecho está ligado principalmente a las luchas de recuperación y ocupación de hecho de sus tierras por parte
de los indígenas y no precisamente porque la demanda
territorial haya disminuido o haya sido resuelta.
Solo el 20,42% de los territorios indígenas fueron
legalizados durante los gobiernos posteriores a la expedición de la Constitución Política de 1991, con lo que
queda claro que el factor “Constituyente” ha tenido un
peso relativamente bajo en los procesos de recuperación
de la propiedad de las tierras comunales indígenas y, por
tanto, que la expedición normativa en materia territorial
no se ha visto acompañada de acciones directas en la
titulación de tierras.
Desde el año 2003, cuando ya es clara la responsabilidad del gobierno de Uribe en los trámites de titulación, se expidieron 92 resoluciones de constitución y 35
de ampliación. El Gobierno ha informado que ha titulado
un millón 254 mil hectáreas en su período, ocultando
un hecho relevante: un millón 20 mil corresponden a la
ampliación del Resguardo Selva Matavén (904 mil hectáreas) y otros tres resguardos en zona de selva; oculta
también que la mayoría de las titulaciones en áreas no
amazónicas corresponden a procedimientos extraordinarios: la ampliación del Resguardo Embera Katío del
Alto Sinú se dio en el marco de la reivindicación indígena
frente a los daños causados por la Hidroeléctrica Urrá y
como parte de la reparación; la constitución del Resguardo Kankuamo se produjo después del asesinato de 250
indígenas y la interpelación de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos; las titulaciones en
el Putumayo se dieron como mecanismo de contención
ante la protesta indígena por las acciones militares y po-
109
licivas en la región en el marco del Plan Colombia; y las
titulaciones de tierras en el departamento del Cauca corresponden a las obligaciones del Decreto 982 de 1999
y a la reparación acordada en el trámite del caso Masacre
Caloto vs. Colombia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos CIDH por la Masacre del Nilo.
El Estatuto de Desarrollo Rural contra
los pueblos indígenas (Ley 1152 de 2007)
En julio de 2007 fue aprobado el Estatuto de Desarrollo
Rural (Ley 1152 de 2007). En primer lugar, el nuevo
estatuto facilita la legalización de escrituras fabricadas
mediante dolo o violencia, durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1917 y el 31 de diciembre de
1997. Según la nueva legislación agraria, no importa que
la tierra haya sido conquistada por medios ilícitos; basta
que exista un título de propiedad debidamente inscrito
ante notaría, independientemente de que haya sido otorgado por una autoridad sin facultades para hacerlo, y que
se pueda comprobar una tradición de propiedad. De tal
forma, se ampara a los usurpadores en tanto presume la
legalidad de sus títulos, mientras que se obliga a quienes
fueron expropiados de sus tierras a la realización de todos
los esfuerzos orientados a demostrar que fueron víctimas
de usurpación de sus propiedades. En consecuencia, se
facilita que muchos usurpadores pasen a ser propietarios
de buena fe.14
En particular, los derechos de los pueblos indígenas
sufren un golpe muy grave con la vigencia del nuevo Estatuto de Desarrollo Rural. Cabe destacar:
• En virtud del artículo 113 del Estatuto, los procesos
de constitución y ampliación de resguardos quedan
subordinados a los planes de ordenamiento territorial
14 El caso más conocido de escrituras fraudulentas
(“chimbas”) ocurre con la familia del primer personaje sindicado de parapolítico, Carlos Arturo Marulanda Grillo, ex ministro de Agricultura, ex representante
a la Cámara y ex embajador. Esta familia no pudo ni
puede demostrar propiedad de la mitad de su gran
hacienda “Bellacruz” en Pelaya (Cesar), debido a las
normas de la Ley 200 de 1936, que anulaban los títulos fraudulentos. Los campesinos fueron desplazados
en 1996 por paramilitares que incluían a su hermano.
Con el Estatuto de Desarrollo Rural, el ex ministro
pasará de delincuente a propietario legal.
110
municipal. De tal forma, el derecho de los pueblos
indígenas a su territorio queda sometido a la voluntad
caprichosa de las mayorías políticas que triunfen en
las elecciones locales, a pesar de que la Corte Constitucional ya declaró inexequible tal pretensión.15
• Esa disposición también prohíbe constituir o ampliar
resguardos en la Costa Pacífica, en abierto desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos wounáan, embera, eperara y awá. Al tiempo que
el Legislativo demagógicamente ha estimulado el enfrentamiento entre los pueblos afrocolombianos y los
pueblos indígenas,16 veladamente se deshace de los
obstáculos legales que impedían la adjudicación de
tierras de afrocolombianos y campesinos a las transnacionales y paramilitares, mediante las zonas de
desarrollo empresarial y la legalización de escrituras
fabricadas. El andén del Pacífico se ha convertido en
la zona preferida para las adjudicaciones fraudulentas a empresarios de palma africana.
• Negación de los derechos territoriales de los pueblos
nómadas, al incluir el término “utilización regular y
15 República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia No. C-795 del 2000. Magistrado Ponente
Eduardo Cifuentes Muñoz.
16 En el texto aprobado se mencionan los planes de vida,
en un intento de camuflar el verdadero sentido de la
norma. No obstante, no se establece la obligación de
tenerlos en cuenta en las decisiones sobre ordenamiento territorial, pues el texto aprobado utiliza el término “podrá”, mientras las decisiones de ordenamiento
territorial “deberán obligatoriamente” ser atendidas.
No se trata de un descuido. De hecho, cuando se regula una situación similar en el caso de comunidades
negras (artículo 125 del Estatuto), las decisiones sobre
territorios colectivos de comunidades negras sí quedan obligatoriamente sujetas a los planes de vida de
esas comunidades y no a los POT municipales. Este
elemento muestra la clara intención del Gobierno de
poner en confrontación y desunir la postura de las
comunidades negras y las indígenas, y evidencia una
política antiindígena en el Estatuto; de lo contrario,
no se justifica un tratamiento diferente en una situación claramente similar. En este caso, además de las
violaciones señaladas, se viola también el derecho a la
igualdad y el principio general del derecho según el
cual “donde hay la misma razón debe haber la misma
proporción”.
permanente”, que niega los principios de autonomía
de los pueblos nómadas, le agregan un golpe directo
al pueblo nukak, que en la actualidad disputa su presencia en el Parque Natural Nukak (el cual, a pesar
de su nombre, no pertenece al pueblo nukak), y a
otros pueblos seminómadas y horticultores itinerantes, como es el caso de los yuríes o “caraballos” del
río Puré en el departamento del Amazonas.
• Regreso al concepto de minoría, conculcando el carácter de pueblos y que pretende en el fondo imponer
en los territorios indígenas proyectos que lesionan el
medio ambiente y la integridad territorial y como pueblos indígenas, y argumentar como repetidamente lo
ha hecho que es en interés de la “mayoría”.
• Injerencia indebida en la autonomía de los pueblos
indígenas (artículo 118), que restringe a las autoridades su derecho de adjudicar libremente tierras
entre los miembros de las comunidades, al establecer la obligación de los cabildos de excluir las áreas
ecológicas y ambientalmente estratégicas, tema que
corresponde al manejo interno de las comunidades
respectivas; otro tanto ocurre al entregar a la Dirección de Etnias el papel de garante de la distribución
equitativa de las tierras, un tema que el Convenio
169 establece como de plena competencia de las
autoridades indígenas.
• Desmonte del Incoder: el Gobierno argumentó, en
la exposición de motivos del proyecto de Estatuto y
en pronunciamientos públicos del Presidente de la
República, que el Incoder es una institución corrupta. Lo que resulta por lo menos sorprendente, pues
argumentó su propia corrupción para desmontarlo,
en tanto fue el Gobierno el que entregó el Incoder a
grupos politiqueros para cumplir cuotas burocráticas,
como fue denunciado por la prensa nacional.17
17 Los grupos políticos Colombia Viva y Colombia Democrática, la mayoría de cuyos dirigentes son ahora
sindicados por parapolítica, tuvieron en sus manos al
Incoder durante casi todo el gobierno de Uribe. Tanto el primer gerente de este gobierno en el Incora y de
la primera fase del Incoder, José María Maroso —ex
cónsul en Milán, primo del jefe paramilitar Salvatore
Mancuso y hermano de quien fuera jefe de Adquisiciones y Contratación de la Universidad de Córdoba
durante los años más violentos de esa institución—,
Dos cambios adicionales son altamente impactantes sobre los territorios indígenas. En primer lugar, la
titulación de resguardos, incluida confusamente en
el articulado, pasó a manos de la Dirección de Etnias
del Ministerio del Interior, una institución carente de
infraestructura y personal competente. Por otra parte,
la constitución de la Unidad de Tierras18 (artículo 27),
cuyas funciones, entre otras, serán la clarificación de la
propiedad, la determinación de las zonas de ampliación
agrícola (“Definir la vocación y los fines de las tierras
rurales de propiedad de la Nación”), la delimitación y recuperación de baldíos, la compra de tierras para la gran
producción, la extinción de dominio de terrenos ociosos
y la administración de los bienes rurales del Estado. El
análisis de las organizaciones indígenas es que la Unidad de Tierras, que hará las concesiones de tierras a las
grandes empresas exportadoras, terminará imponiendo
sin participación ciudadana ni indígena a diestra y siniestra sus zonas empresariales, mientras los indígenas
y afrocolombianos engañados esperarán interminables
procesos en el Ministerio del Interior.
***
Del balance anterior se concluye fundamentalmente que
los derechos de los pueblos indígenas sufren un muy grave golpe con este Estatuto Rural que se agrega a una
situación de crónico desconocimiento. La regresión en
materia de derechos territoriales indígenas es absolutamente evidente, como evidente es que se viola de manera
el siguiente director, Arturo Vega —empresario ganadero de Córdoba, hoy gerente de Corpoica—, Luis
Ortiz —denunciado por entregar tierras a paramilitares con la anuencia del Ministro de Agricultura— y
Rafael Campo Soto pertenecen a estas organizaciones.
A nivel regional, estos vínculos son más evidentes con
los partidos uribistas sindicados por paramilitarismo.
18 Estatuto Rural: Artículo 19. Créase por virtud de esta
ley la Unidad Nacional de Tierras Rurales, como una
Unidad Administrativa Especial del orden nacional,
con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, su domicilio
está en la ciudad de Bogotá y contará con las dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones
que el Gobierno Nacional disponga según lo requieran las necesidades del servicio.
111
flagrante lo establecido en el Convenio 169 de la OIT
y las recomendaciones del Comité del Pacto DESC. El
Estatuto, por su parte, no resiste una mínima evaluación
a la luz de la Declaración de la ONU de los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas.
Cuarenta años de avance territorial indígena están en
claro peligro. Derrotar el Estatuto Rural significa hoy lo
que significó en su momento el entierro del Estatuto Indígena de Turbay. En esa época, los indígenas profundizaron la lucha de recuperación de tierras; hoy, la Liberación
de la Madre Tierra es prioridad, liberarla de manos de la
política agraria del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
112
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113
CRÓNICA
Cuidar la tierra: misión de los indígenas
de la Sierra Nevada
Desde el comienzo mismo de la vida y el universo hubo diferentes
grupos humanos. Cada uno de ellos fue dejado con unos bienes
naturales, con un pensamiento y una misión: cuidar esos bienes
recibidos. Las tierras del macizo de la Sierra Nevada (de Santa Marta)
fueron dejadas desde un principio para ser habitadas y protegidas
por los cuatro pueblos que aún vivimos allí. La visión que se tiene de
los cerros, las aguas, el aire, de todo lo natural, nació con nosotros y
sabemos que si nos descuidamos, el desequilibrio será total. Así los
demás pueblos causen interferencias o decidan tomar otros rumbos,
la misión de los pueblos indígenas, que nos fue dada por ley divina,
sigue siendo la misma y es a perpetuidad: cuidar la madre naturaleza.
Estas palabras, pronunciadas con la sabiduría propia de los ancianos indígenas por Julio Alberto Torres, gobernador de las comunidades
arhuacas que habitan ancestralmente la Sierra Nevada de Santa Marta,
explican por qué se oponen a la construcción de la represa y proyecto
multipropósito de Besotes, zona rural de Valledupar, proyecto que impulsa la Alcaldía de la capital del departamento del Cesar en el que se
invertirán más de 200 mil millones de pesos y cuyas obras se iniciarían
en el año 2010.
“Las prácticas del cuidado de la naturaleza se tienen no porque se
haya comprendido que eso es bueno hacerlo o porque alguien nos haya
felicitado o nos haya dicho que eso es importante, o lo hayamos copiado,
sino porque en el mandato de la constitución de nuestro origen está dicho
y esas son las leyes naturales por la que debemos guiarnos”, agrega la
máxima autoridad de los arhuacos.
114
Crónica
La represa Besotes tiene fines multipropósitos —riego, acueducto y, a
futuro, generación de energía— y está proyectada para ser construida en
un área de ampliación del resguardo de los arhuacos, donde actualmente
viven cerca de 50 familias indígenas. Tendrá un embalse de 37 millones
de metros cúbicos de agua, una presa de 1.457 metros de largo y un
espejo de agua de 170 hectáreas, que se llenará con las aguas del río
Guatapurí. El propósito oficial es satisfacer las futuras necesidades de
riego de buena parte de los campos que rodean a Valledupar y de acueducto de los
habitantes de la capital cesarense.
En relación con las comunidades indígenas, no hay ninguna afectación. Desde la bocatoma
de Besotes al punto más cercano del resguardo indígena arhuaco, hay una distancia de siete
kilómetros. A un tramo similar están los resguardos de las comunidades wiwas y kankuamos.
Son territorios que ellos consideran ancestralmente suyos, pero que legalmente no hacen
parte del resguardo. Las familias arhuacas que habitan allí compraron esas tierras como una
forma de resistencia civil.
Lo anterior lo aclara Luis Ramón Cuello Maduro, coordinador técnico ambiental del
proyecto, de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, promotora del embalse
Besotes, quien sostiene que los diseños del proyecto contienen planes ambientales que
permitirían mitigar los efectos sobre las comunidades indígenas, particularmente las
arhuacas.
Pero esas explicaciones no son suficientes para convencer a las autoridades y al
pueblo arhuaco. Leonor Sabaleta, líder arhuaca, expresa:
No se trata de una oposición construida bajo orientaciones políticas o económicas. Cuando los
pueblos indígenas de la Sierra Nevada nos oponemos a un proyecto de desarrollo es porque,
efectivamente, va en contra de quienes vivimos ahora y de las futuras generaciones. Eso lo
tenemos muy claro. Nos oponemos porque consideramos en riesgo nuestros valores, nuestro
pensamiento, nuestra ideología, y lo que concebimos nosotros como mandato, que es cuidar
la tierra.
De manera vehemente, esa mujer indígena de palabras precisas y claras dice que
no se puede aceptar que el desarrollo de este país sea a costa de culturas indígenas: “El
desarrollo de Colombia está exterminando pueblos y no puede basarse en la pérdida de
derechos indígenas o de cualquier colombiano. No podemos admitir un desarrollo que
vaya en contra de la gente, creo que los indígenas lo tenemos claro”.
Y agrega:
La situación de Besotes no es el problema del agua de los ciudadanos vallenatos, es la cantidad de tierras que pertenecen a determinadas familias que no tienen agua, por eso es una represa multipropósito, va para riego, energía y turismo. ¿Quién puede sembrar palma africana?
¿Quién puede producir etanol basado en cultivos de yuca y de maíz? ¿Quién lo puede hacer?
El proyecto Besotes conduce a fortalecer el sector empresarial.
Por ello, cuestiona las formas como se toman las decisiones con respecto a los proyectos de desarrollo: “los intereses económicos de la clase política son los que en últimas
definen. El ciudadano común y corriente no participa, entonces no hay un avance democrático en la toma de decisiones”, y asevera que en la proyección de las obras a ejecutar
en la Sierra Nevada pesó de manera significativa el conflicto armado:
Nunca habíamos tenido planes de desarrollo tan establecidos y obras en desarrollo, y otras
para ser impulsadas, antes del conflicto armado. Nacieron en el momento de la crisis del conflicto armado, que se agudizó entre 2000 y 2005, mientras los arhuacos y las demás etnias
115
de la Sierra Nevada nos dedicamos a defender la vida. Nosotros perdimos 29 personas en ese
periodo. El problema es que ya hay rearme y nuevas presiones —advierte Leonor Sabaleta y
sentencia—: las armas sirvieron para hacer avanzar esos proyectos de desarrollo.
La indígena considera que la presencia en Besotes es vital porque:
Son casas que están ritualizadas, son lugares sagrados, eso significa que nosotros estamos
sembrados allí. Nosotros no pensamos movernos de allí, eso es propiedad del pueblo arhuaco,
es construido por la misma gente de la comunidad, son sus esfuerzos. No estamos dispuestos
a que en ese lugar se construya la represa. Que cojan su proyecto y se lo lleven para otra parte.
Rechazamos el perjuicio que nos puedan causar a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestras
culturas. Y cuando hablo de culturas me refiero a pueblos con una conciencia clara de identidad como son los koguis, los arhuacos, los wiwas, los kankuamos, que exigimos respeto por
nuestros territorios.
Pero el embalse de Besotes, en el Cesar, no es el único que se ha proyectado para
la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde febrero de 2006 se encuentra en ejecución la
construcción de otro embalse multipropósito, llamado El Cercado, en el río Ranchería,
que afecta directamente al pueblo indígena wiwa.
El embalse, según datos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
se formará a partir de una presa que funcionará como una muralla de 110 metros de
alto y que se levanta entre los municipios de San Juan del Cesar y Distracción, en el
departamento de La Guajira. La presa ocupará 640 hectáreas con 198 millones de
metros cúbicos de agua y, de acuerdo con este Instituto, servirá para atender acueductos locales e irrigar 18.500 hectáreas de tierra ubicadas en los municipios de San
Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Albania, Uribia
y Manaure.
La obra, afirma la entidad, permitirá cultivar frutas y hortalizas en 1.150 predios
regables, de los cuales 1.000 son propiedades de particulares y el resto de tenencia
comunitaria. Se calcula que la obra esté terminada en mayo de 2010 y tendrá un costo
final cercano a los 410 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta
el 82% y el departamento el 17%. Según el Incoder, el distrito de riego del Ranchería se
convertiría en el segundo más grande del país.
Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la Casa Indígena Wiwa en
Valledupar, advierte que esa obra favorecerá los intereses de unas cuantas personas. “Es
más de un interés minoritario que general. Detrás de la represa El Cercado hay intereses
particulares de los grandes terratenientes, los ganaderos, los algodoneros; la población
pobre y necesitada muy poco se va a beneficiar”, dice el líder indígena.
Pero las preocupaciones de Pedro Loperena no sólo tienen que ver con el futuro.
El indígena wiwa cree que hay un pasado doloroso que aún no se ha resuelto. “¿Qué
relación hay entre la construcción de esa represa y los hechos violentos contra las comunidades del pueblo wiwa y parte de la población campesina, que se dieron antes de
comenzar a construirla?”, se pregunta.
116
Crónica
La respuesta la tiene bien clara:
En el año 2001 se inició el primer retén paramilitar en el sitio conocido como la Ye de Zambrano, vía a Marocazo, una comunidad wiwa que está a unos 20 minutos de la obra y que hace
parte de un territorio de ampliación del resguardo. Los primeros ancianos desaparecidos y asesinados, los primeros líderes asesinados, los primeros niños descuartizados, los primeros jóvenes
acuchillados y ahorcados por parte de los grupos que estaban en conflicto armado, las primeras
comunidades quemadas, bombardeadas y desplazadas fueron en esa cuenca del Ranchería.
En el año siguiente se agudizó la crisis humanitaria del pueblo wiwa. A las presiones
de la guerrilla, que se había ubicado de tiempo atrás en las partes altas de la Sierra
Nevada, se le sumaron las de la parte baja, ejercidas por los paramilitares del Bloque
Norte, liderado por Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y las del Bloque Tayrona, comandado
por Hernán Giraldo, así como las del Ejército Nacional.
“Uno mira las estadísticas de las masacres que ha habido contra el pueblo wiwa y
pasan de más de 280 muertos entre los años 2001 y 2007. El último asesinato ocurrió el
21 de julio de este año; unos desconocidos mataron a Pedro Evangelista Toro en su lugar
de vivienda”, relata Pedro Loperena, quien no vacila en denunciar que la violencia contra
su pueblo se debía a la construcción de la represa El Cercado: “Mientras corríamos como
animales para escondernos de la violencia, ¿qué sucedía ahí donde estaban construyendo
la represa? Los ingenieros, los antropólogos, los que estudian el medio ambiente hacían
sus estudios y se movilizaban como dueños de casa. Y los wiwas, que éramos dueños del
territorio, no podíamos estar allí tranquilitos, nos teníamos que ocultar”.
Lo que tiene claro el pueblo wiwa es que el embalse de El Cercado se tenía que hacer
a como diera lugar, así se utilizara la violencia contra los indígenas y así se evitara la
concertación con sus autoridades locales. “No hubo consultas previas y se desconocieron
las autoridades políticas del cabildo gobernador de la organización del pueblo wiwa”,
afirma Pedro Loperena, quien asegura que en el lugar donde se ejecuta el proyecto se
están afectando seis sitios sagrados.
“Esas intervenciones desequilibran la armonía espiritual entre el mundo terrenal con
el mundo acuático de la Sierra. Eso nos pone en mucho riesgo”, agrega Pedro Loperena,
quien contrasta la acción del Estado y de las empresas privadas en sus territorios con las
prácticas ancestrales de los indígenas de la Sierra Nevada: “Nosotros nunca alteramos
la naturaleza, nuestra misión es cuidar la tierra, es velar que no le pase nada. Llevamos
muchos años de estar viviendo en la Sierra y no hay una obra hecha por indígenas que
afecte a la naturaleza, porque tenemos claro que todo lo que altere la naturaleza lleva a
la destrucción”.
Por último se pregunta él mismo por qué la tierra para los indígenas es importante, y
no tarda en responder: “Mi vida depende del mar, mi vida depende de los picos nevados,
mi vida depende de los bosques. Un indígena sin territorio no es un indígena. ¿Dónde va
a vivir? ¿Qué va a comer? Todo lo que comemos viene de la tierra. Por eso hay que agradecerle, no podemos destruirla. No se puede tener vida sin tierra. La tierra no es egoísta,
hay que saberla mantener. Los megaproyectos nos exterminan la cultura”.
117
121
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Conflicto armado,
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política y acuerdo humanitario
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Colombia se encuentra en un periodo de transición que se abrió
con la crisis del narcoparaestatismo montado desde los años ochenta.
La encrucijada de la próxima década comprende las soluciones políticas
con un gran acuerdo de sociedad por la paz, o la profundización de la
solución militar como estrategia; la posibilidad de un Estado social de
derecho, con democracia de solidaridad en una sociedad en paz, o la
cohabitación de instituciones de una democracia autoritaria con múltiples
expresiones de un régimen mafioso sustentado en autoritarismos regionales violentos.
Este periodo de transición se expresa como una crisis de los círculos
y procesos de violencia animados históricamente por la influencia de las
mafias narcotraficantes, el paramilitarismo, la degradación de la insurgencia armada con flagrantes violaciones antihumanitarias, la globalización de la guerra antinarcoterrorista, el autoritarismo desde el poder y un
modo de acumulación de riqueza basado en la fuerza y en la corrupción.
Pero, también, es el resultado de la emergencia de fuerzas y formas
de conciencia que se han apropiado de una ética humanista de la promoción de los derechos humanos y la no violencia. Circunstancias nacionales e internacionales han hecho cada vez más difícil la reproducción del
narcoparaestatismo, que se volvió omnipresente incluso en contra de las
instituciones construidas en la Asamblea Constituyente de 1991. ¿Qué
tanto se ha avanzado? y ¿cómo influye en ese camino la desmovilización
parcial de los paramilitares?
Más allá de la dimensión armada
* Presidente de Indepaz. El presente artículo
es un resumen de la ponencia presentada
en el seminario internacional “Balance de
dos años de aplicación de la Ley de Justicia
y Paz”, convocado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz, Madrid, 13 y 14
de noviembre de 2007.
Por el calado de los problemas en juego es un desenfoque limitarse al
capítulo de las armas o del mal llamado paramilitarismo que, en realidad,
es solo parte de una mutación mayor que ha tenido la sociedad colombiana y que involucra no solo estructuras militares ilegales, sino también
económicas, políticas e institucionales al servicio de mafias y negocios
que se reproducen aprovechando conexiones con funcionarios públicos o
posiciones en el Estado.
121
Carlos Castaño, Iván Roberto Duque y otros jefes paras han discutido el calificativo de “paramilitares”, que se
volvió parte del lenguaje corriente para designar a grupos
armados como las AUC o el Bloque Central Bolívar. Han
preferido hablar de “movimiento de autodefensas” como
parte de un “paraestado”, indicando que en defensa de
intereses privados, asumieron funciones de Estado, como
seguridad, administración de justicia y cobro de tributos,
estableciendo alianzas con empresarios rurales y urbanos
de diversa procedencia.
Desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas (FF. AA.)
también se rechazó la expresión “paramilitar”, por considerar que daba por establecida la conexión de esos
grupos con la Fuerza Pública y convertía en política institucional algo que, desde el discurso oficial, se ha planteado como actuaciones aisladas individuales. Durante
mucho tiempo se dijo que lo que existía era un conjunto
de “autodefensas ilegales”, e incluso en la sustentación
de la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios se
utiliza esa expresión o la de grupos armados organizados
al margen de la ley.
En la discusión reciente sobre la existencia de grupos
paramilitares, el Gobierno introdujo la categoría de grupos armados privados que actúan ilegalmente en contrainsurgencia o defensa sediciosa de la institucionalidad,
definición de paramilitares que supone una intencionalidad política y de autodefensa que recurre a las armas,
prácticas violentas y negocios ilícitos sólo en conexidad
con el propósito antisubversivo.
Desde esa categoría no sólo se puede decir que no
existe paramilitarismo, sino que no ha existido en Colombia en las últimas décadas, pues la lógica de los paranarcos ha sido pasar de antisubversivos a negociantes
ilícitos violentos, y la de los narcoparas, sólo camuflar
su actividad narcotraficante en la franquicia de las autodefensas. Unos y otros tienden lazos con funcionarios
y Fuerza Pública que los usó como instrumento o como
aliados en la contraguerrilla, y como socios en negocios
ilícitos y en el aprovechamiento del poder para el enriquecimiento particular.
La identificación de los narcoparamilitares y paranarcos con fuerzas de contraguerrilla o antiterroristas
simplifica el problema; lo camufla, destacando propósitos políticos, y minimizando sus variables mercenarias
y de defensa de intereses privados y mafiosos. Algunos
122
Proceso de desmovilización paramilitar. Conflicto armado
grupos paramilitares se originaron en la política de contrainsurgencia promovida en los años sesenta y setenta
como parte de la “seguridad nacional” y la Guerra Fría,
que justificó su promoción legal y alianza con narcotraficantes en la lucha antiguerrilla –como ocurrió en el Magdalena Medio y en otras regiones–; sin embargo, esto
mutó por el peso dominante del narcotráfico.
Por varias vías, en Colombia se configuró un fenómeno complejo que podría llamarse narcoparaestatismo,
orientado a la defensa de negocios privados, en especial
del narcotráfico, lavado de activos, apropiación de tierras
y de rentas del Estado. El combate a la subversión ha
sido un componente de este fenómeno, pero, como recordó el presidente Álvaro Uribe Vélez en el balance de dos
años de la Ley 975 de 2005, ya en 2002 era evidente
que los paras no combatían a la guerrilla allí donde se había logrado un reparto adecuado de negocios. La alianza
privilegiada de los paras con agentes estatales, incluidos
mandos de la Fuerza Pública, obedeció ante todo a intereses de negocios y de poder regional.
Dejando en suspenso esa discusión, que no es irrelevante, podemos plantearnos la pregunta sobre el impacto
de las desmovilizaciones y de la emergencia de nuevos
grupos armados ilegales en el desmonte del fenómeno
general del narcoparaestatismo.
En primer lugar hay que destacar que se han suscitado nuevas situaciones, tales como:
• La desmovilización de grupos paras ha tenido efectos positivos en la reducción de algunos indicadores
de violencia –secuestros, masacres, homicidios–,1 el
desmonte de grandes estructuras armadas y el debilitamiento de control político en algunas regiones.
1 La tasa de homicidios ha descendido con la misma
pendiente negativa desde 1990; el total es de 18.111
en 2005 y 17.479 en 2006. Entre 2002 y 2006 bajan, pero se mantienen las altas cifras de desplazados
–más de 1.437.64 en los cinco años según CODHES
y de 1.000.000 según Acción Social–; entre 2004 y
2006 se presentaron 281 ejecuciones extrajudiciales
y 459 torturas (CINEP); los desaparecidos ascienden
a 15.000 según Asfaddes; los sindicalistas asesinados
aumentan de 57 en 2005 a 78 en 2006 (Datos de la
Vicepresidencia de la República). Para el tema de violencia contra el sindicalismo, véase Escuela Nacional
Sindical, ENS (2007).
Cuadro Nº 1: Desmovilización parcial en cifras
Nº
Fuente
Desmovilizados colectivos
31.671
ACR
Desmovilizados individuales 13.392
ACR
Total desmovilizados 45.063
ACR
Total desmovilizados armados 18.000 ACR
No desmovilizados de estructuras militares 5.400
Registrados en el Programa Reintegración 34.793
FIP 70/30
ACR
Sin registro en el Programa Reintegración 10.270
ACR
Desmovilizados paras sin atención efectiva 20.000
PAZ-ION
Armas/desmovilizado - 2004 0,8 Indepaz
Armas/desmovilizado - 2005 0,66
Indepaz
Armas/desmovilizado - 2006 0,48
Indepaz
5.000 Indepaz
Desmovilizados con jefes fuera Ley 975/05 Desmovilizados con situación jurídica sin definir ¿Sedición? Desmovilizados en listas de postulados a Ley 975 (84 sin ubicar)
• Los fenómenos del narcoparaestatismo y el paramilitarismo se empiezan a develar y cuestionar. Se han
deslegitimado en la opinión pública y la comunidad
internacional las tácticas de la alianza Estado-parasnarcos-mafias, y se ve una crisis del régimen mafioso
que ha dominado muchas regiones y esferas institucionales.
• Se entró en una etapa de transición contradictoria:
desmovilización a medias y desmonte parcial del narcoparaestatismo.
En ese contexto se generan tres procesos: (i) el desmonte parcial de las AUC y los narcoparas, el reciclaje de
estructuras y la emergencia de neoparas; (ii) la reingeniería
de los negocios: narcotráfico, corrupción, macroproyectos,
tierras y lavado de activos, y (iii) la crisis de la parapolítica
y el reencauche como paramafias clientelistas.
La fórmula del 70/30
y la emergencia de los neoparas
En serios estudios académicos de instituciones como
Ideas para la Paz (FIP), la Corporación Seguridad y Democracia y Corporación Nuevo Arco Iris, así como en centros de pensamiento universitarios se ha documentado el
carácter parcial de las desmovilizaciones. Por su parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
19.000
ACPP
3.075
FGN
en un reciente informe documentó que en los circuitos judiciales del Departamento del Cesar, numerosas personas
que buscaban desmovilizarse no presentaban características de combatientes, ni existían mecanismos idóneos para
verificar su pertenencia al grupo (CIDH, 2007, p. 9).
Los mismos jefes de los paras y narcoparas han ilustrado
el montaje que se hizo con reclutamientos ficticios de jóvenes desempleados, de bandas urbanas o cercanos a los negocios. Vicente Castaño lo planteó con el caso del Bloque
Cacique Nutibara, y otros lo han mostrado en los Bloques
Norte o Central Bolívar (FIDH, 2007). Ejemplos notables
registrados por los medios de comunicación han sido la
desmovilización de la empleada doméstica de Salvatore
Mancuso, de empleados de las fincas y casas de los paras,
y el llamado “cambiazo” de “Salomón”, subjefe para que
apareció como desmovilizado, pero que, en realidad, envió
un reemplazo y continuó al mando de los negocios y actividades ilegales del Bloque Norte hasta su captura.
La FIP, dirigida en su momento por el actual viceministro de Defensa Sergio Jaramillo, advirtió en 2005, no
sólo las irregularidades por cifras infladas de desmovilizados, sino por la aplicación de la fórmula del 70/30,
mediante la cual los bloques o frentes dejaban en reserva
al menos la tercera parte de sus efectivos, en particular,
los mandos medios claves para mantener el control de
123
Cuadro Nº 2: Grupos armados paras, narcoparas y neonarcoparas
Rearme denominación
Hs. Con. Mpios.Dptos.
Narcoparas, neonarcoparas, nov./07
6.377
224
24 INDEPAZ* con datos de policía, MAPP/OEA, Defensoría, ONG
Narcoparas, neonarcoparas, nov./2007
4.877
-
-
BACRIM, nov./07
2.318
101
16 Policía. Carabineros - Seguimiento BACRIM – oct./07
BACRIM de carteles Valle, nov./2007
Grupos post AUC y/o no desmovilizados
Disidentes, rearmados y emergentes
500 -
Fuentes
INDEPAZ. Solo fuentes oficiales (Policía, FFAA, MAPP/OEA, Defensoría)
Policía. Carabineros - Seguimiento BACRIM – oct./07
-
305
30 Defensoría del Pueblo – oct./07
3.955
200
22 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
En julio de 2007 el agregado de fuentes oficiales, ONG y prensa era de 8.709. De solo fuentes oficiales: 7.400.
* El corte en noviembre incorpora correcciones y nuevos datos de la Policía Nacional.
negocios y posiciones de poder. La evolución de la relación arma entregada/efectivos desmovilizados muestra
que entre 2003 y 2006 acentuó este doble movimiento
de reclutamiento ficticio y no desmonte de mandos y estructuras claves. En las desmovilizaciones de 2004 la relación armas/desmovilizados fue de 0,8; en las de 2005,
0,66, mientras que en 2006 fue 0,48.
En cuanto al rearme, uno de los factores a analizar es
que el Programa de Reinserción no hace un seguimiento
universal a las desmovilizaciones. De 45.063 desmovilizados (entre guerrilleros y paramilitares), sólo 34.793 se
encuentran en los programas de la Alta Consejería para la
Reintegración. Esto significa que por lo menos 5.000 no
son objeto de seguimiento y control, y en el caso de los
paramilitares, hay que sumar aquellos miembros de frentes no desmovilizados como el Cacique Pipinta y Martín
Llanos, y las de los importantes jefes que suscribieron el
Acuerdo de Ralito y sus grupos, pero no se acogieron a
la Ley 975 de 2005. Adicionalmente, 84 de los 3.075
postulados a esta norma no se encuentran ubicados.
Aunque las cifras y la denominación difieren entre
las fuentes estatales, el número ilustra que el rearme no
alude a un fenómeno marginal y que no es comparable al
de las “maras” en El Salvador o Guatemala, tal y como lo
han afirmado funcionarios como el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
Eduardo Pizarro, en múltiples intervenciones públicas.2
2
Una de ellas fue la realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2007.
124
Ese organismo registra 3.955 disidentes, rearmados
y emergentes, con presencia en 200 municipios del país.
La unidad de la Policía Nacional que centraliza información sobre “Bandas Criminales Emergentes” contabiliza
2.818 en 101 municipios, y la Defensoría del Pueblo
alertó sobre la presencia de “grupos post AUC y/o no desmovilizados” en 305 municipios de un total de 1.098,
incluidas las principales capitales de Colombia. Por su
parte, Indepaz, integrando esas fuentes y con las actualizaciones realizadas con base en los últimos informes
de entidades oficiales, la MAPP/OEA y ONG de derechos
humanos, contabiliza, a noviembre de 2007, 69 estructuras presentes en 24 departamentos y 224 municipios,
para un total de 6.377 efectivos armados de narcoparas
y neonarcoparas. Con sólo fuentes oficiales, eliminado
duplicidades, se registran cerca de 5.000 efectivos armados en esos grupos neoparas.
Un panorama más completo se tendría si se incluyeran los datos de los 81 municipios mencionados por la
Defensoría del Pueblo que no han sido cuantificados. Suponiendo un promedio de 50 efectivos armados en cada
municipio se podrían calcular 4.050 neoparas en los 81
municipios adicionales en los informes de esa entidad,
para un total estimado de 9.050 armados si se toman
solo los datos estatales, o 10.427 si se tienen en cuenta
otras fuentes no oficiales. Una cifra de esta magnitud
implicaría niveles avanzados de recomposición de las estructuras armadas y requiere una consolidación urgente
de fuentes y criterios entre las entidades estatales que
han suministrado informaciones dispares.
De los diversos informes se deducen, entre otras, las
siguientes características de esos grupos: (i) operan en
las mismas zonas donde se encontraban las estructuras desmovilizadas; (ii) por lo menos la mitad de las
estructuras nuevas actúan en áreas de la economía de
la cocaína: cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de narcotráfico, lo que da continuidad al negocio de los ex paras; (iii) tienen alguna presencia, con oficinas de cobro y
bandas armadas, en importantes centros urbanos como
Cúcuta, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Quibdó,
Pereira, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Villavicencio, Neiva; (iv) muchos vinculan
a desmovilizados y, en especial, a mandos medios o
segundos de las grandes estructuras; (v) combinan estructuras uniformadas y camufladas de civil, y (vi) en el
último año muchos han presentado cambios a unidades
pequeñas como las “Águilas Negras”, grupo que, según
la Defensoría del Pueblo, tiene presencia en todos los
departamentos.
La reingenería de los negocios
La situación de los negocios ilegales y de la economía de
los narcoparas o paranarcos no fue objeto de negociación
concreta ni exigencia para la desmovilización. Dada la
caracterización asumida por el Gobierno nacional de los
paramilitares como fuerzas antisubversivas se minimizó
su relación con los negocios ilegales, en especial con el
narcotráfico, la acumulación de tierras y de inmuebles
como lavado de activos, las prácticas de extorsiones o cobro de “tributos para seguridad”, y apropiación de rentas
públicas mediante prácticas de corrupción, y el control
de alcaldías, gobernaciones y otras instituciones estatales nacionales, regionales y locales.
Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, en su libro Fin
del paramilitarismo: ¿es posible su desmonte?, afirma
que “la valoración de tierras en cabeza de jefes paramilitares que adquirían predios baratos a causa de la
presencia guerrillera, ha sido parte del proyecto paramilitar”. Y agrega que ese propósito de enriquecimiento
ha sido “tanto o más importante que el mismo plan antisubversivo” (Pardo, 2007). Las espirales de violencia,
terror, desplazamiento y destierro obedecen más a una
lógica de acumulación de activos que de motivaciones
políticas.
Así, a la hora de los balances, cabe preguntar cómo
se ha avanzado en el desmonte de la paraeconomía latifundista que ha significado la más grande concentración
de tierras en los últimos 50 años. La Procuraduría, la
Contraloría General de la República y otras fuentes estiman que en las últimas dos décadas los narcos y los
grupos armados aliados se han apropiado de más de 6,5
millones de hectáreas. Un cálculo conservador permite
cuantificar en US$2.500 millones el precio de las tierras
acumuladas por los narcoparas y paranarcos, lo que contrasta con los US$125 millones con los que valoran los
bienes entregados para el fondo de reparación.
Lo cierto es que, a pesar de la expoliación de miles
de hectáreas y de la acumulación de bienes trasladados a
una legión de testaferros, no se han decretado las medidas
cautelares ni se cuenta con los mecanismos legales para
devolvérselos a las víctimas o para su expropiación con
destino a la reparación. A esto contribuye la existencia de
procesos paralelos contra varios de los postulados: por un
lado, ante la justicia ordinaria por delitos de narcotráfico
y, por otro, los de la Ley 975 de 2005, lo que implica que
los bienes pueden ir al Fondo de Estupefacientes, en los
primeros, o al Fondo de Reparación, en los segundos.
El reciclaje de los negocios ilícitos del narcotráfico
es también evidencia de la permanencia de las estructuras económicas asociadas a los grupos armados. Según
cálculos de Indepaz, durante los últimos diez años los
narcoparas y paranarcos –independientemente de los
ingresos de los carteles– recibieron cerca de US$5.000
millones de sus negocios de tráfico de cocaína. Los jefes
desmovilizados han informado que por este concepto recibían cerca del 70% de la totalidad de sus ingresos, y
las autoridades de Colombia y de EE. UU. han indicado
que los paramilitares actuaron como una de las mayores mafias, siendo responsables del 40% al 50% de las
exportaciones de cocaína. ¿Cómo explicar entonces que
la desmovilización de las grandes estructuras militares
no haya modificado la economía del narcotráfico? Entre
2003 y 2007 no se puede observar un impacto del desmonte de estos grupos en la reducción de exportaciones
de cocaína; el reacomodo en los negocios ha sido automático y el flujo de narcóticos desde estas redes y sus
suplentes se ha mantenido invariable en un promedio de
200 toneladas métricas año.
125
Se combinan, entonces, dos situaciones: por un lado,
según Jhon Walters, jefe antidrogas de EE. UU., “algunos
de los ex jefes paras detenidos continúan en el tráfico” y,
por la otra, precisamente la más relevante, en la posdesmovilización se produjo un rápido relevo, y los neoparas
y narcoparas mantienen el negocio.
Peor aún, los paranarcos han extendido sus negocios
a otros países, como es el caso de Mancuso y “Jorge
40”, solicitados en extradición por los EE. UU.: el primero es pedido en extradición en asocio con alias “Sierra”
–personaje que inicialmente no fue admitido dentro de
los postulados, pero que actualmente no se encuentra
rindiendo versión libre– por su vinculación con la mafia
de Calabria y La’ Ndrangheta, circunstancia que condujo
a 46 capturas en Italia, España y Colombia, y a la ocupación de diferentes establecimientos comerciales. Por
su parte, “Jorge 40”, según la Fiscalía, desde la cárcel
continúa manejando el negocio y disputándolo con otros
de los postulados.
Otro de los grandes negocios que se ha identificado es el de apropiación ilícita de rentas públicas, tales
como el robo de recursos en hospitales y en Empresas
Promotoras de Salud (EPS), así como el cobro de porcentajes cercanos al 40% en los contratos de las entidades territoriales e instituciones públicas donde ubicaron
a sus aliados o agentes de la denominada parapolítica.
También se han conocido las inversiones de lavado de
activos en macroproyectos: por ejemplo, Vicente Castaño
informó sobre grandes operaciones en cultivos de tardío
rendimiento, especialmente en palma aceitera y maderables en la región del Urabá antioqueño, los cuales son
también financiados por el Gobierno nacional y departamental, mediante subsidios, y algunos empresarios.3
Sin embargo, ni en los procesos de la Ley 975, ni en los
de extinción de dominio se ha reflejado el desmonte de
todas estas redes.
3 Algunas empresas vinculadas en versiones libres e investigaciones al accionar de los paras son: Asis Ltda.,
Banacol, Chiquita Brands, Uniban, Coolechera,
Multifruits, Dole, Belmonte, Lácteos del Campo,
Drumond, Made in Italy, Gino Pascally, Restaurante La Enoteca, MT Base, Urapalma y Palmas de
Curvaradó.
126
Los neoparas han heredado las redes mafiosas que
capturan rentas en municipios de los departamentos
controlados en el pasado por los grupos desmovilizados.
Pero, además, aunque se han debilitado en algunas regiones, continúan los sistemas de cobro de tributos en
centros urbanos, lo mismo que los negocios de microcrédito (pagadiario), “chance” y usura.
El manejo de las economías ilícitas continúa después
de la desmovilización, en el marco de los procesos de la
Ley 975 e incluso desde los sitios en que se han ubicado
los postulados, lo que ha llevado a que funcionarios del
Gobierno manifiesten que algunos de éstos han perdido
los beneficios administrativos y judiciales de esa norma,
pero han delegado a las instancias judiciales la respectiva decisión.
Crisis de la parapolítica
y reacomodo del régimen mafioso regional
Tal como se ha venido refiriendo, el desmonte del paramilitarismo o del narcoparaestatismo ha sido, hasta
la fecha, parcial, y se han dado procesos de reciclaje y
emergencia de grupos armados que han entrado a cumplir funciones similares a las de los desmovilizados, pero
ahora en un contexto de crisis y de retroceso de esta modalidad delictiva y deslegitimación de una justificación
antiguerrilla.
La desmovilización y la aplicación de la Ley 975 de
20054 han estado acompañadas de fuertes presiones
nacionales e internacionales para una institucionalización de la lucha antisubversiva y la ruptura de vínculos
entre funcionarios públicos, incluidos los militares, con
grupos ilegales dedicados al narcotráfico. En este terreno
se ubican las declaraciones del Gobierno sobre el monopolio de la seguridad en manos del Estado y la condena a
cualquier grupo privado que se pretenda justificar como
colaborador o suplente del Estado en la persecución del
delito o protección frente a agresiones.
4 Véase en esta publicación: Comisión Colombiana de
Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación ColombiaEuropa-Estados Unidos. Ley 975: Sin justicia, ni paz.
No obstante la magnitud que cobró en la última década el llamado fenómeno de la parapolítica y la captura
o incidencia de paras en las instituciones, reitera las advertencias sobre los reacomodos que intentan mantener
el régimen mafioso con expresiones regionales e incursiones en instituciones estatales centrales. En el Congreso de
la República, los detenidos o investigados conservan sus
cuotas, directamente o con sus suplentes; los partidos implicados desde su cúpula en la parapolítica se mantienen
en la coalición de gobierno, y atesoran sus posiciones en el
Ejecutivo y en entidades que les han sido entregadas como
retribución a sus aportes electorales y parlamentarios.
En el destape de la parapolítica han tenido un papel
importante la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y, en
especial, los medios de comunicación, que han dado despliegue a informes de la DEA, de extraditados, ex paras
en versiones libres y de investigaciones sobre vínculos de
funcionarios estatales y grupos narcoparas o paranarcos.
La pregunta que está pendiente de respuestas definitivas
es sobre el nivel de penetración que habían logrado en
algunas instituciones de carácter nacional y el alcance de
las acciones judiciales para revertir su incidencia.
Ni tan igual ni tan distinto
En los informes gubernamentales se destaca el impacto
positivo de la desmovilización y entrega de armas de las
grandes estructuras de las AUC y otros grupos paras ocurrida entre 2003 y 2006. Se insiste, además, en que los
grupos remanentes o emergentes son bandas criminales
de menor importancia e incluso “normales” en procesos
de desmovilización. “No existen paramilitares”, repite el
Presidente de la República, y en los balances se reivindica la política de combate a esos grupos armados que se
hace evidente en cifras de capturados y dados de baja.
En 2006 y 2007 se informa sobre 2.067 detenidos y
559 muertos en combate de la Fuerza Pública contra
estos grupos. Entonces, surge la pregunta acerca de dónde están las diferencias con evaluaciones que del mismo
proceso se hacen desde organizaciones de derechos humanos y de paz y que arrojan conclusiones diferentes.
En diversos análisis de organizaciones como Indepaz se parte de reconocer la importancia del desarme y
desmovilización de más de 38.000 efectivos agrupados
en 28 estructuras criminales que funcionaron como auténticos ejércitos mercenarios y de defensa de intereses
privados. Pero se ha criticado el enfoque centrado en el
desarme e, incluso, el carácter parcial que se ha permitido, y la subvaloración y descuido frente a las estructuras
económicas y políticas, lo cual sería clave para el desmantelamiento completo y la no repetición. Parece que
se asumió el desarme como determinante del desmonte
sin darle tratamiento oportuno al carácter narco y parapolítico del fenómeno. Se diseñó un proceso de desmovilización de las estructuras armadas y de legalización de
hecho, o por omisión, de las demás estructuras mafiosas
o narcopolíticas.
Los nuevos grupos armados posdesmovilización de
los paras tienen diferencias importantes con sus predecesores en cuanto a tamaño, líneas de mando, magnitud de los servicios mercenarios antiguerrilla y mayor
dependencia de los narcocarteles, pero tienen también
continuidades y cercanías por medio de mandos medios
delegados a esta tarea de retaguardia, por la permanencia y ampliación de una red de más de 30.000 testaferros que amparan el lavado de activos y la expropiación
de tierras y bienes, por los negocios que protegen y su
función de soporte a las redes mafiosas construidas desde hace una década, especialmente en centros urbanos.
Así, en medio de las turbulencias propias de la crisis del
narcoparaestado y con la desmovilización de las grandes
estructuras, aún se está en medio de vertiginosas recomposiciones que pueden derivar en estructuras tan grandes
como las anteriores que se combinan con bandas más
pequeñas y de todo calibre.
***
Cinco años después de los acuerdos de desmovilización
y desarme, la trayectoria del proceso con los paras ha
sido distinta a la que se vislumbró en los pactos iniciales,
que algunos de los actores defendieron con tierna y fatal
ingenuidad, y que habían sido incorporados en el primer
proyecto de ley presentado ante el Congreso, denominado como “alternatividad penal”.5 Ahora, aun cuando la
5 En la ponencia inicial presentada al Congreso, los
miembros de grupos armados organizados al margen
de la ley que negociaran con el Gobierno nacional no
127
Ley 975 de 2005, después de su control de constitucionalidad, se ajustó a algunos estándares internacionales
en materia de derechos de las víctimas y ofreció mayores
posibilidades para el desmantelamiento de las estructuras armadas y sus redes inmediatas, la inestabilidad de
todo el proceso ha llevado a crisis recurrentes que se le
han salido de las manos al Gobierno, unas veces, y de
los paranarcos, otras. Como en el dilema del prisionero,
el óptimo para las partes se rompe si entran terceros en
discordia y esto ha ocurrido, no sólo por los reclamos
nacionales e internacionales que exigen verdad y justicia,
sino también por las pugnas internas entre capos, jefes y
mafias que han conducido al destape de muchos episodios criminales.
Las revelaciones en los medios de comunicación, las
versiones libres y los testigos en o por fuera del proceso
de la Ley 975 condujeron a la Corte Suprema de Justicia
y a la Fiscalía a intervenir frente a los delitos de congresistas y otros funcionarios públicos, abriendo procesos
contra 81 de ellos (FIDH, 2007), la absoluta mayoría
vinculados a la coalición de gobierno.
Pero han sido cinco años de lucha no resuelta aún
entre las presiones por el desmantelamiento total del narcoparaestatismo, o como se le quiera llamar a este fenómeno multitentacular y, de otro lado, las contraofensivas
para mantener sus estructuras de poder, así sea mutando
a formas nuevas, llámense grupos armados emergentes,
neoparas, alianza en partidos, nuevos partidos, testaferros, lavado de activos y participación en contratos públicos, entre otras.
La pasión del debate sobre este asunto de la removilización es entendida por algunos burócratas como una
fiebre de oposición a ultranza, y no como una señal de
recibirían de sanción un solo día de cárcel, pues, si
bien tenían como base de la pena alternativa cinco
años, a esta condena se le podía restar el tiempo de
duración en el proceso y los beneficios penales que
se encuentran consagrados en la legislación ordinaria. Al respecto, véase Intervención del señor Michael Fruhling, director de la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, ante la Comisión Primera
del honorable Senado de la República, Bogotá, 23 de
septiembre de 2003.
128
alerta sobre la necesidad de rechazar las tesis de las bandas criminales “normales” en una desmovilización, que
conduce a bajar la guardia ante su influencia y a dejar
mayores espacios para su reproducción.
Decir que la situación de hoy es igual a la de hace
cinco años es un exabrupto, como lo sería desconocer
que ha disminuido el nivel de violencia letal y se ha deslegitimado en la opinión pública la guerra sucia y el paramilitarismo como estrategia antisubversiva, pero es más
peligroso negar que se está en la mitad del camino y que
hay procesos de reciclaje, reordenamiento y recomposición en todas las esferas.
Bibliografía
n
CIDH (2007). Informe sobre la implementación de
la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso
de desmovilización de las AUC y primeras diligencias
judiciales. OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 6, 2 octubre
2007. Original: Español.
n
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FIDH (2007). Colombia: la desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional. Bogotá, Colombia, octubre de 2007.
n
Escuela Nacional Sindical, ENS (2007). 2.515 o
esa siniestra facilidad para olvidar. 21 años de asesinatos de sindicalistas en Colombia. Medellín: Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos.
n
Pardo, Rafael (2007). Fin del paramilitarismo: ¿es
posible su desmonte? Bogotá: Ediciones B.
129
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El pasado diciembre de 2007 se cumplieron dos años del proceso
de diálogo entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es pertinente arriesgar
algunas consideraciones sobre el estado del mismo y sus perspectivas,
en el sentido de construir un acuerdo político que permita
a este grupo armado transformarse en una fuerza civil.
El ELN asumió este nuevo intento de negociación en un contexto muy
favorable para lograr un pacto de paz. La izquierda tiene un referente
en ascenso en el Polo Democrático Alternativo y puede ser gobierno en
2010; hay interés en algunos sectores sociales en que esta negociación
avance y pueda incorporar sus reivindicaciones; hay un grupo importante
de países respaldándola y a la expectativa de colocar su granito de arena;
y, quizás lo más importante, el gobierno del presidente Uribe está interesado en lograr el pacto (Celis, 2006).
Sin embargo, la primera pregunta que cabría formularse es ¿por qué
el Gobierno de la seguridad democrática y el ELN llegan a una mesa de
conversaciones y se plantean desarrollar un proceso de negociación? Este
interrogante puede tener múltiples respuestas: por conveniencias políticas, por convicciones parciales o con el objetivo de ganar legitimidad en
una mesa para futuras pautas de actuación. La combinación de todas las
razones anteriores podría acercarnos a una respuesta adecuada.
Los primeros pasos
Comencemos por desarrollar algunas de las consideraciones y circunstancias que posibilitaron que el gobierno del presidente Álvaro Uribe,
en cabeza del Alto Comisionado de Paz, se decidiera por esta mesa en
septiembre de 2005 y diera un paso importante: permitir la liberación de
Francisco Galán, detenido en la cárcel de Itagüí, dando inicio al funcionamiento de “La Casa de Paz”.1 Esta iniciativa fue promovida por un grupo
* El autor es asesor del área de paz y civilidad
de la Corporación Nuevo Arcoiris. Correo de
contacto: [email protected]
1
“La Casa de Paz es una propuesta que surge desde personas de la sociedad civil interesadas en la paz de Colombia. No es propiamente un
espacio de ladrillo y cemento, sino un gran campo donde se puede
131
de personas de reconocida trayectoria e interés en buscar un proceso de negociación política del ELN con los
últimos tres gobiernos colombianos, desde el ya lejano
encuentro de Puerta del Cielo, en julio de 1998, donde
se formalizó la pretensión del ELN de ir a un proceso político con participación social para buscar ponerle punto
final a su alzamiento armado.
Para que Francisco Galán, comisionado del Comando
Central del ELN, se instalara física y políticamente en
La Casa de Paz, fueron garantes de su liberación el sacerdote jesuita Horacio Arango, el analista político Alejo
Vargas, el facilitador desde hace dos décadas de posibles
procesos con la insurgencia Moritz Ackerman, el dirigente
del Polo Democrático Alternativo Daniel García-Peña, y
el promotor de las campañas de desminado y de construcción de una política pública frente a este complejo y
doloroso tema Álvaro Jiménez. Fueron ellos quienes promovieron el inicio de una fase de consultas y de diálogos
entre Francisco Galán, como vocero del ELN, y algunos
sectores de sociedad civil para explorar un posible diálogo, al más alto nivel, entre el Gobierno colombiano y
este grupo.
Todo ello ocurrió en un contexto de amplia discusión
nacional por la reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial de Uribe y las campañas electorales
al Congreso de la República de marzo de 2006. El ELN
inició el proceso, después de cuatro años de implementación de la política de seguridad democrática y su duro
empeño en derrotar de manera estratégica a la insurgencia y poder conducirla a una mesa de capitulación. Este
es el sueño y compromiso del presidente Uribe con un
amplio respaldo ciudadano.
Siendo así, ¿por qué el Gobierno se decide por explorar el inicio de una mesa de negociaciones con el ELN,
cediendo en un punto importante de su política: sentarse
a negociar sin la exigencia previa de cese del fuego? Por
conveniencia electoral no es un argumento fuerte, pues
es un Presidente apreciado y respetado por su oferta de
mano dura con la insurgencia. ¿Por considerar que es-
recrear la imaginación para avanzar en el logro de la
paz” (Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por
la Paz, s.f.).
132
Conversaciones con el ELN. Conflicto armado
tán dadas las condiciones para experimentar otro camino
complementario con una guerrilla que no le produce la
visceralidad que caracteriza al primer mandatario cuando
de relacionarse con las FARC se trata?, es posible. ¿Por
ganar un aire internacional y mostrarse como un estadista que explora caminos de diálogo y soluciones políticas?,
también es un argumento de peso. Lo cierto es que el
presidente Uribe se decidió por este proceso y le asignó
la tarea al comisionado Luis Carlos Restrepo.
Pero, también está la cuestión de por qué el ELN
decide dialogar con un gobierno de mano dura que ha negado de manera sistemática la existencia de un conflicto
armado, que ha igualado la “vieja” guerra colombiana
con la lucha contra el terrorismo, y no reconoce ninguna
legitimidad a la insurgencia, ni sus razones políticas para
mantenerse en armas. ¿Será táctica para mantener un
aire político o para ganar un espacio internacional y salir
de las listas de terroristas en Europa y Estados Unidos?,
o ¿para relacionarse con una diversidad de sectores sociales y políticos en el país, y explorar un posible camino
de solución política?
Por supuesto que todas las anteriores son razones
que explican que el ELN haya decidido abrir esa mesa
con un presidente de la derecha; finalmente, esta insurgencia ha mantenido desde 1997 la decisión de dialogar
y durante 10 años ha perseverado en su propuesta de
Convención Nacional.2 El caso es que luego de muchos
2 En 1996, el ELN emitió la “Propuesta Urgente para
Colombia”, documento en el que plantea la Convención Nacional. La Convención fue formulada como
una alternativa que señala la importancia de la participación de la sociedad civil para promover y garantizar
un proceso de paz. Posteriormente, en el encuentro
del Palacio de Viana (España), el 9 de febrero de 1998,
entre el Gobierno nacional y el ELN, se logró concebir
un preacuerdo para llevar a cabo la citada Convención,
pero este no prosperó. En noviembre de 1997 se emitió otro documento, “A propósito de la Convención
Nacional retomemos los caminos de la paz”, donde
el ELN propuso iniciar diálogos de manera abierta,
pero en espacios internacionales. Poco después, en la
reunión de Mainz (Alemania), en diciembre de 1997
y en junio y julio de 1998, se reunieron los voceros
del ELN, miembros de la sociedad civil, el Comité
Nacional de Paz y la facilitación de las conferencias
episcopales de Alemania y Colombia. Allí se presentó
intentos por abrir ese espacio de diálogo político, que
tuvo como último antecedente la mediación del Gobierno
mexicano, se decidió por una mesa de conversaciones en
el exterior, y Cuba fue la sede.
¿Empantanada la Convención Nacional?
Han transcurrido dos años, se han dado nueve rondas
formales de diálogos, hay una mesa con unas delegaciones negociadoras, un acompañamiento internacional
muy activo, pero el resultado no es del todo alentador.
Se pueden considerar dos grandes momentos en este
proceso:
• Primer momento: entre diciembre de 2005 y octubre
de 2006, caracterizado por acercamientos entre las
dos delegaciones en medio del debate electoral, que
permitió promover la idea que ese era un proceso de
largo aliento en el que no se tomó ninguna decisión
de fondo.
• Segundo momento: entre febrero de 2007 y la fecha, en que las partes tienen la misión de crear una
agenda y sentar las bases de la construcción de un
proceso de negociaciones que debe llevar a plantearse asuntos de fondo, no solo al Gobierno y al ELN,
sino a la sociedad colombiana.
Entonces, ¿cuál es el producto construido luego de
tantos ires y venires, y por qué esa mesa no arranca de
manera clara? Hay un factor de fondo que debe resolverse si se quiere avanzar: la resolución de las partes.
Gobierno y ELN construyeron un proceso por fases,
han surtido una primera fase exploratoria, que dieron por
concluida en la ronda de octubre de 2006, e iniciaron
la etapa de construcción del Acuerdo Base. Éste se ha
divulgado en su estructura general y se ha avanzado de
manera sustancial en su diseño, entre abril y julio de
la propuesta de la Convención Nacional y se publicó
el conocido Acuerdo de Puerta del Cielo del 15 de julio de 1998. Este Acuerdo precipitaba la participación
de la sociedad civil y enunciaba que esta participación
debería ser permanente y que debería cumplir un rol
de facilitación con las comandancias del ELN, EPL y
las FARC-EP (Montaña, 2007).
2007. Sus dos pilares son “bajarle el volumen a la confrontación”, y promover todo un proceso de consultas y
debates ciudadanos para ir al escenario que el ELN viene
buscando desde hace una década: la Convención Nacional. Esto, acompañado de la comunidad internacional y
de garantías que darán las condiciones políticas y económicas para ofrecer continuidad a este proceso.
El Acuerdo Base contempla la creación de un ambiente para la paz, tomando la decisión de llegar a un
cese del fuego y de las hostilidades de manera bilateral
e implementar medidas para aliviar temas humanitarios
y de derechos humanos: liberación de secuestrados y
suspensión de esta práctica, desminados, atención a la
situación de desplazamiento, desaparecidos forzados y
persecuciones contra líderes sociales.
Sin estar definida, la siguiente etapa debería tener
como centro la realización de la Convención Nacional y
adentrarse en el perfeccionamiento del acuerdo político
que permita la transformación del ELN, de una fuerza en
armas a una organización política en la civilidad.
No obstante los anteriores acuerdos, hoy hay un
“empantanamiento” de la mesa. Las dos partes se han
trenzado en un debate público, en donde el Gobierno, en
cabeza del comisionado Luis Carlos Restrepo, ha argumentado que el ELN no es serio, que quiere un proceso
político para salir de las listas de terroristas de Estados
Unidos y de Europa, que quiere ganar un aire político
para continuar con su estrategia de guerra (prueba de
ello es que no ha tomado la decisión de dejar las armas)
y que su IV Congreso, realizado en julio de 2006, ha reafirmado una estrategia política donde las armas siguen
jugando un papel central.
Por esas razones, el ELN debería tomar varias decisiones si pretende que este proceso continúe: primero,
volver a convocar un congreso y tomar la decisión frente a
la dejación de las armas y, segundo, dar muestras certeras
de su seriedad, para lo cual debe hacer un cese del fuego
y de las hostilidades con estricta concentración de todos
sus efectivos rurales y urbanos, una identificación plena
de sus miembros y un depósito de sus armas en manos de
terceros para poder suscribir el “Acuerdo Base” .
El comisionado Luis Carlos Restrepo tiene razón
cuando afirma que el ELN no ha tomado la decisión de
133
dejar las armas. Siendo así, la pregunta que cabe formularse es cómo va a ser el procedimiento para que una
guerrilla, que se propuso derrotar militarmente al régimen y todos sus soportes nacionales e internacionales,
tome la crucial y pertinente decisión de dejar las armas.
¿Lo va a hacer porque se lo exijamos, la critiquemos o lo
va a hacer si se cursa un proceso político que le plantee
en su momento tal pregunta?
so continúe. ¿Hay oferta de reformas desde el Gobierno?
y ¿hay compromiso del ELN por construir una agenda de
reformas concretas y viables?; cuando decimos viables es
que no es posible llevar a la mesa el programa de la revolución socialista para Colombia, propuesto por el ELN en
1964, que plantea la posibilidad de un triunfo militar.
Podemos afirmar que el comisionado Restrepo tiene
una muy buena comprensión del ELN, pero una pésima
estrategia. Argumenta que el Gobierno no puede actuar
de manera irresponsable, promoviendo un proceso donde
el tema de las armas no está resuelto de entrada. Craso
error. Por supuesto que hay que resolverlo, pero deponer
las armas es el último punto de la agenda, y si esto es
así, ¿a cambio de qué? Precisamente aquí viene el punto
de fondo: sin una propuesta de reformas no hay negociación política, ni con el ELN ni con las FARC. Tenemos
dos posibilidades: o se les derrota militarmente o las incluimos políticamente. No hay caminos intermedios, y
construir un acuerdo político con contenidos concretos
es lo que va a posibilitar que se llegue al espinoso pero
necesario tema de las armas.
Para finalizar, es pertinente abordar otros temas que, de
una u otra forma, son relevantes para el análisis del proceso de negociación entre el ELN y el Gobierno nacional.
Ahora, teniendo como base la plataforma política del
ELN, ¿se puede hablar de un proceso de paz con este
grupo sin reformas políticas y sociales que hagan atractiva su desmovilización como fuerza armada y su incorporación al debate político democrático?
Desde la Constitución de 1991 hay reformas e inclusiones que, aunque con avances y retrocesos, y entre
formalidades de papel y activismo por su efectiva realización, son una muestra de que el país ha cambiado
desde que el ELN, en 1964, propuso el triunfo militar.
Sin embargo, por supuesto que hay un amplio espacio
para otras reformas que, acordadas entre el Gobierno y
este grupo, se den o se propongan y permitan la reinserción a la vida pública sin armas. Reformas en el sistema
político, en las garantías para la competencia electoral, y
en el funcionamiento y régimen de las administraciones
territoriales son tres grandes bloques donde se pueden y
deben hacer intervenciones.
Por esas razones, tanto el ELN como el Gobierno deben tomar varias decisiones si pretenden que este proce-
134
Conversaciones con el ELN. Conflicto armado
***
El ELN no es una fuerza derrotada militarmente. Aunque la arremetida paramilitar de 2000 le infringió duros
golpes, y ha perdido territorios en la confrontación con
la Fuerza Pública y la disputa con otros actores armados, tiene posibilidades de recomponerse y asumir una
estrategia que vuelva a poner en el centro lo militar o
simplemente mantenerse como una fuerza en armas y
esperar otros momentos históricos.
También es cierto que el ELN cada vez más está influenciado por la dinámica del narcotráfico, cuestión que
no es un tema de voluntad o definiciones políticas formales, sino una realidad económica con consecuencias políticas. Si se está en un territorio y se pretende mantener
una iniciativa política, este fenómeno se va articulando y
entre ilegalidades se van juntando. Este no es un tema
menor y le puede quitar al ELN unos puntos a su favor en
especial, ahora que hay cinco miembros notificados de
tener en su contra pedidos de extradición en los Estados
Unidos, por el delito de toma de rehenes.
Por otra parte, la pelea con las FARC es un asunto
de fondo no resuelto.3 En este punto, el ELN tiene varias disyuntivas: o trata de recomponer su resquebrajada
relación con las FARC (todo parece indicar que siguen
lejos de un proceso de negociación global), o mantiene
3 Vale la pena recordar que las conversaciones del ELN
con el Gobierno nacional también denotan un desmarque del acuerdo público suscrito con las FARC
en 2003, firmado al más alto nivel, en el que las dos
guerrillas se comprometían a no desarrollar ningún
proceso político con este Gobierno y a juntar sus esfuerzos para enfrentarlo.
su iniciativa propia y dinámica para empujar su mesa de
negociaciones.
Bibliografía
Para concluir, cabe decir que el Gobierno y el ELN
tienen su propio ámbito de responsabilidades frente al
proceso. Ambos deben recordar que son instituciones
que se deben a sus mandatos: el Gobierno frente a una
sociedad que espera resultados en una línea de paz, y no
solamente en los importantes asuntos de la seguridad, y
el ELN se debe a su historia.
n
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la
Paz (s.f.). La Casa de Paz (en línea). Disponible
en: http://www.asambleaporlapaz.com/casadepaz_
new/casa.html.
n
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Ejército de Liberación Nacional. Actualidad colombiana, 443.
n
Montaña, Tatiana (2007, 28 de febrero). Referentes para elaborar agendas de paz. Documentos
en el proceso Gobierno-ELN (en línea). Bogotá:
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Disponible en: http://www.indepaz.org.co/index.
php?option=com_content&task=view&id=420&
Itemid=42.
¿Podrá ese grupo construir un acuerdo con contenidos políticos y preguntarse por el destino de sus armas,
o se mantendrá en ellas, en medio de una lucha social
que pretende evitar retrocesos en materia de garantías
constitucionales, así como impulsar nuevas reformas,
todo esto, sin considerar necesaria la participación de
este grupo insurgente?
En todo caso, no se puede terminar una perspectiva
de ese proceso sin decir, de manera breve, que hay que
prepararse para un gran tema: la agenda de verdad, justicia y reparación que está en curso en Colombia, y que
los eventuales y futuros procesos con el ELN y las FARC
deberán asumir. Será un debate y una construcción de
fórmulas jurídicas y políticas que hagan viable la consecución de la paz, y el emprendimiento de la larga jornada
por no permitir que nunca más la violencia sea un recurso para agenciar las agendas políticas de nadie.
Al proceso con el ELN y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez vale la pena ponerles energías sociales,
razones y propuestas concretas; éste es valioso, y puede
y debe ganar ritmo.
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El Gobierno colombiano ha manejado dos discursos oficiales frente al
acuerdo humanitario: su voluntad para avanzar hacia el mismo y el
señalamiento a las FARC como el principal obstáculo para lograrlo. No
sentarse con las FARC es su verdadero y fundamental discurso, que
representa el nunca expresado inamovible oficial.
El 5 de agosto de 2007, la senadora Piedad Córdoba solicitó al presidente Hugo Chávez que sirviera como mediador en el proceso de búsqueda
de un acuerdo humanitario entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas
Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
¿Por qué el presidente Álvaro Uribe aceptó la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías?
El ex asesor presidencial, Rudolf Hommes, explica de forma muy clara las
razones que inspiraron esa decisión:
Nunca se tiene toda la información sobre las razones y circunstancias que
llevan a que el Gobierno tome ciertas decisiones. Fue muy sorprendente que
el presidente Uribe invitara al presidente Chávez a adelantar gestiones frente
a las FARC, que él viniera a Hato Grande a discutir esa posibilidad y que se
fuera con un claro mandato para intervenir. En ese momento, para explicar
las decisiones de Uribe, existían por lo menos dos hipótesis: la primera, que
el Presidente y su consejero de paz se dieron cuenta de que habían agotado
sus opciones y que el proceso estaba completamente empantanado, lo cual
dejaba al Presidente en una posición muy vulnerable, sujeto a presiones de
Gobiernos amigos y expuesto a la crítica interna, sobre todo la proveniente
de familiares de secuestrados, que en ese momento tenían mucho apoyo en
la opinión pública, por el asesinato de los diputados del Valle del Cauca. La
otra hipótesis era que, por estas mismas razones, el Presidente necesitaba
ganar tiempo y sacarse de encima la presión. (Hommes, 2007)
Desde la aceptación del presidente Chávez,1 han sido varios los avances logrados, aunque han sido sistemáticamente ocultados, manipulados
* Asesor de la senadora Piedad Córdoba. Sociólogo y promotor de los derechos de los
pueblos afrocolombianos.
1
Desde el programa dominical Aló Presidente No. 286, que se realizó en
el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas.
137
o minimizados por el Gobierno y los grandes medios de
comunicación colombianos:
1. Es la primera vez que el jefe de Estado de un país
vecino se vincula de forma decidida a la búsqueda
de un acuerdo humanitario en Colombia, rompiendo
la tradición de que esa función correspondía a los
países europeos. En medio de un consenso amplio
y democrático, las gestiones venezolanas en procura
del acuerdo humanitario se orientan a contribuir a
una salida negociada al conflicto armado colombiano
y a evitar el rescate militar de las personas prisioneras de las FARC.
2. Las gestiones realizadas por la senadora Piedad Córdoba ante el Gobierno estadounidense, el Ministerio
de Justicia y la bancada de congresistas demócratas
arrojaron como resultado el interés público y creciente de altos funcionarios de Estados Unidos por contribuir al logro de un acuerdo humanitario, lo cual se
consideraba una empresa imposible.
3. Cuba, Bolivia y Nicaragua, países que integran la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), acordaron por unanimidad expresar
su apoyo a las gestiones de mediación del presidente Chávez en el proceso facilitador del intercambio
humanitario. Ese gesto también fue respaldado por
el grupo de Países No Alineados, Brasil, Francia,
Ecuador, el grupo de países latinoamericanos y la III
Cumbre de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP).
4. El Gobierno de Venezuela y las FARC celebraron reuniones fuera del territorio colombiano. Antes, esa
guerrilla se había negado a celebrar reuniones en un
lugar distinto a Colombia para avanzar en la consolidación de un acuerdo humanitario.
5. El Gobierno nacional aceptó la propuesta de liberación presentada en rueda de prensa por el presidente
Hugo Chávez, con la única condición de que las aeronaves venezolanas que ingresaran al territorio nacional tuvieran el emblema de la Cruz Roja Internacional.
En relación con las otras 18 mediaciones recientes,
la aceptación colombiana de la propuesta venezolana
representó un avance sin precedentes. Para adelantar
138
Acuerdo humanitario. Conflicto armado
el rescate humanitario de las tres personas que las
FARC decidieron entregar al jefe del Estado venezolano, se organizó la operación Emmanuel, conformada
como una comisión internacional con ex presidentes,
delegados presidenciales y representantes de varios
países vecinos como comisionados internacionales.
6. A pesar de su negativa en el pasado, las FARC aceptaron a una facilitadora nacional designada por el
Gobierno.
7. Las gestiones adelantadas por el presidente Chávez
y la senadora Piedad Córdoba condujeron a que las
FARC decidieran liberar unilateralmente a las señoras
Clara Rojas y Consuelo González. Ese gesto constituye una gran esperanza: la perspectiva de liberación
de otros secuestrados políticos y la cercana posibilidad de lograr un acuerdo humanitario, a pesar
de los obstáculos y las dificultades impuestas por la
guerra.
A ese entusiasmo le teme el Gobierno de Colombia
porque lo presiona a sentarse con las FARC y pactar el
intercambio humanitario.
Simulacro de acuerdo humanitario
El Gobierno colombiano ha manejado dos discursos oficiales frente al acuerdo humanitario. De una parte, un
discurso para la tribuna, según el cual tiene voluntad
para pactar un acuerdo humanitario. De otra parte, un
discurso oculto, orientado a torpedear cualquier posibilidad de lograr ese acuerdo, según el cual, son las FARC
las que no tienen voluntad política de pactarlo. La carta
segura es la del rescate militar para evitar el acuerdo
humanitario. No sentarse con las FARC es su verdadero y
fundamental discurso, que representa el nunca expresado
inamovible oficial. Así, por ejemplo, el Gobierno combinó
las conversaciones sobre el acuerdo humanitario con los
bombardeos y la inteligencia militar para buscar el rescate de las personas cautivas.
Recurriendo de nuevo al ex asesor de la actual administración, Rudolf Hommes, podemos saber por qué el
Gobierno abandonó, desde los primeros días de octubre,
el simulacro de estar por el acuerdo humanitario y pro-
fundizó su verdadera intención de adelantar el aniquilamiento de las FARC y de la guerra:
Difícil creer que el Gobierno involucre al presidente del
país vecino, a varios Gobiernos europeos y al de los Estados Unidos en una gestión en la que no cree, o con el
único propósito de maniobrar. Entonces debe haber sucedido algo que la opinión pública no conoce a cabalidad,
o un cambio de las circunstancias políticas o de las posiciones de los otros gobiernos involucrados porque Uribe y
su consejero de paz se han echado para atrás. (Hommes,
2007)
El masivo apoyo internacional de los países por el
acuerdo humanitario se convirtió en una real presión al
gobierno de Uribe. Los reiterados llamados del presidente
Chávez a Manuel Marulanda para realizar conversaciones
directas sobre el conflicto armado y lograr vías de solución política produjeron efecto en el Gobierno y el establecimiento económico colombiano. En ese momento, el
presidente Chávez afirmó que tenía la sensación de que
hablando con Marulanda se pudiera lograr el acuerdo humanitario.
Esos esfuerzos del presidente Chávez y su reunión en
el Palacio de Miraflores con familiares de estadounidenses retenidos por las FARC, los posibles encuentros con
los senadores demócratas norteamericanos que anunciaron reunión con el mandatario venezolano, la recepción
a Daniel Parfait, director para América de la Cancillería
francesa, y a los delegados del Secretariado de las FARC,
lo mismo que el pronunciamiento de Manuel Marulanda,
ordenando entregar pruebas de vida de los prisioneros,
y la visita al presidente Sarkozy, generaron pánico en el
Gobierno colombiano y su retiro formal de las gestiones
por el acuerdo humanitario, aprovechando un incidente
como pretexto para acabar, sin realizar pronunciamiento
diplomático alguno, la mediación de Chávez y la facilitación de Piedad Córdoba.
La evaluación realizada por el Gobierno colombiano,
en octubre de 2007, lo condujo a suspender las gestiones por el acuerdo humanitario. Sin embargo, justificó
su decisión endosándole la responsabilidad a errores de
la mediación y a la facilitación, para no quedar como el
desertor del proceso. Existieron otras razones no manifiestas para tomar tal decisión. Rudolf Hommes las puntualiza, en los siguientes términos:
Surgió una oposición soterrada pero muy fuerte en contra
de la intervención de Piedad y de Chávez de parte de las
facciones más recalcitrantes que respaldan al Presidente.
Chávez está popular en Colombia y ellos temen que aumente su influencia política o que la senadora pase a ser
una gran figura. Es posible que los militares estén oponiéndose por razones geopolíticas y porque se le estaba dando
a la guerrilla tratamiento de contraparte. Los militares y
el gobierno de Uribe han intentado evitar otorgarle a la
guerrilla ese tratamiento, llegando hasta extremos semánticos que a veces son incomprensibles para los no iniciados. Pero cuesta trabajo entender cómo se van a negociar
eventuales acuerdos con las FARC sin darles tratamiento
de contraparte. Son el adversario con quien se pretende
negociar, aunque ello se haga a través de terceros, y se
requiere su colaboración para llegar a un acuerdo, o por lo
menos para progresar. (Hommes, 2007)
Sí a la guerra, no al acuerdo humanitario
La perseverancia y la obstinación por el acuerdo humanitario son la expresión de un sentimiento solidario con las
víctimas del conflicto armado. Este proceso ha servido
para que se expresen y se presenten dos enfoques que se
han visto las caras en cada acto: el enfoque democráticohumanista y el enfoque militarista.
Después de producirse la liberación de Clara Rojas y
Consuelo González, que oxigena la posibilidad real de llegar a un acuerdo humanitario, el Gobierno de Colombia
persiste en su posición de negarse a lograrlo. El acuerdo
humanitario no se ha podido realizar, ante todo, porque
el Gobierno no quiere, ni puede hacerlo y no se lo dice
al país. Ha optado por consentir el acuerdo humanitario
para no ser acusado de intolerante, discurso esgrimido
sólo en momentos de presión ciudadana, como la llegada
del profesor Moncayo a Bogotá. No puede hacerlo porque
en su esquema guerrerista tiene como paradigma acabar
la guerra a través de la guerra y, en el caso particular de
las FARC, no reconocerle estatus político hace parte de
su estrategia bélica.
En la agenda gubernamental no está previsto un
acuerdo humanitario porque éste implicaría sentarse con
el enemigo, contra el cual se ha diseñado la política de
seguridad democrática, y resultaría muy difícil explicarle
al país cómo esa política –que tiene al borde del “fin del
fin” y de la “derrota estratégica a las FARC”– debería ser
139
dejada de lado para sentar a las FARC como interlocutor,
con el propósito de negociar el acuerdo humanitario y
canjear presos políticos por las personas que mantiene
cautivas esa guerrilla.
De otra parte, para que se abra un proceso de acuerdo humanitario o un proceso de paz es preciso que antes
haya habido guerra. Pero el Gobierno colombiano nunca
ha aceptado la existencia de un conflicto armado, una
guerra interna contra las diversas organizaciones guerrilleras. Para el gobierno de Uribe se trata de ciudadanos
que cometen delitos comunes o terroristas, sin motivaciones subjetivamente políticas; por tanto, la idea de un
acuerdo humanitario entre el Gobierno y esos delincuentes es impensable.
A pesar de este enfoque particular sobre el “conflicto
armado” o el “no conflicto armado”, el Gobierno nacional
ha insistido desde el comienzo del proceso de negociación con los grupos paramilitares, en otorgarles a éstos el
carácter de sediciosos, esto es el estatus de delincuentes
políticos, que niega a los guerrilleros alzados en armas.
La figura jurídica de la sedición, así utilizada, evidencia
la defensa política de uno de los pilares del Estado capitalista, los hacendados, su ideología militarista y su brazo
parapolítico.
El hecho es que aunque el Gobierno colombiano no
se considera en guerra con las guerrillas, éstas sí están
en guerra contra él y esta verdad se le quiere ocultar al
país y al mundo.
La concepción de las FARC
como alternativa de poder
Una alternativa de poder tiene las características de ser
un poder social, económico y político alterno al existente.
No puede ser un poder construido por una organización
armada o partido alejado de las fuerzas sociales existentes. La concepción de ser alternativa de poder lleva a las
FARC a no considerar fuera de ellas a las fuerzas sociales
del país y a usurpar la representatividad de ellas. Esta
consideración tiene su correlato en lo militar: las FARC
se consideran el aparato militar de un naciente Estado
que busca hegemonizarlo todo y decide sobre la vida de
las personas. No obstante, las condiciones inhumanas de
140
los prisioneros que están en sus manos no tienen presentación para una insurgencia que dice ser la alternativa a
este mundo deshumanizado.
A pesar de que las FARC realizaron la entrega unilateral de dos mujeres, el manejo que hicieron respecto
del paradero de Emmanuel y su falta de claridad frente
al país y a la Comisión Internacional que estaba en la
operación humanitaria, reveló un comportamiento fundado en la mentira. “Mentira por mentira”, pareció ser
la lógica del proceso, pues el 31 de diciembre de 2007
el Gobierno sostuvo que no había operativos militares ni
bombardeos, en los llanos y la selva oriental del país.
En realidad, las FARC, desde su particular concepción del poder, tienen las mismas razones de “Estado”
para no ceder en relación con la zona de despeje y no
ser flexibles ante el llamado del pueblo colombiano. Su
posición se emparenta, paradójicamente, con la del Gobierno. Son dos Estados los que se sientan a negociar.
El gesto unilateral que ha tenido se lo ha cedido a un
Estado: el venezolano.
Las FARC constituyen una de las principales anomalías de la precaria democracia colombiana. Sus actos son
sobradamente conocidos y dolorosos. Pero las FARC son
un actor racional que actúa para conseguir un fin político: la toma del poder político en Colombia. Sus acciones
por más monstruosas que sean obedecen a una lógica
política. Reconocer esto no es ser miembro de las FARC,
sino que equivale a saber quién es el actor que tenemos
al frente. ¿Por qué se sentaron los gobiernos de Belisario
Betancur y Andrés Pastrana con ellas y les dieron reconocimiento político como fuerza insurgente?
Demonización de los esfuerzos por el acuerdo
De manera magistral y con el apoyo de los medios de comunicación, el Gobierno aprovechó el pronunciamiento
del mandatario venezolano de proponer el reconocimiento político y el otorgamiento de estatus de beligerancia
a las FARC para orientar la opinión a favor de la guerra (rescate militar de los prisioneros y localización de
campamentos de secuestrados). En particular, pretendió
actualizar el respaldo social e interpartidista para su
ofensiva de guerra mediante la promoción de la marcha
del 4 de febrero en contra de las FARC.
Adicionalmente, quienes han servido como facilitadores y mediadores han sido anatemizados por los grandes
medios de comunicación. El esfuerzo por “emparentarlos” con las FARC y, así, proscribirlos políticamente ha
tenido como intención central despojarlos –primero, formalmente y después, a la fuerza– de su investidura de
facilitadora y mediador, respectivamente. Esa parece ser
la forma de “lidiar con ellos y eso no va a ser imposible”,
como lo predijera, desde octubre de 2007, el ex consejero de Uribe, Rudolf Hommes:
La reunión de presidentes en La Guajira parece haberle
dado nuevo aliento al proceso. Sería lamentable que se
dejara pasar la oportunidad de moverlo con la ayuda de
Chávez. Él ha realizado un esfuerzo de buena fe y con muy
buena voluntad para destrabarlo. También ha logrado hacer que las FARC se muevan, algo que no se había conseguido. Si hay que mandar a Tirofijo o al Mono Jojoy en
avión a Caracas para llegar a un resultado, es posible que
sea necesario hacerlo y tragarse otros sapos para tener éxito. En cuanto a Chávez y a Piedad, hay que agradecerles,
ante todo. Después tendremos que lidiar con ellos, y eso
no va a ser imposible.
Los medios no han querido profundizar en las propuestas que ha hecho el mediador para continuar la
labor por el acuerdo humanitario de forma tranquila.
Han preferido satanizar la propuesta de otorgar estatus
de beligerancia a las FARC, como si así se avalara a la
insurgencia, y por esta vía restarle fuerza al escenario de
gestar un acuerdo humanitario y deshacerse de quienes
lo están haciendo posible, para alinderarse con la perspectiva de la guerra y la fase final del Plan Colombia.
En el caso de la senadora Córdoba, la demonización ha
ocultado que lo único que ella ha hecho es invocar las
conclusiones del Tercer Congreso Liberal sobre el acuerdo
humanitario y, en particular, la tesis de la beligerancia
restringida que sostuvo el ex presidente liberal Alfonso
López Michelsen (2005):
El terrorismo no está clasificado como delito, es auxiliar entre los recursos de las ofensivas físicas, de las ofensivas militares, pero el delito de terrorismo no existe como tal. No
existe porque es extremadamente difícil de definir. Tan difícil que cuando se intentó en Ginebra una definición que cobijara el concepto que percibimos terrorismo, fue imposible
llegar a un acuerdo y a lo más próximo a que se llegó, fue a
decidir equivocadamente por cierto, que el terrorismo es la
tentativa de luchar por la fuerza contra el Estado. Error, el
terrorismo no es solamente la lucha contra el Estado, hay
el terrorismo nazista, nacionalista, racista, sindicalista, no
es exclusivamente contra el Estado, puede ser contra las
empresas que revisten determinadas características, puede
ser a favor de una raza contra otra que se ejerce terrorismo,
y desde luego, hay que descartar la tentativa de encontrar
el terrorismo definido, tipificado como delito.
El infame proceso jurídico-político dispuesto en contra de Piedad Córdoba ha sido una de las piezas maestras
de la estrategia de descalificación. Acusándola de traición a la patria y de ser una dirigente pro FARC, se busca
expropiarle su verdadera identidad política democrática,
construida a lo largo de años de trabajo intelectual y político, y conocida por los movimientos sociales y por todo
el país, cuya característica más sobresaliente tal vez haya
sido la promoción de posturas críticas contra la guerra.
El escándalo mediático alimentado con pruebas falsas y
señalamientos infundados sólo es explicable como parte
de la guerra simbólica, que pretende lograr lo que no
puede hacer la “otra guerra”, al tiempo que convierte a la
senadora en un blanco fácil de ataques verbales y físicos
violentos.
La respuesta gubernamental a las posiciones críticas
asumidas por Piedad Córdoba y su preocupación por
encontrar salidas a la tragedia humanitaria colombiana
es realmente perversa. Una vez supo de la situación de
riesgo denunciada por la senadora, el ministro de Justicia
y del Derecho Carlos Holguín Sardi afirmó: “Si Piedad
Córdoba está en riesgo es por ella misma”. Y añadió:
“Es evidente que cuando una persona se expresa contra el país, como lo hizo la senadora Piedad Córdoba,
pues naturalmente alguien reacciona”. De acuerdo con
la lógica del razonamiento del ministro Carlos Holguín, el
disenso es un atentado contra la patria; cualquier reacción frente a los enemigos de la patria es legítima; y, en
consecuencia, no hay garantías para quienes ejercen el
disenso porque ellas y ellos no son patriotas. De tal forma, resulta inevitable que las “fuerzas oscuras” puedan
proceder según lo estimen conveniente.
El Gobierno ha intentado varias veces quemar los
papeles de facilitación de la senadora Córdoba y de mediación del presidente Chávez. Unas veces, retoma para
su manejo local el tema de los prisioneros. Otras veces,
141
escoge con los dedos de la mano la participación internacional, recicla la comisión de tres países que antes había
descalificado y reedita la participación de una desgastada presencia de la Iglesia, que no cree en el acuerdo
humanitario, según lo ha manifestado monseñor Fabián
Marulanda. Sin embargo, su esfuerzo más fructífero ha
sido descalificar el apoyo a un acuerdo humanitario mediante la construcción simbólica de una tríada diabólica:
las FARC, el presidente Chávez y la senadora Córdoba
son las tres cabezas del mismo diablo. En la práctica,
esa demonización no causa mella significativa ni en las
FARC, ni en el presidente de Venezuela; en cambio, tiene
importantes consecuencias para la ciudadanía que está
por el acuerdo humanitario y las fuerzas sociales que tratan de abrir una perspectiva de transformación política y
de ruptura del bloque continuista en el poder.
La propuesta de un acuerdo humanitario se enfrenta
a un ambiente en el que se combinan perversamente por
lo menos tres factores: i) la inflexibilidad de las FARC y
su no manejo político de la situación; ii) la opción gubernamental de combinar todas las formas de intimidación,
militar, política, jurídica, mediática, y la descalificación
de familiares y partidarios del acuerdo humanitario; y iii)
la ausencia de un vigoroso movimiento social que presione el acuerdo humanitario y cambie de rumbo los inflexibles comportamientos de los actores que tienen “la
sartén por el mango” y los obligue a sentarse a negociar.
Sin embargo, en medio de un clima adverso, aún es
posible que quienes cumplen funciones de facilitación y
mediación logren hacer fructíferos sus esfuerzos y sorprendan a quienes consideran inconveniente o no creen
en la posibilidad de avanzar en un acuerdo humanitario
entre el Gobierno de Colombia y las FARC. ¡Somos optimistas, dejemos el pesimismo para tiempos mejores!
¡Gobierno y FARC: Acuerdo Humanitario ya!!
***
En ese panorama, resulta preocupante que las prioridades del Gobierno parezcan ser la polarización del país,
la intensificación de un clima de intolerancia, guerra
mediática y consolidación de condiciones para el tercer
período presidencial, ofreciendo una promesa de dudosa
reputación o, en otras palabras, una profecía inviable: el
142
fin de la guerrilla está muy cerca; la salida es la guerra, a
pesar del sufrimiento de la población civil.
La pretendida solución política no es una alternativa
posible porque no existe conflicto armado y las guerrillas
simplemente son terroristas, y son cómplices de ellas –a
veces, incluso más peligrosos– todos aquellos que propugnen por una supuesta “salida negociada” o el llamado
“acuerdo humanitario” o los que esgrimen la bandera de
la paz, que no son más que propuestas de claudicación y
postración frente a los violentos. Mientras tanto, es profundo e interminable el silencio oficial frente a los horrores históricos y a los nuevos del paramilitarismo (lo único
que dicen las autoridades es que ya no existe).
Bibliografía
n
Hommes, Rudolf (2007, 15 de octubre). ¿Se asustaron con el cuero? Portafolio, Bogotá, Colombia.
n
López M., Alfonso (2005, 23-24 de febrero). Ponencia presentada en el II Congreso Internacional
sobre Víctimas del Terrorismo, Bogotá, Colombia.
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La transición de una sociedad asediada por la violencia paramilitar y guerrillera a una sociedad en paz y gobernada por leyes plantea múltiples
retos. Factores objetivos como el conflicto armado, las masacres, el desplazamiento, el secuestro y la extorsión, el despojo violento de tierras,
la desigualdad material y la concentración de la riqueza lícita e ilícita se
erigen en limitantes reales a la democratización del país y amenazan la
vigencia de los derechos humanos. Tres opciones a nombre de la democracia compiten en este contexto para propiciar o impedir tal transición: la
democracia mayoritaria, la democracia mediática y la democracia social.
Las circunstancias políticas del país en el último lustro inclinan la
balanza a favor de la primera y segunda alternativas, pero la tercera de
ellas es la única salida que podría asegurar la estabilidad política y la
paz. En esta corta reflexión nos referimos a la idea de la democracia
para luego caracterizar los elementos y el funcionamiento de los tres modelos enunciados. Mientras que los dos primeros niegan los presupuestos conceptuales de la idea misma de democracia, el tercero permite la
realización de los derechos humanos en su integridad, esto es, tanto los
derechos civiles y políticos como los sociales, económicos, culturales y
ambientales.
La idea de democracia
* Doctor en filosofía del derecho y derecho
constitucional, magíster en filosofía y abogado. Ex magistrado auxiliar de la Corte
Constitucional. Profesor del Departamento
de Filosofía de la Universidad de los Andes.
El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no sólo supone la
participación de ciudadanos libres e iguales en los asuntos públicos sino
que también requiere ciudadanos reflexivos, capaces de ejercer la crítica
mediante el ejercicio de la razón y de realizar sus planes de vida en forma
autónoma. En la Antigüedad griega, mujeres, esclavos y extranjeros no
gozaban de autodeterminación política. La discriminación de género y
clase se mantuvo hasta bien entrada la Modernidad. La exclusión de la
mujer y de los pobres en el ejercicio del poder se justificaba por su dependencia económica. Quien no gozara de independencia en el manejo
de sus asuntos privados, tampoco tenía capacidad ni podía pretender
145
participar en el manejo de los asuntos públicos. Esta observación sigue teniendo vigencia, no así su conclusión.
La subordinación económica impide el ejercicio autónomo de la ciudadanía, pero la falta de criterio propio por la
situación de dependencia no se resuelve con la privación
de derechos. La solución que se impone es, por el contrario, asegurar un mínimo material de derechos sociales,
económicos y culturales a toda persona para que pueda
ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos. Sólo
mediante el aseguramiento automático de un mínimo
vital, como concreción de una política de Estado y no
como programas asistenciales de un gobierno, es posible
garantizar un ejercicio independiente y crítico de la razón
en la esfera pública.
La democracia mayoritaria
El principio de mayorías tiene su justificación moral. Su
fundamento es simple: toda persona vale lo mismo y ante
los desacuerdos ideológicos debe primar la mayoría de
los votos al momento de tomar una decisión colectiva.
Ya lo expresaba claramente Jeremías Bentham con la
fórmula “un hombre, un voto”. La raíz igualitaria de la
democracia mayoritaria niega más o mejores derechos a
algunas personas, al asignarles a todas igual valor. Adicionalmente, por ser las decisiones políticas un asunto
práctico donde existen diversidad de opiniones y no un
acceso privilegiado a la verdad, el peso numérico de los
votos es el criterio decisorio para convertir una voluntad
mayoritaria en ley. Las anteriores razones explican que
haya tenido tanta importancia en la historia y que aún
encuentre defensores en la actualidad.
Rousseau y Kant advirtieron en su momento sobre
los peligros de la democracia entendida como gobierno
de las mayorías. Las grandes masas son volubles y no
gustan de reglas del juego que las autolimiten. De ahí su
tendencia a la anarquía. El potencial peligro que conlleva
el abuso de consultas populares, referendos o plebiscitos
ha hecho que su uso sea marginal en las democracias
constitucionales consolidadas, con partidos políticos institucionalizados y canales de representación efectivos. El
caudillismo y el populismo favorecen los mecanismos de
participación directa, por el provecho que puede reportar
la convalidación del pueblo en momentos de efervescencia y furor.
146
Una desventaja adicional de la democracia mayoritaria es que conduce a la marginación de las minorías.
Salvo la existencia de reglas que protejan a grupos sociales minoritarios mediante discriminación positiva (circunscripción especial, derecho de veto, cuotas, mayorías
calificadas para decidir sobre ciertos temas, protección
especial, etc.), la democracia mayoritaria significa la anulación de la diferencia y su sacrificio a favor de la voluntad
general. La democracia mayoritaria o numérica es un sistema de gobierno inadecuado para la sociedad pluralista
contemporánea, donde el valor de la diversidad ocupa un
lugar central en la organización social y política.
Las ventajas de la democracia mayoritaria, su simplicidad, su respeto a las leyes del mercado y su ausencia de
límites materiales a lo que puede ser sometido a deliberación y decisión popular, se ven opacadas por la creciente concentración del poder económico y burocrático. La
estrecha relación entre poder político y grupos de poder
económico en la competencia para acceder al Estado y
controlar el poder burocrático revela cómo el principio de
mayorías puede estar –y comúnmente lo está, reforzado
por la democracia mediática– al servicio de los intereses
hegemónicos en la sociedad. Ante esta inevitable realidad, denunciada en su momento por Jürgen Habermas en
su libro La inclusión del otro (1999), es necesario reforzar los canales de la acción comunicativa y la deliberación
democrática, de forma que una opinión pública crítica
haga contrapeso al circuito de dinero y poder burocrático
ejercido en desmedro de la población que no accede a los
privilegios concentrados en manos de unos pocos.
La democracia mediática
La democracia de mayorías se ve reforzada con el uso intensivo de la imagen televisiva. Los medios de comunicación potencian el respaldo popular a líderes carismáticos.
No las razones y los argumentos, sino las emociones y
los sentimientos, sustentan en el modelo de democracia
mediática la adhesión al Gobierno y el respaldo a las decisiones adoptadas sin deliberación. El poder mediático
del Gobierno es aún mayor cuando, consciente de las
creencias de la población mayoritaria, utiliza símbolos
religiosos en sus intervenciones televisivas para legitimar
sus metas políticas. Pero tal forma de actuar atenta contra el reconocimiento de la diversidad y de la concordia.
La combinación de poder mediático y creencias religiosas pone en riesgo una de las grandes conquistas de la
Ilustración: la separación entre religión y política, entre
Iglesia y Estado, como garantía de la paz social.
No en vano los presidentes latinoamericanos han institucionalizado las apariciones semanales, en particular los
sábados o domingos, cuando la población descansa, para
hacer presencia protectora en televisión. La periodicidad y
ritualidad del encuentro reemplaza la religiosidad perdida
en la sociedad pluralista. La figura mesiánica, todo-protectora y pudiente del mandatario de turno acompaña y asiste
a la población. Es la era de la democracia mediática. A la
manera de un reality, el pueblo comparte con su máximo
representante, participa de sus humores, alegrías o vacilaciones, como si fuera el más común de los mortales
y frente al cual el ciudadano común queda eternamente
agradecido, sin dar lugar a un intercambio de ideas crítico
que permita el disenso y la confrontación ideológica.
El matrimonio entre el poder económico dueño de
medios de comunicación y el poder burocrático permite
un intercambio permanente de favores entre los circuitos del poder y del dinero: popularidad del mandatario y
respaldo en los medios a cambio de cupos burocráticos
y pauta publicitaria de entidades oficiales. La independencia de los medios informativos se coopta mediante
leyes aprobadas por las mayorías gubernamentales en el
Congreso, en función de los intereses del grupo económico respectivo.
la solución de los problemas sociales. Esta concepción
social de la democracia, original del filósofo John Dewey,
se impone como la más atractiva frente a los modelos alternativos de la democracia mayoritaria y la democracia
mediática.
En la práctica, la participación política, crítica y deliberativa de los ciudadanos, exige el aseguramiento de
condiciones materiales mínimas para su ejercicio. Si bien
la satisfacción de un mínimo vital que permita la existencia digna a la persona humana no garantiza su activa
participación política, sí asegura las condiciones de posibilidad de la democracia social. Como modelo de organización política, la democracia social exige la realización
de todos los derechos humanos en el grado necesario
para superar la dependencia y su subordinación.
El desmonte del Estado de bienestar europeo ante
las presiones de la globalización económica no ha significado la abolición del Estado social de derecho. Mientras
que el primero pretendía el bienestar general mediante
la redistribución económica y el intervencionismo del Estado en la economía, el segundo obedece a parámetros
normativos que prohíben la humillación de la pobreza
y el sometimiento de la persona humana a instancias o
individuos que la subordinan y limitan en sus potencialidades.
La democracia social
En la democracia social, los derechos económicos,
sociales y culturales no tienen un estatus diferente a los
derechos civiles y políticos. Su garantía efectiva es condición necesaria de la democracia social y su exigibilidad judicial consecuencia de la misma. Las dificultades
existentes hasta hoy para realizar los derechos humanos
en su integridad no deben impedir el progreso histórico
hacia un mundo mejor. Si bien la democracia social se
presenta aún en un tosco esbozo –parafraseando a Immanuel Kant al referirse al Estado cosmopolita universal–, ya comienza a despertar ese sentimiento de modo
simultáneo en todos, hasta convertirse en esperanza en
una sociedad gobernada por las leyes, democrática, social y respetuosa de la diferencia, donde la guerra quede
definitivamente desterrada.
La democracia es el mejor sistema político que permite
liberar la inteligencia de todos y ponerla al servicio de
La democracia social supone la erradicación de
la indigencia y la pobreza. No puede haber verdadera
La democracia mediática predomina en tiempos de
globalización de las telecomunicaciones. Si bien Internet igualmente abre posibilidades a la prensa y al pensamiento independientes, lo cierto es que el acceso o
no a la imagen en los medios masivos de comunicación
construye o sepulta posibilidades políticas. No en vano,
un pacto para silenciar a candidatos en los medios puede
eliminar la expresión de nuevas voces o pensamientos
diversos, sobre todo críticos a los intereses establecidos
y a la injusticia social.
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democracia cuando la mitad de la población debe rebuscar diariamente lo necesario para sobrevivir y 20%
de la misma vive en la miseria absoluta. Tampoco es
compatible con el intercambio libre de ideas la violencia
armada, sea institucional o privada, que coacciona a
los ciudadanos, elimina a sindicalistas y líderes sociales, y acalla así las voces disidentes. El uso del terror, el
desplazamiento forzado como política antiguerrillera, la
concentración de tierras en manos de poderes mafiosos
–cuatro millones de hectáreas apropiadas por el paramilitarismo– y los vínculos entre grupos armados ilegales y
poderes políticos regionales socavan las posibilidades de
la democracia.
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Democracia y derechos humanos

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Fuentes de consulta Instituto Nacional de Antropología e Historia