Documentos - Westminster College
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1 Documentos Documentos 2 Documentos 3 Documentos 4 Documentos El conflicto armado, a la vuelta de la esquina •Civiles, en especial niños, llevan la peor parte en guerra urbana creciente. •Como en el campo, en muchos barrios hay control a alimentos y transporte. •En Occidente y Nororiente guerrilla y paramilitares pelean cuadra a cuadra. A Carlos Alberto Giraldo M. Informe No. 1 sobre CONFLICTO URBANO publicado el domingo 28 de abril de 2002 las nueve horas de la mañana brumosa de este viernes 26 de abril, un c o m a n d o paramilitar incursionó en las calles de Santo Domingo Savio y se llevó a dos hombres y una mujer. Algunos milicianos del Eln, vestidos de civil, patrullan el sector alertados por el ataque. En sus rostros se notan malestar y desconcierto. “La guerra está encendida. Cada vez hay más presión, más intensidad y más brutalidad. El año pasado le cortaron la cabeza con un hacha a un pelado que no tenía nada qué ver en esto y se la mandaron a la casa. Era Día de la Madre. Si ellos van con todo, a la gente, aquí, también le toca responder con todo”, narra un joven que confirma que la cita, para hablar del tema, está cancelada por razones de fuerza mayor. El fragor de los enfrentamientos se descubre en los avances y retrocesos de las fuerzas armadas ilegales, calle a calle. Hace sólo tres meses había presencia paramilitar en un sector de este vecindario conocido como La 29, en el cruce con la calle 107B. Los embates de los milicianos de izquierda los obligaron a replegarse. “Hubo muchos muertos”. Pero los “paras” siguen muy cerca, a sólo doce cua- dras, en la entrada al barrio San Pablo, en la carrera 34 con la calle 97. Allí hay retenes casi a diario para investigar quién se transporta en los buses, en los colectivos, en los taxis. También para cuidar que nada viaje oculto en las cajuelas de los autos o en las cinturas y los morrales de los pasajeros. Un grafiti, pintado en la pared de una tienda del lugar, advierte esa presencia: “ACU llegamos”. Tantos ojos que vigilan, tantas preguntas inquisidoras, tantos rayones en las paredes con lemas de guerra, tantos jóvenes que patrullan en esta parte del nororiente de Medellín, pero también en el occidente, revelan que ese ambiente caldeado del campo, con ejércitos irregulares que chocan y ponen a los civiles en medio del fuego cruzado, ahora está aquí, en la ciudad. Quién dijo miedo! Dora* veía a Pedro El Escamoso, la novela de televisión, mientras aguardaba que su marido y su hermano terminaran de comer los frijoles con arroz que les acababa de servir. Todo estaba en calma cuando sonó el primer disparo. Salió al balcón y vio a varios policías al trote. Subían por la calle estrecha de enfrente de su casa en busca de milicianos. “Ahora la ‘ley’ viene por aquí y lo saca, pero es prendido”. 5 Documentos La mujer entró de nuevo a la sala de su casa, que también es comedor y dormitorio. No pudo tirarse al piso porque sus dos parientes ya ocupaban el espacio libre. “Fui a meterme detrás de la nevera, nada. Luego al baño, no me hallaba del susto”. De pronto, algo pegó, en seco, contra uno de los costados del refrigerador. Los hombres, aún bocabajo, alcanzaron la pieza caliente y humeante. Era un tiro de fusil. Unas cuadras arriba Willington, un menor de 17 años, había caído herido de muerte sobre la placa deportiva de cemento del barrio La Independencia #2. Otros muchachos intentaban evacuar al herido, moribundo, pero la balacera no daba tregua. “Ese día también hirieron a Ángela, una vecina”, recuerda la dama. Varios habitantes de ese vecindario de la Comuna 13 del occidente de Medellín sostienen que en ocasiones la Policía ha hecho asaltos de imprevisto, apoyada con tanquetas y fuego de fusilería. También denuncian que en un sitio llamado La Torre (una estructura de la red de energía) toman posiciones varios fancotiradores que, por momentos, han disparado indiscriminadamente. En varias viviendas del sector hay huellas de los disparos en los techos y en las paredes. En la Guardería Carrusel, que funciona en una casa prefabricada que cuelga de una de las laderas de esta parte de Medellín, hay un orificio quince centímetros abajo del marco de aluminio de una ventana con vista a La Torre. Cuatro mujeres que cuidan a los catorce niños que reciben atención en la vivienda dicen que hace tres semanas, a las dos de la tarde, el balazo perforó la pared, delgada y débil. “Los niños todavía estaban aquí. No sabemos cómo el tiro no mató a ninguno. Recogimos el plomo aplastado y lo botamos, porque después dicen que somos guerrilleras”. Apenas a cuatro y ocho metros del jardín infantil, otras dos viviendas están agujereadas: una en el contador de energía y la otra en el tejado. En la segunda, la bala pasó una cortina y se clavó en un envase de lata que estaba en la nevera, lleno de chocolate. Una mujer enseña el boquete en el tarro y la puerta del refigerador parchada con masilla. A una menor de diez años, una bala de fusil le partió los huesos de su antebrazo izquierdo y luego se le metió en el abdomen. Recibió atención de urgencia en la Unidad Intermedia de San Javier y después en el Pabellón Infantil del Hospital San Vicente de Paúl. La dieron de alta el miércoles pasado. “Había salido con mi tía a comprar unas pastillas para mi papito (abuelito) y al doblar la esquina me dieron. No sé por qué. Cuando vi la sangre me puse a llorar. Me llevaron en una moto. Me sacaron la bala estripada de la barriga”. Un francotirador la alcanzó desde una colina del barrio Corazón. “No pueden ver jóvenes reunidos aquí porque abren fuego”, agrega una familiar de la menor, que ahora, por miedo, prefiere no salir a la calle. En jaque Después de subir un millar de escalas desde la placa polideportiva de La Independencia #2 hasta el filo de la loma, se descubre una veintena de casas desocupadas. Allí, en la calle 34B con la carrera 111, es notoria la huida de los En las laderas de la zona oriental las autodefensas intentan cerrar un cerco entre los barrios Carambolas y Caicedo La Sierra. En la imagen, uno de los combatientes de esa organización al margen de la ley. 6 Documentos vecinos por miedo a las balaceras. “Cacorros, afeminados, pirovos”, les dicen a los milicianos en un grafiti pintado en una vivienda abandonada. En otro muro se lee: “Cap (Comandos Armados del Pueblo) morirán”. Una caseta que había debajo de La Torre ha sido destruida. Nadie sale, nadie se asoma. De pronto aparecen seis policías que se escondían en una de las propiedades abandonadas. Están tensos, con sus fusiles y sus binoculares en las manos. “La orden de mi general es estar aquí”. El agente al mando sostiene que su tarea es evitar que los insurgentes maten y cobren vacunas. También intenta ubicar, según dice, a francotiradores de la guerrilla apostados en otros puntos de la ladera, pero no disparar contra los civiles. “Incluso, los milicianos se nos han metido hasta aquí a lanzarnos petardos”. En febrero mataron al teniente Casas, subcomandante del Cuerpo de Reacción Antiterrorista de la Policía Metropolitana, Coran. Ese día una patrulla del CTI de la Fiscalía había sido emboscada por milicianos en el sector de San Michel, en San Javier, al otro lado del cañón que forman los barrios de la Comuna 13, que vistos desde La Torre parecen un tablero de ajedrez hecho con ladrillos desnudos. El oficial tomó los binóculos para inspeccionar el área, pero un tiro certero de carabina le pegó abajo del ojo y le atravesó la cabeza. Sólo se escuchó, en una fracción de segundos, un golpe suave, como el de una moneda en un pedazo de madera. “Mi teniente se desplomó”. En el laberinto La guerra urbana se desarrolla en un territorio repleto de callecitas, pasadizos, callejo- nes, cañadas, escalinatas y ranchos que forman un laberinto, una maraña de caminos trazada por la sucesión inestable e impredecible de las invasiones de miles de pobladores llegados del campo y de otras barriadas de Medellín, expulsados por la violencia o empujados por la necesidad. Uno de los más recientes, empinados y distantes asentamientos está en la zona nororiental. Allí, los ranchos de madera apenas toman forma. Unos cuantos ostentan cuerpos de ladrillo y pisos de cemento. Un grupo de seis policías, en tres motos, intenta subir por la loma de barro rojizo, ablandado por el invierno y las aguas negras que se escurren desde las casuchas más altas. En algunos lotes la gente siembra café y plátano. Es un mundo a mitad de camino entre el campo, que se ve metros arriba, en lo alto de la montaña, y la ciudad, que se descubre a lo lejos, humeante y dura, igual que las paredes y las calles que cubren la barriga que se forma al centro del valle. “Allá abajo el Gobierno ignora nuestra situación: epidemias, plagas, diarreas, desnutrición. Es infrahumano como se vive aquí. Este vecindario es tranquilo, pero en otros aledaños como Bello Oriente y La Cruz se dan bloqueos al transporte, a los alimentos. “Hay registros, casa por casa. A veces el Ejército y la Policía entran con encapuchados o patrullan de civil”, relata un grupo de líderes comunitarios. Ellos dicen estar al margen de los actores armados. Pero la guerra acosa y por todos los lados las intimidaciones y las agresiones se extienden como una epidemia. Un informe de un colectivo de Derechos Humanos, que se titula Medellín-Colombia, la Otra Palestina, observa que los Toca viajar por otr os lados otros Las presiones de los grupos armados en las principales vías de acceso a los barrios en donde se desarrolla la confrontación obligan a los pobladores a realizar extenuantes jornadas a pie, para cambiar de rutas, evitar los retenes ilegales y a veces la expropiación de sus mercados y demás pertenencias. Así mismo, los embates de comandos al margen de la ley están echando al traste con años de trabajo comunitario y de esfuerzos colectivos por sacar adelante esos barrios en los que la constante es la pobreza. Viviendas, placas polideportivas, centros escolares, se están quedando solos o se deterioran debido a su no utilización. En varios sectores las comunidades se están organizando para llevar a cabo denuncias internacionales sobre lo que sucede. La gente reclama, además, la presencia de organismos humanitarios y de derechos humanos, nacionales y extranjeros, que los ayuden a aliviar los rigores y a aminorar los atropellos de los bandos en disputa. 7 Documentos pobladores más pobres, después de construir sus tugurios con cartón y plástico, y un poco de madera, “se encuentran en una ciudad de gobernantes que nos los quieren porque la afean y, por consiguiente, se les estigmatiza de ser milicianos y guerrilleros”. Hoy Carambolas, un barrio de la Zona Nororiental, es un ejemplo y es también centro de la disputa entre comandos de las autodefensas del Bloque Metro, los organismos de seguridad oficiales y las milicias de las Farc y del Eln. “Esa es tierra de candela. Más de diez familias se han ido. Estamos tensos porque a los líderes nos ponen en la mira”. En ese barrio, que suena a tacada de billar, operaban los Núcleos Revolucionarios 6 y 7, absorbidos desde enero por las Autodefensas de Córdoba y Urabá. “Llegaron los paracos y les ofrecieron plata y, como se dice popularmente, se torcieron”. Un joven que conoce la situación de la Zona Nororiental explica que unos 20 militantes que había allí están armados ahora con fusiles. “Lo que pasa es que cogieron a 26 manes, que eran de la comandancia de los 6 y 7 y quedaron desmantelados. Los infiltraron y un día, en una operación simultánea, cayeron casi todos. “Al calor y al miedo de ese golpe, además de agobiados por el desempleo, los otros pelados se plegaron a los ‘paras’”. En los últimos días las mujeres adultas, cabeza de hogar, sufren el drama del reclutamiento de sus muchachos. “Hay una sentencia: las familias meten a sus hijos a la guerra o se van del sector. Es una cuota humana. ¿Para qué? Los vuelven matones a sueldo, los engañan con plata y lo más seguro es que no los volvemos a ver”, reflexiona una madre y líder de esa ladera. “Bajo el velo de la impunidad” se adentra en los barrios “la figura del c o n t r o l paramilitar; miles de jóvenes son obligados a participar en la red que se viene construyendo”, denuncia al respecto un documento de defensores de Derechos Humanos. “Aquí estamos” Nuestra guía se despista entre el montón de escalas y pasadizos. Ahora tomamos un recodo estrecho y desembocamos a un cruce de calles más amplias donde cuatro muchachos y una mujer nos observan. Pronto indagan por el sentido de la visita. Son miembros de las Milicias Bolivarianas de las Farc. Recelosos consultan con un superior y nos solicitan que esperemos. Poco a poco baja la tensión y aparece un hombre de aspecto fornido, joven, con su rostro cubierto por una camiseta. Dice que debemos esperar una hora, hasta que llegue “otro mando”. Puntual, al mediodía, aparece el combatiente autorizado para hablar. “Lo que está pasando en estos barrios se debe a un conflicto que se viene generalizando en el país. Paramilitares y guerrilla enfrentan una lucha que, en parte, se decide” allí. El hombre habla pausado. Sólo se ven sus ojos, hundidos en la sombra que forma su capucha improvisada. Dice que no hay interés en atacar a nadie, salvo a la Policía y al Ejército, “si es del caso”. La actitud es defensiva, aclara. “No sólo hay heridos, hay muertos. Hay niños asesinados ante la intensidad de lo que ocurre. ¿Qué medidas toma- En las calles los civiles sufren la zozobra de las balaceras diarias. En la ladera occidental, por ejemplo, el fuego cruzado pone en peligro a la gente en las horas de salida y llegada de sus trabajos. mos? La gente sabe que no debe salir cuando haya enfrentamientos, cuando suenen tiros. Hay un conflicto entre ellos y nosotros, los que tenemos las armas. La comunidad no tiene nada que ver, muchos no saben ni quiénes somos, pero los organismos de seguridad dicen que tienen que saber”. Un integrante de los Comandos Armados del Pueblo, Cap, se une al diálogo. Ambos coinciden en que la gente no tiene por qué poner los muertos. “Uno, como guerrero, como combatiente, le parece duro”. Sentados sobre una escalas que dan entrada a una vivienda, los encapuchados advierten que en el sector las Farc, el Eln y los Cap están unidos “contra la agresión estatal”. Los combates cada vez son más duros, según relatan: “el sábado (20 de abril) apareció un helicóptero y rafaguió. Pero no sabían cuál era su objetivo. Por fortuna, la comunidad no resultó afectada”. 8 Documentos Ocultos tras un camión viejo, los milicianos señalan una colina en la cual se ubican francotiradores enemigos. Al tiempo, aceptan que el conflicto se está “urbanizando” y que “en los campos sólo quedarán los pájaros y los micos”. “Esto se prolongará hasta que el Estado tome conciencia. En el momento tenemos focos (presencia) por todos lados”. Aseveran, antes de terminar el diálogo y perderse por un callejón, que los organismos de seguridad no “nos verán arrodillados”. En aquel alto La vía llega a su final, muy arriba, sobre la margen norte de la quebrada Santa Elena. Es de mañana y en la última parada de los buses y colectivos, y en una vía que estrecha su garganta hasta cerrarse, un grupo de tres jóvenes del Bloque Metro de las Autodefensas requisan a los pasajeros de los automotores. José, un moreno delgado que llegó a Medellín desde Acandí, Chocó, luego que a su padre lo mataran las Farc, relata que un grupo de hombres uniformados de militares y policías entró al barrio en un camión. “Nos confiamos de que era la ley, ¡pero qué va, hermano, eran guerrilleros! ¡Hijueputa, por poco nos encienden! Pero así es esto”. Señala la cara sur del Cerro Pan de Azúcar, en una actitud de expedicionario y de campaña, y advierte que esta noche planea meterse a un vecindario que está del otro lado. Se llama Mano de Dios. Con su acento urabaense, algo risueño, dice que allá le tienen “algo guardado”. A su mando está un grupo de unos 40 muchachos, algunos de ellos ex miembros de las milicias 6 y 7 de Noviembre, que controlaron el vecindario a principios y mediados de los noventa, y después, tras un proceso de desmovilización, decidieron volver a echar mano de los fierros que les ofrecieron sus antiguos enemigos: “los paras”. En una descripción del terreno, José cuenta que por los pinares que se avistan más arriba de la vieja carretera a Santa Elena, a veces se descuelgan “comisiones” del frente Carlos Alirio Buitrago del Eln. Señala un pequeño barrio, el 8 de Marzo, ubicado al otro lado de la hondonada, y dice que sólo le falta ese pedazo para tener el control de la zona. “Brisas de Oriente, que está al lado, ya es de nosotros”. Sostiene que las milicias que antes estaban en los territorios que hoy controla el Bloque Metro de las Autodefensas atropellaban a la gente. Había asesinatos, atracos y robos. Una pregunta obligada: “¿y ustedes acaso no hacen lo mismo?”. Él responde que se “ajusticia” sólo a quien ha pasado todos los límites y que no hay “vacunas” (extorsiones). Sólo “se percibe una platica” de una empresa de transportes del sector. “Del Estado Mayor recibimos un mercado por mes” y una modesta “mensualidad”. Los muchachos reciben adoctrinamiento y aprenden maniobras militares en la Escuela Corazón del Bloque Metro de las Autodefensas, controlada por “Rodrigo”, un hombre de unos 35 años, a quien los jóvenes llaman, imperturbables y firmes, “mi comando”. Allí se echan unos tiritos en un despoblado y aprenden a manejar fusiles. Ahora esos mismos chicos suben por unas escalas de tierra del vecindario mientras que una mujer desplazada del municipio de Ciudad Bolívar los ve pasar. Está en su rancho, con piso de barro. Le pregunto qué piensa al ver a esos jóvenes armados: “la cosa está tranquila, lo malo es tanta pobreza”. Su esposo no consigue trabajo porque sólo sabe sembrar. Moros y Cristianos Al otro lado de la ciudad, en el Occidente, también de mañana, tres jóvenes milicianos del Eln, en cuclillas, cuentan balas de fusil que sacan de una bolsa plástica, mientras que por sus radios les dicen a otros compañeros, ubicados en lugares estratégicos para combatir con los francotiradores de La Torre, que “hagan otros dos tiros a ver cómo se pone la cosa”. Al caer la noche, sobre la vía principal de acceso al barrio, los milicianos cruzan una cadena de acero, de un poste de la energía a otro, y la unen con un candado. En adelante, ningún carro puede pasar. En el día, en un paredón se lee la advertencia de que el avance a los extraños es restringido: “prohibido el paso de taxis y particulares ELN”. Un muchacho del sector aparece con una bolsa llena de camisetas y piyamas perforadas por balas. “¡Mire, mire, hermano! Los organismos de seguridad entran a golpear, a amenazar y a disparar. Entonces, si puedo, si tengo con qué, les hago un tiro y me bajo al que sea”. Esas palabras, cargadas de resentimiento, se suman a las de José, a las del Policía de La Torre, a las de los milicianos de las Farc y de los Cap y a las de la gente que sufre en esas calles empinadas. Se revuelven con la letra de una canción de salsa que ahora suena en un parlante en la esquina y que es un mensaje para la gente de Medellín, que parece no enterarse de lo que pasa: “¡en guerra nadie gana/ en guerra todos perdimos igual!”. 9 Documentos Viviendas abandonadas: drama de barrios en disputa •Personería asegura que fenómeno afecta a miles de familias. •Alcaldía reconoce que no tiene recursos para tantas personas. •Red de Solidaridad advierte que la Ley no los cobija a todos. edro Picapiedra se quedó asomado en la terraza, meneando la cola, con las patas apoyadas en los muros. Luisa lo oyó ladrar y quiso devolverse, pero su esposo se lo impidió. Le dijo que no había tiempo y que él después mandaba a recogerlo. Los tres muchachos contratados para el trasteo les ordenaron subir al carro, un viejo Ford sin puertas y agujeros de bala en la trompa. En la casa, además del perro, Luisa tuvo que dejar la cuna de Brayan, que en el tropel de la huida ninguno supo desbaratar; la nevera, un armatoste de color verde demasiado grande y pesado para la reducida carrocería del camión; una ponchera con ropa sucia, remojada en agua jabonosa; y un par de materas sembradas con cebolla. Nadie se asomó a despedirlos. Las 40 casas de la manzana, a lo largo de la calle 34B con carrera 111C, entre los sectores 20 de Julio y Betania, ya estaban desocupadas hacía dos meses, desde que la guerra entre las milicias y autodefensas se recrudeció y los muros de las edificaciones empezaron a sacudirse con las esquirlas de las granadas y las ráfagas de los fusiles. P José Alejandro Castaño Hoyos Informe No. 2 sobre CONFLICTO URBANO publicado el lunes 29 de abril de 2002 Los únicos que decidieron quedarse entonces fueron Luisa y su esposo, empeñados en salvar los diez millones de pesos que dos años antes pagaron por su vivienda con un préstamo del que aún deben la mitad. Por eso persistieron y mandaron a los niños a la casa de la abuela, en Guayabal. En esos días, a comienzos de febrero, el tropel de los que huían comenzó a ser tan vertiginoso que muchos dejaban camas, trastos de cocina, estufas, cuadros colgados en las paredes y mascotas, en total cinco perros, tres gatos y una coneja de orejas grises que terminó muerta de un susto después de la detonación de una papa explosiva. En eso iba pensando la mujer, en los animales, mientras el conductor del camión descendía loma abajo, apurado por el peso de los trebejos mal arrumados y el temor de una emboscada. Según las autoridades, su caso es el de cientos de familias en diferentes zonas de Medellín en las que la guerrilla y las autodefensas luchan por el control de barrios cuya ubicación consideran estratégica, debido a los corredores que comunican sus laderas con algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano, 10 Documentos precisamente en las poblaciones del departamento donde los frentes rurales reclaman abastecimiento, víveres, munición y vías de ingreso y salida al Valle del Aburrá. mayor de familias, el Municipio comenzó a diseñar un plan de asistencia del que aún no se conocen detalles. Voces oficiales Alberto Morales, asesor de la Personería, advierte que la situación es crítica y asegura que la ciudad aún desconoce la dimensión de esa tragedia. En su opinión, la mayoría de la gente todavía piensa que los desplazados son sólo las familias campesinas que tienen que abandonar sus parcelas de cultivo y que ese fenómeno es ajeno a los núcleos urbanos. De acuerdo con el funcionario, pese a que no existe un censo, el número de hogares desarraigados por culpa de la guerra entre milicias y autodefensas en Medellín suma miles en Santo Domingo Savio, Popular, Ocho de Marzo, Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, Villa Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y Efe Gómez, barrios de las periferias en los que, denuncian los habitantes, hay cuadras desoladas, marcadas por el abandono y los grafitis en aerosol en los que los grupos armados se retan a muerte y se culpan de la desgracias de los que se marchan. Consuelo Chavarriaga, directora de la Oficina Municipal de Atención de Desplazados, reconoce que el fenómeno sorprendió a las autoridades. En ese despacho, admite sin rodeos, no tienen recursos para encarar el problema y atender las familias con subsidios de vivienda, educación o ayuda humanitaria. No obstante, debido al evidente incremento de los combates en los barrios y la huida de un número cada vez Depreciación M a u r i c i o Cadavid, sociólogo de la Universidad de Antioquia, dice que el problema del desplazamiento urbano no es nuevo y que desde la época en que Pablo Escobar Gaviria empezó a financiar las bandas de sicarios, los jóvenes aprovecharon el poder de las ametralladoras y el dinero para desterrar familias enteras e, incluso, exigirles el traspaso de sus propiedades. Esa espiral de crimen, explica el académico, se ha mantenido todos estos años y la desocupación de viviendas en barrios periféricos es una constante. Lo que ocurre ahora es que, señala, además de que el volumen de desplazamiento es mucho mayor, por primera vez se están vulnerando zonas de estratificación alta. El caso de la urbanización Villas de Aragón, en Belencito, parece prueba de eso. La unidad es de 252 casas, cada una con un área promedio de 70 metros cuadrados; casi 600 árboles frutales en las zonas comunes, dos salones sociales excelentemente dotados, piscina y hasta un aviario con diferentes variedades de canarios, sinsontes y gallinetas. Sin embargo, por culpa de la guerra que se libra a pocas cuadras, en el sector de El Corazón, 60 casas fueron desocupadas este año y, cuentan los habitantes, en promedio tres familias se mudan de la unidad cada fin de semana. El asunto es tan grave que por las viviendas, cotizadas en sesenta millones, na- Esta foto fue tomada desde el interior de una de las cerca de cuarenta casas abandonadas en el sector de La Torre, en el Centro occidente de la ciudad. Para intentar controlar la arremetida de los grupos armados, la Policía hace patrullajes durante el día. En la noche, cuentan los pocos habitantes que insisten en permanecer en la zona, el miedo y la soledad se toman las calles. die ofrece más de treinta. Rodolfo*, médico de la Universidad de Antioquia, cuenta que dos veces ha ido a devolverle la propiedad a la corporación que se la financió y que ésta sólo le reconoce la tercera parte del valor, como veinte millones. Con todo y el descalabro financiero que ello supone, muchos vecinos han preferido colgarse en las cuotas de los préstamos e irse a pagar arriendo a otras partes con tal de huir del alcance de los combates, siempre entre hombres de rostro cubierto que disparan fusiles, lanzan granadas y usan camuflados. La misma situación padecen en la Unidad Residencial Citará, cuyos arriendos, que deberían costar $400.000, se ofrecen en $200.000, y hasta 11 Documentos en menos. La gente está desesperada. Jhony*, licenciado en Educación Física del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ajustó la cuota inicial de su apartamento en San Michel, parte alta de San Javier, a punta de abdominales, sentadillas, flexiones de pecho, levantamiento de pesas y largas jornadas de trote como instructor en un gimnasio. El esfuerzo de dos años continuos, además de una satisfacción dura, firme, libre de estrías, le dejó una pequeña hernia inguinal que sólo le comenzó a doler cuando, hace cinco meses, tuvo que abandonar su propiedad, apremiado por la guerra. Larva Lo más duro, lo que da más rabia, alegan Luisa y su esposo, es que las autoridades no parecen darse cuenta de lo que está pasando, como si el Alcalde, los concejales y los comandantes de la IV Brigada, la Policía Metropolitana y el DAS vivieran en otro mundo del que apenas se asoman a través de vidrios blindados. Quizás eso explica, asegura la pareja, porqué la imagen que tienen las autoridades del conflicto en los barrios es a veces tan distorsionada, borrosa. Hace veinte días, cuenta la mujer ofuscada, ella y su esposo volvieron al barrio, en un esfuerzo por recuperar a Pedro Picapiedra. Fueron a las once de la mañana, vestidos con camisetas blancas y en compañía de uno de los hijos, el más pequeño, todo para conjurar el recelo de los grupos armados. Buscaron, silbaron, tronaron los dedos, preguntaron por ahí, nadie les dio razón. Por fin, ya de bajada, frente a la fachada de un granero destruido, alguien les contó que al perro lo habían herido en una balacera y que penó tres días hasta que se murió. En sus pesquisas diarias, les dijeron, cinco tipos armados lo echaron a un caño, molestos por el hedor de la carne descompuesta y el reguero de gusanos. Justo así, lanzados a un foso, con todo y sueños, se sienten Luisa y su familia, y la mayoría de los desplazados en los barrios. La guerra acecha y engulle. Voces del destierro “Nosotros salimos del barrio desde mediados de marzo. La situación se hizo insoportable. Había balaceras todos los días. Una vez los milicianos nos reunieron y nos explicaron que la cosa estaba muy brava y que como los paramilitares andaban tan encima, que todos los habitantes teníamos que prestarnos para hacerles la guerra. Esa vez fue cuando pusieron como condición que si los milicianos necesitaban entrarse a la casa de uno a la brava para resguardarse, fuera a la hora que fuera, nosotros teníamos que abrirles la puerta y ocultarlos. ¡Imagínese!” María, del barrio 20 de Julio. “Mi rancho es de adobes y tejas. Un pedazo tiene plancha. No es lujoso, pero es bonito. Tiene sus servicios y un frente amplio. Dos piezas, baño, cocina y balcón en la parte de atrás. Nos tocó dejarlo abandonado el 30 de enero. De allá, que yo sepa, han salido por hay otras diez o doce familias, todas arriadas por las balas como cuando usted espanta ganado a fuetazos. Nosotros sólo alcanzamos a sacar la ropita y unas ollas. Todo lo demás está allá. La orden que dieron los milicianos es que los que salimos perdimos el dere- cho a volver y que si nos ven otra vez por allá nos ajustician. ¡Eso mandaron decir!”. Enrique, del barrio Blanquizal. “Los paramilitares subieron un martes por la noche y le cortaron la cabeza a un sobrino dizque porque era guerrillero. Después volvieron al jueves y fusilaron a tres pelados, entre ellos el hijo de una comadre. Mi hijo, que es celador en una urbanización en El Poblado, dejó de subir a la casa a dormir de puro susto y comenzó a quedarse donde un compañero en Robledo. Yo me cansé de oír balazos, gritos de auxilio y de estar sola. Mi casa la dejé cerrada con candados pero una vecina me llamó a contarme que ya la abrieron y que la ocuparon”. Noelia, del barrio Fuente Clara. “Un día vino un grupo preguntando por mi marido, que era de la acción comunal, y lo acusaron de ser un líder cívico al servicio del Eln. Como no estaba, le dejaron dicho que no lo querían volver a ver por ahí porque le iban a cortar la lengua y los testículos. Antes de irse, los tipos rayaron las paredes y las ventanas de la casa. Yo lo llamé al trabajo y le dije que no subiera. Mi papá y un tío me ayudaron a empacar ese tarde y cuando el trasteo ya estaba listo, los paras volvieron y me dijeron que si había decidido irme, que les dejara las llaves de la casa, que ellos la necesitaban. Tenían armas y capuchas, ¿quién les dice que no?”. Marina, del barrio Popular. Nombres cambiados por petición expresa de las fuentes 12 Documentos Medellín: 20 años de llanto en las calles •Auc controlan 70% de los barrios, dice informe de inteligencia. •Hay registros de 400 bandas delincuenciales activas en la ciudad. •Más de 40.000 jóvenes muertos en choques en los últimos 20 años. ay un mito según el cual Medellín tiene dos historias de violencia urbana: antes y después de Pablo Escobar. La realidad es que en los últimos 20 años, más de 40.000 jóvenes, entre los 14 y los 26 años, murieron en la ciudad, producto de una confrontación armada que, según los analistas, puede empeorar en esta década. “La primera década del 2000 sería la más violenta en la historia si no se interviene este panorama. Es un llamado para preguntarle al Estado qué se va a hacer con esta generación de jóvenes que requieren oportunidades, más allá de la guerra”, asegura Luis Guillermo Pardo, director de la Oficina de Reinserción en Medellín. Con la muerte del “Doctor” (Escobar) no se acabó el narcotráfico, tampoco las bandas y mucho menos las milicias que no tenían nada qué ver con él. Muerto Pablo, por el contrario, quedó una nueva generación armada, dedicada a hacer otros trabajos y dirigida por sicarios profesionales. Sicarius es una palabra que aparece en la Roma antigua para designar a jóvenes asesinos a sueldo, que mataban con una daga o un cuchillo (Sica, punta). Esta figura fue incorporada en la ciudad por el cartel de Medellín. En la década de los 80 hay A Elizabeth Yarce Entrega No. 3 sobre CONFLICTO URBANO del domingo 28 de abril de 2002 un corte con dos circunstancias decisivas: una, el surgimiento del narcotráfico de una manera organizada y alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcos, llegaron propuestas de organización de grupos armados delincuenciales a los barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar venganzas. Se fortaleció entonces un aparato militar liderado por Pablo Escobar , Alfredo Vásquez “El Pana”, John Jairo Velásquez “Popeye”, Carlos Aguilar “Mugre”, Otoniel González “Otto” y los hermanos Mosquera (“La Quica y Tyson”), al lado de una cultura proclive al enriquecimiento fácil y a la solución violenta de los conflictos. Se instala esa mentalidad y empieza a recorrer la ciudad, no sólo en los barrios populares. Esta época coincidió con la propuesta del M-19, Eln, Epl y Farc, de desarrollar un proyecto militar urbano con la denominación de milicias, en parte copiando el esquema de la segunda guerra mundial de los partisanos en los principales países invadidos por Alemania. “Cada cual desarrolló su actividad: los grupos milicianos contra el Estado y el narcotráfico como protección del negocio para ajustes de cuentas. Cuando comienza la guerra del Estado contra Pa- 13 Documentos blo Escobar se tensionan estas fuerzas, se radicaliza mucho más la violencia y la propuesta miliciana de la guerrilla comienza a ser permeada por métodos militares de la delincuencia común. Hay una reflexión del movimiento guerrillero, el M-19 se desmoviliza y abandona su proyecto. A finales de la década del 80 lo hace el Epl. Las Farc y el Eln, no por negociación, sino por decisión, replantean las estructuras de sus milicias porque fueron ‘filtradas’ por la delincuencia común”, precisa Luis Guillermo Pardo. Tras la salida de la guerrilla, quedó sembrado un camino para grupos aislados con formación militar, armados con cierta ideología miliciana que decidieron desarrollar actividades de una manera independiente y se asentaron en zonas populares de la ciudad, independientes de las Farc y del Eln. A principios de los 90 se inició una disputa por territorios en los barrios populares, entre grupos armados al servicio de la delincuencia y grupos milicianos independientes. Esta situación, unida a la masificación del narcotráfico, llevó a que en 1991 y 1992 se registrara la mayor tasa de homicidios en la ciudad: 444 por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la desaparecida Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín. Mientras que en diciembre de 2000 la tasa de homicidios era de 150 por 100.000 habitantes y en el 2001 llegó a 200 por 100.000 habitantes, según estadísticas de Decypol. A partir de 1992 comenzó a descender esta estadística. “El narcotráfico se transforma a partir de 1997, se recicla, no desaparece, se conforman nuevos grupos y estructuras. No están los grupos fuertes como Los Priscos, aparecen otros y la guerrilla reformula su decisión de abandonar la ciudad, como espacio y territorio. Vuelven a desarrollar una intervención en ella. También ingresan las Autodefensas. Las nuevas bandas Si bien hoy Medellín cuenta con una inusitada proliferación de bandas y otro tipo de grupos armados en el escenario urbano, como las autodefensas y las nuevas milicias de las Farc y el Eln, hay que tener en cuenta que la dinámica y las características que enmarcan a estas agrupaciones, no se corresponden, en su esencia, con la naturaleza de los grupos protagonistas de la violencia en los años 80, cuando el narcotráfico tuvo en ellos una singular influencia y cuando las confrontaciones entre diferentes bandas de la ciudad se encontraban en un período de agudización. “Pablo dejó a mucha gente armada, que se agrupó en bandas poderosas que no se resignaron a dejar la vida del dinero fácil que en los 80, y hasta mitades de los 90, proporcionaba el narcotráfico. De ese grupo hacen parte más de 200 bandas, pero ahora el jefe, o los jefes, son otros”, expresa “Diego”, habitante del sector de Moravia. Un informe de inteligencia conocido por este diario revela que desde el año 2000, la guerra, al interior de las bandas, provocó el surgimiento de nuevas organizaciones, varias de ellas absorbidas por las Auc, el Eln y las Farc. Los Priscos, El Viejo, Los Capuchos, La Ramada, La Según las autoridades, en los últimos 13 meses las Auc, los Cap y las Farc son los grupos más fortalecidos en la ciudad. El conflicto de las zonas rurales es ahora urbano. 14 Documentos Quica, Los Mecatos, La 91, El Loco Uribe, Los Enanos, Los Magníficos o Los Nachos, que hicieron parte del antiguo cartel de Medellín, fueron desplazados por otros grupos armad o s . ”Ahora es más difícil la situación porque, aparte de contar con un arsenal que les heredó el narcotráfico, los grupos armados (Farc, Eln y Auc), bajo la premisa de absorberlos los están dotando de verdaderos arsenales que superan en sofisticación a los que poseen los organismos de seguridad del Estado. Se habla ya no de bandas, sino de organizaciones criminales. La Terraza y La de Frank poseen AK47, Galil, subametralladoras, entre otras armas, utilizadas en trabajos como el atraco a gran escala a los carros de valores y el secuestro”. indica el informe oficial. Advierten que en los últimos 13 meses las Autodefensas, los Cap y las Farc son los grupos más fortalecidos en la ciudad. “Los Cap están trabajando más con las Milicias Bolivarianas y actúan en Robledo, Blanquizal, Vallejuelos, 20 de julio, La Independencia y Belencito”. Los habitantes de los barrios tienen su propia historia: “Con la muerte de ‘Nano’ -el jefe-, otro loco de la gallada quiso coger el mando. Me tocó encenderme con él y mostrarle quién mandaba. Por ponerse de picao (hostil) anda cargando tierra con el pecho”, expresa un joven de 24 años, del nororiente de Medellín, quien desde hace diez años empuñó las armas. El muchacho mató a sueldo en la época de Pablo Escobar (por aquello de “mata, que Dios perdona”, como dice la canción) y, posteriormente, se incorporó a una banda para defender su territorio de un grupo de milicias. “Otros muchachos empezaron a ir de para atrás desde que la Policía les tumbó el jefe. Hasta ahí fue que duró el combo. Cada quien quería mandar y eso así no funciona. A la final cada uno cogió por su lado. Ahora la cosa está peor porque las Autodefensas son los nuevos patrones y la banda que no se les adhiera tiende a desaparecer. Por eso es que son los combates ahora”, advierte “No es sino que usted pase por Medellín y pregunte: ¿esa banda de quién es? Entonces, dicen, es la banda de tal... Y, ¿a quién le sirve esa banda? A los Castaño. ¿Y qué más hace esa banda? Mantiene el control de los barrios y, a su vez, acaba lo que sea diferente al régimen”, agrega. Sin que los efectos del narcotráfico hayan desaparecido, las bandas tienen altos niveles de especialización y organización que les garantizan mejores condiciones de ingresos económicos, mayor capacidad de acceso a diferentes tipos de armas y más facilidad para encubrir sus acciones. Las Autodefensas, indica el informe de inteligencia, controlan el 70% de los barrios en disputa en Medellín. “Cuentan con centros de operaciones en Manrique, la nororiental (parte baja), Santa Cruz, la Noroccidental y la Suroccidental. Les falta parte de la Centroriental y por eso los combates con la Terraza, Frank y las milicias. La banda de Los Triana, en cambio, está en proceso de incorporación a las Auc”, explica el texto. No obstante, “si en algún momento, en tal o cual barrio estuvieron estos o aquellos, pues mutaron y cambiaron de nombre”, indica un líder comunitario. “Lo más significativo – dice – son los barrios París y La Maruchenga donde uno puede hacer una historia de personas que han estado en estructuras de muerte desde hace mucho tiempo, verdaderos clanes, familias que han cambiado su obrar o su ‘chapa’ que en algún momento fueron más cercanas al narcotráfico y después pasaron a otro tipo de estructura”. Pero de alguna manera son los mismos: los hijos de los hijos que han pervivido en una estructura de guerra. Tasa de muer tes muertes Medellín tuvo la estadística más alta de homicidios en 1991, como consecuencia del narcotráfico. La ciudad no deja de ser la más violenta de América Latina y de Colombia, en proporción del número de habitantes y de asesinatos. Mientras en Santiago de Chile hay tres muertos por cada 100.000 habitantes, en ciudad de México 14, en Buenos Aires 34 y en Bogotá 36; en Medellín, en el año 2001, fue de 220 (promedio de 12 muertes diarias). 15 Documentos 16 Documentos Poblaciones del Aburrá, encerradas por el miedo •Paras y milicianos llegaron a actuar a su modo en poblaciones. •Algunos habitantes prefieren partir o dejar negocios antes que someterse. •Municipios como Caldas viven “auto-toque de queda” después de las diez. S León Jairo Saldarriaga L. Entrega No. 4 sobre CONFLICTO URBANO del miércoles 1º de mayo de 2002 i su hijo es sano, acuéstelo temprano; si es caliente, nosotros se lo enfriamos”. La notificación, con rigor de sentencia, estaba contenida en un panfleto que circuló en Copacabana, en algunos de cuyos barrios se retrata la aparición de nuevos grupos armados que hoy padece la mayoría de poblaciones del Valle del Aburrá. Los autores han pasado de las amenazas a los hechos con una secuela de acciones criminales impunes, que las comunidades atribuyen a una arremetida de las autodefensas y de las milicias urbanas de la guerrilla en sus territorios. Los vecinos de Medellín que hacían alarde de disfrutar de una tranquilidad con problemas de orden público manejables, hoy son escenario vivo del conflicto armado, en especial poblaciones como La Estrella, Caldas, Itagüí, Bello, Copacabana y Barbosa. En todos los casos, las consecuencias son una alteración de la convivencia cotidiana, que pasa por las amenazas, el boleteo, las muertes selectivas, las desapariciones y, pocas veces, enfrentamientos entre milicias y autodefensas. En lo inmediato causan una ruptura de lo elemental, como quiera que el encierro forzado de sus habitantes ha llevado al alcalde de Caldas, Saúl Posada, a admitir que “prácticamente a las diez de la noche el municipio está en auto-toque de queda, porque la gente tiene miedo”. Una de las explicaciones, argumentada por el Asesor de Paz de Bello, Owaldo Arango, es que “todo es producto de un ciclo donde el campo ya no es tan atractivo para la guerra”. Voces desde el temor El miedo ejerce un dominio mayor que las armas, los testigos de los hechos, y hasta las víctimas, prefieren callar. La situación es patética de pueblo en pueblo. “He oído el comentario de comerciantes que se van a tener que ir. Uno dijo que no se va a poner a luchar para otros, me dio a entender que lo habían boletiado”, cuenta un empleado de La Estrella. “En las noches me quedaba jugando billar, pero ya madrugo para la casa porque esto está muy maluco”, agrega, al querer explicar que cuando la Policía se guarda en los cuarteles, desconocidos hacen rondas urbanas. “Después de la media noche se ve gente rara”, dice. El temor aumentó por los grafitis que 17 Documentos dejaron en sectores como los moteles, que anunciaban la presencia de las AUC. Para algunos habitantes, la aparición de nuevos grupos armados en La Estrella sería la respuesta a hechos ocurridos entre febrero y marzo como el intento de secuestro de un comerciante a una cuadra del parque, que dejó un muerto, otro en la calle 5ª, y un tercero en la zona rural, además de otro atentado contra un ex congresista liberal. Un estudiante cuenta que la presencia es más evidente en la parte baja, en La Inmaculada, Ancón y Caquetá (donde una incursión de las autodefensas dejó varios heridos), y en el sector rural de Pueblo Viejo. Un abogado estima que esos episodios, que muchos atribuyen a grupos de milicias, fueron aprovechados como pretexto por las autodefensas para incursionar. “Algunos, incluso, lo ven como una forma de protección ante la falta efectiva de autoridad”, dice sorprendido. En su momento, se queja un funcionario, se hizo un consejo de seguridad con los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada, hubo mucho pie de fuerza al comienzo, pero después desapareció. El pueblo se calienta La contundencia de los hechos muestra la existencia de una supra-autoridad que da órdenes y conmina a que se cumplan. Las historias se repiten aquí y allá. En los primeros días de abril un grupo de universitarios departía en las calles de Caldas cuando a la una de la mañana los abordaron desconocidos, todos de sombrero, que se movilizaban en una camioneta. “Tienen media hora para que se pierdan, y agradezcan que están con cuadernos”, les dijeron. Ya en el Norte, en Bello, los campesinos se quejan que por cada mula que bajan con revuelto (pan coger) a la plaza de mercado, tienen que pagar un “impuesto” de $1.000 a las milicias. Las acciones se suceden con cambio de escenario. En el parque principal de Copacabana dos jubilados comparten que “esto siempre está calientico. La gente está pilas ante cualquier movimiento sospechoso”. En un barrio próximo, un grupo de jóvenes cuenta que después de las siete de la noche no se ve a nadie en la calle, sobre todo por efecto de un panfleto que les decía que “sanos y buenos van pa’l piso sino se acuestan temprano” y que notificaba “muerte a cuatreros, milicianos y viciosos”, respaldado por las Accu. La advertencia tiene antecedentes violentos como la desaparición de “el poli”, desde noviembre del año pasado, cuando resistió a dejarse llevar por hombres armados. Al muchacho le pegaron dos tiros delante de la mamá y de todas formas se lo llevaron. Después, los ocupantes de la que el pueblo conoce como la “camioneta de la muerte”, asesinaron una noche de marzo a Richard y a los primos Andrés Felipe y Arley, cuando compartían en una tienda del barrio Cristo Rey. A los veintidós días, también de noche, bajaron de un colectivo a los hermanos Julián, de 33 años, y Julio, de 16, cuando iban con el mercado para la casa, y los mataron. “Como era este barrio de sano y ver como está por esa camioneta. Ahora uno tiene que encerrarse Los municipios del Valle del Aburrá ya no son el remanso de paz que fueron. Sus pobladores padecen la llegada de una supra-autoridad armada que da órdenes y, en algunos sectores, manda al encierro. 18 Documentos con los hijos después de las siete”, dice una señora, quien anota que hace poco, a pleno día, armados de fusiles, también estuvieron “pidiendo papeles” junto al Hospital Santa Margarita. La comunidad dice que están en su furor. “Ya pasan de día y de noche, a veces hacen rondas en taxi”, añade un joven que sabe de su presencia en sectores como Yarumito, Camboya, La Pedrera, Barrio Obrero, Miraflores, Cristo Rey y Cabuyal. “Claro que esos manes no se meten a los barrios con calentura, porque allá si les aflojan”, relata un adulto. Una habitante del sector exclama que los muertos “eran jóvenes sin ninguna maña, pues si fueran malos hasta uno hubiera dicho siquiera descansamos”. De nuevo en el Sur del Valle del Aburrá las historias se parecen. “Circularon panfletos con nombres de muchachos, a quienes pedían no dar papaya y muchos las atribuían a las Auc o a grupos de limpieza”, cuenta un funcionario de Caldas. La comunidad advierte su presencia en sectores como La Planta, La Chuscala, La Inmaculada, Los Cerezos, La Miel y en la vereda La Clara. Según la personera, Ruth Estela Monsalve, el municipio no escapa a esas acciones y admite que muchas muertes son producto del conflicto, pero no por enfrentamientos entre aquellos. Por su condición de corredor geográfico, observa que la guerra les ha traído población desplazada de Carmen de Atrato, Granada, Segovia, San Carlos, Tapartó, Salgar, Urrao y hasta del departamento de Caquetá. El sacerdote Orlando Arango, de Pastoral Social de la Diócesis de Caldas, concreta que el Frente Metrosur de las autodefensas ha pretendido operar en la población, pero encontró el rechazo de las autoridades civiles y de Policía. Cuenta que su accionar se mira desde la simpatía de quienes creen que van a arreglar los problemas de seguridad hasta el rechazo total, la confrontación verbal o los que prefieren salir del municipio y dejar sus negocios. Con aquellos, también identifica el accionar de milicias cercanas a la guerrilla y de bandas que atizan el conflicto. De la mano de la impotencia de las autoridades, la confusión deja una secuelo de luto. Doña Oliva, la abuela de Arley y Felipe, expresa que es una infamia que le quiten la vida a muchachos buenos y reclama a los asesinos que “no dejen más madres llorando”. 19 Documentos Ejército y Policía quieren frenar desangre de la ciudad •Han realizado seis operativos contra milicias, Cap, Auc y bandas. •Cerca de 140 personas capturadas. 15 policías y un mayor del Ejército muertos. •Dicen que presencia de Procuraduría en operativos garantiza respeto a los derechos fundamentales. os generales Mario Montoya, comandante de la IV Brigada, y Leonardo Gallego, de la Policía Metropolitana, son dos viejos zorros que se conocen desde su juventud en el Valle y, por azares del destino, se volvieron a encontrar en Medellín a finales del año pasado. Desde entonces es común verlos en ruedas de prensa conjuntas donde anuncian los resultados de operativos contra las milicias de las Farc, el Eln, los Cap (Comandos Armados del Pueblo), las autodefensas y los grupos de delincuencia común, que libran su guerra territorial en las laderas orientales y occidentales de la ciudad. Hasta la fecha han realizado seis operativos conjuntos en los que han aprehendido a cerca de 140 personas, buena parte de ellas con órdenes de captura. A pesar de tener estilos diferentes, son amigos, muy buenos amigos. Eso les ha facilitado la articulación de operativos, los cuales se han incrementado durante el primer trimestre del año, con ayuda del DAS y la Fiscalía. Esta estrategia, aseguran, les ha permitido evitar ataques terroristas en la ciudad y golpear a L Clara Isabel Vélez Rincón Entrega No. 5 sobre CONFLICTO URBANO del jueves 2 de mayo de 2002 los grupos armados ilegales que combaten en las zonas nororiental y occidental. El general Montoya es un hombre acostumbrado al mando de tropa, con voz fuerte, que siempre va al grano y no le gusta dar vueltas para decir las cosas. El general Gallego es más reposado, desde hace mucho tiempo está acostumbrado a los medios de comunicación y sabe cómo manejarlos. Ambos conocen el impacto del narcotráfico en la ciudad y la influencia de éste en la creación de bandas de delincuencia común, muchas de las cuales se pusieron al servicio de los actores armados. Ambos han visto caer a sus hombres en las mismas calles donde los civiles son víctimas de la confrontación de los grupos ilegales, por eso les molestan las críticas sobre la falta de presencia de sus instituciones en las zonas de conflicto. En lo que va del año su cuota de sangre la constituyen un mayor del Ejército y 15 miembros de la Policía. También insisten en que su interés es respetar a la población civil, evitar que sufra las consecuencias de la guerra y, como garantes de los operativos que adelantan en las zonas de conflicto, siempre 20 Documentos está presente la Procuraduría. Su visión sobre el conflicto en Medellín es clara. Saben que hay una guerra territorial que libran los actores armados con el respaldo de grupos delincuenciales que cambian de bando según su conveniencia, de ahí el gran daño que está sufriendo la población civil. Sin embargo, están convencidos de que cuentan con los elementos para frenar el desangre y evitar el terrorismo urbano. Ilegales están en sitios estratégicos ¿Cómo percibe la Policía el conflicto que se vive en los barrios con la presencia de bandas de delincuencia común, grupos de milicias y autodefensas? “Los actores armados ilegalmente tienen ramificaciones en diferentes sectores del área metropolitana, especialmente al oriente y al occidente de Medellín que es donde más se concentran estas expresiones de conflicto”. ¿Por qué han escogido estos sectores específicamente? “De acuerdo a lo que se ha conocido, esos sectores se encuentran en corredores que son de interés para los diferentes grupos. En el área oriental de Medellín hay integrantes de milicias de las Farc, del Eln y hay grupos de autodefensa. Hacia el occidente hay indicios de que existen milicias del Eln, las Farc, los Cap (Comandos Armados del Pueblo) y las autodefensas. Pero contra todas estas expresiones del conflicto la Policía Metropolitana, la IV Brigada del Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía, el CTI, el DAS, están adelantando permanentemente labores de inteligencia, procesos judiciales y operaciones especiales para afrontar los diferentes delitos que cometen y buscar la desarticulación de estas agrupaciones armadas”. ¿A qué se debe el incremento de las actividades de estos grupos desde mediados del año pasado y principio de este? “Desde comienzos de este año se están intensificando las actividades por parte de la fuerza pública y los organismos judiciales. Persisten los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y los de éstos con algunas redes de delincuencia organizada. Lo que en realidad registra un aumento es el enfrentamiento de los organismos de seguridad con esas estructuras ilegales. Hay sectores donde los enfrentamientos entre los grupos ilegales tienen tendencia a disminuir porque hay más presencia y acciones de la fuerza pública y los organismos de seguridad. La confrontación se está dando entre los grupos ilegales y las fuerzas del Estado. Si hay otros sectores donde la situación es igual que antes o se considera que hay mayor intensidad de conflicto se debe a que no hay medios suficientes para estar actuando en todos los focos. Pero el propósito de las operaciones es seguir afrontando esas manifestaciones de conflicto y disminuir la intensidad de temporadas anteriores”. ¿En cuáles zonas dice usted que ha disminuido? “En Belencito Corazón, hasta finales del año pasado eran frecuentes los enfrentamientos entre los mismos grupos ilegales y de éstos con algunas redes de delincuencia organizada. Desde comienzos de este año los choques se presentan con más Los comandantes de la IV Brigada, general Mario Montoya Uribe (a la izquierda), y de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego Castrillón, han ordenado la realización de seis operativos conjuntos en las zonas nororiental y occidental de Medellín, en los cuales han sido aprehendidas 140 personas. Buena parte de las acciones parten de la expedición de órdenes de captura contra personas que están siendo investigadas o procesadas por la Fiscalía. 21 Documentos frecuencia entre la fuerza pública ingresando a este sector y los grupos ilegales que tienen ramificaciones ahí. Las operaciones conjuntas en esa área han arrojado resultados muy positivos: capturas de milicianos, de integrantes de grupos de autodefensas y miembros de delincuencia común, incautaciones de armas de fuego y artefactos explosivos. Hay sectores donde la presencia de la fuerza pública se ha incrementado y el servicio de vigilancia es mayor y, en la medida que se pueda disponer de más recursos, esto podrá mejorar”. ¿De qué depende esto, necesita aumentar el pie de fuerza? “Lo único que necesitamos ahora es una base para la Policía Metropolitana, porque no existe en esa zona, pues la más cercana es la de Belén. Esas instalaciones están siendo solicitadas a la administración municipal, nos han manifestado que la adquisición del terreno y la construcción del edificio están en proceso. Estamos preparados para establecernos permanentemente y servirle a los residentes, los que trabajan en ese sector o quienes transitan por allí”. Hace 15 días fueron asesinadas tres personas en la terminal de El Salado y los familiares tuvieron que recoger a las víctimas porque no fue posible que los agentes llegaran a la zona pues el hecho se presentó en la madrugada. ¿Qué restricciones tienen sus hombres para movilizarse por estas zonas? “Eso depende de las circunstancias. La Policía Metropolitana está prestando en estos sectores un servicio de vigilancia en la mañana y la tarde, pero como no tenemos instalaciones en esa zona no es posible tener unidades durante la noche, porque no hay condiciones apropiadas para ello. Eso es bien cono- cido por la administración municipal y los habitantes de esos sectores lo reconocen”. ¿Lo que está sucediendo en los barrios de Medellín puede asimilarse a lo que sucedió en Barrancabermeja cuando las autodefensas llegaron a los barrios a disputarle el terreno a las Farc y al Eln? “El fenómeno es diferente. La acciones de las milicias del Eln, de las Farc y de los Cap han llevado a acciones por parte de las autodefensas que no sólo se han enfrentado a ellos sino a otros grupos armados. La fuerza pública está enfrentando esas expresiones de conflicto armado, a las redes del crimen organizado y a la delincuencia común”. ¿Qué tan peligrosa puede ser la alianza de los grupos de delincuencia común que prestan sus servicios al actor armado que mejor les pague? “Pueden ocasionar un mayor impacto, especialmente en la misma población que rechaza de manera rotunda esas acciones criminales que ellos adelantan porque las víctimas mayores son las mismas comunidades”. La guerra urbana no ha prosperado El enfrentamiento entre milicias de la guerrilla, autodefensas y bandas de delincuencia común en ciertos sectores de la ciudad se está intensificando y toma dimensiones críticas. ¿Qué está pasando en Medellín? “Este no es un fenómeno nuevo La Policía Metropolitana le propuso a las administraciones de Medellín y Bello la creación de tres estaciones en barrios azotados por el conflicto urbano, iniciativa que está siendo estudiada por ambas alcaldías. En Belencito, donde fue captada esta imagen, los uniformados no cuentan con instalaciones y, en ocasiones, deben recurrir a las casas que han sido abandonadas a causa ce la confrontación. 22 Documentos sino algo que se venía de tiempo atrás. Es la herencia del narcotráfico de la década de los 80 y 90 donde muchos de los grupos se armaron para apoyar a los narcotraficantes. Ellos se las vendieron, en algunos casos, se las regalaron, y las bandas empezaron a hacer secuestros y extorsiones. Con la muerte de Pablo Escobar estas bandas quedaron con las armas y empezaron a trabajar de forma independiente. Así nació La Terraza, las milicias del 8 de Marzo. Es gente que tiene 23, 25, 28 años y que empezó a organizarse, trabajando independiente. Entre 1992 y 1993 empezaron a llegar las Milicias Populares del Eln y las Bolivarianas de las Farc. Comenzaron a buscar personas que trabajen con ellos. En algunos casos optaron por la persuasión directa y en otros por los asesinatos de los líderes de las bandas. En 1996 hacen su aparición las autodefensas de Carlos Castaño, entran a la Universidad de Antioquia. Entre 1996 y 1997 aparecen los Comandos Armados del Pueblo (Cap), que se organizan en los barrios porque dicen que quieren proteger sus zonas, pero son delincuentes que secuestran, chantajean y asesinan. Los muchachos entre 16 y 25 años son obligados a entrar a estos grupos bien sea de forma activa o brindando colaboración. Los que están en forma activa son aquellos que empuñan las armas pero están los que dan información sobre los movimientos de la gente, rutas de buses, etc. La presencia de todos estos grupos ha ido evolucionando al punto que ya se presenta la confrontación entre las Farc y el Eln contra las Auc y los Cap, que quieren extenderse y llegar a otras zonas. ¿Cuáles son los sectores críticos? “En Medellín: todo Robledo, Santo Domingo Savio, Popular 1 y 2, Belencito, 20 de Julio, las Independencias. En fin, todo lo que es la parte alta de las zonas nororiental y noroccidental. También se han detectado en Bello. Los grupos buscan partes altas, donde puedan replegarse fácilmente hacia la zona rural”. ¿Al posicionarse en estos sectores los grupos armados están buscando crear corredores estratégicos? “Las milicias de las Farc y el Eln tienen varias misiones: reclutar combatientes para los grupos rurales, recaudar fondos mediante la extorsión y el secuestro para financiar los comandos rurales; establecer núcleos de propaganda para la organización; servir como retaguardia para los combatientes enfermos porque muchos de ellos están llegando a reponerse a Medellín”. A raíz de estos enfrentamientos se está presentando un fenómeno de desplazamiento interno porque muchas personas están dejando sus viviendas por amenazas o por miedo... “Hay algo que es evidente, la gente prefiere abandonar las casas que quedar sometida a la dictadura de estos grupos armados y entregarle a sus hijos. Por eso es que se habla de las casas abandonadas, pero tampoco podemos hablar de algo en masa”. ¿Qué tan grave es el problema del reclutamiento forzado? “Estos grupos hacen una presión fuerte y están obligando a los muchachos a vincularse a ellos de forma activa, portando las armas, o pasiva, dándo- les información que ellos pueden usar para actividades delictivas”. ¿Hasta qué punto la participación de bandas de delincuencia común que se alquilan al mejor postor contribuye a la degradación del conflicto? “Tanto las Farc, como el Eln y las autodefensas están acudiendo a estas bandas. Les brindan entrenamiento militar, mejoran su capacidad de combate y, en algunos casos, mejoran su armamento”. En junio de 2001, Jorge Briceño Suárez (a. Mono Jojoy) dijo que la guerra sería en las ciudades ¿El objetivo de estos grupos ilegales sería hacer ataques a gran escala en Medellín? “Ningún grupo guerrillero en Colombia ha prosperado a nivel urbano. Eso pasó con el M-19 y hasta el momento no lo han podido hacer ni las Farc ni el Eln. Tenemos la experiencia y la preparación para evitar que se presenten este tipo de acciones y hasta el momento se ha logrado frenar acciones terroristas en la ciudad”. Un grupo de habitantes de la zona suroccidental de Medellín elaboró un documento en el que piden la presencia de organismos defensores de los Derechos Humanos y, entre otras cosas, denuncian atropellos de las fuerzas del Estado. ¿Qué dice de esto? “Todos los operativos que hacemos cuentan con presencia de la Procuraduría para que verifiquen que todo se está haciendo dentro de las normas legales y se le están respetando los derechos a la gente. También se hacen con presencia del CTI de la Fiscalía”. 23 Documentos Viudas y huérfanos arrastran la historia del conflicto •Solas, pobres y endeudadas, madres de víctimas describen su dolor. •El Estado, casi indiferente, poco las asiste; mientras, el miedo las acosa. •Los niños, en sus dibujos, repiten las historias del drama de sus padres. E Gustavo Ospina Zapata Entrega No. 6 sobre CONFLICTO URBANO del viernes 3 de mayo de 2002 l sábado pasado, Adelaida Ossa no quiso ir al cementerio a visitar la tumba de su esposo, que cumplía un año de muerto. “Para qué agregarle un dolor más al que tengo desde que me lo mataron, ¿no ve que cada que pienso en él se me parte el alma?”, comenta, lleva sus manos al rostro y hunde su cabeza hasta tocar las rodillas. Se le siente un leve gemido de dolor que su hija Daisy Yanova, de cuatro años, logra espantar preguntándole si puede mirar el álbum de las fotos de su padre. La madre accede y empieza a recordar las circunstancias que rodearon el crimen de Nolberto Betancur, asesinado hace un año cuando arreció el enfrentamiento entre la Banda de Frank y un comando de las autodefensas por el control del barrio París, territorio en disputa y que dejó como consecuencia el incendio del sector de invasión El Esfuerzo. “Estábamos en el velorio cuando quemaron los ranchos. Tres días antes, reunieron a la gente y prohibieron pasar de un barrio a otro... mi esposo no debía nada y por eso salió confiado. Él era ajeno a los problemas, trabajaba construcción, pero como eso estaba muy malo montó una mazamorrería, le dio empleo a varios muchachos. Ese día salió a vender la mazamorra, pero pasaba el tiempo y no llegaba. A la una de la tarde me empecé a preocupar, llegó la noche y tampoco, lo buscamos por toda parte, pero no apareció”. Adelaida, a ratos, para de contar la historia. De religión evangélica, como era Nolberto, lleva una falda color caqui que le llega hasta los tobillos. Emana una dulzura que se refleja en el trato respetuoso y cálido que les da a sus hijos, Diego Alejandro y Daisy Yanova, en quienes, dice, siembra todos los días una semilla de amor para espantar cualquier venganza. Retoma el relato: “Esa noche no dormí. Al otro día madrugamos a buscarlo, hasta que apareció en la morgue de Bello. Quedó tan desfigurado el rostro, que un hermano entró primero y no lo reconoció. Nos fuimos pero, como no aparecía, volvimos allá. Yo tenía un presentimiento, pedí que me dejaran entrar. Ahí fue cuando lo reconocí... no sé porque, tal vez por tantos años de vivir juntos (7), eso se siente”. Desde entonces, Adelaida añora al único hombre que ha amado en sus treinta y siete años de vida, al moreno tierno que un día llegó de Medellín a trabajar en una finca en Ibagué, donde se conocieron, se enamoraron y a los dos meses decidieron unir sus vidas. “El rancho que teníamos en El Esfuerzo era muy organizado, hecho por él mismo en tablilla, pero muy bonito, con 24 Para Gisela Londoño, olvidar a su esposo asesinado es casi un imposible. En su armario aun guarda el uniforme de policía, que usaba en el momento de morir. La prenda no la atormenta sino que le sirve de consuelo. Documentos piso de baldosa y todo. Allá se quemó todo, los electrodomésticos, la ropa. Créame que lo más duro no fue haber perdido eso, sino a él. Nadie se explica que lo mataran y menos así, porque él se pasaba el tiempo trabajando y contemplando a su Gogú, como le decía a Daisy Yanova”. La niña corretea de un lado a otro y, a ratos, se refugia en sus brazos. Adelaida dice que los niños lo recuerdan todo el tiempo y que ella misma no intenta espantarlo de su mente. “¿Sabe cómo le decía al niño?... que Dios lo había premiado con dos reinas muy lindas”. Olvidada por el Estado y viviendo en casa de un familiar, intenta reconstruir su vida. Trabaja en una empresa de confecciones, donde gana un salario insuficiente para sufragar los gastos del hogar. Dice que le da muy duro vivir de caridad, cuando tuvo a un hombre que le dio todo y siempre estuvo acompañándola. “Eso nos deja la violencia: desplazados, miseria y hombres buenos que se van para siempre”. Afuera de su casa, lejos del sitio donde tejió su proyecto de amor con Nolberto, se siente la tensión. Decenas de miradas sigilosas escarban minuciosamente todo vehículo y persona que pasa. En las lomas que bordean la montaña, la guerra acecha, acosa. Los muros, con sus letreros de “fuera sapos” y “Auc presentes” imponen una ley de miedo que les impide a las personas contar su tragedia. Por eso, varias viudas cancelan la cita en el último momento. “Les tienen prohibido hablar”, anota un líder de uno de los barrios en conflicto. Una y mil historias Pero la ciudad está llena de historias similares a la de Adelaida. En medio del fuego cruzado entre bandas, guerrilla y autodefensas, está la población civil, que paga con sus vidas el pecado de ver la comisión de un ilícito o simplemente de quedar en medio de un enfrentamiento. Esto último le pasó a Efraín Rodríguez*, esposo de Clara Angélica* y padre de tres niños de cinco, cuatro y dos años. Empujado por la necesidad, el hombre se le midió a un trabajo duro, de ésos en los que el riesgo de morir es una constante. “Efraín vigilaba un parqueadero de buses, lo cuidaba de noche. Mantenía miedo, el sector donde trabajaba era muy caliente, cada rato balaceras. Un día hubo un enfrentamiento, él se subió a un bus y ahí se quedó un rato. Como pensó que todo había acabado, se bajó y, entonces, le pegaron un tiro por la espalda”. Clara Angélica* baja la voz, como si temiera que las paredes escucharan. El 8 de julio del año pasado lo tiene fijo en su memoria. “Con la herida, lo llevaron al centro de salud, pero no lo atendieron porque le faltaban los papeles, lo mandaron para la Unidad de Belén y el médico dijo que allá llegaban las personas que no tenían esperanzas... me lo dejaron desangrar y se murió. Quedé sola, como estoy ahora, sin trabajo, con los tres niños y en un rancho en el que me mojo cada que llueve”. Acosada por las deudas, Clara no se explica cómo no le han cortado los servicios, que no paga desde la misma fecha en que enterró a Efraín. Sin seguridad social ni un ahorro para sobrellevar el peso de 25 Documentos quedarse sola, se defiende lavando ropas en las casas vecinas. Dice que la única herencia que le dejó el compañero fue un rancho a medio construir, “porque no pudimos cumplir el sueño de hacerlo en material y ni siquiera alcanzamos a bautizar a los niños, nunca logramos reunir para la fiestecita, porque él ganaba muy poco...”. La zozobra de la confrontación, que en su barrio camina silenciosa, adormecida, como un ser de capa oscura y nocturno, del que todos se esconden porque saben que ahí está, agazapado en patrullajes, camuflados y pasamontañas, no le ha dado tiempo de pensar en reconstruir su vida. “Sin él no hay proyecto que valga. El gobierno no le ayuda a uno en nada, ni con un trabajo, y así es muy difícil...”. “En esa misma situación están casi todas estas mujeres. Uno las recibe, las escucha, pero es muy poco lo que puede ayudarlas. Y como la autoridad no se ve, la situación se agrava. Por aquí usted ve las cosas tranquilas, pero es algo aparente. Sigue habiendo negocios de droga, presiones. La gente vive muerta de miedo, y la paz con miedo es una guerra reprimida, contenida”, anota un sacerdote. En la memoria En estas circunstancias, el conflicto se vuelve una memoria, casi el referente de los niños, que en lugar de pintar sueños y personajes de fantasía, dibujan cementerios, cruces y paisajes de guerra. “Cuando mataron al papá yo se los oculté, les dije que se había muerto, pero los niños escucharon a la gente comentar y se hicieron concientes de que le pegaron un tiro. Mi niña, en el jardín, pintó dos cajitas y una cruz y le explicó a la profesora que en la primera estaba metido el papá, la otra estaba metida en el cementerio y la cruz la pintaron en la tumba. La profesora se puso a llorar”. A Clara le toca luchar para que en sus hijos no crezcan más esos recuerdos de guerra. Una madre comunitaria anota que estos comportamientos están altamente arraigados en los niños. Precisa que cada que hay una balacera ella hace sonar canciones infantiles a alto volumen, hace rondas y los pone a jugar, “pero ellos ya son muy concientes y corren a esconderse, la mayoría ven un policía o un camuflado y dejan ver el miedo, además porque hay muchos huérfanos o con hermanos muertos”. Al recordar a sus allegados caídos por culpa del conflicto, en la gente se mezclan miedo, ternura y resignación. La presidenta de una acción comunal dice entender el temor que acosa a las viudas, sobre todo porque, al quedar solas, son presa fácil de los violentos. Anota que muchas temen ser expulsadas del barrio. “Son jóvenes, y así sus esposos hagan parte de los grupos, ellas, muchas veces, ni lo saben, como no lo sabe uno tampoco. Pero gran parte de los que mueren son civiles”. La situación de derechos humanos es tan crítica que en un sector de la ciudad un hombre fue asesinado por descubrir una fosa común, lo acribillaron antes de que saliera a contar el hallazgo. Hace dos meses un grupo armado bajó de un colectivo a un ciudadano y le dio muerte. Aunque la familia se tragó el dolor sola, guardó silencio, este redactor conoció que cuando estaban en el velorio, a la casa de la víctima llegó una carta del grupo que lo asesinó en la cual presentó 26 Documentos disculpas porque todo fue una confusión. Si bien hay civiles que caen, un alto porcentaje de las víctimas integra los grupos en conflicto. Los miembros de los organismos de seguridad, como policías, soldados, agentes e investigadores, también hacen parte de los acribillados. “Uno se va preparando, porque como papá no es bobo y sabe más o menos en qué andan los muchachos”, comenta un padre de familia, a quien hace cuatro meses le asesinaron a su hijo, que integraba un grupo paramilitar y días antes, como si presintiera el acoso de la muerte, había dicho en qué camposanto debían sepultarlo. Este año, hasta el ocho de abril, en Medellín habían sido acribilladas 1.257 personas. En todo el año pasado la cifra llegó a las 3.445, casi similar a las de 2000, 1999 y 1998, que se treparon a las 3.150, 3.258 y 3.027, respectivamente. En total, 14.137 ausencias, 14.137 vidas que se fueron dejando, mínimo, a un número igual de dolientes, como si la población de un municipio entero hubiera sido borrada de un tajo. “¿Cuánto vive el hombre por fin?/¿vive mil años o uno solo?/ ¿vive una semana o varios siglos?/¿por cuánto tiempo muere el hombre?/¿qué quiere decir para siempre?”, preguntaba el poeta Pablo Neruda. En Medellín la respuesta está en los objetos y detalles guardados en la memoria, en el corazón de cada viuda, huérfano, hermano. Viudas conser van unifor mes conservan uniformes Jacqueline Córdoba relatan que les es imposible, y tampoco lo intentan, olvidar las fechas de las muertes o los detalles que las hicieron amarlos. “A mi esposo lo asesinaron el 22 de enero de 1993. Acababa de venir del turno y estaba en la sala escuchando música cuando entraron unos tipos y le dispararon. No supe quiénes fueron, pero no guardo rencor y lo recuerdo en todo momento”. A veces, saca del armario el uniforme de policía y lo aprieta contra su pecho, como un conjuro para espantar la angustia de la ausencia. Igual costumbre tiene Jacqueline, a quien le mataron a su esposo, Duberney Pérez López, el 7 de noviembre del 92. “Ese día mataron a otros diez policías, pagaban dos millones por cada uno y así cayó él. Me dejó una niña, Carmen El conflicto urbano que vive Medellín tiene antecedentes recientes, que se remontan específicamente al narcoterrorismo y al sicariato, a principios de la década de los noventa, en tiempos de Pablo Escobar. Esos años dejaron tantos muertos como viudas y huérfanos. La Policía puso una alta cuota de cerca de 290 efectivos porque, según se decía, el capo pagaba $2´000.000 por cada uniformado muerto. La situación fue tan dramática que en Bello, con apoyo de varias Ong y esfuerzos propios de cada familia, se construyó el Barrio Villa María, para brindarles vivienda a las viudas y lisiados de la institución y otros organismos de seguridad. De eso hace unos siete años y las mujeres, con sus hijos, siguen aferradas al recuerdo de sus esposos y compañeros. Omilsa Moreno Moreno, María Cristina Muñoz, Gisela Londoño y *Nombres cambiados por petición de las fuentes Elizabeth, que ha sido mi consuelo”. Contemplando las fotos, algunas colgadas en los muros de su casa, Jacqueline se queja de que la única ayuda recibida ha sido la media pensión, porque su esposo murió en servicio, pero es un sueldo insuficiente, “porque cuando él estaba conmigo teníamos una vida sin angustias”. Este año, las autoridades confirman que han muerto trece uniformados víctimas de disparos con arma de fuego. 27 Documentos ¿Conflicto urbano? Ah si, eso pasa en las comunas •Jóvenes de estratos altos sienten distante la guerra en los barrios. •Sin embargo, el asunto los afecta por la angustia de sus papás. •Muchos tienen prohibido hacer amigos de barrios populares. l profesor de introducción a la sociología en una de las universidades privadas más prestigiosas de la ciudad les pidió a sus alumnos un trabajo de campo sobre la ausencia del Estado en alguno de los barrios marginados del Valle del Aburrá. Debía ser un informe de, mínimo, tres páginas, y un par de fotos sobre algún aspecto relevante que los estudiantes descubrieran en las comunidades. Se armó un zafarrancho: Aunque a la mayoría de los muchachos le sonó la idea, a sus papás no. Algunos, incluso, llamaron a la rectoría a quejarse, a pedir que no los expusieran de esa manera, al riesgo de un atraco, una balacera o, peor aún, un secuestro. A pesar de las presiones, el profesor no quiso ceder. Dijo que, sencillamente, la formación de un profesional debía liberarse de prejuicios y temores y que si los universitarios no estaban dispuestos a asumir con criterio independiente el ejercicio de su educación, debían regresarse al colegio. El rector citó a una reunión entre padres, alumnos y directivas. Después de tres horas, en las que se habló de economía, políticas de mercadeo, estrategias soterradas de ciertos educadores para incubar ideas revolucionarias en los jóvenes y técnicas de evasión en caso de E José Alejandro Castaño Hoyos Entrega No. 7 sobre CONFLICTO URBANO del sábado 4 de mayo de 2002 un tiroteo, los acudientes propusieron que se alquilara un documental sobre la pobreza en América Latina y se hiciera un foro al respecto, en el que los muchachos pudieran hablar del fenómeno de la miseria sin necesidad de exponerse a ella. Todos, menos el profesor del curso, estuvieron de acuerdo. Al final, asegura el profesional, los muchachos se privaron de una experiencia que hubiera enriquecido la visión de la ciudad que habitan y, lo más importante en su opinión, que les hubiera puesto rostro humano a los conceptos teóricos que discuten en clase como violencia, marginalidad, estigmatización, conflicto armado... Muy poco Catalina, de 17 años, una de las estudiantes del curso, admite que nunca ha viajado en metro más allá de la Estación Poblado y que sus papás le tienen prohibido pasar de allí. Una vez, cuenta, fue al Centro con su hermano mayor y caminó hasta la oficina de un tío por lo lados de la carrera Junín. Fue una cosa de locos. No pudieron detenerse en ningún lado, ni mirar vitrinas, sólo caminar a toda, como si los siguieran. Cuando se le pregunta por el conflicto armado que padecen los barrios de las periferias, la joven dice que sólo sabe lo que dicen las noticias: que 28 Documentos allá hay gente armada, que algunos usan capuchas, que cobran impuestos a los carros de gaseosas, que hay muchos expendios de vicio y que la gente se mata por nada. Oyéndola, Valentín, un amigo suyo, recuerda que la empleada de su casa vivía en Santo Domingo Savio, en un lugar llamado comunas, y que le habían matado el esposo, dos hijos y una hermana. Y lo más teso, advierte el muchacho, es que muchas veces Yolanda, que así se llamaba la señora, tenía que quedarse a amanecer en la casa porque no podía llegar de noche al barrio, plagado de milicianos y paramilitares. El asunto de sus quedadas llegó a ser tan repetido que los papás de Valentín decidieron despedirla por miedo, según dijeron, a que los tipos armados a los que le temía la utilizaran como señuelo para secuestrar a alguien de la familia. Error En opinión del psicólogo Mauricio Castrillón, el esfuerzo de algunos padres de familia por evitar que sus hijos se expongan a la guerra que se libra en algunos barrios, prohibiéndoles incluso que consigan amigos de esos sectores, es lógico, aunque discutible. De acuerdo con el profesional, está claro que los grupos de milicianos se lucran de la industria del secuestro y que cualquier muchacho de clase alta representa la posibilidad de una extorsión segura. Por eso, dice, es entendible que los papás les nieguen permisos, aun cuando se trata de actividades de la universidad. Sin embargo, advierte el terapeuta, la actitud de taparles los ojos frente al conflicto es una torpeza que puede salir muy cara, pues un joven desinformado es mucho más vulnerable. Por eso le parece inadmisible que algunos padres les tengan prohibido a sus hijos montar en bus, caminar por la calle o simplemente usar un teléfono público. ¿Y el día que tengan que hacer algo de eso quién los va ayudar si no saben? Mónica, de 17 años, sólo conoce las transversales de El Poblado, y se mueve por ellas con una destreza que envidiaría cualquier taxista, sin embargo, fuera de esa ruta, su habilidad desaparece y se llena de pánico. Es, dice, como si cruzara un lindero invisible hacia una dimensión desconocida, plagada de seres peligrosos, come carne y tira fuego. Y lo cree de verdad. Según le explica su mamá, en el Centro y los barrios altos se cometen diez de los doce asesinatos que hay en la ciudad al día, esconden el 90% de los carros hurtados y se enfrentan los guerrilleros y las autodefensas igualito que en el monte: con fusiles, cortando cabezas y poniendo bombas. Por eso, le repite con insistencia, no debe acercarse nunca allá, ni por error. El caso de Paula es parecido, aunque a punta de insistencia logró que sus papás le permitieran estudiar en la Universidad de Antioquia. Claro que le pusieron condiciones: debe ir a clase con ropa sencilla, sin alhajas, reloj, buscapersonas o celular. Nunca, por ningún motivo, puede salir del campus, aceptar invitaciones a casa de compañeros ni hablarles de cómo vive. Sobre eso, los papás y la chica llegaron a un acuerdo. Ella, siempre que le pregunten, debe decir que vive en La Floresta, un barrio de clase media; no puede contar que conoce Europa ni Estados Unidos ni que sus hermanos estudian en Londres. De lo demás, con cuidado, puede hablar, eso sí, evitando dar detalles de su casa. Las razones, según le explicaron, es que en la universidad hay presencia de milicianos y que verse de una clase social muy alta la pone en riesgo. La menor intenta pasar inadvertida manteniéndose excluida de las discusiones que se suscitan en algunas materias, en particular sobre aquellos asuntos del conflicto armado, de los que piensa que es preferible oír que opinar. Ninguno de sus amigos sabe por las que pasa la joven, ni lo mucho que pesa ese “camuflado” que usa cuando se presenta. En La Honda, al nororiente, militan grupos armados. Desde sus faldas, el Centro se ve chiquito, distante, como el corazón de otra ciudad, una que parece no percatarse del drama de sus habitantes. 29 Documentos El cuerpo médico, testigo del desangre . NO HAY día sin lesionados de balaen hospitales de San Javier. . EN SANTA Cruz, a diario hay menores que intentan suicidarse. . CIVILES HERIDOS en medio de combates urbanos, la otra cara. as seis de la tarde es la hora en que comienza el desangre en los barrios de Medellín. Los médicos de las salas de urgencias de los hospitales y centrosasistenciales de los sectores en disputa se preparan porque saben que, de un momento a otro, tocarán la puerta con insistencia e ingresarán uno o varios jóvenes con heridas de bala para ser atendidos, ya sean integrantes de los grupos armados o civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Desde hace seis meses, advierten, aumentaron los lesionados con disparos de fusil, mutilaciones por granadas y bombas y destrozos graves por la utilización de armas de alta velocidad en las calles de la ciudad. “Entre las 6:00 y las 7:00 de la noche comienzan a llegar. Los últimos días están madrugando a combatir porque los heridos ingresan desde las nueve de la mañana. Enpromedio, es uno diario pero hay días más difíciles. El problema es cuando los ‘parceros’ de las bandas entran a mirar cómo estamos atendiendo a sus compañeros y están encima diciéndole a uno que se los salve”, explica el médico Fernando Muñoz, de la Unidad de Atención Hospitalaria de San Javier, occidente de la ciudad. L Elizabeth Yarce Entrega No. 8 sobre CONFLICTO URBANO del domingo 5 de mayo de 2002 Y mayor dificultad cuando las bandas, milicias y autodefensas se atrincheran en los centros hospitalarios para combatir o para rematar a sus enemigos. Hace quince días en el centro de atención de La Loma se enfrentaron dos bandas, una de ellas se metió al hospital y comenzó la balacera. El personal médico y administrativo salió ileso. Muchos se escondieron debajo de las camillas y en los baños. Minutos después, cuando acabaron las ráfagas, los galenos se aprestaron a atender a los heridos, muchachos entre los 15 y los 20 años, con las piernas, el tórax y, en el peor de los casos, su cabeza destrozada. “El 20 de abril se enfrentaron la fuerza pública y una banda, al frente del hospital de San Javier. Se escucharon disparos durante más de media hora, después petardos e impactos más fuertes. Al rato trajeron al primer muerto, los heridos los llevaron a otras unidades. Después de tanta bala pensamos que esto se iba a llenar de lesionados”, precisa el médico Álvaro García, director del centro médico. Respiro de vida A la unidad de San Javier están adscritos los centros de salud de Villa Laura, La Loma, La Quiebra, Santa Rosa de Lima y Estadio, donde es llevada la mayoría de los heridos 30 Documentos de Belencito, Independencias, 20 de Julio, Blanquizal, entre otros, donde se registran feroces combates. “Las heridas con las que llegan esos muchachos (la mayoría entre 15 y 18 años) son gravísimas, son prácticamente cadáveres con algún respiro de vida. La mayoría de lesiones son mortales, las más comunes son en la cabeza, tórax y columna. Esa gente dice que si no mata al enemigo lo deja paralizado”, indica el médico Muñoz. Los galenos trabajan con un alto nivel de estrés, porque aparte de tener que atender entre 70 y 100 consultas diarias en urgencias, la mayoría por enfermedades respiratorias, cardiacas, digestivas y neurológicas, cuando lleganlos “heridos de guerra” el ambiente del lugar cambia. “Con los muchachos desangrándose llegan papás que amenazan con volverse malos o matones. Mientras que los ‘parceros’ ingresan agresivos, acelerados, muchas veces drogados y mientras uno está tratando de salvar una vida ellos están ahí, gritando ¡qué hubo gonorrea hijueputa!, no lo vaya a dejar morir”, expresa un galeno. “A veces llegan ya muertos y los ‘parceros’ ahí, parados al lado. Me tocó remitir un cadáver en una ambulancia a otro centro asistencial porque de lo contrario me mataban. No creían ellos que ya estaba muerto y pretendían que lo reviviera. Otras veces llegan los cadáveres, y cuando uno menos piensa, se levanta uno de ellos y resulta ser uno de los muchachos que se hizo el muerto para que la Policía no lo cogiera”. Los suicidas La unidad de atención de Santa Cruz, nororiente de la ciudad, atiende heridos de Villa del Socorro, Populares, Santa Lucía, La Francia, Aranjuez, M o r a v i a , Zamora, Santo D o m i n g o , Granizal, El Bosque, El Oasis, San Isidro, Andalucía y El Playón. Allí los médicos saben que la jornada es agotadora, en espe cial viernes y sábado: entre las 5:00 de la tarde y las 10:00 de la noche se atienden a diario entre cinco y nueve heridos por arma de fuego. “Por acá pasa algo muy grave y es que, después de las 12:00 de la noche, nadie puede salir y no hay transporte. Entonces, al que hieren después de esa hora rara vez alcanza a ser atendido y muere en la calle”, explica uno de los médicos. La confrontación urbana obligó a Metrosalud a reforzar la seguridad en Santa Cruz donde hace ocho meses bandas armadas derribaron la puerta de urgencias. “Además, desde que se acentuó este conflicto, no hay ambulancia ni otro vehículo que suba a un barrio de estos a recoger heridos”, agrega. Desde comienzo del año losgalenos tienen que enfrentarse con una situación que, pese a no estar relacionada con las heridas de armas de alta velocidad, es más difícil en su tratamiento. “Diariamente ingresan en- Un conflicto que limita y deja profundas cicatrices Ciegos, sordos, sentados para siempre en una silla de ruedas, sin un dedo, una mano o una pierna. Es la marca de un conflicto de calle a calle, de barrio a barrio, o como en el caso de Diana Maritza Ruiz, de terraza a terraza. La joven de 23 años recuerda que los muchachos de las bandas El Plan y Santa Cecilia se enfrentaron desde los techos del sector de Guadalupe en Manrique. “Ese día muchos de mis amigos quedaron heridos. Al día siguiente la que pagué los platos rotos fui yo. Sin saber que era cogí un petardo que dejaron en una matera. Perdí la mano izquierda y se me desfiguró la cara”. El trauma marcó a Diana a los 16 años y hoy siente que no está exenta de repetirlo. “Otra vez se están dando en las “planchas”. Al frente del colegio de San Pablo, donde hay tanto niño, hay enfrentamientos. Por la noche Manrique parece un cementerio en este lado, porque volvió el miedo de salir a la calle, regresaron las noches de uno acostarse preocupado sin saber qué pasa”. Un informe de la Fundación Medellín Sin Barreras indica que la mayoría de discapacitados en la ciudad no son por accidentes de tránsito, laborales o enfermedades congénitas. “La guerra está limitando a muchos jóvenes”, advierte. Y no sólo en combates barriales. Los atracos, venganzas personales, aportan un alto porcentaje a este listado de víctimas del conflicto. “Me dispararon para quitarme la moto y desde eso quedé ciego. No sólo fue el daño físico. También lo que me quedó después, el deseo de hacer una carrera, imaginarme a toda hora la ciudad por no poderla ver... Por una moto, eso es lo que más me enverraca”, sostiene Robert Hinestroza, de 28 años. 31 Documentos tre dos y tres menores, con edades entre los 13 y 16 años, a punto de morirse por intento de suicidio. Se cortan, toman veneno, tratan de ahorcarse o ingieren drogas. Nunca antes habíamos tenido esta situación a estos niveles. Se incrementó la atención sicológica porque es inconcebible que muchos niños en este sector no quieren vivir. No hay oportunidades, no ven futuro”, indica el médico Julio Arbeláez. Desde el año pasado el personal de salud de Santa Cruz tuvo que reforzar su seguridad: los actores armados entraban y amenazaban no sólo a los médicos sino al personal administrativo. ‘‘Hace ocho meses nos tumbaron la puerta. Se metieron y entraron a sus heridos. En otras ocasiones llegan y los tiran y salen a seguir dándose bala o puñaladas. Uno trabaja escuchando balaceras y aunque es tan cotidiano no se acostumbra”, explican. Los médicos están preocupados porque el uso de armas cada vez más poderosas, en los barrios, provoca más muertes y lesiones gravísimas. “La herida de pistola o arma de corto alcance deja un hueco. Los fusiles destrozan completamente la parte del cuerpo que impactan”, precisa Julio Arbeláez. De acuerdo con informes de las autoridades, cerca del 70% de los jóvenes alcanzados por explosiones o disparos, en las calles de Medellín, mueren por la gravedad de sus heridas. Del 30% restante, la mayoría queda de por vida con cicatrices, mutilaciones y discapacidades. Luego van a parar a las cárceles, marcados para siempre por la bala o el petardo equivocado. Hospitales en paz Con banderas blancas en sus zonas visibles se armaron los 48 puntos de atención de Metrosalud en los barrios de Medellín dentro deuna campaña para concientizar a los actores armados urbanos sobre el repeto al Derecho Internacional Humanitario. El director de Metrosalud, Carlos Mario Rivera, indicó que si bien es cierto existen presiones sobre los centros asistenciales y el personal de la salud, las amenazas no son directas. “No nos están atacando por ser médicos y atentados directos contra los hospitales no ha habido. Lo que ocurre es el reflejo de lo que está pasando en la ciudad y por eso el personal trabaja con altos niveles de estrés”, sostiene. Por esta razón las unidades de sevicios, centros asistenciales y puestos de salud fueron declarados “territorios de paz” para que las balaceras de las zonas aledañas no alcancen las instalaciones y se evite el riesgo para los pacientes y el personal médico. La iniciativa dio resultado en la Unidad de Atención Doce de Octubre donde, según sus directivas desde hace 15 días, no ingresa un herido por arma de fuego y no se registrán combates cerca de las instalaciones. “Durante tres meses permaneció cerrado porque las bandas de Frank y El Triunfo se posicionaron de la parte trasera de la edificación y la convirtieron en una trinchera para sus combates. Esto nos llevó al cierre porque era un riesgo y después de una decisión concertada y de explicarles nuestro condición, se pudo reabrir el centro de salud desde hace dos semanas”, expresó María Cano, directora de la unidad. 32 Documentos Violencia en Medellín equivalea borrar del mapa a Sabaneta •Entre 1992-2002 se registraron 42.393 muertes violentas en la ciudad. •Desigualdad + violencia, peligrosos ingredientes de una bomba social. •La urbe tiene el 0.6% del territorio antioqueño y el 36.6% de la gente. N Germán Jiménez Morales Entrega No. 9 sobre CONFLICTO URBANO del lunes 6 de mayo de 2002 acer en Antioquia es un privilegio que cuesta. La región es de las más ricas del país, pero tiene el corazón partido por diversas formas de violencia. Eso convierte en pesadilla el sueño de morir de viejo. Cada mortal que nace aquí tiene la expectativa de vivir 68 años, cuando el promedio para un colombiano es de 70 años. La brecha es mayor tratándose de los hombres. El antioqueño llega con dificultad a los 62 años de existencia, frente a un colombiano que supera los 67. Por supuesto, en la realidad hay gente que pasa la frontera de un siglo de vida. Sin embargo, en las estadísticas hasta un pakistaní o un boliviano tienen un horizonte más promisorio que el paisa en esta materia. El reto de salvar el pellejo y morir anciano o víctima de una enfermedad es bien difícil de afrontar en Medellín, su capital. La urbe es un hervidero de gente. Sus 382 kilómetros cuadrados de extensión equivalen al 0.6% del territorio departamental, y aún así alberga al 36.6% de la población de Antioquia. La desproporción suena a hacinamiento urbano: en la región hay 88 habitantes por kilómetro cuadrado y en la capital 5.305. Semejante tendencia concentradora le facilita el trabajo a la misma muerte. De cada 100 personas que en el 2000 murieron en el departamento por agresiones personales, casi 40 cayeron en Medellín. Esa violencia pesa mucho como pasaporte al otro mundo. De los 12.298 muertos registrados en la ciudad en el 2000, el 23.6% fueron víctimas de agresiones. Tal porcentaje ni siquiera se alcanza sumando las tres primeras causas de muerte natural, como fueron los ataques al corazón (10.5%), las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (6.2%) y las cerebrovasculares (5.9%). Decir que por la ciudad ha corrido un río de sangre es una exageración que raya en lo real. Entre el 1° de enero de 1992 y el 6 de abril del 2002 un total de 42.393 personas perdieron la vida en forma violenta en Medellín. ¡Bárbaro! Eso equivale al exterminio de una población como la de Sabaneta o de Girardota. O, si se prefiere, es como si sólo el polvo y el olvido hubieran sobrevivido en siete municipios antioqueños, como Montebello, Yalí, Belmira, Abriaquí, Alejandría, Hispania y Murindó. Por eso no es gratuito el tí- 33 Documentos tulo de Medellín, la ciudad, como campeona mundial en violencia. Aquí mueren violentamente 220 personas por cada 1.000 habitantes, cuando Buenos Aires tiene 34, Bogotá 36 y México 14. Con un agravante: a nivel local prima la “plomonía”. El 88% de los homicidios se cometieron con arma de fuego. Así mismo, en el 31% de los casos el alcohol fue invitado de honor, mientras que en el 69% de los delitos las drogas también oficiaron como actores de reparto. Ninguna zona tiene el monopolio de los muertos. Aunque sí hay comunas, como la Centroriental, que acapara 30 de cada 100 homicidios. Le siguen la Nororiental, con el 28%, y la Noroccidental, con el 20%. Eso resulta doblemente tenaz para los residentes en estos barrios. Primero, por el nivel de riesgo al que están expuestos. Y segundo, por el estigma de violentos que recae sobre su población joven y que se vuelve una barrera a la hora de buscar empleo. Congruente con lo anterior, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) hace notar que tanto los homicidios como la presencia de actores armados en la ciudad son más graves en donde hay limitaciones de espacios públicos, mayor pobreza, más desempleo, carencia de educación, déficit de vivienda y dificultades para el acceso a la justicia formal. Mejor dicho, “en donde son más claras las consecuencias producidas por la desigualdad y la exclusión social”. ¿Qué desequilibrios? El coctel de la violencia tiene un asiento marcado por la desigualdad en el reparto del bienestar y de las oportunidades de progreso. En Medellín el índice de calidad de vida es del 83.8, su- perior al 75.7 de Antioquia y al 78.7 de Colombia. Este es un indicador de bienestar, que se construye a partir de 12 variables relacionadas con la educación, la vivienda, los servicios públicos y el tamaño y composición de los hogares. Lo anterior no quiere decir que esto sea el Paraíso. De hecho, 16 de cada 100 habitantes de Medellín tienen necesidades básicas insatisfechas y un 3.5% de la población vive en la miseria. Por sus calles también deambula un ejército de 200.000 infantes, cuota local que está incluida en los tres millones de niños que trabajan en el país. Muchos de ellos forman parte de los hogares de los 253.000 desempleados que hay en Medellín y el Área Metropolitana o pertenecen al seno familiar de los 372.000 subempleados que no alcanzan a devengar un salario mínimo. Esa falta de empleo golpea de manera especial a los jóvenes. Entre ellos la tasa de desocupación oscila entre el 28.9% y el 49.3%. Y, cuando trabajan, 40 de cada 100 “sardinos” lo hacen a través de contratos temporales. El campo educativo no está exento de problemas. Por lo menos 25.000 niños y jóvenes no encuentran cupo en la educación básica. De cada 100 que entran a cursar primaria, 6 terminan como desertores, un nivel que es muy similar en la secundaria. En la formación media, el 44.3% de los mucha- El subempleo, las crisis del modelo económico regional, el desempleo y otros fenómenos asociados con la capacidad productiva y de desarrollo social de Medellín constituyen una bomba social y un factor que agudiza los conflictos. 34 Documentos chos se queda por fuera de las aulas. Adicionalmente, educarse ya no parece un derecho, sino un privilegio, pues la oferta que más aumenta es la privada, de mayor costo para las familias. No es cuento. El Observatorio para la Equidad y la Integración Social, afirma que en Medellín y el Área Metropolitana una persona perteneciente al 10% más rico de la población puede aspirar a culminar bachillerato y a continuar en la universidad. En cambio, quien pertenece al 10% más pobre sólo puede aspirar, en promedio, a terminar la primaria. En cuanto a la seguridad social, allí se ha ido desdibujando el logro de un departamento que aumentó la cobertura de 1.1 a 3.2 millones de personas entre el 94 y el 98. Razones: el salto de la pobreza, que medida por los ingresos de la gente supera el 54% en Antioquia, y el alto desempleo provocado por la Se estima que del 1’700.000 desplazados que hay en el país, en Medellín habitan unos 100.000. La ciudad concentra cada vez más dificultades para asistir a esos migrantes de la violencia y la pobreza. Otras violencias • Según datos del IPC, Medellín y el Área Metropolitana tienen 45 asentamientos de desplazados forzados, de los cuales el 40% está en las zonas Centroriental y Nororiental. En los últimos diez años ese fenómeno ha afectado en el país a 1.7 millones de personas y se estima que en la capital antioqueña hay 100.000 de ellos. A esa lista habría que agregar los que llegan presionados por la miseria, el desempleo, los desastres naturales y “los protagonistas de inéditos conflictos que se están incubando en los nuevos escenarios urbanos”. • Cada día desaparece más de una persona en Medellín. Del 43.85% no se conoce el paradero ni se encuentra su cuerpo, por lo cual se presume que se esfumaron contra su propia voluntad. El 43% de los desaparecidos retorna vivo. • El hogar también es un escenario de conflicto. Datos de Medicina Legal y el Observatorio de Violencia Intrafamiliar, dan cuenta de 16 violaciones diarias en el Área Metropolitana. Sólo 4 se denuncian. El IPC anota que “la violación y el acoso sexual a las mujeres vienen siendo utilizados como una estrategia de los grupos armados en retaliación o provocación hacia los contendores de los grupos enfrentados, según testimonios recogidos entre habitantes de los barrios populares. Estos datos, sin embargo, no aparecen en las estadísticas claramente identificados porque regularmente no se denuncian y porque cuando eventualmente se presenta un homicidio el acceso carnal como hecho pasa a un segundo plano”. 35 Documentos crisis económica. En Medellín, de más de un millón de personas que en el 2000 calificaban para el Sisbén, apenas estaban afiliadas 224.868, o sea el 21%. Las carencias son extensivas a la vivienda. Con todo y lo esencial que es, se calcula que el déficit cuantitativo en la capital es del 24%. Fuera de ello, Medellín concentra el 45% de las 52.029 viviendas que en el departamento están ubicadas en zonas de alto riesgo y el mismo porcentaje de las 256.911 personas que se mueren de miedo cada vez que llueve o tiembla la tierra. Todo esto ocurre en una ciudad, urbanizada en un 95%, y en la que por cada rico del estrato 6 hay 13 pobres de los estratos 1 y 2. Hasta los ricos se han empobrecido:Alcalde El diagnóstico • El 57%de los ciudadanos de Medellín son de estrato 1 y 2.Estas personas viven con menos de $250.000 mensuales. • Apenas el 5%de la gente es estrato 5 y 6,lo cual,dice el alcalde de la ciudad,Luis Pérez,demuestra que el empobrecimiento es colectivo. • En los últimos tres años los ingresos reales de los ciudadanos del estrato 1 al 6 bajaron 50%,mientras que el costo de los servicios públicos creció 100%. • Antes,estos servicios se comían del 4%al 8%de los ingresos familiares y ahora se acercan al 30%. • Hace 20 años la economía de la ciudad dependía en un 70%del sector privado y en un 30%del sector público.Hoy se han invertido los porcentajes,pero como consecuencia del debilitamiento de la empresa privada. La respuesta • Pasar del asistencialismo paternalista al asistencialismo productivo. • EPM y sus filiales invertirán en la región $800.000 millones en la creación de más sector productivo. • Volver a Medellín la capital hispanoamericana de los Call Center, con la mira puesta en la generación de 80.000 empleos. • Construir de 20.000 a 25.000 viviendas populares,que generarían 30.000 empleos directos a corto plazo. • Montar el Banco de los Pobres y hacer una revolución de los microcréditos. • Formar buenos ciudadanos,como secreto del éxito de la política social. • Revolución educativa,con formación gratuita para los niños y jóvenes. Fuente:Observar.Informe de coyuntura social N ° 2..Marzo de 2001. 36 Documentos Empresarios, en medio del fuego •Cada mes mueren hasta 4 famiempresarios víctimas de violencia. •El miedo a ser secuestrado marchita el deseo de hacer empresa. •Antes de prestar, banqueros miran el mapa del conflicto armado. A Germán Jiménez Morales Entrega No. 10 sobre CONFLICTO URBANO del martes 7 de mayo de 2002 David (*) lo está matando el miedo al progreso. Su empresa, que le da empleo a 18 trabajadores y sustento a unas 90 personas, tiene controlado su crecimiento cual si fuera un bonsái. Para él, expandirse es sinónimo de riesgo, porque los bandidos pueden pensar que está forrado en billete. Y de ahí a repetir el secuestro extorsivo que padeció en el 2001... no habría sino un paso. La experiencia le dejó la mirada triste, rayando en la amargura, y la voz con tono de enfado. A sus 37 años de edad ya no muestra el afán de superación que lo llevó a pasar de la ganadería al oficio de supervisor y de allí a su estreno como patrono, hace cuatro años. Su compañía, ubicada en un sector residencial clase media, en la comuna 15 de Medellín, vale de $90 a $100 millones. Sin embargo, estaría dispuesto a venderla por $30 ó $40 millones, con tal de disfrutar de una vida familiar más segura y apacible. La desazón le nació en los días que pasó secuestrado por los “elenos”, agrupación a la que las autoridades le atribuyen el 20% de los secuestros del país y que escolta a las Farc, cuya participación en “el negocio” es del 32%. Al comienzo, David les dijo que podía pagar de $3 a $4 millones, pero los guerrilleros le arrancaron $30 millones. De esa cifra, $10 millones recién le habían llegado por la vía de un préstamo, que aún está pagando. Otros $10 millones se los había facilitado un familiar y los restantes 10 paquetes eran ahorro. Una vez liberado, el empresario cerró la fábrica. Los trabajadores, proveedores, amigos y clientes lo animaron para que siguiera adelante y a los 20 días la reabrió. Volver a levantarse no ha sido fácil. Primero, porque juntar un capital de $30 millones puede tomarle de cuatro a cinco años. Y segundo, porque él piensa que “como está el país no provoca crecer la compañía. Esto va para una guerra. Al que tiene, no lo dejan trabajar y al que no tiene, lo están volviendo malo”. En la cabeza le ronda la idea de vender y montar un pequeño negocio, a ver si de esa manera no le piden plata o no lo secuestran por el hecho de ser empresario. Otros ya lo hicieron ¿Cuántos de los 8.820 capitalistas antioqueños que disolvieron sus negocios entre 1990 y el 2001, habrán pensado igual que David? ¿En dónde estarán los $340.604 millones que tenían invertidos en sus sociedades? El dato no existe. Sin embargo, una tajada se debe haber transferido violentamente a los bolsillos de la guerrilla, los paramilitares y la delin- 37 Documentos cuencia común. Pagar por la libertad fue una exigencia que el año pasado les hicieron los captores a 891 de los 3.042 secuestrados que registraron las autoridades en el país. Hace seis años esa llegó a ser la motivación del 92% de los plagios, pero ha bajado a medida que el flagelo se multiplica. De 1996 a enero del 2002 se conocieron 15.992 secuestros, de los cuales el 52.3% eran extorsivos con fines económicos. Los empresarios, como David, son las víctimas predilectas. De hecho, pesaron el 30% dentro de los 183 secuestros de enero del 2002. En ese período cayeron 29 comerciantes, 13 ganaderos, 5 agricultores, 4 gerentes, 3 administradores y 1 contratista. David no denunció su caso. Si lo hubiera hecho, habría ayudado a consolidar a Antioquia como una de las regiones más golpeadas con el secuestro, con una participación que varía entre el 18% y el 20%. El empresario no es el único que adopta una actitud temerosa frente al efecto que sobre sus negocios tiene la violencia y el conflicto armado. La última Encuesta de Calidad de Vida para Medellín encontró que de 2.340 delitos padecidos por los entrevistados, sólo 912, equivalentes al 39%, fueron notificados a las autoridades. De 61 extorsiones o chantajes no se denunciaron 31. De 84 desalojos no fueron informados 46. De 1.811 atracos o robos no se reportaron 1.142. De 6 violaciones no se denunciaron 5. Curiosamente, el mejor indicador está en el caso del secuestro o la desaparición: de 22 casos, 19 fueron informados a los organismos oficiales. Los más expuestos a esa amalgama de inseguridad son los pequeños y medianos hombres de negocios que residen en los barrios populares de Medellín. Cifras del Instituto Popular de Capacitación (IPC), con fuente en Decypol, revelan que entre el año 99 y el 2001 se presentaron en esta ciudad 9.515 homicidios, de los cuales el 13.5% se concentró en la zona de la Candelaria, el 11% en los Populares, el 8% en el Doce de Octubre y el 7.5% en Aranjuez. En un marco como ese una entidad de asesoría y crédito afirma que en los últimos meses ha visto morir en forma violenta a un promedio mensual de cuatro famiempresarios. Los asesores de estos industriales y comerciantes ubicados en zonas de candela del conflicto armado se han convertido en sus confesores. Las historias se repiten. Los dueños de los negocios caseros viven enjaulados. En las noches tienen que cerrar temprano y no pueden prender las luces de la sala o del frente de la vivienda-empresa. Algunas esposas cuentan que el marido tuvo que salir a surtir, porque el entable se agotaba, y no se volvió a saber nada de él... hasta el día en que lo encontraron como un NN. Aún queriendo, los famiempresarios y microempresarios no pueden salir de su barrio para ponerse al día en su crédito. Los cambios de domicilio también van en aumento, pues muchos no aguantan el hostigamiento de los actores armados y buscan zonas de la ciudad más apacibles, para evitar que sus hijos jóvenes sean enrolados por las bandas organizadas, los milicianos, los guerrilleros o los paras. La situación se ha tornado más aguda desde mediados del año anterior. Las ventas de pequeños y medianos empresa- La inseguridad es hoy uno de los principales factores que impiden la renovación, el crecimiento y la creación de nuevos proyectos empresariales. El secuestro y la extorsión, asociados con grupos armados ilegales, son una “peste” para la industria urbana. 38 Documentos rios caen. Los proveedores se niegan a surtir directamente los negocios. Quienes le trabajan a terceros, como los confeccionistas o los productores de calzado, tienen que ir a recoger la mercancía. Y hasta las peticiones de refinanciación de los préstamos se han disparado. Los financistas, cuya función tiene un sentido más social, se han vuelto “realistas” a la hora de conceder créditos a estos hombres de empresa. Tanto, que cuando se sientan con ellos a revisar el balance de entradas y salidas de dinero, se disfrazan las vacunas y extorsiones en una cuenta llamada “otros gastos fijos”. Allí queda asentada la mordida de $80.000 ó $100.000 mensuales que se pagan a diversos actores armados a cambio de protección. Conflicto por doquier Entre las zonas duras para el desempeño empresarial sobresale la comuna 13, aunque también hay problemas serios en sectores como Itagüí, especialmente en los que comunican con San Antonio de Prado y La Estrella. Otro tanto ocurre con Bello, París, 12 de Octubre, La Maruchenga, Santander, los populares 1 y 2, Santa Cruz y Villa del Socorro. Eso sugiere una cierta focalización de los problemas, que no es compartida por Isaac Gaviria, director de Metroseguridad. Su criterio es que “toda la ciudad está afectada por la urbanización del conflicto armado”. En su concepto, en comunas como la 13, el fenómeno es estruendoso y visible por los enfrentamientos entre los actores. En otras zonas la expresión es más silenciosa, a través de la extorsión, el secuestro, el boleteo o el robo de carros. Gaviria manifiesta que en estos últimos casos el que tie- ne con qué paga la vacuna, creyendo que de esta forma se libera del asunto. Falso. El éxito de la operación persuade al delincuente de que esa acción se puede replicar contra el mismo ciudadano, contra sus familiares, contra los vecinos del sector o contra el gremio del extorsionado. El funcionario anota que los actores armados han venido cambiando de estrategia. Ahora, por ejemplo, infiltran a sus hombres como empleados de familias de estratos altos, lo cual les permite un conocimiento detallado de los movimientos de potenciales “peces gordos”. También se infiltran en compañías de vigilancia privada, para acceder a datos de primera mano sobre la jugosa actividad del transporte de valores. Otro tanto ocurre con la banca y los sectores comerciales. Dado que los grandes empresarios no abundan y además tienen sus cercos de vigilancia institucional y personal, los actores armados han dirigido su atención a los de menor talla, a los ejecutivos y empleados de buen nivel. Así mismo, a la hora de reclutar personal encuentran un mercado pulpito en los “sardinos” que ni estudian ni trabajan. Los niveles de rentabilidad conocidos por Metroseguridad indican que un joven puede percibir hasta $1.5 millones por el robo de cada vehículo. Tampoco es raro que lleguen a tener ingresos de $3 ó $4 millones, al realizar trabajos tan refinados como la venta de secuestrados a los actores armados. En un medio avaro en oportunidades para ellos, los jóvenes mercenarios le apuestan a una fuente rápida de enriquecimiento ilícito, así ello implique un brutal recorte de su esperanza de vida. (*) Nombre ficticio para proteger a la fuente. Las estadísticas, una negra factura • Medellín encabeza la lista de las ciudades que son más golpeadas por la piratería terrestre. Según Defencarga, en el 2001 se registraron en Colombia 1.921 casos en los que se hurtaron mercancías valoradas en $110.209 millones. A esto se añaden los vehículos robados, cuyo valor se tasó en $47.061 millones. El 25.6% de las mercancías hurtadas son abarrotes. Dinero y joyas equivalen al 5.48%, los textiles el 4.97%, las carnes y pollos el 3.63% y los lácteos y huevos el 3.59%. A nivel local, buena parte de estos delitos se cometen en el peaje de Guarne, la Plaza Minorista, la Avenida Guayabal, Hatillo, Solla, Centro Internacional del Mueble y la Variante de Caldas. • Según Metroseguridad, de 3.445 víctimas de homicidio en el 2001 el 26.4% eran desempleados. El segundo lugar lo ocuparon los comerciantes, con una participación del 3.5%. • A los grandes industriales del país el clima de inseguridad les preocupa, pero no tanto como la ausencia de compradores. En la última Encuesta de Opinión que lideran gremios como la Andi, la falta de demanda aparece como el principal factor que frena el desarrollo de los negocios, con un peso del 35.9%. El segundo escollo es la inseguridad, con el 16.4%. • Pese a ello, la inquietud frente al deterioro del orden público es creciente. En octubre del 98, por ejemplo, la inseguridad sólo era un escollo para el 3% de los entrevistados. 39 Documentos La violencia se paga con más atraso social L a agudización del conflicto armado en una ciudad como Medellín se está convirtiendo en un factor adicional de atraso y desigualdad social. Entre otras cosas porque la inversión privada teme llegar a las zonas de mayor perturbación y a veces hasta las firmas estatales se ven a gatas para prestar sus servicios, como ha sido documentado en el caso de las Empresas Públicas de Medellín. Los empresarios no son ciegos a la realidad de una ciudad que registra promedios anuales de hasta 5.000 homicidios. O que concentra el 12% de los secuestros denunciados en Antioquia. O que tiene 9.000 “sardinos” metidos en 210 bandas, pandillas y combos, con cerca de 4.000 armas. Los hombres de negocios tampoco son indiferentes a las disputas territoriales que libran los actores armados, con esferas de dominio que el Instituto Popular de Capacitación discrimina así: las Farc reinan en San Cristóbal, San Pedro, La Tablaza, San Javier y Santo Domingo. El Eln hace lo propio en Copacabana, San Antonio de Prado, Belencito y 20 de Julio. Los Comandos Armados del Pueblo (CAP) brillan en Robledo, Blanquizal, Vallejuelos, 20 de Julio, La Independencia y Belencito. Las Auc están en Bello, Zamora, Prado, Caldas, Barbosa, Manrique, Popular, Campo Valdés, Belencito, El Corazón y gran parte de los barrios de las zonas Noroccidental, comunas 5, 6 y 7, correspondientes a los barrios Castilla, 12 de octubre y Robledo. Y mal podrían los empresarios ser ciegos ante esa realidad, cuando ellos también son víctimas del flagelo. Los constructores, por ejemplo, saben que los banqueros manejan mapas del conflicto y no prestan para proyectos situados en zonas controladas por los actores armados. Allí un inmueble, que es su garantía, puede quedar “valiendo huevo” como consecuencia del desplazamiento forzado de las familias o por el deterioro de la calidad de vida del sector. Cuando el edificador logra llegar a este tipo de zonas, es porque previamente ha pedido permiso a quienes allí ejercen la autoridad. El costo es alto. Generalmente lo obligan a que contrate mano de obra del barrio, a la cual toca tratar con guante de seda. Fuera de eso, en un fin de semana puede llegar un camión para desmantelar el almacén de la obra o para cargar parte de la maquinaria del empresario. Proveedores como los ladrilleros también viven situaciones complejas. Algunos son visitados hasta dos veces en el año y en cada una de ellos debe aportar $10 o más millones. El pago no es para que los protejan, sino para que no los toquen. A los contratistas de obras públicas que laboran en barrios de la periferia también les imponen parte de la mano de obra. El personal no es calificado, no cumple horario y el proyecto no avanza al ritmo planeado. Igual ocurre con la seguridad, y al pasar de cierta área se tiene que contratar con otro grupo. Pese a ello, es frecuente el robo de materiales, como cemento, arena y triturado. Un empresario llegó a ver cómo con sus materiales le echaron el piso a las casas ubicadas a lo largo de dos cuadras. En otras oportunidades la maquinaria es retenida para presionar un pago, o es usada en otras labores. También secuestran por días los camiones, y cuando los devuelven nadie sabe para qué los utilizaron. Todo eso cuesta. En un contrato de $1.500 millones un empresario llegó a perder $400 millones. En otros casos, asegurar la maquinaria y los equipos resulta más costoso. De hecho, las tasas han pasado del 7 por mil a 20 por mil. El comercio tampoco está a salvo. En el centro de la ciudad se cobran vacunas que pueden oscilar entre $4.000 y $30.000 semanales, dependiendo del tipo de negocio. Además, hay todo un mercado negro que surten los piratas terrestres, quienes en un año se llegan a robar en este municipio hasta 100 camiones cargados. Algunas firmas que transportan esas mercancías a los barrios fácilmente pueden perder un camión al mes. GJM 40 Documentos Se fue don Antonio, el tendero del barrio •Por la violencia urbana sigue resentida la actividad comercial en las comunas. •Alrededor de 45.000 tenderos existen en el Medellín y están afectados por el conflicto. •En algunas comunas se registran pactos de no agresión y prospera el comercio. ace apenas dos días, don Antonio*, el tendero del sector limítrofe entre los barrios Juan Pablo II y el 8 de Marzo, no aguantó más tanta zozobra, cerró su negocio y se fue con sus mujer y sus cuatro hijos a otro municipio donde no tuviera que soportar tanta violencia. “Era muy formalito y vendía de todo. Le iba bien y no tenía problemas con nadie, pero se aburrió. Como él, la gente se está yendo del barrio”, dice doña Esperanza*, una residente del sector quien encontró el negocio con las rejas abajo. Don Antonio, uno de los 45.000 tenderos de Medellín, vivió en el barrio más de 20 años y era apreciado por los vecinos. Sin embargo, no aguantó tanto miedo acumulado ni que la gente se le metiera en la tienda para protegerse de los tiroteos desatados entre las bandas ajenas al sector. Allí, como en otras comunas de la ciudad, los establecimientos comerciales cierran temprano, mientras los niños han dejado de jugar en las noches. En algunos áreas, los negocios están enrejados y parecen verdaderos búnkeres. En los dos últimos años, la señora Esperanza experimenta una profunda tristeza y una enorme impotencia al sentir cómo se desmorona el barrio donde ha visto caer abaleados a muchos jóvenes que crecieron H Gustavo León Ramírez O. Entrega No. 11 sobre CONFLICTO URBANO del miércoles 8 de mayo de 2002 y corretearon con sus hijos. Ella llegó a la cañada alta de Villa Tina y Caicedo hace 32 años, cuando Los Caunces se iniciaba como zona de invasión. Hace sólo dos semanas, a doña Esperanza se le murió entre los brazos un muchacho, dedicado al transporte de escolares, que no se metía con nadie. Como otros tres de la ruta 096 de Buenos Aires, los Caunces y 8 de Marzo, fue tiroteado porque se opuso a ser “vacunado” por la delincuencia que se pelea el dominio de las zonas. Son los mismos casos que se registran en la Maruchenga, París, los populares 1 y 2, Belén Rincón y la parte alta de San Javier, para sólo mencionar algunos. En estos barrios, sobre todo en los periféricos, ha cambiado el sistema de distribución de mercancías y alimentos y son pocos los furgones que se movilizan por sus calles. Sin embargo, todavía se ven los vendedores puerta a puerta de cuadros y biblias y pequeños camiones de expendedores de verduras con su perifoneo a pleno pulmón. El transporte urbano de pasajeros tampoco es ajeno a este conflicto, lo mismo que las grandes compañías fabricantes de gaseosas y de artículos básicos de la canasta familiar. Acomodo táctico “Hay unos barrios que ponen problema, pero los distribuidores los han venido manejando 41 Documentos bien, pues unas veces les pagan a las milicias en plata y otras en especies, sea leche, cárnicos o arroz. En otros, definitivamente no nos dejan entrar”, dice una empresa lechera. Ante los remanentes de las ventas de media mañana, una de las procesadoras de lácteos optó por la estrategia de donar unas 2.500 unidades diarias de sus productos perecederos que son repartidos entre los niños pobres. “Eso ha ayudado a que no volvieran a poner problemas con la leche casi en ningún barrio”, dice un ejecutivo del sector comercial. “Eso implica que hay darles a diario. Por el trabajo social es que hemos podido con ellos y no nos han molestado tanto; pero hace tres años el problema era más grave. Han sido muchos los distribuidores que han matado”. Regularmente, las milicias aparecen en las esquinas, exigen “la liga” en artículos o en dinero -como cuota semanal, mensual o semestral- y sólo admiten el ingreso de los carros y de los distribuidores conocidos. Las vacunas son un hecho normal y están ya incluidas en el presupuesto de algunas empresas. Fernando, un trabajador con más de diez años en el ramo de las ventas y el mercadeo, acepta que su compañía no ha sufrido restricción en sus áreas de influencia y asegura que, al donar sus productos, no está haciendo nada al margen de la ley. La compañía lleva donaciones, por ejemplo, a Carambolas, parte alta de Manrique, por medio del distribuidor. Sacrificio financiero Los problemas disminuyen cuando el negociante se aleja de la periferia. El ritmo y el estilo de las ventas, incluso, han registrado variantes. “Muchos dan trabajo a los muchachos para que hagan la distribución en su zona. La empresa disminuye el riesgo y sigue vendiendo igual. Lo que pasa es que merma un poquito su utilidad. Los tenderos y las amas de casa sirven de mediadores con los muchachos”. Una distribuidora de alimentos no volvió a entrar desde hace un año a una parte de la Comuna Noroccidental donde tienen presencia el Eln, las Farc y los paramilitares. En otras sólo va cuando le dejan entrar a los vendedores, como ocurre en Belencito y el 20 de Julio. “Este año fuimos una vez y nos dijeron que si no pagábamos la vacuna no podíamos volver y nosotros no estamos para pagarla”, dice un vocero de la empresa, quien pidió el anonimato tanto para la identificación de la fábrica como de su nombre. Ante tanta inseguridad, cerca de 60 compañías crearon hace dos años el Frente de Unidad Empresarial, cuyos miembros se comunican para alertarse entre sí. Este sistema ha permitido que, con el apoyo de la Sijin, disminuyan en 40% los asaltos de las bandas. En Castilla y sus alrededores los vendedores también acordaron darle la distribución a un residente, que pierde poco cuando lo despojan de lo que reparte en una moto. Una comuna atípica No obstante los constantes ataques, el ambiente en las barriadas ha mejorado gracias a la labor de las juntas de Acción Comunal y de los comerciantes. Luis Alfonso Muchos de los 45.000 tenderos que hay en Medellín han tenido que encerrar sus pequeños negocios para disminuir los riesgos de tanta inseguridad que ronda por sus barrios. En algunos sectores ellos tienen que pagar la “vacuna”. 42 Documentos Echavarría Posada, director del Grupo Comunitario de Aranjuez-San Cayetano, ha sido parte de esta transformación social. “Desde el 95, la economía de nuestro sector crece. A través de actividades y convenios del Comité Comercial se acabó con la vacuna a tiendas, graneros, casas de chance, heladerías y supermercados”, dice el líder comunitario. En la Comuna hay 98 tenderos cuando en el 94 sólo estaban registrados 31. Por causa del conflicto urbano cerraban tres al mes. “A algunos negocios les va mal por cuestiones económicas y por la competencia, pero ese es un mal nacional. Frente a otras comunas, la nuestra es buena y tiene una economía estable. Es en la única donde desde 1994 no se ven plomaceras”, confiesa Echavarría, uno de los 100 líderes que trabajan por el bienestar de la zona. Según Luis Alfonso, allí se logró socializar el proceso con las bandas y otros grupos al margen de la ley y se empezaron a generar proyectos productivos como celadurías, lavadas de carro, limpieza de quebradas y reciclaje, con la ayuda del comercio y de entidades estatales. “Yo les dije a todos los proveedores que era bueno que se tocarán el corazoncito. Desde 1998 comenzaron a financiar los tablados populares y a dar degustaciones. No nos dieron ni les pedimos plata porque en el momento en que lo hiciéramos se dañaría el proyecto”. La estrategia de los negociantes y de la comunidad dio como resultado en los últimos siete años una reactivación de la economía no vista, pues las casas arrendadas recobraron su valor y aparecieron nuevos establecimientos como farmacias, talleres, almacenes, ebanisterías, ferreterías, ven- tas de helados y empanadas. Se recibió el respaldo de empresas como Cervunión, Coltabaco, Cementos Argos y Noel y la gente volvió a disfrutar de la vida nocturna. “Ya pasó por aquí la época de la violencia brava. La crisis del barrio es una etapa superada en un 90%. No tenemos el problema de antes cuando se robaban los carros de los proveedores”, sostiene Guillermo Vélez, gerente de Mercados Vélez. Reconoce que el éxito está basado en el pacto de no agresión y en el compromiso de trabajar por el crecimiento del barrio. El director Ejecutivo de la Seccional de Fenalco, Antonio Picón Amaya, considera que el problema no obedece tanto a una tipología sino a un clima general de incertidumbre y de inseguridad. “No es sólo en Medellín sino en todo el país. Un conflicto que era rural se volvió urbano”, afirma el dirigente gremial. Señala que esta situación afecta al comercio, al turismo y al aseguramiento de vehículos, lo cual ha hecho que los propietarios tengan que soportar el pago de extraprimas. Asimismo, las compañías de seguros tampoco están amparando el transporte de mercancías en la ciudad, lo que constituye un enorme riesgo para el comerciante. “Ese clima está afectando a todos ya que no puede señalarse un barrio determinado”, anota Picón Amaya. Como afectó a don Antonio, el tendero, cuya vida no se hubiera descuadernado si las bandas de los barrios aledaños al oriente de la ciudad le hubieran permitido trabajar en paz y permanecer en el lugar donde vio crecer a sus cuatros hijos. * Nombres cambiados por solicitud de las fuentes. Una cooperativa piloto Fernando Gómez Montoya* “Uno de los problemas más bravos que tiene el transporte urbano es el conflicto armado, bien sea por guerrilla o por combos. Teóricamente todas las empresas de Medellín tienen una “vacuna”, en una forma o en otra. El problema que encontré en la empresa es que había una “vacuna” que estaba en ese momento a casi $6 millones mensuales por la ruta. Se montaban a los carros y cobraban la plata. Chofer que no tuviera la plata... nos mataron a seis en dos años y medio. Por cada bus era una vacuna de cerca de $150.000 mensuales. Empezamos a hablar con ellos (los grupos) y les hicimos ver que eso no era tan rentable y estaban acabando con la juventud del barrio, porque los que no estaban muertos estaban en la cárcel. Les dijimos que cogieran la lavada de los vehículos. En casi todas las empresas de Medellín hay que lavar a diario el carro y dentro de su presupuesto está su lavada. Hicimos una cooperativa que lleva año y medio. Se acabó la vacuna y los pusimos a trabajar. La cooperativa se llama Asociación de Paz (Asocipaz) que tiene unas 70 personas del Vergel, Eterna Primavera, Quinta Linda y Serranías. Ellos se responsabilizan del aseo y de la vigilancia de los 50 vehículos diarios incluidos los microbuses. Teóricamente estamos en paz, porque hay una banda en Caunces de Oriente, manejada por un tipo que la policía lo tiene identificado y de vez en cuando les sale a los carros y les quita la plata. Las milicias del 8 de Marzo nos han matado dos conductores y tres celadores en el último mes, porque quieren tomarse de nuevo la zona. Estamos con un pedazo vacunado y otro no”. * Gerente de la Corporación de Transporte Urbano (CTU), que afilia a 21 de las 25 empresas metropolitanas. Unos 3.600 buses de 4.000. 43 Documentos Campos de juego y enfrentamientos •En un solo campeonato de fútbol mataron a cinco jóvenes. •Inder intenta recuperar unidades deportivas de Castilla y Miraflores. •Líderes piden presencia del Estado con recursos y programas. E Wilson Díaz Sánchez Oswaldo Bustamante E. Entrega No. 12 sobre CONFLICTO URBANO del jueves 9 de mayo de 2002 n muchos barrios populares de Medellín las canchas y placas polideportivas dejaron de ser campos para la lúdica y la recreación, y se convirtieron en “oficinas” de bandas y sitios de ajusticiamiento preferidos por los actores del conflicto armado. Muchachos de la Zona Nororiental cuentan que jugar un partido resulta tan arriesgado a cualquier hora del día, que han visto caer heridos y muertos a sus amigos, “víctimas del fuego cruzado entre pandillas”. Pero en medio de la intolerancia de algunos, la creatividad y el deseo de ofrecerles otras alternativas a hijos, hermanos y familiares, surgen movimientos que, “armados de balones y uniformes, sembramos vida en la comunidad. Creemos que el deporte es el mejor vehículo para hacer la paz, pero es necesario que el Estado acompañe nuestros procesos. No se trata de entregar porterías y volquetadas de arenilla por parte del Instituto de Recreación y Deporte de Medellín (Inder), aquí hay que generar participación social”, dice Fredy*, un líder que nació, creció y su forjó en las laderas. Cuanto tenía 15 años ya hacía parte de la acción comunal. Siempre “gomoso” de la actividad deportiva, promovió un grupo de trabajo hasta conseguir un espacio para organi- zar torneos en el barrio y su labor no resultó fácil, pues en 1995 debió cancelar el campeonato “porque ya iban cinco muertos por peleas entre combos. Ahora no es como en otras épocas, cuando nos agarrábamos a golpes y de ahí no pasaba. Hoy es a bala y por cualquier bobada”, relata mientras apoya la cabeza en sus manos. Fredy, que alguna vez hizo un receso en su trabajo comunitario y se integró a una banda, asegura que volver a la normalidad le costó demasiado. Por su cabeza aún rondan los hechos lamentables e irreparables que debió soportar para salirse del combo, por allá en los años 90 cuando “hubo un desarraigo social impresionante”. A los 36 años y padre de familia, ahora es el motor del Comité de Deportes del sector, después de rescatar de la maleza y la basura la cancha que estuvo abandonada por mucho tiempo. Orgulloso muestra las tribunas limpias y el parque ecológico que construyó con un grupo de jóvenes, con el visto bueno de otros pelaos (jóvenes miembros de pandillas) que “saben que esta labor nos favorece a todos”. Sin miedos “A mí deme un morral lleno de balones y unos conos para los entrenamientos y me le meto a cualquier barrio por caliente que sea”. John Jaime * conoce bien el terreno que pisa, pues 44 Documentos Los niños miran el entrenamiento de una de las escuelas de la zona Noroccidental de Medellín. Ellos son los más perjudicados por el conflicto armado en los sectores populares. allí creció y se forjó como hombre del deporte. Al fondo se divisa la ciudad opacada por la bruma, y la Unidad Deportiva de Castilla empieza a llenarse con los niños de las escuelas de fútbol, creadas por personas del barrio. Tres canchas de fútbol, tres placas múltiples, un salón comunal y un sendero para caminantes conforman el complejo que en su aspecto delata abandono, pues hace dos años y medio el Inder retiró de allí al administrador y a los vigilantes por problemas de seguridad. John Jaime dice que lo poco que se ha hecho es por cuenta de la comunidad y lamenta la poca presencia de mujeres, temerosas de los violentos. “Los colinos (marihuaneros) vigilan y cuidan el escenario. Cuando se logra recolectar algún dinero, ellos desyerban. Por su propia iniciativa sembraron una huerta con árboles frutales en un espacio que estaba convertido en matorral”. Las llaves del salón comunal las tienen los pelaos de una banda y las facilitan cuando alguien lo requiere, no sin antes dar el visto bueno. Hace dos años los vecinos del sector recuperaron este espacio, otrora famoso por ser el centro de operaciones de la banda de La Quica, lugarteniente del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Allí, la comunidad impulsó un pacto de paz entre las pandillas Carruseles y Mondongueros. John Jaime tuvo la fortuna de jugar bien al fútbol y de recibir el respaldo de la familia. Hoy, se pregunta: “¿qué hubiera sido de mí en otras circunstancias? Los torneos de éste y los barrios aledaños normalmente son vigilados por las bandas, que impiden desórdenes. Un amigo suyo se dejó llevar por el calor del partido, intentó agredir al árbitro y jamás pudo volver por esos lugares. Libres de barreras En El Salado, sector de San Javier, al occidente de Medellín, asegura Felipe*, no hay problemas para jugar en la cancha, ubicada en el centro del barrio. El temor es que mientras se desarrollan los partidos puede presentarse un enfrentamiento entre milicias y autodefensas “y lo coronan a uno, como le sucedió estos días a un muchacho”. En el sitio conocido como Cuatro Esquinas, los milicianos bajan a jugar microfútbol. Inclusivo, tienen equipo en el torneo. El escenario con mayores problemas, y al que temen ir los deportistas, es la cancha de Zonitas, “donde ha muerto mucha gente”. Una escuelita de fútbol de Belencito, que el año pasado entrenaba de noche por los compromisos de los entrenadores en el día, debió cambiar de horario por petición de los padres de familia. Intentaron exiliarse en otro barrio, pero los entrenadores fueron llamados para que retomaran la labor con casi 90 niños. Al otro lado de la ciudad, en el barrio Pablo Escobar, el futbolito se juega en la calle porque no hay canchas. Un comité logró que el Inder financiara la construcción de un parque infantil, pero cuando llegó el momento de hacer las diligencias, apareció el capo de una banda y manifestó que el terreno ya estaba vendido. A pesar de las presiones, John Bahos, promotor del programa Fútbol por la paz y juego limpio, cree que el deporte es la única garantía de llegar- 45 Documentos les a los muchachos. En un campeonato de Manrique Las Granjas, como organizador, debió intervenir, cuando al árbitro le pusieron una pistola en la cabeza. En otra ocasión estaba pitando y decretó un penalti en el último minuto. “Casi me matan, por fortuna cerca de mí había un amigo y me ayudó a salir del lío”. El susto pasó y continuó en su labor. Actualmente promueve un campeonato con participación de combos de Las Nieves, Santa Inés y Guayabal, dispuestas a establecer diálogos y convivencia. “Lo único que motiva a los combos es el deporte, porque allí encuentran neutralidad y respeto entre ellos”, dice. Orgulloso recuerda su asistencia, como entrenador y delegado, a la Copa Juego Limpio en Alemania, en el 2000, donde Medellín estuvo representada por un elenco del barrio Las Esmeraldas, tras ganar el torneo local frente a 554 aspirantes. Allí, después de recibir elogios por el comportamiento de los jugadores, sintió aún más la necesidad de luchar por un deporte formativo, sin estigmatizaciones y presiones políticas. Él, como los líderes anónimos de las comunas de la ciudad, quieren las canchas libres para sembrar, con la actividad física, semillas de paz. *Nombres cambiados por petición de las fuentes. Se perdió el manejo Entres las funciones del Inder está la adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos en barrios y corregimientos de la ciudad, ubicados en espacios públicos. Las canchas normalmente son administradas por las acciones comunales o comités, pero el Inder tiene el manejo de las Unidades Satélites, entre las que se destacan la de Castilla, Doce de Octubre, Belén, Miraflores, La Floresta y Los Alcázares, con presupuesto anual para cada una. Sin embargo, grupos al margen de la ley se apropiaron de las unidades deportivas de Castilla y Miraflores. Actualmente, el Inder intenta recuperarlas con programas como las Escuelas Populares del Deporte. Para Miraflores, según el gerente Francisco Javier Zabala, hay destinada una inversión de $200 millones, de los cuales ya se hicieron efectivos $50 millones en adecuaciones. Los habitantes de Castilla, entre tanto, esperan que la Administración Municipal concrete acciones. En el 2001, según el funcionario, la inversión en escenarios fue de $1.200 millones. Zabala hizo un llamado a los actores del conflicto para que dejen entrar sin problemas a sus delegados, pues denunció secuestros, amenazas y “vacunas” a trabajadores de la entidad que él representa, lo que dificulta la labor por el deporte. 46 Documentos Jóvenes sóftbolistas, desplazadas y confundidas Medellín Una mañana fría de hace seis años, un grupo de jóvenes muchachas, cuyas edades no superaban los 14 años, estudiantes del Liceo Villa del Socorro, llegaron, como ya era costumbre, a la vieja cancha de arenilla del sector, dispuestas a practicar su deporte preferido, el sóftbol. Eran las 7:30 y aunque por obligación debían madrugar, ese día alguien se les había adelantado y ocupaba el campo. La figura menuda y algo escuálida de un desconocido, de escasos 18 años, con pantalones amplios y gorra que apenas le dejaba ver parte del rostro, cumplía una labor inusual: una a una iba clavando estacas cerca de uno de los arcos donde generalmente las chicas se ubicaban para empezar el trabajo. Sin cruzar palabra alguna, el sujeto cercó el sitio con una pita gruesa que amarraba entre cada palo e impidió que las niñas siquiera pudieran ejercitarse. “Aquí entrenamos, ¿por qué nos estás quitando el espacio?”, fue la pregunta que apenas inquietó al sujeto. “Esta es una cancha para fútbol y no para sóftbol; y si no le gustó, póngala como quiera, se escuchó decir en tono amenazante al interlocutor. La impotencia era grande y mucho más cuando algunas muchachas me decían con señales disimuladas que me quedara callado”, recuerda José Aníbal Castañeda Correa, en aquel momento profesor del Liceo y quien, en compañía de Francisco De Latorre Hill y luego de Alfonso Agudelo Marín, se dieron a la tarea, contra viento y marea, de rescatar el deporte en la zona Nororiental de Medellín. A la postre, fue De Latorre Hill, un desvelado del sóftbol quien más luchó por evitar que los combos del sector acabaran de tajo con el espíritu deportivo de las jóvenes de barrios como Santa Cruz, Santo Domingo, Granizal y hasta los populares 1 y 2. Ese día, como tantas otras veces, se había perdido el “madrugón” para utilizar la cancha. Ni siquiera el haber llegado muchas horas antes que los muchachos -practicantes de fútbol- había servido. Los morrales volvieron a su lugar de origen, las espaldas y, “con el rabo entre las patas”, las jóvenes softbolistas debieron dar marcha atrás, y quedarse con las ganas de entrenar. “Fueron muchas las jornadas en las que a pesar de llegar bien temprano ya habían personas jugando fútbol desde hacía mucho rato. Con los que conocía, los cuales eran o habían sido mis alumnos, no tenía ‘mucho problema’. El lío era con los que no conocíamos, por lo general, todos. No les importaba si habíamos llegado antes que ellos. Se metían a jugar en mitad de cancha donde estábamos practicando y uno de ellos se ubicaba en el arco de fútbol y tapaba los pocos balones que realmente le pateaban ya que, casi todos se dedicaban a tirar balonazos que se estrellaban contra vientres, pechos y rostros de las muchachas”, agrega Castañeda, quien no obstante, con el paso de los días, logró aplacar en algo la tensa situación que incluso llegó a extremos tan peligrosos como los de enfrentamientos, a bala, de grupos armados. Luz Delly Paso, apodada Salcerín, fue una de esas jóvenes que vivió en carne propia este proceso de “desplazamiento deportivo”. Sin embargo, con esfuerzo superó obstáculos hasta llegar a integrar la Selección de Antioquia en varios torneos nacionales e internacionales. Hoy, más de 300 deportistas, en su mayoría estudiantes del Liceo de Villa del Socorro, están a órdenes de Alfonso Agudelo, un benefactor y pensionado de la Caja Agraria, quien apoya, en la medida de sus capacidades, la práctica deportiva para que no se “pierdan en el vicio o la vagancia”. Yadira Conrado, una morocha de categoría, buen brazo y gran proyección, o Durley Natalia Giraldo, también Selección Antioquia, surgieron en la cancha de arenilla de Villa del Socorro. Le hicieron el quite a una situación que ellas en principio no comprendían, pero que poco a poco se hizo inherente: jugar bajo la presión de lo que pudiera ocurrir, de lo desconocido. OBE y WDS. 47 Documentos “Nuestro método no es el pedagógico sino el del temor” • Durante este año han asesinado a cinco maestros en Medellín. • De los 418 amenazados en Antioquia, 174 son del municipio. • La violencia ha ocasionado que los educadores cambien rutinas. H Paola A. Cardona Tobón. Entrega No. 13 sobre CONFLICTO URBANO del viernes 10 de mayo de 2002 ace poco más de un mes, Odila* se sentó a observar una de las imágenes que marcaron su carrera como educadora. Había un círculo, lleno de pequeños ruidosos, jugaban a que eran encapuchados y a que luchaban con armas que, algunos, en realidad tenían en sus mochilas. Esta escena ya normal y hasta cotidiana en muchas instituciones, fue la que terminó por llenarla más de rabia, temor e impotencia. No quería seguir educando niños para que, aunque ella no quisiera, terminaran en el conflicto como protagonistas o víctimas. Decidió salir del plantel ubicado en Belencito. Solloza mientras cuenta su historia y repite una y otra vez que no se publique su nombre. Apenas se distinguía su respiración agitada y se podía entrever un rostro desconcertado, que no es posible describir con certeza, porque quiso, como muchos, que la entrevista fuera telefónica. Iba a completar su primer año en medio de una comunidad educativa que la acogió por su calidez y buen trabajo. Dice que era un colegio lleno de profesores comprometidos, de esos a los que se les olvida la hora de irse y con las agallas para soportar las balaceras y poner su cuerpo para cubrir a los niños. “Los alumnos llegaban a la escuela, después de sortear las dificultades del camino, a veces en medio de las balas. Después, no podíamos exigirles atención y concentración en las clases”. Sin tregua Tenía muchos niños enfermos sicológicamente. Estaban nerviosos y temerosos de la muerte. “A veces salía a la cocina e iba a prepararles agua aromática y por el camino me expresaban que les habían prometido a sus mamás ir al colegio pero que les daba miedo, que el patio era tan inmenso que se sentían inseguros”. Pero algunos de sus alumnos no eran sólo espectadores de la confrontación. Varias veces encontraron balas en las pertenencias de los niños, “porque ellos mismos son hijos de miembros de los grupos armados”. Mientras estuvo allí, unos 150 pequeños salieron de la escuela porque sus familias se iban por las amenazas o cansados de tanta violencia. “Nos tocó ver muchos muertos. Usted llega allá y le cuentan, pero vivirlo es terrible. Le doy gracias a Dios que fui, hice lo que tenía que hacer y estoy viva”. Según la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) durante este año han asesinado cinco profesores en la ciudad, el último de ellos el lunes pasado, perteneciente al Liceo Santa Rosa de Lima, y unos 42 han sido amenazados. 48 Documentos Esfuerzos por educar Donaldo Zuluaga Profesores y estudiantes sufren la angustia de terminar el día en medio de las balas pues las confrontaciones se libran muy cerca de las escuelas y colegios.Los educadores intentan implementar proyectos de convivencia para disminuir el nivel de agresividad y de estrés de los niños y jóvenes. Dos años y tres meses. Eso fue lo que permaneció Lucía* como educadora de una institución de Robledo, parte alta. Cuando llegó a su nueva escuela encontró malas referencias pero decidió arriesgarse y tratar de acomodarse. Recuerda que un día al principio de este año al entrar a la escuela encontraron las chapas de las oficinas dañadas, salones abiertos, ventanas quebradas con esquirlas de vidrio en el piso y sangre en el corredor. Un grupo armado había utilizado el colegio como escenario para librar un enfrentamiento. Al otro día, volvieron a las clases, pero “unos encapuchados se pararon cerca de la ventana en la calle. Se oyeron unos disparos y nosotros nos tiramos al piso, porque por allá hay que vivir en el piso”. El jueves siguiente a la incursión en la escuela, una vez finalizado el descanso, se escuchó una fuerte explosión en la parte de atrás. Según los alumnos era una «papa» bomba y, luego, intercambios de disparos dentro en las instalaciones. “Parecía el fin del mundo”. Así, con la situación más tensa que de costumbre, Laura se aguantó un mes más. Un día, al bajarse del bus, se encontró con dos cadáveres, “sin embargo, iniciamos clases, muy intranquilos, pero a las 8:00 a.m. los alumnos nos dijeron: profe que manden a la gente para la casa que ya estaban para llegar a realizar el levantamiento y que ahora sí se iba a prender el barrio”. Desocuparon la escuela. “Toda esa semana trabajamos no con un método pedagógico sino con el método del temor porque esperábamos lo peor. Todos estos días la escuela estuvo rodeada de grupos armados, porque éramos el sitio para las confrontaciones”. Decidió retirarse cuando llegó un ultimátum: Si ellos atacan tendremos que responder, decían y “la escuela será la primera en sufrir las consecuencias”. Ese día ya no lo pensó más y se fue. Se hace lo que se puede Campañas de valores, convivencia y diálogo, es lo que los maestros pueden ofrecerle a sus estudiantes como una salida, pero como dice Lucía, en casi todos los salones había niños de las milicias, “los llaman carritos. Por evitar problemas nos dejábamos decir de todo porque nos daba miedo decir algo” Antes de llegar a la dirección de una de las instituciones de la comuna Uno, a Jorge* le contaron que habían nombrado tres educadores que no aceptaron. Cuando uno de ellos llamó al colegio para reportarse el vigilante le dijo que se comunicara más tarde porque estaban en medio de una balacera. Aún sabiendo esto asumió el reto. Durante más de 20 años ha sido testigo de la situación de la zona, que ha alejado a unos 1.300 niños de las aulas. Continuamente hacen campañas para reiterar que son territorios de paz, “pero la violencia no respeta si es niño o estudiante”. 49 Documentos Los conflictos de su institución no se generan por problemas internos, pero los muchachos están influenciados por el ambiente. La concentración se ve afectada. Cuenta que cuando están en clase y suena algún intercambio de disparos se preocupan por sus familias y la única línea que tienen se congestiona porque todos quieren llamar para averiguar por su gente. Entre los profesores tiene cuatro que han tenido que consultar a sicólogos y están con medicamentos. “En los estudiantes esa agresividad que sienten en su barrio, la transmiten en la misma institución y se identifican como un brazo del pulpo: yo pertenezco a esta parte o a la otra”. En el actual contexto, los maestros son psicólogos, padres, médicos y hasta protectores y héroes. Muchos sacan fuerzas para estirar sus brazos y cubrir a la mayor cantidad de niños que puedan para salvaguardarlos de las balas. A sus 29 años en la docencia, Odila nunca pasó por una situación como la que vivió en Belencito. Dice que no importa si se es un maestro recién graduado o uno con experiencia. El sentimiento de angustia es el mismo. A veces toca contraer el corazón, afirma, para hablar de la vida, del futuro y de la esperanza, cuando al finalizar la clase hay un muerto tirado a unos metros de los salones. “Nunca pensé que lo diría pero de lo único que estoy segura es de que no quiero volver. Estar allí es convivir con la muerte, tenerla demasiado cerca”. •Nombres ficticios a petición de las fuentes. “Hay que buscar alternativas Celina Calderón * “Tenemos instituciones donde hay un alto índice de violencia como en Santo Domingo,Popular 1 y 2,Granizal,El Playón, Aures, Moravia y hacia el sur en El Limonar.Los proyectos que hacemos especialmente desde el trabajo con jóvenes por fuera de la academia,desde la regional,va muy encaminado hacia la prevención y promoción,porque no tenemos los medios de ir más allá.Prevención en presentarles otras posibilidades de vida,alternativas para utilizar su tiempo libre y para ello trabajamos en la consolidación de grupos juveniles,alrededor de prácticas como el arte,la cultura,el deporte,la ecología.Se tiene el proyecto para la participación y la democracia,que es el trabajo que se cumple con consejos estudiantiles,personeros y demás,y se tiene un proyecto de escuela de líderes juveniles comunitarios.Pensamos que esa es una de las formas de prevenir y promocionar las aptitudes y capacidades de nuestros muchachos. Una de las grandes dificultades y que puede ser un detonante de la violencia en los barrios es la falta de oportunidades.Un muchacho termina un bachillerato,¿y?Si la familia no tiene cómo pagarle un estudio complementario o si no cuenta con buena suerte y consigue un empleo,se queda en la casa en el mejor de los casos.En los que no,llega al “parche ” de la esquina. Hemos tenido muchos estudiantes que han sido víctimas de laviolencia o que han sido victimarios.Que se han tenido que salir, cancelar matrículas.Es una realidad ” *Coordinadora de movimientos infantiles y juveniles de Fe y Alegría. 50 Documentos Violencia transformó las prácticas escolares Medellín “Allá no se puede dar perdido un año”. Así lo afirma Rosa*, una maestra del sector de Granizal, que salió de su institución ante la falta de garantías para ejercer la profesión. La deserción era de un 50%. Durante varios años programaron las actividades anuales sólo hasta septiembre, pues sabían que en los últimos meses las cosas se agudizaban en el sector y no sabían qué podía pasar. Debieron acoplar sus prácticas pedagógicas a la realidad del entorno y a la actitud de sus alumnos. “Muchos de esos pelados no están sino por guardar un puesto. No les podemos llamar la atención, porque incluso las niñas son compañeras de los de bandas”. Los profesores seguían buscando que los jóvenes investigaran en otros lugares, pero la limitante era que no podían movilizarse con libertad por las calles del barrio. A pesar de la complejidad, los educadores se las ingenian para llevar conocimientos y crear proyectos de aula que motiven a los estudiantes. Están conscientes de que la agresividad que manifiestan es producto del ambiente familiar y social, que llegan con hambre y que se les hace más difícil poner atención. Para Jorge Muriel, rector del Colegio La Candelaria, lo importante es darles participación a todos los miembros de la comunidad educativa. “Venimos planteando proyectos de convivencia. Hay uno de prevención temprana de la agresividad y acompañados también por la Universidad de Antioquia, hicimos un foro para mirar políticas de acción para buscar el mejoramiento”. Quieren cambiar la agresividad por otras estrategias como campeonatos deportivos. Para mejorar el ambiente en la institución modificaron metodologías de trabajo, estructura curricular, administrativa y de participación. Qué se hace El departamento cuenta con un comité de amenazados. Allí les brindan un apoyo y les buscan alternativas para el traslado, aunque de acuerdo con Elkin Ramírez, abogado asesor de derechos humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), dada la magnitud de los hechos, esta iniciativa se queda corta. Comenta que el proceso pedagógico y de enseñanza se ha visto seriamente afectado con el problema de violencia que se vive en los barrios de la ciudad. “En algunos establecimientos, los educadores prácticamente se han dedicado a desarrollar proyectos de convivencia y de armonía que permitan que las relaciones entre estudiantes y docentes se desarrollen en términos más o menos pacíficos. Lo que implica que el proyecto de desarrollo pedagógico y educativo que se debe dar, a veces quede atrasado”. En noviembre del año pasado, la mesa de trabajo por la Paz en Bellavista presentó una carta en la que rechaza “todo tipo de hechos que atenten contra el derecho constitucional de la educación, como los robos y saqueo a los planteles educativos, el chantaje, la extorsión, el boleteo y los atentados contra estudiantes, educadores, directivos escolares y comunidad educativa”. Reconocieron que todos las escuelas son espacios sociales de paz y convocaron a los actores del conflicto social en Medellín a acoger su declaración. Sin embargo, la violencia continúa. Adida denuncia que la situación se agudizó en las comunas 12 y 13 a las cuales están adscritos unos 30 planteles. En las zonas 9, 7 y 1 hay denuncias en barrios como Villa Liliana, San Antonio, Villatina, Villa Turbay, La Sierra, Juan Pablo II, Santa Lucía, Las Estancias, Robledo, Vallejuelos, Blanquizal, Las Margaritas, entre otros. Enrique Batista, secretario de Educación y Cultura de Medellín, expresa que se han adelantado acciones como “nuevas y continuas conversaciones con la mesa de paz de Bellavista y con otras personas de los grupos en conflicto, frente al cual insistimos en la necesidad de proteger a los niños y jóvenes, sus maestros y directivos”. Adelantan reuniones con las comunidades educativas afectadas, preparan un video sobre valores que circulará en los barrios; los planteles públicos y privados izarán la bandera del derecho internacional humanitario; y, en convenio con Metrosalud, diseñarán una estrategia para apoyar las personas y organizaciones que están sufriendo como consecuencia del conflicto. El futuro de las escuelas que están en medio del conflicto es muy incierto, afirma Rosa. Ella lo ve así, pues alega que por más que les ayuden a esos muchachos, están resentidos socialmente. “Su rebeldía es porque viven con el hambre, la violencia. Nuestra táctica es hablarles o callar cuando la cosa se pone maluca”. PAC 51 Documentos Antioquia,en riesgo de repetir la tragedia •Alerta por cerco en Argelia, Oriente,y Murindó, en Urabá. •Piden visita de comisiones humanitarias e ingreso de víveres. •Esperanza en Oriente por anuncio del Eln para facilitar transporte. l cerco que las Farc y las autodefensas tienden a las poblaciones de Argelia,en el Oriente antioqueño, en Urabá, podría dar lugar a que en ambas localidades sus habitantes queden en medio del fuego cruzado, como sucedió la semana pasada en Bojayá, Chocó. La alerta fue presentada por miembros de la Colonia de Argelia y la Gerencia de las Negritudes de la Gobernación de Antioquia, que pidieron a los grupos armados facilitar el ingreso de alimentos y medicamentos a ambas poblaciones y la visita de organismos internacionales que evalúen la situación de la población civil. En el caso de Argelia, las Farc hacen presencia continua desde 1999, luego de que los continuos ataques llevaron a la Policía a tomar la decisión de abandonar la localidad. Hace varias semanas las Auc tendieron un cerco a los insurgentes y pretenden obligarlos a abandonar la zona. De acuerdo con un comunicado de la Colonia, se ha incrementado el desplazamiento desde las veredas hacia el casco urbano por temor a una confrontación entre las Farc y las Auc. Además, la destrucción de dos puentes (Río Arriba y Tasajo) ocasionó la escasez de víveres. Una situación se presenta E Clara Isabel Vélez. Entrega No. 14 sobre CONFLICTO URBANO del sábado 11 de mayo de 2002 en los poblados de la ribera del río Atrato, especialmente en Murindó, “cuya población está sitiada y no se le ha permitido el ingreso de alimentos ni medicamentos”, señala un informe de la Gerencia de Negritudes. En medio del miedo, las autoridades del Oriente antioqueño anunciaron que se han presentado señales positivas para el desescalamiento del conflicto. El Eln facilitará el funcionamiento de las administraciones municipales, posibilitar el transporte en la región y en la autopista MedellínBogotá. Las Autodefensas del Magdalena Medio exploran la posibilidad de levantar el bloqueo en las vías de la región. Alternativas noviolentas Desde septiembre del año pasado, las comunidades del oriente del departamento, encabezadas por sus alcaldes, iniciaron un proceso tendiente a buscar el desescalamiento del conflicto mediante acercamientos humanitarios con los actores armados y la difusión de la filosofía de la Noviolencia. Este ha contado con el apoyo del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el asesor de Paz, Gilberto Echeverri, ambos convertidos en rehenes de las Farc. 52 Documentos Opinión especial Sacerdotes, entre Buscamos cambio de vida violentos y La Iglesia no búsqueda de es neutral, reconciliación Marta González* le apuesta a la “La filosofía de la vida Noviolencia es la que -La labor que adelantan impulsa la Iglesia con pretende, por lo menos, el los habitantes de los respeto a los civiles. -Es la institución con sectores más más credibilidad y respeto en barrios de conflicto. -Ha trabajado más 53 Documentos 54 Documentos Medellín, laboratorio del conflicto urbano en el país • Por su complejidad, el de la ciudad es caso aparte, dicen expertos. • Ubicación geográfica incide en fortalecimiento de grupos armados. • Inicia investigación para estudiar causas-efectos de la confrontación. ientras en Bogotá, la ciudad más grande del país, el número de asesinatos diarios son menos de la mitad de las que aquí se registran y la tasa de homicidios va en descenso, en Medellín, en 2002, se está a punto de ostentar una marca que avergüenza: el mayor número de muertos por día con armas de corto y largo alcance que, según cifras de Medicina Legal, está entre 10 y 25 en semana y 25 y 50 los viernes, sábados y domingos. Surgen varias preguntas: ¿por qué Medellín? ¿Por qué tanto desangre? ¿Por qué los grupos armados ilegales se vinieron del campo a matarse aquí en las calles? ¿Por qué dicen que hay muchachos armados por todos lados? ¿Por qué las comunas? ¿Por qué Farc, Eln y Auc crecen y se refuerzan en este territorio urbano? Las hipótesis son aún más difíciles de probar: “ese es un tema de investigación que no tiene todavía una respuesta satisfactoria desde el punto de vista académico, todo lo que se diga no es más que aproximaciones e hipótesis, no se puede limitar a decir que es una ciudad estratégica a nivel geopolítico”, explica el politólogo Pablo Emilio Angarita, coordinador del Grupo Interdisciplinario de In- M Elizabeth Yarce Entrega No. 16 sobre CONFLICTO URBANO del miércoles 15 de mayo de 2002 vestigación Sobre Violencia que conforman académicos de distintas universidades de la ciudad. Sin embargo, estas aproximaciones sirvieron para que empresarios, académicos y gobernantes coincidieran en que a Medellín se le cumple el refrán, pero al contrario: “no hay bien que por mal no venga”. “El problema es que es una ciudad demasiado buena: bien ubicada, desarrollada, con vías de acceso y llegada bien definidas, con facilidad de acceso a los puertos, a los ríos, con una geografía y climas únicos, lo que si bien es cierto son atractivos para un turista, también lo son para los grupos armados ilegales que saben que el control territorial de la ciudad es clave para sus objetivos políticos y militares frente al resto del país”, expresa el sociólogo Luis Guillermo Pardo Cardona. En contraste, en la periferia de las zonas Nororiental y Noroccidental se desbordan la marginalidad, la pobreza, la ausencia de Estado y es allí donde los grupos armados están fortaleciéndose en sus acciones políticas y militares y donde a diario combaten jóvenes en las calles. “El hecho de ser una ciudad industrial, comercial y de servicios y no tener suficientes puestos para toda esta mano de obra, es otra dificultad. Hay un desbalance grande que lleva a esta gente a apoyarse en el de- 55 Documentos lito. También hay rezagos de otras formas de violencia como el narcotráfico”, dice Antonio Picón Amaya, dirigente del gremio de comerciantes de la ciudad. Esas estructuras organizativas y criminales, y sus prácticas y métodos, se mezclaron en la creciente ampliación del conflicto armado guerrilla-paramilitares. Megaproyectos Donaldo Zuluaga En los últimos diez años,los barrios periféricos se convirtieron en un fortín para los distintos grupos armados que capitalizaron a su servicio las bandas y redes delincuenciales creadas por el narcotráfico,para desarrollar su proyecto político y militar. Varios factores convierten a la ciudad en una “trinchera estratégica” en el conflicto: su infraestructura vial, geografía, diversidad e hidrología (dada su cercanía a las carreteras al Mar, a la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y Magdalena) que facilitan el narcotráfico y el tráfico de armas, lo cual desata, en parte, la lucha por el control político y militar en los barrios de la periferia, aledaños a esas rutas naturales o trazadas. ”Ubicarse en estos barrios del Nororiente y Noroccidente los fortalece para sus actividades ilícitas, dado que son zonas limítrofes con las subregiones de Antioquia, donde están localizados megaproyectos como el túnel de Oriente y el de Occidente”, indica un informe oficial. En el Occidente se trata de una disputa que se prolonga hacia La Estrella, Caldas, Sabaneta, San Antonio de Prado, Vallejuelos, San Félix y de ahí hasta Santa Fe de Antioquia. En el Oriente, que además es una zona agraria, de producción de energía eléctrica y un corredor hacia el eje cafetero, se consolidan estructuras del Eln, las Farc y las Auc, en los barrios Ocho de Marzo, La Sierra, San Pablo, Carpinello y otros limítrofes con Bello. Entre tanto, hay sectores que sirven de canales para desplazarse hacia el Nordeste, Urabá antioqueño y Chocó y al centro del país. “El dominio de estos barrios es fundamental. No se trata de muchachos que se están matando simplemente por reivindicar los derechos de sus comunidades. Es un conflicto que se incorpora al ámbito nacional”, explica Pardo Cardona. Armas y droga Medellín es la segunda ciudad en habitantes de Colombia, pero la primera en dinámicas en generación de procesos industriales y empresariales. La cultura de la ilegalidad es un lastre amarrado a esos procesos de desarrollo. La década de los ochenta fue decisiva en tal sentido y el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, la piratería terrestre, son el nuevo modelo de economía que se impone en los barrios marginales. ”Hay una cultura de la ilegalidad muy marcada. El dinero fácil contrasta con el desempleo, la falta de inversión social y de autoridad policial. Aquí se trafica desde repuestos de carros hasta toda clase de armas, en una estructura barrial que hace muy difícil el control policial, el control militar y territorial y favorece pequeños poderes políticos y militares, sumados a la ausencia de Estado”, indica Pablo Angarita. Según una investigación de la desaparecida Asesoría de Paz y Convivencia, en la ciudad puede circular el 70% de las armas 56 Documentos que se distribuye en Colombia. El número de armas ilegales, que según la Personería de Medellín podría superar las 300.000, da cuenta de la conformación de fuertes estructuras militares al margen de la ley. Son amplios los sectores semirrurales y barriales de las zonas nororiental, centroriental, noroccidental y centroccidental, donde los actores armados ilegales intentan mantener o ampliar su control. “Eso tiene un impacto sobre la ciudad, en la cual se conforman grupos de expertos en la venta clandestina de armas, lo que facilita un mercado negro que se fortalece a medida que el conflicto se radicaliza”, indica el personero Jorge Rojas. “Lo que pasa es pavoroso, con efectos desastrosos sobre la población civil. No hay respuestas contundentes sobre los por qué de este conflicto, pero es claro que el proceso de exclusión de amplias capas de la población, por parte de las ad- Medellín: centro estratégico para grupos armados ilegales La pregunta sobre por qué la capital antioqueña es el territorio de mayor confrontación urbana del país en la actualidad, no ha sido resuelta en su totalidad por los expertos. No obstante, varias hipótesis apuntan a la ubicación geopolítica estratégica, a la cultura de la ilegalidad que se acrecentó con el narcotráfico y a los niveles de marginalidad. Río Cauca Urabá Planeta Rica Turbo Caucasia Chigorodó Bajo Cauca Tarazá Nordeste Ituango Dabeiba Carretera al mar Túnel de Occidente Medellín Segovia Oriente antioqueño (Infraestructura eléctrica) Túnel de Oriente Yondó Zonas estratégicas Pto. Berrío San Rafael Para Auc, Farc y Eln Medellín es estratégico para sus acciones militares y políticas. La cercanía de los megaproyectos, túneles de Oriente y Occidente, que permiten una comunicación rápida con las otras subregiones del departamento y movilidad por los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, así como la facilidad para el tráfico de armas desde Centroamérica y Ecuador, a través de corredores por la selva del Darién, Urabá y el sur del país, la hacen un territorio de disputa. El narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la piratería terrestre se fortalecen con la ubicación geográfica de la ciudad. Movimientos de Eln y Farc Movimientos de Auc y Farc Río Magdalena Movimientos de Auc Río Atrato La Pintada Andes Vía Medellín-Bogotá Pto. Boyacá Lugares por donde ingresan armas ilegales N Gráfico: Ricardo Ramírez ministraciones municipales, no sólo en términos económicos y sociales sino de participación, intercambio de opiniones y permanentes debates, ha hecho que las políticas sean desacertadas y poco eficaces”, puntualiza Luis Guillermo Pardo Cardona. Los barrios de la periferia Zona Nororiental:desde los barrios de esta zona se accede a la vieja carretera a Guarne y al Oriente.Cerca cruzan la Autopista Medellín-Bogotá y carretera a Santa Elena.Los vecindarios donde hay choques son: Populares :entre milicias de Eln y Farc con Auc y entre las bandas El Hueco,Los Patillones,Los Triana,San Pablo y Cañada Negra. Santa Cruz:entre las bandas La 100 (apoyada por integrantes de las milicias populares de El Bosque y Moravia) y la 103. Zona Noroccidental:desde allí se accede al Llano de Ovejas y se bordea,a través de la zona rural de Bello,la troncal a la Costa y la salida al Nordeste. Doce de Octubre-París :Banda de Frank y las Auc, estos últimos asumieron el cobro de las vacunas. En Bello hay control de las Auc. Zona Centroccidental: Robledo :Entre Auc y milicias. En la Cuchilla, vecino a Blanquizal, se armaron bandas para evitar ataques de las milicias. También se afecta a Santa Margarita y Vallejuelos.Presencia de armados ilegales en área de influencia del Túnel de Occidente y la Vía al Mar. San Javier-20 de Julio-La Independencia-El Corazón: Es la zona más preocupante. Enfrentamientos entre Auc y milicias de Farc y Eln.Corredor a Urabá y Occidente de Antioquia. Belén: En los sectores Belén Zafra, Las Mercedes, Las Violetas, Altavista, Aguas Frías.Choques entre Auc y milicias guerrilleras. Se conecta con el corregimiento San Antonio de Prado y el Suroeste cercano. 57 Documentos La voluntad de paz no se pierde, pero los procesos no arrancan • Reinserción de milicias dejó a la vista debilidad del Estado. • Desaparición de Asesoría de Paz y Convivencia aún levanta ampolla. • Programa de Convivencia, con apoyo BID, respira pero no despega. C Clara Isabel Vélez. Entrega No. 17 sobre CONFLICTO URBANO del jueves 16 de mayo de 2002 omo si se tratara de camaleones que alteran su apariencia para sobrevivir ante las adversidades del medio ambiente, los grupos armados ilegales que operan en Medellín desde finales de la década de los ochenta, y sus miembros, optaron por cambiar de bando y asegurar su existencia. En este lapso, sus integrantes no se han movido de un lado a otro de forma caprichosa. Los cambios han obedecido a una dinámica propia de la confrontación armada en medio de la cual se dan períodos en los que asoma la posibilidad de un proceso de reinserción a la vida civil, con alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan. Sin embargo, el entusiasmo que ha acompañado algunas de estas iniciativas se ha tornado en decepción recordando el refrán popular según el cual a veces la cura resulta más mala que la enfermedad. Esto sucedió en 1994 cuando las Milicias Populares del Pueblo y las Milicias Populares del Valle de Aburrá decidieron desmovilizarse, a instancias del Gobierno Nacional y conformar la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom). Otros procesos, como las 26 mediaciones y los 25 pactos de no agresión acordados entre 1998 y 2000 por la Asesoría de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, aunque recibieron críticas y no dieron los resultados que la comunidad y la misma Administración esperaban, constituyen un derrotero sobre el cual se puede trabajar en el futuro. El actual gobierno municipal cerró la Asesoría de Paz y Convivencia, en una decisión que aún genera polémica: tanto la Personería Municipal como varias Ong consideran que la ciudad quedó sin políticas en la materia. Así mismo, decidió revisar el programa de Convivencia Ciudadana que se adelanta con un empréstito del BID. No obstante, las alternativas a procesos de paz están abiertas mediante las Mesas de Trabajo Barriales, 21 de las cuales hacen parte de un convenio entre la Alcaldía y el Centro Arquidiocesano de Reconciliación. Otras operan como iniciativas de algunas parroquias. Experiencia coja Al comenzar la década de los 90 los grupos de milicias aseguraron no tener nexos con la guerrilla o las autodefensas ni adelantar acciones de “limpieza social” o realizar actividades ilegales como el secuestro y la extorsión. Poco a poco cambiaron su forma de operar. El caso más evidente es el de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y de las Milicias Populares del Valle de 58 Documentos Aburrá, que el 25 de febrero de 1994 empezaron un proceso de reinserción con respaldo del Gobierno Nacional y tres meses después, el 26 de mayo, firmaron un compromiso que facilitó la formación de Coosercom. El gran error, reconocido en 1996 por el propio director nacional de Reinserción, Tomás Concha, fue abrir a particulares el monopolio de las armas, que debe ser estatal: Coosercon conservó sus armas para adelantar “labores de vigilancia” en algunos barrios y establecimientos educativos de la zona nororiental de Medellín. En mayo de 1995, un año después de firmarse el proceso, cerca de 100 miembros de la cooperativa murieron como consecuencia de disputas intestinas o entre ellos y ex militantes de las milicias. Luego denunciaron una campaña de exterminio. En 1997, el alcalde de Medellín, Sergio Naranjo, decidió poner freno al asunto y exigió el desarme de Coosercom. Con el tiempo, algunos desmovilizados se unieron a milicias insurgentes. Muchos otros, poco a poco, terminaron al servicio de las autodefensas. Otros pactos Entre 1998 y 2000 la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, a cargo de Luis Guillermo Pardo, impulsó los pactos de no agresión y las mediaciones en los barrios. Estas acciones hacían parte de un trabajo a mayor escala que involucraba un componente educativo, mediante jornadas y talleres de paz; la creación de un Las “mutaciones ” Para 1994,época en la que comenzaron los acercamientos entre Gobierno Nacional y milicias que operaban en Medellín,los informes de la Policía Metropolitana señalaban la existencia de diez grupos que,según el DAS,contaban con 5.000 a 8.000 integrantes. El 26 de mayo de 1994,se concretó el proceso de desmovilización de 650 integrantes de las milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y las milicias Populares del Valle de Aburrá.Así nació la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom)que luego de múltiples tropiezos y críticas por su accionar,tuvo que disolverse. Numerosos miembros de los grupos que se acogieron al programa de reinserción y otros que no lo hicieron cambiaron su accionar y se unieron,luego, a otros grupos ilegales.Sólo las Milicias Bolivarianas de las Farc son las mismas desde entonces. Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo Populares, La Isla, Santo Domingo y otros barrios de la zona nororiental. En 1994 participaron en un proceso de desmovilización que dio lugar a la creación de Coosercom.Parte de sus miembros integraron luego bandas de delincuencia común. Algunos militantes se unieron al Eln y otros se sumaron a los Núcleos Revolucionarios 6 y 7, absorbidos este año por las Auc.La mayoría de sus líderes murió en guerras intestinas por el poder. Milicias Popular alle de Popularee s del VValle Aburrá Villa del Socorro, Moravia, La Milagrosa, Santa Cruz, parte de la zona centrooriental.También se desmovilizaron en 1994 y participaron en la formación de Coosercom. Algunos de sus miembros se unieron a las Auc y a bandas de delincuencia organizada. Milicias 6 y 7 de noviembre Villa Turbay y Villa Lilian, Llanaditas, 13 de noviembre.Después de haberse desmovilizado, sus miembros se unieron a las Auc. Milicias América Libre San Javier, 20 de Julio, La Independencia y parte alta de la América, Guayabal, Belén, El Rincón,12 de Octubre, Aures y El Picachito.Parte de sus integrantes pasaron a las filas del Eln, otros a los Comandos Armados del Pueblo (Cap).Muchos de sus miembros en el 12 de Octubre, Aures y El Picachito, se unieron a las Auc. Milicias Populares de Occidente San Javier, 20 de Julio, La Independencia y parte alta de La América, Guayabal, Belén, El Rincón, 12 de Octubre y El Picachito. Rompieron sus nexos con las Milicias Populares del Valle de Aburrá y el Bloque Popular Miliciano y evolucionaron, en parte, hasta integrarse a los Comandos Armados del Pueblo (Cap). Milicias Populares Revolucionarias Parte alta de la zona centroriental, barrios Versalles y Manrique.Tenían vínculos con la Corriente de Renovación Socialista.Una parte pasó a las Auc y las que operaban en el barrio 8 de marzo mantienen la influencia del Eln. Comandos Obreros Populares (Milicias Populares de Liberación) Castilla. Surgieron como disidencia del Epl. Algunos de sus integrantes se unieron a bandas de delincuencia común,otros a las Auc y otros a la guerrilla. Milicias Bolivarianas de las Farc La Iguaná y algunos sectores de la zona centroccidental. Son orgánicas de las Farc. 59 Documentos observatorio de los pactos de no agresión y la búsqueda de alianzas entre organismos municipales y gremios económicos, tendientes a fomentar proyectos productivos. Los jóvenes que se acogieron a los pactos de no agresión se beneficiaron con empleo de choque (por ejemplo, contratos de limpieza de quebradas para el Instituto Mi Río). A finales de 2000, algunos de los firmantes de los pactos, consideraron que el apoyo estatal era escaso, que el empleo ofrecido duraba poco o que no era para la totalidad de los miembros de las bandas involucradas. Desde otros sectores, las críticas se hicieron más fuertes. Las más delicadas tuvieron que ver con la compra de armas por parte de las bandas con dinero que estaría destinado a la inversión social en barrios y con el excesivo protagonismo que tomó la Mesa de Trabajo de la Cárcel de Bellavista, al punto que se dijo que eran los reclusos, y no la administración municipal, los que trazaban las directrices de paz al Municipio. Para Luis Guillermo Pardo Cardona, ex asesor de Paz y Convivencia, las críticas son infundadas. En el caso del empleo, reconoce que si bien se trató de empleo de choque la idea era buscar la participación de la empresa privada para crear proyectos productivos. Respecto de la compra de armas asegura que no se han abierto investigaciones sobre el tema. En cuanto al protagonismo de los reclusos de Bellavista sostiene que esta mesa de trabajo era tan importante como todas las que se crearon en la ciudad y que las directrices de convivencia siempre las dictó el Municipio. “Sabemos que todo proceso se puede mejorar pero los logros fueron palpables, tanto que el mismo BID hizo una validación mundial de la metodología desa- rrollada por la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, para la atención del conflicto urbano. De ahí surgió el empréstito con el que se iba a poner en marcha el Programa de Convivencia de la ciudad y que ahora está estancado”, asegura Pardo Cardona. Cuerda floja El año pasado, el alcalde Luis Pérez Gutiérrez consideró que el manejo de las políticas de convivencia debía replantearse. Con tal fin ordenó el cierre de la Asesoría de Paz y Convivencia y la revisión del Programa de Convivencia Ciudadana, que se financia con un empréstito de US$15 millones pactado entre el BID y su antecesor, Juan Gómez Martínez. Uno de los más duros críticos de la decisión fue el personero de Medellín, Jorge Rojas Otálvaro, quien en el balance de 2001 cuestionó la falta de una política oficial para la atención del conflicto urbano y las consecuencias que ésta traería a la ciudad. Jesús Balbín, investigador del Instituto Popular de Capacitación (IPC), aseguró durante la presentación del informe anual de esa Ong que el incremento de un 10% en las muertes violentas en la ciudad, respecto de Foto Archivo El 26 de mayo de 1994,650 milicianos abandonaron a instancias de un proceso liderado por el Programa de Reinserción del Gobierno Nacional. Dos años después el proceso fracasó en medio de un baño de sangre.Varios de los reinsertados se unieron a la guerrilla,las Auc o a bandas de delincuencia común. 60 Documentos 2000, se debía a la falta de compromiso de la administración municipal en la búsqueda de estrategias de convivencia. Según Jorge Enrique Vélez, secretario de Gobierno del Municipio, el cierre de la oficina de Paz y Convivencia no tiene ninguna incidencia negativa en la ciudad pues el Plan de Desarrollo del Municipio, se fundamenta en la búsqueda de la paz, mediante la inversión social. En torno al programa de Convivencia Ciudadana, mediante recursos BID, la reformulación está en marcha y contempla siete proyectos que deberán ser evaluados por el organismo internacional: Capacitación para el trabajo, que beneficiará a cerca de 50.000 jóvenes, con edades entre los 16 y 15 años, por valor de $10.000 millones; II Fase de prevención temprana de la agresión, por $999 millones; prácticas universitarias, por $6.000 millones y que aún no está definido; creación de catorce escuelas y catorce bandas de música, por $3.700 millones; creación de once escuelas de deporte y recreación, por $3.207 millones; constitución de 40 mesas barriales para la resolución pacífica de conflictos, $2.288 millones y Observatorio de la Violencia, por $3.000 millones. Para la actual administración el problema de violencia en Medellín está sobrediagnosticado y por lo tanto es necesario pasar de las palabras a los hechos. Mientras estos se concretan los habitantes de los sectores populares esperan que los programas sociales que, en parte, sacarían a sus hijos de la guerra comiencen lo más pronto posible. Ellos poco entienden de la elaboración de términos de referencia de un proyecto o de las exigencias planteadas por la banca multilateral para el desembolso de recursos de cofinanciación. Los efectos de la guerra en las calles son notorios: 3.141 homicidios y catorce masacres, entre el 1º. de enero y el 30 de noviembre de 2001. La voz y las iniciativas ciudadanas son acalladas por el ruido de las armas y los atropellos de los ilegales, crecientes, día a día, en las laderas de la ciudad. Voces que no se apagan La voz de la comunidad para buscar salida a sus problemas, en medio de las balas y la confrontación, no ha cesado. Las mesas barriales que operan en diferentes sectores de la ciudad son muestra de ello. Esta iniciativa opera en 21 barrios, por medio de un convenio entre el Centro Arquidiocesano de Reconciliación y la Alcaldía de Medellín, pero en otras zonas funcionan de forma autónoma, lideradas por los sacerdotes en sus parroquias. Su propósito es fortalecer el tejido social de los barrios, acercar a sus líderes naturales, buscar alternativas de convivencia y buscar soluciones a la crisis desde la misma comunidad y no desde sectores ajenos a ella. Los párrocos son los líderes, para lo cual buscan la participación de maestros, madres comunitarias, directores de grupos juveniles y de la Tercera Edad, personal del sector de la salud y padres de familia, a quienes brindan capacitación. “No se trata de partir de cero sino de recuperar otros espacios que ya se tenían en las comunidades, recoger experiencias pasadas y buscar alternativas entre quienes realmente conocen el conflicto”, explica un vocero del Centro Arquidiocesano de Reconciliación. Según dice, el éxito del programa consiste en que no se han creado falsas expectativas a la comunidad sobre los alcances del mismo. “No hemos hablado de repartir plata ni de crear empleos, sólo que la gente se comprometa con su barrio”. Por eso desvirtua afirmaciones según las cuales el Centro Arquidiocesano de Reconciliación se convertiría en ejecutor del proyecto de Mesas Barriales presentado por el municipio dentro del empréstito del BID y que tiene un valor de $2.228 millones. “Brindamos asesoría a la Alcaldía en lo referente a la presentación del proyecto, pero nuestro interés no es ser contratistas. Vamos a seguir participando de las iniciativas de paz y convivencia en la ciudad, pero no de esa forma”, aclara el sacerdote. 61 Documentos La ciudad, en riesgo de crisis humanitaria • Transición de conflicto rural a urbano alerta a entidades de socorro. • Aumento de choques armados, como en Medellín, expone más a civiles. • Solución debe ser integral y no puntual, dicen entidades humanitarias. E Javier Arboleda García. Entrega No. 18 sobre CONFLICTO URBANO del sábado 11 de mayo de 2002 n Medellín y el Valle del burrá hay barrios sitiados por los actores armados. Existen corredores estratégicos para sus intereses, restricciones para la movilización y posicionamiento de esos grupos. Allí, la confrontación armada es abierta y va de la mano de la intensificación y degradación de ese conflicto y la forma como afecta a la población civil. “Las características del conflicto rural se están trasladando a la zona urbana, con mayores consecuencias y con el agravante de que pueden afectar a más personas”, dice un directivo de un organismo humanitario con sede en Medellín. Y agrega que los síntomas de la degradación son evidentes: a Carlos Andrés, de 21 años, un estudiante del barrio Popular 1, del nororiente, un grupo armado lo persiguió varias cuadras. Al aprehenderlo, lo decapitó... María, una joven mamá, del barrio La Divisa, en el extremo centroccidental, murió atravesada por una bala. En su residencia, detrás de un viejo escaparate que, pensó, le serviría de escudo para protegerse de la balacera que grupos armados protagonizaron en su sector... hace me- nos de un mes, también en el centroccidente, un grupo de milicias amarró una granada de fragmentación a un cadáver que tiró en una vía pública. La trampa explotó cuando las autoridades practicaban las diligencias de inspección judicial... “Son apenas ejemplos, reportados, y demuestran la verdadera dimensión del problema”, dice la defensora del Pueblo para Antioquia, María Girlesa Villegas Muñoz, al explicar que esa situación prendió las alarmas de los organismos humanitarios. Expectativas Aunque el trabajo en relación con el conflicto urbano no es del todo representativo, esos organismos empiezan a vislumbrar una coyuntura complicada, pese a que el consenso general es que la solución debe ser nacional y global. Villegas Muñoz explica que su despacho empieza a recibir quejas frecuentes sobre actuaciones de los actores armados en los barrios populares, enfocadas a violaciones flagrantes de los derechos humanos o infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Es muy crítica la situación porque la comunidad 62 Documentos está sufriendo con la confrontación”, al punto que siente vulneradas sus garantías fundamentales cuando le restringen la movilización o la obligan a desplazarse a otro barrio, o le reclutan a uno de sus miembros, sobre todo a los jóvenes o, en el caso extremo, cuando es testigo de un juicio sumario, en el que se irrespeta el derecho a la vida o al debido proceso. “Esas quejas las hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que actúen de conformidad”, pero llegan a través de muchos filtros, debido al temor general que existe para denunciar o poner en conocimiento público tales atropellos. “A veces es tan grave la situación, que mucha gente es capaz de enfrentar su propio miedo y hablar”, indica la defensora. La educación Donaldo Zuluaga La Cruz Roja de Antioquia llamó la atención sobre la necesidad de que exista una reglamentación muy clara frente al uso del emblema universal del organismo humanitario para evitar confusiones en situaciones de conflicto. Le preocupa, sobre todo, lo que viene sucediendo con los establecimientos educativos en sectores críticos de la ciudad, donde algunos enfrentamientos armados se dan con una escuela o un colegio de por medio. Para la funcionaria, la solución debe ser integral, par- tiendo del respeto a los derechos humanos, de un Estado que sea capaz de garantizarlo, pero también de la voluntad política de los actores armados de entender la necesidad de acatar las normas del DIH, que protegen a los no combatientes y, de paso, regulan y limitan el uso de la fuerza. Villegas Muñoz jalona un proyecto para la realización de un gran cabildo abierto en el que todas las entidades y personas que tengan que ver con el tema puedan discutirlo y lanzar sus propuestas. “También recopilamos información para preparar una resolución defensorial”, que llame la atención de las autoridades sobre esa realidad. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas (NU) para los Derecho Humanos conoce el problema. Advierte que su actuación, como en el resto del país, es la de observar y recopilar información para asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas de promoción y protección de esas garantías fundamentales. Reitera su propuesta: el Acuerdo Global en Derecho Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que permita proteger a la población civil de los riesgos de una confrontación y que, de paso, allane el camino para una solución definitiva. La propuesta En opinión del despacho, el Acuerdo es fundamental porque refuerza el compromiso del Estado por la protección y promoción de los derechos humanos y les recuerda a los actores armados la importancia de acatar en toda su extensión las normas del DIH. Pese a esa visión, muchos analistas piensan que la 63 Documentos confrontación será cada vez peor en las grandes ciudades por la dinámica que viene adquiriendo el conflicto armado en el país, por lo que auguran un trabajo más a fondo de todos los organismos humanitarios, nacionales y extranjeros. La crudeza de la guerra urbana, agrega otro directivo de una Ong de derechos humanos, hará que muchas entidades de este orden cambien el enfoque de sus actuaciones y miren más a las urbes, porque tendrán que destinar muchos de sus recursos en el manejo de una situación que, de recrudecerse, “traerá más y mayores consecuencias de las que hoy vemos en nuestros campos”. Infracciones contra personal de socorro El personal médico y sanitario de los hospitales en Medellín ha padecido en algunas ocasiones el irrespeto de su inmunidad como misión médica. En Belencito,una ambulancia fue atacada hace dos meses.En San Javier,el 20 de abril se enfrentaron la fuerza pública y las bandas frente a la Unidad de Atención Hospitalaria. A esto se suman amenazas y desplazamiento forzado de funcionarios del sector salud; personal obligado a la prestación de servicios; muerte de enfer mos y de heridos bajo protección del personal sanitario; ataque a unidades y medios de transporte, que llegan incluso a su destrucción total; conversión de unidades o medios de transporte en objetivos militares; afectación secundaria de personal de salud y de heridos y enfermos que se hallan en las ambulancias o en los hospitales; robo o restricción del tránsito de medicamentos,alimentos y equipos médicos, prohibición de la oferta de servicios de salud de manera directa o con la implantación de “toque de queda”,retenes,etc. En la unidad hospitalaria del barrio Doce de octubre, las directivas tuvieron que concertar con las bandas del sector el respeto a la misión médica puesto que durante varios meses utilizaron la parte posterior de las instalaciones como trinchera, lo que obligó al cierre del hospital durante varios meses. En la actualidad se encuentra en servicio. “También hay vulneración del derecho y deber del personal de salud de guardar silencio frente a la información que conoce por causa o con ocasión de sus labores humanitarias ”, expresó un médico afectado por los ataques. 64 Documentos Cruz Roja aboga por la misión médica La Cruz Roja de Antioquia es uno de los organismos humanitarios que se ha percatado de la realidad del conflicto urbano en el Valle del Aburrá y,por lo tanto, se viene preparando para asumir el papel que le corresponde en situaciones como ésta. Peter Weil, su presidente, advierte que hasta ahora han podido cumplir su misión sin ningún tipo de restricciones,debido a la credibilidad que inspira el organismo y a que sus funcionarios conocen al detalle la normativa del DIH y acatan los siete principios básicos de la entidad,entre ellos el de neutralidad. Weil recalca que el avance del conflicto a nivel urbano es evidente y se manifiesta de diversas formas: “por ejemplo, hay situaciones concretas en las que se requiere la asistencia humanitaria de la Cruz Roja y, para realizarla, se ha tenido que acudir al ‘aval ’ de los grupos armados ”, con presencia en el sector donde ocurre el hecho. Advierte que son medidas de seguridad que para nada afectan su neutralidad, pero que deben adoptarse en función de una labor humanitaria en favor de las víctimas de un conflicto o de un siniestro. Explica que otra evidencia es que tanto la entidad como el Comité Internacional de la Cruz Roja no evacuan combatientes heridos de zonas de conflicto, por falta de garantías. Lo paradójico es que esa directriz incluye algunos sectores del Valle del Aburrá donde, con frecuencia,se presentan enfrentamientos entre grupos al margen de la ley o entre éstos y la fuerza pública. “No hablamos de simples heridos sino de combatientes heridos,que tienen otra connotación ”. Medidas “Estamos tan preparados que dentro de la ciudad tomamos las mismas medidas de seguridad que tomamos cuando vamos a realizar un trabajo en el campo ”; es decir,en zona rural. Weil también llama la atención sobre la necesidad de que se haga un uso adecuado de las ambulancias, por considerar que muchas instituciones, varias de ellas de carácter privado y con ánimo de lucro, utilizan el emblema de la Cruz Roja sin ningún distingo. Para el directivo, es necesario aclarar qué organismos hacen una labor humanitaria y cuáles están dedicados a otros menesteres. A su juicio, no hay control,con el agravante de que un error o una mala utilización de ese emblema es una condena para toda la misión médica, que también ha sido golpeada y ha sufrido los embates del conflicto urbano. Finalmente, sostiene que esta aclaración es importante y podría salvar muchas vidas humanas en sitios o barrios donde la presencia de los actores armados es evidente y marca la vida de esas comunidades.JAG 65 Documentos Jovencitas, bajo encierro y con los derechos perdidos • En algunos barrios, las jóvenes sufren las consecuencias del conflicto. • Muchas deben huir dejando a sus familias para protegerse del acoso. • La tasa de homicidios contra las jovencitas ha crecido en los últimos años. indy Edilma* es una niña y manifiesta un escepticismo total frente a la autoridad legalmente constituida: “estoy de acuerdo con que haya ley, pero que la impongan las bandas, porque son del mismo barrio, lo conocen a uno y hay más diálogo con la gente, que puede participar en esa justicia... en mi sector (Moravia) no hay enfrentamientos, pero sí matan gente, el que las debe las paga...”. A sus trece años, la muerte la acosa mientras duerme, “¡es como un miedo!... lo sentimos mi mamá y yo, siento que muero ahogada, pero me salvo a última hora, nos abrazamos”, relata. Su pesadilla explica un fenómeno que ocurre en algunos barrios que padecen la agudización del conflicto armado, donde las jóvenes sienten cada vez más reducidas sus esperanzas de vida. “Conocimos el caso de una jovencita que en tres años se veía muerta... para ellas, la muerte es sinónimo de homicidio, la vida la dibujan como la naturaleza, un paisaje sin personas, pero pintan la muerte con camuflados, botas y fusiles, nunca una muerte por enfermedad; en un taller una joven dibujó que asesinaba a un hombre, como si quisiera vengarse”, cuenta una tallerista de la corporación Vamos Mujer, colectivo que trabaja en la promoción de valores de vida y amor entre las adolescentes. C CGustavo Ospina Zapata. Entrega No. 19 sobre CONFLICTO URBANO del sábado 18 de mayo de 2002 En los últimos meses, la muerte de jovencitas a manos criminales ha dejado de ser la excepción para convertirse en un hecho común. Hace sólo diez días, dos hermanas de 18 y 24 años fueron acribilladas en el barrio Popular I y el hecho no mereció ni un registro en la prensa. Fuentes de Medicina Legal confirman que en años pasados, por cada catorce hombres asesinados se mataba a una mujer, pero en los dos últimos años la proporción está en 12/1. Esto quiere decir que de los 1.257 homicidios cometidos en el Área Metropolitana hasta el 8 de abril, en más de cien casos las víctimas fueron mujeres, en su mayoría jóvenes. La lucha entre los grupos armados (bandas, guerrilla y autodefensas) las ha dejado en medio del fuego y no importa si son o no combatientes para ser perseguidas. El acoso impuesto por los actores enfrentados las somete a un régimen de terror que las obliga a huir de sus barrios, muchas veces dejando a sus padres para preservar la vida. “Estoy en un paraíso, vivía en el Popular I y nunca me amenazaron, pero me tenía que quedar encerrada. A veces no iba al colegio porque no podía pasar por donde ellos (los grupos armados) dijeran, tampoco dejaban pasar carros... varios colegios cerraron, a lo último me fui y allá quedaron mi mamá y mi papá, ellos 66 Documentos me dijeron que me fuera... de vez en cuando subo y los visito, pero dicen que el que se va no puede volver a vivir”. Lady Paola* tiene doce años y es consciente de que en muy poco tiempo madurará como mujer y empezará a ser asediada por los muchachos del barrio, los civiles y los que están en algún bando; como a estos últimos les teme, prefirió el exilio. Curiosamente, Elcy Amelia*, de 18 años, siente una especial atracción por los combatientes. Confiesa que entre sus novios tuvo al jefe de un grupo porque, dice, así se siente protegida y respetada. “Sé que les importa es lo suyo, pero me siento bien con ellos, también he tenido novios serios... si sé que él, siendo mi novio, va a matar una persona no me meto, le digo algo pero es cosa de él, además ¿uno qué va a hacer? Mientras no toquen con amigos o familiares uno no se preocupa...”. En la guerra En los barrios donde se ha polarizado el conflicto, la degradación y el irrespeto por los derechos humanos ha llegado a tal extremo, que incluso las jovencitas perdieron el derecho a vestirse a la moda. En algunos sitios, lucir ombliguera y descaderado puede significar la humillación, la tortura y, en casos extremos, la muerte. Jaime Pérez Para la Ruta Pacífica, colectivo que agrupa a varias Ong de Colombia, los actores armados en Medellín convirtieron a las jóvenes en botín de guerra. Ellas llegan a ellos buscando amor pero, sin pretenderlo, terminan metidas en el conflicto, porque se convierten en objetivo del grupo enemigo. “Es un fenómeno en crecimiento en la medida en que la guerra crece y nadie la detiene”, admite una líder de esta organización. Para Vamos Mujer, el jefe de una banda se puede convertir en el ideal de muchas jóvenes, porque él “representa un paradigma social en la medida en que tiene un poder que se lo dan las armas y el dinero”. Estas asociaciones han detectado que no hay una ideología que empuje a las muchachas a unirse a los grupos... a éstos lle- gan atraídas sentimentalmente por los hombres. Como una opción de vida frente a esos referentes de guerra, la Asociación de Comunicación de Mujeres Populares Hacia el Futuro promueve talleres artísticos entre las adolescentes. A algunas se les dificulta la asistencia porque no tienen pasajes o el encierro a que son sometidas les impide el desplazamiento. Unas confiesan que han sido vecinas de toda la vida de los militantes de los grupos y eso, en otra época, casi les daba inmunidad, pero en los últimos años no les ha garantizado una vida normal. “Muchas han pedido protección o alojamiento en casas de familiares en otros barrios” generándose una fragmentación familiar que crea conflictos de índole social y sentimental, “porque uno necesita estar con los padres, y verlos sólo de vez en cuando es muy duro”, anota Yésica Andrea*, de catorce años y quien siente temor de vestirse con ombligueras, descaderados y minifaldas porque sabe que pesan amenazas graves. “Yo no quiero que me paseen por todo el barrio desnuda, como han hecho con otras, porque me moriría de la pena, o que me hagan el champú (le echen pegante en el cabello)”. Esta denuncia, que parece sacada de un libro de ficción, figura en el último informe de la relatoría especial sobre la violencia contra la mujer en Colombia, sus causas y sus consecuencias, realizado por Naciones Unidas, UN, entre el 1º y el 7 de noviembre de 2001. Según esta relatoría, los actores armados “imponen límites territoriales a la libertad de circulación y toques de queda; si se quebrantan estos últimos se viola y mata a las mujeres. Imponen regímenes rigurosos de comportamiento social que entrañan 67 Documentos restricciones en lo que pueden o no pueden ponerse las mujeres, y castigos por mala conducta... No se les permite llevar minifalda, vaqueros por las caderas o camisetas que dejen al descubierto la cintura, y a la que desobedezca esas normas se la traslada a los cuarteles (...) y se la obliga a cocinar y lavar la ropa”. Poca autoestima El colectivo Mujeres que crean, que realiza labores pedagógicas para promover alternativas de vida y respeto a los derechos humanos, la sexualidad y ejercicio de la ciudadanía, destaca que un común denominador de las jóvenes es la poca autoestima. La mayoría, dice, no se sienten reconocidas como mujeres. “Muchas rechazan sus cuerpos, reflejo de que han sido víctimas de abusos, violaciones, atropellos”. Los entornos familiares tampoco son ideales. La autoridad ejercida por la fuerza en sus hogares les crea resentimientos sociales. “Conocemos una joven que se fue para la guerrilla, al tiempo volvió y encaró a su padre, en plena calle lo amenazó con el fusil y le propinó un castigo físico... ahora la que tiene el poder soy yo, le dijo”, relata una integrante de una Ong de mujeres. Elcy Amelia*, la joven que siente atracción por los hombres armados, confiesa que la autoridad que intentan imponer sus padres no tiene mucho impacto. “Ellos sí me dicen que no me junte con tipos así, pero en las cosas del corazón mando yo, no les hago caso”. Un testimonio da cuenta de que una joven que no cedió a los coqueteos de un integrante de un grupo armado recibió un ultimátum: “si no sos para mí vas a ser para siete”. Ella no lo creyó y, algún día, la encerraron en una casa y fue violada por siete hombres. Otra historia dice que una estudiante tuvo un altercado con una compañera novia del líder de un grupo. Como fue imposible resolverlo a las buenas, la última le tendió una trampa, le hizo una invitación a una fiesta y cuando llegó la esperaban varios hombres que le practicaron acceso carnal violento. Testimonios similares son narrados en el informe de NU. El deterioro de la situación de las mujeres en Medellín ha llegado a tal extremo, que en uno de los barrios en conflicto, cada viernes, uno de los grupos llega en un vehículo, sube a la fuerza a un grupo de jovencitas y se las lleva para que desempeñen labores domésticas y les sirvan a sus miembros de compañeras sexuales. Una práctica que antes era propia de las zonas rurales, tal cual la detalla la relatora especial de NU: “A veces sucede que hombres armados secuestran a las mujeres, las retienen cierto tiempo en esclavitud sexual, las violan y las obligan a desempeñar tareas domésticas”. La imposición de límites a la libertad de circulación, los toques de queda y los atropellos a la personalidad figuran entre los derechos perdidos. A la vez, pa- decen aislamiento, pues el contacto con personas de otros sectores queda vetado. “Tengo un amigo en Robledo, pero una vez que subió lo hicieron desvestir y caminar en calzoncillos hasta mi casa, fuera de eso le tocó una balacera, ni que fuera bobo para volver”, relata una jovencita. “Hemos vivido bajo un terror sin límites. El barrio sólo tiene una salida... En las dos últimas semanas han matado a seis mujeres. A una muchacha la violaron antes de matarla, le sacaron los ojos, le arrancaron las uñas y le cortaron los senos. Constantemente se producen tiroteos entre distintos grupos armados. No podemos dormir. Tememos salir de casa para ir a trabajar o mandar a los niños a la escuela. Necesitamos paz. El Gobierno tiene que hacer algo”. Esta historia figura en la relatoría de NU, una radiografía de un escenario en deterioro y, por lo que se siente, sin soluciones estatales. Un círculo vicioso que ni la mismas niñas entienden, como lo confiesa Cindy Edilma*: “¿violencia? Uy, yo ya ni sé qué es eso, la corrupción es la culpable, nadie hace nada...”. *Nombres cambiados por protección de las fuentes. Reclamo Acogiendo el clamor de varias organizaciones de derechos humanos, la Ruta Pacífica expidió una reclamación formal al alcalde, Luis Pérez Gutiérrez, en la que hace una radiografía de la situación de violencia en Medellín y pide acciones concretas para la solución. El documento señala que “la violencia de las armas ha invadido nuestros barrios, nuestros hogares y nuestras vidas. Nos duelen los asesinatos diarios de cientos de jóvenes, la violación de las jóvenes y mujeres de todas las edades, las amenazas, el chantaje, las vacunas, los enfrentamientos, los territorios de todos y de nadie, los encierros, los desplazamientos forzados, la ocupación de algunas viviendas por los grupos armados como espacio de guerra... estos barrios viven diariamente enfrentamientos armados, sin transporte, familias enteras durmiendo debajo de camas, sin derecho a circular y salir para los trabajos, asesinatos selectivos de mujeres catalogándolas como auxiliadoras de uno u otro bando... prohibición de recoger, velar y enterrar sus muertos, entre otros tantos son los derechos que se han venido vulnerando”. La carta le pide al alcalde “respuestas civilistas. El conflicto armado urbano requiere atención real y efectiva... voluntad de las autoridades, no más dilaciones, no más diagnósticos, no más cartillas. No más guerra”. 68 Documentos “¿Quién nos defiende de las agresiones?”: líderes barriales • Dirigentes comunitarios denuncian fuerte control de “paras” sobre jóvenes. • Al tiempo, reclaman que organismos judiciales investiguen atropellos. • Gente de barrios populares demanda atención de organismos de D.H. Carlos Alberto Giraldo M. Entrega No. 20 sobre CONFLICTO URBANO del dmingoo 19 de mayo de 2002 La escuela del barrio Vallejuelos, una de las pocas construcciones en material que hay en el sector –el resto son ranchos de madera-, está convertida en trinchera en medio de los combates que sostienen la Policía y las milicias urbanas de la guerrilla desde que comenzó este año. “Allí, en plena jornada escolar, se han ocultado los agentes en varias ocasiones porque no tienen ninguna otra estructura de ladrillos o material para protegerse en los enfrentamientos”, confirman dos líderes y habitantes de este vecindario del centroccidente de Medellín ocupado, en parte, por desplazados del Urabá chocoano y antioqueño. Ambos ciudadanos participan en el Precabildo de Comunidades Barriales y Organizaciones Sociales que se realiza en un auditorio del centro de la ciudad, con motivo del acercamiento a la problemática de violencia urbana en el Valle del Aburrá. Ellos, igual que los demás representantes de otras zonas y comunas de Medellín y los municipios aledaños del Área Metropolitana presentes en el encuentro, coinciden en denunciar el “crecimiento del control paramilitar sobre las bandas de delincuencia común y juveniles, ante la pasividad y connivencia” de algunos integrantes de los organismos de seguridad oficiales. Hay voceros de casi todas las comunas, en especial de aquellas que conforman la periferia urbana, un cinturón de asentamientos pobres construidos durante los últimos 40 años de historia de la ciudad, varios levantados sobre palos, latas y plásticos y habitados por los desterrados de la violencia reciente en el campo y las calles. Cabe recordar que en el desarrollo de esta serie periodística, los comandantes de la IV Brigada, general Mario Montoya, y de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, han señalado que sus tropas y unidades tienen una firme actitud de combate a todos los grupos ilegales de la ciudad y que sus operativos están respaldados por la Fiscalía General de la Nación, como garantía de que se procede de acuerdo con la ley. Mensajes de terror “En los barrios Santo Domingo I y II y Popular I y II se enfrentan varias bandas, que trabajan para los paramilitares, contra grupos de milicias insurgentes. Los pillos, contra quienes la estación de Policía de San Blas no hace nada, integran los grupos La 38, La Caseta, El Hueco, La 100, Los Costales, Los Patiamarillos, Los Triana, Estrella Roja y El Sanduche”, denuncia un habitante del sector La Galera, en el nororiente de la ciudad. Según la dama, que no pudo volver a trabajar ante la posi- 69 Documentos bilidad de transportarse a los barrios céntricos de la ciudad para cumplir labores de aseo doméstico, esas organizaciones criminales montan retenes en la mayor parte de las vías de acceso. “Se suben a los automotores de servicio colectivo, echan ojo, y bajan a los pasajeros que consideran enemigos, a veces gente que no tiene nada qué ver, y la matan. En varias ocasiones no volvimos a saber de las víctimas, las desaparecen. Desde el 7 de abril de 2001, a hoy, se cuentan más de 150 asesinatos”. Uno de los casos más aterradores de la violencia en esta parte de Medellín, según la vocera comunitaria, se presentó el pasado 30 de octubre: “La Policía persiguió al joven Carlos Andrés Pino Mosquera, de 17 años. Al parecer fue herido. Al final no supimos si huyó o qué pasó. Lo buscamos en el Hospital San Vicente de Paúl, pero no apareció. Casi a la medianoche, la banda de La 38 envió su cabeza en un vehículo de servicio colectivo hasta la puerta de la casa, envuelta en una bolsa. Tenía heridas de machete”. Solos “Hay una voz que está hablando duro”, dice un líder civil para referirse al creciente control que sobre “las bandas delincuenciales tienen hoy los grupos paramilitares”. Otro asistente al foro revela, por ejemplo, que en el barrio El Playón de Los Comuneros, en el nororiente de Medellín se vive una calma aparente, superficial, debido a que es resultado de un severo control social por parte de grupos ilegales. “Allí está el centro de operaciones de una banda denominada Los Triana, que vende sus servicios a los paramilitares. Ese y otros grupos ilegales del área se están expandiendo a los barrios Popular I y II, pero desde allá también hay respuesta de grupos milicianos, entonces el temor permanente es que estalle una violencia mayor”. En el turno para que hablen los líderes de la Comuna 13 de Medellín se insiste en que la presencia del Estado en los barrios que la conforman es represiva. “Hay allanamientos ilegales y en esos procedimientos son hurtados objetos de valor y otros son destruidos porque, supuestamente, son propiedad de auxiliadores de la guerrilla. Varios maestros y alumnos de nuestros vecindarios son señalados como milicianos”. El costado occidental de Medellín es hoy uno de los más sacudidos por los choques armados entre ilegales. Allí tienen asiento milicias del Eln, de las Farc, los Comandos Armados del Pueblo, Cap, y es permanente la incursión de grupos de autodefensas. “A ello se suman los excesos de algunos miembros de los organismos de seguridad –según denuncian los líderes presentes en el encuentro-: toman fotos a la gente, ha habido ejecuciones sumarias e incluso han caído menores de edad en las balaceras indiscriminadas. 70 Documentos “El pasado 11 de mayo un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, realizó ametrallamientos en nuestra comuna”. Este relato de una líder comunitaria coincide con el de un periodista que, mientras acompañaba a su hijo escultista, vivió el hecho y remitió a este diario la siguiente descripción de lo sucedido: “Hora: 4:30 p.m. Lugar: Iglesia María Madre del Redentor de Belén, Santa Mónica #2, a 20 cuadras del barrio Belencito. Las calles son bloqueadas por tanquetas y no se permite el ingreso de la comunidad. Desciende uno de los helicópteros, queda suspendido en el aire, y, de un momento a otro, hace varios disparos. “Todos corríamos debajo del atrio de la iglesia. Unos se desmayaron, otros lloraron y otros gritaban”. De acuerdo con ese testimonio, luego que un grupo de jóvenes escultistas (scouts) ondeó una bandera que los identificaba como tales, “el artillado elevó su vuelo y desapareció”. Frente a estos hechos y otros ocurridos en la Comuna 13 durante los últimos seis meses, además de los denunciados por los líderes de otras barriadas pobres de la ciudad, se cuestiona “la apatía de los organismos humanitarios oficiales y no gubernamentales, del país y del extranjero, que no responden, como deberían, frente al agravamiento del conflicto urbano. Están ausentes”. Otra visión del problema El aumento de la violencia armada en Medellín y el Valle del Aburrá ha suscitado diversas hipótesis y lecturas sobre las causas y efectos de la confrontación que protagonizan hoy bandas de delincuencia, comandos de autodefensas,milicias guerrilleras y organismos de seguridad oficiales. Para algunos se trata de la “urbanización del conflicto armado ”; es decir, del incremento de las acciones de los actores de la guerra interna en la ciudad. Otros indican que son apenas repercusiones de la lucha contra el crimen organizado. Durante el encuentro de líderes sociales de las comunas de Medellín, el viernes pasado,se señaló que el centro del problema “no es la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares sino que la violencia tiene origen, en buena medida, en las políticas de exclusión y represión del Estado local contra las masas de pobladores pobres de las laderas de Medellín”. El asunto de fondo, se dijo, es que hay dos modelos de ciudad: uno para las clases medias y altas, que para ejecutarse requiere seguridad a toda costa. Y otro, el de miles de personas que demandan atención en asuntos elementales de infraestructura y bienestar social: escuelas y servicios básicos. A esos sectores, hoy, se les margina y desconoce dentro de los planes de desarrollo municipal. 71 Documentos Comflicto urbano: soluciones no se verán en el corto plazo • Habría que restituir el estado de derecho en la ciudad, dicen analistas. • Además, se requieren políticas públicas claras sobre convivencia. • Última entrega de la serie. Discusión del tema continúa en la ciudad. ¿Estoy solo en la búsqueda de alternativas para enfrentar a los grupos armados que llegan al barrio?, ¿hay otros que también están en lo mismo?, ¿dónde están?, ¿es posible encontrarnos para, juntos, buscar la salida y lograr el apoyo del Estado, la Iglesia, la empresa privada, las organizaciones sociales y de las universidades?, ¿se podrá hacer algo para frenar tanta barbarie?” Preguntas como esas le rondan en la cabeza a la ama de casa, al obrero, al empleado, al estudiante, al líder comunitario, al estudioso del tema o al ciudadano desprevenido que día a día sienten como el conflicto armado urbano que golpea sin contemplaciones en los barrios limita sus libertades individuales y colectivas. No hay soluciones fáciles ni a corto plazo, sobre todo si se tiene en cuenta que la violencia en la ciudad ha sido un método de “solución” de conflictos que se incrustó en la cultura. Sin embargo, los especialistas reconocen que salidas sí hay y proponen como punto de partida vencer el miedo, la soledad y la desconfianza para desembocar en un plan estratégico que contenga acciones de corto, mediano y largo plazo Jesús Balbín, coordinador del programa Conflicto y Derechos Humanos, del Instituto Popular de Capacitación (IPC), plantea que empezar a derro- “ Juan Diego Restrepo E. Entrega No. 14 sobre CONFLICTO URBANO del sábado 11 de mayo de 2002 tar el miedo es el punto de entrada para buscar soluciones colectivas. “En los barrios, en las organizaciones comunitarias, en las instituciones y hasta en el mismo Estado hay miedo de denunciar, de hablar sobre lo que está pasando, de decir la verdad”. Pero el académico va más allá y plantea que luego de vencer el miedo se debe derrotar la soledad. “¿Soy el único en buscar salidas?, ¿estoy solo o hay más? Son muchas las personas que piensan en rechazar el sometimiento a los grupos armados, lo que pasa es que hay que buscarlas y construir lazos de solidaridad”. No obstante, se requiere de un tercer elemento para allanar el camino de salida al conflicto y es la confianza. En los barrios, la ausencia del Estado o su presencia tan sólo policial o militar, vulnerando derechos humanos y libertades individuales y en algunas circunstancias actuando de manera conjunta con grupos armados ilegales, según lo denuncian voceros barriales, ha generado una profunda desconfianza de los pobladores. Por ello el grupo de trabajo sobre Paz y Derechos Humanos de la Red Viva de Antioquia considera que hoy más que nunca se requiere de la ciudadanía una posición política clara y contundente contra la guerra y los autoritarismos, de derecha y de izquierda, sin va- 72 Documentos cilaciones, sin justificaciones de ninguna índole. “Desechemos la noción de las guerras justas y adoptemos un discurso político sin fisuras sobre nuestra opción por el pacifismo, por la no violencia, por la resistencia a la guerra y el autoritarismo”, propone esa organización. Plan estratégico Pero superados los miedos, las soledades y las desconfianzas, lo que se requiere entonces es un plan estratégico específico que le dé continuidad a las políticas de convivencia ciudadana y permita hallar salidas a la situación de violencia que afronta la ciudad. A continuación presentamos los puntos en los que coinciden expertos de la Corporación Región, el IPC, las universidades Nacional y Antioquia, para la construcción de salidas al conflicto urbano armado: Cultura ciudadana Coinciden los expertos en la necesidad de cambiar la cultura ciudadana, aquella que nos ha impulsado a solucionar, hasta con nuestras propias manos, cualquier problema. Tiene que haber un esfuerzo grande de la familia, la escuela, la educación y el Estado para modificar la cultura que tenemos. Para ello es indispensable fortalecer la educación. Participación política Para pocos es desconocido que la ciudadanía se sienta excluida en las decisiones del gobierno municipal. Muestra de ello es la representación de la comunidad en el Concejo. Todos provienen de los partidos tradicionales, no hay ninguno que represente sectores comunitarios Algunos insisten en señalar que un ciudadano común y corriente no tiene mayor peso ante las instancias de poder, en- tre otras razones porque hasta el momento no se ha consolidado una actitud ciudadana amplia para combatir, desde las posibilidades legales, las injusticias y los olvidos de los dirigentes. Señalan algunos académicos que el poder político se acostumbró a decidir sobre su criterio, no siempre confiable, en asuntos de ciudad y se olvidó de que los ciudadanos son algo más que votos cada cierto tiempo. Políticas de reinserción El número de bandas en la ciudad, que algunos cálculos conservadores tasan en 300, y la presencia de milicias de la guerrilla y de las autodefensas, exige una política especial que aborde el tema de la incorporación de sus miembros a la vida ciudadana. En esa búsqueda hay que contemplar programas de reinserción urbana que recojan experiencias de otros años como los pactos de convivencia y desarme aplicados a grupos alzados en armas. En ese marco de referencia debe haber un componente ineludible de sometimiento a la justicia, como el aplicado al narcotráfico. Inversión social La ciudad requiere construir equidad y eso sólo es posible a través de la inversión social. En principio, es necesario, advierten analistas económicos, superar la exclusión económica. La dinámica de la ciudad, que fue corazón industrial y ahora no sabe si aún lo es o si ya es turística, de servicios, de eventos o tecnológica, no cobija a todos los medellinenses. El desempleo aumentó, superando de manera oficial el 20%, pero por causas como el desplazamiento pasó del 50% en algunos sectores. Fortalecimiento de la Policía Comunitaria En este programa es necesario avanzar porque a criterio de algunos observadores sociales, no ha logrado los niveles de protagonismo y de visibilidad requeridos. Se necesita un cuerpo policial que tenga como principios el respeto por las garantías individuales y colectivas, así como por el respeto a los derechos humanos. La idea es que el Estado recupere legitimidad y confianza a través de un cuerpo se seguridad como éste. Presencia de organismos humanitarios La ciudad necesita con urgencia la presencia en los barrios de veedurías internacionales humanitarias, que provengan de Naciones Unidas, la Unión Europea y de Norteamérica, incluso, para que identifiquen situaciones especiales y, además de denunciar, propongan alternativas de solución. Adicional a ello, sería importante hacer una gran campaña urbana sobre el Derecho Internacional Humanitario y el respeto a la población civil, así como adelantar unas acciones pedagógicas de señalización de sitios protegidos por las normas de la guerra; crear corredores humanitarios en los barrios más golpeados por los grupos ilegales armados para facilitar el acceso de la gente a escuelas, colegios y hospitales y centros de abastecimiento. El desarme Por diferencia de criterios es poco lo que ha avanzado la ciudad en temas como éste, pero los resultados en la ciudad de Bogotá, que para el año 2001 representaron una disminución del 8%, han demostrado que es el mecanismo más eficaz para reducir los índices de criminalidad. Sobre esta propuesta existen normas nacionales que es necesario concertar para aplicarlas. 73 Documentos Donaldo Zuluaga Velilla El conflicto armado urbano,que implica tanto la violencia directa ejercida por las bandas y los combos, como por la urbanización del conflicto político armado y sus diversas manifestaciones, se expresa en pequeños poderes territoriales que controlan la economía, la justicia, los impuestos, la seguridad y hasta la cultura. El Estado de Derecho Lo que revela la vida cotidiana de los habitantes de aquellas comunas más conflictivas es la poca capacidad del Estado para ejercer el control, el cual fue asumido por los grupos armados al mar- gen de la ley. El Estado, y no sólo en la ciudad sino en todo el país, perdió los monopolios de las armas, de la administración de justicia, de la seguridad y hasta el de la tributación. De ahí que los expertos insistan en la tarea de restituir el estado de derecho, a través de mecanismos como la creación de la políticas de resolución de conflictos y de mecanismos de acceso ciudadano a la justicia, a través de la justicia comunitaria y los jueces de paz, así como el fortalecimiento de la capacidad de los jueces para fallar de manera oportuna. De esta manera, aseguran los estudiosos de la materia, se lograría la reconstitución del estado de derecho. Alcaldía introdujo cambios Cuando Luis Pérez Gutiérrez asumió en enero del 2001 la Alcaldía de Medellín encontró en materia de convivencia dos circunstancias que no se acomodaban al proyecto de pacificación de la ciudad: unos grupos armados en proceso de facilitación, que recibían dineros del Estado,pero que querían seguir viviendo en la clandestinidad, y un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incipiente y lento en su ejecución, y de poco impacto social. En ambos aspectos se basa el mandatario local para advertir que su administración no heredó un proceso visible de convivencia. “Nadie puede mostrar un proceso de pacificación visible en la ciudad de Medellín ”, precisa. Su tarea en este asunto ha sido la de reorientar las políticas de gobierno y lograr mayor eficacia e impacto en su aplicación. Pero a pesar de sus propuestas diversos sectores sociales le reclaman un mayor liderazgo esa labor y un debate público donde se recojan las experiencias que existen en la ciudad. “Un programa de paz y convivencia no se puede quedar en un asunto de intelectuales sino que tienen que impactar la sociedad ”, reitera. “Es imposible que el presupuesto de Medellín se gaste en proyectos aislados y se diga que el de paz es uno más.Creemos que la pacificación empieza en ideas tan importantes como darle educación a todos,entre otras razones para acabar con la violencia en los menores. Por eso mi primer proyecto de pacificación está en declarar la educación obligatoria. En este momento en Medellín no hay ni una sola persona, menor o mayor, que quiera estudiar, En 24 horas le tenemos un cupo. Quedan todavía algunos niños que no quieren estudiar, pero muy pronto los vamos a recoger para llevarlos a unos sitios especiales que están siendo acondicionados. “Consideramos que si recogemos unos 2.000 ya no habrá nadie en la calle ”,dice. 74 Documentos Ante la violencia: diálogo • EL COLOMBIANO fue escenario ayer del foro Conflicto Urbano en Medellín. • Costos de la guerra en el Valle del Aburrá alcanzan el 6.91% del PIB. • Alcalde de Medellín propuso diálogos urbanos y desarme de civiles. • Medellín tiene índice de asesinatos más alto de América Latina, dice Pérez G. • En Bogotá, en cambio, proyecto de cultura ciudadana reduce las muertes. • Alcalde mockus advierte que «lo importante es conservar vidas». n plan de reincorporación a la vida civil de los alzados en armas a través de un proceso de diálogos urbanos o metropolitanos -concertado con el Gobierno Nacional-; el aumento del pie de fuerza para la ciudad con 2.000 nuevos policías; y una consulta popular, tanto en Medellín como en el departamento, para que se prohiba el porte de armas a particulares. Estas son las bases de los proyectos de acuerdo anunciados ayer por el alcalde de Medellín, Luis Pérez, en el Foro sobre Conflicto Urbano que se realizó en este diario. La jornada sirvió para conocer varias visiones sobre el problema, que ha cobrado la vida de más de 4.000 personas en el último año en la ciudad. La iniciativa de Pérez Gutiérrez fue radicada ayer ante el Concejo de Medellín. U Elizabeth Yarce FORO CONFLICTO URBANO del martes 27 de agosto de 2002 El alcalde y su homólogo de Bogotá, Antanas Mockus, presentaron un panorama de sus ciudades y mientras en la capital del país las propuestas de cultura ciudadana lograron reducir los índices de criminalidad, en Medellín el conflicto arreció en los barrios. La más violenta Pérez Gutiérrez recordó que Medellín es la ciudad más violenta de América Latina y por eso urgió una salida negociada mediante los diálogos con los armados ilegales que operan en esta capital. El programa, de ser aprobado por el cabildo luego de tres debates, contempla un proceso de reeducación de los grupos armados y de la sociedad. «La idea es que estos jóvenes recibirán un salario mensual. Cuando estén listos se les garantizaría una plaza laboral y padrinos», explico Pérez. 75 Documentos En este aspecto, se contratará a un grupo de abogados para que estudie las dificultades jurídicas de los resocializados. «Este es un proceso de reinserción social que busca acabar con el miedo en los barrios para lograr un cese del fuego en el Valle del Aburrá». Como segunda medida solicitará el refuerzo del pie de fuerza de la Policía, que actuará con el apoyo de un comando urbano del Ejército y estaría listo en diciembre. «Se busca que no haya ni un solo espacio vedado en la ciudad». De igual manera, se realizaría una consulta popular en Medellin y Antioquia para que se prohiba el porte de armas a particulares. Según un informe de la Personería de Medellín, más de 600.000 armas circulan en la ciudad. La Alcaldía pretende también abrir una licitación internacional para que todos los vehículos utilicen un sistema especial de identificación electrónica que permita que estos sean detectados en cualquier lugar, como mecanismo para frenar el robo de automotores. Pérez Gutiérrez enfatizó en que es conveniente en que el tema del conflicto urbano se convierta en un asunto nacional, más aun cuando mediante un informe de inteligencia se comprobó que la guerrilla solicitó refuerzos a Barranca y Guaviare para aumentar sus frentes en Medellín. Cultura ciudadana El alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, presentó la estrategia que sirvió para que en esa ciudad, con altos índices de delincuencia, se redujera el número de muertes violentas, tanto por homicidios como por accidentes de tránsito. A diferencia de Medellín, «en Bogotá hay presencia de milicias en algunos sectores, no existen reportes oficiales de presencia paramilitar, no hay dominio de territorios, hay acciones esporádicas de las milicias y terrorismo», precisó. Mediante un programa denominado Plan Centro, con información estadística de la violencia, un proyecto de cultura ciudadana y una estrategia de organización comunitaria, la tendencia a las muertes y la inseguridad es a la baja. «Esto incluye armonización de ley, moral y cultura, apoyo a las autoridades y denuncia», explicó Mockus. Estas medidas, advirtió, no son efectivas si no están acompañadas de una inversión y presencia institucional en los sectores más pobres. Para el alcalde de Bogotá el terrorismo, aunque no ha tocado con fuerza a la capital, es uno de los factores que más debe preocupar a las ciudades en momentos en que según las estadísticas del Ejército un promedio de ocho actos terroristas son cometidos diariamente en Colombia. «En la ciudad se han registrado seis actos terroristas desde 1989, con un saldo de 220 muertos y 1.047 heridos». Por eso su prevención es el mecanismo para reducir el miedo de los ciudadanos. «La propuesta es atacar comportamientos, no personas. Lo importante es conservar vidas. Hay que fortalecer la regulación cultural y armonizar las regulaciones legal, moral y cultural. Más que corregir convicciones, corregir o fortalecer hábitos», agregó. La confianza de la sociedad civil en sus autoridades y su capacidad de denunciar ha contribuido, según Mockus, a la resolución pacífica de los conflictos. Enfatizó que ya no cabe reducir la violencia a un asunto de pobreza. Los costos económicos de la guerra El alcalde Luis Pérez expuso un documento en el que se advierte que el conflicto urbano está generando un costo económico que significa la pérdida de patrimonio de $110.131 millones en el área metropolitana, entre 1996 y 2000. Si bien los costos por el Producto Interno Bruto, PIB, que genera en el país el conflicto armado significaban en el 2000 el 6.2%, en el Valle del Aburrá la cifra asciende al 6.91%. «La violencia no implica sólo el impacto doloroso de las pérdidas humanas. Hay un arrasamiento económico por esta causa», explicó Pérez Gutiérrez. Entre 1996 y 2001 se registraron en el país 147.500 homicidios. De este total, 29.032 se cometieron en el Valle del Aburrá. Estas cifras, sumadas a la de 2.318.000 desplazados que hay en el territorio nacional -según esta investigacióny al billón de pesos que se está pagando por concepto de secuestros, animan a las autoridades a lanzar proyectos especiales en Medellín. Mientras en la capital antioqueña se registran más de 4.000 muertes violentas al año, en Bogotá, con el triple de la población, se registraron 1.993 homicidios en el último año. Allí se crearon escuelas de seguridad ciudadana donde fueron capacitadas 24.320 personas en civismo, participación, medidas preventivas de seguridad, conocimiento de la Policía y demás autoridades. 76 Documentos La guerra cambió • El revólver y el changón fueron reemplazados por los fusiles y la M-60. • los ilegales «premian» a los combatientes con traslados a Medellín. • Habrían Pedido refuerzo a Guaviare y Barranca para nueva fase de guerra. Clara Isabel Vélez. FORO CONFLICTO URBANO martes 27 de agosto de 2002 Cada vez que se presenta un operativo de la fuerza pública en algún sector de la ciudad afectado por el conflicto armado reviven viejas discusiones sobre la conveniencia de aumentar el pie de fuerza en esas zonas. Mientras las autoridades insisten en recordar que la seguridad es un monopolio estatal que no debe ser suplantado por grupos irregulares, la comunidad considera que la construcción de nuevas estaciones de Policía sólo contribuirá a atizar la confrontación porque la presencia del Estado se limitaría a imponer medidas cohercitivas y no a generar inversión social. Para los comandantes de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego Castrillón, y de la IV Brigada, general Mario Montoya Uribe, hay un asunto que no tiene discusión: la fuerza pública no tiene lugares vedados en la ciudad, ya que la función del Estado es brindar seguridad a la comunidad. Por eso tampoco dudan en afirmar que los Cap, las Farc, el Eln y las autodefensas quieren presentarse ante las comunidades como protectores y generadores de empleo e inversión social. «Cuando llega el Estado a hacer inversión social ellos amenazan a los trabajadores y no permiten hacer las obras. Cuando llega la empresa privada, no sólo amenazan sino que extorsionan. Lo que quieren es que las comunidades si- gan en la miseria. Así tienen argumentos para justificarse», manifestó el general Gallego. Del campo a la ciudad Para el general Montoya, en los últimos meses el conflicto se ha degradado de una forma que pocos pensaron. Tanto que ya no se puede hablar de milicias de las Farc o del Eln sino de guerrilleros urbanos que utilizan prácticas terroristas para amedrentar a la comunidad. «De las milicias con revólveres y changones ya no queda nada. Ahora se combate con fusiles y ametralladoras M-60. En un operativo realizado la semana pasada el oficial que lo estaba comandando me informó que habían cuatro ametralladoras instaladas en las terrazas. También se incautaron cinco fusiles», explicó el general Montoya. Este cambio en el armamento dificulta el ingreso de la fuerza pública cuando va a adelantar los patrullajes. Según el general Gallego, las armas de largo alcance utilizadas por los ilegales permiten dispararle a los policías desde una distancia de hasta 200 metros. Además, cuentan con miras telescópicas y, en algunos casos, le han disparado a los uniformados por la espalda. También han puesto explosivos debajo de los cuerpos de los cadáveres para que exploten cuando lleguen las autoridades a realizar las diligencias judiciales. Otro punto que complica la situación es la llegada de refuerzos de otras regiones para 77 Documentos librar la guerra en Medellín. El alcalde, Luis Pérez Gutiérrez, aseguró que los organismos de seguridad interceptaron comunicaciones de grupos ilegales que piden refuerzos a Guaviare y Barrancabermeja. «Las Farc, el Eln y las autodefensas incentivan a los combatientes rurales trasladándolos a Medellín. Es una especie de premio que les dan al salir de los campos a las ciudades», explicó el comandante de la IV Brigada. Se protege a la población Otro punto que ha generado debate es la forma en que la fuerza pública ha realizado los operativos. El comandante de la Policía Metropolitana explicó que los operativos adelantados en las zonas centroccidental y nororiental de Medellín se han hecho cumpliendo con todos los requisitos legales. «Nunca hemos hecho un operativo encubierto o clandestino. Siempre le hemos notificado al alcalde lo que vamos a hacer, además contamos la presencia de la Procuraduría que es la encargada de velar por las actuaciones de los funcionarios públicos», aseguró el general Gallego. Este año, informó el oficial, se han realizado 18 operaciones especiales en las cuales han sido capturados 300 miembros de las Farc, el Eln, los Cap y las autodefensas. En ellas se ha contado con el apoyo del Ejército, la Fiscalía y la Procuraduría. Esta última, se encarga de verificar si se cumplieron todas las normas y si los miembros de los organismos del Estado respetaron los derechos fundamentales de los habitantes. Según el general Gallego, todos los operativos están precedidos por una labor de inteligencia que permita identificar objeti- vos claros. Posteriormente la Fiscalía se encarga de emitir las órdenes de allanamiento y de captura necesarias. Sin embargo, para algunas Ong defensoras de derechos humanos, en algunos casos, se hace uso excesivo de la fuerza. Amérigo Incalcaterra, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque insistió en la necesidad de que el Estado haga presencia en las áreas más vulnerables por la confrontación, manifestó que han tenido conocimiento de que, en ocasiones, se ha violado el principio de la Proporcionalidad que exige cuantificar las consecuencias que para la población civil tienen las acciones de los combatientes. Donaldo Zuluaga Para los comandantes de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, y de la IV Brigada, general Mario Montoya, el conflicto urbano que se presenta en Medellín es la herencia del narcotráfico, pues en la década de los 70 y principios de los 80 estas organizaciones crearon sus ejércitos privados aprovechando el alto desempleo que se presentaba en ciertos sectores de la ciudad. Para ellos, los motivos de la confrontación y las fuentes de financiamiento no han cambiado, pero las armas y la forma de enfrentarse sí. El general Montoya considera que ya no es posible hablar de milicianos que servían como redes de apoyo a la guerrilla rural sino de guerrilleros urbanos que realizan acciones terroristas. Proporcionalidad, un principio vulnerado Los civiles que habitan en los sectores donde se presenta la confrontación armada han sido los más afectados por los enfrentamientos que se dan tanto entre los grupos ilegales como los que ocurren entre éstos y los miembros de la fuerza pública. Según el comandante de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, el caso más reciente se presentó el fin de semana en el barrio Caicedo donde cinco personas que cruzaban una calle resultaron heridas en medio del fuego cruzado entre grupos al margen de la ley. El Derecho Internacional Humanitario establece el Principio de Proporcionalidad que exige que el «efecto de los medios y métodos de guerra utilizados no sea desproporcionado en relación con la ventaja militar buscada». Los artículos 5I y 57 del Protocolo I de Ginebra establecen la prohibición de lanzar ataques que causen víctimas entre la población civil y daños en bienes de carácter civil que sean excesivos en relación con «la ventaja militar concreta y directa precisa». Esto implica, por ejemplo, que no pueden realizarse ataques con armas no convencionales o cualquier enfrentamiento entre combatientes en el cual quede en medio población civil o puedan sufrir daños sus viviendas. 78 Documentos Que todo se ajuste al Estado de Derecho Amerigo Incalcaterra* «En la medida en que el conflicto armado urbano de Medellín ha hecho que las fuerzas del Estado hagan algunas consideraciones (...) porque es necesario el uso legítimo de la fuerza, la otra óptica es que se cumplan los principios internacionales de los límites y uso de la fuerza (...) el Estado no puede contentarse con observar la situación y tiene el deber de recuperar los barrios, recuperación de lo público, para que la comunidad pueda desenvolverse y se garanticen sus derechos (educación, salud, servicios básicos). Vemos que hay una ausencia de políticas integrales. (...) Preocupa la desconfianza creciente de la población hacia las autoridades. El acercamiento de las autoridades es confrontativo (marginación, estigmatización, empleo de la fuerza pública) como primera presencia que un habitante de esas zonas ve. Por otra parte, los enfrentamientos entre grupos armados han agudizado la situación de las comunas. El irrespeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) hace que la población se convierta en objetivo militar, causando numerosos muertos y heridos y desplazamiento intraurbano. Nos preocupa una respuesta estatal represiva (...) algunos operativos en los que se violarían los principios de proporcionalidad y el uso excesivo de la fuerza. (...) Frente a ese panorama no se puede solucionar el problema a corto plazo. Hace falta unir estamentos estatales y sociales para encontrar políticas integrales de atención». *Delegado de Naciones Unidas para los D.H. en Colombia Un conflicto con varias causas Pablo Angarita, investigador de la U. de A. y el Iner «Hay que diferenciar el concepto de conflicto del concepto de violencia. Los conflictos no sólo no son negativos sino que son inherentes a las personas y sociedades y facilitan el desarrollo de las mismas. El problema está en el tratamiento de los conflictos: la violencia es una forma de tratarlos, por lo general cuando se agotan otras formas de enfrentarlos. Así mismo, como no existe un orden universal único, no se puede aceptar la idea de que hay una parte del mundo que representa al bien y otra al mal. En una dialéctica de buenos y malos es imposible construir una sociedad. (...) La violencia citadina implica acciones producidas en el proceso de construcción de la sociedad urbana. Tomada como un hecho de carácter histórico, su explicación se aleja de que sea una especie de ‘maldición’ o ‘herencia genética’. Es una construcción social, con tiempos y lugares, como expresión de múltiples procesos. (...) El Estado Social de Derecho que contempla nuestra Constitución debe promover la prosperidad gen- eral y la efectividad de los derechos humanos integralmente (en lo civil, lo social y lo económico). Por eso el Estado debe tener el control y la responsabilidad directa de cuatro entidades básicas: la fuerza y la coacción, el control fiscal y tributario, la ley y la justicia y la seguridad ciudadana. Eso conduce a la convivencia pacífica y democrática. (...) Los conflictos sociales en Medellín son de diversa naturaleza y nivel. No los hay sólo económicos, no sólo entre grupos armados ilegales o de éstos con la fuerza pública. Hay varios niveles: a nivel macro, que responden a organizaciones insurgentes de carácter nacional, o a nivel micro, que responden en parte a la violencia doméstica. En estas relaciones violentas hay diferentes grados de responsabilidad de estamentos sociales públicos y privados, regionales e internacionales. (...) En otra hipótesis se señala que hay una constante histórica en los conflictos de la ciudad: la inequidad social (sin reducirla a la idea de que la pobreza genera violencia), el déficit de democracia y de ciudadanía, en el contexto de una cultura autoritaria para tramitar los conflictos. Además, hay una constante de tolerancia y casi fascinación por las vías rápidas para conseguir poder económico y social, lo que se consolidó con el narcotráfico. (...) Los monopolios señalados del Estado de Derecho hoy en día están fracturados y sustituidos por poderes armados ilegales. Desde pequeños comerciantes hasta grandes empresarios se quejan de tener que pagar vacunas a paramilitares, guerrillas y bandas. (...) Hay, entonces, una suplantación del Estado y de sus instituciones, una fragmentación y un enfrentamiento de poderes, que generan soberanías múltiples en disputa: por cuadras, por barrios. (...) Entre tanto, crece una cultura autoritaria, a la que no se presta suficiente atención, que viene desde el Estado y desde sectores privados. Su producto son un Estado y unas instituciones deslegitimadas. Pero el problema no sólo está en el Estado sino también en la sociedad: una civilidad débil, afectada en su tejido social. (Entre tanto) Los conflictos económicos y sociales no resueltos o a veces sofocados se han expresado de manera violenta». *Apartes de la intervención en elForo sobre Conflicto Urbano enEL COLOMBIANO. 79 Documentos Líderes llaman a trato humano • Demandan pago de deuda social e histórica con sus comunidades. • Estadísticas de pobreza son claves y revelan parte del origen del conflicto. • Según su testimonio, la gente está angustiada por creciente desempleo. ás que medidas de fuerza para contener el conflicto urbano que se vive en Medellín, los líderes zonales creen que la solución a éste pasa por un trato más humano a los habitantes de los barrios afectados. Tras hacer un repaso estadístico a la situación en la zona centroccidental de la ciudad, el padre José Luis Arroyave, ex gerente social del sector, recordó que hace seis años «comenzamos a trabajar en el sentido de pertenencia de la comunidad, para crear en torno a estos barrios un liderazgo que facilitara participación ciudadana». La zona centroccidental, compuesta por las comunas 11, 12 y 13, acoge residentes de todos los estratos, pero es en ésta última donde se ha concentrado el conflicto en los últimos meses. «Empezamos a hacer un trabajo de sensibilización, casi que persona a persona, para despertar el liderazgo e integrarnos en propuestas macro que llevaran a sacar adelante la zona, que en ese entonces era la ‘cenicienta’ de Medellín», sostuvo el sacerdote, durante el foro Conflicto Urbano en Medellín. Esto se presentó, según el padre Arroyave, porque «se suponía que en la Comuna 13 no se estaban gestando las dificultades que hoy vemos». M Carlos Olimpo Restrepo FORO CONFLICTO URBANO del martes 27 de agosto de 2002 «Tras sensibilizar a los líderes y trabajar con ellos, es muy doloroso ver que, hoy, muchos de ellos se han dispersado por miedo, o los mataron o se tuvieron que ir», anotó el sacerdote y líder. Agregó que, debido a las carencias de la mayoría de las personas que residen allí, «la Comuna 13 requiere mucha inversión, mucha entrega y un viraje en las políticas estatales». Indicó que en estas políticas se deben incluir «la capacitación para el empleo y, a la vez, la posibilidad de que los jóvenes adquieran una experiencia laboral, pero no en el centro, sino allá, porque muchas veces no tienen para el pasaje». El sacerdote reconoció que la zona sí ha recibido aportes de la Administración Municipal, pero cree que todavía falta mucho por hacer. El padre Arroyave aseguró que «en la Comuna 13 hay hambre, no sólo de alimentos, hay hambre de conocimiento, de razón para vivir, que los ha llevado a la desesperación». «La zona requiere de una inversión social grande y no es sólo una visión paternalista, es una visión de justicia social, de equidad y, por eso, más que militarizar esta comuna, hay que humanizarla», dijo el padre Arroyave. «Veo el miedo, las dificultades de estas personas y me siento impotente, solo, frente a ========= tos(5043858)== Las diferente la violencia que gunos barrios, puestas de solu puestas en el Urbano en Med do por EL COL izquierda a dere padre José Lu Humberto Lond de Acción por la ta de la ciudad te. El alcalde B Mockus, la dir diario, Ana M Martínez, y Medellín, Luis P frente al públic evento. Panorám ciudad, con el fondo. 80 Documentos un conflicto tan grave, con cuadros cada vez más dantescos», puntualizó. Medidas equivocadas Humberto Londoño, de la Red de Acción por la Vida, mostró su preocupación por las maneras en que se da la intervención del Estado en las zonas de Medellín afectadas por el conflicto armado. «Para el diseño del programa de convivencia, a comienzos de los 90, se contrató a expertos internacionales en temas de violencia, quienes señalaron que lo que vivía la ciudad era una epidemia de agresión mortal que debía ser atacada, con lo cual se convirtió el conflicto social y político, en un asunto de salud pública», sostuvo Londoño. Consideró que las políticas de convivencia impulsadas por las anteriores administraciones municipales sirvieron, paradójicamente, para fortalecer a los grupos armados. «Se puso en marcha el fortalecimiento de la presencia militar en algunos sectores, se incrementó el pie de fuerza policial», dijo el dirigente comunal. Agregó que «en 1995 se implementó el Programa de Pedagogía para la Tolerancia y se impulsaron los pactos de paz con las bandas de la ciudad». Sostuvo que con estos grupos «se concertó su desmovilización, pero sin desarme. Se les entregó el control de la seguridad en algunos barrios y autonomía para imponer sus códigos de conducta». Recordó que todos estos programas fueron financiados con créditos del BID, la banca multilateral y aportes privados. Londoño afirmó que «las bandas se han cualificado y ahora manejan armas largas y la inseguridad y la muerte en la ciudad aumentaron. Y estos grupos están altamente articulados a la expansión paramilitar en Medellín». «Estas políticas e intenciones de los diferentes gobiernos con el fin de solucionar el conflicto urbano armado en Medellín, que lleva más de 20 años, no han sido efectivas», sostuvo. Agregó que «esta problemática sólo se podrá resolver con mayor inversión social, el respeto de los derechos humanos de los pobladores de las comunas y tomando medidas concretas para disminuir la inequidad social en Medellín, no con medidas de fuerza ni excesos de autoridad». El líder insistió en que «en los últimos años se ha visto el incremento de los atropellos contra los habitantes de la zona nororiental, donde se evidencia no sólo la realidad de pobreza y exclusión, sino la tragedia del desplazamiento». Añadió que «en este sector es común el abandono estatal y todas las necesidades básicas están insatisfechas. El desempleo supera ampliamente los índices del departamento, hay carencias en servicios de salud, educación, recreación y vivienda digna, situación que se ahonda en las comunidades de desplazados». Para Londoño, es necesario que se tenga en cuenta que «son estos civiles los que mueren en los combates que se libran en las calles y a plena luz del día». Por tal razón, hizo un llamado para que se respeten los derechos fundamentales, castigo para sus violadores y resarcimiento estatal por los eventuales daños causados en el contexto de los enfrentamientos. Los desplazados, dobles víctimas del conflicto armado Oscar Salazar* «Lo que ocurre en los barrios de Medellín no es otra cosa que el empoderamiento de los actores armados sobre la población civil para imponerle sus reglas de juego, de acuerdo con la intensidad que adquiere el conflicto a nivel nacional. Los desplazados somos mirados como bichos raros por los gobernantes de turno. No hay programas específicos para nosotros. Los comités departamental y municipal se limitan al asistencialismo. Nuestra organización agrupa, en Medellín, a 120.000 desplazados de 32 asentamientos. Los desplazados no estamos en la ciudad por voluntad propia, siempre hemos manifestado nuestra disposición de retornar a nuestras tierras, pero este retorno debe darse en condiciones dignas». *Miembro del Movimiento de Desplazados de Antioquia 81 Documentos Muchas alternativas de solución Pagar la deuda social y resolver la confrontación en la ciudad bajo la perspectiva de la guerra del país, fueron las principales propuestas de los asistentes ayer al Foro Conflicto Urbano en Medellín. Antonio Picón Amaya, director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, dijo que «se debe pagar esa deuda a plazos, sentarnos con las comunidades para ver cómo se puede avanzar en resolver sus problemas de salud, educación, vivienda, para incluirlos en el desarrollo de la ciudad de hoy». Agregó que «si se está mirando en una ciudad futura de servicios, internacional, que ellos se vean reflejados en esa ciudad, que se sientan incorporados a ese gran desarrollo y participen en hacerlo realidad». Alonso Cardona, de Conciudadanía, sostuvo que «la situación de guerra de Medellín se debe a la situación nacional. Los actores armados escogieron esta ciudad para agudizar la guerra y, por eso, las soluciones no pueden ser locales». Aseguró que se debe mirar «qué es lo que se puede hacer con políticas locales, qué se puede hacer con inversión social y qué no se logra con esto». Jaime Jaramillo Panesso, integrante de la Comisión facilitadora de Paz de Antioquia, indicó que «el conflicto armado es distinto al conflicto urbano. El primero debe tratarse policivamente, pero el segundo debe abordarse distinto». Añadió que «el conflicto ur- bano se debe afrontar desde dos líneas: una de integración a la ciudad, de solución al problema del campo, porque la ciudad no puede seguir creciendo con desplazados, porque estos son unos desarraigados sujetos a la destrucción de sus familias y su urdimbre. Este sólo se logra con la solución al problema colombiano». La otra línea de acción que propuso Jaramillo Panesso es «la reincorporación a la civilidad de los jóvenes y las personas que no se encuentran vinculadas a los grupos armados que, necesariamente, tiene que contar con la acción fuerte de un Estado municipal que está muy débil». Agregó que «falta un Estado municipal de mayor capacidad en cuanto a la condición de ciudadanos, que es de fraternidad y de afecto por lo que se vive en la ciudad». El sacerdote Francisco Leudo, del Centro Arquidiocesano para la Reconciliación, dijo que «lo más urgente en este momento es no macroglobalizar el problema. Intentemos hacer propuestas concretas y, con base en ellas, vamos construyendo salidas». El sociólogo Julio César Escobar sostuvo que «se debe permitir que las comunidades afectadas por el problema aporten a la solución y garantizarles a las partes que se sienten a negociar, para discutir no sólo sus diferencias sino las alternativas comunes de solución». Cristina Gómez, estudiante de la Universidad de Antioquia, aseguró que «lo esencial es compromiso por parte de los grupos involucrados en el conflicto, para llegar a su fin». Para Lucía de Londoño, de Comfama, «la clave está en una real concertación de las acciones de los diferentes actores, para caminar por la misma vía de solución». COR Manuel Saldarriaga El Foro Conflicto Urbano en Medellín, llevado cabo ayer en EL COLOMBIANO, contó con la presencia de estudiosos del fenómeno de la violencia en la ciudad como Pablo Emilio Angarita, y líderes barriales, así como con un nutrido público de diferentes entidades oficiales y Ong. 82 Documentos