EL CONFLICTO DEL SILALA Una nueva arista se ha presentado en

EL CONFLICTO DEL SILALA Una nueva arista se ha presentado en

EL CONFLICTO DEL SILALA
Una nueva arista se ha presentado en las siempre complejas, inciertas e inestables relaciones con
nuestros vecinos del noreste. Aunque el asunto en sí no es reciente, esta vez la forma de enfrentarlo ha
tomado un curso distinto al tradicional.
Desde que Bolivia levantó el tema del Silala como un problema —hace casi 20 años— siempre
había sido un conflicto secundario. Sin embargo, a partir del 11 de mayo recién pasado, mediante el Decreto
Supremo N° 2760, el Gobierno de Evo Morales creó el “Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y
todos los recursos Hídricos en frontera con la República de Chile” y la “Dirección Estratégica de Defensa de los
Manantiales del Silala y todos los recursos Hídricos en frontera con la República de Chile”. Con este acto
político-jurídico, el problema del Silala adquirió una gran relevancia en la agenda de las relaciones bilaterales;
curiosamente, aunque Bolivia tiene límites con cinco países, estos nuevos organismos solo se enfocarán a los
recursos hídricos ubicados en la frontera con Chile. Sin duda alguna, esta reciente acción boliviana es
consecuente con la Constitución promulgada por Evo Morales en diciembre del año 2013, por la cual ese
gobierno se obliga a declarar nulo el Tratado de Paz y Amistad de 1904.
Ya unos meses antes de la creación del Consejo y de la Dirección Estratégica antes indicados, el 23
de marzo, Morales había anunciado durante la celebración del Día del Mar, la decisión de llevar a Chile a un
tribunal internacional por el supuesto uso ilegal de las aguas del Silala. Tres días después, declaró que el caso
sería presentado ante la Corte Internacional de Justicia; el corolario de esa ofensiva del mandatario boliviano
fue el martes 29 de marzo, cuando realizó una visita a la zona, efectuando posteriormente una serie de fuertes
y polémicas declaraciones, personalmente y a través de miembros de su Gobierno.
Un pequeño gran río
El río Silala, también conocido como Siloli, es una cuenca hidrográfica fronteriza que se encuentra
en el desierto de Atacama a 300 km al este de Antofagasta. Su fuente principal se ubica en territorio boliviano
aproximadamente a 4 km de la frontera con Chile, a una altitud de 4.500 m sobre el nivel del mar, desde
donde el curso de agua fluye naturalmente hacia el oeste; luego de recorrer unos 2.5 km, confluye con un
segundo curso de agua que proviene de 400 m más arriba.
Luego de la unión, a través de un pequeño cañón, el Silala baja cerca de 720 m hasta llegar a la
frontera de Bolivia y Chile; continúa hacia el oeste unos 7 km para unirse con el Río Cajón, en Chile, dando
origen al río San Pedro de Inacaliri. Este último río es afluente del Loa, el río más largo de Chile, que cruza el
desierto de Atacama para desembocar en el océano Pacífico.
Tiene un largo total de 56 km y un caudal medio de 120 a 180 l/s.
Más de un siglo de historia
El uso de las aguas del Silala está regulado por lo indicado en el Tratado de Paz y Amistad del 20 de
octubre de 1904, firmado por representantes de la República de Bolivia y la República de Chile con el fin de
terminar el estado de guerra existente entre ambos países luego de la Guerra del Pacífico. En ese documento,
a partir de lo indicado en el Artículo II, donde se precisan clara y definitivamente los límites territoriales entre
ambos países, hay expreso reconocimiento de que el Silala es un río internacional.
En 1908 la administración de Potosí cedió a la empresa inglesa The Antofagasta and Bolivia Railway
Company Ltda. el uso de las aguas del Silala, mediante un permiso por 99 años, con la finalidad de abastecer a
las máquinas a vapor que cubrían el tramo entre el puerto de Antofagasta y la ciudad boliviana de Oruro. La
concesión fue revocada por el gobierno boliviano en 1997, es decir 10 años antes de lo estipulado, a pesar que
esta compañía ferroviaria utilizó el agua solo hasta 1961, cuando renovó su inventario con máquinas que
utilizaban petróleo diésel. A partir de esa fecha, el recurso continuó siendo empleado por diversas empresas
del norte de Chile, en especial por la industria minera del cobre y algunas empresas sanitarias de Antofagasta.
Junto con revocar el permiso antes indicado en 1997, Bolivia denunció que el caudal llega a
territorio chileno debido a que la cuenca habría sido desviada de manera artificial por una empresa de
ferrocarriles de Chile para favorecer sus intereses. Con esto, el gobierno boliviano cambió la postura que había
tenido desde 1904, en cuanto a reconocer que este era un río internacional.
En el marco de la Agenda de 13 Puntos, instaurada durante el primer gobierno de la Presidenta
Bachelet (2006-2010), ambos países establecieron conversaciones sobre el caso del Silala; en 2009 se
alcanzaría un pre-acuerdo, el que conforme a la naturaleza de río internacional, establecía el uso compartido
de sus aguas. El gobierno de Evo Morales sometió esta propuesta a consulta en el Departamento de Potosí,
resultando rechazada debido a que el gobierno local intentó agregar el pago de una supuesta “deuda
histórica”, que el Gobierno de Chile consideró improcedente. El grupo de trabajo encargado de discutir la
Agenda de los 13 Puntos, resolvió postergar las conversaciones; sin embargo, a pesar de múltiples intentos, no
se logró retomar el diálogo a este respecto, debido a la posición intransigente de los delegados bolivianos en
cuanto a negar la naturaleza internacional del Río Silala y exigir la cancelación de la supuesta “deuda histórica”
por parte de Chile.
Un nuevo elemento vino a complicar aún más la situación en 2013. El gobierno de Evo Morales
proclamó una nueva constitución, que en su Capítulo Cuarto “REIVINDICACIÓN MARÍTIMA”, artículo 267,
indica: “I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé
acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de
medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e
irrenunciables del Estado boliviano”.
Con esta proclama, el gobierno boliviano establece una clara intención de denunciar el Tratado de
1904, lo que sin duda es parte de la estrategia diseñada para alcanzar su reivindicación marítima; en ese
contexto, el conflicto por el Silala parece jugar un importante rol.
Situación actual
Como ya se enunció, a partir de este año el asunto del Silala ha vuelto con fuerza a la ya complicada
agenda bilateral. El pasado 23 de marzo, en su discurso con motivo de la celebración del Día del Mar, el
Presidente Morales formuló declaraciones que incomodaron al gobierno chileno: “Hermanas y hermanos, por
esta razón he instruido a Diremar (Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima) a que estudie las
alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Silala ante las instancias internacionales
competentes"1; al mismo tiempo, recordó la demanda marítima del país ante la Corte Internacional de Justicia
de La Haya por una salida soberana al mar. Agregó que: “resulta imprescindible que resolvamos los demás
temas pendientes de la agenda bilateral como el relativo al uso y aprovechamiento unilateral de Chile de las
1
En: www.paginasiete.bo/nacional/2016/3/23
aguas de los manantiales del Silala. Cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural sin
compensar este acto abusivo que vulnera nuestro patrimonio”. A estas discutibles declaraciones, Morales
sumó una posterior mediática visita al Río Silala acompañado por autoridades civiles y militares, donde reiteró
sus dichos.
Paralelamente y en la misma línea, el Canciller boliviano David Choquehuanca, ha alimentado a la
prensa nacional e internacional con duros comentarios, asegurando en su intervención ante la 46 Asamblea de
la Organización de Estados Americanos, en República Dominicana en junio recién pasado, que compañías
chilenas han intervenido los manantiales para modificar el curso del río y explotar ilegalmente el recurso
hídrico.
La creación del “Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y todos los recursos Hídricos en
frontera con la República de Chile” y la “Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala y todos
los recursos Hídricos en frontera con la República de Chile”, dan cuenta de la voluntad institucional de conducir
este problema hasta convertirlo en un contencioso relevante en las relaciones binacionales. El decreto
manifiesta estructuras, tareas, atribuciones y responsabilidades de los dos organismos, posicionándolos en el
más alto nivel de la conducción política del Estado.
Por otra parte, las infundadas denuncias del presidente Morales sobre la instalación de nuevas
poderosas unidades militares chilenas2 a 15 km del Silala, realizadas el lunes 9 de mayo durante una
conferencia de prensa en La Paz, permiten suponer una campaña de sensibilización dirigida a la opinión
pública destinada a obtener la solidaridad internacional en su voluntad de reivindicación marítima. Por cierto,
este no es el único interés: es evidente que la posibilidad de construir una causa que le permita reunir el apoyo
transversal de la comunidad boliviana, con fuerte rédito político interno, resulta altamente atractiva.
Esta vez el gobierno de Chile decidió actuar proactivamente y, con mucha reserva, preparó una
denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que presentó con fecha 6 de Junio. La intención
ha sido evitar la incertidumbre jurídica por dos años, plazo en el que Evo Morales declaró estaría en
condiciones de presentar su propia demanda ante el mismo tribunal. De esta manera, Chile asumiendo la
iniciativa, busca dirimir la contienda rápidamente, teniendo la seguridad absoluta de estar actuando conforme
al derecho internacional.
Lo que viene por delante
Este escenario en torno al Silala plantea otro nuevo desafío para las relaciones bilaterales con
Bolivia. Es claro que la importancia relativa de las aguas de este río es distinta para uno y otro lado de la
frontera: mientras que para Bolivia solo se utiliza —por ahora y mientras no se haga crítica la falta de este
elemento— para cubrir las necesidades básicas de agua de algunos pequeños poblados cercanos a la cuenca,
en Chile es vital para la industria minera y para el abastecimiento de Antofagasta. En consecuencia, pareciera
ser que el Silala le interesa más a los bolivianos como “moneda de cambio” para negociar su demanda
marítima, que por el recurso hídrico en sí.
La conflictividad derivada de la explotación de fuentes de agua ha preocupado a organismos
internacionales y, por supuesto, esta no fue excluida. El Programa de las Naciones Unidas para el
2
Nunca ha existido tal unidad militar. Lo que efectivamente hizo el Ejército de Chile, fue desplegar una pequeña patrulla
militar en pueblo de Cariquima, ubicado a 15 km de la frontera con Bolivia y a más de 300 kms. del rio Silala, con el fin
de reforzar el trabajo policial destinado a combatir el crimen organizado proveniente del vecino país.
Medioambiente (PNUMA) definió al Silala como una de las “cuencas hidropolíticas más vulnerables del
mundo”3, considerando como “vulnerabilidad hidropolítica” al riesgo de conflicto político en ríos compartidos
por dos o más Estados. Según este mismo organismo, la vulnerabilidad aumenta o disminuye a partir de la
manifestación o ausencia de una serie de factores que caracterizan las relaciones entre los Estados, entre
otros: las buenas o malas relaciones que existan, la existencia o inexistencia de tratados internacionales, la
simetría o asimetría del desarrollo económico, social o institucional, la variabilidad climática natural, etc.
A pesar que no existe una sola opinión acerca de si la explotación de recursos hídricos es causal de
conflictos violentos, atendiendo a la evidencia empírica arrojada por una investigación de la Universidad
Estatal de Oregon,4 en la cual se estableció que casi dos tercios de los diferendos por aguas de cuencas
internacionales entre los años 1948 y 1999 fue resuelto con medidas cooperativas, no es posible descartar que
una contienda como la que se sostiene hoy por el Silala pueda llevar a un incremento de la ya existente
tensión en las relaciones entre ambos países. El análisis de los factores que permiten suponer el aumento de la
resiliencia o disminución de la vulnerabilidad hidropolítica en este caso, no es auspicioso (ver infografía).
La iniciativa chilena, en cuanto a denunciar el conflicto ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, marcha en esa dirección: acelerar el proceso tanto como se pueda y forzar el diálogo, evitando esa
perjudicial condición de incertidumbre derivada de la eternización de desacuerdos, aun cuando sean —como
en este caso— provocados infundadamente por una de las partes. Por otra parte y según lo declarado por la
abogado Ximena Fuentes, agente chilena en La Haya, en una entrevista publicada por EMOL el día 01 de julio,
la demanda no tiene “un objetivo político o comunicacional”, sino que solo se pretende que esta Corte
ratifique la condición de río internacional del Silala y, en consecuencia, el derecho de ambos Estados de
beneficiarse de él. Agregó que "si esperábamos dos años —en presentar la acción ante la CIJ— nos
exponíamos primero a un uso comunicacional (de La Paz) y también a que Bolivia intente actividades para que
no nos llegue agua y nos ponía en una situación de riesgo que desviaran artificialmente el curso del agua hacia
otro lugar".
La posición chilena es clara y sustentada en contundentes argumentos históricos y jurídicos: el
Silala es un río internacional y por tanto sus recursos hídricos deben ser explotados conforme a la normativa
jurídica lo establece, por lo que no cabe la tesis sostenida por Bolivia. Ahora solo queda esperar que la Corte
Internacional de Justicia lleve a cabo el proceso y dictamine en derecho.
CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
EL PRESENTE ARTÍCULO NO REPRESENTA EL PENSAMIENTO OFICIAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS.
3
Hydropolitical Vulnerability and Resilience along International Waters LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. United
Nations Environment Programme, 2007, p. 65.
4
Ibid., p. 5.