hagamos de promesa una que valga la pena

hagamos de promesa una que valga la pena

HAGAMOS DE PROMESA UNA
QUE VALGA LA PENA
Por: Lcdo. Omar J. Marrero
17 de agosto de 2016
Puerto Rico se encuentra en uno de los momentos más trascendentales y determinantes en
su historia. La Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(PROMESA, por sus siglas en inglés) que impone una Junta Federal de Control Fiscal (la “Junta”)
para supervisar las operaciones presupuestarias y fiscales del Gobierno de Puerto Rico deja al
descubierto las limitaciones y lo indefensa que está nuestra Isla como resultado de nuestra relación
territorial con los Estados Unidos de América (EE.UU.).
Las tres ramas gubernamentales de EE.UU. han confirmado expresamente, y ya sin tapujos,
que Puerto Rico sigue siendo un territorio subordinado a los poderes plenarios del Congreso en
virtud de la Cláusula Territorial de la Constitución de los EE.UU. De hecho, la aprobación de
PROMESA ha resultado ser, por si todavía quedaba alguna duda de nuestra relación con EE.UU.,
la manifestación de la dependencia colonial o territorial en su máxima expresión. Así las cosas,
PROMESA regresa a Puerto Rico a los tiempos de la Ley Foraker de 1900 y la Ley Jones de 1917,
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pero ante circunstancias actuales muy distintas y más complejas por nuestras realidades internas y
las externas de un mundo globalizado, competitivo y de cambios continuos y vertiginosos.
Desde que se circuló el primer borrador de PROMESA hasta que se firmó por el Presidente
Obama, no se hicieron esperar las críticas por su deficiencia democrática y por constituir un
ejercicio del poder de la Metrópoli que evidencia la falta de libertades de los puertorriqueños y
puertorriqueñas. De igual forma, se han sumado las denuncias que PROMESA no contiene
elemento alguno para implementar en Puerto Rico un plan abarcador de desarrollo económico que
no solo restaure el acceso de Puerto Rico a los mercados capitales y permita que el gobierno
estabilice sus finanzas públicas, sino que también logre mejorar la calidad de vida en Puerto Rico
para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. En fin, se argumenta que muchas de
nuestras libertades se verán afectadas por PROMESA. Pero en mi opinión existe una principal que
se ha visto severamente lesionada desde mucho antes de la consideración de tal legislación;
específicamente, la libertad económica de cada puertorriqueño y puertorriqueña.
De acuerdo con Beach y Kane (2008), se denomina libertad económica al componente de
la libertad que se centra en la independencia material de toda persona con relación al Estado. Por
ende, un individuo logra ser libre económicamente solo cuando tiene el control absoluto de su
esfuerzo y sus bienes. Consecuentemente, se puede concluir que “la definición de libertad
económica abarca todas las libertades y derechos de producción, distribución o consumo de bienes
y servicios” (Beach & Kane, 2008).
No obstante, en aras de medir el concepto abstracto de la libertad económica, la Fundación
Heritage (en inglés, The Heritage Foundation)1 desarrolló el Índice de Libertad Económica en
1995, el cual pretende evaluar el desarrollo de tal principio a través de las distintas jurisdicciones
del mundo. Para poder lograrlo, la Fundación conceptualizó 10 libertades específicas que en su
agregado proveen un marco de referencia para cuantificar la libertad económica, entre las que se
encuentran las siguientes: (1) libertad comercial, (2) libertad de comercio internacional, (3)
libertad fiscal, (4) tamaño del gasto gubernamental, (5) libertad monetaria, (6) libertad de
inversión, (7) libertad financiera, (8) derechos de propiedad, (9) libertad frente a la corrupción, y
(10) libertad laboral (Miller & Kim, 2016). Sin embargo, según expuesto por Beach y Kane
(2008), la libertad económica representa un fin en sí mismo, y los individuos solo podemos ser
libres de trabajar, producir, consumir e invertir siempre y cuando nuestra libertad sea protegida
por el Estado y éste no la restrinja. Aunque a nivel nacional el Gobierno Federal en ocasiones ha
facilitado tal derecho, el gobierno local lo ha restringido históricamente.
Los datos del Índice de Libertad Económica de 2016 de la Fundación Heritage (“Índice del
2016”) demuestran una vez más la correlación positiva que existe entre la libertad económica y el
desarrollo humano; específicamente, se evidencia que aquellas jurisdicciones con mayor nivel de
libertad económica tienen un nivel significativamente mejor que el resto en términos de (1)
crecimiento económico, (2) ingresos per cápita, (3) atención médica, (4) educación, (5) protección
1
Fundada en el año 1973, la Fundación Heritage es un centro de investigación y una institución educativa,
cuya misión es formular y promover política pública de corte conservador y fundamentada en los principios
de libre empresa, gobierno limitado, libertad individual, valores americanos tradicionales y sólida defensa
nacional.
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del medio ambiente, (6) reducción de la pobreza, y (7) bienestar en general (Miller & Kim, 2016).
Las mismas áreas que todo gobierno debe procurar mejorar para el beneficio de todos. Es decir, a
mayor libertad económica, mejor calidad de vida. Por tanto, los resultados del Índice del 2016
confirman que “sólo se puede lograr un dinamismo económico sostenido cuando los gobiernos
adoptan políticas económicas que habilitan un mayor número de opciones para personas y
empresas, fomentando una mayor capacidad de emprendimiento” (Miller & Kim, 2016). Por tanto,
solo ampliando la protección de tal derecho podemos tener ante nosotros una guía segura para
desarrollar soluciones creativas a problemas previsibles. No hay otra mejor forma, y la evidencia
así lo sustenta.
Lamentablemente, muchos han sido los casos donde el Estado ha afectado la libertad
económica bajo el pretexto de lograr otros propósitos sociales y Puerto Rico no ha sido la
excepción; particularmente, cuando recientemente en lugar de tomar medidas que nos encaminen
hacia la ruta del desarrollo económico, se han tomado medidas en la dirección contraria. En una
columna anterior, el licenciado Jorge San Miguel, diagnosticó acertadamente el síndrome al
señalar que “Puerto Rico recientemente ha girado en contra de todos estos principios de libertad
económica – creciendo el gasto público, eliminando reformas contributivas y de permisos y
gravando y limitando la actividad comercial y de inversión” (San Miguel, 2015).
Por tanto, siendo honestos con nosotros mismos, tenemos que concluir que Puerto Rico
está donde está por el resultado de malas decisiones de política pública tomadas por la
administración del momento. Es por eso que ahora más que nunca se necesitan presentar
propuestas e iniciativas que puedan colocar a Puerto Rico de nuevo en la ruta del desarrollo
económico. Sin embargo, ante la aprobación de PROMESA, ahora debemos enfocarnos en cómo
transformar la Isla en un mejor Puerto Rico bajo el umbral de tal legislación y la Junta que encierra.
Ciertamente, la calidad de vida Puerto Rico tiene espacio para mejorar considerablemente;
particularmente, si la misma va a atada a expandir la libertad económica de nuestros ciudadanos.
Dado que al final del día, la Junta es una fiscal y no de política pública, aún tenemos nosotros la
responsabilidad de desarrollar e implementar localmente las propuestas e iniciativas que harán que
Puerto Rico alcance el nivel de desarrollo económico que necesitamos para salir de la crisis que
nos agobia. La presencia de la Junta en nada cambia dicha obligación y responsabilidad, solo que
ahora debemos salvaguardar que las iniciativas y su implementación no choquen con el plan fiscal
y presupuestario que se desarrollarán bajo la supervisión de la Junta.
Uno de los aspectos de PROMESA que no ha recibido mucha atención, y que en mi opinión
puede representar un componente de cualquier plan de desarrollo económico que se fundamente
en libertad económica, es el Título V de PROMESA titulado Puerto Rico Infrastructure
Revitalization. Esta sección de la ley provee para que se identifiquen proyectos de infraestructura
que puedan clasificarse como “críticos” bajo PROMESA. Una vez clasificados como tal, los
mismos podrían gozar de flexibilidad regulatoria y proceso expedito en la obtención de permisos
bajo la Ley 76 del 5 de mayo de 2000. Para determinar si se tratan de Proyectos Críticos, según
definidos por PROMESA, se tomará en cuenta, entre otros factores: (1) el impacto que tendría ante
una emergencia, (2) la disponibilidad de capital privado u otros fondos, (3) el costo del proyecto,
(4) los beneficios económicos y ambientales incluyendo empleos a crearse para residentes de
Puerto Rico, (5) la etapa de proyecto en que se encuentra, de ser uno existente, y (6) el desarrollo
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de fuentes alternas de energía para reducir dependencia de combustibles fósiles en casos que el
proyecto sea uno de energía (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of
2016, Sec. 503).
De entrada, podemos notar que tales criterios se asimilan, en cierta medida, con los criterios
de evaluación que se incluyen en la Ley 29 del 8 de junio de 2009 para selección de un proponente
bajo el esquema contractual de las Alianzas Público Privadas (Ley de Alianzas Público Privadas
de 2009, 27 L.P.R.A.§ 2608). Por tanto, sea en el contexto de la Junta o al palio de otra legislación
o política pública local o federal, es necesario el desarrollo de un plan integral para identificar y
desarrollar proyectos de infraestructura que puedan generar a corto y mediano plazo actividad
económica para el beneficio de todos. De hecho, en cuanto a la trascendencia de proyectos de
infraestructura para el desarrollo económico, el Informe de Competitividad Global del 2010 del
Foro Económico Mundial señaló lo siguiente:
Una infraestructura amplia y eficiente es fundamental para garantizar el
funcionamiento eficaz de la economía, ya que es un factor importante para
determinar la ubicación de la actividad económica y los tipos de actividades o
sectores que puede desarrollarse en una economía en particular. Una infraestructura
bien desarrollada reduce el efecto de la distancia entre las regiones, integrando el
mercado nacional y conectándolo a bajos costos con mercados de otros países y
regiones. Además, la calidad y extensión de las redes de infraestructuras incide
significativamente en el crecimiento económico y afectan a las desigualdades de
ingresos y la pobreza en una variedad de formas. Una red de infraestructura de
transporte y comunicaciones bien desarrollada es un requisito previo para el acceso
de las comunidades menos desarrolladas a las principales actividades económicas
y de servicios.(Schwab, 2010, p. 14)
En cuanto a su efecto en la economía, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas de
Puerto Rico concluyó en el 2011 que “la inversión en infraestructura constituye uno de los
principales medios que dispone el sector público para promover el incremento de ingreso, empleo,
productividad y por consiguiente la competitividad de una economía determinada”.
Sin embargo, durante los pasados años poco se ha desarrollado mediante Alianzas Público
Privadas, dejando sobre la mesa una fuente excepcional de financiamiento privado para desarrollar
obra tan necesitada y reactivar así la maltrecha economía. Es por eso que hoy más que nunca se
debe reactivar la utilización de tan excelente herramienta. Asimismo, ante la figura de la Junta,
debemos aprovechar el Título V de la Revitalización de Infraestructura de PROMESA para
presentar un Inventario de Proyectos Críticos, según permite dicha ley, que no solamente pueda
funcionar bajo el esquema de la Ley 29-2009 sino que también gozaría del tracto expedito
dispuesto en PROMESA para tales proyectos de envergadura. Entre aquellos proyectos que
pudiesen presentarse ante la figura del Coordinador de Revitalización que crea PROMESA se
encuentran los siguientes:
1.
Plantas de Energía Eléctrica con particular a la utilización de gas natural y fuentes
renovables de energía
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2.
Puertos Marítimos y Aeropuertos Regionales con particular atención a aquellos en
el Sur, Este y Oeste de Puerto Rico
3.
Redes de telecomunicaciones que asistan en la gestión de seguridad, educación,
salud y economía
4.
Carreteras, puentes y sistemas de transportación colectiva
5.
Infraestructura Social incluyendo Escuelas, Instalaciones de Salud, Centros de
Tratamiento Social e Instituciones Correccionales
En la medida que proyectos como los anteriores puedan recomendarse y clasificarse como
Proyectos Críticos bajo PROMESA, algunas libertades asociadas con la libertad económica podrán
verse beneficiadas; específicamente, la libertad comercial, la libertad fiscal, el tamaño del sector
estatal, la libertad de inversión, la libertad financiera, y los derechos de propiedad.
Consecuentemente, la medición de nuestra libertad económica se vería favorecida y, por ende, nos
colocaríamos en una ruta probada de desarrollo económico. Con mayor libertad económica, viene
mayor poder político y social a la vez que se amplían las oportunidades para todos.
Indudablemente, nos encontramos ante una coyuntura histórica. Sin embargo, hace 240
años, los EE.UU. también tuvieron ante sí la necesidad de hacer una Declaración. Hoy, le toca a
Puerto Rico hacer también una Declaración de Libertad, pero la nuestra consiste en el
reconocimiento de la libertad económica como derecho fundamental en aras de una tan necesitada
recuperación económica. Por tanto, en el contexto de la junta o por mecanismos e iniciativas
distintas, se debe buscar la manera de ampliar la libertad económica en Puerto Rico para el
beneficio de todos y todas, ya que como señaló el Director del Proyecto de Libertad Económica
Global del Instituto Cato, Ian Vázquez, la “[libertad económica], no es solo un fin en sí mismo,
sino que sustenta las demás libertades: la política y la civil” (Vázquez, 2006). En esa misma línea,
publicó la Fundación Heritage que
El fin último de la libertad económica es el de empoderar a las personas con un
mayor número de oportunidades para que puedan elegir por si mismas como aspirar
y alcanzar sus sueños, sujetos únicamente a las bases del Estado de Derecho y la
honesta competencia con otras personas. (Miller & Kim, 2015, p.6)
En cuanto a los efectos del reconocimiento de la libertad económica, Miller & Kim sostienen que:
No hay una única respuesta para los específicos retos de desarrollo a los que nos
enfrentamos. Sin embargo, una cosa es segura: los gobiernos que respetan y
fomentan la libertad económica proporcionan el mejor entorno para la
experimentación, la innovación y el progreso, y es mediante ellos que la
prosperidad y el bienestar de la humanidad crece. (Miller & Kim, 2015, p.6)
En resumen, aunque PROMESA y la Junta de Control Fiscal Federal que impone sobre el
Gobierno de Puerto Rico representaría un reto de gobernanza, no puede provocar que no miremos
hacia el futuro de forma optimista y con la convicción que podemos lograr todo lo que nos
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propongamos como pueblo. Tenemos una oportunidad ante nosotros para adoptar políticas
públicas de avanzada que encaminen un plan de desarrollo basado en la libertad económica de los
ciudadanos y la obligación de permitir que todos puedan disfrutar de ella a través de los distintos
renglones relacionados como seguridad, salud, educación y economía. Estoy convencido que
asumir un compromiso a favor de la Libertad Económica y de encaminar iniciativas que la
promuevan y faciliten, es hacer de PROMESA una que valga la pena. ¡Hagámosla!
Referencias
Autoridad de las Alianzas Público Privadas (2011). La importancia de las Infraestructuras. Retrieved June
30,
2016
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http://www.app.gobierno.pr/wp-content/uploads/2010/12/APP-La-importancia-de-lasinfraestructuras-Volumen-1-FINAL.pdf
Beach, W. W., & Kane, D. (2008). Metodología: Medición de las 10 libertades económicas. The Heritage
Foundation. Retrieved June 28, 2016 from http://www.heritage.org/index/pdf/2008/index2008_chapter4_spanish.pdf
Miller, T., & Kim, A. B. (2016). El Índice 2016 de Libertad Económica. The Heritage Foundation Libertad.org
(M.
Lindberg,
Trans.).
Retrieved
June
28,
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http://libertad.org/wpcontent/uploads/2016/03/Indice-2016.pdf
Miller, T., & Kim, A. B. (2015). El Índice 2015 de Libertad Económica. The Heritage Foundation Libertad.org (M. Lindberg, Trans.). Retrieved June 28, 2016 from
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/Highlights_Spanish.pdf
San Miguel, Jorge (2015). Puerto Rico: Retomando el Crecimiento Económico. Centro para Renovación
Económica, Crecimiento y Excelencia. Retrieved June 30, 2016 from http://www.centrocrece.org/ingles/puerto-ricoretomando-el-crecimiento-economico/
Schwab, K. (2010). The Global Competitiveness Report 2010–2011. World Economic Forum. Retrieved
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June 30, 2016 from http://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2006-02-16.pdf
Ley de las Alianzas Público Privadas, 27 L.P.R.A. §§ 2601 et seq. (2009, suppl. 2014)
Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016
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