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81-82
e n e r o-j un i o 2 015
ENFOQUE
¿Qué son los Estados Unidos?
Una mirada latinoamericana
sobre los Estados Unidos y su sistema político / 4
Luis Maira
Comentario sobre la crisis
del sistema político norteamericano / 11
Soraya M. Castro Mariño
Estados Unidos:
ideología y política en tiempos de transición / 16
Jorge Hernández Martínez
La seguridad nacional estadounidense
y las tecnologías de la información / 25
Abraham R. Wagner
Comentario sobre seguridad nacional
y las tecnologías de la información / 33
Carlos del Porto Blanco
La misión y la naturaleza
de los medios de difusión del mainstream / 36
Paul Louis Street
Comentario sobre medios
y esfera pública en los Estados Unidos / 45
Raúl Garcés Corra
Apuntes sobre los dilemas
de la economía política estadounidense / 53
Víctor M. Godínez
Comentario sobre la sostenibilidad
en la economía política norteamericana / 58
Ariane van Buren
Estados Unidos: una nación de naciones / 61
Patricia de los Ríos
Comentario sobre la cuestión migratoria
en los Estados Unidos / 67
Antonio Aja Díaz
73 / ¿Qué significan los latinos
en los Estados Unidos?
Carlos Heredia Zubieta
81 / La política de la identidad
y el voto latino en los Estados Unidos
Arturo Santa Cruz
89 / Comentario sobre la política de la identidad
y el voto latino en los Estados Unidos
Jesús Arboleya
91 / La política de los Estados Unidos hacia Cuba:
formación, factores y fantasmas
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue,
Rafael Hernández
CONTROVERSIA
111 / Veinte años: la reforma constitucional
(1992-2012)
Orlando Cruz, Julio César Guanche, Ulises Aquino,
Rafael Hernández (moderador)
ENTRETEMAS
125 / Políticas nacionales de comunicación
en el nuevo modelo cubano
Rafael Ángel Salazar Martínez y colaboradores
133 / Rodolfo Walsh: en busca de la palabra ajena
Celina Fernanda Ballón Patti
141 / C. Wright Mills: el profeta olvidado
Ricardo Alarcón de Quesada
149 / La URSS y el sistema-mundo.
La formación soviética ante el capitalismo global
Iván Felixovich León Zhukovskii
LECTURA SUCESIVA
158 / ¿«Cubanólogos» o cubanistas?
Carmelo Mesa-Lago
165 / La voz venezolana de Nicolás Guillén.
Apuntes sobre su identidad latinoamericana
Norberto Codina
171 / Las Antillas hispanas y el azúcar
Juan Valdés Paz
174 / Escribir en crisis.
Margarita Mateo entre el ensayo y la ficción
Daniel Díaz Mantilla
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Subdirector
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Gilberto Valdés,
Instituto de Filosofía.
Omar Valiño.
John Womack,
Universidad de Harvard.
Yolanda Wood,
Casa de las Américas.
Mirta Yáñez.
¿Qué son los Estados Unidos?
A menudo se reducen los Estados Unidos
a la proyección del imperialismo,
y se olvida que es un país y una nación,
con una historia, una sociedad, un sistema político
y una cultura cívica particulares. Resulta común también
limitar la política norteamericana a su dimensión
ideológica, de manera que los factores específicos que
forman esa política, y explican su razón de ser
se resuelven con un formulario
de sentencias codificadas.
Esta entrega de Temas procura rebasar
ese reduccionismo, adentrarse en la complejidad
de los Estados Unidos, desde la perspectiva
de las ciencias sociales, y proveer una visión actualizada
sobre algunos problemas principales del país real.
Se armó a partir de un taller de autores celebrado en
marzo de 2015, coauspiciado por la red de Relaciones
Internacionales de América Latina (RIAL), donde
participaron conocidos analistas, provenientes de los
Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Cuba.
Temas agradece a Luis Maira, coordinador de RIAL
y fundador del antiguo Instituto de Estados Unidos
del CIDE, por su colaboración decisiva en la organización
y realización de este taller; a la oficina cubana de OXFAM
Canadá, a la Fundación Christopher Reynolds y a la
Fundación Threshold, por su apoyo; y a los autores e
investigadores especialmente invitados que debatieron
los ensayos publicados en su versión
de borradores. De manera excepcional en un número
de Temas se incluyen algunos de esos comentarios,
que aportan valor agregado a la comprensión sobre los
problemas norteamericanos. El análisis crítico informado
sobre esa agenda, naturalmente, rebasa estas páginas.
Estas solo intentan una modesta contribución a
los estudios norteamericanos y su difusión,
en un momento histórico clave
para el hemisferio que compartimos.
Una mirada
latinoamericana
sobre los Estados Unidos
y su sistema político
Luis Maira
Consejo de Relaciones Internacionales
de América Latina y el Caribe (RIAL).
U
na de las grandes insuficiencias en las ciencias
sociales de América Latina en el siglo xx fue
el estudio de los Estados Unidos. Esto se hizo
mucho más nítido desde el fin de la Segunda
guerra mundial, cuando ese país se convirtió en la
primera superpotencia del mundo, lo que dio inicio a
las casi cinco décadas de enfrentamiento con la Unión
Soviética sobre proyectos de civilización —del que
formó parte la Guerra fría—, cuando América Latina
fue siempre un área de influencia preferente para el
gobierno de Washington.
El único campo en el que hubo amplios estudios
fue el de las relaciones internacionales bilaterales de
cada uno de los veinte países latinoamericanos con
la potencia del norte. En cambio, fue particularmente
deficitario el trabajo, tanto en la docencia como en
la producción académica, acerca de lo que ocurría
dentro de ese país y, en especial, de la lógica del
funcionamiento de su sistema político y del proceso
de toma de decisiones de su política exterior.
En nuestra región abundaron los ensayos y
proyectos antimperialistas, pero se mantuvo constante
ese déficit del conocimiento acerca de la forma en
que se adoptaban las decisiones en la Casa Blanca,
el Capitolio y los mayores estados de la Unión, así
como del quehacer y la influencia de los principales
actores privados: las grandes empresas, los medios
de comunicación, las iglesias, las más importantes
universidades, las minorías étnicas y otros grupos
activos que participaban e influían en los debates sobre
las cuestiones internacionales. Semejante vacío tuvo
un costo elevado para la defensa de nuestros intereses,
particularmente en las situaciones de crisis que vivieron
4
Luis Mairan. 81-82: 4-10, enero-junio de 2015
varios países latinoamericanos con las autoridades de
Washington, que el Departamento de Estado llamaba
test cases (CIDE, 1981; Maira, 2014a; 2014b).
Solo dos países pueden considerarse excepciones
dentro de esta tendencia: México y Cuba. Ambos
tuvieron razones distintas, pero poderosas, para
emprender dicho esfuerzo. México, por sus 3 200
kilómetros de frontera, que marca una separación
no solo de dos países, sino entre «dos mundos», en
esa época conocidos como el del desarrollo y el del
subdesarrollo. Cuba, en cambio, actuó acuciada por
el incesante conflicto iniciado pocos meses después
del triunfo de la Revolución cubana y que tuvo
en el Ejecutivo y el Congreso estadounidense un
tratamiento particularmente implacable. Ello obligó a
los especialistas del gobierno cubano y a sus académicos
a realizar un aprendizaje consistente de lo que ocurría
en la Unión Americana, que se llevó a cabo, primero, en
el Centro de Estudios sobre América, adscrito al
Partido Comunista y luego se fue extendiendo a
diversos círculos universitarios hasta llegar a la
comprensión sofisticada que hoy tienen del decision
making process de ese país (Hernández Martínez,
2008; Arboleya Cervera, 2013; Sánchez-Parodi, 2014;
Morales y Ramírez, 2015).
La verdad es que, para entender a los Estados
Unidos y lo que ocurre «adentro» de su régimen
político, un latinoamericano debe comenzar por asumir
las distintas lógicas que tienen nuestras respectivas
historias. Un hito orientador al respecto es el profundo
estudio que los historiadores Lewis Hanke (1966), de
la Universidad de Columbia, y el mexicano Edmundo
O’Gorman realizaron a finales de los años 50, para
confirmar las diferencias entre las dos Américas: la
anglosajona y la latinoamericana. La conclusión de
estos trabajos acerca de las distintas racionalidades de
ambas en cada período —el de los pueblos originarios,
el del dominio de los conquistadores europeos y el de
la existencia independiente de los Estados— prevalece
hasta hoy con pocos reparos. Por eso, una primera
exigencia para cualquier especialista de nuestra región
que se interese por comprender el sistema político
norteamericano es olvidar cómo se organiza el poder y
se decide las políticas en cualquiera de nuestros países,
porque eso solo conduciría a distorsiones y errores.
Lo cierto es que la historia original de América
Latina da fe de civilizaciones y culturas muy avanzadas
como la maya, la inca, la olmeca o la azteca; mientras
que en la costa y el interior de Norteamérica había
escaso poblamiento y casi ninguna cultura significativa.
Luego, en los dominios españoles, y también en los de
Portugal, hubo un fuerte control de las coronas y un
manejo burocrático centralizado en torno a virreinatos
y capitanías generales. En el caso de España, las políticas
eran decididas por el Consejo de Indias y la Casa de
Contratación de Sevilla. A eso se agregó el peso de la
evangelización católica.
En las trece colonias, entre tanto, prevaleció la
lógica privada de las compañías colonizadoras, que
reclutaban directamente a los migrantes que, tras una
etapa ardua de trabajo al servicio de estas, se convertían
en agricultores independientes. Además, tuvieron una
fuerte tradición de autogobierno en el ámbito local.
Esto explica bien su proceso de independencia y su
capacidad para rebelarse contra medidas de la Corona
inglesa que los afectaban. El proceso de creación de
los Estados latinoamericanos fue más confuso y llevó
a resultados fragmentarios.
Los trece futuros integrantes de la Unión Americana
crearon la «primera nación moderna» (Lipset, 1992),
inspirada en el desarrollo del capitalismo —cuya
edificación se había iniciado en Inglaterra en el
siglo xvi—, con componentes financieros y una
efectiva acumulación originaria. Se beneficiaron de la
ausencia de todo pasado feudal y de sus conflictos. Los
americanos del norte creyeron siempre en la primacía
de esa forma de organización productiva y han
conocido en su historia un solo modo de producción,
el capitalista. Del mismo modo, se inspiraron en el
pensamiento político más avanzado de su tiempo: la
teoría liberal; y nunca se han apartado de las formas de
gobierno democrático-representativas que consideran,
junto con la economía de mercado, la base de una
nación superior. En el camino, los Padres Fundadores
aportaron numerosas creaciones al funcionamiento
de los sistemas políticos: la organización republicana,
el régimen presidencial, el Estado federal, un sistema
de controles entre los poderes públicos (checks and
balances) para impedir la amenaza de un Leviatán
descontrolado, y buscaron tener una Constitución
breve y estable para conducir el país. Entendieron que
con el federalismo habían instituido dos circuitos de
poder y buscaron, igualmente, el balance entre el
poder federal de las instituciones de Washington y el
que acumulaba la suma de los estados de la Unión.
Esto hizo que desde muy temprano se consideraran
constructores del régimen político más perfecto
que ha existido sobre la faz de la tierra y se creyeran
dotados, en virtud de esta superioridad, de un «destino
manifiesto».
Pero en la formación de los Estados Unidos
quedaron, también, importantes cuestiones pendientes,
la más importante de las cuales fue la definición del
proyecto de desarrollo del nuevo país. Esto originó
un largo debate entre un modelo inspirado en la
naciente revolución industrial, de carácter urbano
y manufacturero, y otro basado en una agricultura
moderna, centrado en la plantación, que sostuvieron
los dirigentes de los estados del sur. Esto último
Una mirada latinoamericana sobre los Estados Unidos y su sistema político
5
conllevaba el mantenimiento de lo que, elípticamente,
los historiadores de la época llamaron la «institución
peculiar», que no era otra cosa que conservar una
mano de obra esclava para dar viabilidad a los cultivos
de algodón y tabaco que prevalecían en la economía
sureña. Esta discrepancia abierta, en torno a fórmulas
incompatibles, acabó por producir, en 1861, la más
grave fractura en la historia del país: la guerra civil, que
decidió y encabezó el presidente Abraham Lincoln.
En los países ubicados al sur del río Bravo, en
cambio, la independencia tuvo un sesgo muy distinto.
En lugar de ser encabezada por expertos en la «ciencia
del gobierno», como Jefferson, Hamilton o Madison,
nuestros Padres de la Patria fueron líderes militares
que encabezaron una lucha armada, bastante más
compleja y prolongada, que comenzó en 1809 y solo se
decidió en la batalla de Ayacucho, en 1824. Luego, sin
voluntad para asumir el proyecto integrador de Bolívar
en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826,
nuestras naciones se fragmentaron hasta dar lugar a
dieciocho Estados, surgidos de los antiguos dominios
españoles, y el vasto territorio portugués que dio origen
a Brasil, los cuales se sumaron al pionero esfuerzo
que, en 1804, había dado forma a Haití, el primer
Estado independiente de la región latinoamericana y
caribeña.
En el examen de lo ocurrido en los Estados Unidos
en el siglo xix, un aspecto central tiene que ver con
la comprensión de los orígenes y desarrollo del
proyecto imperial norteamericano. En las versiones
históricas más tradicionales y difundidas se sostiene
que ese país mantuvo, hasta la guerra contra España
de 1898, una política exterior aislacionista, en la
que solo buscó la consolidación y ampliación del
proyecto salido del acuerdo de las trece excolonias
del Atlántico, con un claro énfasis en el afianzamiento
de su sistema político, de cuya superioridad, respecto
a la de sus congéneres europeos, sus gobernantes
no tuvieron nunca dudas. En esta interpretación se
considera como una clave fundamental el discurso
de despedida de la presidencia (Farewell Address) de
George Washington, en 1796 (Washington, 2015).
El primer presidente norteamericano exhortó a
sus compatriotas a no inmiscuirse en los conflictos
internacionales de su tiempo, que tenían como
teatro a Europa occidental y aprovechar, en cambio,
las ventajas de la distancia, posición geográfica
y «el espléndido aislamiento» del nuevo Estado
para perfeccionar un modelo económico que les
permitiera combinar la diversidad y monto de
sus recursos naturales y materias primas en un
territorio en expansión (principalmente tranquila)
con un desarrollo industrial acelerado. Eso les
fue permitiendo avanzar, simultáneamente, en los
procesos de invención e innovación tecnológica.
6
Luis Maira
En esta lectura de un vuelco inicial hacia adentro se
presta gran atención al dilema de mantener o abolir la
esclavitud, tema en que la contraposición de intereses
de los estados industriales del norte y los agrícolas del
sur dominó, claramente, el escenario desde principios
de la década de los 20 del siglo xix, hasta que se llegó
al acuerdo de interrumpir el ingreso de nuevos Estados
a la Unión, a menos que se hiciera en parejas, donde
uno era abolicionista y el otro se oponía a esta medida,
con lo cual se mantenían precariamente las bases de un
consenso nacional difícil. En esta misma interpretación,
sus sostenedores explican la ausencia de un mayor
involucramiento internacional, luego del término de la
Guerra de secesión, por la situación del debilitamiento
de la presidencia que siguió al asesinato de Abraham
Lincoln en 1865. Por única vez en su historia, los
Estados Unidos tuvieron un poder ejecutivo precario
frente a un Capitolio muy fuerte (Zakaria, 2000). Hubo
una sucesión de presidentes sin gran fortaleza, como
Andrew Johnson, Chester Arthur o Benjamin Harrison.
Además, en dos ocasiones, en 1876 y 1888, fueron
elegidos con minoría en el voto popular, en virtud de
uno de los defectos del sistema político: la elección
indirecta por el Colegio Nacional Electoral. Estos
gobernantes, efectivamente, carecieron de condiciones
para reflejar en el mundo el peso creciente del país en
los asuntos globales, concentrándose en la acelerada
expansión que la economía norteamericana viviera en
esas décadas, hasta convertirse en la primera potencia
industrial del planeta a comienzos de la década de los
90 del siglo xix, desplazando a Gran Bretaña.
Frente a esta lectura predominante, existe una
segunda a la que me adhiero. De acuerdo con ella, la
Unión Americana tuvo, desde sus orígenes y en todo
momento, un proyecto imperial, solo que este tuvo
un curso heterodoxo y se fundó en la idea de dar al
gobierno de la nueva nación una completa autonomía
frente al desgaste que le habría ocasionado una
participación temprana en los conflictos europeos,
los cuales definían la hegemonía internacional de la
época. En esta interpretación, las recomendaciones
del Farewell Address de Washington tienen que ser
vistas como una prevención de riesgos que se debían
evitar, y la invitación a un curso original y distinto,
que efectivamente se siguió. La clave de esta opción
fue pasar de un país de territorio mediano —las Trece
Colonias tenían un poco más de 800 000 km2 en una
franja del Atlántico norteamericano— a un país de
tamaño continental y a la vez bioceánico. La ejecución
de esa tarea —imperial en su esencia— tomó los dos
primeros tercios del siglo xix e hizo crecer doce veces
la superficie de los Estados Unidos. Se trata de una
secuencia conocida, que combinó el aprovechamiento
de las urgencias económicas de las potencias de Europa
—de ese modo se compró a Napoleón, en 1804,
el amplio territorio de Luisiana; y la desprotegida
superficie de Florida a España, en 1819; se tomó el
incontrolable enclave de Oregon en 1846, y se adquirió,
también por compra, la gran superficie de la Alaska de
los zares en solo 7,2 millones de dólares de la época.
Complementariamente, y ya en el terreno del
conflicto, la decisiva marcha hacia el oeste, emprendida
hacia comienzos de los años 30, implicó numerosas
guerras con los pueblos originarios del centro y el oeste
norteamericanos, a los que se eliminó o confinó, luego
de ejercer el predominio de las armas. En la misma
dirección hay que entender el apoyo del gobierno de
Washington a la autonomía de Texas, emprendida por
Samuel Houston en 1836, antecedente decisivo de la
guerra contra México de 1847, donde los efectivos
norteamericanos llegaron a ocupar la ciudad de México,
frente a la total debilidad en la que había caído el país
bajo la conducción caudillista de Antonio López de
Santa Anna. El tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848,
formalizó la integración a territorio norteamericano de
Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California,
unos dos millones de kilómetros cuadrados.
Si interpretamos todos estos episodios como parte
de un esfuerzo intencionado y sistemático, el ascenso
imperial de los Estados Unidos tiene que ser visto como
un diseño concebido en sus orígenes, que dio lugar a
un proyecto imperial único ejecutado en dos fases: una
de incesante expansión de su territorio propio y otra de
ejercicio global del poder internacional acumulado en
la primera etapa, lo que ocurre efectivamente cuando
al derrotar a España, luego de entrometerse en la
independencia de Cuba, cierra el ciclo de la decadencia
del Imperio español y obtiene el control de Puerto
Rico en el Caribe y de las Filipinas y las islas Guam en
el Pacífico asiático. Desde ese momento, ya no caben
dudas ni de la magnitud de la hegemonía internacional
norteamericana ni de la existencia de un proyecto
imperial en expansión.
A partir de ese escenario, que llevó, en el
Departamento de Estado, al uso de la expresión
mare nostrum para referirse al Caribe, se hizo
todavía más clara la significación de Cuba como un
objetivo estratégico inmediato de la política exterior
norteamericana. El debate sobre el valor de la Isla
y la conveniencia de anexarla venía desde la época
del establecimiento de los Estados Unidos y hay
referencias a ello del propio Thomas Jefferson. El
asunto volvió a plantearse a comienzos de los años 30,
en la Administración del presidente Andrew Jackson,
y se convirtió en un punto central en la plataforma del
Sur durante la Guerra de secesión. Igualmente, formó
parte constante del debate con posterioridad a esta y
eso explica los amplios preparativos que permitieron la
rápida incursión norteamericana después del episodio
del estallido del Maine. El virtual protectorado que
limitó la soberanía de Cuba con la Enmienda Platt
y la existencia permanente de regímenes políticos
autoritarios o semidemocráticos en la Isla hasta 1959,
explican la legitimidad que tuvo el conflicto entre el
gobierno de Fidel Castro y los ocupantes de la Casa
Blanca, acentuado por el dilema ideológico de un
modelo antagónico al capitalista, que planteaba el
programa de la Revolución cubana.
Los titulares de la Casa Blanca, desde la proclamación
del «corolario Roosevelt» (Roosevelt, 2015), tuvieron
cuidado, sin embargo, de no repetir el modelo de
dominación colonial que Gran Bretaña, Francia,
Alemania y otros países europeos habían establecido.
Más que ocupar naciones extranjeras de otras
características, y administrarlas en forma directa, los
Estados Unidos prefirieron imponer el comercio y la
inversión extranjera y el ejercicio de un poder imperial
exento de los costos de la gestión gubernamental.
Inicialmente, se conformaron con seguir siendo —pese
al poderío que mostró al definir, con sus contingentes,
la Primera guerra mundial, en 1918— una potencia
regional con fuerte influencia en América Latina y
Asia, donde ya tenía ventajas de todo tipo frente a las
potencias colonizadoras europeas. De este modo, no
fue sino hasta su enorme victoria en la Segunda guerra
mundial, tanto en los frentes europeos como los del
Pacífico, cuando llegó a ser la primera superpotencia
del mundo, habiendo mantenido la totalidad de
su territorio fuera del teatro de la guerra, lo que le
permitió controlar la mitad de la economía mundial
hacia 1945.
En esta segunda versión de su trayectoria imperial,
que ubica sus orígenes en la penúltima década del siglo
xviii, la primera fase concluyó al finalizar la segunda
conflagración mundial del siglo xx, cuando los Estados
Unidos se mantuvieron lejos del escenario bélico y
sus enormes destrucciones, y llegaron a un cenit del
poderío imperial que no había conocido antes ningún
otro hegemon.
A la luz de esta trayectoria de su política exterior,
resulta muy importante entrecruzar las etapas de
esta con las transformaciones internas del régimen
político consagrado en los Consensos de Filadelfia.1
A este respecto, lo más importante es subrayar
que los Estados Unidos han mantenido un marco
político institucional muy estable, pero, a la vez, han
desarrollado enormes transformaciones en las formas
de funcionamiento de su gobierno, a partir de pautas
aconsejadas por su desarrollo político, que no han
afectado, necesariamente, el marco de su ordenamiento
jurídico central.
La Constitución norteamericana de 1787 ha sido
definida siempre como la «carta de navegación» de su
trayectoria política. En efecto, es un texto breve que
Una mirada latinoamericana sobre los Estados Unidos y su sistema político
7
Para entender a los Estados Unidos y lo que ocurre «adentro» de su régimen
político, un latinoamericano debe comenzar por asumir las distintas lógicas
que tienen nuestras respectivas historias.
sustenta los grandes principios que han edificado la
nación, sin entrar en detalles sobre el funcionamiento de
los poderes públicos ni sobre el ejercicio de las garantías
fundamentales (la mayoría de estas modificaciones
contenidas en el Bill of Rights de 1791 (U. S. National
Archives..., 2015),2 que conviene entender como un
anexo a las normas del Congreso Constituyente de
Filadelfia). Esto explica que tenga una vigencia de más
de 225 años, habiendo experimentado solo veintisiete
enmiendas, que en verdad son quince, si descontamos
las diez primeras del Bill of Rights y la anulación de la
Enmienda XVIII, que en 1919 estableció la Ley Seca,
que fue suprimida por la Enmienda XXI de 1933.
Entre tanto, el régimen político efectivo del país ha
vivido enormes ajustes. En la primera época, y en parte
por el temprano desarrollo de los partidos políticos
estadounidenses, el gobierno y la administración
pública fueron vistos como un verdadero botín que
quedaba en manos de la fuerza política vencedora.
La culminación de esta práctica se produjo en el
gobierno de Andrew Jackson, período que los expertos
definen como el spoil system, algo completamente
disfuncional en una buena gestión gubernativa.
Así, fueron el progreso productivo y el crecimiento
económico norteamericano los que presionaron por
una mejor forma de administración, criterio que se
afianzó al término de la guerra civil, dando lugar a
normas que implantaron una administración civil del
Estado que buscó afianzar la estabilidad y el mérito
de los servidores públicos. Esto tuvo, con el pasar del
tiempo, un efecto político pendular, en la medida que
dentro de los diversos departamentos y agencias del
Estado emergió un poder burocrático cada vez con
más fuerza frente a las autoridades políticas emanadas
del voto ciudadano.
A medida que avanzó el siglo xx, en Washington
se consolidó lo que se conoció como «el gobierno
permanente». Esto fue especialmente nítido en la
formación de la política exterior, al crear áreas de
autonomía del Departamento de Estado en decisiones
muy importantes. En este surgieron doctrinas y visiones
que eran trasmitidas de una generación de funcionarios
a la siguiente, y sobre esa base se adoptaban, de manera
casi automática, muchas decisiones, sin considerar
necesariamente el parecer del Presidente de la República
y del Secretario de Estado. La Casa Blanca pasó a ser, así,
un lugar lleno de atribuciones nominales que no tenía
posibilidad de ejecutar, lo cual debilitaba su capacidad
para cumplir las promesas ofrecidas a la nación.
8
Luis Maira
Esta situación llevó las cosas a un punto crítico
luego de 1929, cuando el presidente Franklin Delano
Roosevelt buscó, en 1933, dar un turning point al
manejo de la Gran Depresión a través del New Deal,
y encontró oposición, entre otros lugares, en la
administración central del Estado. Esto dio lugar a un
segundo «ajuste fáctico» del funcionamiento político
del gobierno norteamericano. Apenas iniciada su
segunda administración, en enero de 1937, Roosevelt
estableció una Comisión destinada a reorganizar el
trabajo de la presidencia, cuya conducción encomendó
a uno de sus asistentes de mayor confianza, Louis
Brownlow. Este entregó, en 1939, el llamado Brownlow
Report, fundamento de la mayor transformación que
ha tenido el gobierno de los Estados Unidos (74th
Congress..., 1937).
La aplicación de estas recomendaciones dio origen
—en la Casa Blanca— a la Oficina Ejecutiva del
presidente, que los expertos en regímenes políticos
comparados han llamado «la presidencia personal».
A partir de la verificación de que el presidente de la
República necesitaba contar con una amplia asesoría
y orientación especializada para la adopción de las
políticas públicas en su entorno inmediato, esa Oficina
fue creando una diversificada red de asesores. Al
término de la Segunda guerra mundial —ya bajo la
conducción de Harry S. Truman— la Oficina pasó a
controlar un tejido de fuertes entidades públicas de
coordinación de las distintas esferas especializadas
del Poder Ejecutivo. Así se crearon organismos como
el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de
Administración de Presupuesto, el Consejo de Asesores
Económicos y, en tiempos de John F. Kennedy, la Oficina
del Representante Presidencial para las Negociaciones
Comerciales Internacionales. Estas acabaron por darle
al jefe de Estado un efectivo control de la marcha del
país, pues donde antes se producía el choque de equipos
burocráticos profesionales, vinculados a políticas públicas
cercanas, que originaban una disputa administrativa,
ahora se establecía una autoridad central subordinada
directamente al presidente, que dirimía, conforme a
la opinión de este, las diferencias producidas. En los
hechos, la suma de poderes y capacidades situados en la
Casa Blanca acabaron por controlar las determinaciones
de las burocracias especializadas, repartidas en los
departamentos y otros servicios públicos.
Esta tendencia al fortalecimiento del gobierno
en el ajuste del sistema político coincidió con el
tremendo aumento de la hegemonía internacional
norteamericana en el inicio de la segunda posguerra.
Para manejar la disputa global con la Unión Soviética,
que incluía dos visiones diferentes del mundo y de
la historia, el presidente de los Estados Unidos pudo
construir lo que se denominó un bipartisan approach
que le permitió ejercer, en forma efectiva, el liderazgo
en la conducción internacional de su país. Tal
conglomerado de atribuciones introdujo la expresión
«presidencia imperial», que luego el historiador y
cientista político Arthur Schlesinger recogiera en
el título de su famoso libro The Imperial Presidency
(1973). En este, argumenta acerca de la supremacía
definitiva del gobierno sobre el Congreso, dando una
especial relevancia a las atribuciones otorgadas por la
War Power Resolution que suprimió, en la práctica, la
declaración formal de guerra que antes sancionaba el
Capitolio.
Como quiera que sea, después de 1945 se rompió
el equilibrio buscado por los Padres Fundadores: en el
gobierno central, ahora prevalece el Ejecutivo sobre
el Legislativo; al mismo tiempo, en la Administración
Federal, los poderes de Washington predominan
ampliamente sobre la autoridad de los estados.
Pero, de acuerdo con una mirada histórica, tampoco
esta forma de gobernar, consagrada a principios de la
Guerra fría, ha perdurado, y especialmente a partir
de la severa triple crisis de comienzos de los años 70
—Watergate, la derrota en Viet Nam y la recesión
del Stagflation—, se han producido nuevos reajustes
que han complicado el funcionamiento práctico del
gobierno. La introducción de la discusión acerca
del tamaño del Estado —big vs. small State—, clave
en el ascenso del pensamiento neoconservador y
de la administración Reagan, ha roto los acuerdos
esenciales del período previo y ha introducido factores
de polarización política que dificulta el trabajo de
cualquier administración, con independencia de sus
preferencias políticas. Este cuadro de fragmentación del
poder y de una creciente dificultad en la construcción
de los acuerdos ha prevalecido a lo largo de la posguerra
fría y plantea, cada vez más, incertidumbres acerca de
la vigencia del ordenamiento institucional, que sigue
siendo considerado por los norteamericanos —pese a
sus fragilidades— como la mejor forma de organización
del gobierno.
Esto nos trae al momento actual en que, examinando
a los Estados Unidos desde América Latina y con
nuestra mirada, resulta indispensable actualizar
nuestras anteriores visiones.
En esta perspectiva, el período de la posguerra fría,
iniciado en 1991 con el fin de la Unión Soviética, tiene
una lógica curiosamente paradojal. En los inicios de
esta etapa, pareció que entrábamos a un momento
unipolar en el que los Estados Unidos prevalecían
como la única superpotencia global. Fue cuando
Francis Fukuyama (1992) hizo su profecía del «fin de
la historia» y los expertos internacionales hablaron
de un largo período de unipolar politics (Kapstein
y Mastanduno, 1999). La predicción era que casi
todos los países de la tierra se homologarían con
las propuestas norteamericanas de la economía de
mercado y la democracia representativa, casi como
una consecuencia automática del fin del comunismo.
Pero ese fue un momento extraordinariamente fugaz.
Los impresionantes atentados del 11 de septiembre de
2001 —apenas una década después— remplazaron ese
clima por uno de máxima inseguridad interna, que
llevó a George W. Bush a proclamar la «guerra contra
el terrorismo», las internaciones militares preventivas
y un regreso a la centralidad de los esquemas de
seguridad nacional. Luego, cuando todavía se vivían
los tropiezos de las invasiones militares de Afganistán
e Irak, la gran recesión producida tras la quiebra del
Banco Lehman Brothers, en septiembre de 2008,
planteó para los Estados Unidos nuevas dificultades
para el sostenimiento y ejercicio de su posición
hegemónica internacional.
La única certeza que deja la situación actual, que
parece abierta a tantos escenarios y cursos posibles,
es que el papel de los Estados Unidos como primera
potencia del mundo se irá ajustando gradualmente a una
línea de disminución de sus capacidades productivas
y ventajas tecnológicas, y que dispondrá de menos
poder y hegemonía en un sistema internacional sin una
gobernanza alternativa clara. Así como el mundo de la
segunda posguerra mundial tuvo un orden económico
global establecido en Breton Woods, en 1944,3 y un
sistema político estructurado en la Conferencia de San
Francisco, en 1948,4 con la creación de Naciones Unidas
—ambos funcionales a la hegemonía de Washington—
hoy día, en que ambas regulaciones son obsoletas, no
se avizora la implantación de un orden internacional
de remplazo, lo que nos coloca en medio de una
prolongada y compleja transición.
En este contexto, América Latina es una región
muy distinta de la que era hace siete décadas y a sus
países se les plantean otras opciones hacia la búsqueda
de experiencias de cooperación e integración regional
que redefinan apropiadamente los vínculos con la
potencia hegemónica del norte. También para esto y
para encarar las negociaciones que vienen, debemos
entender bien lo que ocurre dentro del sistema político
y la arquitectura que irá adquiriendo la política exterior
de los Estados Unidos.
Notas
1. La redacción de la Constitución de los Estados Unidos en 1787
en Filadelfia representó las bases de un verdadero «contrato social»
por la activa participación de sus 55 miembros. Esto, y el buen
Una mirada latinoamericana sobre los Estados Unidos y su sistema político
9
conocimiento de los temas de «la teoría del gobierno» que tenían
muchos de los redactores de la Constitución, explica la fuerza y
duración del mito de creación de un régimen político perfecto,
que surgió como resultado de este suceso.
2. El episodio de la implantación de la Ley Seca, por un lapso de
catorce años, no solo fue una operación completamente fallida, sino
que confirmó la inconveniencia de reflejar los climas morales de
una coyuntura y sus orientaciones en el marco institucional más
permanente de un país. Este episodio ha servido como argumento
para no introducir nuevos asuntos en la Constitución, aunque estos
tengan un gran apoyo en un momento determinado.
3. La reunión de Breton Woods, que se efectuó en instalaciones
hoteleras del Estado de New Hampshire, del 1 al 22 de julio de
1944, marcó el momento en que la principal potencia vencedora
de la Segunda guerra mundial, los Estados Unidos, aseguró su
hegemonía económica futura, mediante la creación del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial.
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4. Se realizó entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en
San Francisco, los Estados Unidos. Igualmente, la ONU reflejó
la posición dominante de la Unión Americana en la segunda
posguerra, bien reflejada en el derecho al veto que estableció en el
Consejo de Seguridad, junto a tres de sus principales aliados: Gran
Bretaña, Francia y, hasta 1971, China Nacionalista.
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Comentario sobre la crisis
del sistema político norteamericano
Soraya M. Castro Mariño
Profesora e investigadora. Centro de Investigaciones
sobre Política Internacional (CIPI)
D
espués del brillante texto de Luis Maira, que
resume casi 225 años de historia y política de
los Estados Unidos de América, me referiré
a algunas características actuales, a lo que
en su presentación Maira define como la adaptación
del sistema político a través de la práctica versus la
estabilidad normativa de la Constitución de 1787 y
su establecida tripartición de poderes, basada en los
principios de balance y contrapeso en un sistema de
carácter federal, que constituyó un hito histórico al
organizar un gobierno en una etapa histórica en la que
imperaban las monarquías.
Algo con lo que coincido, como punto de partida
obligatorio, es entender que los Estados Unidos han
conocido un solo modo de producción, el capitalista,
y su historia colonial es muy diferente a la de nuestra
América. José Martí resumía esto de manera magistral
cuando escribió: «Del arado nació la América del Norte,
y la española del perro de presa».
En las últimas décadas se ha hablado más de una
vez, en momentos particulares y coyunturas específicas,
sobre la decadencia y pérdida de liderazgo de los
Estados Unidos. Como regularidad, el énfasis recae en
su relativa pérdida de protagonismo y reducción de su
peso en la economía mundial. Esto es esencial, y no es
gratuito que la administración de Barack Obama haya
declarado que su prioridad es «vigorizar la economía
tanto a escala nacional como planetaria para reparar la
confianza de la nación y la reputación internacional».
La otra vertiente muy analizada para hablar sobre
«el fin del siglo americano» está relacionada con
sus capacidades para mantener la supremacía en un
sistema-mundo cambiante y de interdependencia
compleja y asimétrica, que se complica por la difusión
de poderes y autoridad, así como por la interacción de una
creciente y diversa multiplicidad de actores estatales y
no gubernamentales, públicos y privados, nacionales
y transnacionales. Es un entorno de altos niveles de
incertidumbre e inestabilidad de tipo multipolar o
policéntrico, en donde las estructuras tradicionales de
poder, en particular el Estado-nación, se ven precisadas
a lidiar con actores transnacionales legítimos e ilícitos,
e interactuar en una horizontalidad de relaciones
sociales, políticas y económicas mediante el acceso
universal a la red y las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC). En este entramado,
lógicamente, existen actores que tienen la propensión
a establecer sólidos espacios de poder a nivel regional
y global, así como a disputarles la supremacía
internacional a los Estados Unidos.
Pero, las distorsiones y confrontaciones o, como
decía el profesor Luis Maira, las prácticas de las
estructuras políticas del sistema —que también reflejan
situaciones de gobernabilidad y gobernanza—, pocas
veces son objeto de análisis.
Ya nada es puramente doméstico o internacional; por
eso, en este comentario quisiera destacar la necesidad
de considerar el criterio analítico de lo «interméstico»,
el cual nos permite realzar la necesidad de ponderar o
considerar que todo este debate tiene también raíces
muy profundas en la forma y actual comportamiento
del sistema político de los Estados Unidos de América
y su interacción con el sistema internacional.
Sin dudas, la ruptura del sistema bipolar y el fin
de la Guerra fría tuvieron un impacto en el sistema
político de los Estados Unidos, llamados a actuar
en un proceso cada vez más globalizado y marcado
por la financiarización de la economía internacional
y la creciente circulación de mercancías y servicios.
Asimismo, los sucesos terroristas del 11 de septiembre
de 2001 y la consecuente tragedia en términos humanos,
materiales y políticos constituyeron acontecimientos
sin precedentes en la historia de ese país. Resultaron un
punto de inflexión que implicó una revaluación de los
conceptos y las prioridades de su política de seguridad
nacional, doméstica y exterior.
Comentario sobre la crisisn.del
81-82:
sistema
11-15,
político
enero-junio
norteamericano
de 2015
11
La intención de consolidación del proyecto
de dominio internacional, desde una visión
neoconservadora, durante la administración de
George W. Bush, convirtió la causa de la libertad en
el exterior en prioridad de la seguridad interna desde
una perspectiva estrecha. Bajo esta lógica, se decidió un
conjunto de esfuerzos, encaminados a asegurar amplios
márgenes de maniobra que garantizaran la ejecución
de la política «preventiva» al abrigo de un Estado de
seguridad nacional paralelo, cimentado en el poderío
militar-policial de carácter represivo.
En el contexto del clima antiterrorista de un «país
en guerra» y la utilización del miedo como instrumento
político, tuvieron lugar drásticas variaciones en
las estructuras del Estado. Como resultado, en la
primera década del siglo xxi se observa la mayor
reestructuración del Estado-nación desde finales de
la Segunda guerra mundial. Principalmente destaca la
creación, rearticulación y fusión de las instituciones
más vinculadas a la función opresiva del Estado
y a las estructuras ejecutivas, relacionadas con el
proceso de conformación de la política exterior y de
seguridad. Esto se patentiza con el establecimiento de
un nuevo comando militar, el del Norte; la creación del
Departamento de Seguridad de la Patria, y la Oficina
del Director Nacional de Inteligencia; así como la
realización de intensos reajustes en las estructuras
de los departamentos de Estado, Tesoro, Comercio,
Justicia, etc.
A quince años de iniciado el siglo xxi, el actual
entorno ha estado signado, además, por la mayor
crisis económica después de la Gran depresión, el
sobredimensionamiento de la política exterior y de
seguridad, al decir de Paul Kennedy, y la elección del
primer presidente afroamericano en la historia de
los Estados Unidos, aspectos todos de una relevancia
singular.
Los Estados Unidos de América, al igual que a
finales del siglo xix, con el trasfondo económico del
proceso de industrialización y urbanización, enfrentan
en el tercer milenio, retos en la llamada «era de la
información». Con un liderazgo en el patrón científicotécnico productivo, particularmente en las áreas de
las ciencias de la vida, de las comunicaciones, de la
información, de la informática y la telemática, pujan
por encabezar el sistema mundial en todas la esferas
y, en particular, en el terreno de la llamada «economía
del conocimiento», pero se encuentran inmersos
en un contradictorio proceso de crisis que se refleja
particularmente en su sistema político.
En esencia, la economía nacional, la cultura pública
y el tejido social están en un período de cambios
fundamentales, altamente polarizado y disfuncional,
marcado por un espectro político que se ha movido
cada vez más a la derecha y con una fuerte ruptura
12
Soraya M. Castro Mariño
del llamado consenso bipartidista. Este concepto
es el que Pedro Javier González —en su artículo
«Contradicciones culturales y dilemas políticos»,
publicado en Cuadernos Semestrales de CIDE, en
1988— definiera como un «acuerdo mínimo que
posibilita la convivencia», y le imprime una dirección
específica hacia lo «viable socialmente» y lo «legítimo»
en política. Es un contexto complejo y caracterizado por
una gran ansiedad económica y moral, así como por el
temor del ciudadano medio de no poder enfrentar los
retos económicos y políticos que le impone el nuevo
siglo; lo cual explica, parcialmente, la volatilidad y
contradicción de la política, tanto a nivel federal, como
a estadual y local.
Con particular agudeza, en los últimos seis años,
durante la administración de Obama, los debates
públicos de matriz conservadora se han sumergido en
una agenda ideológico-cultural, a lo cual me referiré muy
brevemente más adelante. Se pone de relieve una crisis
del sistema de valores, credos e identidades; en otras
palabras, del imaginario social, que contribuye aún más
a la polarización e inmovilismo del sistema político.
La recuperación económica que viven los Estados
Unidos en 2015 es la más débil de los últimos
cuarenta años; es moderada y contradictoria, y, en
consecuencia, sigue siendo la principal fuente de
desvelo para su ciudadano medio. La inequidad social
y la gran desigualdad de ingresos se manifiestan, a
nivel socioeconómico y político, con 50 millones de
personas que viven por debajo del nivel de pobreza; lo
cual, a su vez, deviene factor negativo incluso para el
proceso de producción, reproducción y acumulación
del capital.
Esta trama es relevante y ha expuesto con extrema
severidad la crisis del sistema político, que a los
analistas de los Estados Unidos les gusta llamar a
broken system (un sistema roto). A su vez, el país debe
enfrentar arduos dilemas y serias contradicciones en
una sociedad multicultural y multirracial.
La confrontación en el sistema de gobierno de los
Estados Unidos, en particular entre la presidencia y el
Congreso, en donde la inacción política proyecta no solo
debilidad, sino incapacidad —baste recordar el cierre
parcial del gobierno y el debate sobre el aumento del
techo de la deuda en 2014—, emite al exterior grandes
dudas sobre la llamada «nación indispensable».
Las transformaciones generacionales y demográficas
(hay un panel sobre el tema de las minorías,
particularmente de los latinos, por lo cual obviaré
esta variable analítica), que tienen lugar, son de gran
envergadura y marcan pautas para la definición de las
agendas públicas del país y los procesos electorales, lo
cual provoca serias divisiones y escisiones.
El Estado mantiene el marco de securitización.
Esto propicia la restricción de las libertades civiles,
la vigilancia masiva de los ciudadanos y de las
organizaciones e instituciones de la sociedad civil.
El escenario se distingue por la arbitrariedad de los
órganos policiales y del orden público, cuya expresión
se patentiza en diferentes entornos, entre los que
destacan los ámbitos raciales (Ferguson es la punta
del iceberg) y la criminalización del asunto migratorio.
A pesar de la orden ejecutiva firmada por Obama en
2015, su administración lleva el «mérito» de haber sido
la que más deportaciones ha realizado en la historia de
los Estados Unidos.
Por otro lado, las tendencias ideopolíticas, liberales
y conservadoras, en el entendido de la lógica de esta
nación, trascienden las fronteras tradicionales de
los partidos y se está produciendo una amalgama
de corrientes políticas que también ocasiona un
movimiento en sus bases y pilares.
La fuerte «crisis del bipartidismo» sobrevive gracias
a un sistema electoral plutocrático que se define por las
características del Colegio electoral y se enraíza con la
actuación de los súperPACs, a partir del precedente
judicial de la Corte Suprema de Justicia: Ciudadanos
Unidos de Wisconsin vs. Comisión Electoral Federal.
Los procesos políticos, particularmente los comicios
federales, estaduales y locales, se desenvuelven en un
marco de coreografía mediática de un negativismo
brutal, que desafortunadamente tiende a trivializarlos y
situarlos en lo que Guy Debord denomina la «sociedad
del espectáculo».
La prolongada revuelta política conservadora
anti-Estado no se traduce en el dominio republicano
o demócrata del escenario público. Como resultado,
aumenta el número de electores independientes, sobre
todo en el grupo social de los jóvenes de la generación
del milenio y de aquellos que se autodefinen como
libertarios, sin que ello establezca las condiciones para
un nuevo realineamiento político a corto plazo.
Las élites gobernantes evitan el debate sustantivo
sobre la redistribución de la riqueza, la inequidad
socioeconómica, la desregulación; de esta manera se
ha postergado la solución de la controversial y central
polémica nacional de la relación Estado-sociedadindividuo. La parálisis e inmovilismo político alientan
el sentimiento de desencanto y desconfianza política
y social.
Como derivación, una creciente cultura del miedo a
la «otredad y/o alteridad», la apatía, el desdén y la falta
de confianza hacia las instituciones públicas del país,
que toca pico histórico, caracterizan la cultura política
de los Estados Unidos.
En consecuencia, en los últimos seis años, a nivel
federal, las relaciones Ejecutivo-Congreso son el escenario
axiomático de enfrentamientos ínter e intrapartidistas,
así como entre las diferentes corrientes ideopolíticas y los
intereses nacionales, estaduales y locales.
Los enfrentamientos entre la presidencia y el
poder legislativo federal provocan una relativa
inacción en la toma de decisiones y evidencian la
incapacidad de resolver situaciones complejas, lo que
pone al descubierto la disfuncionalidad del sistema.
Simultáneamente, propicia que los gobiernos estaduales
tengan un papel más importante en cuestiones que,
constitucionalmente, no son sus prerrogativas, como
es el caso de la política exterior y los temas migratorios.
Esto ha reanimado el viejo debate del federalismo y el
antifederalismo en la agenda pública. Destaca en el asunto
migratorio la actuación de los gobiernos estaduales y
el ejemplo más luctuoso lo encontramos en la Support
Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, ley
conocida como Arizona SB 1070, aprobada en abril de
2010. Esta, a pesar de haber sido parcialmente limitada
por las Cortes para su entrada en pleno vigor, ha servido
de patrón para medidas similares contra los migrantes
indocumentados en alrededor de veinte estados, entre
los que destacan Alabama, Idaho, Florida, Nebraska,
Indiana, Oklahoma, Georgia, Kentucky, Mississippi,
Carolina del Sur y Texas.
La realidad sociopolítica de los Estados Unidos se
proyecta en los procesos de participación política de
ambos partidos. La brecha que los diferencia es muy
corta, sin embargo, tanto en el Congreso como en las
relaciones con el Ejecutivo y a nivel de los estados,
se refleja de una forma especialmente cruenta. Los
desacuerdos sobre las vías concretas para solucionar
prioridades nacionales y la falta de convergencias
públicas en las bases sociales de los partidos políticos,
así como en la clase dirigente a nivel nacional, provocan
la inacción gubernamental en cuestiones centrales de
la agenda pública nacional y local.
Esta dinámica está muy presente en los ya iniciados
comicios de 2016, sobre los cuales no podré referirme
en detalles en este comentario, por razones de espacio.
No obstante, amerita mencionar que justamente es en
el escenario electoral donde, usualmente, se dirimen
y afloran con fuerza singular estas contradicciones,
puesto que su lógica pone a prueba los resortes
de adaptación del sistema, su legitimidad y, por
consiguiente, marca, en sentido general, los necesarios
reajustes estructurales provenientes de causas internas
y/o externas.
A pesar de que existe un panorama de alto grado
de incertidumbre en cuanto al desenvolvimiento de los
comicios presidenciales de 2016, el legado y desgaste
de la presidencia demócrata de Obama es un indicador
relevante. Si bien la economía, como se mencionó,
refleja un crecimiento moderado y una relativa mejoría
en cuanto al indicador de empleos, su vigor y alcance
son limitados, con una gran afectación de la clase media.
En cuanto a política exterior, la espiral de conflictividad
con Rusia, a raíz de las crisis de Crimea y Ucrania y las
Comentario sobre la crisis del sistema político norteamericano
13
consiguientes consecuencias para los aliados europeos,
la OTAN y el espacio postsoviético, así como una
mayor inestabilidad y derrame de conflictividad en
toda la región del Medio Oriente ampliado y África
del Norte, sumado a la pujanza de China, provocan
en los políticos estadounidenses de las más disímiles
tendencias ideológicas y pertenencias partidistas, en los
tanques pensantes, los académicos y la gran prensa, un
serio cuestionamiento en cuanto al pensamiento y el
accionar estratégico de la Administración.
Todos estos factores domésticos e internacionales,
así como los retos y desafíos que enfrentan los
Estados Unidos están presentes en la ya inaugurada
campaña de 2016. Estos problemas les permiten a los
republicanos, después de ocho años de presidencia
demócrata, líneas de ataques ofensivas con base real.
Sus desenvolvimientos, tanto en la praxis como en las
percepciones, impactan la contienda.
En tanto el proceso electoral en los Estados
Unidos está diseñado sobre la base de los dos partidos
dominantes, nos referiremos brevemente a su
situación y a cómo su accionar en el sistema político
ha provocado inmovilismo de altos riesgos para la
gobernanza y gobernabilidad.
Dentro del Partido Republicano confluyen
diferentes facciones con distintos énfasis en la agenda
conservadora, a pesar de que sus espacios políticos,
tanto desde el punto de vista demográfico como en
la retórica política de la extrema derecha, tienden a
reducirse. El fragmentado partido sufre una fuerte
crisis de identidad que se patentiza en diversos
círculos. Se debate entre las fuerzas del Tea Party,
los conservadores sociales y religiosos, la nueva
ola neoconservadora y los líderes del establishment
político más tradicionalista. Un grave problema
para los republicanos con miras a los comicios
electorales de 2016, radica en que en el proceso de
elecciones primarias y caucuses, y en función de ganar
la nominación, los candidatos deben apelar a las
bases del partido, en las cuales prevalecen fuerzas
muy conservadoras, extremadamente combativas y
con alta participación en las urnas. En consecuencia,
sus candidatos tienden a moverse hacia posiciones
extremas del conservadurismo. Sin embargo, para la
elección general, estas posturas enajenan a sectores
sociales por la estridencia de su agenda sociocultural,
su xenofobia, homofobia y marcado carácter a favor
del gran capital. La agenda de extrema derecha
para lograr la nominación republicana persigue al
candidato en la contienda general, la cual se gana
en el centro del espectro político y no en el extremo
conservador.
Pero para lograr la nominación son centrales los
enfoques políticos de los candidatos republicanos sobre
temas de moralidad, la relación del individuo con Dios
14
Soraya M. Castro Mariño
y la fe, la familia, la integridad, el asunto de la teoría
de la evolución, el de los matrimonios entre parejas
del mismo sexo, los límites a la investigación pública
con células madres, el aborto, el rezo en las escuelas
públicas, la tenencia de armas de fuego, la intervención
del Estado en la vida personal, social y económica, así
como una alta preocupación sobre la relajación de los
valores sociales y familiares, partiendo de una cultura
en donde —más allá de la afiliación religiosa— los
principios del puritanismo protestante imperan en el
orden social.
Nos referimos a esa conexión entre el «espíritu
religioso» que domina muchos aspectos de la vida
del país y la tesis de Max Weber, que encuentra en
la «ética protestante» el fundamento del «espíritu
del capitalismo», de su cultura, de sus tendencias y,
se debiese añadir, de sus fanatismos; una «ética» de
ascetismo que ha sido transmutada en apetencia
de dominio y poder en nombre de un «país elegido» y
de un «destino» que lo dictamina «adalid del mundo».
Se trata de una ética fundamentalista que habla por
boca de los más conservadores en ese país, en un
accionar sistémico y sistemático de las instituciones
políticas, religiosas e incluso comunitarias, cuyas
narrativas enfatizan que los principios cristianos están
en peligro y, por ende, la sociedad estadounidense se
encuentra en «decadencia moral». A esto, según sus
convicciones, es necesario oponerse decididamente
con una «guerra cultural».
Estos aspectos, que pasan por la autoidentificación
del sistema de valores de los individuos, sus
credos e identidades, originan una simbiosis, en
términos electorales, de los conservadores sociales
y fundamentalistas religiosos con los seguidores del
Tea Party. Con un mayor acento hacia los problemas
económicos, financieros y fiscales que azotan a los
Estados Unidos de América, esta facción constituye
un movimiento populista de corte radical de extrema
derecha que se opone a la intervención estatal,
exacerbada por las propuestas de política general
de la administración Obama. Esta heterogénea y
diversa agrupación, furiosamente anti-Obama,
constituye una fuerza política anti-establishment
de significativo impacto, lo cual demostró en las
elecciones de 2010, pero que quedó en «entredicho»
en las de 2014. No obstante, y más allá de las
diferencias sustanciales entre las elecciones de medio
término y las presidenciales, la contundencia con
la que ganaron los republicanos la mayoría en el
Congreso es una variable de peso.
Las divisiones existentes se reflejan en la larga lista
de republicanos que aspiran a la nominación. En ella
destacan políticos de tendencias muy conservadoras
y conservadores más pragmático-centristas como Jeb
Bush.
El Partido Demócrata continúa mostrando su
habitual poca cohesión en todos los niveles del sistema
político, pero es aún más evidente en el legislativo
federal. Su membresía está caracterizada por un
amplio abanico de enfoques políticos, en tanto es una
heterogénea coalición donde confluyen diferentes
intereses, incluso contradictorios. Paradójicamente,
y a diferencia de los republicanos que cuentan con
un largo listado de contendientes, reflejo de las
diferentes facciones, los demócratas parecen llegar, a
nivel simbólico, más unidos y aglutinados alrededor
de una figura del siglo xx: Hillary Clinton. Algunos
analistas consideran positivo este factor, mientras que
otros estiman que el manejo de una sola candidatura
demuestra la debilidad de la coalición demócrata y
la inexistencia de políticos jóvenes con proyección
nacional.
Lo cierto es que la opción de que en 2016 se
enfrenten en la lucha electoral dos dinastías políticas
del siglo xx, como la Clinton y la Bush, es altamente
probable.
A mediano plazo, tanto en las cortes federales,
como en la Corte Suprema de Justicia se han producido
cambios en su composición. Esto puede favorecer un
mayor equilibrio ideológico que permita, con límites,
ciertos alivios sociales, como el reconocimiento, por
parte de los estados, del matrimonio homosexual.
Sin embargo, los fallos judiciales a favor de que estos
determinen, mediante referéndums o leyes estaduales,
la política pública federal, es una cuestión que tiene
efectos negativos en una amplia variedad de asuntos
nacionales.
La complejidad y sinergia de los factores
intermésticos en el sistema político y las consecuencias
de este proceso en desarrollo nos plantean, quizás, otra
pregunta, además de la que nos convoca en este taller:
Estados Unidos de América, ¿quo vadis?
, 2015
Comentario sobre la crisis del sistema político norteamericano
15
Estados Unidos:
ideología y política
en tiempos de transición
Jorge Hernández Martínez
Sociólogo.
Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos.
Perplejos, entre su doble naturaleza
histórica, los norteamericanos hoy no
saben qué camino tomar; la disyuntiva
es mortal: si escogen el destino imperial,
dejarán de ser una democracia y así
perderán su razón de ser como nación.
Octavio Paz, Tiempo nublado.
A
partir del año 2000, los Estados Unidos
transitan por uno de los períodos de mayor
conmoción de su historia contemporánea.
A los efectos acumulados desde dos décadas
atrás, con la llamada revolución conservadora, se
sumaba el último proceso electoral del siglo xx,
con una sobresaliente irregularidad, prolongación y
fraudulencia, que marcó de modo simbólico el umbral
de la nueva centuria, con un presidente republicano
y conservador designado por la Corte Suprema.
Los ataques terroristas perpetrados meses después,
el 11 de septiembre de 2001, contra los emblemas del
poder financiero y militar del país, en las Torres Gemelas
y el Pentágono, agregaron un cuadro de crisis sin
precedentes, que aportó a George W. Bush el respaldo y
liderazgo del que carecía, con lo que iniciaba una doble
administración, que culminaría, en múltiples sentidos,
en callejones sin salida. Las implicaciones de esa crisis
mantienen aún sus expresiones institucionales, junto a
repercusiones sociopolíticas y culturales, impregnando
la base doctrinal de la proyección exterior. La sociedad
se halla sumamente dividida e inmersa en diversas
contradicciones.
El país está signado tanto por acentuadas
heterogeneidades clasistas, derivadas de la concentración
16
n. 81-82:Martínez
16-24, enero-junio de 2015
Jorge Hernández
del capital y la consiguiente polarización socioeconómica
entre los poseedores y los desposeídos, entre ricos y
pobres, como por conflictos políticos asociados al acceso
a las cuotas de poder dentro de la clase dominante,
que se manifiestan en las posturas partidistas, pero
al mismo tiempo, las trascienden: el presidente tiene
la piel negra y figuras femeninas han protagonizado
las últimas contiendas electorales, en una sociedad
racista y machista; el gobierno está dividido entre un
Ejecutivo demócrata y un Congreso republicano, en
tanto que parece agotado el liberalismo y florece el
conservadurismo. Desde el punto de vista político,
se hallan en el centro del debate el rumbo del país, el
carácter del gobierno, la relación Estado/sociedad/
mercado, el presupuesto, los impuestos, la inmigración,
el aborto, los derechos de grupos que han sido objeto
de discriminación e intolerancia, el balance entre lo
federal y lo estadual, el modo de asumir los valores que
sostienen la identidad cultural, los intereses y seguridad
de la nación. El entorno económico, sinuoso, inestable,
entre crisis y depresiones, aun con los asomos de relativa
recuperación, en un entorno mundial globalizado, de
interdependencia, competitividad y conflictividad,
traslada inconsistencia al matizado y contradictorio
paisaje sociopolítico (Hernández Martínez, 2009).
Con ese telón de fondo, las notas que siguen
presentan una mirada sobre las matrices ideológicas
actuales en los Estados Unidos, su presencia en la
vida política, los partidos, la cultura cívica, asumiendo
que la transición histórica que tiene lugar en ese
país condiciona transformaciones estructurales que
se expresan en su dinamismo, fluidez y nuevas
características. Esta situación se ha hecho más intensa
y notoria, sobre todo luego de las elecciones de medio
término de 2014, que recuerda el realineamiento de
veinte años antes, cuando en 1994, bajo el primer
gobierno de Clinton, como resultado de una coyuntura
similar, convivió un Ejecutivo demócrata con un
Legislativo republicano (De los Ríos, 1996).
Matrices ideológicas, partidos y cultura
política
Sin embargo, la sociedad norteamericana ha sido,
desde un punto de vista histórico, predominantemente
consensual, debido a la adhesión de la mayor parte
de su población y de los sectores que la componen,
a determinados acuerdos, establecidos sobre la
base de los valores del capitalismo como modo de
producción, formación social y patrón de organización
económica, unido a la democracia liberal, como forma
acompañante de organización política (Hofstader,
1969; Nash, 1976). Algunos autores incorporan otros
elementos a los que identifican como constitutivos del
«credo norteamericano», tales como el liberalismo,
el individualismo, la democracia, el igualitarismo y
una cierta actitud de independencia ante el gobierno
y la centralización. El consenso se da sobre las
particularidades que la democracia liberal adquirió en
los Estados Unidos desde la formación de la nación,
cuyos rasgos formales han persistido. La crisis de
consenso ha sido relativa, ya que no se han puesto en
tela de juicio esos atributos del «credo» (Myrdal 1972;
Hodgson 1976; Huntington 1981). Por eso es que se
afirma que se trata de un país con un alto índice de
conflicto, pero donde el debate político tiene lugar
dentro de márgenes ideológicos muy estrechos; por lo
que más que antinomias nítidamente contrapuestas,
lo que resultan son contrastes y traslapes ideológicos
y políticos.
Quizás la mejor explicación de lo que acaba de
señalarse la provea Arthur Schlesinger, Jr., cuando
expresa que
en la república norteamericana conservadurismo y
reforma, capitalismo y democracia, intereses privados
e intereses públicos confluyen en definir la tradición
política. Estas dos tirantes posiciones del pensamiento
de los Estados Unidos tienen más puntos de acuerdo
que de discordia. Ambas están comprometidas con la
libertad individual, el Estado constitucional y el imperio
de la ley. Ambas desempeñan un papel indispensable en
la dialéctica de la política pública. (1966: 46)
O sea, dos concepciones, dos discursos, una misma
tradición. En las condiciones históricas de los Estados
Unidos, el conservadurismo florece dentro de una
matriz liberal, lo que explica la muy relativa distancia
entre una y otra corriente, en tanto que las alternativas
de izquierda han tenido una debilidad notoria. Según
la interpretación de Louis Hartz, se trata de que
en la sociedad norteamericana no ha existido un
conservadurismo al estilo europeo y, por lo tanto, no
ha sido necesaria una reacción dialéctica de oposición,
como el socialismo o alguna otra corriente de izquierda.
Su explicación intenta aclarar por qué en los Estados
Unidos no han sido importantes los movimientos
y partidos de izquierda. En esencia, se trata de que
como no hubo una sociedad feudal, no ha habido una
tradición revolucionaria (Hartz, 1994; Deutsch, 1998;
Lipset, 2000; Maira, 2002).
En la actualidad, los Estados Unidos han sido
escenario de una prolongada crisis y de hondas
transformaciones en la estructura de su sociedad y
de su economía, incluyendo importantes mutaciones
tecnológicas, socioclasistas, demográficas, con
expresiones también sensibles para las infraestructuras
industriales y urbanas, los programas y servicios
sociales gubernamentales, la cultura, la composición
étnica y el papel de la nación en el mundo. Se trata
de cambios graduales y acumulados, que durante los
Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición
17
últimos treinta años han modificado la fisonomía
integral norteamericana.
Más allá de ese primer decenio del siglo xxi, el
proceso en curso en la segunda década, derivado de
las citadas crisis y transformaciones, no ha conllevado,
aún, una versión sustitutiva del proyecto nacional; de
modo que, ante tales indefiniciones y búsquedas, los
Estados Unidos enfrentan un escenario de transiciones
objetivas que mantienen tensiones y enfrentamientos
e impiden la rearticulación plena del consenso. Si bien
el proyecto conservador avanzado por las presidencias
de Ronald Reagan y George Bush durante doce años,
latente bajo Bill Clinton en los 90, rescatado y remozado
por George W. Bush en los 2000, concluyó con su
visible decadencia en tanto propuesta gubernamental
de alcance nacional; sus secuelas perduran de modo
vigoroso, en tanto que en los 2010, con Obama, no
termina de cristalizar una propuesta alternativa desde
el liberalismo ni se advierten perspectivas a corto plazo.
Lo que se aprecia en el espectro político-ideológico
estadounidense actual es una coexistencia dialéctica
de posiciones de derecha y de centro-derecha, con
amagos liberales o moderados a distintos niveles, que
atraviesan al Ejecutivo, al Congreso, a los partidos, a
la opinión pública, a la cultura cívica y a los círculos
intelectuales.
De cierta manera, la polémica y las divisiones que se
manifiestan en la historia reciente del presente siglo en
torno al modo de encarar la relación Estado/sociedad/
mercado y demás temas mencionados, llevan consigo
la pugna por una nueva redefinición del proyecto
nacional, como —salvando distancias— ocurrió
durante la guerra civil y las citadas inflexiones del New
Deal y la revolución conservadora. La importancia
de un proceso de transición de este tipo la dejó
indicada hace muchos años Luis Maira, al enfatizar
en su complejidad y significación. La validez de su
apreciación aconseja retomarla.
Uno de los problemas más serios que puede afrontar
un sistema político es el del agotamiento del proyecto
nacional que le sirve de fundamento sin que exista
oportunamente uno alternativo para reemplazarlo.
Cuando esta posibilidad ocurre, tanto el Estado y sus
aparatos como la sociedad en que aquellos se insertan
comienza a funcionar a la deriva, en un cuadro dominado
por la simple administración de la crisis; semejante
situación produce, como primer efecto, un completo
desajuste entre las tendencias de corto y largo plazo del
proceso político. (1983: 96)
Cabe agregar que esa transición sigue inconclusa.
Para apreciar lo que sucede a nivel políticoideológico en un contexto como el sugerido, uno
de los conceptos más importantes es el de cultura
cívica, desarrollado por Gabriel Almond y Sydney
Verba (1963), para quienes la cultura cívica da pie
a la cultura política, al ser esta última una forma de
18
Jorge Hernández Martínez
describir la sociedad considerando la percepción y la
actitud dentro del sistema político y hacia él. Según
esa propuesta, las cuestiones políticas no se pueden
comprender solo mediante el estudio de los fenómenos
específicamente suyos, sino que debe tomarse en cuenta
una amplia diversidad de esferas y procesos sociales que
conectan la cultura cívica, en un sentido amplio, con
la cultura política, relacionada con el poder, las clases,
los partidos, las ideologías, el Estado.
Los valores políticos fundamentales que sostienen
emblemáticamente la sociedad norteamericana
—como la libertad y la igualdad— se articulan
alrededor de un modelo pluralista en cuyo centro
se ubica la figura del ciudadano, pero con marcadas
expresiones de exclusión, discriminación, restricción
de derechos, intolerancia y marginación, a partir del
modo en que se rechaza todo aquello que no encaja
en el patrón étnico, racial, religioso, de los llamados
wasp (blancos, anglosajones, protestantes, de clase
media). Así, la configuración histórica de los Estados
Unidos le confiere a la cultura política nacional una
estructura y unos contenidos definidos con una mezcla
de orientaciones liberales y conservadoras en relación
con aspectos cuya impronta no es consustancial a la
política, como la familia, la moral, la religiosidad, el
entretenimiento, sino que se integran en ese anillo
más amplio, el de la cultura cívica (Núñez, 2008: 94).
Las encuestas recurrentes que ya son típicas de la vida
cotidiana en ese país, dan cuenta de ello.
Al examinar esos nudos o superposiciones de la
cultura norteamericana a finales de la pasada década, y
llegar a las elecciones presidenciales de 2008, quedaba
claro que en el país se reclamaba cambios tanto en el orden
objetivo como en el subjetivo. El cansancio acumulado,
la crisis de confianza, el deterioro moral, el agotamiento
ideológico del proyecto conservador sustentado por W.
Bush, sus reveses económicos, el desencanto ciudadano,
el clima psicológico de incertidumbre y temor, la
ineficacia de la política exterior, la impopularidad de
la gestión del Presidente, configuraban un cuadro de
desgaste que el candidato demócrata Barack Obama
capitalizó desde temprano durante el desarrollo de la
campaña, al ofrecer un discurso y una consigna, primero
a favor del cambio (Change) y, en 2012, llamando a seguir
adelante (Go forward).
En los Estados Unidos concurren hoy tendencias,
contradicciones y superposiciones político-ideológicas
que desdibujan las interpretaciones simplificadoras
en términos que contraponen como incompatibles
corrientes de pensamiento (liberales y conservadores)
y estructuras partidistas (demócratas y republicanas).
A nivel interno, la nación ha permanecido marcada
por dificultades económicas, promesas incumplidas,
insatisfacciones populares, polarizaciones políticas,
rivalidades ideológicas, en tanto que en el ámbito
En las condiciones históricas de los Estados Unidos, el conservadurismo florece
dentro de una matriz liberal, lo que explica la muy relativa distancia entre
una y otra corriente, en tanto que las alternativas de izquierda han tenido una
debilidad notoria.
externo el país ha seguido inmerso en confrontaciones
bélicas, dentro de un escenario mundial de crisis,
conmociones sociales e inestabilidad política.
A pesar de que el legado conservador del doble
gobierno de W. Bush parecía agotado y que el
renacimiento, con Obama, de una alternativa al menos
cercana al liberalismo, apuntaba hacia un escenario
de mayor racionalidad y coherencia, en realidad,
la nueva Administración no se distanciaría mucho
en determinados planos, más allá de la retórica, de
ciertas posturas del presidente anterior. Si se quisiese
clasificar el perfil de Obama en términos ideológicos,
el ejercicio resultaría difícil; su ubicación como
liberal o conservador sería difusa, confusa, entre las
discordancias y traslapes que muestra.
Ello ha tenido lugar en un escenario interno muy
contradictorio, marcado por la ofensiva de la derecha
en ascenso, como parte de la cual se distinguía
una inspiración con tintes libertarios, populistas,
nativistas, racistas, xenófobos, encarnada en el Tea
Party. Y si bien, como contraste, el movimiento
Ocuppy Wall Street expresó la capacidad contestataria,
la inconformidad y rechazo de no pocos sectores
sociales ante la oligarquía financiera, que se extendió
en espacio y tiempo, se trató de un fenómeno que no
cristalizó como una fuerza política que quebrara el
equilibrio establecido por el sistema bipartidista ni
el predominio ideológico del conservadurismo (Nye,
2002; Fukuyama, 2006; George, 2007; Micklethwait
y Wooldridge, 2007; Kagan, 2008; Thomas, 2008;
Alzugaray, 2009).
Si se prosigue con similar línea de análisis, y se
vuelve la mirada a circunstancias precedentes, se
confirma que el dinamismo de las corrientes ideológicas
se interrelaciona con implicaciones partidistas en
la trayectoria de las contiendas presidenciales. Un
repaso panorámico, de algunas coyunturas electorales
anteriores a las aludidas, lo deja claro. Así, cuando a
finales de los 60 terminaba la etapa de la lucha por
los derechos civiles y contra la guerra en Vietnam,
la victoria electoral republicana de Richard Nixon
en 1968 inició (o prefiguró) el ascenso de las fuerzas
conservadoras. Quedó atrás el período de prolongado
predominio demócrata, comenzado por Franklin D.
Roosevelt y que concluyó con los sucesivos mandatos
presidenciales de John F. Kennedy y de Lyndon B.
Johnson, hacia mediados del citado decenio de los 60,
cuando los grandes conflictos sociales y políticos de la
época provocaron en las bases liberales y progresistas
de los demócratas un extendido rechazo a la gestión de
gobierno, en el segundo caso. Así se abrió un período
conservador impulsado por el Partido Republicano que
se extendió por cuatro decenios, hasta las elecciones
de 2008, cuando con Obama retornan los demócratas
a la Casa Blanca.
Las elecciones presidenciales de 1968 fueron un reflejo
de los grandes conflictos que aquejaban a la nación y de
falta de consenso entre los grupos dominantes, lo cual
se manifestó en los dos partidos, y el fraccionamiento
político se reflejó en el resultado de la votación. Según
Ramón Sánchez Parodi, dicha elección
inauguró una nueva era en la política presidencial
norteamericana, que con el breve interregno de James
Carter (1977-1981) pero incluyendo los mandatos
presidenciales del demócrata Bill Clinton (1992-2000),
imprimió un sello conservador a la presidencia de la
nación hasta las elecciones de noviembre de 2008. (2015:
120)
Es decir, si bien el período demócrata carteriano
se puede identificar con una orientación ideológica
liberal, no ocurre lo mismo con la etapa clintoniana,
también demócrata.
Las elecciones de 1976 se realizaron teniendo como
telón de fondo la falta de cohesión entre los grupos
de intereses que se agrupaban dentro de las filas
republicanas o demócratas, a causa de los factores que
afectaron sensiblemente a la sociedad norteamericana
en los años 70, entre ellas las crisis asociadas al escándalo
Watergate, la derrota en Viet Nam, la recesión económica
y los reveses en política internacional, que propiciaron
profundos cuestionamientos en la confianza, la
legitimidad y la moralidad del sistema. Una fuerte
pugna en el interior de ambos partidos, y entre los
grupos dominantes norteamericanos, caracterizó la
situación electoral, en un contexto de ausencia de líderes
reconocidos y aceptados nacionalmente. La victoria
de Carter, el primero de los dos únicos presidentes
demócratas electos en los cuarenta años que transcurren
entre 1968 y 2008, fue resultado de una transacción entre
distintas corrientes de su partido. A pesar de su discurso
y accionar liberal, Carter no logró modificar, en esencia,
el rumbo conservador de la nación, iniciado al finalizar
la década previa. En buena medida, su Administración
recogería la cosecha de viejas pugnas internas entre
facciones conservadoras y liberales dentro de las filas
demócratas.
Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición
19
En las elecciones de 1980, la conocida coalición
de fuerzas conservadoras que se estructuró como
medio de expresión del descontento ante lo
que se consideraban excesos del liberalismo y
debilidades del gobierno demócrata de Carter,
se plasmó en un articulado movimiento político
en torno a la candidatura republicana de Ronald
Reagan, que sumaba a organizaciones sociales y
religiosas, personalidades académicas, publicaciones
periodísticas e instituciones de ciencias sociales,
con auspicios bipartidistas, ya que no solo halló
resonancia dentro de las filas republicanas, sino
también en sectores desencantados del partido
demócrata. La revolución conservadora no dejaría en
pie bastión liberal alguno, y se extendería mediante la
reelección de Reagan en 1984 y la victoria de George
H. Bush en 1988. Así, los republicanos gozarían de
un triple mandato, en tanto el partido demócrata
se mantenía dividido entre conservadores sureños,
liberales del nordeste, sindicalistas del medio-oeste,
e intelectuales considerados de izquierda.
Sirvan los ejemplos tratados para ilustrar que las
matrices ideológicas fluyen dentro de los partidos,
sin afiliaciones rígidas, aunque en ocasiones existan
correspondencias entre liberales y demócratas, o entre
conservadores y republicanos. De otra parte, la incursión
realizada permite percibir que el conservadurismo en
los Estados Unidos no ha constituido un fenómeno
fragmentado o aislado, sino una especie de constante
cultural, que marca el sendero político contemporáneo en
ese país. La tónica que lo define al comienzo del presente
siglo revela la viabilidad de las propuestas políticas de
los principales exponentes del conservadurismo, y su
interrelación con las ya importantes transformaciones
ocurridas a escala nacional. Una parte importante de
esos cambios ha ocurrido en el plano subjetivo. Los
términos del debate se han ido alterando hasta relegar,
pareciera que de modo progresivo, creciente, algunos
de los principales soportes del ideario liberal, como
los concernientes al papel del Estado en la economía.
En este sentido, en la medida en que la historia ha
demostrado que la cosecha conservadora de los años
80 tiene continuidad hoy, la ya vieja y olvidada por
muchos afirmación de William Schneider acerca de que
la verdadera magnitud de la revolución reaganiana solo
sería visible a largo plazo, se ha visto en buena medida
confirmada (Schneider, 1984a; 1984b).
Liberalismo, conservadurismo y dinámica
política
A partir de lo planteado, se desprende que la
pretensión de ofrecer definiciones exactas para
la distinción entre liberales y conservadores en las
20
Jorge Hernández Martínez
condiciones histórico-concretas de los Estados Unidos
no arroja demasiada luz —y puede ser hasta engañosa—
a la hora de comprender los procesos políticos, las
inserciones partidistas o el lugar en la cultura nacional.
La postura de liberales y conservadores varía, además,
en relación con distintos temas (pena de muerte, aborto,
impuestos, control de armas, matrimonio, guerra
contra el terrorismo). No obstante, se imponen algunas
puntualizaciones, a fin de enmarcar este apresurado e
incompleto escrutinio analítico, subrayando que con
el tiempo las identificaciones se han modificado, en
ambos casos.
En el caso de los liberales, en un inicio el término
se refería básicamente a los individuos que defendían
la libertad y la determinación de límites al poder y al
control del Estado, y en la actualidad se identifica con
el apoyo a reformas sociales y políticas. Favorecen
la intervención del gobierno en la regulación de la
economía; propugnan una vigorosa política a favor
de los pobres, las mujeres y las minorías, articulada
por la expansión de una red federal de servicios
sociales, además de la defensa del medio ambiente
y de los consumidores. Asimismo, promueven la
acción gubernamental en función de la igualdad de
oportunidades y la protección de las libertades civiles,
así como los derechos humanos individuales. Los
liberales reivindican la libertad como la base de la
prosperidad de las naciones y de los individuos.
En cuanto a los conservadores, la tradición política
inicial los caracterizaba por privilegiar el uso del poder
gubernamental y la intervención e influencia en la
vida de la nación de sectores privilegiados, como la
aristocracia terrateniente, los empresarios y los líderes
religiosos. Hoy día se los describe como defensores del
orden establecido, proclives a promover arreglos que
favorezcan un gobierno limitado, cuyas atribuciones no
consideren la imposición de regulaciones a las empresas
con el argumento de que estas inciden negativamente en
el nivel de vida de los ciudadanos, pues desincentivan
la inversión. Tienen una firme creencia en el individuo,
en su sentido de responsabilidad y en el principio
de que las políticas públicas deben sustentarse en el
empoderamiento personal para incentivar la capacidad
de las personas que las ayude a resolver sus propios
problemas.
Una mención adicional merece la referencia a
la corriente libertaria, dado su lugar histórico, pero
sobre todo, acentuado en las últimas décadas, que
añaden complicación al escenario de hoy, ya que
se habla con frecuencia, casi indistintamente, de
demócratas y republicanos libertarios, atribuyéndoles
connotaciones conservadoras o liberales. Aunque
requeriría precisiones más amplias, basta con señalar
que el término libertarian, que en ocasiones se traduce
y confunde con el de liberal, en rigor, es más restrictivo
que este último. A los efectos que interesan, sería
conveniente distinguir entre «libertarios» (en el sentido
norteamericano) y «liberales» o «liberales clásicos»,
que vendrían a ser la versión de una prédica que hace
de la libertad la clave de su pensamiento. Así, un
«liberal clásico», por ejemplo, acepta alguna clase de
impuesto sobre la renta, si los bienes que este impuesto
proporciona fuesen imposibles de suministrar por otros
medios. Un «libertario», en cambio, lo descartaría
por principio. Otro ejemplo: al esgrimir una defensa
extrema de la libertad individual, los «libertarios»
justifican la tenencia de armas. Por estas razones,
aunque la tradición libertaria se emparienta con la
ideología liberal, tiene grandes vasos comunicantes
con las posiciones conservadoras, especialmente con
las de la derecha radical.
Es bajo un prisma que interrelacione de modo
dialéctico el universo ideológico en los Estados
Unidos que puede interpretarse la historia y la
contemporaneidad de las matrices examinadas en
el anterior apartado, y el papel de las principales
corrientes en la dinámica política. La reactivación
de una tendencia de extrema derecha en la cultura
cívica norteamericana como el Tea Party —que
surge inicialmente más como movimiento social que
como entidad política—, cuya influencia en las filas
republicanas tiene lugar en el contexto de la presidencia
de Barack Obama, un negro. Ello hace que entre en
erupción volcánica el trasfondo de la cultura wasp
aludida y la tradición libertaria.
Es ese mismo marco el que propicia que en la
sociedad norteamericana emerja un movimiento
semejante al conocido como «indignados», nacido en
Europa, con las expresiones que adquiere Ocuppy Wall
Street. A pesar de las limitaciones apuntadas, llamó la
atención que no fuera tan efímero como se esperaba
y que se extendiera más allá de su área de nacimiento,
en Nueva York, hacia otros estados y regiones, sin
alcanzar una capacidad de convocatoria nacional como
movimiento de izquierda, por las razones históricas ya
explicadas.
Cuando se examina de conjunto la problemática
ideológica y sociopolítica que caracteriza a los
Estados Unidos al comenzar el siglo xxi, se constata
que no existen dudas acerca del espacio reducido que
encuentra el liberalismo como proyección elaborada
en el pensamiento académico, los llamados «tanques
pensantes», ni en el Partido Demócrata. En cambio, es
visible el predominio del conservadurismo en todas
aquellas esferas, niveles o estructuras en las que se
define el curso de la vida nacional, dentro y fuera del
país —a través del discurso de funcionarios y líderes
gubernamentales, de los debates congresionales, de los
trabajos escritos por especialistas e instituciones de las
ciencias sociales y de los medios de difusión masiva.
Si se compara con la situación que existía entre 1980
y 2000, bajo gobiernos republicanos conservadores, se
advierte una continuidad, expresada dentro de nuevas
coordenadas históricas (Orozco, 2011).
Vale la pena recalcar que cuando se habla de
pensamiento conservador, como precisa Paz Consuelo
Márquez Padilla,
no es una categoría fija o transparente, sino siempre
contextuada y dependiente del debate político del
momento [...] se trata de una matriz que constituye
un conjunto de ideas o creencias que propone el
mantenimiento del sistema político existente; es un
concepto con una gran carga emotiva y en muchos
países tiene connotación negativa; puede decirse
que conservadurismo se contrapone a pensamiento
progresista y de alguna forma se definen mutuamente.
(2000: 20)
Siguiendo a autores como John Miclethwait y Adrian
Wooldridge (2007), por conservador se entiende a una
persona que se adhiere a los siguientes principios:
desconfianza frente al poder del Estado; preferencia
por la libertad sobre la igualdad; patriotismo; confianza
en las instituciones, las costumbres y las jerarquías;
escepticismo ante la idea del progreso; elitismo.
Lo que define al contexto actual en los Estados
Unidos, en términos del mosaico ideológico interno,
es una suerte de recreación de la situación de los
años 80, toda vez que el pensamiento conservador, su
auge y articulación a un entramado amplio, que casi
podría calificarse de totalizador sin desconocer fisuras
y contraposiciones —con expresiones en lo político,
ideológico y religioso—, se debe a la decadencia del
liberalismo, es como la otra cara de una misma moneda.
Se trata de una matriz que penetra todas las esferas de
la vida cotidiana, la cultura, la religión y las actitudes
de la población hacia temas como la igualdad racial,
sexual, la familia, que el liberalismo consideraba como
«conquistas» de la forma de vida en los Estados Unidos.
Con el ascenso del conservadurismo hay un regreso a
valores tradicionales, se exacerba el racismo, hay una
retracción de los movimientos feministas, entran en
crisis valores que se desarrollaron en los años 60 y 70
entre los jóvenes. Incluso, en el nivel de la relación de la
sociedad con el establishment, en los años 80, perdieron
vigencia los movimientos opositores y contraculturales
que tuvieron un gran auge en períodos anteriores,
como las protestas civiles contra la participación de
los Estados Unidos en Viet Nam, a través del hippismo
o la canción protesta.
La situación de las dos primeras décadas del siglo
xxi, desde luego, no es la misma, y determinadas
formas que afirman derechos y reclamos de grupos
minoritarios y vulnerables, pareciera que llegaron
para quedarse en campos como el feminismo, el
homosexualismo, la aceptación de la diversidad, la
defensa de la multiculturalidad, multirracialidad y
Estados Unidos: ideología y política en tiempos de transición
21
multietnicidad. Junto a esas visiones diferentes, se
hallan las tocantes a los impuestos, las prestaciones
sociales, el aborto, la inmigración y desde luego,
a la política exterior. De nuevo, entre las grandes
polarizaciones ideológicas y debates políticos, se
advierte zonas de confluencia en la cultura cívica ante
cuestiones relativas a las percepciones de amenazas
a la identidad e intereses nacionales, entre otros
aspectos. Si bien esto no tiene repercusión política
en términos de plataformas partidistas ni se refleja en
debates congresionales, ni en posiciones de campañas
electorales —donde lo que prevalece es la oferta de
alternativas distintivas de cada bando—, el «credo»
norteamericano no ha abandonado el imaginario
cultural.
Durante los años 2000, en buena parte de la
literatura especializada —política, académica y
publicística— la etiqueta con la que se identificaba
la atmósfera ideológica imperante en la sociedad
norteamericana, el discurso y la práctica del doble
gobierno de W. Bush era la del neoconservadurismo.
Con un criterio riguroso, podría decirse que aunque
retrataba los componentes esenciales del enfoque
que nutría la política exterior, se hizo uso y abuso
del calificativo, a la hora de caracterizar el mosaico
de ideas que caracterizaba la cultura política (Kristol
y Kagan, 1996; Harper y Clarke, 2004; Lieven, 2004;
Rathbun 2008). Es cierto que reaparecieron figuras
que tuvieron protagonismo como exponentes de la
corriente neoconservadora durante el decenio de los
80; algunos de ellos se vincularon al denominado
Proyecto del Nuevo Siglo Americano, desde finales
de los 90, y otros tuvieron relaciones, incluso
familiares, con paladines del neoconservadurismo,
que Jesús Velasco Grajales (2011) ha calificado como
neoconservadores de segunda generación, y Elíades
Acosta Matos (2005) como «neocons reciclados».
Pero en la escena política mantuvieron espacios otras
vertientes, como la de los conservadores tradicionales
dentro del Partido Republicano, con menor impacto,
pero siempre presentes, y con mayor notoriedad
sectores de la «nueva» derecha (ya no tan novedosa,
pero sí bien definida), y de modo descollante, la
derecha religiosa. De alguna manera, en el decenio
en curso ha proseguido esta tendencia, palpable en
los nuevos desarrollos del extremismo político, con
la continuada representación de la derecha radical, a
través del Tea Party, como elemento no único, pero sí
el más visible y polémico, y de los sectores religiosos
cristianos.
Es decir, hoy día aunque las corrientes conservadoras
siguen acaparando la centralidad del espectro
ideológico, su composición ha cambiado. Por ejemplo,
ya quedó atrás la pujanza de las resonantes New Right
o Moral Majority, la constante mención a activos
22
Jorge Hernández Martínez
think-tanks, como Heritage Foundation, Hoover
Institution, Centre for Strategic and International
Studies, American Enterprise Institute, así como la de
aquel grupo que alcanzaba su identidad a partir de la
definición de propuestas ampliamente argumentadas
de políticas económicas, caracterizado por su afán en
presentar enfoques alternativos capaces de nutrir el
proceso de formulación de opciones gubernamentales
viables, como la supply-side economics o economía
orientada hacia la oferta, o el monetarismo. En
resumen, de aquellos grupos fundamentales, los
que han dejado mayor huella hasta nuestros días
han sido: una vertiente de la «nueva» derecha, que
se transforma, por un lado, con el incremento de su
definición y compromiso religioso, amalgamándose
con la derecha religiosa, y que en la actualidad se
conoce como derecha cristiana y, por otro, tributando
racionalidad a los extremistas del Tea Party; y el
movimiento neoconservador que, a la luz del siglo xxi,
se podría considerar como un neoconservadurismo
renovado.
Una sociedad en tiempo de transición
La sociedad norteamericana seguirá marcada,
en el corto y mediano plazos, por la incertidumbre,
la agudización de las contradicciones entre los dos
partidos y cierta ingobernabilidad del sistema.
Desde el punto de vista económico, los efectos
acumulados de la crisis y las condiciones depresivas
seguirán definiendo un cuadro, entre débiles señales de
recuperación, junto a altos niveles de endeudamiento
y sensaciones de optimismo que traslada el gobierno,
con expresiones en segmentos de la opinión pública.
Entretanto, persiste el debate intelectual acerca de
la declinación de los Estados Unidos, contrastando
enfoques a favor y en contra.
La Administración demócrata seguirá esforzándose
por implantar políticas que creen puestos de trabajo y
disminuyan el desempleo, promoviendo una agenda
social que retoma promesas no cumplidas. El Partido
Republicano, desde su posición hegemónica en las
dos Cámaras del Congreso, continuará tratando de
derrotar las iniciativas en tal dirección. La política
adoptada dependerá de cuán fuertemente se pueda
imponer el liderazgo presidencial de Obama o el de
los republicanos y, dentro de ellos, los criterios y las
presiones del Tea Party, cuya beligerancia mantiene
las tensiones entre los conservadores y determinados
rechazos en la opinión pública, que históricamente no
simpatiza con los extremismos políticos.
El impacto estructural acumulado de los cambios
económicos y sociales que se han venido desplegando
desde hace varias décadas, desde los años de la
revolución conservadora, junto a los procesos en
curso, de gestación más reciente, condicionan una
nueva fisonomía productiva y tecnológica, que lleva
consigo reajustes en la estructura de la sociedad
norteamericana, con repercusiones para la cultura y
la vida política.
La pérdida de la capacidad hegemónica del país se
refleja en nuevas limitaciones con implicaciones para
el imaginario de la sociedad estadounidense, en la
cual se acumulan desilusiones y frustraciones, ante la
constatación de que la nación se debilita objetivamente,
junto a sus valores y mitos en el plano subjetivo,
erosionándose la confianza en las instituciones
políticas.
Los cambios demográficos están conduciendo a que
la población anglosajona pierda —o siga perdiendo—
su posición mayoritaria en la pirámide poblacional y
se abra un mayor espacio a las llamadas minorías, en
consonancia con la profundización de las tendencias
que vienen manifestándose hace años. El proceso de
envejecimiento de la población provoca una mayor
demanda de servicios gubernamentales en atención a la
salud y la seguridad social que no pueden ser sostenidos
por los ingresos gubernamentales con su actual nivel
de organización. Las insuficiencias institucionales en
la educación y la formación de personal calificado en
la ciencia y la técnica ocasiona desajustes en el sistema
social.
Sobre esas bases, la sociedad norteamericana está
definida por la transición. Para concluir y caracterizar
de modo gráfico la presente situación viene bien la
célebre expresión metafórica que utilizara Abraham
Lincoln, el 16 de junio de 1858, con una frase bíblica,
durante su intenso debate con Stephen A. Douglas,
en el marco de la campaña por la representación
del estado de Illinois en el Senado: «Una casa
dividida contra sí misma no puede perdurar». Han
transcurrido 150 años de terminada la guerra civil,
y la sociedad norteamericana sigue siendo escenario
de contradicciones ideológicas, entre contrastes y
traslapes. De alguna manera, se reproduce un patrón
histórico de alternancias entre lo público y lo privado,
de coexistencia de dos tradiciones culturales, la cívica
y la de los negocios, cuyas connotaciones éticas y
consecuencias prácticas se identifican, en términos
generales, con las grandes corrientes políticas del
país: los demócratas asociados a la cultura cívica y los
republicanos a la de los negocios. Con razón Víctor
Godínez afirmaba que
los grandes debates nacionales en los que se discuten
disyuntivas y se fijan prioridades para la acción —debates
del tipo justicia social o crecimiento económico,
comunidad o individuo, gobierno o libre mercado—,
están por completo impregnados de la tensión entre
ambas culturas y sus correspondientes expresiones
partidarias. (1996: 197-8).
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, 2015
24
Jorge Hernández Martínez
La seguridad nacional
estadounidense
y las tecnologías
de la información
Abraham R. Wagner
Profesor. Escuela de Derecho, Universidad de Columbia.
E
l término «seguridad nacional» es amplio y
a menudo significa cosas diferentes para las
personas. Aquí resulta útil pensarlo según
tres elementos principales: las amenazas que
enfrenta una nación, las fuerzas disponibles para lidiar
con ellas, y los elementos de apoyo. Las primeras, tanto
reales como imaginarias, impulsan, en última instancia,
el tipo de acciones que toman los países y el modo en
que responden a las distintas situaciones.
Durante décadas, los Estados Unidos evaluaron
amenazas reales de superpotencias como la Unión
Soviética y China, así como coacciones de menor nivel
que no implicaban la posibilidad de una guerra nuclear,
provenientes de algunas naciones del Medio Oriente,
Asia o América Latina. Ante cada caso, Washington
contemplaba un conflicto potencial que involucraba
un Estado nacional, y era capaz de dedicarle recursos
de inteligencia.
El mundo presenta hoy un conjunto de tensiones
muy distintas, que en muchos casos tienen que ver con
actores no estatales y grupos terroristas que buscan
dañar tanto a los Estados Unidos como a sus intereses
y aliados en el extranjero. En este caso, el país ha
enfrentado considerables dificultades para adaptar
sus herramientas analíticas, desarrolladas en la era
de la Guerra fría, a esos nuevos retos. Recientemente,
la amenaza de la ciberguerra ha supuesto desafíos
completamente nuevos.
Con respecto a Cuba, sencillamente no existe
ninguna amenaza creíble, de ningún tipo, para los
Estados Unidos. Los conflictos propios de la Guerra fría
se han ido distendiendo a partir de la desaparición de la
Unión Soviética. Un estudio reciente del Departamento
La seguridad nacional estadounidense
las tecnologías
de la información
n. y81-82:
25-32, enero-junio
de 2015
25
de Estado norteamericano también concluyó que Cuba
no estaba involucrada en el apoyo a organizaciones
terroristas, de modo que tampoco existen elementos
de ninguna amenaza potencial.
Otro importante aspecto de la seguridad nacional
son las fuerzas —que incluyen tanto la mano de
obra militar como una amplia gama de sistemas
de armamentos— desarrolladas para enfrentar un
escenario de amenazas de distinto carácter. Para los
Estados Unidos, esas fuerzas están conformadas tanto
por unidades militares activas como por las de la
reserva —en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los
Marines—, así como personal contratado que apoya a
los militares en muchas áreas; tras más de una década
de guerras en Irak y Afganistán, siguen evaluando
qué nivel y combinación de fuerzas requerirán para
enfrentar las amenazas del futuro.
Como apoyo a estas fuerzas existe una variedad
de sistemas de armamentos y dispositivos que van
desde termonucleares, capaces de destruir ciudades
enteras, hasta pistolas personales. Aparte de esas armas
tradicionales, una nueva clase de ciberarmamentos,
que emplea tecnología de la información (TI), está
siendo desarrollada e integrada a las unidades reales
de combate.
Finalmente, la seguridad nacional también involucra
organizaciones de apoyo, como los servicios de
inteligencia que recogen y analizan información
de importancia para los encargados de adoptar
las decisiones y los militares, así como servicios
diplomáticos como el Departamento de Estado y el de
Seguridad Interior, al cual le han sido asignadas algunas
misiones de seguridad nacional.
El papel de la tecnología de la información
Según cálculos, el cambio más dramático en la
tecnología que apoya la seguridad nacional ha ocurrido
en la esfera de la TI, incluidas las comunicaciones.
Esta esfera se ha vuelto cada vez más crítica para la
seguridad, así como para todas las demás operaciones
gubernamentales. Desde la aparición del ciberespacio,
los servicios y las agencias que tienen que ver con la
seguridad nacional han estado dependiendo cada
vez más de los modernos sistemas de TI, tales como
Internet, para la inmensa mayoría de sus requerimientos
de comunicaciones y de procesamiento de datos.
Incluso los sistemas con la más alta clasificación
utilizan la espina dorsal de Internet para la trasmisión
de datos cifrados, pero que transitan por la vía de los
transportadores comerciales en ese proceso1 —resulta
importante observar que todos los involucrados en el
proceso de seguridad nacional, desde el presidente hasta
26
Abraham R. Wagner
las fuerzas en el terreno, son altamente dependientes de
la gestión comercial en Internet, y en la medida en que
todos esos servicios están en riesgo, existen problemas
significativos. El mundo ha entrado en lo que se conoce
como la era de los «grandes datos», y todos los aspectos
de la sociedad tienen que ver con ello.
Una preocupación de envergadura la constituye
ahora la esfera de la ciberguerra—que se ha convertido
en un dominio por sí solo— y hasta dónde cuenta
verdaderamente.2 En la actualidad está en curso un
debate en torno a si esto es en gran medida un mito, o
si los Estados Unidos enfrentan potencialmente lo que
algunos ya están llamando un «ciber-Pearl Harbor».
Aunque el conflicto, en términos cibernéticos, no
es lo mismo que la guerra tradicional, los Estados
Unidos establecieron el Cibercomando Militar
(CYBERCOM), así como todos los componentes de
servicio, y están tratando de aumentar el presupuesto
del Departamento de Defensa y el personal en esta
esfera; desde 2004, dividieron lo que hasta entonces
había sido responsabilidad de este Departamento, con la
creación del nuevo Departamento de Seguridad Interna
(Department of Homeland Security, DHS). Bajo este
nuevo arreglo, las principales responsabilidades del
contraterrorismo, así como en materia de terrorismo
cibernético, han sido asignadas al DHS.
Aunque todavía hay debate y cierta confusión
organizativa en cuanto a la extensión de la amenaza,
existe algún acuerdo general referido a que los
ciber-riesgos son reales, y amplias porciones de la
infraestructura de los Estados Unidos siguen siendo
muy vulnerables a ataques en ese campo. Las amenazas
siguen estando fuera del terreno que los militares han
entendido durante décadas, pero esto está cambiando
también. Un problema relacionado, que ha recibido
cada vez más atención de los medios de difusión, es
el peligro de que los países extranjeros se infiltren en
las computadoras estadounidenses; China, Rusia e
Irán han sido acusados de operaciones de ese tipo, y
es probable que otras naciones y actores no estatales
se sumen a la lista.
A diferencia de lo que ocurría en otros tiempos,
en la era de Internet no es fácil distinguir entre los
problemas militares y de seguridad nacional, y los
comerciales. Los militares, el gobierno y el comercio
civil dependen de la infraestructura de TI existente,
de modo que su protección se ha convertido en una
importante preocupación de seguridad nacional. Al
mismo tiempo, los ataques provienen de los hackers, de
los delincuentes, así como de los militares y terroristas
extranjeros, por lo que sigue existiendo un poco de
confusión respecto a quién es responsable por la
ciberdefensa y cómo puede conseguirse.
En los Estados Unidos, y cada vez más en el Reino
Unido y otros sitios, ya existen temas legales que han
evolucionado respecto a la privacidad y la seguridad,
que en algunos casos están teniendo un impacto
adverso en las misiones de seguridad nacional en la
ciberesfera. Muy recientemente, el debate en torno
a volver a autorizar la Ley Patriótica de los Estados
Unidos —particularmente, su Sección 215, que se
refiere a la colecta de metadatos telefónicos de la
Agencia de Seguridad Nacional—, así como varias
revelaciones de Edward Snowden3 sobre programas
de vigilancia, han causado significativos problemas.
En la actualidad, varios de estos asuntos están
siendo decididos por el Congreso estadounidense
y tribunales federales, de modo que es una esfera
en vías de evolución. 4 Aunque queda mucho por
evaluar, es seguro que el desenlace tendrá un efecto
de envergadura en la seguridad nacional.
Evolución del ciberespacio y de la tecnología
de la información
En años recientes, la vasta expansión del
ciberespacio —no solo en términos de usuarios,
sino de contenido y aplicaciones— ha conllevado
un nuevo conjunto de amenazas y desafíos jamás
previstos por los diseñadores de la red. A inicios de
esta revolución tecnológica, el acceso se materializaba
solo a través de unas pocas computadoras centrales
conectadas; literalmente, no había nada que robar o
atacar, y no había ninguna infraestructura conectada
a la red. La ciberseguridad, por tanto, no era un tema
de discusión.
Con el tránsito a Internet a escala mundial y la
evolución del comercio electrónico, al igual que la
amplitud y variedad de sus contenidos, el ciberespacio
se convirtió en un escenario lucrativo para los
delincuentes y brindó un importante conjunto de
blancos para ser atacados en la medida en que los
servicios militares y de inteligencia se convirtieron
en principales usuarios de la red. Este nuevo mundo
presenta un serio conjunto de desafíos que hay que
atender. Vale la pena observar tres puntos:
• La protección de la seguridad, la privacidad y la
infraestructura en el ciberespacio tiene que ver
con un conjunto de problemas legales, técnicos,
económicos y de seguridad nacional. Todos ellos
son dinámicos.
• El régimen legal para el ciberespacio tiene varias
generaciones de atraso respecto al entorno
tecnológico y sus amenazas.
• Los desenlaces importan realmente. La integridad
de la infraestructura nacional y de la seguridad de la
nación está estrechamente asociada con la solución
de esos problemas.
Etapas en la evolución del ciberespacio
A inicios del decenio de los 60, la «red» era un
experimento referido a la optimización del trabajo
en red emprendido por la Agencia de Proyectos
de Investigación Avanzados del Departamento de
Defensa (ARPA y luego DARPA) que contemplaba
el concepto de paquetes conmutados, en lugar de la
tradicional conmutación de línea. La temprana red
ARPA o ARPAnet, tal como se la conocía, conectaba
las computadoras centrales a unas pocas universidades
y otros sitios, sin ninguna vía para acceder a la red de
manera externa durante años, y carentes de contenido
atractivo para los delincuentes o hackers.
Los fondos federales posibilitaron, en 1989 y 1990,
un rápido tránsito de la ARPAnet a Internet, junto
con un explosivo crecimiento del correo electrónico,
que la red y las aplicaciones relacionadas jamás habían
previsto. Las tecnologías relacionadas permitían que
una base creciente de computadoras y de redes de área
local se conectaran a la red con mayor ancho de banda y
costos muy inferiores. La proliferación de computadoras
personales, así como los suministradores de servicios
de Internet (Internet service providers, ISPs) hacían
que el acceso fuese fácil y costeable. Los negocios, las
instituciones educacionales y el gobierno, entre otros,
instalaron computadoras conectadas a las redes de
área locales que, a su vez, se conectaban a Internet y
brindaban conectividad global.
El desarrollo del protocolo de red a escala mundial
(world wide web protocol, www) y el software de
navegación trajeron una nueva era al ciberespacio.
La red pasó a ser muchísimo más amistosa con los
usuarios, mientras que el contenido y las aplicaciones
se añadían a ella a una velocidad enceguecedora. El
comercio electrónico, las gestiones bancarias por
esa misma vía y otras aplicaciones pronto ofrecieron
blancos lucrativos, y hubo mucho para robar. La
primera generación de hackers traviesos estaba siendo
remplazada por diestros ciberdelincuentes que con
frecuencia operaban desde el extranjero, donde no
podía alcanzarlos la ley estadounidense.5
Esta era también presenció el modo en que el
gobierno de los Estados Unidos se convirtió en el mayor
usuario de Internet. Todas las agencias y oficinas, y
también los militares, reconocieron la utilidad de la
red y rápidamente adoptaron el ciberespacio como
medio de comunicación y de almacenamiento de
datos. El gobierno devino rápidamente «el cerdo en el
abrevadero»: utilizaba la red, pero fracasaba en cuanto
a brindarle seguridad y garantía. No hay dudas respecto
a la razón por la cual los adversarios potenciales
comenzaron a invertir en capacidades para la
ciberguerra, a la luz de las principales vulnerabilidades
a la seguridad, que no eran para nada secretas.
La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información
27
Aunque todavía hay debate y cierta confusión organizativa en cuanto a la
extensión de la amenaza, existe algún acuerdo general referido a que los
ciber-riesgos son reales, y amplias porciones de la infraestructura de
los Estados Unidos siguen siendo muy vulnerables a ataques en ese campo.
Una etapa posterior ha sido la creciente conexión
de lo que se ha dado en llamar la infraestructura crítica
para la red. Aquí se incluyen los sistemas SCADA: las
redes energéticas, los sistemas de alcantarillado, entre
otros muchos.6 Es cuestionable la razón por la cual
resultó esencial que todos esos sistemas, tales como
las empresas de interés público, estuvieran conectados
con la red; pero el hecho es que lo fueron, y eso los ha
hecho sensibles al ciberataque. La vulnerabilidad de la
infraestructura crítica y la necesidad de protegerla no
son nuevas. En efecto, un repaso del problema durante
la Administración Clinton sacó a la luz el PD/NSC-63
(1998), pero con muy pocos resultados tangibles. La
más reciente Orden Ejecutiva de Obama sobre el tema
(2013), así como la Directiva Presidencial PPD-21
relacionada con ello, son sorprendentemente similares
en tono y sustancia respecto a los de la Administración
Clinton, pero también fracasan, en tanto no presentan
un programa concreto y un financiamiento esencial
para cumplir ese objetivo. (La Casa Blanca, 1998,
2013a, 2013b)
Ciberseguridad: la década perdida
Sería difícil culpar ya fuese a la DARPA o a otros
sectores del gobierno estadounidense por no haber
invertido abundantemente en la ciberseguridad
durante los primeros tiempos, puesto que al principio
la «red» era sencillamente un experimento carente
de contenido significativo. Tampoco tenía grandes
aplicaciones comerciales o de seguridad nacional.
Esta y la privacidad no eran elementos esenciales del
diseño original de la red, y mucho de lo que se hizo
después puede caracterizarse como «demasiado
poco, demasiado tarde».7
Sin embargo, con el tránsito de la ARPAnet a
Internet después de 1990 y la virtual explosión de la
base de usuarios, así como del contenido basado en
la red, esta situación cambió de manera radical, y había
entonces «algo que robar», así como una multitud de
usuarios a los cuales molestar y un creciente potencial
al cual infligir verdaderos daños. Los hackers y otros
contaban ahora con acceso a la red, y de hecho se
organizaron en oscuros grupos clandestinos.8 Las
amenazas al ciberespacio provenían de una variedad
de fuentes, que iban desde escolares de secundaria
aburridos hasta unidades militares bien entrenadas
28
Abraham R. Wagner
a las que asignaban misiones de ciberguerra. Las más
importantes categorías de dichas amenazas incluyen:
• Hackers con variados niveles de habilidad, cuyos
objetivos incluyen molestar a las personas, inhabilitar
computadoras individuales, dañar archivos, insertar
códigos maliciosos o malware, robar datos y
desorganizar el servicio.
• Individuos perturbados, como los administradores
de sistemas despedidos que buscan venganza contra
sus antiguos empleadores.
• Delincuentes cuyos objetivos primarios son el robo
de dinero o datos (tarjetas de crédito, información
sobre cuentas o identidades).
• Actores estatales y no estatales (por ejemplo,
organizaciones terroristas) que están desarrollando
capacidades de ciberguerra.
Resulta cada vez más clara la necesidad de que el
ciberespacio sea un medio seguro, y también es cierto
que las protecciones esenciales no han avanzado al
mismo paso que el crecimiento de la red. Si bien los
arquitectos originales de DARPA jamás contemplaron
sus actuales usos y no vieron necesidad de protegerla,
carecían de los recursos adecuados para convertir la
seguridad en parte del sistema. Financiaron varias
iniciativas claves, como el Equipo de Repuesta de
Emergencia a la Computación (Computer Emergency
Response Team, CERT), pero jamás fueron capaces de
brindar una infraestructura segura en ese sentido.
El contenido llega al ciberespacio
Con el tránsito de la primera y experimental
ARPAnet a Internet pública, y el desarrollo
concomitante en las tecnologías de la red, grandes
cantidades de contenido se volvieron cada vez más
asequibles para los usuarios. Pronto fue posible
conectar anfitriones y servidores de computadoras
a la red, por todo el mundo, incluidas las empresas
comerciales, las instituciones educacionales, las
agencias gubernamentales, los servicios militares,
además del sistema legal, los expedientes médicos
y muchos más. Para la mayoría de estos usuarios,
sus carpetas de papel se estaban convirtiendo
rápidamente en digitales, almacenadas en servidores
de computadoras conectados a la red. Y al mismo
tiempo, la facilidad del acceso para los usuarios
significaba facilidad de acceso para los hackers y los
delincuentes.
No solo se amplió el almacenamiento: el comercio
electrónico evolucionó rápidamente para llevar al
mercado tanto productos tradicionales como nuevos
bienes y servicios. Empresas como Amazon.com
crecieron rápidamente y constituyen desde entonces
un desafío a las que han pasado a llamarse ahora
«tiendas de ladrillos y concreto». La era de Internet
también ha sido testigo de la proliferación de sitios
web de todo tipo, que van desde el benigno al delictivo,
y hasta el mortífero.9 Los medios tradicionales como
periódicos y revistas, tienen ahora versiones digitales,
y un número cada vez mayor de ellos ha abandonado
las ediciones impresas. Las estaciones de radio y
televisión también han adoptado adjuntos, con
base en la red, a sus operaciones de trasmisión, y
ofrecen no solo medios de difusión adicionales, sino
también, la capacidad de bajar carpetas y materiales
relacionados.
Posiblemente, el aporte más significativo a la
cultura de esta nueva era ha sido el auge de los medios
de difusión sociales tanto como vía de interacción
como de información. Esto es mucho más que una
herramienta de comunicación y abarca un cambio
cultural de envergadura alrededor del mundo. Los
sitios y las aplicaciones de trabajo social en red (tales
como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y otros)
se han convertido en una parte principal del dominio
de la política exterior y de la seguridad nacional. Hace
dos años, Twitter fue un escenario fundamental de los
sucesos relativos a la «Primavera árabe», y el uso que
el Estado Islámico ha hecho de los medios sociales
se ha convertido en un elemento importante de sus
operaciones en curso en Irak y Siria (Wagner, 2015).
La seguridad nacional y el ciberespacio
Los funcionarios de la seguridad nacional
rápidamente adoptaron el ciberespacio y trabajaron
sistemas en red, porque eran muy eficientes en cuanto a
costos y ofrecían una gama de importantes capacidades;
pero inicialmente fracasaron en cuanto a reconocer
y solucionar una gran cantidad de vulnerabilidades
críticas. El Departamento de Defensa, la Comunidad
de Inteligencia y el Departamento de Estado evitaron
conectar a Internet sistemas que contuvieran datos
clasificados, susceptibles de ser «hackeados».10 Aunque
esas agencias se han movido, en gran medida, en
dirección a las computadoras en red, utilizan redes
clasificadas y separadas para conectar los sistemas y los
usuarios autorizados, y están protegidas con cifrados
de alta calidad y otras formas de seguridad.11
Todos esos usuarios —incluida una gran base
de contratación como la empresa que dio empleo a
Edward Snowden— dependen de la Internet comercial
para la realización de sus conexiones y transferencias
de paquetes. Por ende, aunque los datos y sus redes
pueden ser seguros, en la infraestructura sigue vigente
la vulnerabilidad.
La ciberseguridad se ha convertido en un elemento
esencial de la vida en un mundo conectado por cables,
altamente dinámico. Tanto la base tecnológica como
las amenazas que padece siguen evolucionando. Las
arquitecturas del sistema se mueven cada vez más
en dirección a un concepto de nube, al tiempo que
las más serias amenazas de los ciberdelincuentes, de
los ciberguerreros y de los ciberterroristas siguen
aumentando por todo el mundo.
La mayor parte del decenio 1990-1999 fue un tiempo
perdido para la ciberseguridad, y es muy poco lo que
están haciendo ya sean el gobierno o la industria para
lidiar con las amenazas en rápida evolución. Era un
tiempo tanto de malas políticas como de oportunidades
perdidas. El ciberespacio se expandió rápidamente y
jamás se consideró un recurso nacional. Cada persona
involucrada pensaba que su protección era la tarea
de alguna otra persona. Tanto el gobierno como los
usuarios comerciales ignoraron en gran medida sus
vulnerabilidades y riesgos. Subyacía a este fatal enfoque
una suposición bastante difundida dentro del gobierno,
referida a que la industria, que se estaba volviendo
altamente dependiente de la red, reconocería y pagaría
para que se arreglasen los problemas; y dentro de la
industria existía la suposición —igualmente errónea—
de que el gobierno, que había sido el más generoso en
cuanto al desarrollo de la red, volvería atrás para pagar
por su reparación. Ambos se equivocaban. El mundo
comercial adoptó la red con mucha rapidez y ofreció
una vasta gama de aplicaciones, pero en gran medida
carecía de la disposición y, las más de las veces, del interés
en pagar para garantizarla. Incluso los grandes bancos
fracasaron en cuanto a lidiar con el problema, hasta que
les robaron cantidades masivas de dinero.12
La DARPA financió algunos esfuerzos limitados,
como el CERT, y algunas mejoras en las redes, pero el
financiamiento no era del monto requerido para dar
respuesta a las crecientes amenazas. Tampoco estaba
claro que fuese su responsabilidad arreglarlo todo. A
estas alturas, la comunidad militar y de inteligencia
estadounidenses, por no mencionar todas las demás
agencias gubernamentales, se habían vuelto usuarios de
la red, pero no habían invertido prácticamente nada en
cuanto a garantizar su seguridad.13 Más recientemente,
el CERT ha sido transferido al Departamento de
Seguridad Interior y sigue siendo administrado por la
Universidad Carnegie Mellon.
La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información
29
En su mayor parte, el impulso por hacer del
ciberespacio un entorno garantizado, seguro y privado
está siendo puesto en movimiento por las demandas de
los usuarios. El crecimiento del comercio electrónico
y de su uso en los negocios trajo consigo nuevas
exigencias de seguridad, y la proliferación de sistemas
trabajados en red por parte del gobierno para usos
de seguridad nacional y otros también requirió redes
garantizadas y aplicaciones a estándares muy altos. Se
identificaron vulnerabilidades en casi todas las esferas
de hardware y software, al tiempo que nuevas amenazas
siguen siendo identificadas cada día.
La industria desarrolló, en efecto, varios productos
de seguridad para lidiar con problemas tales como
los códigos maliciosos o malware. Esos productos
ofrecieron a los usuarios protección y la eliminación
de códigos sospechosos (virus, gusanos y troyanos) de
las computadoras infectadas. Otras empresas ofrecieron
softwares para cifrar, como el PGP, que permitieran a
sus usuarios proteger carpetas sensibles, mientras que
una versión garantizada del protocolo de la red permitía
las transacciones «aseguradas». El ciberespacio se iba
haciendo más seguro y más garantizado para muchos
usuarios, pero la amenaza permanecía.
Las amenazas en escalada en el ciberespacio
Aunque las primeras amenazas involucraron
a jóvenes hackers y a empleados disgustados, no
se esperaba que el ciberespacio se convirtiera en
un escenario de envergadura para la guerra. No
obstante, tanto actores estatales como no estatales han
desarrollado capacidades de ciberguerra, susceptibles
de lanzar tanto ataques de tipo convencional como
clandestinos y de espionaje.14 China y otras naciones
se siguen desarrollando en ese sentido, porque para
ellas es algo sensato. En la medida en que los Estados
Unidos se han vuelto cada vez más dependientes de la
infraestructura de la red, constituyen un blanco para
cualquier adversario. Al mismo tiempo, la construcción
de una capacidad de ciberguerra como la Unidad PLA
61398, de China, requiere muy poco en lo tocante
a equipos e instalaciones en comparación con otras
operaciones militares. El único elemento clave es el
reclutamiento de personal diestro y susceptible de ser
entrenado.
Aunque el caso chino ha recibido notable atención
por parte de los medios de difusión, no es el único;
varios Estados del «eje del mal» han aumentado
dramáticamente sus ciberactividades hostiles. La
República Popular Democrática de Corea ha escalado
sus ataques contra Corea del Sur, al tiempo que Irán
construye capacidades similares, tanto en respuesta a los
30
Abraham R. Wagner
ataques de STUXNET contra las instalaciones nucleares
de esa nación, como para responder a adversarios
potenciales como Israel y los Estados Unidos.
Aparte de los Estados nacionales establecidos, existe
una preocupación creciente referida a que actores no
estatales y organizaciones terroristas, como Al Qaeda,
Hamas y Hezbollah, adquieran los recursos necesarios
para involucrarse en ciberataques de distinto tipo.
Si bien dichas organizaciones pudieran tener una
ideología del siglo viii, no han sido reacias a utilizar
tecnología del xxi . En dependencia de la calidad de
los ataques, podrían evitar ser detectados durante
cierto período de tiempo y, en algunos casos, que se les
impute como atacantes. En términos de ciberdefensa,
sin la habilidad de identificar rápidamente a un agresor
con un alto grado de precisión, la respuesta se vuelve
casi imposible.
En la actualidad sigue habiendo un debate entre los
expertos en cuanto a la naturaleza exacta de los futuros
ataques y de los posibles blancos. Algunas autoridades
prevén la posibilidad de lo que llaman un «Pearl Harbor
digital», en el cual las infraestructuras nacionales e
internacionales estarían seriamente amenazadas. Otros
ven un escenario aún más serio, en el que un ataque
contra la red no solo desorganizaría algunos servicios,
sino que corrompería los datos hasta el punto en que
ya no se podría confiar en ellos.
Enfrentando el desafío
Un resultado de los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 fue el nuevo enfoque de la
comunidad de seguridad nacional respecto a lo
importante que era el ciberespacio tanto para las
operaciones terroristas como para las defensivas.
Varios programas, en la Agencia de Seguridad Nacional
(National Security Agency, NSA), que recientemente
recibieron una gran atención de los medios de difusión,
fueron emprendidos como respuesta a esas nuevas
amenazas. Muy estrechamente relacionado con los
programas de la NSA estuvo el establecimiento de un
comando militar unificado (CYBERCOM), comandado
justamente por el director de esa agencia.
Además de este comando unificado, los servicios
militares individuales también establecieron un número
de componentes de servicio, incluida la 14ta fuerza de
la Fuerza Aérea, la 67ma Rama de Guerra de Red; la
décima flota de la Marina, y el segundo Ejército. Tras
una década de financiamiento y atención inadecuados,
esas acciones demuestran un nivel significativamente
mayor de atención y esfuerzo programático por parte
de los servicios militares, que ahora están tomando con
muchísima más seriedad la perspectiva de una futura
ciberguerra.
El primer decenio del siglo también fue testigo
de un significativo incremento de los gastos dentro de
otros elementos del Departamento de Defensa, así
como de otras agencias de gobierno, incluidos el
Departamento de Seguridad Interior y otros. En la
DARPA, cuna de la red, una nueva serie de programas
con una cantidad sustantiva de financiamiento han
sido emprendidos para lidiar con la ciberseguridad,
que apoyan requerimientos en la NSA, los servicios
militares y otros usuarios.
La Casa Blanca también ha llevado a efecto una
revisión general de estos temas, que condujo a una
reciente Orden Ejecutiva y Directiva de Política
Presidencial (PPD-21) (La Casa Blanca, 2013a,
2013b). Hasta qué punto estas dos acciones producirán
resultados tangibles sigue siendo un asunto abierto al
debate. Ni la reciente Orden Ejecutiva ni el PPD vienen
con fondos adjuntos, y les asignan las responsabilidades
al Departamento de Seguridad Interior (DHS) y al
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National
Institute of Standards and Technology, NIST) en lugar
de hacerlo a la NSA y al CYBERCOM. Los críticos
plantean que el DHS y el NIST carecen de los recursos
y las habilidades requeridos para esta asignación
de envergadura y que lo más probable es que estén
condenados al fracaso.15
La buena noticia es que la tecnología de la red es en
gran medida asimétrica y favorece la defensa. También
está la cuestión de que los Estados Unidos crearon este
«monstruo» y conocen bien la tecnología, mientras
que muchos de sus adversarios no son tan sofisticados
técnicamente. Al menos en teoría, la protección es
más fácil que la penetración, y aquí tanto la tecnología
como la economía están del lado de la ciberdefensa.
También resulta que el mundo sigue estando en los
días del «salvaje oeste» ciberespacial y todavía hay
muchas cosas que no están bien asentadas. Temas
como la gobernanza de Internet se hallan aún en las
primeras etapas de desarrollo y preguntas tales como
«¿quién es el encargado?» no han sido enteramente
respondidas.16
En el más largo plazo, es probable que muchos de
los más acuciantes problemas de la ciberseguridad
estadounidense puedan ser resueltos si la nación
adopta una posición verdaderamente seria respecto a su
enfrentamiento. En parte, significa tomar un sistema y
un conjunto de protocolos que jamás fueron diseñados
para ser seguros y garantizados, y transformarlos en
otros que sí lo sean, e ir al encuentro de las necesidades
en vías de evolución de los usuarios por todo el mundo.
No obstante, para hacerlo, se requerirá no solo una
estrategia nacional, sino también, la organización
y los recursos para cumplir la tarea. Claramente, la
solución de estos problemas a largo plazo necesitará
de una sostenida inversión de recursos federales, así
como una más estrecha cooperación entre las agencias
gubernamentales pertinentes y los abastecedores
comerciales de Internet.
Los proyectos de ley que permanecen pendientes
ante el Senado y la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos contienen muchos de los elementos
críticos de una solución a largo plazo.17 Se requiere
primero de un incremento de la inversión en la
educación para la ciberseguridad, de un modo muy
parecido a aquel que la nación adoptó para responder
al desafío de la Guerra fría respecto a la «carrera
espacial». La ciberseguridad exige las mejores mentes,
y resulta esencial brindar los incentivos para que
ingresen en ese campo y obtengan las habilidades
requeridas para resolver esos complejos problemas.
Las universidades de la nación no van a hacerlo por su
propia iniciativa, y requerirán apoyo gubernamental
si se desea que el país tenga éxito en este asunto.
El gobierno ha de reconocer que no puede legislar
la seguridad: tiene que financiar su desarrollo y
aplicación en las esferas de seguridad, resistencia
y privacidad. La nación tiene que moverse, de otra
Orden Ejecutiva de alto nivel o Directiva Presidencial,
a programas concretos y efectivos. Al propio tiempo,
tiene que seguir refinando una estrategia para la
ciberguerra.
El actual estado de cosas sigue confundiendo lo que se
hace bajo el Título 10 (operaciones militares) y Título 50
(operaciones de inteligencia), puesto que las actividades
en esta esfera utilizan personal y técnicas tanto de los
militares como de la comunidad de inteligencia (Wall,
2011). Ciertamente, el establecimiento del CYBERCOM
y otras iniciativas similares son un buen comienzo, pero
tiene que hacerse muchísimo más.
Finalmente, el enfrentamiento del reto de la
ciberseguridad requiere una asociación fuerte con la
industria. Resulta esencial no perder de vista que esta
construyó la red, y que ella la arreglará. Por lo general,
el gobierno solo puede firmar cheques, y no un código
de computadoras. Incluso los militares y las agencias
de inteligencia son ampliamente dependientes de sus
bases de contratistas en esta esfera crítica. La solución
definitiva es impulsada tanto por las amenazas como
por las demandas de los usuarios, y ambas cosas
están cambiando constantemente. Las políticas y los
programas deben responder a ellas si se quiere hacer
frente al desafío.
Traducción: David González
Notas
1. Muchas personas no se dan cuenta de que virtualmente todas las
comunicaciones —para la Casa Blanca, los militares, los servicios
de inteligencia y otros— se producen a través de los servicios de
La seguridad nacional estadounidense y las tecnologías de la información
31
telecomunicación comerciales. Esos portadores se han mudado,
en su casi totalidad, a los protocolos de Internet.
2. Un buen resumen de esta situación está contenido en el
Department of Defense Cyber Strategy (Abril de 2015), de reciente
publicación.
3. Las revelaciones sobre el espionaje de la Agencia Nacional de
Seguridad de los Estados Unidos a ciudadanos norteamericanos,
hechas por el exempleado de la CIA Edward Snowden, han causado
desde 2013 un notable impacto en la comunidad internacional.
4. Investigaciones y debates paralelos están teniendo lugar en el
Reino Unido. Véase, por ejemplo, Anderson (2015), sobre el reporte
presentado al Primer Ministro respecto a la Sección 7a de la Ley de
Poderes de Retención de Datos e Investigativos.
5. Quizás sea una extraña coincidencia que el nacimiento de
Internet se produjera al mismo tiempo que el desplome de la Unión
Soviética, pues muchos de los más serios ciberdelitos provenían
de allí.
6. SCADA son las siglas de Supervisory Control and Data Acquisition
(control de supervisión y adquisición de datos), un sistema de
computación para colectar y analizar datos en tiempo real, utilizado
para monitorear y controlar una planta o equipos en industrias
tales como las telecomunicaciones, control de aguas y de basura,
energía, refinación de petróleo y gas, y transporte.
7. Para muchos, podría resultar una sorpresa el hecho de que el
correo electrónico no constituía siquiera una parte del diseño
original de ARPAnet, y su protocolo fue un proyecto personal
carente de financiamiento del empleado de la BBN, Ray Tomlinson.
Sin embargo, ello no impidió que ARPA, en última instancia, lo
incorporase al sistema.
8. La comunidad de hackers ha evolucionado hasta convertirse
en una grande y creciente subcultura, con una convención anual
(DefCon) que se celebra en Las Vegas. La convención comenzó en
1992 como Dark Tangent (tangente oscura) y desde entonces ha
crecido enormemente.
9. No resulta sorprendente que incluso organizaciones terroristas
como Al Qaeda, y más recientemente, el Estado Islámico,
mantengan un gran número de sitios web para promover sus causas
y auxiliarse en sus operaciones. Durante algún tiempo, el sitio web
de la Carretera de la Seda ayudó al tráfico internacional de drogas,
y su fundador ha recibido ahora una condena de cadena perpetua
en una prisión federal.
10. En el ahora célebre escándalo de Wikileaks, un individuo con
una acreditación de seguridad utilizó una memoria USB para
retirar datos clasificados de una computadora segura, razón por
la cual ha sido condenado por cargos de espionaje. De modo
similar, el ciudadano estadounidense Edward Snowden contaba
con una acreditación de seguridad de alto nivel e ilegalmente
retiró documentos clasificados de computadoras gubernamentales
antes de huir a Moscú, y también enfrentaría cargos de espionaje si
retornase al país. Estos no fueron casos en los que las computadoras
gubernamentales fueron «hackeadas» y los datos retirados.
11. Existe el asunto independiente del correo electrónico entre
el personal de seguridad nacional. Al principio, muchos de esos
usuarios de hecho utilizaron los servicios comerciales, tales
como AOL y otros, a menudo respecto a asuntos sensitivos. Las
violaciones de los procedimientos de seguridad fueron a menudo
burdas y flagrantes. Más recientemente, las agencias han adoptado
cuentas de correo seguras, clasificadas, para apoyar a sus usuarios.
Aunque la mayoría de ellos ahora cuentan con varias cuentas,
y mantienen las comerciales, hay optimismo respecto a que el nivel
de violaciones de seguridad se ha reducido.
32
Abraham R. Wagner
12. El ejemplo primordial aquí es CitiBank, que sufrió un robo por
parte de cibercriminales rusos de un monto aún no revelado de
dinero antes de adoptar medidas correctivas.
13. Tanto la comunidad militar como la de inteligencia construyeron
redes clasificadas con tecnologías de cifrado que –creyeron—
debían hacerlas invulnerables, pero luego aprendieron que no era
totalmente así.
14. Para un excelente análisis del desarrollo de la Unidad PLA
61398, véase, por ejemplo, Mandiant, 2013.
15. También existe la cuestión legal referida a que no tiene
lógica separar las ciberoperaciones defensivas y ofensivas, y que
estas últimas requieren la habilidad jurídica de involucrarse en
actividades Título 50 (operaciones de inteligencia encubiertas), y
que el DHS y el NIST no están autorizados para hacerlo.
16. Un temprano análisis de este problema puede hallarse en
Goldsmith, J. y T. Wu, (2006) Who Controls the Internet? Illusions
of a Borderless World, Nueva York, Oxford University Press.
17. Esto no es un asunto de tomar partido, y tanto los proyectos que
están ante el Senado como los que están ante la Cámara contienen
elementos importantes y útiles. Incluidos aquí están el Proyecto
de Ley sobre ciberinteligencia y protección (Cyber Intelligence and
Protection Act, CISPA, H.R. 3523 – Rogers); el Proyecto de Ley
sobre la promoción y el perfeccionamiento de la ciberseguridad
y de la efectividad sobre la forma de compartir información
(Promoting and Enhancing Cybersecurity and Information Sharing
Effectiveness Act, PRECISE, H.R. 3674 – Lungren y McCaul); el
Proyecto de Ley de Ciberseguridad (Cybersecurity Act, S. 2105 –
Lieberman-Collins); y el Proyecto de Ley sobre el fortalecimiento
y perfeccionamiento de la ciberseguridad por la vía de utilizar la
investigación, la información y la tecnología (Strengthening and
Enhancing Cybersecurity by Using Research, Education, Information
& Technology Act, SECURE-IT, S. 2151 – McCain-Fengold).
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Distinguishing Military Operations, Intelligence Activities &
Covert Action» en Harvard Law Review. www.soc.mil/528th/
PDFs/Title10Title50.pdf
, 2015
Comentario sobre seguridad nacional
y tecnologías de la información
Carlos del Porto Blanco
Profesor. Instituto Superior Politécnico
«José Antonio Echeverría» (CUJAE)
L
a alta dependencia que tiene la sociedad
estadounidense de los procesos informatizados
constituye su talón de Aquiles, pues todas
las infraestructuras críticas del país —agua,
electricidad, gas, transporte, entre otros— están
soportadas sobre esas tecnologías que no son ni
infalibles, ni totalmente seguras.
En el momento en que ARPAnet —posteriormente,
Internet— daba sus primeros pasos, el académico
estadounidense y luego asesor de Seguridad Nacional
del presidente James Carter (1977-1981), Zbigniew
Brzezinski, planteaba:
[L]a era tecnotrónica involucra la aparición gradual de
una sociedad más controlada y dominada por una élite
sin las restricciones de los valores tradicionales, por lo que
pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua
sobre cada ciudadano y mantener al día los expedientes
completos que contienen incluso la información más
personal sobre el ciudadano. (Brzezinski, 1982)
En enero de 2002 se creó el proyecto Total
Information Awareness (TIA), al frente del cual
estuvo el Almirante John Poindexter, quien fuera
Asesor de Seguridad Nacional del presidente Ronald
Reagan (1981-1989), condenado por el escándalo
Irán-Contras y posteriormente conmutado por el
presidente George Bush (1989-1993). Este proyecto
tenía como objetivo «buscar inconsistencias en
fuentes de datos abiertas con el fin de conocer hechos
y objetivos», y como misión,
imaginar, desarrollar, aplicar, integrar, demostrar y
utilizar las tecnologías de la información, componentes
y otros sistemas de información para detectar amenazas
asimétricas, con el objetivo de lograr un conocimiento total
de la información. (Information Awarness Office, S/A)
Aparentemente, este proyecto cesó en 2004 cuando
el Congreso retiró su financiamiento, pero se conoce
que determinadas partidas presupuestarias para los
órganos de inteligencia no pasan por el Legislativo.
La llegada de la Administración Obama significó
un impulso a la informatización y automatización
permanentes de la maquinaria militar estadounidense,
como se aprecia en su doctrina militar presentada
en enero de 2011 y que se basa en tres pilares: los
aviones sin piloto o drones, las tropas especiales y la
ciberguerra.
En 2010 se hizo pública la presencia de un programa
maligno (malware) de muy alta tecnología que golpeaba
el programa nuclear iraní: Stuxnet, que interrumpió el
proceso de enriquecimiento de uranio y que, como se
demostró, era una obra de ingeniería muy elaborada.
Su desarrollo necesitó muchos recursos financieros y
un conocimiento profundo en varias áreas, imposibles
de lograr por un hacker o grupo de ellos sin el respaldo
de un Estado; las investigaciones posteriores revelaron
que la Administración Bush y el gobierno de Israel
estuvieron involucrados, y que Obama heredó y
continuó el proyecto, que tuvo como clave el nombre de
Olimpic Games (Sanger, 2012). Este hecho se considera
como la apertura de la caja de Pandora en este tipo de
hechos, pues a partir de aquí, cualquier Estado se puede
sentir en el derecho de atacar cibernéticamente a otro,
con todos los peligros que ello implica.
Como era de esperar, esta política no se detuvo y
siguió con un impulso renovado. Todas las pruebas
forenses apuntan a que el resto de programas malignos
de alto nivel de complejidad que han sido detectados
en tareas de espionaje tienen puntos de contacto con
Stuxnet: por ejemplo, Duqu, MiniDuqu, Gauss, Flame,
Careto y otros. Un elemento que despierta suspicacias
es que después de años de instalación y de realizar
labores de inteligencia, ninguno de esos malwares ha
sido detectado por alguna de las «grandes y famosas»
empresas dedicadas a la seguridad informática, casi
todas estadounidenses; solo una empresa se lleva
prácticamente todos los méritos, Kaspersky Lab., de
nacionalidad rusa —¿será que las del llamado mundo
occidental están de alguna forma implicadas?
Comentario sobre la seguridad nacional
y las tecnologías
de la información
n. 81-82:
33-35, enero-junio
de 2015
33
El país que clama por una mejora en sus defensas
ante peligrosos y despiadados enemigos, es el que da el
primer golpe también en el campo cibernético y dedica
todo un ejército, el Cibercomando (CYBERCOM), a
estos fines.
El enfrentamiento en el campo del ciberespacio es
asimétrico por naturaleza, pero puede ser altamente
letal. Permitir que «el genio salga de la botella» puede
tener consecuencias inimaginables, por lo que los
responsables de elaborar y llevar a cabo las políticas
en este campo llevan sobre sus hombros una enorme
responsabilidad: no dejarse llevar por fobias ideológicas,
sino actuar como verdaderos estadistas; reconocer que
el mundo no se puede mirar con el prisma de «los
buenos» y «los malos», y que hay mucho en juego.
En este escenario no existe ni frente ni retaguardia:
se rompen todas las reglas de la guerra convencional. Se
puede estar ante a un ataque perpetrado por un Estado,
un grupo o un «lobo solitario», y es muy difícil discernir
cuál es la situación. El presidente Obama y el premier
británico David Cameron han planteado que deben
redefinirse las reglas de la guerra para adecuarlas a las
necesidades del mundo digital (Fung, 2013); si esto se
llevase a cabo, debe ser el resultado de una negociación
internacional en la que tengan voz y voto todos los
Estados y no solo algunos elegidos.
Una pregunta que haría un observador objetivo es:
¿para qué tanto gasto entonces? En 2014, los Estados
Unidos tuvieron un presupuesto militar de 581 mil
millones de dólares, más que China, Rusia, Arabia
Saudita, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, India
e Israel juntos —aquí no se consideran otras partidas
como la del armamento nuclear que corre por parte
del departamento de energía. 3,51% del PIB del país
más rico del planeta se dedicó a tareas relacionadas
con la guerra. Para el año fiscal 2016, el presupuesto
aprobado es de 523 mil millones de dólares. ¿Quién
amenaza a quién?
Todo esto provoca la reacción de otros Estados que
crean sus propios cibercomandos. Francia, Alemania,
Brasil, China, Rusia e Israel han manifestado que ya
poseen instituciones de ese tipo.
Los Estados Unidos y el Reino Unido han planteado
también la posibilidad de la utilización ofensiva de
armas cibernéticas. En mayo de 2011, el presidente
Obama aprobó la Strategy for Cyberspace, que planteaba,
entre otras cosas, que los Estados Unidos «tienen el
derecho inherente a defenderse, que puede ser traído a
colación por ciertos actos agresivos en el ciberespacio»;
«cuando sea necesario […] responderán a actos hostiles
en el ciberespacio, como lo haríamos a cualquier otra
amenaza a nuestro país»; y «se asegurarán de que el
riesgo asociado a atacar o explotar nuestras redes, sea
mucho mayor que los posibles beneficios».
34
Carlos del Porto Blanco
Los últimos tiempos han sido pródigos en hechos
que justifican un análisis multilateral de los problemas
relacionados con la seguridad:
• La publicación de informaciones que ilustran las
fallas que tiene el sistema estadounidense y que
comprometen su liderazgo. Los casos más conocidos
son los de Julian Assange, Chelsea Manning y
Edward Snowden.
• El presidente Obama ha firmado recientemente
una resolución que permite sancionar a hackers
extranjeros que atenten contra infraestructuras
críticas norteamericanas.
• Los grupos terroristas como Al Qaeda y Daesh
ganan adeptos y expanden su área de operaciones,
apoyándose fundamentalmente en las redes sociales
digitales.
• Rusia presenta un sistema operativo propio.
La solución a estos problemas de alta complejidad
tiene obligatoriamente que basarse en principios
éticos, la colaboración y los acuerdos internacionales;
de lo contrario nos encontramos a la puerta de
pandemoniun.
Dos voces que ilustran cómo las tecnologías de la
información y las comunicaciones se encuentran en el
centro de la doctrina militar estadunidense son James
Wilkinson, quien fuera el vocero del Comando Central
de los Estados Unidos, USCENTCOM, radicado en
Tampa, Florida, quien expresó en marzo de 2003:
«El objetivo de la guerra de información es ganar sin
disparar un solo tiro, si empieza la acción, la guerra
de información se usa para que el conflicto sea lo
más corto posible»; y James Andrew Lewis, director
y socio del Programa de Tecnología y Política Pública
del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales,
quien dijo: «Ya no tienen necesidad de bombardear. Es
un mundo totalmente nuevo».
Para resumir, la seguridad nacional de un Estado
no puede estar centrada en ir en contra de los intereses
de otros.
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Comentario sobre la seguridad nacional y las tecnologías de la información
35
La misión y la naturaleza
de los medios de difusión
del mainstream
Paul Louis Street
Periodista.
E
n consonancia con su ubicación entre los
principales activos de la acaudalada élite de
la nación y con su condición de productor
de dinero para ella, los medios de difusión
corporativos y comerciales son un bastión de la
propaganda al servicio del poder y de las tonterías
diseñadas para mantener a la ciudadanía de los Estados
Unidos subordinada al capital y al Estado imperial
norteamericano. De manera regular, presentan a ese
país como un gran modelo de democracia e igualdad.
Venden la falsa imagen una sociedad en la que los ricos
disfrutan de la opulencia debido a su laboriosidad
dura y honesta, y los pobres lo son debido a su pereza
e irresponsabilidad. Las emisiones nocturnas de los
noticieros de televisión, los dramas policiales y los
atinentes a la ley y el orden trasmitidos por el mismo
medio están obsesionados con el crimen violento en los
guetos negros de la nación y en los barrios latinos; pero
jamás hablan de la extrema pobreza y la ausencia de
oportunidades impuestas a esas barriadas por las fuerzas
interrelacionadas del racismo institucional, la fuga de
capitales, el desempleo estructural masivo, las escuelas
insuficientemente financiadas y las encarcelaciones
masivas. Los partes nocturnos televisados del estado
del tiempo informan a los ciudadanos sobre un
creciente número de temperaturas récords y formas
relacionadas de clima extremo, pero jamás relacionan
esos destacados eventos meteorológicos con el cambio
climático antropogénico.
Los medios de difusión corporativos dominantes
exageran, de manera rutinaria, el grado de diferencia
y de alternativa entre los candidatos impulsados por
las dos organizaciones políticas dominadas por las
36
81-82: 36-44, enero-junio de 2015
Paul Louisn.Street
corporaciones de la nación, el Partido Demócrata y el
Republicano. Jamás observan que los dos concuerdan
en muchísimas más cosas que en las que difieren,
particularmente en lo que respecta al poder de la clase
empresarial y del Imperio norteamericano. Presentan
a los manifestantes estadounidenses involucrados
en tempestuosas confrontaciones con la policía y
destacan ejemplos aislados de violencia por parte de
aquellos; pero restan importancia a la protesta pacífica
y desatienden las cuestiones referidas a las políticas
que han desencadenado esas protestas, o las demandas
y recomendaciones expresadas por los ciudadanos.
Para vender el Imperio
Los locutores norteamericanos de telediarios y
sus contrapartes de los medios de difusión impresos
repiten como papagayos y difunden, de modo
rutinario, las falsas afirmaciones de política exterior
de la élite imperial de la nación. A principios de este
año, trasladaron disciplinadamente a los ciudadanos
norteamericanos la afirmación disparatada de la
Administración Obama referida a que la Venezuela
socialdemócrata era represiva, corrupta y un peligro
para su propio pueblo y para los Estados Unidos.
Ninguno de los principales mercados de noticias se
atrevió a señalar el carácter absurdo de esta acusación
hecha durante la visita de Obama y otros altos
funcionarios estadounidenses a Ryad para apoyar al
nuevo rey de Arabia Saudita: el líder absoluto de un
Estado —cliente principal de los Estados Unidos—
que tiene, por cierto, el gobierno más brutalmente
opresivo y reaccionario de la tierra.
En los medios de difusión del mainstream, los
objetivos de Washington son siempre benévolos y
democráticos; sus clientes y aliados, progresistas; sus
enemigos, viles; y sus víctimas, invisibles e incidentales.
Los Estados Unidos pueden ocasionalmente cometer
«errores» y «torpezas estratégicas» en el escenario
global, pero en lo que a esos medios de difusión
respecta, sus políticas exteriores jamás son inmorales,
criminales o imperialistas por naturaleza. Esto está en
línea también con la doctrina de la «excepcionalidad
norteamericana», según la cual el país es la única de
las grandes potencias de la historia que no procura
ganancias egoístas o imperiales en el extranjero.
Resulta igualmente coherente con la onerosa
dependencia que padecen los grandes medios de
difusión norteamericanos respecto a las «fuentes
gubernamentales oficiales» (la Casa Blanca, los
departamentos de Estado y de Defensa) y las oficinas
de relaciones públicas y de prensa de las principales
empresas.
Tal como mostraran Edward Herman y Noam
Chomsky (1988: 37-86, 87-142), destacados intelectuales
de la izquierda norteamericana, en su texto clásico
Manufacturing Consent: The Political Economy of the
Mass Media, los dobles raseros orwellianos abundan
en la cobertura y la interpretación que hacen los
medios de difusión estadounidenses de los asuntos
globales. Las elecciones ganadas en otros países por
los políticos que Washington aprueba —porque
puede contar con ellos para que sirvan a sus intereses
corporativos y militares— son presentadas en los
medios de difusión como buenas y limpias; pero
cuando llevan al poder a quienes no sirven a los
«intereses norteamericanos» (Hugo Chávez y Nicolás
Maduro, por ejemplo), las corporaciones mediáticas
las presentan como «falsificadas» y «corruptas».
Cuando los norteamericanos o personas aliadas con
Washington son muertos o heridos en el extranjero,
son «víctimas respetables» y reciben gran atención y
simpatía en esos medios; sin embargo, las personas
muertas, mutiladas, desplazadas o dañadas de alguna
forma por los Estados Unidos, o sus clientes y aliados,
son anónimas y víctimas «no respetables» cuyos
destinos merecen poca mención o preocupación.
Los ciudadanos norteamericanos ven regularmente
imágenes de personas enfadadas con los Estados Unidos
por todo el mundo. Los medios de difusión dominantes
jamás les conceden ningún debate serio acerca de las
políticas y acciones norteamericanas que provocan
esa cólera; dejan que millones de norteamericanos se
pregunten, en su ignorancia casi pueril: «¿Por qué nos
odian? ¿Qué hemos hecho?».
En febrero de 2015 ocurrió un acontecimiento
e x t r a ord i n ar i o e n l o s m e d i o s d e d i f u s i ón
norteamericanos: el despido de uno de los principales
locutores de noticias de la televisión, Brian Williams,
del noticiario de la NBC. Perdió su puesto debido a
algunas mentiras que dijera con respecto a la invasión
norteamericana a Irak. Alguna persona ajena e
ingenua podría pensar que fue despedido porque
repitió las burdas fabricaciones de la Administración
de George W. Bush respecto a las armas de destrucción
masiva de Saddam Hussein y la supuesta vinculación
de este con los acontecimientos del 11 de septiembre.
Tristemente, pero de manera muy predecible, no fue
ese el problema. Williams perdió su empleo debido
a que se vanaglorió falsamente de haber viajado en
un helicóptero obligado a aterrizar por un fuego de
granadas durante los inicios de la invasión. Si el hecho
de trasmitir las mentiras de Washington sobre Irak
fuese algo por lo cual pudiera alguien ser despedido,
las autoridades de los medios de difusión corporativos
de los Estados Unidos tendrían que deshacerse
de la mayor parte de sus principales locutores de
noticias.
La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream
37
Más que entretenimiento
El servicio propagandístico que prestan los medios
de difusión corporativos norteamericanos a las
estructuras reinantes e interrelacionadas del Imperio
y la desigualdad, no se limita a sus ramas noticiosas y
de asuntos públicos. Igualmente significativo —si no
más— es el vasto sector de «entretenimiento» de esos
medios, cargado de contenido político e ideológico
(Street, 2000; 2009; 2015a); pero que fue totalmente
ignorado en la reveladora obra de Herman y Chomsky
(1988). Un ejemplo es la producción de Hollywood
Zero Dark Thirty (2012), que dramatizó la búsqueda
de Osama bin-Laden a raíz de los ataques con aviones
de pasajeros del 11 de septiembre de 2001. El filme,
aclamado por la crítica, fue un éxito de taquilla. También
fue una obra de arte de la propaganda promilitar, proCIA, que con mucha destreza presentaba las prácticas
de torturas por parte de los Estados Unidos «como un
asunto sucio, feo, que resulta necesario para proteger
América» (Greenwald, 2012), y suprimía el debate
moral que estalló sobre las «técnicas de interrogatorio
intensificadas» de la CIA. Bajo el disfraz de una fachada
neutral, pseudodocumental, Zero Dark Thirty brindó
credenciales de normalidad a la tortura y la aprobó
de maneras que eran tanto o más efectivas debido
a una apariencia de moderación, distanciamiento
y «objetividad». La película también trazó una
preocupante nueva frontera en el rodaje de filmes
norteamericanos «empotrados» dentro de lo militar, en
virtud de la cual los cineastas reciben apoyo técnico y
logístico del Pentágono a cambio de producir relaciones
públicas complejas para beneficio de los militares.
La superproducción de Hollywood, American
Sniper (2015), también es un ejemplo. Se supone que
los espectadores del filme se maravillen ante lo que se
pretende sean nobles hazañas, sacrificio y heroísmo de
Chris Kyle, un francotirador de los SEALS,1 robusto,
patriótico y fundamentalista cristiano que tomó parte
en la invasión norteamericana a Irak para combatir
«el mal» y vengar los ataques de Al Qaeda del 11 de
septiembre de 2001. Kyle dio muerte a 160 iraquíes
en cuatro misiones de cumplimiento del «deber» en
el contexto de la «libertad operativa iraquí». A los
espectadores jamás se les dice que el gobierno iraquí no
tuvo nada que ver con los ataques del 11 de septiembre
o con Al Qaeda, ni que la invasión norteamericana
fue uno de los actos más notoriamente criminales,
descaradamente imperiales y masivamente homicidas
en la historia de la violencia internacional. Al igual que
los apologistas de Zero Dark Thirty, los defensores de
American Sniper sostienen que la película adopta una
perspectiva neutral de «puramente contar la historia»,
sin ningún sesgo ideológico. En realidad, la cinta
está llena de distorsiones racistas e imperiales, que
38
Paul Louis Street
funcionan como el tipo de propaganda de guerra que
apela a cualquier medio (Street, 2015b).
Estos son apenas dos entre muchos ejemplos
del servicio regular que proveen los medios de
«entretenimiento» al imperio norteamericano.
Hollywood y otras partes del vasto complejo corporativo
del entretenimiento de la nación desempeñan el mismo
papel de servicio al poder con respecto a las estructuras
de clase y raza, desigualdad y opresión domésticas («de
la patria») (Macek, 2006; Puette, 1992).
La manufactura del idiotismo
Cuando la contemplamos en sus múltiples aristas, la
misión oscura, al servicio del poder, de los medios de
difusión corporativos de los Estados Unidos trasciende
la manufactura del consentimiento. Un objetivo más
profundo es la del idiotismo masivo, entendiendo
«idiotismo» en el sentido original griego y ateniense:2
no de estupidez, sino de egoísmo infantil e indiferencia
deliberada respecto a las preocupaciones y los asuntos
públicos.
En los Estados Unidos de las corporaciones, donde
la violencia no está tan al alcance de la mano para las
élites como en la América Latina del decenio de los
70, se busca el mismo terrible resultado a través de
sus instituciones ideológicas, incluidos sobre todo
sus medios masivos de difusión. En las películas
norteamericanas, las comedias de situación, los
dramas televisivos, los reality-shows, los comerciales,
los anuncios de la lotería estatal y los videojuegos, el
tipo ideal de ciudadano norteamericano es un idiota
en ese sentido clásico: una persona que se interesa por
poco más que su propio bienestar, su nivel de consumo
y su estatus, se siente dichosamente indiferente
frente a los terribles precios que otros pagan por el
mantenimiento de las estructuras de opresión reinantes
e interrelacionadas dentro del país y en el exterior.
Un tema recurrente en esta cultura de los medios
de difusión es la noción de que las personas que se
encuentran en la parte más baja de las pirámides
socioeconómica y racial de la nación, abruptas
e interrelacionadas, son los constructores de su
propio destino, «personalmente irresponsables» y
culturalmente deficientes. La versión que tienen
los medios de difusión de masas norteamericanos
de la idiotez ateniense obra para «eliminar lo social
del lenguaje de la vida pública, con el objetivo de
reducir» los asuntos referidos a la disparidad racial
y socioeconómica al nivel de «cuestiones privadas»
de carácter individual y perversión cultural. En línea
con «el concepto central neoliberal de que todos los
problemas son privados y no sociales por naturaleza»,
presenta las únicas barreras a la igualdad y participación
Relativamente pocas personas fuera de sus fronteras consumen noticias y
medios de difusión norteamericanos referidos a los asuntos públicos; pero
las películas, los espectáculos televisivos, los juegos de video, los aparatos
de comunicación y la cultura del anuncio de origen «americano» —es decir,
estadounidense— son omnipresentes por todo el planeta.
democrática significativa como «una carencia de
principios de autoayuda y de responsabilidad moral» y
malas decisiones personales por parte de los oprimidos.
Los esfuerzos gubernamentales por encarar y mejorar
significativamente (por no mencionar abolir) las
disparidades de la sociedad respecto a la raza, la clase, el
género, la etnicidad, la nacionalidad y cosas por el estilo,
son presentados como inútiles, contraproducentes,
ingenuos y peligrosos (Giroux, 2003; 2004).
Efectivamente, una especie de preocupación y
compromiso públicos estrechos y reaccionarios aparece
y presenta un aspecto favorable en esta cultura de los
medios de difusión corporativos. Adopta la forma de
una respuesta cruel —a menudo, incluso, sádicamente
violenta— frente a los «indignos» y «malvados», a los
que se percibe como incapaces de obedecer los códigos
culturales nacionales y neoliberales prevalecientes.
Al igual que la clase gobernante norteamericana
que es su dueña, los medios pretendidamente
antigubernamentales no están realmente opuestos
al gobierno como tal, sino a lo que el sociólogo
francés Pierre Bourdieu llamó «la mano izquierda del
Estado»: aquellas partes del sector público que sirven
las necesidades sociales y democráticas de la mayoría
no acaudalada. Elogian y de otros modos impulsan
la «mano derecha del Estado» (Bourdieu, 1998: 2444; Pilger, 2002: 116): las porciones del gobierno que
sirven a la minoría opulenta, distribuyen castigos entre
los pobres y atacan a los que perciben como vilmente
resistentes frente al orden imperial dentro del país y
en el extranjero. Los oficiales de la policía, los fiscales,
los militares y otras autoridades gubernamentales que
representan la «mano derecha» son héroes y modelos
en estos medios de difusión. Los defensores públicos,
propugnadores de las libertades civiles, activistas por
la justicia racial, líderes sindicales, los que protestan
por las guerras y otros similares son presentados,
en el mejor de los casos, como ingenuos e irritantes
«bienhechores» y, en el peor, como agentes del mal.
La generación de la idiotez masiva —en el sentido
más comúnmente entendido— es también una
parte central de la misión de los medios de difusión
norteamericanos del mainstream. En ningún otro
aspecto resulta esta evidencia más clara que en
el bombardeo constante de anuncios del tipo de
fuego graneado que inundan los medios de difusión
corporativos de los Estados Unidos. Como observara
treinta años atrás el crítico cultural Neil Postman, el
comercial de televisión norteamericano moderno es la
antítesis de la valoración económica racional que los
primeros campeones occidentales del sistema de lucros
alegaban que era la esencia ilustrada del capitalismo.
Sus teóricos principales, incluso sus más prominentes
practicantes, creían que el capitalismo se basaba en la
idea de que tanto el comprador como el vendedor son lo
suficientemente maduros, bien informados y razonables
como para involucrarse en transacciones del propio
interés de ambas partes. (Postman, 1983)
Los comerciales tratan de vender esta idea como algo
nuevo. Están dedicados a persuadir a los consumidores
con afirmaciones totalmente irracionales. No se
basan en la presentación razonada de evidencias y el
argumento lógico, sino en el emocionalismo sugestivo,
la manipulación infantilizante y la imaginería evocativa
de fuego graneado (Postman, 1983: 127-8; Chomsky,
2013: 80).
Las mismas técnicas envenenan la política electoral
norteamericana. El hecho de invertir en comerciales
de campaña engañosos y manipuladores es lo que
comúnmente determina el éxito o el fracaso en
competencias electorales; los candidatos son vendidos a
los espectadores/electores como marcas de pasta dental
o desodorante. Muy apropiadamente, el costo de estos
anuncios políticos eleva hasta tal punto los gastos de
campaña (las elecciones presidenciales de 2016 costarán al
menos cinco mil millones de dólares) que los candidatos
se vuelven cada vez más dependientes de los donantes
corporativos de mucha plata, y de Wall Street.
Por el camino, la competencia cognitiva de masas es
asaltada por la entumecedora ubicuidad y velocidad de
los anuncios de la televisión y la radio norteamericanas.
Esos comerciales asaltan la capacidad de los ciudadanos
para el enfoque mental sostenido y la deliberación
racional durante casi dieciséis minutos por hora en la
televisión por cable, y 44% de los anuncios individuales
ahora duran solo 15 segundos. Este es un factor de la
epidemia del «Desorden de Déficit de Atención» que
hace mucho tiempo se ha estado lamentando en el
país.
La rama del «entretenimiento» en el vasto complejo
de medios de difusión corporativos es crítica para el
«poder» ideológico «suave» que los Estados Unidos
ejercen por todo el mundo aun cuando su hegemonía
económica se tambalea en un sistema global cada vez
más multipolar, y en la medida en que se evidencian los
La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream
39
significativos límites de su poder militar «duro» en el
Medio Oriente y más allá. Relativamente pocas personas
fuera de sus fronteras consumen noticias y medios de
difusión norteamericanos referidos a los asuntos
públicos; pero las películas, los espectáculos televisivos,
los juegos de video, los aparatos de comunicación y
la cultura del anuncio de origen «americano» —es
decir, estadounidense— son omnipresentes por todo
el planeta.
Para explicar los medios de difusión
del mainstream
La propiedad corporativa
No hay nada sorprendente en el hecho de que
los medios de difusión supuestamente «libres» e
«independientes» de los Estados Unidos funcionen
como un medio de adoctrinamiento masivo de la élite
económica e imperial de la nación. La primera y más
importante explicación de esta dura realidad se concentra
en la propiedad privada, es decir, el hecho fundamental de
que esos medios de difusión son propiedad, en primera
instancia, de gigantescas corporaciones, representantes
de quienes han realizado una fuerte inversión en el
capitalismo y el Imperio norteamericanos. Quienes
visitan los Estados Unidos no deben dejarse engañar
por el gran número y la variedad de tipos de canales y
estaciones que pueden sintonizarse en el radio de un
auto o en un aparato de televisión típicos de ese país, ni
por el amplio número y los variados tipos de revistas y
libros que se exhiben en una librería de Barnes & Noble.
En la actualidad, solamente seis corporaciones masivas
y globales (Comcast, Viacom, Time Warner, CBS, The
News Corporation y Disney) controlan, en su conjunto,
más de 90% de los medios de difusión impresos y
electrónicos de la nación, incluidos la televisión por cable
y por ondas aéreas, la radio, los periódicos, las películas,
los juegos de video, la publicación de libros, los comics y
mucho más. Tres décadas atrás, cincuenta corporaciones
controlaban la misma cantidad de medios.
Cada una de las seis compañías reinantes es
un conglomerado gigante y diversificado de los
multimedios, con inversiones más allá de los de
difusión, incluyendo la «defensa» (la esfera militar).
Pedirles a los reporteros y comentaristas en una de
esas corporaciones gigantes que cuenten la verdad sin
maquillaje sobre lo que ocurre en el país y el mundo,
sería como pedirle a la revista empresarial publicada
por la United Fruit Company que cuente la verdad
sobre las condiciones laborales en sus plantaciones
caribeñas y centroamericanas en el decenio de 19501959. Sería como pedirle al periódico empresarial
40
Paul Louis Street
de la General Motors que cuente la verdad sobre los
salarios y las condiciones de trabajo en sus plantas de
ensamblaje de autos por todo el mundo.
En la medida en que los medios de difusión de
la nación se concentran en cada vez menos manos
corporativas, el personal de dichos medios se vuelve
cada vez menos seguro en sus puestos porque tienen cada
vez menos empresas a las que puedan vender sus
habilidades. Eso los indispone todavía más a salirse de las
fuentes oficiales, a cuestionar la línea oficial y a decir la
verdad sobre los acontecimientos en curso y el contexto
en el cual ocurren.
Los anunciantes
Una segunda explicación radica en el poder de los
anunciantes. Los gerentes de los medios de difusión
de los Estados Unidos se hallan naturalmente reacios
a publicar o a trasmitir cualquier material que pueda
ofender a las grandes corporaciones que pagan las
trasmisiones mediante la compra de anuncios. Tal
como observara Chomsky en una reciente entrevista,
las grandes corporaciones no son solo los principales
productores de los medios de difusión de masas y
comerciales de los Estados Unidos; también constituyen
su principal mercado, lo cual profundiza el cautiverio
de dichos medios, supuestamente democráticos e
independientes, respecto al gran capital: «Estas son
básicamente corporaciones de envergadura que
brindan públicos a otros negocios, y eso configura de
un modo significativo la naturaleza de la institución»
(Chomsky, 2015).
A la vez, tanto los gerentes de los medios de
difusión corporativos de los Estados Unidos como los
anunciantes que les brindan ingresos para sus salarios,
vacilan en cuanto a producir un contenido que pueda
alienar a las personas acaudaladas que dominan una
porción, en constante aumento, de las compras de los
consumidores en el país. Naturalmente, los anunciantes
apuntan sobre todo a aquellos que poseen el más alto
poder adquisitivo.
La política gubernamental
Un tercer gran factor es la política y la regulación
de los medios de difusión que ejerce el gobierno de los
Estados Unidos para beneficio de la hiperconcentración
oligopólica. Los medios corporativos no son un
producto «natural» del «libre mercado»; son el resultado
de las protecciones y los subsidios gubernamentales
que brindan enormes ventajas «competitivas» a las
mayores y más política y plutocráticamente influyentes
empresas de comunicación. En línea con los términos
de la Ley de Comunicaciones de 1934 y la Ley de
Telecomunicaciones de 1996, los difusores comerciales
que procuran lucro tienen, casi por completo, las
manos libres en las ondas aéreas y las líneas de cable
de la nación. No se ha puesto aparte ningún segmento
sustantivo del espectro de las trasmisiones para servir al
verdadero interés público y genuinamente democrático,
popular, no lucrativo, y las redes oficiales de trasmisión
«pública» son totalmente cautivas de los intereses
corporativos y de los políticos de derecha que captan
gigantescas contribuciones para sus campañas. Buena
parte del proyecto de ley de 1996 fue redactada por
miembros de grupos de presión que laboraban para
las principales empresas de medios de difusión de la
nación (McChesney, 1994; 1997; 2000).
Habría que mencionar una forma diferente de
política estatal. Bajo la Administración Obama, hemos
presenciado la más agresiva persecución de que se tenga
memoria, enfilada contra los periodistas norteamericanos
que ponen un pie fuera de los estrechos parámetros de
la cobertura y los comentarios pronorteamericanos, y
contra aquellos que les filtran información. Esa es la
razón por la cual Edward Snowden vive en Rusia y Glenn
Greenwald en Brasil, Chelsea Manning está cumpliendo
cadena perpetua en una prisión militar norteamericana y
Julian Assange está atrapado en la embajada ecuatoriana
en Londres. Durante años, la Casa Blanca ha amenazado
con encarcelar a un importante escritor y reportero de
The New York Times, James Risen, por su negativa a
revelar sus fuentes.
Público de las copas de los árboles vs. público
de las raíces
Según la experiencia del que escribe, el análisis
crítico que hacen las fuerzas de izquierda respecto
a los medios de difusión norteamericanos del
mainstream como herramienta para «manufacturar el
consentimiento» y la idiotez que acabo de presentar
enfrenta cuatro objeciones por parte de los defensores
de ese sistema de medios.
La izquierda hipócrita
Una primera objeción observa que The New York
Times, The Washington Post, Financial Times (FT),
The Wall Street Journal (WSJ) y otros principales
mercados de los medios de difusión corporativos de los
Estados Unidos generan una cantidad significativa de
reportajes y comentarios informativos, de alta calidad
y a menudo francos, que los pensadores y activistas
de izquierda comúnmente citan para apoyar sus
propuestas de cambio radical y democrático. Se dice
que los norteamericanos que desde la izquierda critican
los medios de difusión, tales como Chomsky y Herman,
son hipócritas, porque obviamente hallan muchos
elementos utilizables en su condición de pensadores
de la izquierda en los mismos medios de difusión que
critican por distorsionar la realidad de acuerdo con los
dictados capitalistas e imperiales.
Es cierta la observación referida a que resulta común
que los izquierdistas utilicen y citen información de los
medios corporativos a los que tan duramente critican,
pero resulta fácil explicar esa aparente anomalía dentro
del marco crítico de la izquierda, al observar que los
medios de difusión confeccionan dos versiones muy
diferentes de la formulación de políticas, la política, la
sociedad, «la vida» y los acontecimientos en curso para
dos públicos distintos.
Siguiendo la obra del brillante crítico australiano
de la propaganda, Alex Carey, podríamos llamar
al primer público «las raíces» (Carey, 1997: 89-93).
Este comprende la masa general de los ciudadanos
de la clase trabajadora y baja. En el criterio de las
élites empresariales dueñas y gerentes de los medios
de difusión de masas de los Estados Unidos y de las
corporaciones que les pagan con compras de anuncios,
a esa «chusma» no se le puede confiar información
seria, franca y directa. Su papel esencial en la sociedad
es mantenerse callada, trabajar duro, dejarse entretener
—de maneras exquisitamente propagandísticas,
debemos recordar—, comprar cosas y, generalmente,
hacer lo que se le dice. Se supone que esas personas
dejen las decisiones claves respecto a la sociedad en
manos de aquellos que el destacado intelectual público
norteamericano del siglo xx y entusiasta de los medios
de difusión como propaganda, Walter Lippman, llamó
«los hombres responsables». Esa élite «inteligente,
bondadosa, experta y responsable» —responsable
en verdad por hazañas tan gloriosas como la Gran
Depresión, la guerra de Viet Nam, la invasión a Irak,
la Gran Recesión, el calentamiento global y el auge del
Estado Islámico— requería ser protegida, en opinión
de Lippman, de lo que llamó «el pisoteo y el rugido de
la manada aturdida» (Rossiter y Lare, 1965: 90-1). El
populacho iluso, la subciudadanía, la peligrosa mayoría
de la clase obrera no es el público de órganos de la élite
tales como el Times, el Post y el Journal.
El segundo grupo-objetivo comprende la clase
política pertinente de ciudadanos norteamericanos de,
cuanto más, la quinta parte superior de la sociedad.
Ese es el que lee el Times, el Post, el WSJ y el FT, en su
mayoría. Llamemos a este público (de nuevo, siguiendo
a Carey) «la copa de los árboles», la «gente que importa»
y que merece —y puede— algo que se aproxime de
manera más precisa a la historia real porque sus mentes
han sido apropiadamente disciplinadas y aduladas
por salarios superiores, una significativa autonomía
laboral en el puesto y una certificación educativa y
profesional «avanzada». Esta élite incluye a personas tan
fuertemente adoctrinadas como gerentes corporativos,
abogados, administradores públicos y la mayoría de los
La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream
41
profesores universitarios con cátedra. Puesto que estas
élites desempeñan tareas claves, dirigidas de arriba
hacia abajo, referidas a la supervisión, la disciplina,
la formación, la desmoralización, la cooptación y
el adoctrinamiento —todas ellas esenciales para el
gobierno de la verdadera élite económica y el sistema
imperial—, no pueden ser completamente inducidos a
error sobre los acontecimientos y las políticas en curso
sin que ello conlleve consecuencias perjudiciales para
el suave funcionamiento del orden social y político
dominante. Requieren información adecuada y no
deben ser excesivamente influidos por la brutal y
tonta propaganda generada por la «manada aturdida».
Al propio tiempo, la información y el comentario
destinados a esta clase a menudo contienen cierta dosis
de debate político y de trazado de políticas intraélite
razonado —un debate que siempre tiene el cuidado de
no aventurarse más allá de los estrechos parámetros
ideológicos norteamericanos. Por ello, un pensador
y activista de la izquierda radical de los Estados
Unidos puede hallar muchas cosas aprovechables en
los medios de difusión norteamericanos «de las copas
de los árboles». Semejante pensador o activista sería
ciertamente tonto si no los consultase.
«P»BS y N«P»R
Una segunda objeción a la crítica de izquierda de los
medios de difusión norteamericanos del mainstream
sostiene que el público norteamericano disfruta
de una alternativa significativa a través del Public
Broadcasting Service (PBS, servicio de trasmisiones
públicas, en la televisión) y el National Public Radio
(NPR, radio pública nacional) de la nación. Este
argumento no puede tomarse como algo serio. Debido
al financiamiento gubernamental —patéticamente
pobre— de los medios de difusión «públicos» de los
Estados Unidos, su fuerte dependencia respecto a los
patrocinadores de las corporaciones y el constante
hostigamiento al que los someten los críticos de derecha
dentro y fuera del Congreso norteamericano, N«P»R
y «P»BS son extremadamente reacios a cuestionar las
ideologías y estructuras de poder dominantes.
El tibio conservadurismo al servicio del poder que
manifiestan las trasmisiones «públicas» emana de un
diseño y la formulación de política de vieja data. El
gobierno federal permitió la formación de sus redes
solo con la condición de que no planteen desafíos —en
cuanto a la competencia en el mercado o la ideología—
a los medios de difusión comerciales privados, al
sistema de ganancias y a la política exterior global de los
Estados Unidos. «P»BS y N«P»R son «públicas» en un
sentido muy limitado. No funcionan para el público por
encima y en contra del poder corporativo, financiero
e imperial en ningún grado significativo.
42
Paul Louis Street
«Internet nos salvará»
Una tercera objeción alega que el auge de Internet
crea un ambiente de wild west en el cual el poder de
los medios de difusión corporativos es vulnerable
y los ciudadanos pueden hallar e incluso producir todos
los «medios alternativos de difusión» que requieran.
Este argumento no es del todo cierto, pero no debe ser
descartado por mero reflejo o en su totalidad. En los
Estados Unidos, al igual que en otras partes, aquellos
con acceso a Internet y dotados del tiempo y la energía
para emplearla de modo significativo, pueden hallar
una amplitud y una profundidad de información
sobresalientes, así como mordaces análisis de izquierda
en varios sitios en línea. Internet también amplía el
acceso de los ciudadanos y activistas a redes más allá
de los Estados Unidos, y a fuentes de élite que tienen,
por supuesto, mucha menos obligación con respecto
a la propaganda y la ideología norteamericanas. Al
propio tiempo, Internet y las redes de la telefonía
digital han demostrado a veces que son herramientas
organizadoras de la gente raigal, de las bases, de los
activistas norteamericanos progresistas.
De todas formas, es fácil exagerar el impacto
democrático y progresista de Internet en los Estados
Unidos. Los mercados en línea de la izquierda, y otros
progresistas, carecen de todo lo que pueda compararse
con los recursos financieros, técnicos, organizativos
y humanos de los medios de difusión corporativos,
que tienen su propio Internet sofisticado. Nada puede
desafiar el poder ideológico y propagandístico «suave»
de esos medios corporativos del «entretenimiento». La
infraestructura técnica de Internet está siendo sometida
cada vez más al dominio de un «cartel ISP» dirigido
por un pequeño número de corporaciones gigantes
(McChesney, 2014a).
La noción de una gran Internet «democratizadora»
del «salvaje Oeste» y del «libre mercado» se ha mostrado
políticamente útil para los gigantes de los medios de
difusión corporativos. Regularmente, anuncian con
trompetas el gran mito de Internet para sostener que el
público norteamericano y los encargados de regular los
negocios en Norteamérica no tienen que preocuparse
por su poder, y para justificar sus demandas de mayores
niveles de subsidios y protección gubernamentales.
Finalmente, por las revelaciones de Edward Snowden,
Glenn Greenwald y otros, sabemos que las principales
corporaciones digitales y con base en Internet, del
correo electrónico (Google y Yahoo), la telefonía
(v.g., Verizon) y las «redes sociales» (Facebook, sobre
todo) han colaborado con la Agencia de Seguridad
Nacional y con la policía local, estatal y federal de la
nación en la vigilancia de las comunicaciones privadas
de los ciudadanos y los activistas norteamericanos
(Greenwald, 2014).
Soluciones
La cuarta objeción acusa a los críticos izquierdistas
de los medios de difusión de ser excesivamente
negativos, y arremete contra aquellos que no brindan
alternativas serias al sistema actual de difusión de la
nación. Esta es una acusación transparentemente falsa
y de intención mezquina. Las críticas de izquierda están
fuertemente ligadas a un inteligente e impresionante
movimiento en favor de aplicar reformas a los
medios de difusión norteamericanos, que presenta
numerosas propuestas interrelacionadas para crear
un sistema que sea genuinamente público y dirigido
democráticamente.
Algunas de las demandas y de las propuestas de
este movimiento incluyen la propiedad y la operación
públicas de Internet como una empresa de servicio
público; el desmembramiento de los principales
oligopolios de los medios de difusión; el pleno
financiamiento público de las trasmisiones públicas;
el establecimiento de límites a los anuncios en los
medios comerciales; la abolición de los anuncios
políticos; la expansión del acceso a las ondas aéreas
y a la banda ancha para los mercados de los medios
alternativos; un periodismo impreso públicamente
financiado, sin fines de lucro ni comercial; la abolición
de la supervisión y el monitoreo gubernamentales y
corporativos, y de la extracción de datos comerciales a
partir de la comunicación privada y de las redes sociales
(McChesney, 2014b: 139-59). Con respecto a esta
cuarta crítica, debemos recordar la burlona respuesta
de Chomsky: «Existe una traducción certera para ese
argumento: “ellos presentan soluciones, y a mí no me
gustan”» (Chomsky, 2006, 262).
Una falsa paradoja
La misión propagandística y al servicio del poder,
así como la naturaleza de los medios de difusión
corporativos norteamericanos dominantes, podrían
parecer irónicas y hasta paradójicas a la luz de las fuertes
tradiciones de los Estados Unidos respecto a la libertad
de expresión y la democracia. Tal como han subrayado
Carey y Chomsky, lo primero cobra todo su sentido a la
luz de lo segundo. En naciones en las cuales la expresión
popular y el disentimiento son rutinariamente aplastados
mediante una violenta represión, las élites tienen pocos
incentivos para configurar las percepciones populares en
concordancia con los intereses de dicha élite; la población
es controlada primariamente mediante la coerción física.
En sociedades en las que generalmente no se considera
legítimo aplastar la expresión popular con el férreo talón
de la fuerza armada y donde a la opinión disidente se le
otorga un grado significativo de libertad de expresión, las
élites son fuerte y peligrosamente incentivadas a tratar
de manufacturar el consentimiento popular masivo y
la idiotez. El peligro se profundiza por la condición de
los Estados Unidos como pioneros en el desarrollo de
un capitalismo de consumo masivo, las películas y la
televisión. Gracias a esa historia, se han ubicado a la
vanguardia global por mucho tiempo en lo tocante al
desarrollo de tecnologías, métodos, arte y ciencias de
la persuasión de masas y de control del pensamiento
(Carey, 1997: 11-4, 133-9; Chomsky, 1992: 351-406;
Street, 2009).
Resulta apropiado entrecomillar la frase «medios
de difusión del mainstream» cuando escribimos sobre
los corporativos dominantes en los Estados Unidos.
Durante la era de la Guerra fría, los funcionarios
norteamericanos y los medios de difusión jamás se
referían a la televisión estatal de la Unión Soviética, a
su radio o a sus principales periódicos estatales como
«medios de difusión rusos del mainstream»: les llamaban
«medios estatales soviéticos» y los consideraban vías
para la difusión de la propaganda y la ideología
soviéticas. No existe razón alguna para pensar que los
medios corporativos y comerciales norteamericanos
sean de algún modo más del mainstream de lo que
fueran en su tiempo los principales órganos soviéticos.
Están tan dedicados como otrora lo estuvieran aquellos
a proveer el impulso a las perspectivas doctrinarias de
la élite reinante de la nación que los alberga, y lo hacen
de un modo mucho más efectivo.
No obstante, su éxito puede fácilmente exagerarse.
Es un mérito de los norteamericanos comunes el
hecho de que los medios de difusión corporativos
nunca hayan sido plenamente exitosos en su afán por
liquidar la resistencia popular y ganarse los corazones
y las mentes del populacho. Una encuesta reciente de
Pew Research muestra que los «del milenio» (jóvenes
entre 18 y 29 años) tienen una respuesta más favorable
a la palabra socialismo que a capitalismo, un hallazgo
sobresaliente sobre los límites de los que adolecen los
medios de difusión corporativos y otras formas de
poder ideológico elitista en los Estados Unidos. La
sublevación de inmigrantes obreros de mayo de 2006,
la ocupación de la planta de la Chicago Republic Door
and Window en 2008, los levantamientos estudiantiles
de la Universidad de California en 2009 y 2010, la
rebelión de los trabajadores públicos de Wisconsin
a inicios de 2011, el Occupy Movement de fines de
2011, el Fight for Fifteen (por un salario mínimo de
15 dólares la hora) y los movimientos Black Lives
Matter de 2014 y 2015, muestran que el establishment
norteamericano corporativo e imperial no ha logrado
manufacturar nada tan abarcador ni ha conseguido un
consentimiento masivo y una idiotez tan generalizados.
La élite de los Estados Unidos no es más exitosa en su
afán utópico (o distópico) por controlar cada corazón
La misión y la naturaleza de los medios de difusión del mainstream
43
y cada mente norteamericanos, que en su igualmente
imposible ambición de manejar acontecimientos a todo
lo ancho de un complejo planeta, desde las márgenes
del Río Potomac en Washington D.C. La lucha por
la autodeterminación, la democracia, la justicia y la
igualdad populares sigue viva, a pesar de la influencia
de los medios corporativos.
Traducción: David González.
Notas
1. Nombre popular de los Sea Air Land Teams (equipos de mar, aire
y tierra), principal fuerza de operaciones especiales de la Marina de
Guerra de los Estados Unidos, fundada en 1962. [N. del T.]
2. En griego, idiōteíā: grosería, incultura, falta de educación. [N.
del T.] Un «idiota» en la democracia ateniense se caracterizaba por
estar centrado en sí mismo y preocupado exclusivamente por los
asuntos privados en lugar de los públicos.
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44
Paul Louis Street
, 2015
Comentario sobre medios y esfera
pública en los Estados Unidos
Raúl Garcés Corra
Periodista y profesor.
Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.
A
Walter Lippman, la historia le debe varias
primicias. El llamado «decano de los
periodistas estadounidenses» inauguró
la frase «manufactura del consenso» para
referirse a las potencialidades de la propaganda en el
propósito de unificar la opinión pública. Su experiencia
como miembro de la Comisión Creel,1 lo convirtió en
uno de los expertos consultados frecuentemente por el
gobierno de su país, cada vez que era preciso controlar
al «rebaño desconcertado» (Chomsky, 2003).
Hacia 1922, Lippman publicaba una de las
primeras indagaciones sobre los vínculos entre
poder, esfera pública y audiencias. En su texto Public
Opinion aseguraba que la condición supuestamente
desinformada del público lo hacía vulnerable a
manipulaciones, reducía su potencial de intervención
en el debate social y, consecuentemente, su rol en la
discusión sobre los asuntos de gobierno. «El público
llegará a la mitad del tercer acto y se irá antes de
que caiga la última cortina, habiendo estado solo lo
suficiente como para tal vez decidir quién es el héroe
y quién el villano de la obra» (Lippman citado en
Splichal, 1999: 157).
Desde una acera teórica opuesta, John Dewey publicó
a sus 70 años (1927) «La opinión pública y sus problemas»;
para muchos una de las obras más influyentes dentro de
los debates sobre la democracia norteamericana en la
primera mitad del siglo xx. A diferencia de Lippman,
Dewey concebía al público como un cuerpo activo, con
indiscutibles actitudes para la participación política
sobre la base de la discusión racional, el diálogo y el
conocimiento compartido. La implicación del público
en las cuestiones de gobierno resultaba más efectiva,
según Dewey, en la medida en que se cumplieran tres
condiciones: a) educación pública, b) libertad para la
investigación y la discusión de sus resultados, y c) un alto
grado de publicidad respecto a los temas concernientes al
público (Splichal, 1999: 139-150).
Como han apuntado varios estudiosos (Splichal,
1999; Del Castillo, 2004), la publicidad —entendida
como información y discusión en torno a los asuntos
de mayor trascendencia social— cobraba una
importancia capital en el pensamiento de Dewey, en
la misma medida en que permitía al público «volverse
inmune a la propaganda deshonesta» y «juzgar
críticamente el estado de las cosas» (Del Castillo,
2004: 22). La publicidad —aclara— contribuía a la
formación de hábitos racionales y a la articulación
de una opinión pública ajena a la espontaneidad, los
impulsos y las pasiones, tan exaltados por Lippman
en sus elaboraciones teóricas, y fomentaría, al mismo
tiempo, una cultura de debate y un ambiente de
libertad imprescindibles para el afán de fortalecer un
tipo específico de vida pública. «El problema es —se
preguntaría— qué clase de cultura es tan libre en sí
misma que pueda concebir y engendrar la libertad
política como su acompañamiento y consecuencia»
(Dewey citado en Del Castillo, 2004: 31).
La polémica entre Lippman y Dewey encarna dos
posiciones que siguen enfrentándose y que polarizan
modos de concebir las relaciones entre la comunicación
masiva y el espacio público. En cierto sentido, es la
misma dicotomía planteada por Habermas (1997) entre
una esfera pública crítico-racional, donde los medios
servirían naturalmente como plataformas articuladoras
de las diferentes corrientes de opinión, y otra
«refeudalizada» donde, por el contrario, orquestarían
operaciones de ingeniería simbólica, comparables a las
practicadas por los reyes para administrar su visibilidad
en las cortes feudales.
Sin mucha suspicacia, podría advertirse que, a
pesar de que ambas perspectivas han sido usualmente
presentadas como excluyentes, en realidad coexisten
y encuentran circunstancias que las favorecen. Los
Estados Unidos son probablemente uno de los mejores
laboratorios para demostrarlo, en la medida en que
Comentario sobre medios yn.esfera
81-82:
pública
45-52,en
enero-junio
los Estados
deUnidos
2015
45
el desarrollo de los medios ha adelantado allí tendencias
que se replican luego en buena parte del mundo. En este
artículo partiremos de discutir algunas de ellas, y sus
implicaciones para la configuración de las relaciones
entre la comunicación y la política en la sociedad
norteamericana contemporánea.
Comercialización
Desde que la prensa de masas irrumpió en el
escenario mediático norteamericano del siglo xix,
la principal obsesión para los dueños de diarios fue
hacer de sus negocios empresas rentables. La demanda
de un mercado en expansión estimuló la producción
y distribución masivas de noticias, pero evidenció
al mismo tiempo la urgencia de buscar fuentes de
financiamiento a fin de compensar las pérdidas
asociadas al precio de los penny papers. La publicidad
se erigió como tabla salvadora dentro de un contexto
en el que el florecimiento de las industrias mediáticas
tuvo su símbolo más ilustrativo en el surgimiento y la
consolidación de los primeros consorcios. Hacia fines
del siglo, por ejemplo, William Randolph Hearst era
dueño del New York Journal y el San Francisco Examiner,
pero controlaba también que las informaciones de sus
periódicos se reprodujeran en otras publicaciones del
mundo periodístico neoyorquino (Garcés Corra, 1997:
138). A la vuelta de otro siglo, en 1982, los Estados
Unidos poseían 50 grandes corporaciones multimedias;
cuatro años después, su número se había reducido a 26,
resultado de fusiones representativas de la tendencia a
la concentración (Sánchez, 2002: 217).
Como un «diluvio comercial» califica Daniel
Hallin (2004: 274) las tendencias a la privatización y la
concentración experimentadas por la prensa durante
los años 80 y 90 no solo en los Estados Unidos, sino
también en Europa y América Latina, a contrapelo
del modelo de servicio público, antaño tan extendido
y reconocido entre las audiencias. Para entonces,
las transformaciones mencionadas habían tenido su
principal aliado en un entorno ideológico —y legal—
de desregulación.
En febrero de 1997, dentro del contexto de la
Organización Mundial de Comercio, 72 países se habían
comprometido a liberar sus mercados en ese sector y
eliminar sus «ineficientes» monopolios estatales. En 1996,
la famosa Ley de Telecomunicaciones norteamericana
despejó el camino para fusiones colosales. En el sector
radiofónico, donde un mismo licenciatario podía
tener hasta cuarenta emisoras, se levantaron todas las
restricciones a los límites de propiedad, mientras que
en el sector televisivo se aumentó de 25 a 35% de la
población el techo de audiencia permitido a una empresa
(González, 2003: 78).
46
Raúl Garcés Corra
Aun así, uniones tan gigantescas como la que
integró en 2000 a las compañías American On Line
y Time Warner tuvieron que esperar hasta un año
para ser aprobadas, en medio de intensos debates
sobre si desafiaban o no a las ya bastante débiles leyes
antimonopolio. Dichas dilaciones, sin embargo, no
parecen haber trascendido demasiado en el tiempo.
Si en 1983, 90% de los medios norteamericanos
eran manejados por cincuenta compañías, en 2011
el mismo 90% era controlado por apenas seis, con
las previsibles repercusiones sobre la pluralidad del
discurso público.
Norteamericanización
El éxito alcanzado por los Estados Unidos en la
conquista del territorio simbólico global salta a la vista
en evidencias concretas. Se dice hoy, por ejemplo, que la
mitad de la audiencia mundial es para producciones de
ese país. Dicha afirmación es enfáticamente constatable
en el caso del cine, cuyos mercados suelen afiliarse más
a gusto con sus thrillers, que con películas producidas
por el resto de las industrias nacionales.
Dos realidades primermundistas como la de
los propios Estados Unidos y la de Europa ilustran
elocuentemente los contrastes: en los años 80, las
películas norteamericanas ocupaban solo 35% del
mercado europeo, a diferencia del 80% que representan
ahora. En el año 2000, 844 películas producidas por la
Unión Europea fueron vistas por 17% de su público,
mientras que 730 películas de los Estados Unidos
(114 menos que las estrenadas por el viejo continente)
acapararon la atención de 82% de esa audiencia (Sánchez,
2002: 229-30). Otras manifestaciones de la hegemonía
estadounidense en el campo de la comunicación pueden
verificarse en datos que abrieron las puertas del siglo xxi,
reforzados como tendencia en la actualidad:
• De las 300 primeras firmas de información y
comunicación, 144 eran norteamericanas, 80 de la
Unión Europea y 49 japonesas.
• De las 75 primeras empresas de prensa, 39 eran
norteamericanas, 25 europeas y 8 japonesas.
• De las 88 primeras firmas de informática y
telecomunicaciones, 39 eran norteamericanas, 19
europeas y 7 japonesas.
• De las 158 primeras empresas fabricantes de material
de comunicación, 75 eran norteamericanas, 36
europeas y 33 japonesas (Vázquez Montalbán, 2002:
15).
Tales realidades han alimentado, a través del tiempo, la
teoría del imperialismo cultural, representada en autores
como Herbert Schiller (1969). Hacia fines de la década
de los 60, Schiller comenzó a llamar la atención sobre las
consecuencias que la supremacía estadounidense traía
no solo en los planos económico y político, sino también
en el terreno simbólico. Los mares de entretenimiento
salidos de Hollywood impactaban el gusto de un público
cada vez más dispuesto a asimilar los productos de las
industrias mediáticas, pero al mismo tiempo cada vez
más desconectado con las demandas y responsabilidades
de su entorno político. Aunque los postulados de
Schiller han sido sometidos a crítica más de una vez2,
no hay dudas de que sus investigaciones focalizan un
escenario real, advertido también por otros estudiosos.
Stuart Hall, por ejemplo, ha señalado cómo el afán
dominante de la cultura occidental absorbe y enmarca
las diferencias provenientes de otras culturas «dentro
de una concepción básicamente norteamericana» (Hall
citado en Curran, 2005: 179).
Espectacularización
Sometidas al pragmatismo del mercado dentro de
los contextos descritos, tanto la comunicación como
la política han encerrado gradualmente sus discursos
dentro de los límites de «lo vendible», en un escenario
desenfrenado de competencias por conquistar «la
voluntad de compra» de los consumidores.
Varios autores (Blumler, 1999; Brants, 1998;
Esser, 1999) coinciden en señalar como un proceso
bastante extendido la aplicación de los patrones del
infoentretenimiento a la cobertura por parte de los
medios de los hechos políticos. Como resultado
natural de su comercialización, desde los años 80 —y
sobre todo a partir de la década siguiente— fueron
degradándose determinados estándares periodísticos
que caracterizaron históricamente el ejercicio de la
profesión. Dentro del nuevo contexto, la seriedad
informativa, la capacidad de análisis y el contrapunteo
político en los medios como fuente de una mayor
discusión a nivel social, cedieron terreno a un entorno
de banalidad y sensacionalismo que identificó en
los escándalos y los chismes de coyuntura valores
noticiables privilegiados. Dicho de otro modo: las
hard news (vinculadas a temas políticos y económicos
de trascendencia) disminuyeron notablemente su
presencia respecto a las soft news (historias de sexo,
violencia o corrupción, menos importantes por su
contenido informativo, pero más funcionales al
propósito de captar audiencias a cualquier costo)
(Esser, 1999: 293).
La tendencia a describir los hechos políticos
como un juego erigido sobre la base del escándalo, el
enfrentamiento entre contrarios y la invasión sin piedad
de los espacios privados, es la materia prima con la que
John B. Thompson propone incluso una «teoría social
del escándalo político» para reconocer, con los Estados
Unidos y Gran Bretaña a la cabeza, un fenómeno que
trasciende lo episódico y echa raíces estructurales:
El espacio público creado por los medios se ha visto
ocupado por una especie de tertulia generalizada sobre
las vidas privadas de los políticos, y la propia política ha
ido haciéndose paulatinamente más difícil de distinguir
de los programas de entretenimiento. (Thompson,
2001: 330).
Mediatización
Dentro de un contexto marcado por la falta de
credibilidad de los partidos, los medios suelen ocupar
el lugar que, en rigor, debiera corresponderles a las
plataformas políticas de las diferentes organizaciones.
Se ha documentado ampliamente la sustitución de un
modelo de «partidos pesados» (dominados por fuertes
aparatos burocráticos y plataformas programáticas
claramente delineadas) por otro de «partidos ligeros»
(concentrados en el carisma de sus líderes y en el
atractivo de campañas electorales, cuya dramaturgia
es encuadrada dentro de códigos mediáticos).
El pragmatismo como brújula de la política ha
acercado a partidos tradicionalmente polarizados al
espacio del centro, y ha diluido históricas diferencias
ideológicas en un ambiente de espectáculo más
consagrado a la forma que al contenido de los discursos.
«¿La distinción entre izquierda y derecha conserva
un significado esencial cuando se aísla del ambiente
mundano de la política ortodoxa?», se pregunta, en los
nuevos contextos, el británico Anthony Giddens.
Sí, pero solo en un plano muy general. En conjunto,
la derecha está más dispuesta a tolerar la existencia de
desigualdades que la izquierda y tiende más a apoyar a
los poderosos y a los impotentes. Este contraste es real y
sigue siendo importante. Pero sería difícil ir mucho más
allá, o convertirlo en un principio decisivo. (Giddens,
2001: 260).
Dentro de tales escenarios, no es extraña la
desconexión de muchos sujetos respecto a la esfera
pública y su inmovilismo como agentes potenciales de
cambio. La reproducción ideológica encuentra en los
no-ciudadanos cómodos aliados, atrapados dentro de la
sensación de que, en política, queda muy poco por hacer.
Dicho de otro modo: si la fortaleza de los debates a gran
escala sirvió siempre para estimar el grado de salud
de las democracias (pero se advierten comúnmente
síntomas de dislocación y debilitamiento de las esferas
públicas); si la representación dependió habitualmente,
entre otras organizaciones, de sindicatos y partidos
como agentes movilizadores (pero tales instituciones
ven desmoronarse de forma gradual su capacidad de
convocatoria); si el ejercicio masivo del voto estimuló
en las personas su condición de ciudadanos (pero
carece hoy de importancia para un universo creciente
Comentario sobre medios y esfera pública en los Estados Unidos
47
No es extraña la desconexión de muchos sujetos respecto a la esfera pública
y su inmovilismo como agentes potenciales de cambio. La reproducción
ideológica encuentra en los no-ciudadanos cómodos aliados, atrapados dentro
de la sensación de que, en política, queda muy poco por hacer.
de la población electoral), se entiende que el malestar
con la política se haya extendido en los umbrales del
siglo xxi.
En el afán de revertir el pesimismo actual, algunos
apuntan su brújula, esperanzados, hacia los medios.
Para Javier del Rey Morató, por ejemplo, corresponde
a la comunicación desempeñar un papel mucho más
activo en la revitalización del ejercicio democrático:
Los teóricos volvemos la mirada a la comunicación y a
los que la producen —los medios y los periodistas— en
busca de una respuesta alternativa: el distanciamiento
entre gobernantes y gobernados —no solucionado en la
representación— solo puede ser salvado por la categoría
de la comunicación. (Morató, 1996: 236).
Las buenas intenciones del autor, sin embargo,
descomplejizan el ecosistema económico y político
en el que están insertos los medios a nivel global.
Como si la prensa y los periodistas desplegaran su
encargo social y potencialidades en medio de una
«isla feliz».
La herencia de Chomsky y Herman:
revisitando el «modelo propaganda»
Probablemente uno de los aportes más fecundos
a la comprensión teórica de las relaciones entre los
medios y la esfera pública lo hicieron, en 1988, Edward
Herman y Noam Chomsky. El libro Manufacturing
Consent: the Political Economy of the Mass Media
devino un referente esencial para comprender el
comportamiento de las grandes corporaciones
mediáticas e identificar las rutas estructurantes que
modelan sus contenidos. El «modelo propaganda»,
según palabras de sus propios autores, «traza los
caminos a través de los cuales el dinero y el poder
se constituyen en filtros de las noticias impresas,
marginan el disenso y permiten al gobierno y los
intereses privados dominantes que sus mensajes
lleguen al público» (1988: 2).
Chomsky y Herman establecen al menos cinco
filtros que constituirían mediaciones en torno a
lo publicado. El primero de ellos se refiere a la
propiedad de los medios y a progresivas fusiones,
antes descritas, que han sumergido su misión dentro
de un entorno cada vez más corporativo. Si en 1967
—recuerdan Chomsky y Herman— se prohibió que
la International Telephone and Telegraph comprara
48
Raúl Garcés Corra
el canal ABC, invocando potenciales conflictos
entre los intereses publicitarios de una empresa
y la pretendida neutralidad de una televisora,
unos años después se admitía que la General
Electric se adueñara de la RCA y la cadena NBC,
o que la Westinghouse comprara varias emisoras
de televisión. La desregulación de los años 80
—concluyen los autores— abrió las puertas a la
legitimación de un orden configurado a imagen y
semejanza de los designios del gran capital.
El segundo filtro tiene que ver con la publicidad.
Su presumible influencia en el diseño de las políticas
editoriales ha sido ratificada por varias investigaciones
complementarias al «modelo propaganda». David
Edwards (2000), por ejemplo, cita experiencias
ilustrativas: en un estudio entre 150 redactores de
noticias norteamericanos, 90% de ellos aseguró que
los anunciantes interferían en los enfoques editoriales
de sus trabajos, mientras que para 70%, esa injerencia
podía llegar al punto de imponer la eliminación de
noticias completas. De un modo similar han operado
empresas consultoras contratadas para «vender»,
como productos comerciales, determinados enfoques
políticos. Que la noción de «democracia de relaciones
públicas» haya ganado terreno crecientemente
confirma el protagonismo de asesores y profesionales
del marketing político en la configuración de los
espacios deliberativos.
El tercer filtro al que aluden Herman y Chomsky
son las fuentes de noticias.
Los medios de comunicación de masas son conducidos
a una relación simbiótica con poderosas fuentes
de información por necesidad económica y por la
reciprocidad de intereses [...] La economía dicta que ellos
concentren sus recursos donde ocurren las noticias más
significativas, abundan los rumores más importantes y
tienen lugar regulares conferencias de prensa. La Casa
Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado son
nodos centrales de la actividad noticiosa. (Herman y
Chomsky, 1988: 526)
Diez años antes de que viera la luz Manufacturing
Consent…, Leon Sigal había publicado Reporteros
y funcionarios. La organización y las normas de la
elaboración de noticias, probablemente uno de los
estudios más trascendentes sobre las relaciones entre los
periodistas del The New York Times y The Washington
Post, y las fuentes oficiales provenientes de las tres
ramas del gobierno de los Estados Unidos. Los datos
recogidos por Sigal fueron concluyentes: casi la mitad
de las noticias aparecidas en la primera plana de los
dos periódicos nacieron de fuentes gubernamentales
norteamericanas y encuadraron las informaciones
dentro de lógicas reproductoras de ese discurso. En las
historias dependientes de una sola fuente, 56,3% obtuvo
la información en bruto de funcionarios oficiales,
mientras que ese mismo origen tuvo 53,8% del total
de reportes analizados (Sigal, 1978: 155).
Aunque el texto de Sigal es referenciado aún por
su notable documentación, las alianzas —declaradas
o encubiertas— entre el poder político y la gran
prensa son casi una verdad de perogrullo, estimulada
por la posición institucional que las fuentes oficiales
representan y la prominencia de la información que
tributan. Para el inglés Stuart Hall,
el resultado de la preferencia estructurada dada por los
medios a las opiniones de los poderosos es que estos
«voceros» se convierten en lo que podemos llamar los
primary definers de los temas, que permiten establecer
la definición inicial o la interpretación primaria del tema
en cuestión. Esta interpretación «comanda el campo» en
todo el tratamiento informativo subsiguiente y establece
los términos de referencia dentro de los cuales tiene
lugar la cobertura posterior del debate. (Hall citado en
Schlesinger, 1994: 17)
El cuarto y quinto filtros invocados por Herman
y Chomsky se vinculan, por un lado, a lo que los
investigadores llaman flak (formas de movilización
de organizaciones empresariales para presionar a los
medios a través de cartas, telegramas, demandas legales,
amenazas o leyes presentadas al Congreso) y, por otro,
a la demonización del enemigo como recurso simbólico
de descrédito contra grupos antisistema o naciones
que encarnen desafíos relevantes para la hegemonía
norteamericana.
Como se ha dicho, a casi treinta años de su
enunciación, el «modelo propaganda» sigue
demostrando vitalidad para entender la actuación de
las grandes corporaciones mediáticas. Sin embargo,
es obvio también que en el proceso de construcción
y socialización de ideología intervienen muchas
otras variables, además de las económicas, que
hacen más imprevisible de lo que pudiera pensarse a
primera vista el balance resultante de los contenidos
producidos por las instituciones contemporáneas de
comunicación masiva. Los británicos Peter Golding
y Graham Murdock argumentan que Herman y
Chomsky
le pasan por encima a las contradicciones del sistema.
Los dueños, los publicistas y los políticos no siempre
pueden hacer lo que desearían. Ellos operan dentro
de estructuras que lo mismo constriñen que facilitan,
imponiendo límites y ofreciendo oportunidades.
Analizar la naturaleza y las fuentes de esos límites es
una tarea principal de la economía política crítica de la
cultura. (Golding y Murdock, 2005: 19).
Uno de los principales cuestionamientos a los
autores de Manufacturing Consent… se concentra en
la perspectiva funcionalista que desestima el papel de
las rutinas y las culturas profesionales de los periodistas
norteamericanos en las operaciones de legitimación
ideológica.
En su obra La Reproducción, Pierre Bourdieu
y Jean Claude Passeron introducen la definición
de trabajo pedagógico para designar la labor de
inculcación de prácticas conformes a los principios
de una cultura dominante. Aunque dicha categoría es
circunscrita al entorno del sistema educativo, podría
extrapolarse útilmente a otros componentes del
sistema de reproducción cultural, como los propios
medios de comunicación. El trabajo pedagógico
será más efectivo mientras más «a gusto» hayan
sido asumidas por el cuerpo social las prácticas,
los comportamientos o las disposiciones mentales
tendientes a legitimar el orden hegemónico.
Mediante el habitus, las instituciones y las personas
—los medios y los periodistas, en nuestro caso—
interiorizan la «arbitrariedad cultural» que se
les pretende imponer, la hacen suya y terminan
reproduciéndola con un grado de complicidad que
no conseguiría nunca la coacción política (Bourdieu
y Passeron, 1979: 73-5).
Es la misma convicción gramsciana de que el poder
no descansa solo —ni siquiera esencialmente— sobre
la coerción, sino que necesita del consentimiento de
los subordinados para imponerse y realizarse en medio
de un complejo sistema de relaciones contraactuantes.
«El trabajo de reproducción ideológica que realizan
los medios —advierte Stuart Hall (1981: 126)— es por
definición uno en el que se manifestarán constantemente
las tendencias contraactuantes, el equilibrio inestable
de Gramsci». De otro modo, difícilmente podrían
sobrellevar la contradicción de responder a intereses
económicos y políticos dominantes, y, al mismo tiempo,
presentarse a sí mismos como un poder independiente,
enfrascado en una función de vigilancia o watchdog
(perro guardián) del entramado político.
La irrupción de las tecnologías, por otro lado, ha
transformado radicalmente el ecosistema comunicativo
y derribado las tradicionales asimetrías entre emisores y
receptores. Es una cuestión de sobrevivencia para las
actuales empresas mediáticas asimilar activamente los
criterios de sus audiencias, integrar a sus agendas las
corrientes de opinión presentes en las redes sociales y
la blogosfera —aun cuando estas disientan de las lógicas
de pensamiento del mainstream (corriente principal)—,
y dejar a un lado la soberbia que, por mucho tiempo,
concibió y diseminó «de arriba hacia abajo» (y casi
nunca en sentido inverso) buena parte de los mensajes
comunicativos.
Comentario sobre medios y esfera pública en los Estados Unidos
49
¿Tienen futuro los medios alternativos
en los Estados Unidos? Epílogo para seguir
pensando
El 17 de septiembre de 2011, muy cerca del distrito
financiero de Wall Street, en Zucotti Park, cientos
de personas comenzaron una protesta que en poco
tiempo alcanzaría relevancia mundial. «Somos el 99%»,
repetían hasta la saciedad los miembros de Occupy Wall
Street (OWS), haciendo referencia a los contrastes, en
materia de ingresos y distribución de las riquezas, entre
el 1% poseedor de las mayores fortunas y el resto de los
estadounidenses.
Curiosamente, ocho semanas después, OWS se había
extendido a decenas de ciudades en los Estados Unidos.
Lo que en la primera mitad del siglo xx habría costado
meses, y en el xix probablemente años, ahora crecía
como la espuma en un brevísimo lapso. Los ocupas
habían logrado interpretar el malestar histórico de una
sociedad profundamente afectada por los impactos
de su última crisis económica y, al mismo tiempo,
cristalizar en torno a sí un movimiento comunicacional
suficientemente creativo y audaz. Su propio lema (somos
el 99% frente al 1%) encerraba el potencial inclusivo que
no tuvieron antes los latinos, los gays, las mujeres o los
manifestantes antiguerra, que se pronunciaron muchas
veces en defensa de causas específicas, con públicos
específicos, a través de métodos muy específicos.
OWS encarnó una concepción de la comunicación
que apeló al empleo simultáneo de todos los soportes
(los medios tradicionales, Internet, las redes sociales
Facebook, Twitter, vocerías cara a cara, perifoneo— para
conseguir su objetivo con un mensaje único. Lograban
«desde abajo» posicionarse globalmente, desafiar la
agenda tradicional de la prensa norteamericana —y
penetrarla a través de sus agujeros más vulnerables—,
y consolidar una creciente legitimidad a los ojos de la
opinión pública de ese país, al punto que, según una
encuesta, más de la mitad de los estadounidenses decía
ver en las preocupaciones de los ocupas, sus propias
preocupaciones.
Se dice fácil, pero en realidad durante varios
meses resultó una gran hazaña. Todd Gitlin (2002),
investigador norteamericano que por muchas décadas
ha documentado cómo la prensa de su país demoniza
simbólicamente los movimientos antisistema, registró,
desde los años 60, cinco estrategias en función de
lograr ese propósito por parte de los grandes medios:
la trivialización (o ridiculización de los objetivos del
movimiento y del lenguaje de sus integrantes), el énfasis
en el disenso interno, la marginación, el menosprecio
de la efectividad del movimiento y la desestimación del
número de participantes en las manifestaciones (es decir,
contar de menos).
Con OWS la prensa norteamericana intentó hacer
lo mismo, pero no tuvo más remedio que capitular
50
Raúl Garcés Corra
por el camino. Sintió en su pellejo la represión contra
los manifestantes, en la medida en que los propios
periodistas fueron también reprimidos. El activismo de
los comunicadores alternativos significó un duro golpe
para la credibilidad del discurso mediático dominante.
Y la propia voz de los ocupas ganó capital simbólico
a medida que resonó en la denuncia de decenas de
personalidades del arte, la cultura y el pensamiento,
solidarizados intensamente con esa causa.
Michael Moore se pronunció públicamente en estos
términos:
Forme parte de nosotros. Comparta sus ideas conmigo
u online. Incorpórese (o comience a organizar su
movimiento local de Ocupación). Haga ruido. No es
necesario instalarse con una carpa en el bajo Manhattan
para ser un ocupa. Usted lo es diciendo simplemente
que lo es. Este movimiento no tiene líderes individuales
ni portavoces, cada uno de los participantes es un
líder en su barrio, en su escuela, en su lugar de trabajo.
Cada uno de ustedes es un portavoz frente a quienes
encuentre en su camino. No hay que pagar nada ni
conseguir permisos para desarrollar una acción.
(Brooks, 2011)
La experiencia anterior confirma las potencialidades
que es posible desatar si los cauces comunicativos de
la esfera pública son dotados de proyecto político.
Conscientes de que el tejido social de la democracia
se construye comunicativamente, los ocupas
comprendieron muy pronto que, en el siglo xxi,
subvertir el poder implica subvertirlo también en el
terreno simbólico. A golpe de originalidad, sus lemas
consiguieron debilitar progresivamente el discurso
acerado en torno al capital financiero, salido de las
redacciones del The New York Times y The Washington
Post. «Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir»
—se escuchaba decir desde Nueva York hasta Madrid—;
«no somos antisistema, el sistema es antinosotros»; «si
los de abajo se mueven, los de arriba se caen».
La búsqueda de una comunicación alternativa en
este caso se entrelaza con prácticas similares emergidas
en América Latina y Europa, cuyas lecciones valdría la
pena sistematizar más extensamente. A los efectos de
este epílogo, conviene resaltar que:
a) Lo alternativo trasciende cada vez más los
grupos o lo comunitario entendido como espacio
geográfico, para insertarse en lógicas reticulares
de comunicación con alcance potencialmente
global. El micrófono de una radio o la columna
de un periódico local norteamericano no son hoy
solamente portavoces de la denuncia de problemas
a escala micro, sino que a través de la web los
amplifican y ponen en diálogo con los intereses,
las demandas y necesidades de audiencias de
otras latitudes. Esa interconexión, esencialmente
política, estimula el ejercicio de una ciudadanía
progresivamente entrenada en usar la comunicación
como plataforma de construcción de lo público
local-nacional-global. Don´t hate the media,
become the media reza la consigna de una red de
medios alternativos que, sin decirlo, convoca a sus
integrantes a apropiarse consistentemente de una
conciencia de alternatividad.
b) Lo alternativo supera hoy cierta tentación al
espontaneísmo que lo atrapó históricamente. Como
nunca antes, se abre paso la comprensión de que no
es posible enfrentar las estrategias de reproducción
simbólica de los grandes centros de poder desde la
improvisación. Desafiar la agenda de los grandes
medios, ensanchar los límites dentro de los cuales
ellos encuadran el debate público, implica reconocer
las astucias del adversario, estudiarlas y, llegado el
caso, secuestrar códigos probadamente eficaces de la
comunicación dominante para usarlos de un modo
radicalmente distinto.
c) Dotar de sentido a lo alternativo significa restituirle
la condición deliberativa al espacio público
contemporáneo. O, dicho de otra manera, fomentar
una cultura deliberativa a todos los niveles, en
todos los espacios, a través de todos los soportes y
formatos posibles.
Es un desafío que encuentra en las tecnologías
un aliado, pero que trasciende los nuevos escenarios
tecnológicos para convertirse en una verdadera guerra
de guerrillas desde los flancos descubiertos del aparato
de reproducción cultural.
Los mismos Estados Unidos que han desarrollado
hoy, con alcance transnacional, potentes redes de
dominación simbólica, tienen en sus medios públicos,
en organizaciones de lucha por la transparencia
mediática, en proyectos de alfabetización informacional
o en redes articuladas desde la blogosfera y los
medios digitales, signos vitales de una comunicación
emancipadora. Para ellos, el reto es similar al que
enunciara hace varias décadas en América Latina José
Antonio López Vigil, un activista por los derechos de
las radios comunitarias:
En los próximos años podremos producir con calidad
digital, con mil canales simultáneos, navegando en
Internet a velocidad de la luz y corriendo por todas las
autopistas de la información. Pero lo principal no se
habrá logrado con esos adelantos técnicos [...] la mayor
originalidad del futuro será devolver los medios a la
ciudadanía. (Citado en Sandoval, 2008)
Notas
1. Bajo la administración del presidente Woodrow Wilson, se creó
en los Estados Unidos un Comité de Información Pública, conocido
también como Comisión Creel, debido al apellido de su director
(George Creel). El Comité tenía como propósito esencial ganar el
apoyo de la opinión pública norteamericana para la participación
de su país en la Primera guerra mundial. Por la eficacia de sus
resultados, la Comisión Creel ha trascendido como uno de los
referentes históricos imprescindibles dentro de la propaganda de
guerra en Norteamérica.
2. James Curran (2005: 179) sistematiza las críticas principales contra
Schiller: a) subestima las respuestas críticas a la subordinación
norteamericana en un contexto donde suficientes evidencias hacen
suponer que los públicos no son tan pasivos ante la colonización
cultural como los describe el teórico norteamericano, sin dudas
influenciado por el pensamiento frankfurtiano; b) desconoce el
carácter mutidireccional de los flujos globales. Aun cuando sea
fácilmente reconocible la dominación cultural de Occidente,
una visión más compleja de este asunto tendría que admitir
los procesos de interacción entre las culturas globales y locales,
generador de una hibridez cuyos impactos se dejan sentir no solo
sobre la cultura dominada, sino también sobre la dominante; c)
utiliza vagamente, como si fueran intercambiables, los términos
occidental, norteamericano y capitalista.
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52
Raúl Garcés Corra
Apuntes sobre
los dilemas
de la economía política
estadounidense
Víctor M. Godínez
Economista.
Sistema de Información Regional de México (SIREM).
L
a economía política estadounidense se enfrenta
a una serie de problemas cuya naturaleza plantea
diversas exigencias a corto y largo plazos. Una
parte sustancial de esos problemas se concentra
en tres grandes campos: consolidar una salida durable
de la gran recesión y sus secuelas; detener y revertir de
manera sostenible las tendencias estructurales a la
desigualdad económica y social; y reestructurar el
sistema político-institucional.
Estas tres dimensiones de la realidad estadounidense
están bien diferenciadas y cada una exige soluciones
específicas, pero también se interrelacionan de manera
estrecha y compleja. Igualmente se relacionan con
las distintas percepciones existentes sobre el papel
de los Estados Unidos en el mundo del siglo xxi. En
este caso, el debate cubre un amplio espectro: desde
consideraciones sobre una presunta declinación
hegemónica —según el modelo de la decadencia de
los grandes imperios— hasta la idea de una posible
extensión, en un sistema internacional cambiante, del
llamado siglo americano.
Es cierto que los debates a los que da lugar el
ciclo actual del «declinismo» se vinculan de manera
inevitable con el cúmulo de transformaciones
económicas y geopolíticas registradas a escala global en
la posguerra fría, pero debe reconocerse que también
se alimentan de los cambios experimentados en los
últimos tres decenios por los Estados Unidos en la
esfera de su sistema económico, político y social.
El objetivo general de este texto es trazar un
panorama de algunos de los principales factores
internos que explican este proceso en su conjunto, desde
una perspectiva particular: la de la economía política.
Apuntes sobre los dilemas de la
política
estadounidense
n. economía
81-82: 53-57,
enero-junio
de 2015
53
No me ocuparé de la acción internacional de los Estados
Unidos, pero examinaré ciertos elementos de orden
económico que a mi juicio son determinantes en el
mantenimiento, el ejercicio y la disponibilidad efectiva
de algunos de los más importantes recursos de poder
de ese país como potencia mundial. Sostengo que las
percepciones sobre su situación como ente hegemónico
del sistema internacional, y las perspectivas que de
ellas se desprenden, están fuertemente coloreadas
por los conflictos económicos y políticos internos.
En el mundo de la posguerra fría, sujeto a cambios
radicales y frecuentes, la sociedad estadounidense se
ha concentrado progresivamente en sus problemas
propios, al tiempo que ha perdido, también de forma
paulatina, su capacidad de actuar consensualmente en
materia de política exterior —como ha ocurrido, casi
de la misma manera, con respecto a los grandes temas
económicos y políticos internos.
Quizás más que nunca, los Estados Unidos son
una potencia mundial ensimismada en sus problemas
económicos y políticos. Esta circunstancia no impide su
acción internacional, pero sí la limita y en ocasiones la
restringe. No es la única nación poderosa que hoy está
obligada a verse en el espejo. Casi todas las democracias
occidentales tienen ante sí graves problemas de
competitividad y gobernanza, y comparten una crisis
de bienestar, confianza y credibilidad de sus ciudadanos
en el orden institucional.
A pesar de su introspección, quizás sea el único
gran poder con capacidad de actuar globalmente en
términos militares, de inteligencia, diplomáticos,
políticos y económicos. La base de recursos de
poder, a partir de la cual ejerce hoy su primacía
internacional, es relativamente menor que en el
pasado en varios órdenes. Mi planteamiento es que
tanto el alcance como las modalidades futuras del
papel de los Estados Unidos como potencia mundial
no solo dependen de la fortaleza y el ritmo de ascenso
de otras potencias (verbigracia China, como ayer se
creyó de Japón y Europa), sino, fundamentalmente,
de cómo resuelva los dilemas económicos y políticos
internos que hoy enfrenta, que son precisamente a
los que me voy a referir en lo que sigue. Empezaré
con una breve evocación de
los «años dorados de la posguerra»
Es este un período excepcional en la trayectoria de
largo plazo de la economía política estadounidense. Lo
es en relación con su pasado inmediato, y sobre todo
con la experiencia de la Gran Depresión de los años
30 del pasado siglo y con el período inmediatamente
posterior, es decir, con el mundo que se configuró desde
finales del decenio de los 70.
54
Víctor M. Godínez
En la «época dorada» del capitalismo estadounidense,
la economía política se distinguió por el predominio
de un amplio consenso político y social en torno a
una convicción clave: el crecimiento del producto,
del empleo y del bienestar era posible para que cada
generación viviera mejor, gracias al esfuerzo individual
y el desempeño virtuoso del sistema económico y
político, y no como resultado exclusivo del privilegio
y del poder.
Lo sabemos bien: en el cuarto de siglo comprendido
entre 1948 y 1973, el capitalismo estadounidense
experimentó un fuerte crecimiento del producto y
de la productividad. La pobreza y la desigualdad no
desaparecieron durante estos años, en especial para
las minorías étnicas; pero el crecimiento económico
sostenido y estable fue ampliamente compartido, como
lo ejemplifica el incremento rápido y constante de los
salarios reales (que solo se retrajeron en un año: 1959).
De manera que en la «edad de oro» disminuyó de forma
efectiva el grado de desigualdad en la distribución del
ingreso.
Todo esto se desvaneció a partir de la década de los
70. Este decenio fue el escenario de un inopinado mal
funcionamiento de la economía, de un debilitamiento
generalizado de la posición internacional de los Estados
Unidos y de un amplio —y para muchos indeseable—
proceso de cambio social. Algunos hechos dan cuenta
de manera incuestionable del fin de la época dorada:
la recesión de 1973-75, que supuso un rompimiento
del ciclo expansivo de la posguerra; el inicio de una
prolongada declinación de la productividad; la pérdida
de estabilidad de la economía, y el agotamiento
del remedio tradicional utilizado hasta entonces
para controlar los vaivenes cíclicos del régimen de
crecimiento —a saber, la gestión de la demanda
agregada.
En el transcurso de esos años se debatió ampliamente
sobre las causas de estos problemas económicos, así
como sobre las posibles opciones para resolverlos. La
solución que finalmente se adoptó consistió en lo que
hoy se conoce como «neoliberalismo», que yo prefiero
denominar «capitalismo de mercado» o «desregulado»
(en contraposición al conjunto de regulaciones que
dió uno de sus signos de identidad al capitalismo de
posguerra).
El ascenso de Ronald Reagan (enero de 1981) selló
el fin de esta era al crear las condiciones necesarias
para la instauración de un nuevo régimen de política
económica. Debe decirse que esto último es una verdad
a medias; con anterioridad se llevaron a cabo varias
transformaciones institucionales de gran significado
en la implantación de ese nuevo régimen:
• Entre 1978 y 1980 se desregularon las industrias
aérea y del transporte terrestre, y se adelantaron
ciertos cambios regulatorios —algunos de ellos muy
significativos— en el sector bancario.
• A partir de 1978, los beneficios promedio del
programa social Aid to Families with Dependent
Children (AFDC) alcanzaron su pico en términos
reales y empezaron su largo camino de descenso, y
lo mismo ocurrió con el salario mínimo.
La reestructuración que preconizaron estos cambios
regulatorios y de la política de ingresos se profundizó y
aceleró en el gobierno de Reagan. Un acto definitorio y
altamente simbólico fue el rompimiento de la huelga de
los controladores aéreos en agosto de 1981. ¿Simbólico
de qué?: de la destrucción, explícita en el nuevo
enfoque de política económica, de un componente
fundamental del arreglo institucional básico de los
«años dorados».
Y esto lleva de manera directa al segundo tema que
quiero someter a consideración. Me refiero al
abandono del compromiso político en favor
del pleno empleo y la prominencia de las
finanzas
Lo que aquí deseo señalar es que el nuevo régimen
de política económica reposa en un esquema de
arreglos institucionales subordinados a la lógica de los
intereses financieros, que pasan a ser predominantes,
frente al empleo y los ingresos derivados del trabajo
—factores que se degradan como vectores propulsores
del crecimiento y del bienestar.
Desde finales de la década de los 80, el crecimiento
agregado de la economía quedó atado al endeudamiento
de los diferentes agentes (individuos, familias, empresas)
cuyas funciones de demanda y de consumo reposaron
cada vez más en este recurso. En la siguiente, y en el
primer lustro de los años 2000, los Estados Unidos
experimentaron dos períodos de euforia (revestidos
de una prosperidad frágil, falsa) comandados por el
auge del mercado y el «efecto riqueza» ligado al alza
incesante del precio de los activos financieros.
Durante casi tres décadas la trayectoria económica
descansó en tres pilares: la inflación de los precios
de dichos activos, el endeudamiento de empresas y
familias, y la «flexibilización del mercado de trabajo»;
esto es, en la ruptura del nexo productividad-salario, la
precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo
de los ingresos por trabajo.
La crisis de los valores tecnológicos y la ulterior «fuga
hacia adelante», basada en los valores hipotecarios, que
desembocó en la crisis financiera de 2007-2008 y la
gran recesión que se prolongó hasta 2009, pusieron de
manifiesto el agotamiento de las fuerzas que condujeron
el crecimiento y la acumulación bajo el imperio del
capitalismo desregulado durante un período similar al
de los años dorados.
La crisis del régimen de crecimiento y acumulación
ligado a la llamada financiarización de la economía
se acompaña, además, de una situación en la que
algunos ámbitos fundamentales de la economía
están restringiendo estructuralmente la capacidad
de crecimiento a largo plazo. En casi todos los casos,
la remoción de estos cuellos de botella supone
reconfigurar los arreglos institucionales construidos
desde los años 80 del siglo pasado.
Dada la naturaleza de la gran recesión y de sus
secuelas, una simple reconducción de este modelo de
acumulación y crecimiento no parece viable. El tamaño
y la complejidad de este problema tal vez puedan
ilustrarse yendo directamente a
la raíz del malestar estadounidense
Las secuelas de la crisis financiera y de la gran
recesión se combinan con el efecto acumulado de
factores estructurales y político-institucionales que
inciden en la génesis de una transformación mayor en el
plano de los resultados sociales del sistema económico
estadounidense (una transformación que está en curso
con anterioridad al entallamiento de la gran recesión
y que es consustancial al modelo de crecimiento pos
Reagan): la desigualdad económica y la ampliación de
las brechas distributivas del ingreso y la riqueza.
Una perspectiva histórica del último siglo en
materia de distribución —como la que han ilustrado
empíricamente estudios como los realizados por Atkins
(2015) y Piketty (2013), entre otros— desmiente de
manera clara un dogma de la economía política del
desarrollo que ha perdurado durante casi tres cuartos
de siglo: la célebre U invertida de Kuznetz, según la cual
el ingreso tiende a concentrarse en las primeras fases
del proceso del desarrollo para luego dar lugar a una
distribución cada vez más cercana a la equidad gracias
a los automatismos del mercado. Sucede que, como lo
muestran aquellos estudios, la concentración del ingreso
y la riqueza bajó sistemáticamente en los Estados Unidos
desde la década de los años 30 hasta mediados de los
70; a partir de ahí la tendencia se revirtió, y los niveles
de concentración regresan hoy a los que se registraban
hacia 1913 —es decir, un siglo atrás.
La regresión distributiva y patrimonial incumbe a
toda la clase media, que ha sido la más afectada por
este proceso de reconcentración. El caso del 0,1% más
rico de los Estados Unidos (unas 160 mil familias)
es hoy muy conocido y paradigmático: mientras que
en 1978 detentaba 7% de la riqueza familiar, en 2012
ya controlaba más de una quinta parte, 22% (el nivel
de cien años atrás). Entre 1986 y 2012, la riqueza del
Apuntes sobre los dilemas de la economía política estadounidense
55
¿Dejaron los Estados Unidos de ser el país de las oportunidades, en el que el
trabajo y las competencias garantizan el éxito y el bienestar de las personas y
las familias—según reza una creencia histórica que ha sido clave de su cohesión
social y su fortaleza institucional? El tiempo lo dirá.
90% de las familias que siguen en la escala al 10% con
mayor fortuna, se estancó. Entretanto, la del 0,1%
más rico creció a un promedio anual de 5,3% (Saez y
Zucman, 2014).
La modificación del patrón distributivo es tremenda,
y las brechas se ampliaron a raíz de la gran recesión, lo
mismo que algunas de sus causas directas. En especial,
la reposición de los puestos de trabajo destruidos por la
recesión (8,7 millones de empleos)1 no solo ha sido
inusualmente lenta y prolongada, sino que además no
ha significado una restitución del poder de compra de
los niveles de salario que prevalecían antes de la crisis.
En dos sectores de producción muy emblemáticos,
en los que el efecto destructivo del empleo de la gran
recesión fue en particular fuerte —la construcción y la
industria manufacturera—, el salario anual promedio
en la prerrecesión era de 62 mil dólares; en el marco de
la poco vigorosa recuperación que está en curso desde
el segundo semestre de 2009, el promedio del salario
anual de los empleos recuperados es de 47 mil dólares
(25% menos).
La posrecesión (me refiero a un proceso de casi
seis años) consolidó un patrón de incertidumbre sin
precedente desde los años del New Deal: para la gran
masa, el ingreso proveniente del trabajo se tornó
imprevisible e insuficiente. Una consecuencia muy
significativa de todo esto es que la movilidad social,
ese gran valor que solía ser sobrentendido para cada
estadounidense promedio, tiende a desvanecerse como
referencia de vida. Diversas encuestas muestran que el
futuro de una mejoría para las siguientes generaciones
ya no es considerado una garantía para la gran masa
en los Estados Unidos.
¿Dejó de ser el país de las oportunidades, en el que
el trabajo y las competencias garantizan el éxito y el
bienestar de las personas y las familias—según reza
una creencia histórica que ha sido clave de su cohesión
social y su fortaleza institucional? El tiempo lo dirá.
Lo cierto es que el sueño americano es hoy un
camino sombrío que solo empezará a iluminarse en la
medida en que los Estados Unidos sean capaces de
recuperar el crecimiento y el bienestar
Las principales alternativas que se debaten en la
arena política están encasilladas en combinaciones
convencionales de política económica que agotan su
56
Víctor M. Godínez
horizonte propositivo en el diseño de esquemas cuya
esencia es ser políticas más o menos expansivas, o más
o menos austeras.
Hay un problema mayor que no suelen contemplar
esas propuestas, y cuando ocurre, lo abordan de
manera superficial: las perspectivas poco optimistas
del crecimiento a largo plazo. Algunos prestigiosos
economistas del stablishment, como Lawrence Summers,
han advertido sobre el riesgo de estancamiento secular
que según ellos tiene ante sí el sistema económico
estadounidense, o bien sobre el peligro de entrar a una
etapa prolongada de lento crecimiento, como lo ha
hecho notar Robert Gordon, entre otros economistas.
Este dilema se resume en la caída del producto
potencial, que año tras año, conforme discurre la actual
recuperación, presenta una brecha mayor con respecto
al producto efectivo.
Un conjunto muy variado de factores de orden
estructural restringe el crecimiento a largo plazo de
los Estados Unidos. Entre ellos hay tres de enorme
importancia y que operan con bastante anterioridad
a la gran recesión: la demografía, la desigualdad y el
endeudamiento.
• En el plano demográfico, hay un proceso conocido
y documentado de envejecimiento de la población
estadounidense, que se asocia a la edad de retiro de
la generación de los baby-boomers. Hay también
un debilitamiento de la economía que proviene del
efecto, iniciado treinta años atrás, del ingreso masivo
de las mujeres al mercado de trabajo, que ha estado
determinando, desde principios del siglo xxi la caída
de la tasa de participación de la fuerza de trabajo.
Diversos estudios empíricos muestran que este hecho
demográfico produce una reducción del crecimiento
del producto real por habitante para cualquier tasa de
crecimiento probable de la productividad laboral.
• En el contexto económico vigente no se avizora
espacio para el crecimiento efectivo del ingreso
disponible (el ingreso real medio de los hogares es
hoy menor que en los años 90). A ello se suma el
alto grado de apalancamiento de los hogares, cuyo
endeudamiento ronda alrededor de 90-95% del
PIB. Incluso, en un escenario de desendeudamiento
de las familias —por lo demás, improbable en el
corto y mediano plazos— no se puede esperar que
mantengan el nivel de gastos que sostuvieron gracias
al fuerte endeudamiento de los años precedentes. Hay
en el horizonte una perspectiva poco estimulante de
la demanda agregada, que seguirá sometida por
algunos años a varios contraestímulos.
• La caída del crecimiento potencial también prefigura
una desaceleración en el crecimiento del ingreso
fiscal y, por tanto, un incremento del coeficiente
de endeudamiento de todas las administraciones
públicas (federal, estatal, local). Estabilizar el
coeficiente significa un incremento tributario, una
desaceleración de transferencias públicas o una
combinación de ambos recursos. En todos los casos,
el resultado inmediato sería el de una restricción
adicional del crecimiento.
Ni las restricciones que se asocian al endeudamiento
público ni la desaceleración demográfica constituyen
pruebas irrefutables de una caída inminente en el
estancamiento secular, pero sí de su posibilidad. Y esto
solo plantea la necesidad de un cambio del régimen de
política económica.
Un análisis somero de las plataformas de los dos
partidos políticos y de las propuestas de sus principales
pretendientes a la candidatura presidencial para las
elecciones de 2016, no deja ver alternativas de un
replanteamiento a fondo del régimen prevaleciente
de política económica. Sí se advierte, en cambio,
cierto tecno-optimismo en ambos lados del espectro
político: la idea —¿la esperanza?— de que la innovación
tecnológica —una esfera indiscutida de liderazgo de los
Estados Unidos a escala internacional— es un recurso
seguro, casi mágico, al que recurrir para renovar el
crecimiento.
Hay varias razones para poner en duda el presupuesto
de que dicho recurso renueve por sí solo el crecimiento
y permita reeditar una era de pleno empleo: existe una
relación desfavorable entre trabajo destruido y trabajo
creado que es atribuible al cambio tecnológico; además,
la caída de costos que producen las innovaciones
tecnológicas por unidad de producto significa que las
nuevas tecnologías no solo ahorran trabajo, sino capital.
Históricamente, estas dificultades de los procesos de
cambio tecnológico han sido superadas, pero en el
largo plazo y por medio de una condición sine qua
non para el despliegue del potencial de cambio de las
innovaciones tecnológicas: la adopción paralela de
innovaciones sociales e institucionales —algo que no se
otea, en lo inmediato, en el horizonte político de los
Estados Unidos.
Otra fuente de optimismo tecnológico es la llamada
revolución del esquisto, que tiene varias implicaciones
económicas y geoestratégicas. Para efectos económicos
es necesario distinguir entre petróleo y gas. Los precios
del petróleo se fijan en el mercado internacional y como
producto del balance entre oferta y demanda a escala
mundial. La crisis del mercado petrolero internacional
—sobreoferta y desplome de los precios— ha puesto de
manifiesto ciertos límites, financieramente insuperables
en el actual escenario, a la expansión de la industria del
petróleo por fracturación en los Estados Unidos.
El gas obtenido con las nuevas tecnologías es
otra cosa. No se comercia intercontinentalmente y
sus precios se fijan en los mercados continentales, y el
mercado de los Estados Unidos tiene esa talla. Su
explotación tendrá —de hecho, ya las tiene— una serie
de efectos económicos positivos. Una muestra es que,
en la presente década, el precio del gas en ese país ha
sido dos tercios menor que en la Unión Europea y
Japón. El efecto del gas barato y abundante será un
importante factor para apuntalar la competitividad de
varias industrias estadounidenses, pero no impulsará
decisivamente la productividad del sistema económico
como sí lo hicieron innovaciones históricas previas
(electricidad, aeronáutica, etc.).
Las alternativas reales a los grandes dilemas de la
economía política de los Estados Unidos están fuera
de los ámbitos de las revoluciones tecnológicas y del
esquisto. Los riesgos de bajo crecimiento, inestabilidad
laboral, desigualdad económica, caída de expectativas
de bienestar, reclaman una renovación de las políticas
y los diseños institucionales. Innovar en la esfera de
la política es el reclamo y, como parece advertirse
en el plano de la lucha política e ideológica, el gran
problema.
Nota
1. Las cifras que se ofrecen en este artículo se corresponden con
cálculos y estimaciones del autor sobre la base de informes del
Departamento de Comercio, el Departamento de Trabajo y el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como del
Sistema de Reserva Federal. [N. del E.]
Referencias
Atkins, A. B., (2015) Inequiality. Cambridge, Harvard University
Press.
Piketty, T., (2013) Le Capital au XXe siècle. París, Seuil.
Saez, E. y G. Zucman, (2014) «Wealth Inequality in the United States
since 1913: Evidence from Capitalized Income Data», en National
Bureau of Economic Research, disponible en www.nber.org/papers/
w20625 [consultado el 7 de julio de 2015]
, 2015
Apuntes sobre los dilemas de la economía política estadounidense
57
Comentario sobre la sostenibilidad
en la economía política norteamericana
Ariane van Buren
Economista. Earth Institute.
Universidad de Columbia. Estados Unidos.
E
n los Estados Unidos, todo lo que se refiere a
la «sostenibilidad»1 gira en torno a un único
problema clave: la extrema dependencia de
la economía norteamericana respecto a los
combustibles fósiles —petróleo, gas y electricidad (la
cual se genera principalmente a partir de la quema del
carbón)— y las razones estructurales por las cuales esto
persiste como una condición primordial. Cuba y otras
naciones que buscan un camino económico alternativo,
menos atado a las formas convencionales de energía,
tienen que desconfiar de dichos intereses corporativos
en el desarrollo de sus relaciones con ese país; tendrán
que buscar en otro sitio la reducción de esa insostenible
dependencia respecto a los combustibles. Esto se
relaciona con el planteamiento de Godínez referido a
que los Estados Unidos ya no desempeñan el papel de
guía hegemónico que detentaran en el siglo xx.
Es importante que los observadores de la economía
política norteamericana sean conscientes de los rasgos
distintivos que mantienen su alto nivel de dependencia
respecto a los combustibles fósiles:
1. Los subsidios nacionales promueven la producción
de combustibles fósiles y, escasamente, las inversiones
en fuentes alternativas de energía.
2. Las corporaciones relacionadas con la energía
invierten con fuerza en la actividad de los grupos
de presión políticos para conservar esa posición
privilegiada.
3. El apoyo al desarrollo de energías renovables ha sido
partidario de los biocombustibles (maíz subsidiado
para producir etanol), en vez de las energías solar y
eólica para reducir el empleo de combustible fósil,
y frente a la eficiencia energética para minimizar
las necesidades de energía.
4. La dependencia respecto al petróleo ocurrió
como resultado de una gestión coordinada de los
productores de petróleo, de autos y de neumáticos,
para remplazar las vías férreas por las carreteras
58
Ariane vann.Buren
81-82: 58-60, enero-junio de 2015
5.
6.
7.
8.
9.
(autos y autobuses) y el transporte aéreo desde el
decenio 1920-1929 hasta 1940-1949.
Las compañías se resisten a reducir el consumo
energético salvo como ahorro de costos,
especialmente en sus productos.
La confusión respecto al cambio climático y a la
ausencia de política climática en los Estados Unidos
es el resultado de un deliberado ofuscamiento por
parte de los productores de combustibles fósiles, que
han contratado a empresas de relaciones públicas
para crear dudas sobre la ciencia del clima. Esa
estrategia ya había sido usada por la industria
del tabaco, frente a argumentos referidos a los
perjuicios de su consumo.
Se han aplicado medidas extremas para mantener la
producción de combustibles fósiles: se ha utilizado el
mountain top removal2 para la extracción del carbón
y el barreno en alta mar para producir combustibles,
se ha extraído petróleo de las arenas de alquitrán, y
aplicado el fracking3 para sacar gas del esquisto. Todo
ello conlleva onerosos costos económicos, sociales y
medioambientales: inversiones financieras masivas,
severos riesgos ambientales por los derrames y la
contaminación de las reservas de agua; y ha traído
consigo la destrucción de puestos de trabajo —el
modelo «vacas gordas seguidas de vacas flacas» ha
caracterizado la extracción de recursos naturales
por cortos períodos.
No obstante, se están haciendo valientes y vitales
esfuerzos por comercializar formas de energía
renovables no basadas en el carbono. Aunque
muestran rápidos índices de creación de empleos, son
insuficientemente reconocidos por la oportunidad
económica y de inversiones que brindan.
Los inversionistas están llamando la atención
respecto al riesgo del capital de carbono o el riesgo
de sobreinversión en los combustibles con base
en ese mineral. La explotación de todo el carbono
que ha sido explorado y en el cual se ha invertido,
incrementaría las temperaturas globales y las
emisiones de gases de invernadero a tal punto
que volverían inhabitables muchas regiones del
mundo.
10.Los estudiantes han comenzado a presionar a sus
universidades para que retiren todas sus acciones de
las compañías de combustibles fósiles, con el apoyo
de fundaciones e individuos.
11.Por consiguiente, los inversionistas que se
preocupan están esbozando un giro en dirección
a planteamientos referidos a que el riesgo de
proseguir las inversiones en la explotación de
carbono resultará en la inmovilización de valores,
una vez que se evidencie que no puede consumirse
el carbono sin causar un daño irreparable al planeta,
a sus habitantes y a sus economías.
La complejidad de cada uno de estos factores
requeriría un tratamiento más profundo del que es
posible esbozar aquí. No obstante, es importante que
los lectores estén conscientes de ellos, en tanto cada
uno de estos elementos desempeña un papel en la
falta de sostenibilidad de la economía norteamericana.
Para este artículo, limitaremos la discusión a aquellas
observaciones que provienen de la experiencia de la
autora en el ámbito de la resistencia a la sostenibilidad
corporativa por parte de los accionistas. Entre los
principales retos se encuentran:
• La resistencia de los fabricantes de autos a mejorar
el ahorro de combustible en los vehículos, lo cual
conduce a pérdidas de una parte de su porción en
el mercado a manos de productores extranjeros de
carros híbridos.
• La conversión del carbón al petróleo a raíz del
cambio del transporte por ferrocarril al de carretera,
que ingeniaron la General Motors, la Standard Oil
y la Firestone.
• La acción de grupos de presión del petróleo y
la ofensiva de relaciones públicas para negar la
ciencia del cambio climático. La protección de los
accionistas condujo al colapso de la Coalición del
Clima Global en la industria. El cambio climático se
convirtió en una de las principales preocupaciones
de los accionistas a partir de 2010; pero aumentó el
número de votos de los accionistas en la medida en
que se arguyó que el cambio climático es un asunto
de índole «material».
• El hecho de que el año pasado los inversionistas se
dirigieran a las corporaciones para tratar —más que
cualquier otro asunto— las cuestiones referidas a los
grupos de presión y a los gastos políticos.
• Los accionistas tuvieron éxito en detener el
financiamiento a la extracción de carbón mediante
la técnica del mountain top removal.
• El riesgo del capital de carbono es ahora un tema
explícito para la defensa de los accionistas.
En los Estados Unidos, la presión de los inversionistas
desempeña un papel sustancial en la conformación de
las políticas y prácticas respecto a los combustibles
fósiles y la sostenibilidad desde el decenio de
1970-1979. Más recientemente, los estudiantes han
lanzado un llamamiento nuevo y agresivo para que
las universidades retiren totalmente el dinero de sus
dotaciones de las inversiones en combustibles fósiles,
y algunas fundaciones lo han apoyado (Wallace Global
Fund).
Dichas condiciones brindan un contexto para
discutir la ponencia de Víctor Godínez sobre la
economía política norteamericana desde el ángulo de
la sostenibilidad, al tiempo que llenan un vacío en su
argumentación y amplían su análisis en tanto constituyen
una pieza fundamental del rompecabezas.
Los planteamientos aquí expuestos se basan en
la experiencia a lo largo de décadas en la dirección
del compromiso de los accionistas4 por parte de
los inversionistas institucionales en los fondos de
pensiones de Norteamérica,5 los estatales, los de los
centros de trabajo y los religiosos. Desde los años 90,
esa práctica está bastante difundida en los Estados
Unidos como un método, protegido por la ley, para
que los inversionistas posean corporaciones en las
que son dueños de acciones susceptibles de rendir
cuentas por su impacto medioambiental, social y
económico. Entonces, desafía la ingeniería genética en
los suministros de alimentos.
En el decenio de 2000-2009, se estableció que el
cambio climático era un riesgo para las inversiones.
Y para la década siguiente, tras la decisión del
Tribunal Supremo que permitió las contribuciones
políticas ilimitadas por parte de las corporaciones,
el movimiento de accionistas volvió su atención a la
labor de los grupos de presión y las contribuciones
políticas, lo cual es hoy día el tema más sobresaliente
del compromiso de los accionistas que está siendo
apuntado en dirección al mayor número de compañías
a través de todos los sectores de la industria.
El más serio problema de sostenibilidad para
los Estados Unidos es la extrema dependencia de
su economía respecto a los combustibles fósiles de
hidrocarburo, tanto que puede ser descrita como
una adicción. Sus causas son resultado directo de la
economía política, y sus consecuencias determinan las
soluciones disponibles. Configura tanto las acciones
que realizan los norteamericanos como la forma en
que sus opciones afectan la viabilidad a largo plazo del
sistema económico del país.
Siguiendo a Godínez, los Estados Unidos han
dejado de ser la tierra de la oportunidad, excepto para
los ricos.
Comentario sobre la sostenibilidad en la economía política norteamericana
59
Notas
1. En los Estados Unidos, el término «sostenibilidad» comúnmente
se refiere a la sostenibilidad medioambiental, y por ello lo usaremos
en ese sentido para la discusión en este trabajo. Se observa, por
supuesto, que esa sostenibilidad podría referirse a otros muchos
asuntos, en dependencia de lo que se esté sosteniendo: la propia
crisis, el modelo económico prevaleciente, las circunstancias
económicas o políticas que emanan de ese modelo, o la pobreza de
bienestar económico y social que es el resultado para todos, excepto
para los acaudalados. Todos esos elementos están demostrando ser
sostenibles de un modo sobresaliente, en el sentido en que persisten
y se vuelven cada vez más acentuados.
2. Se trata de una forma de minería a cielo abierto que conlleva la
eliminación mediante explosivos de la cima de una montaña, una
colina o una cresta, para acceder a la veta del mineral. Comenzó en
los Estados Unidos en el decenio de 1970-1979 y despertó fuertes
controversias entre la industria y los ambientalistas (N. del T.)
3. También llamado Hydraulic fracturing (fracturación hidráulica),
hydrofracturing (hidrofracturación) o hydrofracking; en español
también se le llama «fractura hidráulica» o «estimulación
hidráulica».Luego de perforar un pozo vertical seguido de otro
horizontal, se inyecta agua a presión, mezclada con arena y
productos químicos, para ampliar las fracturas en la roca y favorecer
la aparición de canales que fuercen a los hidrocarburos a fluir hacia
la superficie. Está en uso desde hace más de medio siglo, y hoy se
aplica en la mayoría de los pozos, especialmente en los Estados
Unidos. Los ambientalistas lo combaten porque consume mucha
agua, contamina los acuíferos, la atmósfera y la superficie, con
posibles afectaciones a la salud humana.
4. Usamos indistintamente los términos «accionistas» y «dueños de
acciones», pero este último término es el que prefieren los mayores
fondos de pensiones que se ven a sí mismos como inversionistas
a largo plazo y dueños universales que han invertido en todo el
espectro de la bolsa de valores. Por lo tanto, insisten en su condición
de dueños de corporaciones y no solo poseedores de partes de las
acciones; se refieren a su actividad como compromiso corporativo,
mientras que las compañías que reciben sus propuestas de adueñarse
de acciones los contemplan como activistas accionarios.
5. La autora dio inicio al campo de accionistas medioambientales
y ocupó el primer cargo oficial en este terreno como Directora de
Energía y Programas Medioambientales en el Interfaith Center
on Corporate Responsibility, dirigiendo y coordinando la gestión
de los accionistas en cien compañías de las quinientas listadas
por la revista Fortune. Más adelante, como primera Directora de
Compromiso Accionista de Ceres en la formación de la Red de
Inversionistas sobre el Riesgo Climático, laboró con los fondos
bastante mayores del sector público enfocados en la insuficiencia
de la gobernanza corporativa y su falta de rendición de cuentas a
los accionistas.
Traducción: David González.
, 2015
60
Ariane van Buren
Estados Unidos:
una nación de naciones
Patricia de los Ríos
Profesora. Universidad Iberoamericana.
A
sí como a fines del siglo xix los Estados Unidos
experimentaron una gran ola migratoria, en
las últimas décadas del xx y el inicio del xxi
ese país ha sido el destino de uno de cada
cinco migrantes del mundo. Según el Migration Policy
Institute, en 2013 los inmigrantes en los Estados Unidos
alcanzaron la cifra de casi 42 millones, es decir, 13% de
una población de 316 millones de residentes, y 20%
de los emigrantes a nivel mundial.
Entre ambos procesos hay similitudes y diferencias;
tanto a fines del siglo antepasado, como en el xx,
la llegada de millones de migrantes estuvo ligada a
profundas transformaciones productivas, sociales y
políticas: en el primer caso, al ascenso de la corporación
y la urbanización que resultaron de la guerra civil; en el
segundo, a la globalización, los cambios productivos,
la movilidad, de la fuerza de trabajo y la desigualdad
salarial. Desde el punto de vista sociopolítico, en ambos
momentos hubo fuertes reacciones en contra de los
inmigrantes.
En este artículo señalaremos algunos de los
problemas a los que ha dado lugar la última oleada
migratoria, y que inciden e incidirán en la sociedad
estadounidense. Primeramente, la relación entre la
ausencia de una política migratoria federal después
de la Ley de Control y Reforma a la Inmigración
(Inmigration Reform and Control Act, IRCA), de 1986,
y la política migratoria de los estados; en segundo lugar,
el tema de la migración bajo la óptica de la seguridad
nacional y sus implicaciones; en tercer lugar, la política
de presidente Obama y los desarrollos más recientes;
y por último, el debate social e ideológico acerca de la
migración.
Estados
Unidos:
una
nación de de
naciones
n. 81-82:
61-66
enero-junio
2015
61
El debate migratorio en los años recientes
Siendo un país de inmigrantes y una potencia
mundial, las leyes migratorias de los Estados Unidos
han reflejado al menos dos influencias: la de las
necesidades de mano de obra de su economía y la de
sus intereses político-sociales, tanto internos como
externos. Aquí solo hablaremos de las leyes aprobadas
después de la IRCA.
Hacia mediados de los 80, existía la percepción de
que los Estados Unidos habían perdido el control sobre
sus fronteras, particularmente la de México. Ante el
aumento del flujo de trabajadores indocumentados
y para enfrentar el hecho de que ya habían llegado
millones de inmigrantes, el Congreso aprobó, en
1986, la IRCA. Al amparo de dicha ley se amnistió a
cerca de tres millones de trabajadores, en su mayoría
mexicanos, y se establecieron también sanciones para
los empleadores, y diversas medidas para fortalecer el
control de la frontera (durand y Massey, 2009: 167).
Después de la amnistía y la reunificación de
familias y su crecimiento natural, aumentó en varios
millones el número de inmigrantes. Asimismo, el
endurecimiento de la vigilancia fronteriza que la misma
ley preveía contribuyó a que estos decidieran prolongar
su estadía en los Estados Unidos, lo que rompía el
patrón migratorio circular que había prevalecido en
las décadas previas (Durand, 2015: 15).
Además de los efectos de la IRCA, la demanda de
mano de obra de la propia economía estadounidense,
sometida al proceso planetario de la globalización,
contribuyó a que entre 1990 y el año 2000 entraran al
país más de nueve millones de inmigrantes, lo cual,
como sucedió un siglo antes, generó un profundo
sentimiento antinmigrante en diversas partes de la
Unión.
No obstante, y a pesar de la fuerte oposición de
muchos sectores, si el fenómeno migratorio se ve en
perspectiva histórica, el porcentaje de nacidos en el
extranjero no es mayor al de finales del siglo xix y
principios del xx.
Sin embargo, el hecho de que los inmigrantes ya no
estuvieran solo en los campos agrícolas de California,
Texas o Florida, sino en el sector servicios, en las
ciudades y en contacto cotidiano con la población
nativa, hizo que la migración se concibiera cada vez
más como un problema.
En 1994, durante la administración del presidente
demócrata William Clinton, los republicanos ganan
las elecciones legislativas y se convierten en la fuerza
política mayoritaria en el Congreso, en las legislaturas
y gubernaturas estatales. En 1996, gracias a esa nueva
mayoría, los legisladores aprueban tres leyes que tienen
un impacto negativo sobre los migrantes: la Ley de
Oportunidad de Trabajo y Responsabilidad Personal
62
Patricia de los Ríos
(Personal Responsibility and Work Opportunity Act),
la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva
(Antiterrorism and Effective Death Penalty Act) y la
Ley de Responsabilidad y Reforma a la Inmigración
Ilegal del Inmigrante (Illegal Immigration Reform
and Responsability Act, IIRIRA), que aumenta
las categorías de actos criminales que merecen
deportación, e impone la detención obligatoria de
ciertas categorías de migrantes, aun de personas que
tienen la green card que acredita su estancia legal en
el país.
Ese trío de leyes crea una situación muy difícil
para los inmigrantes, pues además de criminalizarlos,
reforma el Estado de Bienestar al impedirles el
acceso a diversos programas sociales. La Ley incluye
la utilización de tecnología militar en la frontera, y
otorga más fondos a la Patrulla Fronteriza y al Servicio
de Inmigración.
Esas medidas punitivas y criminalizantes para
la migración indocumentada, mayoritariamente
mexicana, fracasan al no detener el flujo migratorio,
pero tienen el efecto perverso de aumentar el
número de mexicanos y centroamericanos muertos
en la frontera. El contexto punitivo no solo hace
crecer la cantidad de víctimas, sino que acentúa la
vulnerabilidad de los migrantes frente a los traficantes
de personas, y a los empleadores y refuerza la
tendencia a quedarse definitivamente, o por períodos
más largos, en los Estados Unidos, pues el precio del
cruce aumenta.
Migración y seguridad nacional
Además del proceso de criminalización del
inmigrante indocumentado, que ya venía ocurriendo
desde los 90, a partir del ataque del 11 de septiembre
de 2001, el migrante se visualiza como una amenaza
para la seguridad nacional y no como un trabajador
que quiere mejorar su situación económica y que
el mercado laboral demanda. Como respuesta por
los ataques, se crea el Departamento de Seguridad
Interna (Homeland Security Department, NSD)
en noviembre de 2002, que centraliza las agencias
federales relacionadas con la migración (De los Ríos,
2005: 119).
Así, la Dirección de Seguridad Fronteriza y del
Transporte (Border and Transportation Security
Directorate) del NSD, es responsable de la seguridad
fronteriza, de los 350 puertos de entrada, de la
conexión de los Estados Unidos con el resto del
mundo, y de hacer cumplir las leyes migratorias.
Desde el punto de vista institucional, tanto la Patrulla
Fronteriza como el Servicio de Inmigración y la
Guardia Costera pertenecen hoy a ese departamento.
De manera que a los factores de la opinión pública
antinmigrante y a las necesidades del mercado, se
agrega ahora una visión del tema migratorio no solo
enmarcada en lo económico y lo sociopolítico, sino
también en la seguridad nacional.
En 2004, el presidente George W. Bush lanza una
propuesta de política migratoria que incluía, para
los millones de trabajadores indocumentados que
se calculaba vivían en el país, una visa temporal por
tres años, renovable y con la posibilidad de llevar a
sus familias, que pudiera solicitarse desde los Estados
Unidos; derechos laborales; la posibilidad de cambiarse
de empleo, y la seguridad de no ser deportados.
Aun antes de la propuesta presidencial en el ámbito
legislativo ya se estaban discutiendo diversas propuestas
de ley, desde una reforma mínima para un nuevo
programa de trabajadores huéspedes hasta otra que
incluía una amnistía plena para los indocumentados.
Sin embargo, en diciembre de 2005, la Cámara de
Representantes votó mayoritariamente a favor de la
Ley de Protección de la Frontera, Anti-Terrorismo e
Inmigración Ilegal (Border Protection, Anti-Terrorism,
and Illegal Immigration Control Act), conocida como
Ley Sensebrenner, propuesta por el legislador del mismo
nombre. Esta fue la ley federal más punitiva que hasta
entonces se hubiera considerado con posibilidades de
pasar (Verea, 2006). En 2006, el Senado aprobó la Ley
de Reforma Migratoria Comprensiva (Comprehensive
Immigration Reform Act), que contemplaba un camino
para que la mayoría de los indocumentados tuviera
la posibilidad de acceso a la ciudadanía. Ambas eran
tan antitéticas en su orientación que no prosperaron.
Sin embargo, la ley Sensebrenner despertó tanta
indignación por parte de los millones de inmigrantes
que dio lugar a enormes manifestaciones de protesta en
las ciudades más importantes de los Estados Unidos.
A pesar de los esfuerzos de los distintos legisladores,
en 2007 la reforma migratoria integral fracasa y el
gobierno federal profundiza su política de control,
redadas y mediante la construcción del muro en la
frontera (Immigration Policy Center Special Report,
2009).
El dinero dedicado a todos los aspectos de la
protección fronteriza ha aumentado sustancialmente.
Sin embargo, la política migratoria ha fracasado
rotundamente, desde todos los puntos de vista. Como
señala un informe sobre el tema:
Por más de dos décadas, el gobierno de los Estados Unidos
ha intentado borrar a los migrantes indocumentados a
través de los esfuerzos de control en la frontera y en
el interior del país sin éxito y sin reformar un sistema
migratorio quebrado que estimula la inmigración
indocumentada. Mientras que se han vertido miles y
miles de millones de dólares al control, el número de
inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos se
ha incrementado dramáticamente. En vez de reducir la
inmigración indocumentada, la estrategia de controlsin-reforma ha distraído los recursos y la atención de
las autoridades federales para perseguir a migrantes
indocumentados que no amenazan a nadie y que son
atraídos aquí por las necesidades de mano de obra de la
economía. (Inmigration Policy..., 2008: 1)
Ese diagnóstico es compartido por muchos grupos y
personas involucrados en el tema. Durante la campaña
electoral de 2008, el candidato demócrata Barak Obama
se acercó a los votantes latinos, prometiendo, entre
otras cosas, impulsar una reforma migratoria. Sin
embargo, cuando llegó a la Casa Blanca otras fueron
las prioridades de la nueva Administración, como la
reforma del sector de la salud, la crisis económica y
los dilemas del involucramiento militar en Afganistán
e Iraq. A pesar de contar con una mayoría demócrata
en el Congreso, todos esos temas generaron grandes
divisiones dentro de este y el presidente no podía
emplear su capital político en el tema migratorio,
cuando tenía muchos flancos abiertos.
En esas condiciones, la frustración de la población,
acentuada por la crisis económica y la actitud racista
de ciertos medios de comunicación, así como de
movimientos populistas ultraconservadores que
también se oponen a la administración Obama, como
el Tea Party, contribuyó a acentuar la tendencia de los
estados de hacer su propia política migratoria.
Política migratoria de los estados; ausencia
de leyes migratorias
Ante los cambios en la economía y en la situación
política y social de los estados, la población migrante
se ha dirigido a toda la geografía estadounidense,
incluida Alaska. Hay emigrantes, tanto en estados
tradicionalmente receptores —como los fronterizos
con México—, como otros en los que la población
extranjera era muy reducida o casi inexistente. En
ese sentido, los estados han enfrentado cambios y
problemas educativos, sociales, económicos y políticos
ocasionados por la creciente presencia de inmigrantes y
la ausencia de leyes federales. En el año 2008, por orden
ascendente, los que contaban con mayor cantidad
de población nacida en el extranjero eran: Georgia,
Washington, Illinois, Arizona, Massachussets, Texas,
Florida, Nueva Jersey, Nueva York y California.
Un antecedente importante de la tendencia de
los estados a tomar las cosas en sus propias manos
fue la Proposición 187, en California, aprobada por
mayoría en 1995, aunque después derrotada en los
litigios judiciales (García y Griego y Verea, 1998: 111).
En el nuevo milenio, las legislaturas y los gobiernos
estatales y aun locales, ya habían alcanzado un alto
nivel de frustración con la política federal, de manera
Estados Unidos: una nación de naciones
63
Además del proceso de criminalización del inmigrante indocumentado, que
ya venía ocurriendo desde los 90, a partir del ataque del 11 de septiembre de
2001, el migrante se visualiza como una amenaza para la seguridad nacional
y no como un trabajador que quiere mejorar su situación económica y que el
mercado laboral demanda.
que siguiendo la tradición federalista de los Estados
Unidos que se remonta al origen de la nación, las
decisiones fueron tomadas por ellos mismos (Seghetti,
Ester y García, 2009).
Como resultado de los cambios de la política
migratoria federal ocurridos desde la década de los 90
con el aumento de efectivos en la Patrulla Fronteriza
y la creciente utilización de tecnología militar en la
frontera, el cruce por el desierto de Sonora se convirtió
en la opción para miles de migrantes mexicanos y
centroamericanos, lo cual hizo aumentar mucho el
número de muertos.
Además de ese dramático resultado de la política
federal, el estado de Arizona se ha caracterizado por
la toma de otras medidas, tanto de la legislatura local,
como de la policía y de organizaciones de la sociedad
civil en contra de los migrantes. Es uno de los estados
más antinmigrantes de la Unión Americana. Así, el 19
de abril de 2010, se aprobó la SB1070, que fue firmada
por la gobernadora Janet Brewer el día 23. Dicha ley
incluye las siguientes medidas:
Convierte la no portación de documentos que
acrediten la calidad migratoria en un delito menor
(misdemeanor); convierte en un delito el intento por
contratar trabajadores por día si el chofer obstaculiza
el flujo del tránsito; lo mismo sucede con el trabajador.
Señala que es ilegal pedir trabajo en un espacio
público y que cualquier persona transporte, mueva,
esconda, dé asilo a cualquier indocumentado. Ordena
la confiscación de cualquier vehículo que se utilice
para los fines antes señalados. Permite que cualquier
oficial estatal o local pueda hacer preguntas acerca
del estatus migratorio de la persona o bien si esta
no enseña documentos que acrediten su calidad
migratoria, los agentes de la ley pueden iniciar
averiguaciones en ese sentido. También se permite
que alguien sea mantenido en custodia hasta que se
conozca su situación migratoria. Impide que ciudades
y pueblos tengan políticas de refugio; permite que los
ciudadanos demanden a las agencias de la ley cuando
no cumplan con las leyes migratorias. (Inmigration
Policy..., 2010: 4)
Siguiendo el ejemplo de Arizona, muchos estados
aprobaron leyes relacionadas con la migración. Por
ejemplo, en 2013, 43 legislaturas estatales y el Distrito
de Columbia aprobaron 146 leyes y 231 resoluciones
relacionadas.
64
Patricia de los Ríos
No todas esas leyes fueron antinmigrantes, algunos
estados buscaron proteger a las personas que no tienen
papeles de las formas más evidentes del abuso. Por
ejemplo, hubo estados que reforzaron las medidas
tendientes a ampliar algunas oportunidades educativas
para jóvenes indocumentados que están en edad
escolar. Sin embargo, la proliferación de leyes estatales
ha convertido a los Estados Unidos en un rompecabezas
legal. Los inmigrantes, sobre todo indocumentados, se
introducen en un laberinto legal, político y social, en
condiciones de extrema vulnerabilidad, en un clima
general represivo, donde las redadas y las deportaciones
son amenazas cotidianas.
Si bien la inmigración no está explícitamente
incluida en la Constitución, tanto la Suprema Corte
como las cortes federales y de apelaciones han señalado
en repetidas ocasiones que «de la manera más extensa
posible las leyes migratorias deben ser aplicadas de
manera uniforme en toda la nación» (Harnett, 2008: 367).
De modo que una de las implicaciones más importantes
de la insistencia creciente de las legislaturas estatales
de aprobar leyes migratorias es que indefectiblemente
se ven sometidas a litigios judiciales, caros y largos; en
los cuales es muy probable que las leyes estatales sean
declaradas inconstitucionales, total o parcialmente,
como sucedió en 2012 con la Ley SB1070 de Arizona,
cuando la Suprema Corte invalidó tres de las cuatro
prohibiciones que dicha ley contemplaba.
Además, muchas de ellas violan el principio del
debido proceso que se aplica a todas las personas y no
solo a los ciudadanos. Y también involucran violaciones
a los derechos a la libertad y la propiedad.
Como era de esperarse, la aprobación de la SB2010
en Arizona y todas las de los demás estados, ha tenido
como consecuencia la movilización de muchos sectores
de la opinión pública, así como el boicot por parte de
diversas ciudades estadounidenses. Otro resultado
de la política de los estados ha sido un importante
grupo de poderosos empresarios que ha creado la
Coalición por una Nueva Economía Americana
(Partnership for a New American Economy), la cual
incluye, entre sus miembros, al alcalde de Nueva
York, Michel Bloomberg —el magnate de los medios
de comunicación, e inmigrante él mismo, aunque no
indocumentado—, los presidentes del Consejo de
algunas de las empresas más poderosas de los Estados
Unidos como Boeing, Disney y Hewlett-Packard,
quienes señalaron en voz alta la importancia de los
migrantes para la economía estadounidense y la
necesidad de buscar una reforma migratoria integral.
Hacer otra cosa, señalaron, sería un verdadero suicido
económico. Evidentemente, no se trata de defensores
desinteresados de los migrantes, pero sí de hombres
que con toda frialdad pueden señalar la importancia
y el peso de estos para el futuro de la economía
estadounidense, y la impostergable necesidad de
legalizar a un segmento necesario de la fuerza de
trabajo que, en parte, la sostiene.
El problema de fondo es que no se analiza la
migración como un asunto de mercados laborales e
integración económica, sin dejar de lado los temas
culturales, lingüísticos y de derechos humanos e incluso
de soberanía. El ejemplo de Arizona apunta hacia la
criminalización y la política punitiva que hace de los
migrantes indocumentados chivos expiatorios para una
opinión pública atemorizada.
Si bien el presidente Obama fue reelecto en 2012
al lograr que los latinos volvieran a votar por él, en las
elecciones de medio período de 2014, los republicanos
tuvieron un triunfo arrollador, al obtener la mayoría
en ambas cámaras del Congreso y en las gobernaturas
y legislaturas estatales. Bajo esas condiciones, Obama
decidió adoptar medidas ejecutivas que favorecieran
a los inmigrantes indocumentados, para frenar
temporalmente las deportaciones.
La Acción Ejecutiva consistía principalmente en lo
siguiente (Segura, 2014: 56):
• Ampliar la población elegible al programa de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
para los llegados a este país antes de cumplir 16 años
de edad y que han estado físicamente presentes desde
el 1 de enero de 2010 o antes, y extender el periodo
de DACA y autorización de empleo de dos años a
tres años.
• Permitir que los padres de ciudadanos estadounidenses
y de residentes permanentes legales, que hayan estado
físicamente en el país desde el 1 de enero de 2010
o antes, soliciten acción diferida y autorización de
empleo por un periodo de tres años, a través de un
nuevo programa de Acción Diferida para Padres
de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes
Permanentes Legales, siempre y cuando aprueben
las verificaciones de antecedentes penales requeridas
y cumplan otros criterios.
• Ampliar el uso de las exenciones provisionales por
presencia ilegal para incluir a los cónyuges e hijos e
hijas de los residentes permanentes legales y a los hijos
e hijas de ciudadanos estadounidenses.
• Modernizar, mejorar y clarificar los programas de
inmigrantes y no inmigrantes para lograr crecimiento
en nuestra economía y crear empleos.
• Promover la educación sobre ciudadanía y
concienciación pública para residentes permanentes
y proporcionar una opción para que los solicitantes de
naturalización utilicen tarjetas de crédito para pagar
las tarifas de presentación de solicitudes.
Las medidas adoptadas por el presidente Obama
implican el pago de una deuda con la comunidad latina
y suponen un alivio temporal para millones de jóvenes
y sus familias. No obstante, eso no resuelve el problema
de fondo que es la ausencia de una legislación migratoria
amplia.
Los debates identitarios
Si bien, como hemos analizado, las preocupaciones
de sectores importantes de la opinión pública frente a
la migración surgen desde los años 90, sin embargo,
a partir del ataque del 11 de septiembre y ante el flujo
incontenible de emigrantes mexicanos y de otras
nacionalidades, se desarrolla un fuerte debate entre
quienes se oponen a la migración y quienes pugnan por
una reforma migratoria humana.
Como en otros momentos históricos, la última oleada
migratoria ha generado diversas reacciones por parte
de sectores de la sociedad estadounidense. Entre las
diferencias entre el siglo xix y el xxi está el uso masivo de
los medios de comunicación, sin embargo, las similitudes
son sorprendentes. Los nuevos nativistas consideran
que los inmigrantes, particularmente los mexicanos,
por constituir el grupo mayoritario de la nueva
oleada, reúnen características que hacen indeseable su
permanencia en los Estados Unidos. Entre ellas están,
según sus críticos, las siguientes: no se asimilan; no
hablan inglés; corrompen el sistema político; toman
el trabajo de los nacionales; sobrecargan los sistemas
educativos y de salud, y son portadores de enfermedades.
Todos esos diagnósticos se enmarcan en tradiciones
muy arraigadas en los Estados Unidos, dentro del marco
del populismo y las teorías de la conspiración (Velasco
Grajales, 2010: 190). Esto toca cuerdas sensibles, pues
mientras se ve al inmigrante como fuente de todos los
males, se ataca también a los gobiernos de México y
los Estado Unidos, los cuales, según esas teorías, están
confabulados para arruinar a este último país y favorecer
a las grandes empresas.
Al mismo tiempo, el nativismo moderno es distinto
del decimonónico en varios sentidos: actualmente la
retórica antinmigrante es mucho más efectiva, pues
cuenta con programas televisivos o radiofónicos que a
diario llegan a miles de ciudadanos en todo el país, como
el del comentarista Lou Dobbs en CNN, Bill O´Reilly de
Fox News o los Minutemen y los grupos English Only;
Rush Limbaugh merece un lugar aparte por ser uno de
Estados Unidos: una nación de naciones
65
los más extremistas y por su influencia dentro del Partido
Republicano (Bromwich, 2010).
Entre las novedades del nativismo del siglo xxi está
considerar a los inmigrantes como amenazas tanto al
medio ambiente, como a la seguridad nacional.Los
excesos retóricos, las mentiras y lo absurdo de muchos
de sus planteamientos permiten desechar con cierta
facilidad esos argumentos por su simplismo frente a
la complejidad del mundo. Hay autores que ya han
considerado rasgos paranoides en ese estilo político
(Lipset y Raab, 1978).
En las últimas décadas, algunos intelectuales han
expresado el mismo tipo de preocupaciones respecto
al futuro de los Estados Unidos en la época del
multiculturalismo. Entre esas voces están los think
tanks antinmigrantes como el Center for Immigration
Studies y la Federation for American Immigration
Reform. Entre los intelectuales destacan el historiador,
biógrafo de John F. Kennedy, Arthur Schlesinger y el
politólogo neoconservador Samuel Huntington, quienes
cuestionan no las ideas del multiculturalismo, sino la
migración mexicana en particular y sus potenciales
efectos negativos sobre la vigencia del credo americano,
y una futura desunión lingüística, cultural y social. En
cuanto a la problemática migratoria en estados como
California, se han expresado los mismos temores por
parte de otros académicos como Victor David Hanson.
Si bien esas opiniones han encontrado respuesta, tanto
en México como entre intelectuales méxicoamericanos
y otros estudiosos de la migración, no dejan de expresar
una corriente política con profundas raíces en la historia
estadounidense.
Así como los migrantes que llegaron a principios
del siglo xx eventualmente se integraron a la sociedad
estadounidense, no sin tensiones e incluso violencia,
los que han llegado en las últimas décadas ya están
transformando a los Estados Unidos en una nación de
naciones en términos lingüísticos, étnicos y culturales.
Hasta ahora el sistema político y la educación fueron los
medios a través de los cuales encontraron su lugar. En
estos momentos el panorama parece más difícil por las
tensiones políticas y sociales internas que experimenta
la propia sociedad estadounidense.
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, 2015
Comentario sobre la cuestión migratoria
en los Estados Unidos
Antonio Aja Díaz
Sociólogo y profesor. Centro de Estudios Demográficos.
Universidad de La Habana.
M
is comentarios solo intentan ampliar, con
una mayor visión demográfica, algunas
de las miradas propuestas por Patricia de
los Ríos en su excelente presentación. Me
centraré en el tema de la presencia latina en los Estados
Unidos.
El crecimiento extraordinario de la población
latina representa para la sociedad norteamericana una
fuente perenne de mano de obra costeable, calificada
o no, que arriba de forma legal o indocumentada
y provoca, esta última, serias disfuncionalidades
sociales e incluso tragedias humanas, un puente
comercial preferencial cada vez más ancho hacia el sur,
mejores posibilidades de influir e incidir de diversas
formas en la política con los países latinoamericanos,
y un aporte enriquecedor a la diversidad lingüística
y cultural del país, aunque así no sea reconocido
por los representantes de la ideología dominante, de
origen anglosajón, protestante y de piel blanca. Para
los latinos en la sociedad receptora, la explosión
demográfica se traduce en una notable presencia
a nivel social, supeditada, claro está, al esquema
de estratificación social imperante, y a la relativa
prosperidad de negocios de inspiración étnica, como
los restaurantes típicos y los medios de comunicación
hispanohablantes. A su vez, las corrientes xenófobas,
racistas, nativistas y antinmigratorias plantean que
el crecimiento latino obstaculizará la integración
de estos al mainstream lingüístico y cultural de los
Estados Unidos. Exhortan a descartar el idioma
materno y hablar y educarse solo en inglés. La realidad
es que el país produce cada vez más latinos bilingües
y biculturales.
El término hispano se emplea en los Estados
Unidos a partir de la traducción del vocablo inglés
hispanic. Se les aplica a las personas hispanoparlantes,
aunque también a sujetos que no hablan español, pero
descienden de familias con apellidos en ese idioma. Es
utilizado con fines políticos y censales. En la práctica,
resulta un intento de anular la diversidad que caracteriza
a esa población y las diferencias culturales que existen
dentro del grupo. Se presenta como una categoría
homogénea, de marcado carácter asimilacionista. Fue
creado por el Gobierno federal en los años 70 y los
sectores dominantes de la sociedad norteamericana lo
impusieron como una etiqueta.
Los hispanos o latinos, en su mayoría, son una
población originaria de América Latina, que tiene
antecedentes étnicos y raciales mixtos. Las estadísticas
censales los reconocen en la existencia de diferentes
«razas» y etnias.
En un intento de sintetizar algunas de las principales
características de este importante grupo poblacional
tomamos los siguientes elementos:
• Presentan marcadas diferencias en su interior por
grupos étnicos. Poseen una naturaleza extremadamente
heterogénea, con múltiples contradicciones, tensiones,
fisuras clasistas y raciales que frecuentemente los
separan.
• Cuentan con indicadores particulares —en comparación
con otros grupos de inmigrantes— de raza, color de la
piel, género, estatus socioeconómico, idioma, estatus
de inmigración y modo de incorporación.
• Tienden a ser más jóvenes que la población
blanca-anglo. Protagonizan un incremento de
los nacimientos y matrimonios interétnicos e
interraciales.
• Son proclives a un alto nivel de urbanización:
46,4% vive en una ciudad central dentro de un área
metropolitana y 45,1% vive fuera de las ciudades
centrales, aunque dentro de áreas metropolitanas.
• Se ubican entre los sectores más deprimidos de los
Estados Unidos, al tener menores ingresos y peores
condiciones de vida. Esta situación es también el
resultado de su procedencia social y el relativamente
Comentario sobre la cuestión
migratoria
los Estados
n. 81-82:
67-72, en
enero-junio
deUnidos
2015
67
•
•
•
•
•
•
•
68
bajo nivel de preparación educacional y técnica,
lo cual les impide acceder a mejores empleos y los
hace más dependientes de los programas sociales
estaduales y federales.
21,8% vive en condiciones de pobreza. El índice más
alto corresponde a los centroamericanos, con 27,5%, les
siguen los puertorriqueños con 26,1%; los mexicanos,
22,8% y los cubanoamericanos, 16,5%.
Desde la década de los 90 del siglo pasado, el
poder adquisitivo de los latinos se incrementó de
manera relativa (599,5 mil millones de dólares),
en la misma medida en que creció el número de
firmas y compañías propietarias de latinos (dos
millones de firmas). Protagonizan una expansión de
mercados en toda la unión; Nueva York, Los Ángeles
y Miami marchan a la cabeza. Las tres principales
comunidades (mexicana, puertorriqueña y cubana)
concentran más de la mitad de sus firmas y 58% de
los ingresos totales de ellas. Los cubanos tienen el
mejor promedio de empresas por habitantes (diez
por cada cien).
Se incrementa el sector de clase media, con mejores
oportunidades de acceso a educación, salud, y
empleo.
Aumentan los núcleos familiares con relativa
prosperidad, en cuanto a la posesión de bienes y
cierta estabilidad económica, en comparación con
las sociedades latinoamericanas de donde proceden.
Sin embargo, ello no es representativo del total de la
población: la mayoría se ubica en los estratos más bajos
de la sociedad norteamericana. En consecuencia,
un núcleo minoritario de los latinos que viven en
los Estados Unidos se enriquece, mientras la gran
mayoría posee un nivel socioeconómico más bajo
que otros sectores sociales.
Tienen significativos niveles de subempleo y
desempleo. Sus patrones de empleo condicionan
estándares de vida inferiores a los de los
estadounidenses blancos de origen europeo.
Son objeto de discriminación y son culpados por
los principales males que aquejan a la sociedad
norteamericana. Los medios de difusión los
responsabilizan por problemas de empleo,
medioambientales, insuficiencias del sistema
educativo, conductas delictivas y criminalidad. En
su contra, utilizan los elementos que los caracterizan
como grupo y se presentan como amenazas: idioma
español, religión católica, expresiones de religiosidad
popular, el vínculo más estrecho con sus países de
origen y los rasgos predominantes de sus culturas
latinoamericanas.
La cultura de la violencia, el racismo y la intolerancia
convierte a los latinos en víctimas sociales. El
impacto recae fundamentalmente sobre niños,
adolescentes y mujeres.
Antonio Aja Díaz
• Su bajo nivel escolar se convierte en obstáculo para
el acceso a ocupaciones y a la asimilación social en
general. Tienen una alta tasa de abandono escolar, en
particular por situaciones económicas. Se enfrentan
a políticas educativas restrictivas y desiguales. Solo
los cubanos poseen índices favorables en estos
indicadores sociales.
• Son el grupo más afectado por enfermedades y
problemas de salud. Solo 54% de los nacidos en
Latinoamérica posee seguro médico y 17% de los
portadores de VIH/SIDA son latinos.
La población de origen latino está muy lejos de
ser un grupo homogéneo. Sus diversos orígenes
nacionales y las diferentes experiencias de vida, creencias
religiosas, educación, valores, actitudes y estilos de vida,
condicionan expresiones políticas que les impiden, hasta
el momento, tener bases para la unidad.
Los resultados del Censo 2010 ratificaron que los
latinos son el motor de crecimiento de la población
de los Estados Unidos. Los 50,5 millones de latinos
constituyen 16% del total de una población que arribó
a los 308,7 millones. Significa 43% de aumento en
comparación con el año 2000, lo que representa más
de la mitad del crecimiento poblacional en ese país.
El comunicado de la Oficina del Censo se refiere
específicamente a las poblaciones de Rhode Island,
Carolina del Sur, Virginia Occidental, Michigan,
Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva York,
Maine y el Distrito de Columbia, las que muestran un
crecimiento demográfico explosivo de latinos (U.S.
Census Bureau, 2011).
En los Estados Unidos, la población infantil registra
actualmente el menor nivel demográfico en la historia
de este país, aun sí se incluye a las familias inmigrantes,
en particular a los latinos, que tienen una mayor
proporción de niños con respecto a los adultos.
El censo de 2010 señala que 54% de la población
infantil es de raza blanca, mientras que 23% es latina,
14% de raza negra, y 4%, asiática. Los niños de los
inmigrantes representan una de cada cuatro personas
menores de 18 años, y actualmente es el segmento
poblacional de más rápido crecimiento entre la
juventud del país, un indicio de que los inmigrantes y
los nacimientos de grupos minoritarios contribuyen
al crecimiento demográfico en los Estados Unidos.
Cuando esta generación alcance la madurez, llegará
a integrar una fuerza laboral reducida que tendrá que
mantener a la creciente población de jubilados, aun
cuando el gobierno se esfuerza en reducir los costos
de los servicios de salud, pensiones de retiro y otros
programas de asistencia pública. En la actualidad, la
población infantil representa 24% de los habitantes
de los Estados Unidos, menor al 26% que registró en
1990. Se prevé que esa proporción descenderá a 23%
en 2050.
Impulsada por una inmigración ligada a las
oportunidades laborales en el país del norte, la
población de origen mexicano se duplicó en la última
década y creció en 11,2 millones. De acuerdo con cifras
dadas a conocer por la Oficina del Censo en 2010, ese
grupo pasó de 20,6 millones en 2000 a 31,8 millones en
2010, un aumento de 54%. Actualmente los mexicanos
representan 63% de los latinos, 4,5 puntos porcentuales
más que en 2000, y siguen siendo el grupo latino más
grande en este país. Su crecimiento está basado más en la
inmigración que por nacimientos. Eso también podría
explicar por qué Arizona es el tercer estado con mayor
población mexicana, detrás de California y Texas. El
Censo también revela los siguientes datos (U.S. Census
Bureau, 2011):
• La población de ascendencia mexicana representa
cerca de tres cuartos del incremento total de los
hispanos en la última década, es decir, 15,2 millones.
Sus orígenes se vinculan directamente con la
expansión imperialista de los Estados Unidos, el robo
de territorios y el establecimiento de particulares
relaciones migratorias entre emisor y receptor,
donde los indocumentados mexicanos en los Estados
Unidos ocupan un particular espacio económico y
social.
• Por primera vez, tres grupos superaron la marca del
millón de habitantes: salvadoreños (1,6 millones),
dominicanos (1,4 millones) y guatemaltecos (1
millón).
• Pese a que el segmento de los puertorriqueños bajó
—de 10% de la población latina en 2000 a 9% en
2010—, los boricuas siguen siendo el segundo grupo
latino más grande del país, al crecer en 36% (3,4 a
4,6 millones) y fue la población latina más grande en
seis de los nueve estados del noreste. La condición de
colonia de la Isla, aún en el siglo xxi, bajo el estatus
de Estado Libre Asociado, favorece el proceso y los
flujos migratorios de esta población hacia los Estados
Unidos.
• El tercer grupo latino más grande —los cubanos—
creció en 44%, de 1,2 millones en 2000 a 1,8 millones
en 2010. Así, los cubanos siguen representando
cerca de 4% de la población latina y en 2010
fueron el grupo mayor en Florida (con 1,2 millones
de isleños), donde existe un enclave étnico,
económico, cultural y de trascendencia política.
Es una inmigración aún favorecida por un acuerdo
de extensión de visados de migrantes entre el
país receptor y el emisor, que viene marcando la
diferencia, en gran medida, con el resto de los países
que aportan migración a los Estados Unidos desde
América Latina y el Caribe.
• Otro grupo que tuvo un gran crecimiento fue el de los
guatemaltecos, con 18%, mientras que la población
colombiana aumentó 93% y la dominicana 85%. Los
•
•
•
•
procesos económicos y políticos en esos países han
marcado la tendencia creciente de esta inmigración
hacia los Estados Unidos.
La edad promedio de los inmigrantes cubanos
es 40 años, la de los salvadoreños, 29; la de los
mexicanos, 25; la de los guatemaltecos, 27, y la de los
dominicanos, 29. En todos los casos, ello es resultado
del comportamiento histórico de las tendencias
migratorias y la aplicación de políticas diferenciadas
por parte de los Estados Unidos.
En cuanto al crecimiento por regiones, los latinos
aumentaron su presencia en todo el país a más de
50 millones; uno de cada seis estadounidenses, sobre
todo en el sur y la región central. En el sur creció
57%, cuatro veces más que la población general del
área, que es de 14%.
Según la Oficina del Censo 2010, en la región
central la población hispana creció 49%, más de 12
veces más que la población general del área, que
creció 4%. Estos aumentos contrastan con el bajo
incremento porcentual del oeste y noreste, que
numéricamente crecieron de manera significativa.
En el oeste, la población latina creció 34%, mientras
que el noreste aumentó 33%. Más de la mitad estuvo
concentrada en tres estados: California, Texas y
Florida. En California, los latinos representaron
28% (14 millones) de la población nacional de
latinos, mientras que en Texas representaron 19%
(9,5 millones) y en Florida 8% (4,2 millones). La
población latina aumentó en los cincuenta estados
y el Distrito de Columbia. En ocho estados del
sur (Alabama, Arkansas, Kentucky, Maryland,
Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y
Tennessee) y Dakota del Sur, este grupo aumentó en
más del doble. El estado con mayor concentración
porcentual de latinos es Nuevo México, con 46% de
hispanos, lo cual obedece a una cuestión histórica,
según los expertos.
Los resultados del Censo indican que el número de
hispanos que viven por debajo de la línea de pobreza
en los Estados Unidos aumentó a 13,2 millones de
personas en 2010, superior al crecimiento de 1,3%
del año anterior. De acuerdo con el informe «Ingreso,
pobreza y cobertura de seguro médico en los Estados
Unidos: 2010», 15,1% de los hispanos vivían en 2010
por debajo de la línea de pobreza, equivalente a 46,1
millones de personas a nivel nacional. Se registró un
aumento de 0,8% en comparación con 2009. Este es
el cuarto incremento anual consecutivo y el número
más elevado desde 1959, cuando comenzaron a
publicarse las estimaciones de pobreza. Asimismo,
las cifras publicadas dan cuenta de una caída de 2,3%
en el ingreso promedio de las familias hispanas. En
2010, la media de ingresos anuales en los hogares
Comentario sobre la cuestión migratoria en los Estados Unidos
69
Los niños de los inmigrantes representan una de cada cuatro personas
menores de 18 años, y actualmente es el segmento poblacional de más rápido
crecimiento entre la juventud del país, un indicio de que los inmigrantes y los
nacimientos de grupos minoritarios contribuyen al crecimiento demográfico
en los Estados Unidos.
latinos fue de 37 759 dólares, comparados con los 38
667 de 2009. A nivel nacional el ingreso promedio
fue de 49 445 dólares, una disminución de 2,3% en
comparación con 2009. Las estadísticas de 2010
también muestran que 1,1 millones de latinos
dejaron de contar con la cobertura de seguro médico,
que pasó de 15,4 millones en 2009 a 15,3 millones
en 2010.
• Las cifras del censo revelaron que el crecimiento
de la población blanca se debió a una razón
inesperada: muchos latinos se declararon blancos
en el recuento oficial. El cambio se debe a que en el
último censo, «hispano» aparece como grupo étnico,
no como raza. Aunque el gobierno federal hizo esta
distinción por primera vez en 1980, muchos latinos
siguieron utilizando el recuadro «alguna otra raza»
para establecer una identidad hispana. El censo de
2010 introdujo un cambio, al presentar formas que
les decían específicamente a los latinos que tener
antecedentes hispanos no es una raza, y les pedían
elegir una categoría reconocida como blanco o
negro. El resultado fue un incremento de 6% en
los estadounidenses blancos, según el conteo del
censo, a pesar de que hubo pocos cambios entre los
blancos no hispanos. En total, la cifra de personas en
la categoría «solo blanco» aumentó en 12,1 millones
a lo largo de la última década, hasta 223,6 millones.
Sobre la base de esa definición, ahora los blancos
representan 72% de la población estadounidense
y casi la mitad del crecimiento demográfico desde
2000.
• Al analizarse la información estado por estado,
California y Texas son hogar de casi la mitad de los
latinos que se identificaron como blancos, seguidos
por Florida y Nueva York.
• Mientras la totalidad de la población de los Estados
Unidos está envejeciendo, la latina sigue siendo joven;
es la primera población que aporta al crecimiento de
la fuerza laboral y al nuevo consumo. Más de 60%
tiene menos de 35 años y 75% menos de 45. De esta
forma, los latinos se concentran en los segmentos
más jóvenes y los blancos no latinos en los grupos
más viejos. El cuadro de población de los Estados
Unidos muestra un crecimiento sostenido en los
segmentos tradicionalmente latinos y una dispersión
drástica, y nuevos crecimientos, en áreas donde la
presencia latina hasta hace poco era desconocida.
70
Antonio Aja Díaz
Si continúa este comportamiento de la inmigración
y la natalidad en cada uno de los grupos étnicos y
raciales, para 2050 se producirán cambios de relevancia.
Los hispanos o latinos significarían 24,5% del total de
la población (97 millones de personas); los asiáticos,
9%; los negros, 14%, y los blancos americanos, 53%, con
el consecuente impacto provocado por la inmigración
y las etnias. Los Estados Unidos estarían bajo un
profundo proceso de latinización, con una población
cercana a los cien millones.
Tal pronóstico moviliza la opinión pública
norteamericana e incide directamente en la formulación
de la política inmigratoria estadounidense, envuelta
desde 2006 en un interminable debate sobre el control
inmigratorio de indocumentados o no, y la aplicación
de una reforma migratoria, donde las tendencias de
extrema derecha capitalizan la situación e impiden la
adopción de un enfoque justo, humano y coherente
con la historia de ese país, que es la historia de la
inmigración del principal receptor de migrantes en
el mundo. Los inmigrantes, en especial los latinos
en los Estados Unidos, son una necesidad para la
economía estadounidense, lo que los convierte en una
realidad social cada vez más intrínseca del desarrollo
de esa sociedad, quiérase o no reconocer por la
cultura política dominante, la blanca, anglosajona y
protestante.
Visibilidad e invisibilidad de los latinos
El papel que, como minoría étnica demográficamente
mayor, desempeñan los latinos dentro del país del
norte, y el destino que ellos mismos tienen, conduce
a valorar la impronta de su identidad en el territorio.
Existe un trasfondo en el discurso gubernamental en el
cual la creación de una etnicidad latina es el resultado
del objetivo político de tener un bloque «homogéneo»
para la maquinaria electoral. Quieren crear un grupo
étnico que no lo es en su sentido monolítico.
Este grupo poblacional, en la práctica, participa en
dos economías y en dos políticas, debido a las relaciones
que establecen, que los presentan como actores de un
escenario transnacional, a partir del proceso del traslado
de personas, productos, información y símbolos desde
y hacia el territorio estadounidense. Se destacan por el
vínculo con el país de origen y sus consecuencias en la
conservación de rasgos culturales, tradiciones, valores,
estilos de vida e incluso sentimientos nacionalistas.
Sin embargo, están sub-representados en los
círculos de toma de decisiones tanto públicos como
privados. Presentan relativamente bajos índices de
ciudadanía norteamericana, tendencia que se modifica
al calor de los impactos de la crisis mundial, el referido
debate inmigratorio en la sociedad estadounidense y en
particular del peso que asume la ciudadanía para una
mejor inserción y funcionamiento en ella.
El crecimiento vertiginoso de la población de origen
latinoamericano en los Estados Unidos y su tendencia
al rejuvenecimiento, trae aparejado un incremento
de su importancia electoral. El electorado hispano o
latino representa uno de los segmentos más dinámicos
y heterogéneos dentro de los votantes estadounidenses.
Comprende individuos de muy diversos orígenes, y de
diferentes niveles de bienestar socioeconómico.
Las manifestaciones en contra del proceso de debate
acerca de la reforma inmigratoria en los Estados Unidos,
en 2006, muestra las potencialidades que podrían tener
los inmigrantes y, en particular, los de origen hispano
o latino, en los órdenes social y político, refrendados
ambos por una real presencia demográfica e inserción
en el mercado laboral, como ya se ha visto. Sin embargo,
esta conflictiva situación dista mucho de poder ser
capitalizada en el orden político, debido a la ausencia
de códigos y de la determinación de principios claves
para intentar estructurar un movimiento unitario de
este grupo.
El análisis se complica si tomamos en cuenta no
solo a los inmigrantes, sino también a su descendencia,
momento en el que aparece el tema de la identidad étnica
y cultural, de los nacidos en territorio estadounidense y
tener un origen en cualquier ciudad de Centroamérica,
el Caribe o Suramérica. La propia condición de
inmigrantes, en tanto solución individual a las
contradicciones que afrontan en sus países de origen, la
fragmentación a la que se enfrentan en la sociedad que
supuestamente los recibe o donde tratan de insertarse,
y la ausencia de una defensa real de sus intereses por
parte de los países de donde emigran, han significado
hasta el momento, entre otros elementos, barreras muy
difíciles de salvar para lograr la estructuración de un
movimiento de unidad que lleve a la conformación de
los hispanos o latinos como una fuerza política en los
Estados Unidos.
El crecimiento de la población latina también
repercute en la política. En 2012 su representación
en el Senado de los Estados Unidos era de solo 3%
y en la Cámara de Representantes de 5%. Seis nuevos
legisladores latinos se sumaron al Congreso. Solo 4%
de los latinos votan en las elecciones estadounidenses.
Muchos no veían como una necesidad solicitar
la ciudadanía a pesar de haber sido residentes
permanentes durante mucho tiempo. Las explicaciones
pueden ser varias, pero sin dudas abren un espacio de
análisis en torno al tema de la influencia política de los
latinos en los Estados Unidos.
¿Asimilación de lo latino en la literatura
de escritores de segunda generación?
El proceso de inserción social de la población de
origen latino en los Estados Unidos, que puede abarcar
en menor o mayor grado, la adaptación cultural y la
reconformación de las identidades, es influido en
nuestros días por un grupo de factores, vinculados
al auge de los medios de difusión en español y la
utilización de las nuevas tecnologías que facilitan
las comunicaciones. Los resultados de una encuesta
nacional de 2011 sobre los adultos latinos indicó que
37% de estos hablaron inglés cuando eran niños y
aprendieron suficiente español para actualmente ser
bilingües. Presentan altos índices de desear leer, ver y
explorar más canales de comunicación en este idioma
en los próximos años. Nueve de cada diez reales y
potenciales padres hispanos desean que sus hijos
puedan hablar español, aunque también aspiran a que
alcancen fluidez en el inglés.
La identidad se vuelve una variable central y
pertinente para los estudios que se cuestionan hasta
dónde las fronteras espaciales se trasmutan también
en aquellas normas y prácticas culturales que son el
timón de la vida cotidiana. Repensar esta variable
del conocimiento social, desde determinados grupos
que se mueven hacia otros espacios geográficos y
culturales, ha constituido eje cimero, nada agotado,
de la investigación social. La configuración de lo latino
como significante físico-temporal-sociocultural en la
que se manifiesta la bi, y a veces ya multiculturalidad
constituye idea visceral de este análisis. La complejidad
radica en que la problemática se centra, no en aquellos
que han decidido emigrar, sino en los que lo han hecho
de pequeños llevados por los padres, o los que han
nacido ya en suelo norteamericano, pero cuyas raíces
están en Nuestra América. A este grupo se le ha dado
en llamar «la segunda generación» (Portes y Rumbaut,
2001).
Los handicaps fundamentales que diferentes
autores han señalado dentro del binomio aculturaciónasimilación son aquellos que enfrentan lo que el
sujeto ha traído de su contexto familiar inmediato o
comunidad étnica, y lo que el centro de la sociedad
receptora le ofrece, casi como exámenes culturales que
debe pasar para ser asimilado. Muchos son los elementos
señalados como factores determinantes de este proceso.
Esta perspectiva de análisis parte del entendimiento
de lo que denominan segmented assimilation y que
Comentario sobre la cuestión migratoria en los Estados Unidos
71
tomaremos como presupuesto teórico: los desafíos para
la obtención de una asimilación exitosa varían según
las características de las llamadas minorías étnicas
inmigrantes (Portes y Rumbaut, 2001: 45).
Un análisis de las principales tendencias migratorias
de los latinoamericanos a los Estados Unidos muestra las
diferencias entre las comunidades de más alta densidad
poblacional: los mexicans americans —chicanos—, y
los puertorriqueños, que pertenecen a movimientos
migratorios de carácter histórico, con una tradición de
siglos; mientras que los que han ocurrido con cubanos
y dominicanos, o los casos menos trascendentes en
números, pero de conflictividad político-social, como
los de bolivianos, peruanos, chilenos, manifiestan
diversidad en su tipología pues pueden ser migrantes
altamente calificados en situación irregular, refugiados
y solicitantes de asilo . ¿Cómo se desenvuelve entonces,
en los miembros de esta nueva generación el proceso
de reconocimiento, diferenciación y negación del
«yo» y del «otro» que de alguna forma podemos
denominar identidad? ¿Ocurre siempre de esta manera
o transcurre a través de otros fenómenos? ¿Cómo se
inclina la balanza en el proceso de negociación de
intercambios psicosociales y culturales entre el centro
hegemónico en el cual se debe integrar (el mainstream
norteamericano) y su comunidad latina? Estas y otras
son interrogantes que pudieran guiar el debate sobre
otra arista vinculada a la política inmigratoria de los
Estados Unidos en el presente siglo.
Referencias
Portes, A. y R. Rumbaut, (2001) Legacies: the Store of the Immigrant
Second Generation. California, Russell Sage Foundation.
U. S. Census Bureau, (2011) «Overview of Race and Hispanic Origin:
2010» [En línea], disponible en http://1.usa.gov/1fMrsxg.
, 2015
72
Antonio Aja Díaz
¿Qué significan
los latinos
en los Estados Unidos?
Carlos Heredia Zubieta
Profesor Asociado. Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), México.
Estamos pasando de grandes números (de
población) a tener un poquito de poder.
Esto es nuevo.
Jorge Ramos, periodista y escritor.
E
n abril de 2015, los latinos en los Estados
Unidos son 57 millones de los 321 millones
de habitantes, o sea, 18% de la población
total del país. Su peso demográfico casi se ha
cuadruplicado desde 1970, cuando representaban 4,5%;
en 2060 serán 29% —119 millones de 417 millones— y
pocos años después sobrepasarán un tercio del total de
habitantes en esa nación (U.S. Census Bureau, 2014).
En menos de un siglo, los hispanos habrán pasado
de ser uno de cada veinticinco habitantes de los
Estados Unidos, a uno de cada tres. El país habrá
transitado de ser mayoritaria y abrumadoramente
blanco, a una nación en la cual la suma de la
población latina, afroamericana y asiática, excederá
a su población blanca. Esta transformación étnicodemográfico-electoral no tiene precedentes. En 1980,
80% de la población estadounidense era blanca; hoy,
ese porcentaje ha caído a 63%, y en 2060 será inferior
a 44% (Teixeira et al., 2015).
La transición demográfica de los asiáticos será
también muy significativa: luego de haber sido 2% de
la población en 1980, serán 15% en 2060. El porcentaje
de afroamericanos, en cambio, permanecerá estable
(13%) a lo largo del período referido.
Una versión abreviada de este artículo será publicada por el CIDE
y el Center for American Progress (CAP).
¿Qué significan
los latinos
los Estadosde
Unidos?
n. 81-82:
73-80,enenero-junio
2015
73
Este cambio de raíz se reflejará también en la
composición demográfica de los estados de la Unión.
Hoy hay dos estados donde el número de habitantes
hispanos o latinos es superior a la población blanca:
California y Nuevo México. Actualmente, en Arizona,
Colorado, Florida, Illinois, Nevada, Nueva Jersey,
Nueva York y Texas, el porcentaje de población latina
es superior al promedio nacional de 18% del total.
Los latinos son el grupo étnico y demográfico
más joven de la población estadounidense: su edad
promedio es de 27 años, comparada con 42 para los
blancos no hispanos y 32 para los no hispanos en
general. Su incremento se debe fundamentalmente a su
crecimiento natural, y ya no tanto a la inmigración.
Para efectos de este análisis, la definición de
hispanos o latinos incluye a las personas de origen
cubano, mexicano, puertorriqueño, centroamericano,
sudamericano o español, independientemente de su
raza o situación migratoria, que viven en los Estados
Unidos. Hispano o latino son categorías censales que
no corresponden a una raza; así, hay latinos de todas
las razas, como puede apreciarse en la Tabla 1.
Tabla 1
Tabla 2
Puerto Rico), y en otros siete estados: Connecticut,
Hawaii, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva
Jersey, Nueva York y Pennsylvania. Finalmente, los
salvadoreños son los más numerosos en el Distrito de
Columbia.
En 2012 la población de origen mexicano
alcanzaba 33,7 millones, equivalente a 11% ciento
de la población total de los Estados Unidos. De ellos,
11,4 millones eran nacidos en México (casi 10% de
la población total del país azteca). Los inmigrantes
mexicanos representaban entonces 29% de la
población inmigrante estadounidense, que ascendía
a 40 millones. Entre 1980 y 2000, la inmigración era
la principal causa del crecimiento de esa población
en los Estados Unidos; pero a partir del siglo xxi, los
nacimientos han sido el factor principal (U.S. Census
Bureau, 2012).
Con respecto al estatus migratorio de los mexicanos
en los Estados Unidos, 51% de los 11,4 millones son
indocumentados, 33% son residentes permanentes y
16% se han naturalizado como ciudadanos (GonzálezBarrera y López, 2013).
Distribución geográfica y preferencias
electorales
En lo que respecta a su país de origen, los principales
grupos de población latina se muestran en la Tabla 2.
Históricamente, los mexicanos han representado
cerca de dos tercios de la población latina del país. En
40 de los 50 estados de la Unión son el grupo latino
mayoritario; en Florida, los cubanos; y en Rhode Island,
los dominicanos. Los puertorriqueños son, obviamente,
mayoría en su tierra (el Estado Libre Asociado de
74
Carlos Heredia Zubieta
California, Texas y Florida concentran 55% del total
de la población latina. El mapa demográfico concuerda
con el electoral, dado que estos estados son los tres
de mayor peso en el colegio, con 55, 38 y 29 votos
respectivamente, es decir, casi la cuarta parte de los 538
votos que deciden la elección presidencial.
En la elección presidencial de 2012 se registró una
participación de 12,2 millones de votantes latinos;
sin embargo, existe todavía una brecha muy significativa
entre su peso demográfico (18% de la población total), y
su peso electoral efectivo (10%). Ese porcentaje resulta
extremadamente bajo, considerando que 2,5 millones
de electores latinos estaban registrados para votar, pero
se abstuvieron de hacerlo en 2012. Otros 8,6 millones
son elegibles y podrían ir a las urnas (tienen 18 años
de edad o más, y son ciudadanos), pero no están
registrados para tal efecto. La suma de estas dos cifras
arroja 11,1 millones de potenciales electores que por
omisión o abstención no se ven reflejados en el peso
electoral de los latinos.
Solo 43% de los latinos es elegible para votar, en
contraste con 76% de blancos, 67% de afroamericanos,
y 53% de asiáticos. Ello se explica parcialmente por
el hecho de que los menores de 18 años representan
un porcentaje mayor que en otras poblaciones. Sin
embargo, también hay mucho trabajo por hacer para
educar a la población respecto a que su capacidad de
ser tomada en cuenta por los gobernantes y de incidir
crecerá en función de su mayor tasa de registro y de
participación electoral (López, 2011).
La participación electoral latina no es homogénea
entre todos los grupos allí representados; mientras la
concurrencia a las urnas de los ciudadanos de origen
cubano alcanza 49% del total, la de los puertorriqueños
llega apenas a 30% y la de los mexicanos solo a 29%.
Más de la mitad de los electores latinos viven en
cuatro estados cuya preferencia partidista está cuasidecidida antes de que la elección tenga lugar: California,
Nueva York e Illinois son estados «azules» que votan
sistemáticamente por los candidatos presidenciales
demócratas; mientras que Texas, un estado «rojo»,
suele optar por los republicanos —la última vez que
votó por un demócrata fue por un sureño, el georgiano
Jimmy Carter, en 1976. En 2014, la población latina de
ese estado era 38,2% del total, por debajo del 44,4%
de la blanca; y es previsible que en 2019, la sobrepase
(López, 2014).
Sin embargo, a contrapelo de las predicciones que
sostienen que Texas se volverá muy pronto un «estado
púrpura» —es decir, con alternancia entre republicanos
y demócratas—, los resultados de la elección para
gobernador del 4 de noviembre de 2014 arrojaron una
contundente victoria para el republicano Greg Abbot,
quien venció a su oponente demócrata, Wendy Davis,
por 21 puntos, y recibió 44% del voto latino, y 50%
de entre los hombres. En una entrevista publicada
en el diario The Dallas Morning News se sostiene que
los electores latinos registraron una alta abstención
porque sus temas prioritarios no fueron abordados
en la campaña de la candidata demócrata, y también
porque el número récord de deportaciones por parte
del presidente Barack Obama los descorazonó (Parker,
2014).
Esta subrepresentación en las urnas resta fuerza a
los argumentos de quienes sostienen que los latinos
ya están en condiciones de decidir el resultado de
las elecciones presidenciales estadounidenses en el
futuro. Los números no alcanzan para sustentar dicha
afirmación. El voto hispano, por sí mismo, no puede
determinar la elección presidencial. En todo caso,
lo que se desprende de las estadísticas demográficas
y electorales es que ningún candidato presidencial,
demócrata o republicano, puede ganar sin al menos
33% del apoyo latino. El presidente Obama obtuvo 72%
en 2012, mientras que su opositor republicano, Mitt
Romney, solo alcanzó 27%. El presidente republicano
con mayor apoyo latino en elecciones recientes fue
George W. Bush, quien se acercó a 40% cuando ganó
en 2004.
La población mexicana o de ese origen se encuentra
en los 50 estados de la Unión, y en cada uno de ellos
existe una cifra de al menos diez mil. La gran mayoría
pertenece a ligas deportivas, asociaciones culturales o
religiosas. El Programa de Atención a las Comunidades
Mexicanas en el Exterior nació en 1990 y con el
tiempo desembocó en lo que hoy es el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (IME); este, a su vez,
creó un Consejo Consultivo, integrado por una red
nacional de alrededor de 130 dirigentes mexicanos en
los Estados Unidos y Canadá, quienes con frecuencia
son ciudadanos binacionales que buscan tener impacto
en la política de los dos países.
De acuerdo con cifras del IME, los mexicanos en
los Estados Unidos han organizado alrededor de 1560
clubes de oriundos y organizaciones comunitarias en
ese país; es un movimiento que tiene gran variedad
organizativa, liderazgos múltiples y vínculos diversos
con migrantes y comunidades de otros países
latinoamericanos. Los clubes de oriundos promueven
obras materiales apoyadas por los niveles de gobierno
federal, estatal y municipal, a través del programa
de cofinanciamiento 3 por 1 —construcción de
caminos y puentes, pozos de agua, restauración de
iglesias, introducción de agua potable—, así como
actividades culturales y el espíritu de solidaridad en
sus comunidades de origen, que les permiten a los
migrantes sostener vínculos con familiares y amigos.
La membresía en los clubes de oriundos representa para
los migrantes una identidad transnacional arraigada
tanto en el país de origen como en el adoptivo.
Sin embargo, entre las diásporas latinoamericanas,
solo 9%, aproximadamente, de quienes envían remesas
a sus comunidades de origen pertenecen a algún club
de oriundos, y en México son únicamente 4%.
El origen nacional o la etnicidad común no son
garantía de una homogeneidad en las preferencias
políticas, como se verá en la siguiente sección. Las
comunidades mexicanas y méxicoamericanas en los
¿Qué significan los latinos en los Estados Unidos?
75
Estados Unidos no son uniformes; están atravesadas
por la diversidad étnica y la pluralidad política.
La agenda política
Los latinos suelen otorgar prioridad a los mismos
temas que el resto del electorado: oportunidades en la
economía, el empleo, la educación y la salud. El tema
que los distingue de otros segmentos del electorado es
la política migratoria.
El 27 de junio de 2013, el Senado con mayoría
demócrata aprobó la Iniciativa para la Seguridad
Fronteriza, las Oportunidades Económicas y la
Modernización de la Inmigración, presentada por
el senador de Nueva York, Charles Schummer, en
el marco de lo que se conoce como una reforma
migratoria integral. Sin embargo, esta iniciativa fue
obstaculizada en la Cámara de Representantes, que
entonces (como hoy en el 114º Congreso) estaba
dominada por el Partido Republicano.
En los congresos 113 y 114, los republicanos
han obstaculizado cualquier cosa que apunte a una
reforma migratoria integral. Aun cuando su candidato
Mitt Romney pagó un alto precio por sugerir que los
inmigrantes indocumentados siguieran el camino
de la «autodeportación», los republicanos no han
corregido el rumbo y siguen poniendo barreras a
cualquier legislación que busque la regularización de
los indocumentados. El 20 de noviembre de 2014, el
presidente Barack Obama, tras la contundente derrota
demócrata en las elecciones de dos semanas antes,
anunció un conjunto de órdenes ejecutivas y medidas
administrativas para dar alivio a los inmigrantes
indocumentados, que en su mayoría son de origen
latinoamericano. Desde entonces, esas medidas han
estado bajo fuego republicano; en abril de 2015, es aún
incierta la suerte que correrán los indocumentados que
han optado por acogerse a ellas.
Un grupo clave que se ha organizado de manera
muy dinámica son los llamados dreamers, nacidos fuera
de los Estados Unidos, cuyos padres los introdujeron a
territorio estadounidense como bebés o muy pequeños,
y que crecieron y realizaron estudios superiores en ese
país. Cerca de dos millones de ellos están buscando
beneficiarse de las medidas administrativas del
presidente Obama, aunque uno de cada diez ha sido
deportado a México.
Si bien la migración es competencia del ámbito
federal, las asambleas y legislaturas estaduales legislan
y ejercen sus facultades para regular y expedir normas
de aplicación en materia de acceso a la educación,
salud, vivienda, y otros ámbitos cruciales para la vida
cotidiana de los migrantes mexicanos. Por ello, junto
con la presencia e incidencia en Washington, DC, una
76
Carlos Heredia Zubieta
operación de defensa de los derechos de los trabajadores
de origen latino debe hacerse oír de manera inteligente
en Sacramento (California), Austin (Texas), Springfield
(Illinois), Albany (Nueva York), y en otras capitales de
estados estratégicos para los inmigrantes y trabajadores
migrantes.
¿Quiénes son los aliados de los latinos en los
Estados Unidos? En principio, otros migrantes y las
comunidades mexicanoamericanas; los alcaldes, los
gobernadores, y algunos organismos de la sociedad
civil; algunos legisladores estaduales y federales, y
también sus empleadores.
Los migrantes tendrán la capacidad de influir en la
agenda estadounidense en tanto ellos mismos hagan
valer su peso demográfico y electoral a nivel territorial,
y establezcan alianzas exitosas con otros votantes.
Entre las organizaciones más reconocidas que
realizan una labor sistemática en favor de los intereses
de los estadounidenses de origen mexicano y/o latino
se encuentran:
• Labor Council for Latin American Advancement
(LCLAA; Consejo Laboral para el Progreso Latino):
Agrupa a 1,7 millones de trabajadores de origen
latino en los Estados Unidos y Puerto Rico. Pertenece
a la central sindical AFL-CIO. Fundado en 1972, se
propone empoderar a las comunidades latinas, apoyar
los esfuerzos por alcanzar la justicia económica y
social para todos los trabajadores, y promover una
mayor diversidad cultural en los sitios de trabajo, más
allá de razas o grupos étnicos. Su oficina nacional está
en Washington, DC, con oficinas en El Paso y San
Antonio (Texas). (www.lclaa.org)
• League of United Latin American Citizens (LULAC;
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos):
Cumplió 80 años el 17 de febrero de 2009. Es la más
antigua y mayor organización de membresía hispana
en los Estados Unidos. Su propósito es impulsar
las condiciones económicas, los logros educativos,
la influencia política, la salud y los derechos civiles
de los estadounidenses de origen hispano. Los
consulados de México se apoyan en el trabajo de los
700 Consejos locales. Héctor Flores, exdirector de
LULAC, fue miembro del Consejo Consultivo del
IME; su actual presidenta, Rosa Rosales, ha asistido
como observadora a las reuniones del CCIME. Su
sede nacional está en Washington, D.C., con oficinas
en El Paso y San Antonio. (www.lulac.org)
• Mexican-American Legal Defense and Education
Fund (MALDEF; Fondo México-Americano para
la Defensa Legal y la Educación): Fue fundado
en 1968 en San Antonio, Texas. Desempeña un
papel de liderazgo en el litigio por la defensa de los
intereses de la comunidad latina y en la promoción
de la educación. Su misión es promover políticas
El crecimiento de la población y del liderazgo latinos es un indicador de
su progreso político y de su madurez; pero resulta evidente que necesitan
traducir su peso demográfico en mayor participación política para estar en
condiciones de ejercer una influencia significativa en el ámbito electoral y de
la política pública.
públicas sanas, leyes y programas que salvaguarden
los derechos civiles de 45 millones de latinos que
viven en los Estados Unidos, así como empoderar a la
comunidad latina. Su trabajo se concentra en empleo,
educación, inmigración, acceso político, idioma y
temas de equidad en torno a recursos públicos. Su
sede nacional está en Los Ángeles, con oficinas en
Chicago, San Antonio, Washington, D.C., Atlanta, y
Houston. (www.maldef.org)
• National Alliance of Latin American and
Caribbean Communities (NALACC; Alianza
Nacional de Comunidades Latinoamericanas
y Caribeñas): Busca mejorar la calidad de vida
de las comunidades latinas, tanto en los Estados
Unidos como en los países de origen, así como el
fortalecimiento de las organizaciones de migrantes,
y su participación cívica y democrática, de manera
que puedan abogar de forma conjunta y eficaz
por las políticas económicas y migratorias para
alcanzar condiciones de vida digna y sustentable. Se
inauguró en noviembre de 2004, como representación
de comunidades de inmigrantes de México,
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Colombia
y República Dominicana. Las organizaciones
miembros de NALACC tuvieron un papel muy
activo en las multitudinarias marchas de la primavera
de 2006. En mayo de 2007, NALACC convocó
la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes
Latinoamericanas, un evento que logró reunir más
de mil líderes migrantes en Morelia (Michoacán,
México). Su sede está en Chicago, Illinois. (www.
nalacc.org)
• National Association of Latino Elected Officials
(NALEO; Asociación Nacional de Funcionarios
Latinos Electos y Designados): Promueve la
participación política de la comunidad latina en los
Estados Unidos. Más de seis mil funcionarios latinos,
afiliados a todos los partidos políticos y en todos los
niveles de gobierno están dando pruebas de liderazgo.
Se dedica a la difusión de información, la formación
de cuadros y la formulación de políticas públicas en
temas de interés político para la comunidad latina.
Su sede está en Los Ángeles, con oficinas en Houston,
Nueva York y Washington, D.C. (www.naleo.org).
• National Council of La Raza (NCLR; Consejo
Nacional de la Raza): La mayor organización de
derechos civiles y de defensa de la comunidad
hispana en los Estados Unidos. Trabaja para
mejorar las oportunidades de los estadounidenses
de origen hispano. A través de su red de cerca de 300
organizaciones comunitarias de base, llega a millones
de hispanos en 41 estados, Puerto Rico y el Distrito
de Columbia. Lleva a cabo investigaciones aplicadas
y análisis de políticas públicas en cinco áreas:
inversiones y activos, derechos civiles/migración,
educación, empleo y estatus económico, y salud.
Fundado en 1968, el Consejo es una organización
privada, no lucrativa, no partidista, exenta de
impuestos, con oficinas centrales en Washington,
D.C., y operaciones en Atlanta, Chicago, Los Ángeles,
Nueva York, Phoenix, Sacramento, San Antonio y
San Juan (Puerto Rico). (www.nclr.org)
• Southwest Voter Registration and Education Project
(SVREP; Proyecto de Registro y Educación de
Votantes del Suroeste): Tiene como misión empoderar
a los latinos y otras minorías a partir del aumento
de su participación en el proceso democrático
estadounidense. Apuesta por el fortalecimiento
de la capacidad, la experiencia y las habilidades de
los líderes latinos, las redes y las organizaciones,
por la vía de programas que capacitan, organizan,
financian, desarrollan, expanden y movilizan a los
líderes latinos y a los votantes en torno a una agenda
que refleje sus valores. El lema de SVREP es «Su voto
es su voz». Su sede está en San Antonio, con oficinas
en Los Ángeles y Miami. (www.svrep.org)
La diáspora cubana está representada por una
muy amplia gama de organizaciones. Concentrada en
Florida y Nueva Jersey, registra niveles de educación,
ingreso monetario, dominio del inglés y asimilación
social mucho mayores que el promedio de las otras
diásporas, incluida la puertorriqueña. Mediante la Ley
de Ajuste Cubano aprobada en 1966, los cubanos que
llegan a los Estados Unidos son elegibles para solicitar
y alcanzar la residencia por un procedimiento expedito.
Más de la mitad de las personas de este origen que viven
en los Estados Unidos llegaron después de 1991, y 55%
del total son ciudadanos estadounidenses (Brown y
Patten, 2013) .
La participación latina a favor de Barack Obama,
como aspirante a la Casa Blanca en 2008 y como
presidente que buscaba la reelección en 2012, fue
muy importante. El discurso de los demócratas está
alineado con una postura relativamente más favorable
¿Qué significan los latinos en los Estados Unidos?
77
a los inmigrantes que el del Partido Republicano, aun
si durante la presidencia de Obama el número de
migrantes latinoamericanos deportados superó por
mucho el registrado bajo el mandato del presidente
republicano George W. Bush. En contraste, cada vez
más, el discurso republicano se ciñe a los intereses de
los WASP: estadounidenses de raza blanca y de origen
anglosajón.
Las elecciones de 2008 fueron un laboratorio
electoral para los especializados en la política pública:
aproximadamente 10% de la población electoral eran
hispanos y, dentro de ese porcentaje, 67% inclinaron
su voto a favor de Obama (Kotkin, 2012). La apuesta
de Obama era permitir al migrante o al «recién
llegado» integrarse al sueño americano sin temor a la
deportación siempre y cuando cumpliera con ciertos
criterios; era el ejercicio de una política y actitud de
tolerancia a los migrantes. Sin embargo, en los cuatro
años de su primera administración no propuso una
reforma migratoria integral; el Senado, de mayoría
demócrata, lo hizo, pero no fue ratificada por parte de la
Cámara de Representantes, de mayoría republicana.
En 2012 la elección presidencial presentaba
circunstancias muy diferentes a 2008; en este caso,
la estrategia era ganar distritos electorales claves en
estados «campos de batalla» como Colorado, Florida y
Nevada, de elevada población latina, y otros de reciente
inmigración, como Virginia y Carolina del Norte. Con
72% del voto latino, el presidente Obama ganó todos
excepto Carolina del Norte (Pace, 2012).
Gráfico 1
Representantes estatales
y nacionales electos, 2011
100
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
183
68
2
U.S. Senate
24
U.S. House of
Representatives
U.S. Senators
State
Representatives
Fuente: NALEO 2011 Directory of Latino Elected Officials
Aun cuando en los últimos quince años se
produjo un incremento de 53% en el número total
de funcionarios latinos a nivel nacional (de 3 743 en
1996 a 5 850 en 2011), con 18% de la población total y
12% de los electores, los latinos solo ocupan 3,3% de
los altos cargos de elección popular a nivel nacional,
según datos de la Asociación Nacional de Funcionarios
78
Carlos Heredia Zubieta
Latinos Electos y Designados (NALEO, 2011). 96% de
dichos funcionarios se desempeñan en los estados que
tradicionalmente han sido centros neurálgicos de la
población latina: California, Arizona, Nuevo México,
Texas, Florida, Nueva Jersey e Illinois.
Así, el crecimiento de la población y del liderazgo
latinos es un indicador de su progreso político y de su
madurez; pero resulta evidente que necesitan traducir
su peso demográfico en mayor participación política
para estar en condiciones de ejercer una influencia
significativa en el ámbito electoral y de la política
pública.
En el 114º Congreso de los Estados Unidos de
América, la representación latina asciende a 33
miembros de la Cámara de Representantes: 21 de
origen mexicano, 5 puertorriqueños, 5 cubanos, un
guatemalteco, un español. Hay tres senadores de origen
latino; todos son de origen cubano.
Las comunidades latinas y el futuro
de los Estados Unidos
¿Qué han logrado los latinos en la cuestión política
en los Estados Unidos? En primera instancia, una
redefinición incipiente del poder político —claramente,
los inmigrantes de origen latinoamericano han
determinado que si ellos no son incluidos en la agenda
pública, los partidos no serán correspondidos en las
votaciones— y, en segundo lugar, un creciente papel
para moldear el futuro económico, político, social y
cultural del país.
Cualquier político estadounidense, tanto en las
ciudades, los condados, los estados y a nivel federal,
debe cuidar que su discurso no margine al electorado
latino. Cada año electoral encontramos un mayor
número de líderes latinos que aspiran a algún cargo
electo; estamos hablando de una población de 25,2
millones de personas con oportunidad de votar
dentro de un padrón electoral total de 230 millones
en 2014.
Como ocurre con el resto de la población, tendrán
mayor éxito político y electoral entre los latinos las
políticas públicas que sean eficaces a la hora de resolver
problemas económicos y sociales, que remedien las
deficiencias educacionales y del mercado de trabajo, y
que provean a la población de oportunidades para la
movilidad social ascendente.
Sin embargo, la política migratoria es decisiva a
la hora de las elecciones presidenciales. Si los latinos
siguen escuchando que el Partido Republicano no quiere
que estén en los Estados Unidos, entonces cerrarán sus
oídos a lo que diga el Grand Old Party (GOP) sobre
educación, empleos o economía. La posición de los
republicanos sobre inmigración se ha convertido en la
«prueba del ácido» para la comunidad latina que, en el
camino hacia 2016, va a juzgar si los republicanos los
aceptan y reciben como parte integrante de la sociedad
estadounidense, o si les cierran la puerta.
Las diásporas de origen latinoamericano en los
Estados Unidos tienen sus principales objetivos
políticos en ese país, pero en ocasiones también actúan
en sus países de origen. Son actores transnacionales que
influyen mediante la diplomacia pública y ciudadana.
Definida como «la dispersión o el esparcimiento de un
grupo étnico en un territorio diferente al de su lugar
de origen», la diáspora tiene un peso significativo en
tanto se convierta en interlocutora de los problemas y
temas públicos.
La visión tradicional de los gobiernos de América
Latina hacía de sus diásporas meras correas de
trasmisión, cuyo deber era tratar de comunicar en los
Estados Unidos el mensaje de su país de origen. Este
enfoque fracasó. Una perspectiva innovadora, que
en el caso de México se inicia en el año 2000, ve a su
diáspora como actor político por derecho propio y se
propone como objetivo estratégico su fortalecimiento
organizativo y su capacidad de incidencia en los Estados
Unidos, con base en una agenda estadounidense.
Las comunidades latinoamericanas han propiciado
una mayor y mejor integración de sus nacionales
en los Estados Unidos mediante las oportunidades
laborales, el acceso al sistema de salud pública, el
derecho a escuelas públicas para sus hijos, entre otros
beneficios. Steve Vertovec (2005) expresa que estas
diásporas intervienen en la toma de decisiones en
términos globales muy considerables, en un estilo
muy similar al transnacionalismo y también a la
diplomacia ciudadana. Estas comunidades tratan de
influir en la toma de decisiones de las altas cúpulas o
élites gubernamentales mediante la postura pública
que expresan.
Las poblaciones de origen mexicano, cubano,
salvadoreño, dominicano, guatemalteco, u otro,
actúan en función de sus propios intereses, y solo
ocasionalmente en función de los del país emisor. Los
cubanos son quizás la excepción, en tanto un segmento
mayoritario del exilio, a partir de 1959, ha tratado
de incidir en la Casa Blanca y en el Capitolio para
apoyar acciones en contra del gobierno establecido en
La Habana. Ello se tradujo en una lealtad electoral al
Partido Republicano, hasta fecha reciente, en que se dio
la transición generacional entre quienes nacieron en la
Isla y los nacidos en suelo estadounidense.
A contrapelo del voto mayoritario por los
republicanos por parte del exilio cubano, el Presidente
Barack Obama fue favorecido con el voto del estado
de Florida tanto en 2008 como en 2012. Este viraje se
vio culminado con el sorpresivo anuncio efectuado
por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro
el 17 de diciembre de 2014, por el cual se iniciaron
conversaciones para restablecer y normalizar sus
relaciones diplomáticas, y elevar sus representaciones de
secciones de intereses a embajadas plenipotenciarias.
¿Qué se espera para la elección federal del 8
de noviembre de 2016? Es temprano para hacer
pronósticos; pero, evidentemente, ambos partidos
deberán considerar a candidatos latinos, incluso para
la elección presidencial. El exgobernador de Florida,
Jeb Bush, que habla español fluido y está casado con la
mexicana Columba Garnica, es uno de los tempranos
favoritos para conseguir la nominación republicana;
mientras que dos de los tres senadores de origen
latino, Ted Cruz (Texas) y Marco Rubio (Florida),
han indicado también su interés de convertirse en
abanderados del GOP. A su vez, la casi segura candidata
presidencial del Partido Demócrata en 2016, Hillary
Clinton, cuenta con numerosos colaboradores latinos
en su equipo.
La agenda política estadounidense está cada vez más
influida por los latinos en la economía, la educación,
la seguridad, la cultura y la salud. En un artículo
titulado «Latinos in the United States. How to Fire up
America», la revista The Economist estima que el futuro
del sistema político estadounidense estará cada vez más
marcado por el peso de las comunidades latinas. Ello
incluye también el fortalecimiento de la competitividad
de la economía estadounidense frente a los bloques
económicos y comerciales de Europa y del este de
Asia: mientras la mayoría de la población mundial está
envejeciendo, los latinos están rejuveneciendo la fuerza
de trabajo de la economía estadounidense y facilitando
el financiamiento de sus pensiones y jubilaciones a
largo plazo (The Economist, 2015).
Los latinos tienen más poder que nunca, pero
todavía su capacidad de incidencia está por debajo de su
peso demográfico. Su capital social es la capacidad que
tienen para acceder a recursos adicionales a aquellos
de los que disponen de manera directa en virtud de su
inserción en redes sociales más amplias. El mundo
de relaciones humanas, profesionales y empresariales de
los migrantes constituye a veces el capital decisivo con
el cual logran asentarse exitosamente o prosperar más
tarde en los países de acogida.
Ambos partidos están formando ya cuadros latinos
jóvenes que podrían contender en futuras elecciones
presidenciales a partir de 2020. Los demócratas tienen
a Julián Castro (1974), exalcalde de San Antonio, hoy
Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
en el gabinete de Obama; los republicanos, a George
Prescott Garnica Bush (1976), hijo de Jeb Bush, sobrino
del presidente número 43 y nieto del presidente número
41, ambos de la dinastía Bush.
En las próximas décadas se irá cerrando poco a
poco la brecha entre el peso demográfico y la incidencia
¿Qué significan los latinos en los Estados Unidos?
79
electoral de los latinos, y al decir de Jorge Ramos, «se
confirmará la magia de la democracia estadounidense,
que consiste en creer que los de hasta abajo podrán,
algún día, llegar hasta arriba. Only in America» (Ramos,
2015).
Referencias
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United States, 2011. Washington D. C., Pew Research Center
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ch/1LVvMrC [consultado el 24 de julio de 2015].
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Portrait of Mexican-Origin Hispanics in the United States»,
Washington D. C., Pew Research Center Hispanic Trends, 1 de
mayo, disponible en http://pewrsr.ch/1cJfp16 [consultado el 24
de julio de 2015].
Kotkin, J. (2012) «Why Obama Won: Hispanics, Millenials Were
the Difference» en Forbes, disponible en http://bit.ly/1GZXOub
[consultado el 24 de julio de 2015].
López, M. H., (2011) «The Latino Electorate in 2010: More
Voters, More Non-Voters», Washington D. C., Pew Research
Center Hispanic Trends, disponible en http://pewrsr.ch/1I8oBpV
[consultado el 24 de julio de 2015].
______, (2013) «In 2014, Latinos Will Surpass Whites as Largest
Racial/Ethnic Group in California», Washington D. C., Pew
Research Center Hispanic Trends.
NALEO, (2011) Directory of Latino Elected Officials.
Pace, J., (2012) «Obama 2012: President Wins the Way his Campaign
Predicted» en The Huffington Post [En línea], disponible en http://
huff.to/1I8oH0N [consultado el 24 de julio de 2015].
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The Economist , (2015) «Latinos in the United States. How to Fire
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U. S. Census Bureau, (2010, 2012, 2014) National Population
Projections: Summary Tables.
, 2015
80
Carlos Heredia Zubieta
La política de la identidad
y el voto latino
en los Estados Unidos
Arturo Santa Cruz
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad de Guadalajara, México.
E
l incremento demográfico de la población
de origen latinoamericano en los Estados
Unidos (de 9,6 millones en 1970, pasó a 22,3
millones en 1990, para llegar a 53.3 millones
en la actualidad) ha dado lugar a una serie de intensos
debates en los últimos años sobre su impacto cultural,
demográfico, económico, judicial, político, religioso
y hasta de salud pública (Gibson y Jung, 2012). Un
ámbito particularmente relevante es el electoral,
pues este afecta, de manera más o menos directa (a
través de representantes populares y presupuestos
gubernamentales, por ejemplo), a otras esferas de la vida
pública estadounidense1 —de ahí el creciente interés en
el llamado «voto latino». Sin embargo, el planteamiento
de que este puede tener efectos distintivos asume
que los electores hispanos se comportan de manera
diferente al votante promedio estadounidense. El
comportamiento de este ha correspondido a una
sencilla regla, de acuerdo con la cual el mejor indicador
del sentido del voto, ya sea por el Partido Demócrata o
el Partido Republicano, es el nivel de ingreso: a mayor
ingreso, mayor probabilidad de que el elector sufrague
a favor del segundo. En esta lógica no hay cabida para
filiaciones grupales: es la renta del elector lo que dicta
el sentido de su voto; se trata de un argumento basado
en la economía política.
La tesis del voto latino refuta este argumento. En
su lugar, sugiere que un grupo de personas, por demás
disímil no solo en términos de ingreso, sino también
de origen nacional y ubicación geográfica dentro de
la Unión Americana —para mencionar dos de sus
atributos o peculiaridades—, se comportan de manera
similar frente a las urnas en virtud de una identidad
La política de la identidad n.
y el81-82:
voto 81-88
latino enero-junio
en los Estados
deUnidos
2015
81
compartida. Al argumento de economía política se
contrapone uno de índole cultural, basado en la política
de la identidad.
En este trabajo exploro los dos razonamientos
y concluyo que la explicación del voto latino en los
Estados Unidos —como se apreció en el proceso
electoral que concluyó con la reelección del presidente
Barack Obama— radica en la complementariedad de
ambos. Puesto que el argumento basado en la economía
política es la explicación convencional, me centro en el
segundo. Así pues, el artículo está estructurado de la
siguiente manera: la primera sección trata sobre la zona
del razonamiento que radica en la economía política,
en ella demuestro que la comunidad latina constituye
un grupo socioeconómico identificable; presento lo que
esto sugiere respecto al voto de los latinos en los Estados
Unidos. La segunda desarrolla la parte de la explicación
relacionada con la política de la identidad; en ella se
aborda el concepto y la práctica de dicha política en los
Estados Unidos. La tercera se encarga de demostrar que
los hispanos tienen, en efecto, una identidad común
(una de varias que los individuos de dicho grupo
pueden tener, pero que es relevante para explicar el
fenómeno que nos ocupa). El cuarto apartado aborda
específicamente el voto latino en los Estados Unidos. En
la quinta sección ilustro la importancia que el respeto
y el reconocimiento tienen en la comunidad latina,
particularmente en el sentido de su voto, mediante
las posiciones que los dos partidos principales de
los Estados Unidos han adoptado en relación con la
necesaria reforma migratoria. Finalmente, recapitulo
los argumentos presentados y enfatizo el sustrato
identitario de cuestiones tan aparentemente simples
como las de la economía política.
La economía política del voto
Los hogares de origen latino en los Estados Unidos
no solo son identificables por su nivel de ingresos, sino
que las estadísticas gubernamentales y de centros de
investigación los consideran como un grupo definido.
De acuerdo con información del Pew Research Center,
la riqueza media de las unidades familiares latinas es
aproximadamente el 5,55% de la de las caucásicas, y
ligeramente superior (10%) de las afroamericanas (Pew
Research Center, 2011: 1). En términos de percepciones,
el ingreso promedio anual de los hogares latinos es de
38 039 dólares —en comparación con 51 861 para los
hogares blancos y 32 584 para los negros (U.S. Census
Bureau, 2013). Un factor que incide directamente en
los dos indicadores anteriores es el acceso al empleo;
en este sentido, los latinos se encuentran en desventaja,
como lo evidencia la mayor tasa de desempleo
—alrededor de tres puntos porcentuales en 2011— en
82
Arturo Santa Cruz
este grupo (Latino Fox News, 2012). Estas coincidencias
no pasan inadvertidas entre los latinos en los Estados
Unidos: alrededor de 70% de ellos reportan tener algo
en común, en términos de nivel de vida, con las demás
personas del mismo origen (Wallace, 2012: 1361).
Ahora bien, el hecho de que las personas de origen
latino en los Estados Unidos conformen un estrato
socioeconómico definido, ¿dice algo del sentido de
su voto? De acuerdo con la explicación basada en la
economía política, sí, y mucho. El ingreso predice
el voto —particularmente en los Estados Unidos.2
En ese país la renta está relacionada con el voto
partidista de manera clara. Así, la parte del electorado
que vota a favor del Partido Republicano ha estado
tradicionalmente —al menos desde los años 30 del siglo
pasado— entre 5 y 20 puntos porcentuales por encima,
entre los votantes del tercio más alto de la distribución
del ingreso, comparado con el tercio de menores
ingresos (Gelman et al., 2010). Los estadounidenses
con un ingreso inferior a los 70 mil dólares tienen más
probabilidades de votar por los demócratas, en tanto
que aquellos con un ingreso superior al referido es más
probable que voten por los republicanos. De ahí lo que
se ha denominado la «teoría general del salario y la
preferencia electoral» (Thompson, 2012: 1). Esta regla
general se vio confirmada en el proceso electoral de
2012: mientras 63% de los electores cuyo ingreso está
por debajo de los 30 mil dólares anuales sufragaron por
Obama, solo 44% de aquellos con renta superior a los
100 mil lo hicieron.
Existen, sin embargo, matices en este argumento. El
bienestar del estado de la Unión en que se encuentren
los votantes ha sido un factor crecientemente
significativo en las últimas décadas. Así, más que
antes, en estados pobres el mayor nivel de ingreso se
relaciona con el voto a favor del Partido Republicano,
mientras que en los ricos la correlación prácticamente
desaparece (Gelman et al., 2007: 349; 2010: 1213). Esto
sugiere que, al menos en los años recientes, el ingreso
tiene menor importancia en los estados «azules», es
decir, tradicionalmente demócratas, que en los «rojos»
(republicanos) (Gelman et al., 2007: 345).
Hay señales de que otras variables, además del
ingreso, están en juego a la hora en que los electores
deciden su voto. Así, por ejemplo, ha quedado
claramente establecido en la literatura especializada,
que la pronunciada conciencia de grupo en la
comunidad negra de los Estados Unidos ha sido un
factor determinante de su participación política,
independientemente de su nivel de ingreso (StokesBrown, 2006: 628). En el caso que nos ocupa, vale la
pena destacar que a pesar de que al nivel de ingreso
promedio de las familias latinas en 2011 hubiera
correspondido 56% de apoyo en las urnas al mandatario
que buscaba la reelección en 2012, este recibió 71% del
voto hispano.3 Llama la atención en particular que
62% de los latinos con ingresos superiores a 80 mil
anuales votaran por Obama (Fox News Latino, 2012).
Así pues, no solo el nivel de ingreso sino también el
contexto y la identidad tienen importancia a la hora
de emitir el voto.
La política de la identidad
De acuerdo con Paula Moya (citada en Alcoff y
Mohanty, 2006), las identidades pueden ser definidas
como «constructos ideológicos significativos en
contextos específicos, los cuales refieren de manera
no arbitraria (aunque parcial) a aspectos verificables
del mundo social». Lo que hoy se conoce como
«política de la identidad» tiene sus orígenes tanto en
las multitudinarias marchas en contra del armamento
nuclear en Inglaterra, a finales de los años 50 y principios
de los 60 del siglo pasado, como en el movimiento por
los derechos civiles que tuvo lugar en los Estados
Unidos también en esos años. En el caso inglés, se
trataba de una manifestación novedosa, aglutinada
en torno a convicciones y no a intereses económicos.
Allí, la política de la identidad de alguna manera vino
a desplazar a la ya tradicional contención política
aglutinada por las fuerzas de izquierda. En el caso
estadounidense, en cambio, los nuevos movimientos
fueron vistos como una continuidad de la tradición
liberal en favor de los derechos.
De cualquier manera, tanto en el Reino Unido como
en los Estados Unidos a partir de la década señalada,
pero particularmente durante la de los 80, una miríada
de grupos florecieron en la plaza pública, aglutinados
en torno a diferentes causas, como los derechos
sexuales o la igualdad racial, pero todos con un común
denominador: la reivindicación tenía que ver, más que
con una cuestión de justicia redistributiva (es decir,
de economía política), con cuestiones que finalmente
giraban alrededor de la identidad (Pritchet, 2005:
33-4; Farred, 2000: 627; Alcoff y Mohanty, 2006: 2).
Una de las ideas motoras que compartían los diversos
grupos era que el derecho a ser valorado de acuerdo
con las múltiples identidades que los ciudadanos
pueden adoptar (por ejemplo, homosexual, latino,
minusválido) constituye un importante recurso para
llevar a cabo la transformación social, a la cual la
multiplicidad de grupos oprimidos pueden contribuir
desde sus respectivas trincheras (Alcoff y Mohanty,
2006: 2), como le escribiera el líder negro de la lucha
por los derechos civiles en los Estados Unidos, Martin
Luther King, al líder hispano César Chávez: desde su
perspectiva, ambos eran «hermanos en la lucha por la
igualdad» (Alarcón, 2000).
La identidad se volvió así un recurso importante.
Los activistas empezaron a encuadrar sus luchas en
términos culturales y de la posición que su grupo
ocupaba en la sociedad, demandando el derecho a
que sus diferencias respecto al resto de la comunidad
fueran reconocidas y respetadas. Si bien este tipo de
activismo no es per se antitético al que tradicionalmente
se había dado en términos de clases sociales, y en
muchas ocasiones ambos tipos confluyen, la novedad
de los movimientos basados en la identidad radica en
su clara diferenciación con las luchas reivindicativas
tradicionales, como las sindicales.
En los Estados Unidos, el impacto de la gran
cantidad de grupos aglutinados en torno a la política
de la identidad creció exponencialmente; de esto
es indicativo el título del libro que el influyente
historiador estadounidense Arthur Schelinger publicó
en 1991: The Disuniting of America: Reflections on a
Multicultural Society. Así, como señalan Linda Alcoff y
Satya Mohanty (2006: 6), «el debate real ya no se da en
términos de si las identidades tienen relevancia política,
sino de cuánta y de qué tipo es esta».
No es, pues, de extrañar que la política de la
identidad ya forme parte de la currícula de educación
superior en los Estados Unidos. En tanto que los
primeros departamentos especializados en temas
como chicano studies o women’s studies empezaron a
surgir en las universidades de ese país en los años 60, el
término empezó a aparecer en las revistas académicas
especializadas a finales de la siguiente década (Alcoff y
Mohanty, 2006: 2; Bernstein, 2005: 47). Filósofos como
Charles Taylor y Will Kymlicka elaboraron sofisticados
argumentos que mostraban la manera en que las
luchas sociales centradas en la política de la identidad
pueden contribuir positivamente a la transformación
de la sociedad en su conjunto (Taylor, 1994; Kimlicka,
1995).
Las raíces intelectuales de la política de la identidad
pueden rastrease, sin embargo, un par de siglos atrás.
Johann Gotlieb Ficthe fue el primero en tratar el tema
en su obra Fundamentos del Derecho Natural, de 1796
(1994). En ella, el filósofo alemán argumentaba que la
auto-conciencia del sujeto tenía un carácter social; para
él, son los otros quienes hacen que el sujeto abandone
el estado de inconciencia y adopte pleno conocimiento
de que es un individuo libre. La base de este proceso de
constitución mutua de los individuos que componen
la sociedad es el respeto.4
Pero es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con su
obra Fenomenología del espíritu, publicada en 1806,
quien más ha influido en la literatura sobre la «política
del reconocimiento». Por reconocimiento se entiende
un acto social que simultáneamente constituye a un
actor como sujeto y otorga un significado particular
a la diferencia. El reconocimiento permite que los
La política de la identidad y el voto latino en los Estados Unidos
83
Para los latinos, la discriminación no es solo un hecho, sino también un
«problema mayor» en sus vidas. Las comunidades latinas han canalizado
el sentimiento de esta falta de reconocimiento en una mayor participación
política enfocada a terminar ese estado de cosas.
actores (ya sean unitarios o colectivos) adquieran
una identidad estable (Wendt, 2003: 512; Ringmar,
2002). Para Hegel, la autoconciencia es un proceso
eminentemente social, pero el reconocimiento dista
de ser una condición primigenia de la humanidad;
al contrario, lo que existe inicialmente es una «lucha
por el reconocimiento»: los individuos están ávidos
de obtenerlo, pero no de otorgarlo. De ahí que su
falta contribuya a la inestabilidad social; según
Hegel (1996; Wendt 2003: 513-14), mientras que una
parte niegue su reconocimiento pleno a la otra, la
aceptación del orden social por parte de esta última
será parcial y contencioso. Su ejemplo del maestro y
el esclavo (en el que, paradójicamente, el primero es
incapaz de realizarse, pues le es imposible obtenerlo
plenamente al no ser su contraparte un individuo libre)
devino paradigmático del dilema social planteado
por la carencia del mutuo reconocimiento total. Pero
cuando este se da, tanto la plena autoconciencia como
la identidad colectiva emergen. Este es el sustrato
filosófico-político de los movimientos basados en la
política de la identidad. Recordemos que para ellos,
como observa Nancy Fraser (2000: 19), «pertenecer
a un grupo que es menospreciado por la cultura
dominante significa no ser reconocido, y por lo tanto
sufrir una distorsión en la relación de uno consigo
mismo» —en el sentido de que las imágenes negativas
son internalizadas por el individuo.
Pasemos, pues, a considerar el caso tanto de la
hipotética identidad de la comunidad latina en los
Estados Unidos, como de la política de la identidad
que esta pudiera haber llevado a cabo.
Los latinos y la política de la identidad
Las personas de origen latinoamericano que viven
en los Estados Unidos se identifican principalmente
con su país de origen (Lazos, 2012: 19). Sin embargo,
la mayoría se percibe a sí misma como parte de
un grupo. Así, de acuerdo con la encuesta Latino
National Survey (Fraga et al., citado en Wallace,
2012), realizada a mediados de la década pasada,
todos respondieron afirmativamente cuando se les
preguntó si se consideraban «hispanos» o «latinos»;
aún más, 70% dijo tener algo en común con el resto de
los latinos en términos de educación, empleo o ingreso.
Fraga y sus colaboradores concluyen que algún tipo de
84
Arturo Santa Cruz
conciencia de grupo «parece haber echado raíces en la
identidad individual, la definición del entendimiento
de la comunidad y en la expresión intencional de los
rasgos políticos y sociales comunes» (1361)
Un factor determinante en la cohesión de los
latinos en los Estados Unidos es el idioma. Conservar
el dominio de la lengua materna es de primera
importancia para el grupo en su conjunto; 75% de
los de primera y segunda generación, y más de 50% de los
de la tercera coinciden en la importancia de que sus
descendientes hablen español (Lazos, 2012: 20).
El lenguaje compartido ha contribuido así a que
los hispanos posean cierta conciencia de grupo. Si
bien esta tiene varias dimensiones, una fundamental
tiene que ver con su percepción de que pertenecen
a un grupo marginado, pero la conciencia de un
idioma común no se traduce automáticamente en una
conciencia política compartida (Lazos, 2012). Para esto
hace falta la interacción de otros factores, tales como
condiciones socioeconómicas similares o la percepción
de pertenecer a una minoría «estigmatizada» (121).
La discriminación es una situación que la mayoría
de los hispanos sienten padecer. No de la misma
manera en que pueden tolerar, por ejemplo, las
condiciones climáticas de los Estados Unidos. Para
61% de ellos (en 2011), la discriminación no es solo
un hecho, sino también un «problema mayor» en
sus vidas. Las comunidades latinas han canalizado el
sentimiento de esta falta de reconocimiento en una
mayor participación política enfocada a terminar ese
estado de cosas (125).
Tradicionalmente, la literatura estadounidense
especializada se concentraba en la comunidad
afroamericana, pero en los últimos años han empezado
a publicarse estudios sobre la población latina
(Sánchez, 2006: 430). Así, tenemos que la conciencia
grupal hispana puede observarse en al menos tres
dimensiones: la identificación con el grupo, la
percepción de discriminación hacia él, y, en menor
medida, el deseo de emprender acciones colectivas,
particularmente en actividades políticas que impacten
directamente en la condición de la comunidad latina.
Estas tres dimensiones tienen que ver, por supuesto, con
el hecho de que los latinos se encuentran insertos en un
país y una cultura diferentes de los que provienen. De
otra manera, la especificidad de su conciencia grupal
se evaporaría. De este modo, el sentido de la acción
a que da lugar la conciencia grupal de los hispanos
depende del contexto (Sánchez, 2006: 444-5; Hitlin et
al., 2007: 592).
Los motivos por los cuales la literatura especializada
se centró por tanto tiempo en la minoría negra y no en
la hispana se relacionan, por supuesto, con la manera
en que el grupo en cuestión es identificado: mientras
que el primero es considerado como una «raza» sin
mayor discusión (por los rasgos fenotípicos de sus
miembros, lo cual no niega que el concepto mismo
de «raza» sea un constructo), el segundo difícilmente
puede considerarse así, puesto que se trata de un
conjunto de personas de diversos orígenes nacionales,
e incluso razas, que comparten rasgos culturales. A los
hispanos se les categoriza comúnmente bajo el término
de grupo étnico (Stokes-Brown, 2006: 628). De hecho,
el censo estadounidense define a los hispanos como
una etnia, no como una raza (Hitlin et al., 2007: 590).
Así pues, el sentido de solidaridad antes descrito entre
los hispanos se refiere a una identidad «panétnica»
—como pudiera ser el caso de los asiáticos. De ahí, por
ejemplo, que los latinos en general sean más proclives a
votar por un candidato coétnico; entre los de primera
generación esta tendencia se da en alrededor de 80%
(en los de segunda generación desciende a 66%). Es
evidente que muchos hispanos utilizan la apariencia
y/o las características culturales del candidato en
cuestión como una especie de «atajo informativo», en
el sentido de que las similitudes evidentes suponen
otras, en términos de opciones de políticas públicas
(Lazos, 2012: 120; Wallace, 2012: 1362; Abrajano et al.,
2005: 206).5 En sentido opuesto, la percepción creciente
entre los hispanos de que el Partido Republicano no
se preocupa (46%) o es abiertamente hostil hacia ellos
(27%) como grupo, ha contribuido a su distanciamiento
del Grand Old Party (GOP) en las urnas (Wallace, 2012:
1369). Los latinos no son, pues, ajenos a la política de
la identidad.
El voto latino
Independientemente de la definición «oficial», con
frecuencia los hispanos se perciben a sí mismos en
términos de raza —desde el punto de vista cultural,
no físico (Hitlin et al., 2007: 596). De cualquier modo,
cuando se compara a los tres grupos raciales/étnicos
principales de la sociedad estadounidense, es evidente
que en tanto los caucásicos poseen un mayor poder
de voto (al no estar «casados» con ninguno de los dos
partidos dominantes de su país), los afroamericanos
son los que menos tienen, pues han estado —al menos
desde la era del New Deal— «amarrados» al Partido
Demócrata. Los hispanos, en cambio, se ubican en una
posición intermedia, pues su voto ha sido relativamente
fluctuante entre los dos partidos —de ahí su relativo
poder en ciertos contextos electorales (Griffin y
Newman, 2013: 56; Shaw, 1997: 64).
Desde hace varias décadas, sin embargo, los
latinos han votado mayoritariamente por el Partido
Demócrata (Wallace, 2012: 1362); lo que no es mera
casualidad o tendencia inexorable. Habrá que recordar
que el senador demócrata John Calhoun (cit. en
De Conde, 1992: 34) —defensor de la esclavitud en
los tiempos en que los que hoy identificamos como
«latinos» eran considerados miembros de una «raza
mestiza» inferior— clamaba en la tribuna durante la
discusión sobre la anexión de México a los Estados
Unidos: «Nunca hemos soñado incorporar a nuestra
Unión raza alguna que no sea caucásica —la libre raza
blanca [...] Protesto contra la unión con México [...] El
nuestro, señor, es el gobierno de la raza blanca».
No fue sino hasta más de un siglo después que el
Partido Demócrata comenzó a cultivar abiertamente
el voto de los hispanos. Así, durante las elecciones
presidenciales de 1960, la campaña de John F. Kennedy
estableció clubes «Viva Kennedy», específicamente para
el electorado latino, y la esposa del candidato, Jaqueline,
grabó anuncios televisivos en español (Wallace, 2012:
1364).
Sin embargo, la participación electoral de los latinos
ha sido históricamente baja —ciertamente inferior a
la de los blancos o los afroamericanos. Por ejemplo,
durante las elecciones intermedias de 2010 solo 31,2%
de los electores latinos registrados votó, en tanto que
48,6% de los blancos y 44% de los negros lo hicieron
(Lazos, 2012: 125). En la baja participación de los
latinos influyen significativamente dos factores: que
poco más de una tercera parte de esa población es
menor de edad (una proporción mayor que en los
otros dos grupos mencionados) y que muchos no sean
ciudadanos estadounidenses (en mayor proporción,
por supuesto, que los otros grupos étnicos/raciales)
(118-9).
Pero combinemos las tendencias demográficas con
un tema que está cobrando creciente importancia entre
los latinos para ponderar el potencial de la política
de la identidad en el voto hispano y en la política
estadounidense.
La política de identidad hispana: la reforma
migratoria
Más allá del crecimiento demográfico de los hispanos
en los Estados Unidos referido en la introducción,
importa la actitud que tienen hacia la inmigración en
ese país. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo
un año antes de la reelección del presidente Obama,
80% de los hispanos considera que los inmigrantes
contribuyen a la sociedad estadounidense, porcentaje
La política de la identidad y el voto latino en los Estados Unidos
85
que también se opone a políticas encaminadas a su
deportación (Lazos, 2012: 123). En el rubro de la
tolerancia a la inmigración, los latinos se cuecen aparte
de los demás grupos étnicos o raciales (Collingwood
y Jocim, 2013: 13). Aún más, el tema migratorio se ha
vuelto crecientemente prominente en la comunidad
latina —cabe recordar que más de once millones de
inmigrantes sin papeles viven hoy en los Estados Unidos,
la mayoría de ellos de origen latino. De esta manera, si
antes de las elecciones de 2012 alrededor de un tercio
de ellos consideraba la reforma migratoria como un
asunto importante, para febrero de 2013 una mayoría
de 58% lo hacía, desplazando un tema fundamental: el
estado de la economía (Sabaté, 2013).
En los últimos años, el sentimiento antinmigrante
en los Estados Unidos se ha expandido, en buena
medida debido a la posición de ciertos sectores,
particularmente el Tea Party, del Partido Republicano.
Dicho sentimiento no solo se ha traducido en la pérdida
de popularidad del GOP entre la comunidad hispana,
sino que ha servido también como catalizador para
la consolidación de la identidad latina y la conciencia
política de dicha comunidad. De particular importancia
en este sentido fueron las marchas de 2006 en favor de
los derechos de los migrantes (Wallace, 2012: 1362;
Lazos, 2012: 124); además de ser significativas para la
comunidad hispana en particular, fueron importantes
en la escena política y social estadounidense en su
conjunto, pues se trató de la mayor movilización en
favor de los derechos civiles que se había llevado a
cabo —alrededor de cinco millones de personas— en
las calles de varias ciudades de la Unión Americana
(Lazos, 2012: 121). Los republicanos parecieron no
haber captado el significado político de las marchas,
y continuaron, tanto a nivel del Congreso como de
varios estados por ellos controlados (como el caso
emblemático de Arizona y la ley SB-1070, que autorizaba
a elementos policiacos a detener a cualquier individuo
sobre el que tuvieran alguna duda «razonable» de que
pudiera ser indocumentado), con su retórica y práctica
antinmigrante. Aun en la campaña presidencial de
012, la sensibilidad republicana en relación con dicho
tema, tan importante para la cada vez más influyente
comunidad hispana en los Estados Unidos, brilló por
su ausencia. Las propuestas del candidato presidencial
Mitt Romney respecto a la autodeportación son
ilustrativas al respecto.
En contraste, el presidente Obama articuló una
propuesta bastante receptiva a las demandas de la
comunidad hispana. Si bien el propio candidato
reconoció que no había cumplido la promesa hecha
en su primera campaña por la Casa Blanca a dicho
grupo étnico, prometió que en su segundo término
sí lo haría, y acompañó su retórica con medidas
simbólicamente importantes para los hispanos. Una de
86
Arturo Santa Cruz
ellas fue su decisión, por medio de una orden ejecutiva
de junio de 2012, de poner en marcha el programa
Deferred Action Childhood Arrivals. En virtud de este
programa se detuvieron las deportaciones de jóvenes
indocumentados que cumplieran con los requisitos de
la llamada, pero aún no aprobada, Dream Act (la cual
abría el camino a la ciudadanía a aquellas personas que
hubieran llegado a los Estados Unidos siendo menores
de edad, hubieran residido al menos por cinco años en
ese país, y obtuvieran un título universitario o prestaran
dos años de servicio militar). De esta manera, el
candidato-presidente demostraba su apoyo a una causa
que era particularmente importante para la población
hispana en los Estados Unidos (Preston, 2011).
Y en la política los dichos y los hechos tienen
consecuencias. Así, cuando llegó el día de la verdad en el
proceso electoral de 2012, el Partido Republicano tuvo
un desempeño deplorable en la elección presidencial
entre los hispanos: solo 29% de ellos votó por Romney.
Como reconoció el excandidato republicano (en el
proceso electoral de 2008), John McCain, poco después
de las elecciones: «Si continuamos polarizando el
voto latino, nuestras posibilidades de ser mayoría son
mínimas. El asunto de la inmigración ilegal obviamente
ha sido un importante factor en la decisión del votante
hispano» (Barreto, 2013: 1).
De esta manera, no fue sino hasta después de las
elecciones que los republicanos empezaron a hacer
algo para tratar de reconquistar a la creciente población
hispana, pues, como aceptó el Comité Nacional de
ese partido: «No importa lo que digamos sobre la
educación, los empleos o la economía; si los hispanos
creen que no los queremos aquí, cerrarán sus oídos a
nuestras propuestas» (Republican National Commitee,
2013: 8).
A finales de enero, el llamado Gang of Eight,
conformado por cuatro senadores demócratas y
cuatro republicanos, presentó su propuesta inicial
de reforma migratoria (Bipartisan Framework for
Inmigration Reform, 2013). Un día después de que esta
se hiciera pública, el presidente Obama manifestó que
aunque tenía diferencias con la iniciativa del Grupo
de los Ocho, la apoyaría por tratarse de un esfuerzo
bipartidista (Landler, 2013). A inicios de mayo, durante
su visita a México, el presidente estadounidense
reiteró su apoyo a la iniciativa bipartidista y se mostró
optimista de su futuro en el Congreso de su país (Shear
y Archibold, 2013).
Sin embargo, la propuesta de reforma —gracias a la
posición republicana— durmió el sueño de los justos.
En las elecciones intermedias de 2014, el voto latino
se inclinó de nueva cuenta por el Partido Demócrata,
con 62% (porcentaje menor al de 2012, pero mayor al
de las elecciones intermedias de 2010 [60%]). Pasado
el proceso electoral, el presidente Obama promulgó
una acción ejecutiva por medio de la cual cerca de
cinco millones de inmigrantes indocumentados
podrían obtener estatus legal temporal así como evitar
la deportación (Ehrenfreund, 2014). Janet Murguía,
presidenta del Centro de la Raza —la más importante
organización de hispanos en los Estados Unidos—,
elogió enfáticamente la acción ejecutiva (cit. en Miami
Herald Staff, 2014).
Al haber sido un presidente demócrata el impulsor
de estas medidas a favor de los migrantes —aunque no
se trate de la prometida reforma migratoria integral—
es de esperarse que su partido cuente con el apoyo de
buena parte de los hispanos en el próximo proceso
electoral.
Conclusiones: la identidad de la economía política
Como señalé al inicio de este trabajo, el incremento
demográfico de la población hispana en el vecino país del
norte es una realidad que conlleva una multiplicidad
de importantes efectos (actuales y potenciales) para
la sociedad estadounidense. En este trabajo me he
ocupado de uno de ellos: el sentido del «voto latino».
Sin embargo, como he argumentado, el efecto en
cuestión no se desprende simplemente del crecimiento
demográfico de los latinos por sí mismo, sino que en
él influyen de manera particular dos factores, uno
material y otro cultural. El primero se refiere a las
consecuencias del nivel de ingreso en la orientación
del voto (en el caso que nos ocupa, por el Partido
Demócrata o por el Republicano) y opera dentro del
marco explicativo de la economía política; el segundo
tiene que ver con la manera en que la conciencia de
los miembros de cierto grupos impacta en el sentido
de su voto, y se enmarca en la literatura de la política
de la identidad.
Como espero haber demostrado anteriormente, si
bien la explicación basada en la economía política es,
en términos generales, correcta, también es incompleta.
Para tener una idea de por qué los latinos en los Estados
Unidos votan de la manera en que lo hacen, hace falta
recurrir a la política de la identidad. Es la conciencia de
grupo, instilada en buena medida en los hispanos, no
solo por su similitud en términos de economía política,
sino también, y de manera importante, por el hecho de
compartir un idioma, problemáticas e historias (como
las experiencias propias o de ancestros referentes a su
llegada a los Estados Unidos, o la discriminación de la
que frecuentemente son víctimas en ese país), lo que
hace que muchos de ellos voten de manera similar.
Las propuestas de política pública de los dos
principales partidos políticos en lo concerniente a la
migración, como hemos visto, son particularmente
relevantes para la comunidad latina y para el sentido
de su voto. Este tema, quizás más que ningún otro,
cristaliza el predicamento en que se hallan los latinos
en los Estados Unidos, urgidos de un trato digno, de
respeto por parte de la sociedad en que se encuentran,
a fin de poder incorporarse a ella en condiciones más
justas e igualitarias. De eso trata la identidad de la
economía política.
Notas
1. Utilizo los términos «hispano» y «latino» como sinónimos, para
seguir el modo convencional en los Estados Unidos, tanto en la
academia como en el uso popular. El universo al que hace referencia
este trabajo, en términos de su potencial político-electoral, no
incluye a las personas de origen hispano que por encontrarse en
los Estados Unidos legalmente pero de manera irregular no tienen
derecho al voto.
2. El efecto del ingreso sobre el sentido del voto parece ser menos
pronunciado en la mayoría de los países europeos. (Gelman et al.,
2010: 1211).
3. En contraste, si bien el ingreso medio de los afroamericanos
predecía un apoyo al presidente Obama de 60%, este fue de poco
más de 90%, en tanto que la predicción para la población blanca
del Sur era de alrededor de 47%, pero en realidad fue ligeramente
inferior a 30%. (Paul Krugman, 2012).
4. Resulta interesante destacar (por los motivos que se verán más
adelante) que el idioma desempeñeaba para Fichte (s.f.) un papel
central en la formación de la identidad de la nación, específicamente
de la alemana.
5. Esto no niega, por supuesto, que en casos en que candidatos
hispanos de diferentes orígenes nacionales compitan entre sí, sus
votantes también se dividan de acuerdo a su origen, o que algunos
grupos de hispanos sean tradicionalmente más cercanos a uno de
los dos partidos, como sería el caso de los cubanos de Florida y el
Partido Republicano. (Etzioni, 1999: 48).
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, 2015
Comentario sobre la política
de la identidad y el voto latino
en los Estados Unidos
Jesús Arboleya
Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI)
E
l doctor Arturo Santa Cruz nos coloca ante
el interesante tema de la influencia de la
«identidad» en el comportamiento político
de la minoría hispana o latina en los Estados
Unidos, especialmente en lo que se refiere a su
conducta electoral, con lo que incorpora la cultura
en esta ecuación. (Los términos hispano y latino han
sido cuestionados tanto por razones metodológicas
como políticas. De todas formas he decidido
utilizarlos indistintamente como sinónimos, porque
convencionalmente son los utilizados para definir a
esta población.)
Como no tengo diferencias relevantes con mi colega
en su enfoque sobre este asunto, mis comentarios
estarán dirigidos más bien a resaltar su importancia en
el contexto político norteamericano, así como lo que
estimo son algunas de sus complejidades.
Los hispanos constituyen un grupo social integrado
por personas de diversos orígenes nacionales, en
ocasiones con conflictos históricos entre sí y en sus
fronteras, los de origen mexicano tienen un peso
numéricamente decisivo dentro del conjunto, lo que
limita la identificación social del resto de los latinos
con un grupo específico.
La identidad hispana o latina resulta, por tanto,
un fenómeno en formación, que se define a partir
de una cultura (idioma) y de ciertas raíces históricas
comunes, pero sobre todo por la relación particular
de estas personas con el resto de la sociedad en los
Estados Unidos.
Una vez que se transita el proceso emigracióninmigración y se consolida el de integración
social mediante el asentamiento personal y la
emergencia de los descendientes, estamos hablando
de norteamericanos de origen latinoamericano, lo que
implica una forma nueva de manifestarse su cultura,
en un medio social completamente distinto.
Hispanidad o latinidad en los Estados Unidos
no significan lo mismo que «latinoamericanismo»
en América Latina, pero estos fenómenos pudieran
encontrarse en la convergencia de ambos procesos
integradores, debido al carácter transnacional de la
migración latinoamericana, como consecuencia
de la globalización económica y las facilidades que
brindan las nuevas tecnologías de la comunicación.
La importancia de este proceso radica en que
puede determinar un mayor interés y, por tanto, una
influencia creciente de los hispanos en la política de los
Estados Unidos hacia América Latina; un potencial
nada despreciable para las relaciones de la región con
el poder hegemónico norteamericano.
Un factor de cohesión, que no escapa al análisis
de Santa Cruz, son las condiciones de explotación y
discriminación que enfrenta la mayoría de los hispanos
en los Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de
analizar su comportamiento político, no podemos
olvidar las diferencias clasistas presentes en el tejido
social hispano y su impacto en la propia consolidación
de esta identidad.
Los sectores hispanos económicamente mejor
situados en la escala social norteamericana tienden
a rechazar una identidad latina que asumen como
demérito de su estatus, lo que dificulta la solidaridad
intragrupal, afectando lo que pudiéramos llamar la
articulación de un movimiento cultural hispano.
Por otro lado, la conducta política de los hispanos,
especialmente a la hora de votar, no puede verse
divorciada de la manipulación de la que son objeto por
parte de los grupos dominantes en sus comunidades,
por lo general orgánicamente vinculados a los sectores
de poder estadounidenses y funcionales a ellos.
No obstante, como bien dice Santa Cruz, ya es
posible observar manifestaciones políticas que justifican
afirmar que la identidad hispana constituye el elemento
aglutinador dentro del comportamiento político de
esta población; en particular, los cambios de actitud
respecto al tratamiento de los indocumentados, hasta
ahora preterido o rechazado dentro de importantes
expresiones del propio movimiento hispano.
Al margen de las diferencias que podamos tener con
el uso de los términos hispano o latino para definir a los
inmigrantes latinoamericanos y sus descendientes en
Comentario sobre la política de la identidad yn.el81-82:
voto latino
los Estados
89-90,en
enero-junio
deUnidos
2015
89
los Estados Unidos, partir del origen para identificarlos
ha tenido una importancia relevante en la propia visión
que tiene la sociedad norteamericana de sí misma.
Si bien el resto de los grupos de inmigrantes y sus
descendientes son también de origen multinacional
(europeos, asiáticos, africanos), fueron históricamente
asumidos en el ideario social y el discurso oficial
estadounidense por sus características raciales (blancos,
negros, asiáticos), incluso así lo reflejaron los censos
hasta 1970, lo que estableció barreras morfológicas a la
integración social en ese país.
La categoría de hispano o latino rompe con este
patrón racista y valida la diferencia cultural como una
cualidad intrínseca de la sociedad norteamericana, con
lo cual anuncia transformaciones en su composición,
que impactarán de manera inevitable en su propia
naturaleza. Sobre todo, porque los latinos constituyen el
componente demográfico relativamente más dinámico
de esa sociedad en la actualidad y de cara al futuro
predecible.
Por si solo esto no otorga al movimiento hispano una
connotación progresista, toda vez que la diferenciación
racial y de origen tiende a diluir la homogeneidad del
grupo y constituye un mecanismo de dominación en
lo interno de la sociedad, confronta con la pretensión
de que la cultura blanca europea define a esa nación,
debilitando uno de los pilares discriminatorios en que
se sustenta el sistema hegemónico doméstico.
Me siento obligado a señalar algunas características
que distinguen a la comunidad cubanoamericana
dentro de este concepto de comunidad hispana o latina
en los Estados Unidos:
• Por constituir el sector más privilegiado dentro del
conjunto, los cubanoamericanos son el grupo que
menos se identifica con la definición de hispano o
latino, aunque la proporción aumenta en el caso de
los niños y los nuevos inmigrantes.
• Son los mejor ubicados en la escala económica latina
y los proporcionalmente mejor representados en la
estructura política del país.
• Constituyen los únicos hispanos mayoritariamente
republicanos, aunque también esto cambia
progresivamente en el caso de los más jóvenes,
los nacidos en los Estados Unidos y los nuevos
inmigrantes.
• A pesar de que esto constituye una tendencia
de difícil reversión, hasta ahora la maquinaria
política cubanoamericana está controlada por la
extrema derecha, lo que dificulta su integración en
el movimiento político hispano en su conjunto, al
menos en sus versiones más progresistas.
• Tampoco los cubanoamericanos priorizan una
reforma migratoria, toda vez que la actual política,
más que perjudicarlos, los favorece respecto a
cualquier otro grupo inmigrante.
90
Jesús Arboleya
Aunque por otras razones, al igual que en el caso
de los puertorriqueños no hay inmigrantes cubanos
indocumentados en los Estados Unidos, lo que limita su
interés por este tema. No obstante, existen similitudes
en otros aspectos de interés común, como es el caso de
las políticas sociales, que favorecen la tendencia hacia la
integración con los hispanos en el campo de la política,
especialmente en lo relativo a las intenciones de voto.
Los cubanoamericanos son los hispanos que más han
intervenido en la política de los Estados Unidos hacia
su país de origen y el resto de América Latina.
Hasta ahora, ha sido al servicio de los intereses
hegemónicos estadounidenses y los sectores más
reaccionarios de la oligarquía latinoamericana,
pero esto también puede cambiar a la luz de las
transformaciones sociales y políticas que se aprecian
en esa comunidad y sus relaciones con Cuba, lo que
potencialmente pudiera aportar un valiosa experiencia
al movimiento hispano en este campo.
, 2015
Las nuevas relaciones
Estados Unidos-Cuba:
formación, factores,
y fantasmas
Este panel, moderado
por Ariane van Buren,
cerró la última sesión del taller
de autores «¿Qué son los Estados Unidos?»,
donde nació este número de Temas.
Su debate entre los participantes
se prolongó durante más de dos horas.
Se ha mantenido el estilo oral
de las intervenciones de los panelistas,
añadiendo solo un mínimo
de referencias, y se han integrado al texto
sus respuestas y comentarios finales.
Cuba-Estados Unidos: finalmente
diálogos en plural entre pares
Soraya M. Castro Mariño
Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)
La fecha del 17 de diciembre de 2014, con los anuncios de
las decisiones presidenciales de la República de Cuba y los
Estados Unidos de iniciar una nueva etapa entre los dos
países, marca el más significativo cambio en la política
estadounidense hacia Cuba de los últimos 54 años. Es
un hecho de relevancia histórica, política y simbólica,
así como un punto de inflexión en el cual confluyen, al
menos, cuatro planos analíticos multidimensionales:
los Estados Unidos de América, la República de Cuba,
América Latina y el Caribe y el entorno internacional.
La aceptación pública por parte del Presidente de
los Estados Unidos de que la política de hostilidad no
brindó los resultados esperados, y había terminado por
aislarlos, sirve de eje articulador para exponer el
porqué de la necesidad de un «cambio». Obama superó
el costo simbólico de negociar con el gobierno cubano
y su liderazgo histórico, lo cual es relevante y merece un
gran respeto. Las declaraciones tuvieron lugar después
de 18 meses de conversaciones secretas, en las cuales el
Vaticano y el gobierno canadiense brindaron apoyo. En
ellas se aprecia un espíritu de concertación basado en el
interés mutuo, que permite aceptar las sinergias futuras
que estas disposiciones presidenciales establecen.
Sin embargo, en esta exposición no podré abordar
un criterio analítico-holístico, ni abarcaré todas las
implicaciones, por lo cual, intentaré explicar —solo a
medias— las interacciones a nivel gubernamental que
La política de los Estados Unidos hacia n.
Cuba:
formación,
factores y fantasmas
81-82:
91-109, enero-junio
de 2015
91
están teniendo lugar, para justamente avanzar el interés
nacional de las dos partes en una dinámica orientada
a «normalizar» las relaciones. Dicho sea de paso, este
término de «normalizar» aspira al ideal weberiano,
pero no comparto la opinión de que estas interacciones,
incluso en el mejor de los escenarios, lleguen a ser
alguna vez «normales».
A pesar del conflicto histórico, la asimetría y la
desconfianza, características que dominaron por 54 años
las relaciones entre las dos naciones, la apuesta, ahora,
es a favor del diálogo, la negociación y la cooperación.
Esto convierte el momento histórico en trascendental y
señala una etapa cualitativamente diferente. Al mismo
tiempo, las peculiaridades enunciadas atemperan y
matizan el arduo trayecto a decursar, en el cual hay
que construir todo, o casi todo, desde el principio. Este
proceso ocurre en diversos planos de una carretera de
distintos niveles, en la cual la circulación es a disímiles
velocidades y las interpretaciones de señales pueden
ser discordes.
El axioma y objetivo estratégico del gobierno
estadounidense, sin embargo, se mantiene inalterable:
la destrucción del proceso revolucionario cubano. En
principio, la esencia del bloqueo económico, comercial
y financiero se mantiene debido a la madeja de leyes
que lo establecen, entre otras la Ley de Comercio con
el Enemigo de 1917, la Ley de Asistencia al Exterior
de 1961, la Ley Torricelli y la Ley Helms-Burton. La
aplicación del Smart Power y, consecuentemente,
la conjunción de los recursos de poderío nacional a favor
del cambio de régimen se sumergen en una narrativa
más creativa y los métodos e instrumentos evolucionan
de acuerdo al escenario nacional cubano y tienden a
moverse más en el eje económico-tecnológico.
No obstante, Cuba y los Estados Unidos dialogan
sobre «los más diversos temas de forma recíproca y
en pie de igualdad soberana», lo cual permite discutir
y resolver las discrepancias y controversias mediante
negociaciones, mientras que se va aprendiendo «a
vivir con nuestras diferencias». La observancia de los
principios del Derecho Internacional y de la Carta
de Naciones Unidas rigen el proceso de «normalizar
las relaciones», cuyo primer paso fue la decisión de
restablecer relaciones diplomáticas, lo cual tuvo lugar el
20 de julio, con la apertura de las respectivas embajadas
en La Habana y Washington.
De manera esquemática, el proceso, por ahora,
se puede visualizar de la siguiente manera: por un
lado, están teniendo lugar las negociaciones al más
alto nivel, enfocadas, en un primer momento, en el
restablecimiento de relaciones diplomáticas y en los
temas más importantes y estratégicos para ambos
países, mientras que se mantienen las conversaciones
que honran acuerdos suscritos, y cuya implementación
establece encuentros sistemáticos, como es el caso
92
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
migratorio; por otro, tienen lugar encuentros técnicos,
que avanzan de manera paralela, especificidades
sobre aspectos en los cuales hay precedencia o
consenso en cuanto a concretar acciones de interés
mutuo para ambos países; ejemplo de esto son las
pláticas relacionadas con el correo postal directo,
fraude de documentos migratorios, actualización
de asuntos migratorios, tráfico ilícito de migrantes,
trata de personas, telecomunicaciones, aeronáutica
civil, seguridad aérea y marítima, intercambios
científicos y educacionales, colaboración en salud
—particularmente enfermedades infecciosas—, mapeo
de navegación marítima, áreas de marinas protegidas,
intercambios sobre el alcance e implementación de
las regulaciones administrativas de enero y febrero de
2015, etcétera.
Además, continúan las conversaciones militares
en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo,
así como los intercambios técnicos y profesionales
entre el Servicio de Guardacostas norteamericano y
las Tropas Guardafronteras cubanas, y los vinculados
al comportamiento de los procedimientos técnicos
operacionales en ejecución, a saber el concerniente a
dar respuesta a posibles contaminaciones por derrame
de hidrocarburos en alta mar, y el de búsqueda y
salvamento. En tanto, no hay asunto excluido de
la agenda de conversaciones, los asuntos a abordar
son disímiles, incluido el diálogo sobre derechos
humanos.
Sobre la apertura de las misiones diplomáticas,
las mayores dificultades prácticas y burocráticas,
pero solubles, radicaban en el problema bancario de
la Misión de Cuba en Washington D.C. y la forma
de implementar los preceptos establecidos por las
convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
de 1961 y Relaciones Consulares de 1963.
Si el primer paso fue de por sí complejo, aún más
difícil será la extensa y variada agenda para avanzar
hacia la «normalización», en la cual, entre otros, estarán
presentes temas espinosos como la eliminación total
del bloqueo, la devolución del territorio ilegalmente
ocupado por la Base Naval de Guantánamo, el cese
de las trasmisiones radiales y televisivas (Radio y TV
Martí), la compensación al pueblo cubano por los
daños humanos y económicos, las compensaciones a
personas naturales y jurídicas estadounidenses por sus
propiedades nacionalizadas, etcétera.
Se ha especulado sobre la reversibilidad o
irreversibilidad de este proceso, elemento medular
en cualquier análisis sobre el particular. Quizás, lo
más importante radica en lo que ocurra en Cuba: las
transformaciones económicas y sociales, las decisiones
que se adopten en materia de política interna y externa,
incluidos el comercio exterior, el congreso del Partido
Comunista (PCC) en abril de 2016 y el previsto relevo
generacional de la dirección política del país a partir de
2018. Por supuesto que, en el entorno doméstico de la
Isla, influyen los acontecimientos que tienen lugar en
el sistema de relaciones internacionales, y sobre todo
en la región de América Latina y el Caribe.
Al mismo tiempo, en los Estados Unidos hay actores
y factores que favorecen su reversibilidad y otros, por
el contrario, indican su fortaleza. Entre las variables
que pueden mencionarse como aspectos que pueden
condicionar un retroceso encontramos, entre otros:
1. La decisión del presidente Obama es una orden
ejecutiva, y, por ende, cualquiera que llegue a la
presidencia en el 2016, puede derogarla.
2. El limitado tiempo político que le queda a la
Administración no permite su consolidación
mediante la aprobación por parte del Congreso
de proyectos que varíen la ecuación mediante la
aprobación de enmiendas o derogación de leyes. Es
decir, es improbable que antes de noviembre del 2016
se logre una modificación sustancial de las leyes que
sustentan la política de hostilidad, particularmente
la Ley Helms-Burton de 1996, entre otras. Con
el dominio republicano en ambos hemiciclos del
Congreso federal, el panorama resulta incierto para
aventurarnos a pronosticar la posibilidad de que se
aprueben modificaciones en las legislaciones vigentes,
que regulan las sanciones punitivas económicas
más importantes contra Cuba, es decir, el bloqueo
económico, comercial y financiero. Esto se conjuga,
además, con el mantenimiento de los fondos oficiales
para la «promoción de la democracia en Cuba» como
parte de la filosofía del cambio de régimen.
3. La fragilidad de las relaciones de seguridad entre
los dos países, sujeta a provocaciones que pudieran
ser eventos de poca probabilidad, pero de inmenso
impacto (por ejemplo, la del 24 de febrero de 1996).
Al respecto, incluso el presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro
Ruz, alertó:
Ambos gobiernos debemos adoptar medidas mutuas
para prevenir y evitar hechos que puedan afectar los
progresos en la relación bilateral, basados en el respeto a
las leyes y el ordenamiento constitucional de las partes.
4. Los oponentes en el Congreso al proceso de
«normalización» de relaciones tienen capacidades
de impactar y maniobrar en el intento de revertir el
proceso. De hecho, los legisladores cubanoamericanos
y sus aliados naturales, conservadores de extrema
derecha, pueden obstruir la asignación de fondos
para las operaciones de la embajada de los
Estados Unidos en Cuba, introducir enmiendas o
proyectos de ley que intenten revertir las medidas
ejecutivas o reducir sustancialmente su alcance,
incorporar condicionamientos a los proyectos de
ley de asignaciones de diferentes departamentos y
agencias del gobierno, e incluso proponer que se
arrecie el bloqueo. En el Senado, la aprobación del
nombramiento del embajador de los Estados Unidos
en Cuba puede ser obstaculizada. Las acciones
legislativas, sin embargo, pueden enfrentar el veto
presidencial.
5. Todos los posibles candidatos a la nominación
republicana, que se han pronunciado al respecto
a tres meses de los anuncios (Jeb Bush, Mike
Huckabee, Chris Christie, Rick Perry, Ted Cruz,
Marco Rubio, Scott Walker), con excepción de
Rand Paul, consideran negativas y erráticas las
acciones del Ejecutivo demócrata. Los senadores
cubanoamericanos que ya iniciaron sus campañas
electorales, Cruz y Rubio, exigen una agenda de
carácter agresivo y fundamentos neoconservadores
hacia la Isla, pero también tendrán que enfrentar
daños a su capital político en el futuro. Es de esperar,
entonces, que Cuba devenga en argumento electoral
republicano y ejemplo de los fracasos de la política
exterior de Obama, sobre todo en relación con
América Latina y el Caribe.
6. Las encuestas en el Sur de la Florida reflejan
tendencias contradictorias en cuanto al proceso
iniciado el 17 de diciembre del 2014. La pesquisa
realizada en febrero de 2015 por la firma Bendixen
& Amandi International con el patrocinio de El
Nuevo Herald, The Miami Herald y The Tampa Bay
Times, arrojó que solo 44% de los encuestados de
origen cubano estaba de acuerdo con el anuncio
del Presidente, mientras que 48% disentía. No
obstante, los cubanoamericanos nacidos en los
Estados Unidos apoyan en 64% y 53% de los
inmigrantes estaban en desacuerdo. Esta misma casa
encuestadora realizó un nuevo sondeo en marzo de
2015, a una muestra de 400 cubanoamericanos o
personas de origen cubano a nivel nacional, que
arrojó que 51% apoyaba el proceso. Al respecto
resulta revelador que en la medida en que el proceso
prospera, el sostén a la política aumenta. Esto refleja
los cambios demográficos y etarios de la comunidad
cubana asentada en los Estados Unidos, pero
también en el sur de la Florida, particularmente las
posturas respecto a las relaciones con la Isla de los
migrantes cubanos que llegaron a partir de la década
de los años 90 y las actitudes de segunda y tercera
generación. Es demostrativo que 60% de los menores
de 50 años favorecen las medidas. Sin embargo,
el sondeo también proyecta una contradicción
singular: la mayoría de los entrevistados favorece el
mantenimiento del bloqueo económico, comercial
y financiero contra Cuba, en contraposición a
las encuestas nacionales. Al mismo tiempo, los
encuestados en la Florida solo apoyan la política
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
93
anunciada por Obama en 41%, mientras que en el
resto del país los cubanoamericanos la favorecen
en 69%, más a tono con el sentir de los sondeos a
nivel federal.
Por otra parte, los indicadores de una tendencia a
la irreversibilidad son, entre otros:
1. Todas las encuestas nacionales (ocho después
del 17 de diciembre de 2014 hasta el 2 de abril
de 2015) muestran que alrededor de 60% de los
estadounidenses apoya la «normalización» de las
relaciones e incluso el levantamiento del «embargo
comercial». Si se analizan los partidos, de acuerdo
con un sondeo de la firma Pew, realizado del 7 al
11 de enero de 2015, aproximadamente 74% de los
demócratas y 67% de los independientes secunda la
decisión, mientras que los republicanos están más
divididos con solo 40% a favor. No obstante, según
encuesta de la firma Benenson Strategy Group &
SKD Knickerbocker, realizada entre el 26-27 de
febrero de 2015, y aplicada entre 1 032 votantes
registrados, 64% respalda la eliminación del
«embargo», cifra que coincide con la posición de los
independientes, mientras que 74% de demócratas lo
favorece y los republicanos lo aprueba en 51%.
2. Es un escenario que se proyecta positivo para
«avanzar hacia el proceso de normalización»,
apoyado bipartidistamente por miembros del
Congreso, sectores sociales progresistas, los grandes
medios de comunicación, y por una gran cantidad
de personalidades, académicos, tanques pensantes,
asociaciones religiosas y grupos empresariales,
interesados en el mercado cubano.
3. En el discurso del Estado de la Unión de enero
del 2015, lo cual refleja su prioridad política, el
presidente Obama instó al Congreso a poner fin al
«embargo». Esto ha sido apoyado por legisladores
de ambos partidos, que han presentado varios
proyectos de ley para la eliminación total o parcial
del bloqueo, en particular, la anulación de barreras
para el comercio agrícola y la aprobación de créditos
privados (H.R. 274, H.R. 403, H.R. 738, H.R. 635, S.
491) y las restricciones de viajes a Cuba (H.R. 634;
H.R. 664, S. 299). Además, la representante Betty
McCollum propuso un proyecto de ley para eliminar
las trasmisiones de Radio y TV Martí (H.R. 570). En
el Senado, una coalición de demócratas y algunos
republicanos, que representan poderosos intereses
empresariales estiman que pueden lograr el voto
para la aprobación de algunas de estas propuestas
y se estima que el proyecto relativo a la libertad de
viajes tiene mayores posibilidades. En la Cámara de
Representantes no existe tanta certeza.
4. Los sectores de negocios y empresariales de los
Estados Unidos pueden devenir un motor de
94
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
cambio a favor del levantamiento del bloqueo
dentro de las estructuras de su sistema político. Por
ahora, y a solo siete meses de los anuncios del 17D,
las industrias más activas son agroindustrial —que
estableció la Coalición de Agricultores de los Estados
Unidos por Cuba—; telecomunicaciones; viajes
(turismo, cruceros, líneas aéreas, vuelos privados,
etc.); medio ambiente y energías renovables;
construcción y materiales de la construcción;
portuaria; entretenimiento; arte; deportiva y
farmacéutica. La entrada en acción del nuevo grupo
de presión bipartidista Engage Cuba, que representa
a colosales sectores de negocios y organizaciones
no gubernamentales, es, quizás, el pináculo de
la concertación de esfuerzos para ampliar las
relaciones con la Isla.
5. En la medida en que poderosos grupos políticos y
económicos de los diversos sectores de la sociedad
estadounidense, incluidos los «cubanoamericanos
de tendencia moderada», consideren que estas
acciones favorecen sus heterogéneos intereses se
crea un «consenso del establishment», que permite
no solo apoyar y cabildear para profundizar en
los cambios de política del Ejecutivo, sino que
simplemente elevan el costo político a cualquier
agrupación o individuos, cuyo programa aliente el
retorno a una política que, a decir de ellos mismos,
ha resultado fallida.
6. A pesar de que los años electorales a la presidencia
se han caracterizado por ser extremadamente
negativos para la política hacia Cuba (por solo
mencionar los más recientes, recordemos 1992,
1996, 2004), los comicios de 2016 pueden resultar
diferentes. El tema Cuba no debe convertirse en
centro de polémica, ni es asunto prioritario para
los votantes a no ser para un sector específico de
cubanoamericanos en el importante estado de la
Florida por su peso en el Colegio Electoral. La
opinión pública nacional apoya el proceso, y si las
diversas agrupaciones, grupos de interés y sectores,
que alientan el proceso, emprenden acciones
enérgicas de cabildeo, incluida la canalización de
fondos, se elevan los costos políticos a quienes
propongan la reversión. Sin dudas, los comicios
de 2016 tendrán una importancia singular en
las relaciones Cuba-Estados Unidos. En estos
momentos, cuando faltan aún más de dieciséis meses
y reconociendo las complejidades y particularidades
de las elecciones, resulta aventurado pronosticar los
resultados. En el escenario de que Hillary Clinton
u otro demócrata gane los comicios, el avance
hacia la «normalización», bajo la doctrina del
Smart Power, continuará. La propia exsecretaria de
estado Clinton, en su libro Hard Choices aconsejó
al presidente Obama a levantar o relajar «el
embargo, pues no estaba alcanzando sus metas».
Por otro lado, si gana uno u otro de los candidatos
republicanos, el proceso se puede complicar en
algunos aspectos, dependiendo de quien resulte
electo. Sin embargo, y dado el pragmatismo que
los caracteriza, si los republicanos se alzan con la
victoria presidencial, pero se logra elevar los costos
a quien se atreva a proponer la reversión, una vez
terminada la contienda electoral, el proceso de
«normalización» debe continuar progresando, aun
cuando será más susceptible a límites y obstáculos
políticos y de carácter judicial.
7. En esta ecuación, la decisión del Departamento de
Justicia de presentar catorce cargos por corrupción
y soborno contra el senador Robert Menéndez (NJ)
es trascendente, pues lo neutraliza. Menéndez ha
dejado, temporalmente, su cargo como demócrata
de mayor rango en el Comité de Relaciones
Exteriores. Al ser miembro del partido demócrata,
su oposición al diálogo con Cuba era usualmente
interpretada como una posición bipartidista
a favor de mantener la política de hostilidad y
enfrentamiento en toda línea.
8. Aún el presidente Obama tiene facultades ejecutivas
para flexibilizar más el bloqueo y los viajes.
Entre otras, puede permitir el otorgamiento de
créditos privados, el uso del dólar en transacciones
financieras internacionales, los viajes individuales
bajo la licencia «pueblo a pueblo», los viajes por
vía marítima, etc. Además, puede eliminar la
prohibición respecto a la adquisición por Cuba en
otros mercados de equipos y tecnologías que tengan
más de 10% de componentes de los Estados Unidos,
a las importaciones de mercancías que contengan
materias primas cubanas, y autorizar a otros sectores
de la economía de los Estados Unidos todo lo que
se permite en el ámbito de las telecomunicaciones,
entre otras.
9. Al mismo tiempo, las conversaciones y contactos
no gubernamentales, familiares, interpersonales,
profesionales, culturales, académicos y científicos,
entre otros, se amplían, lo cual también beneficia
la mejoría de relaciones entre dos países que
comparten no solo un espacio geográfico, sino
también la historia y la cultura.
A la vez que amplifica el entendimiento, el entorno
permite un marco de cooperación para enfrentar
temas bilaterales y multilaterales de interés común en
múltiples áreas, y entre los que destacan asuntos de
seguridad, vista de manera holística y no circunscrita
a la securitización, sino más bien con un enfoque
multidisciplinario y estratégico que haga énfasis en la
prevención de las causas de incertidumbre. Destacan
asuntos como:
1. La lucha contra el terrorismo.
2. La lucha contra el crimen trasnacional organizado,
particularmente:
a. Tráfico de drogas ilícitas, estupefacientes y
sustancias sicotrópicas y delitos conexos;
b. lavado de dinero;
c. trata de personas;
d. tráfico ilegal de migrantes;
e. falsificación de dinero y documentos;
f. tráfico ilícito o el robo de obras de arte y de
patrimonio y sus delitos conexos.
3. La lucha contra pandemias y enfermedades
infecciosas a favor de la salud.
4. La prevención, protección y conservación ecológicoambiental, de los mares comunes y ecosistemas
compartidos. En esta esfera se puede pensar en:
a. La gestión de prevención, protección,
conservación y manejo de crisis en la protección
marítima y las zonas costeras de manera
sostenible para reducir los riesgos y las
vulnerabilidades;
b. la prevención, predicción y protección de la
población y los seres vivos en caso de eventos
sísmicos y meteorológicos severos, catástrofes
naturales, accidentes para minimizar las
consecuencias nocivas y proteger y recuperar
la infraestructura;
c. la contribución conjunta en la ciencia y
tecnología meteorológica y sísmica para apoyar
las investigaciones;
d. la prevención, preparación, protección y
recuperación de los efectos de desastres
naturales (huracanes, terremotos, etc.) y
accidentes (derrames de hidrocarburos de
tanqueros o plataformas de prospección y
explotación, químicos, etc.);
e. la gestión de la pesca y la salvaguardia de las
aves marinas y migratorias;
f. la evaluación y protección de la calidad del
agua y el tratamiento de aguas contaminadas
y residuales en los mares comunes.
5. Los efectos del cambio climático.
6. La seguridad de pasajeros y carga en puertos aéreos
y marítimos.
7. La ciberseguridad.
Este complejo proceso tendrá como telón de fondo,
además, la implementación de las medidas ejecutivas
en vigor desde enero y febrero de 2015, las cuales si
bien están dirigidas al cambio de régimen cubano,
al mismo tiempo constituyen indicadores esenciales
para evaluar el alcance de los retos, pero también
de las oportunidades que se le presentan a Cuba,
enfrascada en la actualización del modelo económico y
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
95
la descentralización de facultades desde los ministerios
hacia el sistema empresarial.
A pesar del mantenimiento del bloqueo, la
posibilidad de un comercio restrictivo y prácticamente
unilateral en muy pocos sectores económicos
(agroindustrial, medicinas y equipos médicos y las
telecomunicaciones), y la intención de promover el
cambio de régimen a través del apoyo a sectores de la
sociedad cubana, que considera motores a favor de
sus intereses, las regulaciones administrativas abren
ventanas de oportunidades y consiguientes retos.
Al mismo tiempo, deberán probarse en la vida
práctica, y, por ahora, persisten altos niveles de
incertidumbre en cuanto a su alcance y forma concreta
de implementación, todo lo cual deberá seguir siendo
estudiado. Las medidas refieren que el gobierno de los
Estados Unidos:
1. Autoriza la exportación a Cuba de tecnología
de telecomunicaciones e Internet y servicios
adicionales para las comunicaciones basadas en
Internet para el establecimiento de instalaciones
comerciales de telecomunicaciones entre Cuba y
los Estados Unidos, de Cuba con terceros países
y en el interior de la Isla.
2. Aprueba la venta comercial de ciertos artículos
que contribuyan a la capacidad del pueblo cubano
de comunicarse dentro de Cuba, con los Estados
Unidos y con el resto del mundo.
3. Permite las ventas comerciales, así como las
donaciones, la exportación y reexportación
de dispositivos de comunicaciones software,
aplicaciones, hardware, servicios y artículos para
el establecimiento y actualización de los sistemas
relacionados con las comunicaciones que permiten
el flujo de información, tales como computadoras
personales, teléfonos móviles, televisores,
dispositivos de memoria, dispositivos de grabación
y programas de consumo.
4. Autoriza las exportaciones de: a) materiales
de construcción, equipos y herramientas para
el uso del sector privado en la construcción o
renovación de los edificios de propiedad privada,
incluyendo residencias, empresas, lugares de
culto, y la construcción en el sector privado
para uso social o recreativo; b) herramientas y
equipos para la actividad agrícola privada; y c)
herramientas, equipos, suministros e instrumentos
para uso del sector cuentapropista. Las regulaciones
no se refieren a la entidad importadora ni
implementadora dentro del país, solo hacen alusión
a los destinatarios finales.
5. Establece la posibilidad de la exportación
y reexportación de artículos donados y su
exportación temporal, así como la reexportación
de artículos para su uso en actividades científicas,
96
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
arqueológicas, culturales, ecológicas, educativas, de
preservación histórica, o deportivas. Los viajeros
podrán, además, traerlos a Cuba.
6. Permite a los viajeros exportar temporalmente
a Cuba artículos para su uso en la investigación
profesional a tiempo completo. Las actividades o
la investigación no deben estar relacionadas con
elementos o artículos controlados en la Lista de
Municiones o en la Lista de Control de Comercio
de los Estados Unidos.
7. Autoriza la exportación y reexportación de
artículos para el uso por parte del personal de los
medios de comunicación y agencias de noticias de
los Estados Unidos.
8. Formaliza la posibilidad de que se presenten
solicitudes para la exportación o reexportación de
bienes destinados a la protección del medio ambiente
y al mejoramiento de la calidad internacional del
aire, agua o costas, incluidos los que tributan a la
eficiencia energética.
9. Permite a los ciudadanos y residentes de los
Estados Unidos viajar a Cuba, si califican entre
las doce categorías existentes, mediante licencia
general. Esto posibilita una ampliación sustancial
de viajeros provenientes de los Estados Unidos y
de los ingresos asociados.
10. Elimina los límites en la cantidad de dinero que los
estadounidenses pueden gastar a diario en Cuba,
así como en el tipo de mercancías en que pueden
invertir su dinero.
11. Autoriza el uso de tarjetas de débito y crédito
estadounidenses en la Isla.
12. Permite a las instituciones estadounidenses abrir y
mantener cuentas de corresponsalía en entidades
financieras de Cuba para facilitar el procesamiento
de las transacciones autorizadas.
13. Aprueba que los estadounidenses que visiten Cuba
lleven a su retorno hasta 100 dólares en productos
de alcohol y tabaco de un total de 400 dólares de
bienes importados.
14. Autoriza a que las agencias de viajes y las aerolíneas
de los Estados Unidos provean, respectivamente,
servicios de viajes y de transporte aéreo a Cuba sin
necesidad de una licencia especial.
15. Permite que los viajeros porten con ellos hasta diez
mil dólares por concepto de remesas familiares,
para instituciones, incluidas las religiosas, y para
estudiantes de visita en Cuba (siempre que se
disponga de una licencia educativa).
16. El límite en los envíos de remesas a nacionales
cubanos, salvo a ciertos funcionarios del gobierno
y el Partido Comunista, se eleva de 2 000 a 8 000
dólares anuales (a razón de 2 000 cada trimestre,
en lugar de 500).
Se ha especulado sobre la reversibilidad o irreversibilidad de este proceso
[...] Quizás, lo más importante radica en lo que ocurra en Cuba: las
transformaciones económicas y sociales, las decisiones que se adopten en
materia de política interna y externa, incluidos el comercio exterior y el relevo
generacional de la dirección política del país a partir del 2018.
17. Permite, sin límite alguno y bajo una licencia
general, el envío de remesas a ciudadanos cubanos
para proyectos humanitarios, de apoyo al pueblo
cubano, o desarrollo de negocios privados. Estas
remesas, según las regulaciones, deben estar
direccionadas a proyectos humanitarios en Cuba
o en relación con el país, que hayan sido diseñados
con el fin de
beneficiar directamente al pueblo cubano [...]
apoyar al pueblo de Cuba mediante actividades de
organizaciones reconocidas de derechos humanos,
organizaciones independientes, dirigidas a promover
una transición rápida y pacífica a la democracia, a
individuos y organizaciones no gubernamentales, que
promuevan la actividad independiente como forma
de fortalecer a la sociedad civil en la Isla, y a respaldar
el desarrollo de empresas privadas, incluidas las de
pequeños agricultores.
Se autorizan proyectos de microfinanciamiento
de pequeños negocios y operaciones agrícolas
privadas, así como de adiestramiento empresarial.
18.Permite a las instituciones bancarias, incluidos los
intermediarios o agentes de valores y transmisores
de dinero registrados en los Estados Unidos,
procesar las remesas autorizadas a Cuba sin tener
que solicitar una licencia específica.
19.Permite a las aseguradoras estadounidenses dar
cobertura a las pólizas de seguro de viaje. Los
servicios relacionados con la salud y los seguros
continúan siendo permitidos para los residentes en
los Estados Unidos autorizados a viajar a Cuba.
20.Autoriza a las entidades de propiedad estadounidense,
o controladas por los Estados Unidos en terceros
países, incluidos los bancos, a proveer bienes y
servicios a un nacional cubano o persona radicada
fuera de Cuba, siempre que la transacción no
implique una exportación de bienes o servicios
comerciales hacia o desde Cuba.
21.La Oficina de Control de Activos Cubanos del
Departamento del Tesoro (OFAC) autoriza,
mediante licencia general, las transacciones
relacionadas con conferencias y eventos en terceros
países, donde asistan nacionales cubanos.
22.Autoriza, mediante licencia general, a los buques
extranjeros que han participado en determinadas
operaciones comerciales en Cuba a ingresar a los
Estados Unidos en el transcurso de los 180 días
subsiguientes.
23.Redefine la interpretación ejecutiva de «efectivo
por adelantado» para el pago por la venta de
productos agrícolas, que se mantiene como ley. El
Departamento de Tesoro cambió la regulación y de
«pago en efectivo antes del envío» pasa a ser «pago
en efectivo antes de la transferencia de titularidad
y control de la propiedad».
24.Autoriza, mediante licencia general, las transacciones
relacionadas con Cuba por parte de empleados,
beneficiarios y contratistas del gobierno de los
Estados Unidos, gobiernos extranjeros y ciertas
organizaciones internacionales en sus capacidades
oficiales.
25.Actualiza un viejo listado (28 compañías, once
embarcaciones y seis individuos) y elimina de
la llamada lista de Nacionales Especialmente
Designados (SDN) por OFAC, a grupos o individuos
controlados o relacionados con países sometidos a
sanciones y cuyos activos son bloqueados y se
les prohíbe negociar con los Estados Unidos. Sin
embargo, más de trescientas entidades y personas
relacionadas con Cuba se mantienen en la lista,
desde la Empresa Naviera Mambisa, la corporación
CIMEX, una sucursal en Londres del Banco Nacional
de Cuba, hasta decenas de sitios en Internet de viajes
a Cuba y venta de tabaco cubano.
26.Permite que los estadounidenses importen
bienes producidos por los pequeños y medianos
empresarios cubanos con licencia de cuentapropista,
amén de que queda por resolver el asunto de las
tarifas. Se incluyen artículos como perfumes,
jabones, velas, productos fotográficos, bisutería,
artesanía y productos de madera, algunos metales,
piel, plástico o goma, algunos textiles, zapatos,
productos de cerámica y de vidrio, entre otros. Se
mantienen límites para la importación de productos
de animales, vegetales, comidas preparadas,
minería, tabaco y alcohol (ya regulado solo para
los viajeros autorizados), textiles de lana o seda,
algunos metales, maquinaria y electrodomésticos,
equipos de transporte y armas de fuego, entre otros.
Las empresas o personas en los Estados Unidos
que importen productos hechos en Cuba deben
tener prueba de que la importación procede de
un cuentapropista y no de empresas estatales. Un
estimado sobre los ingresos de estas importaciones
no se ha realizado.
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
97
27.Autoriza la importación de servicios prestados
por cuentapropistas en Cuba, y la persona o
empresa estadounidense que importe servicios
desde Cuba debe mantener copia de la licencia del
cuentapropista que le ofrece el servicio.
Aunque no se cuenta aún con un estudio detallado
del impacto de todas las medidas listadas, que las aborde
de manera holística y multifactorial y determine con
precisión la sinergia que provocaría sobre la economía
cubana, sí es posible enunciar algunos elementos que
parecen elocuentes:
• Algunos cálculos preliminares, muy conservadores,
que parten de la premisa de que no se establecerán
los vuelos regulares de inmediato, indican que para
2015 las visitas provenientes de los Estados Unidos
aumenten en 50 mil viajeros más que en 2014
(aproximadamente 477 767 cubanoamericanos y
estadounidenses), lo cual puede reportar ingresos
brutos entre 50 y 100 millones de dólares para el país.
Por otro lado, si se restablecen los vuelos regulares
y se eliminan las prohibiciones de viajes, se espera
un millón y medio de pasajeros estadounidenses
anuales. No existen estudios que arrojen un estimado
sobre el efecto de la medida que permite que cada
viajero porte hasta 10 000 dólares por concepto de
remesas, pero esto significa un aumento de dinero
para instituciones en Cuba de distintos signos y
negocios privados, dirigidos tanto al consumo,
al capital y a promover y apoyar acciones de
agrupaciones contrarias al gobierno cubano.
• Se ha estimado que el incremento de las remesas a
nacionales cubanos a 8 000 dólares anuales (antes era
2 000) represente a corto plazo un ingreso de más
de 2 500 millones anuales, para consumo y capital.
• El envío de remesas sin límites a ciudadanos cubanos
para proyectos humanitarios, de apoyo al pueblo
cubano, o desarrollo de negocios privados es un reto
para Cuba, en tanto está dirigido fundamentalmente
a influir a su favor en la sociedad cubana. Aun cuando
se pretende beneficiar a sectores que ellos consideran
como motores del cambio político y económico en
Cuba, esta medida gestionada, convenientemente,
pudiera proporcionar un aumento de capital a ser
usado positivamente en la economía nacional por el
sistema empresarial cubano. Este puede aprovechar
a su favor estas oportunidades, de manera que se
combinen las ventajas de la empresa estatal socialista
con las posibilidades del sector cuentapropista en
el país.
Al mismo tiempo, el mantenimiento del bloqueo
económico, comercial y financiero de los Estados
Unidos y el vigor de las leyes sobre la base del cual se
asienta, permite un mayor escrutinio, persecución e
imposición de sanciones a entidades financieras de
98
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
terceros países con negocios con Cuba, lo cual dificulta
las transacciones financieras.
Las medidas de la administración de Barack Obama
están tomando en cuenta el contexto doméstico cubano.
En cuanto a la economía, es central el proceso de
actualización del modelo económico, en el cual resulta
estratégica la determinación de normalizar el pago del
servicio de la deuda y aumentar los flujos financieros
externos, especialmente la inversión extranjera directa.
Al mismo tiempo, la decisión del gobierno de Rusia
de cancelar 90% de la deuda cubana (31 700 millones de
dólares), así como la renegociación con Japón, México
y China sobre el particular son variables esenciales. En
esta ecuación, la Zona Especial de Desarrollo de Mariel
es clave. Todo esto debe incrementar la eficiencia de las
organizaciones productivas y del sistema económico
en su conjunto. El éxito de este complejo proceso
requiere también de una inyección tecnológica. La
Ley de la Inversión Extranjera de 2014, los recursos
legales que la materializan y la cartera de oportunidades
deben conducir a estimular las inversiones de capital
provenientes del exterior, incluyendo la promoción
del interés de potenciales inversionistas de los Estados
Unidos, cuyos sectores económicos, con excepciones
como el agroindustrial y las telecomunicaciones, tienen
prohibido participar por ley. Resulta demostrativo que
el Moody’s Investors Service calificó en febrero de 2015
la nota soberana de Cuba en «Caa2», muy adentro en la
categoría especulativa, como un panorama estable.
El nuevo entorno de las relaciones Cuba-Estados
Unidos, unido a la decisión de renegociación de
la deuda externa (Club de París, Club de Londres,
Unión Europea, entre otros), y la atracción de capital
extranjero, hace más atractivo el mercado cubano
para los inversionistas foráneos. La expectativa
de un eventual levantamiento del bloqueo de los
Estados Unidos constituye, entre otros factores ya
mencionados, otra razón para el impulso de nuevas
iniciativas de negocios por empresarios de otros países,
así como de instituciones como el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF), todo lo cual puede calificarse
como una suerte de «efecto demostración» de la nueva
situación creada.
Un estudio realizado en 2014 por Gary Hufbauer
y Barbara Kotschwar, del Instituto Peterson para la
Economía Internacional, concluyó que si el bloqueo
se eliminara, las exportaciones de los Estados Unidos
a la Isla podrían alcanzar los 4 300 millones de dólares
al año. Según este informe, titulado «Economic
Normalization with Cuba: A Roadmap for U.S.
Policymakers», las exportaciones cubanas podrían, a
su vez, ser de 5 800 millones de dólares anuales.
El aspecto comercial, financiero e inversionista,
se cruza con otras interacciones donde destaca el
proceso de negociación para un Acuerdo de Diálogo
Político y de Cooperación entre la Unión Europea y
Cuba, cuya culminación está prevista para finales de
2015. Esto posibilita la participación y cooperación
de instituciones europeas comunitarias o nacionales.
Conjuntamente, fortalece el ya mencionado «efecto
demostración», por lo cual se prevé un aumento de las
relaciones comerciales y de las inversiones en Cuba,
tanto del bloque comunitario como de sus países
miembros, lo cual se debe potenciar a raíz de la cumbre
Unión Europea-CELAC, en junio de 2015.
La visita del Papa Francisco a Cuba, camino a
Washington, en septiembre de 2015, tanto desde el
punto de vista político como simbólico, y tomando
en cuenta el papel del Vaticano durante la diplomacia
secreta entre Cuba y los Estados Unidos, es de especial
significación como demostración de apoyo a un proceso
que debe inclinarse hacia la irreversibilidad.
Al mismo tiempo, tiene lugar un fortalecimiento
de la participación de Cuba en procesos políticos, de
concertación e integración a escala global, continental
y en el área caribeña. Destacan en la región de América
Latina y el Caribe, declarada zona de paz, los espacios
que proponen objetivos amplios de concertación
como la CELAC, los de concertación con dinámicas
integracionistas como ALBA-TCP, los de cooperación,
como Petrocaribe, y los esquemas integracionistas
como CARICOM, así como las relaciones estratégicas
de Cuba con MERCOSUR y UNASUR.
En este sentido, es legítimo valorar la triangulación
Cuba-Estados Unidos-Venezuela. Por un lado, la orden
ejecutiva del presidente Barack Obama del 9 de marzo
de 2015, según la cual declara a Venezuela como una
«amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad
nacional y política exterior estadounidense», escaló
innecesariamente las tensiones entre ambos países, y
con la mayoría de los países de la región, casi un mes
antes de la celebración de la Cumbre de las Américas
de Panamá (abril de 2015). La decisión resulta un
cálculo equivocado en la ecuación costo-beneficios y ha
devenido bumerán. La determinación ejecutiva contra
Venezuela afectó su estrategia de arribar a Panamá
con el anuncio del restablecimiento de relaciones
diplomáticas con Cuba. Como resultado, Estados
Unidos no llegó a la Cumbre con la fortaleza prevista,
sino más bien vulnerable, lo cual le restó iniciativa y
capital político.
Por otro, el manejo de crisis, previo a la magna cita
por parte del equipo de política exterior y de seguridad
de Obama, fue deficiente, aun cuando en las horas
anteriores al inicio de la Cumbre se tomaron medidas
y se brindaron explicaciones y argumentaciones
que, finalmente, reconocían que Venezuela no
era una amenaza. Los Estados Unidos trabajaron
esmeradamente para «construir» un consenso y salvar
este cónclave de manera prioritaria, lo cual fue recogido
en la Estrategia de Seguridad Nacional del 2015. El
gobierno se afanó para que no se frustrara, en peligro si
no se emitía una invitación oficial al gobierno cubano.
El cálculo era estratégico en tanto su política hacia Cuba
había terminado aislándolos en el continente, pero su
accionar errático hacia Venezuela y el apoyo continental
contra su decisión dañó su interés nacional.
No obstante, la decisión de restablecer relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos fue valorada, de
manera unánime, por todos los países de la región
como algo extremadamente positivo, y constituye un
parteaguas en las relaciones interamericanas en las
cuales la región de América Latina y el Caribe en
su diversidad y pluralidad está reacomodando sus
posiciones. Sumergida en la búsqueda de soluciones
a problemas acuciantes, ha creado espacios regionales
y subregionales de diferentes signos y con énfasis
diversos y prioridades muy diferentes a las esbozadas
por el tradicional sistema panamericano, liderado por
Estados Unidos de América.
Por último, Cuba está llamada a implementar su
nuevo diseño estratégico ante esta nueva coyuntura,
y para aquellos internacionalistas que consideran a
Tucídides el padre del realismo político, ojalá que el
axioma de que el poderoso hace lo que quiere y el más
débil lo que puede, sea roto en esta nueva etapa.
Intercambios bilaterales y modelos
de relaciones Cuba-Estados Unidos:
la dimensión económica
Jorge Mario Sánchez Egozcue
Centro de Investigaciones de la Economía Internacional
(CIEI), Universidad de La Habana.
Voy a enfocar dos aspectos. El primero se refiere
a las dinámicas derivadas de todo el proceso de
normalización de relaciones con los Estados Unidos,
caracterizada por una expansión de vínculos que no
cabían en los modelos precedentes; y sus implicaciones
para la sociedad cubana. El segundo se refiere a algunos
mecanismos y prácticas establecidas por nuestra
parte, que no solo están siendo desbordados, sino que
generan nuevas vulnerabilidades. Trataré de hacerlo
de la manera más compacta posible.
En cuanto a las remesas, en los años 90 llegaron a
constituir la tercera fuente de ingresos de la economía
cubana. Según los estimados de diferentes estudios,
estos flujos se situaban en el entorno de los dos mil
millones de dólares. Su concentración reflejaba el patrón
migratorio cubano hacia los Estados Unidos; es decir,
mayoría de jóvenes, blancos, con nivel de calificación
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
99
profesional universitaria o técnica, generalmente
provenientes de familias urbanas. Alrededor de 60%
de las remesas, entonces, las recibían los dos deciles de la
población cubana de mayores ingresos. Por lo tanto,
se manifestaba un factor de exclusión territorial y
racial que no podía ser resuelto desde el marco vigente
de políticas sociales homogéneas. Estos eran rasgos
dominantes en la década de los 90, cuando las remesas,
casi en su totalidad, complementaban el consumo
de las familias que las recibían, y ayudaban a paliar
la escasez y los efectos derivados de la aguda crisis
que siguió al desplome del campo socialista. Estaban
concentradas en ese entorno sociodemográfico y
asociadas a un proceso incipiente de re-estratificación
socioeconómica.
A partir del año 2000, cambia drásticamente ese
perfil, se amplia y diversifica en cuanto a destinos y
estructura social. Se aprecia entonces un aumento
en la cantidad de profesionales calificados que van
hacia Europa, América Latina o Angola. Las remesas
no se limitan a compensar el consumo directo de la
familia; aparecen nuevos usos y actores, ahora como
capital de inversión en micro-escala, para apoyar
negocios privados, el incipiente mercado inmobiliario,
operaciones comerciales rudimentarias, o proveedores
de insumos y bienes para el creciente sector privado.
A manera de muestra: en los últimos dieciocho meses,
abrieron trescientos noventa y tantos restaurantes solo
en ciudad de La Habana, de los cuales se ha estimado
que al menos 65% del capital de inicio proviene de
la emigración. Por lo tanto, es un hecho que, antes
de los anuncios del 17 de diciembre, ya estaba en
marcha esta reorientación hacia la micro-inversión y
el capital de inicio de negocios, como respuesta a los
cambios internos. Las nuevas medidas adoptadas por
Obama en este terreno (extensión de los límites de
remesas permitidos, de 500 dólares norteamericanos
por persona, cada trimestre, a 2000, no restringidas
a cubanoamericanos, sino incluyendo a los otros
ciudadanos norteamericanos) han contribuido a
acelerar y profundizar estos procesos, con su efecto
colateral en la polarización de ingresos y la reestratificación social.
Otro tópico se refiere a las estimaciones y
proyecciones, según algunos ejercicios de simulación,
que construyen escenarios de relaciones económicas
entre los dos países, basadas en la apreciación técnica,
algunas más realistas que otras, a partir de supuestos
y enfoque diversos. Desde la década de los 90 ya se
comenzó a presentar trabajos como los del Banco
Interamericano de Desarrollo y del Centro de Estudios
Estratégicos de Washington, que caracterizan las
fortalezas y amenazas latentes para una reinserción
cubana, comparándolas con las áreas de productos
principales y los sectores más dinámicos en el comercio
100
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
internacional, es decir, los que impulsan el crecimiento
y el desarrollo en las economías.
Para este último estudio, en particular, no se
utilizaron los datos del desempeño real de Cuba, en su
lugar se hizo una simulación, que utilizaba a tres países
de la región, que al agruparse daban un perfil compuesto
muy similar al cubano, y permitían identificar referentes
sobre las respuestas esperadas sin las restricciones del
bloqueo. Primer punto a destacar: la efectividad de las
simulaciones (cuando se examina el contraste entre
el desempeño real cubano y el de esta simulación),
exceptuando el impacto asociado a las exportaciones
de la producción azucarera —que después del desplome
socialista realmente nunca se ha recuperado—, en
el resto de las áreas de comercio se constata que
la capacidad de ajuste es notablemente cercana al
desempeño real. Solo hay otro factor de discrepancia
asociado a las exportaciones de manufacturas, ya que
en Centroamérica hay un elemento de diferenciación
importante, vinculado a los programas especiales de
acceso a inversiones y al mercado norteamericano
de tecnologías de la información, área en la que Cuba
no tiene ninguna presencia actual ni posibilidades
reales a corto plazo, debido al atraso tecnológico de la
matriz productiva y otras insuficiencias. De manera
que en los precedentes utilizados ahora para construir
escenarios, debe considerarse que el margen de error no
es tan desafinado como algunos tienden a asumir.
Otro elemento clave sobre las percepciones y
reacciones generadas acerca de futuras negociaciones
entre los dos países es el bloqueo. Su núcleo duro son
cuatro instrumentos legales, además de muchísimas
normativas y otros instrumentos —como ya señaló
antes Soraya. Limitándonos a las atribuciones del
Congreso, son cuatro las leyes que comprenden
el núcleo principal: la Ley de Control de Activos
Extranjeros, de 1963; la Ley Torricelli, de 1992; la HelmsBurton, de 1996, y la que permite las exportaciones de
alimentos, desde los Estados Unidos hacia Cuba, de
2000. Lo esencial —en términos de proyectar con
realismo opciones viables— es que no son lo mismo
las iniciativas o normas de agencias gubernamentales,
que las políticas o las leyes. Lo más importante en el
entramado legal, de acuerdo con lo que aseveran los
expertos norteamericanos en jurisprudencia, es que no
hay precedentes políticos ni técnicos en el Congreso
para remover completamente una ley. Lo que se ha
hecho con leyes ya institucionalizadas es modificar
o transferir secciones o partes de su contenido, en
lugar de una acción drástica de desmantelamiento
total; menos aún de cuatro leyes. Se trata de una
restricción a corto y mediano plazo, lo que significa
que ahora resulta determinante lo que se puede
avanzar en las conversaciones entre los dos gobiernos,
sobre temas específicos, antes de que se desarrolle la
campaña presidencial. Por lo pronto, está muy claro en
el documento donde se formaliza el anuncio oficial de la
Casa Blanca sobre los cambios; es decir, de la interpretación
o aplicación de la ley por la vía de la autoridad ejecutiva,
ya que no se ha tratado aún de modificar la legislación,
que sigue intacta.
Estamos hablando de más de 1 200 normativas y
regulaciones entrecruzadas. Una sola, «Restricciones
de viajes», cruza cuatro leyes, por lo menos en dos o
tres capítulos, y varias secciones. Ahí hay un trabajo
pendiente por parte de la academia cubana —no solo
juristas, sino economistas, politólogos— sobre este
aspecto, del cual se conoce muy poco.
Si tomamos el tema de los derechos de propiedad
intelectual, por ejemplo, tenemos el caso de Habana
Club. Una de las leyes establece que ninguna institución
o ciudadano cubano tiene derecho a presentarse en
los tribunales de los Estados Unidos para reclamar
sus derechos. En la sección 211 de la ley de 1999
(Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental
Appropriations Act) se niega a los reclamantes
extranjeros la posibilidad de registrar o renovar
derechos sobre marcas si estas están asociadas a
propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano;
mientras que en la notificación de julio de 2008 de la
Oficina de Activos Extranjeros (OFAC), se prohíbe a
los dueños de las reclamaciones certificadas vender
o transferir estas a compradores extranjeros sin un
permiso especial.
Quizás sea útil explorar los mecanismos de solución
puestos en práctica por los mexicanos, caribeños
y otras naciones, que han sido muy efectivos para
resolver algunos de esos problemas, entre los cuales
están la propiedad intelectual y los derechos de uso,
exhibición y distribución. Se trata de un asunto con
otras derivaciones, que involucra desde la televisión
cubana hasta las aplicaciones médicas. En la TV,
la utilización de segmentos o programas enteros
norteamericanos, como ocurre en espacios tan
populares como «Pasaje a lo desconocido», y en otros
muchos, se verá el alcance del problema. Por otro lado,
es necesario proteger las marcas y patentes cubanas,
desde la biotecnología hasta los productos culturales,
porque de hecho resultan depredados. Para poner un
ejemplo cercano, cuando especialistas cubanos hacen
presentaciones a los grupos de norteamericanos que
vienen de visita, muchas veces han sido filmados sin
pedir consentimiento, y los encontramos luego en
Youtube y otros medios; en algunos casos los mismos
contenidos son presentados bajo otro nombre. Para
proteger esta propiedad intelectual no se dispone de
amparo financiero ni legal.
En cuanto a las percepciones y las encuestas, una de
las pioneras es la del Consejo Atlántico. Mucho antes del
17 de diciembre, 56% de la población norteamericana
apoyaba el cambio de la política, 62% entre los latinos
y 63% en la Florida; pero lo más significativo era que
tres cuartos de la población norteamericana apoyaba
procesos de concertación en temas de seguridad como
el narcotráfico, el tráfico de personas y la protección
medioambiental. Esos temas ya tenían, desde antes de
desatarse el proceso, plena aceptación. Como es lógico,
tras el anuncio se produce un efecto de reforzamiento
y podemos ver en las encuestas sucesivas cómo estos
valores ascienden.
Respecto a las sanciones financieras aplicadas a los
bancos internacionales que se relacionen con Cuba, no
ha habido ningún relajamiento. Está el caso del Banco
de Comercio de Alemania, multado recientemente. El
más conocido ha sido el de la multa aplicada al Banco
BNP Paribas de Francia, la más alta en la historia de las
sanciones financieras internacionales: ocho mil millones
de dólares, tras haberse negociado, pues inicialmente se
demandaban diez mil millones. Si seguimos el rastro
desde una perspectiva más amplia, todos los bancos
influyentes en las relaciones Europa-América Latina,
o triangulares, entre los Estados Unidos y América
Latina, que hayan tenido algún vínculo con la Isla, ya
han sido amenazados o sancionados. De manera que
no importa cuánto turismo o inversión venga por otras
vías, este es un factor corrosivo, un ácido que hace
muy difícil la reparación de daños, hasta tanto no se
desmonte su fundamento político-legal.
En cuanto a los estudios de potencial de relaciones
económicas bilaterales, hay algunos que vale la pena
referir muy brevemente. La Universidad de Harvard
publicó uno a inicios de 2000, hecho desde una
perspectiva mixta, combinando la proyección bilateral
con algunas consideraciones sobre los efectos en la
región del Caribe. Después, los únicos dos estudios
oficiales —encargados por el Congreso de los Estados
Unidos a la Comisión Internacional de Comercio
(USITC)—convergieron en esos resultados. El más
reciente es el del Instituto Peterson en Washington,
«La normalización de relaciones económicas con Cuba:
una guía para los decisores de política», una de cuyas
autoras, Barbara Kotschwar ,participó en el taller del
CIPI en 2014. El epígrafe de ese estudio titulado «Una
guía para los decisores de política» es, en mi opinión,
una muestra de la tendencia aún prevaleciente hacia
la simplificación. Aunque se trata de un estudio
técnicamente impecable, está fundado en supuestos y
elementos políticos de referencia ajenos a la realidad
cubana, que reflejan un contacto muy limitado con los
procesos de cambios internos, de manera que opera
más con ideas llamadas en inglés wishful-thinking,
es decir, poco realistas. Sin interacción local resulta
difícil comprender realmente lo que está pasando en
Cuba, para poder adecuar apreciaciones sobre límites
y opciones.
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
101
En las encuestas [...] la razón del éxito de la visita [de los norteamericanos
a Cuba] es la interacción con los cubanos, en lugar del paseo, la playa o la
música; el diálogo directo con los conferencistas, con la gente en la calle. Esta
experiencia cambia drásticamente la percepción de qué es Cuba en un sentido
muy favorable, pues sin desmontar mitos y estereotipos es imposible esperar
que se establezca un diálogo fructífero.
Respecto a la matriz de referencia para proyectar
percepciones de nuestro lado, veintinueve años después
del colapso del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME), la inserción internacional cubana es otra.
La primera reorientación fue hacia Canadá y la Unión
Europea como socios claves, con el turismo y las remesas
como soporte de la economía; esta etapa se extendió
catorce años. A partir de 2004 se entró en una nueva
etapa, en la que, en lugar de relaciones comerciales
y de inversión basadas en el mercado internacional,
se pasó a una matriz diferente, centrada en acuerdos
de gobierno a gobierno con China y Venezuela como
socios principales; esta duró otros diez años.
Por otra parte, la población cubana ha seguido
cambiando. Hoy, 82% de ella nunca conoció las
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos; solo
18% —mayores de 60 años— podría recordar que antes
había ferries que iban en la mañana hacia Miami, para
regresar en la tarde. De manera que las percepciones
de qué debe ser normal entre los dos gobiernos, entre
las naciones y los pueblos, es una construcción, desde
lo institucional hasta lo subjetivo en la mente de los
ciudadanos, que requiere un proceso de adecuaciones
recíprocas. Lo mismo ocurre del lado de los Estados
Unidos.
En el caso del turismo, que es, junto a las remesas,
uno de los canales más importantes que nos conecta
actualmente, la capacidad total cubana se ha reportado
en tres millones de visitantes. Comentaré algunos
datos, aunque son del semestre pasado, pues recién
salió el reporte anual, pero los cambios se mantienen
sobre la tendencia apuntada. El primer mercado
emisor de turismo para Cuba es Canadá, por encima
de setecientos mil visitantes. El segundo es el de los
cubanos residentes en el exterior, poco más de ciento
setenta mil. Les siguen en importancia alemanes,
ingleses, italianos, franceses, y los norteamericanos
en el séptimo puesto. El año pasado, cuando aún
no se veía venir este proceso, nos visitaron más de
cien mil norteamericanos y unos trescientos mil
cubanoamericanos; esto representó alrededor de 25%
de la capacidad de aeropuerto en la Habana, sin hablar
de los derrames hacia otros sectores. Según estimados
mínimos oficiales de agencias de los Estados Unidos,
por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viajes, para
el primer año (en condiciones de normalización plena,
102
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
no parcial, como tenemos ahora, con apenas solo doce
categorías autorizadas después del anuncio de Obama),
unos 850 mil visitantes. Los estudios de la Comisión
Internacional de Comercio —el único estudio oficial
encargado por el Congreso hasta ahora— dan como
proyección la cifra de un millón cien mil visitantes para
el primer año, con un incremento mínimo anual entre
doscientos setenta mil y trescientos cincuenta y ocho
mil , lo que representa, sin mucho esfuerzo, un tercio
del mercado cubano.
Por consiguiente, la primera cuestión es la
capacidad de absorción; y la segunda, cómo conectar
esta posibilidad, en las nuevas condiciones, con la
estrategia de desarrollo cubana. Una visión extrema es
preguntarse si es conveniente que todo el mundo, o al
menos una buena parte de la población, se convierta
bajo esta proyección en «servidores de mojitos y
tocadores de “La Guantanamera”». Estos escenarios
tienen profundas implicaciones sociopolíticas en el
proceso cubano de transformaciones, que no puedo
abordar aquí en detalle.
A nivel de percepción, en la sociedad norteamericana
el hecho de que el comediante Conan O’Brien hiciera
un programa en Cuba, o de que Paris Hilton o Rihana
vinieran de visita, parecen tonterías, pero el derrame
que tiene hacia el ciudadano promedio, en términos
de percepción y de cambios en la narrativa, es
fundamental. Quiero resaltar algunos de esos puntos
mencionados.
Primero, la dinámica del diálogo y los visitantes
que ahora recibimos. Ya no es, en modo alguno, la
del turista naif. Cada vez vienen más empresarios,
hombres de negocios, personas educadas e informadas,
con vínculos activos con organismos internacionales,
organizaciones de todo tipo y gente del Congreso
norteamericano; además, la demanda de diálogo ha
subido mucho entre la población en general. Todo esto
tiene un efecto considerable.
La mejor ilustración es la demanda de información
sobre Cuba en los Estados Unidos, reflejada en Google.
En el momento del anuncio de Raúl Castro y Obama
sobre el inicio del acercamiento, las búsquedas sobre
Cuba en los Estados Unidos tuvieron un pico brutal.
Pero inmediatamente después, cuando las personas
empezaron a buscar cómo hacer el contrato de
hospedaje o la reserva del vuelo, lo único que recibieron
fue un correo electrónico o debieron esperar a que
la agencia los atendiera. Se aprecia cómo la caída
inmediata de interés refleja el bache entre demanda y
capacidad de respuesta por las insuficiencias internas
de infraestructura. A pesar de esas limitaciones,
entramos en una zona que yo llamé «el estrés hotelero»
(overbooking o sobreventas), que se hizo visible poco
después. El impacto de esa demanda sobresaturó
la capacidad de los principales hoteles, con sus
derivaciones inevitables en términos de habitaciones,
transporte, guías, sector cooperativo y privado además
del incentivo asociado hacia todos los proveedores
mayoristas y los planes de desarrollo.
La característica que atraviesa a todas las agencias
que están trayendo visitantes es que en las encuestas que
les hacen cuando regresan a los Estados Unidos, la
motivación más importante o la razón del éxito de
la visita es la interacción con los cubanos, en lugar del
paseo, la playa o la música; el diálogo directo con los
conferencistas, con la gente en la calle. Esta experiencia
cambia drásticamente la percepción de qué es Cuba, en
un sentido muy favorable, pues sin desmontar mitos y
estereotipos es imposible esperar que se establezca un
diálogo fructífero.
El atractivo y el impedimento se ven claramente
en el caso del mercado de reservación de viviendas
conocido como Airbnb. En tanto Airbnb está
conectado automáticamente con la tienda virtual
Amazon.com, una vez difundido el anuncio y la
aprobación acerca de las visitas a Cuba bajo licencia,
cuando el cliente potencial va a Amazon y toca el
botón que dice Cuba resulta que está desactivado; y,
si estuviera activado, se enteraría de que la regulación
sobre transacciones financieras le impide pagar
online, porque es ilegal. Airbnb buscó una solución
alternativa, mediante servicios intermedios de bancos
y notificaciones por correo electrónico; pero eso es
solo un parche transitorio; funciona, pero no es lo
que debería ser.
Lo que está autorizado ahora es la expansión del
límite de remesas, que los ciudadanos norteamericanos
puedan usar sus tarjetas de débito y crédito, y que
algunos bancos abran cuentas. Sin embargo, salvo en
el caso del Stonegate, de Florida, que está respaldando
las operaciones consulares cubanas de Washington,
el resto aún no está implementado. De manera que es
necesario esperar a que el proceso avance un poquito
más para emitir una opinión, porque todavía es
demasiado temprano. Aunque reconozco que no es
correcto presentar la imagen reduccionista de «mojitos y
Guantanamera», es cierto que persiste en el imaginario,
junto a los autos viejos, como una de las motivaciones
más importantes en la publicidad y la prensa, pero
en la práctica está claro que no es eso lo que capta el
reconocimiento.
Hay una compañía de cruceros que está ahora
proponiendo contratos. Según explicó hace poco, en
un taller sobre el tema, el colega José Luis Perelló, de la
Facultad de Turismo, ese crucero tiene una capacidad
de cinco mil pasajeros, más casi dos mil tripulantes, lo
que equivale a diecisiete aviones 747, que aterrizaran
al mismo tiempo en la plaza de San Francisco. Hay
un efecto inmediato, a corto plazo, que no se debe
minimizar. La capacidad de absorción cubana está
severamente limitada por otros motivos, en particular
el transporte, los almacenes y suministros.
Pasando a otro ángulo, la dinámica del sector
de negocios y su actitud ante el Congreso cambió
drásticamente. Hasta el momento del anuncio, los
empresarios no necesitaban hacer lobby, lo que
buscaban se podía lograr mediante la concesión de
una licencia temporal para comerciar con Cuba, y una
vez concedida, había beneficios singulares asociados.
Uno de ellos era que el bloqueo los protegía de la
competencia de las otras empresas norteamericanas sin
licencia, además de que operaban sin riesgo financiero,
debido al requerimiento de pagos adelantados en
efectivo por el 100% del valor de los envíos. Finalmente,
el acceso a mercado era sencillo, una vez firmado el
contrato, el Estado cubano garantizaba la demanda en
un paquete único, sin las complicaciones de tener que
lidiar con múltiples empresas y procesos legales.
A partir de ahora se desata una situación
completamente nueva: surge la percepción de que
el que llega último pierde en el proceso; se produce,
literalmente, una avalancha de propuestas y de visitantes
cada semana, que refleja muy bien esa visión cambiada;
y aparece con fuerza el factor de la competencia entre
ellos por el acceso a Cuba.
Por último, un área de mayor importancia es la
de las telecomunicaciones. Internet es uno de los
elementos que tiene una profunda implicación social,
económica y política. Iroel Sánchez y Raúl Garcés
publicaron dos excelentes artículos sobre el tema que
me ahorran mucho de lo que se puede decir al respecto,
aunque no concuerdo en todo lo que exponen.
Es un hecho que la velocidad de descarga de Cuba
es la más baja del Caribe; y la tasa de cobertura, según
cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas,
es de 23%, una de las más bajas a nivel global. A
reserva de los aspectos tecnológicos, políticos y de
ciberseguridad, en la actualidad el aislamiento en
el uso de internet resulta suicida, pues casi no hay
esfera de la actividad humana que quede fuera de su
alcance, sea sociocultural, sanitaria, medioambiental,
educativa, etc. Este déficit se ha reconocido, y está en
vías de implementación una política estatal que vaya
proveyendo gradualmente infraestructura y acceso
en los próximos años, hasta llegar a los niveles de
cobertura señalados por el sistema de Naciones Unidas.
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
103
Sin embargo, en lo inmediato, la brecha actual puede
inducir una apreciación que subvalore algunas reservas
insuficientemente utilizadas. En el caso de Cuba,
debido a que hay muchos profesionales especializados
por una enorme inversión previa en capital humano,
lo que prevalece como rasgo es una alta capacidad
para filtrar y manejar la información, asociada con
un efecto de derrame enorme. De manera que ese
23% es, en cierto sentido, un «falso negativo». Por
ejemplo, la difusión que alcanza el «paquete» y otras
modalidades de acceso al mercado digital y audiovisual.
La percepción de que facilitar el acceso a Internet
provoca automáticamente un «efecto Primavera», o
de fomento de alternativas políticas alineadas con las
visiones de cambio norteamericanas, ignora algunos
hechos en pleno desarrollo.
En primer lugar, el dato de los trescientos mil
cubanos que vinieron en 2014 procedentes del exterior,
y de los que siguen yendo y viniendo, e invirtiendo en
negocios o apoyándolos. En segundo, el acceso a la
información, desde las películas hasta las publicaciones,
ya está legalizado en las calles cubanas, sin necesitar
como prerrequisito la inversión en Internet de Netflix.
El verdadero fermento para los cambios en el país no
depende del acceso a la red, sino del consenso social
que sostiene sus formulaciones políticas. No digo que
la situación actual deba sostenerse, apenas apunto una
observación acerca de las lecturas simplificadas sobre
ella, pues es evidente que al cambiar las condiciones
actuales, los temas y los medios de estructuración de
corrientes de opinión y consenso se multiplicarán,
para bien. En este sentido, hay que considerar los
componentes de una poderosa cultura estadocentrista
heredada, que también está en fase de reestructuración,
hacia una mayor horizontalidad y multiplicidad de
formas y actores.
Parte de las nuevas medidas comprende la
flexibilización de las condiciones para que compañías
norteamericanas del sector de las telecomunicaciones
puedan vender bienes y servicios. En la prensa se han
reportado los primeros pasos por parte de Netflix,
Google y otras empresas. En el Congreso ya se presentó
una propuesta de ley al respecto, conocida como Cuba
DATA Act. Y estos son apenas los primeros pasos.
Es evidente que una sección importante de
estos nuevos desarrollos no formaba parte de las
proyecciones sobre las cuales se confeccionaron y
aprobaron los Lineamientos, que es la agenda estratégica
para las transformaciones en curso en el país. De hecho,
varios de estos procesos ya desbordan los mecanismos
y las concepciones precedentes.
Concuerdo con lo que ha planteado José Luis
Rodríguez en el debate de este taller, respecto a que
Cuba no reconoce las pequeñas empresas dentro del
trabajo por cuenta propia, de manera que no se pueden
104
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
asociar con el capital extranjero ni realizar operaciones
con él. Comparto su idea de reconocerlas, y resolver su
modalidad de relación con el inversionista extranjero,
pues como él decía, 18% de los trabajadores por cuenta
propia son empleados de otros cuentapropistas, es
decir, son pequeñas empresas.
Al respecto, quiero apuntar que la cuestión del sector
privado fue en su momento una discusión. En la Ley de
Inversiones Extranjeras cubana, solo las cooperativas
tienen derecho de asociación. Está pendiente esa
discusión doméstica, que es política y social. En
mi opinión personal, con toda modestia, algunas
dinámicas aquí ya desbordaron los Lineamientos.
En ese diálogo interno, los académicos tenemos una
función que desempeñar, consistente en concientizar y
participar en una reevaluación de esos retos. No es que
tengamos la razón de nuestra parte, sino que debemos
ser parte del diálogo.
En cuanto al tema de la deuda externa, en particular
con el grupo de países incluidos en el Club de París, el
efecto de estampida, tras la cancelación de los rusos,
fue impresionante, porque se vio enseguida cómo se
fueron desbloqueando y resolviéndose otras deudas
heredadas con los mexicanos, los japoneses, alemanes
y demás. Sin embargo, yo estoy mirando más la
evolución, por ejemplo, del mercado secundario, y
los llamados bonos Batista, con los que hay ya una
sobre-especulación. Ese es un factor que sí puede ser
muy dañino para Cuba a mediano plazo, mucho más
que la negociación de la deuda anterior, en la que ya
estaban fijados los términos y era un poco más realista,
en el sentido de fijar hasta dónde llegamos, y cuándo
pagamos. Pero en los mercados internacionales Cuba
tiene cero influencia. La parte del mercado secundario y
los bonos sobre Cuba que se están revendiendo, quiénes
los están comprando, y en qué términos, representan
un daño potencial muy alto.
Para concluir, entre los desafíos más importantes que
Cuba enfrenta se encuentran los siguientes: primero,
es necesario un proceso de reevaluación del consenso
interno en algunas áreas de políticas en los Lineamientos,
donde la práctica ha demostrado que se han quedado
cortos; segundo, hay vulnerabilidades recién surgidas,
que no se limitan a la capacidad de absorción, sino
que incluyen los mecanismos con los que se manejan
y vinculan las interacciones sociales, académicas,
culturales y de otros campos con los Estados Unidos.
Por último, el cambio evidente en la naturaleza y el
contenido del diálogo. Sobre este punto, Rafael y otros
colegas hemos advertido muchas veces. Los visitantes
no son ya como los que venían a disfrutar del clima y
la cultura, tomarse un trago y pasear un poquito. Han
crecido visiblemente los empresarios, académicos,
funcionarios, gente con información, cultura y
experiencia internacional, que además de aprender
cómo somos y cuáles son nuestros problemas y visiones,
aportan otras perspectivas a nuestras discusiones; y que
cuando regresan, llaman a su congresista, porque son
vecinos, o tienen una interacción mucho más cercana
y efectiva que la existente antes, por décadas. Esa
dinámica nueva, no es solo el diálogo político de los
funcionarios y la Cancillería, o el de los técnicos de
los dos lados: ocurre ahora a nivel de la sociedad, con
una porosidad, un nivel de intercambio muy fuerte.
Esa dinámica se va a incrementar, lo que plantea
la necesidad de otros mecanismos y enfoques más
abiertos para potenciarlos.
Siete tesis en torno a la normalización
entre Cuba y los Estados Unidos
Rafael Hernández
Politólogo. Revista Temas.
Me quiero referir a siete áreas de problemas, que no se
analizan a fondo o simplemente se soslayan cuando se
aborda el presente y el futuro inmediato de nuestras
relaciones con los Estados Unidos.
La primera es que Cuba ha tenido siempre un
lugar desproporcionado en la historia y la política
norteamericanas, desde que la Florida se gobernaba
desde La Habana, y especialmente desde el siglo xix.
Esta isla ha sido en muchas ocasiones un tema de su
política doméstica, e incluso un test case de las corrientes
que la han animado. Cuba fue parte del conflicto entre
el Norte y el Sur de la Unión, cuando era imaginada
como un estado plantador más de la confederación
esclavista, que se iba a anexar de alguna manera. No
es posible exagerar el impacto que tuvo aquí el fin de
la Guerra Civil y su desenlace a favor del Norte, el
nacimiento de la gran potencia, la intervención en
los últimos dos meses y pico de nuestra Guerra de
independencia, en 1898. La política del Big Stick
empezó por aquí, antes de extenderse sobre la Cuenca
del Caribe. Y las inversiones en Cuba fueron el inicio,
la prueba de la exportación de capital norteamericano
hacia el mundo, no solo hacia América Latina.
Se olvida a menudo que, durante la Prohibición
o Ley Seca, la isla fue una fuente principal de
acumulación originaria para un sector del gran capital
que se constituyó precisamente durante esa etapa. Los
bares clandestinos conocidos como speak-easies de
aquellos rugientes años 20 no se enriquecieron gracias
al contrabando de vino chileno, sino de millones
de litros de ron cubano. Así que la mafia hizo su
acumulación originaria, lo que le permitió convertirse
luego en un sector respetable de la industria turística
y el entretenimiento, gracias a las roneras de esta isla,
que le quedaban a la mano.
La política del Buen Vecino tuvo su test-case por
excelencia durante la Revolución del 30 en Cuba, entre
los años 33 y 35, cuando el otro Roosevelt (no el del Big
Stick) demostró que no iba a desembarcar los marines,
sino a cambiar su política, para seguir interviniendo,
pero de una manera sustancialmente diferente. Como
algunos dirían hoy, sus fines eran los mismos, solo
cambió los medios.
Y por último, Cuba en la política de los Estados
Unidos hacia la América Latina y el Caribe de la época
de la Guerra fría, de la Alianza para el Progreso y la
contrainsurgencia. Tampoco es posible exagerar el peso
de Cuba en su definición, pues esta no sería otra cosa
sino la respuesta ante la Revolución cubana.
La segunda área, a menudo soslayada, es la del
diálogo, la negociación y la cooperación en el marco
del conflicto. La negociación no empieza ahora;
siempre ha estado ahí, pues el conflicto tiene una
estructura multidimensional. Las arenas en que se
ha dirimido van más allá de Playa Girón, han sido
tricontinentales, desde Bolivia hasta el suroeste de
África, las revoluciones centroamericanas, además
de teatro de enfrentamiento global termonuclear con
la URSS. Así como también han sido diversos los
instrumentos que los Estados Unidos han aplicado
frente a Cuba durante todos estos años. Es un caso
ejemplar de diversas políticas aplicadas al mismo
tiempo. Esta compleja estructura que ha caracterizado
el conflicto de intereses nacionales (ajena a la lógica
lineal de un simple diferendo bilateral), ha permitido
numerosos escenarios donde Cuba ha negociado con
el gobierno norteamericano, una y otra vez. Para una
visión calificada sobre el talento negociador cubano,
recomiendo las memorias del ex-subsecretario de
Estado para Asuntos Africanos, Chester Crocker (High
Noon in Southern Africa, 1993), quien describe su
impresión ante el desempeño de la delegación cubana
en las conversaciones multilaterales para poner fin al
conflicto del suroeste de África —Angola, Namibia,
Sudáfrica, Cuba y los Estados Unidos.
La tercera área, también sesgada en muchos enfoques,
se refiere al factor desencadenante de la normalización
y a su naturaleza. Ante todo, es necesario apreciar el
cambio fundamental en las circunstancias, veinticinco
años después del fin de la Guerra fría. La situación a
fines de 2014 estaba madura como nunca antes, gracias
a la coincidencia única de factores favorables, que no
concurrieron ni en época de Carter ni en ningún otro
momento anterior o posterior: el contexto interno de
la opinión pública norteamericana, de los gobiernos
latinoamericanos y del resto del hemisferio, de la Unión
Europea, de la mayor parte de los cubanoamericanos; y
finalmente, del proceso de cambio en pleno desarrollo
en la propia isla. Nunca habían concurrido antes tantas
circunstancias propiciatorias. .
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
105
Estamos acostumbrados a ejercer una estrategia, o apenas una táctica defensiva
[...]para evitar que el enemigo nos tome la trinchera con algunos movimientos
colaterales. No existe una dirigida a encaminarnos hacia la trinchera del otro
—si es que se tratara de tomar trincheras. En este nuevo contexto, hay que
desarrollar políticas proactivas, en vez de responder a las iniciativas de los
otros.
Soraya mencionaba el intercambio de prisioneros
como factor desencadenante. En efecto, al decidirse
la negociación de los presos, ¿qué costo marginal
se requería para sacar a Cuba de la lista de países
patrocinadores del terrorismo? Imaginemos a
Obama como un empresario, que está invirtiendo
el escaso capital político que le queda, después de
haber intentado muchas inversiones que no han
logrado cuajar. Paradójicamente, la opción de invertir
en Cuba podía ser mucho más rentable, porque al
final podía llevarse el gato al agua y producir un
resultado exitoso, lo que no ha sido frecuente en su
mandato. Piénsese en su proyecto de plan de salud
o de reforma migratoria, en sus promesas de salir
airosamente de los conflictos en el Asia central. Si
se mira como una inversión, el costo marginal de
agregarle a la negociación de presos con el gobierno
cubano la decisión de sacarlo de la lista negra de
estados terroristas, era mínimo, comparativamente
hablando. Razonando en estos términos, pudo haber
aplicado lo que aconseja Maquiavelo en El Príncipe:
«Un cambio siempre deja el camino abierto para el
establecimiento de otros.» Y si se ha decidido actuar,
lo mejor es hacerlo con determinación y de una vez,
no step by step. O para decirlo en términos de póker,
sin darle tiempo a pensar a los contrarios, poner todas
las fichas en el medio de la mesa, y «subir la parada»,
como se dice aquí.
La cuarta área de problemas, la más amplia,
caracterizada por el cúmulo de trampas ópticas,
ideologemas, y predicciones insustanciales, se refiere
a la mecánica y complejidades de la nueva relación
inaugurada por el 17D. Algunos, dentro y fuera de
Cuba, la confunden con otra partida del mismo juego,
porque solo miran a la supuesta meta –prevalecer
sobre el otro—, sin advertir que las diferencias son
tan grandes como las que median entre el boxeo y el
ajedrez.
La verdad de que el cambio mantiene los mismos
objetivos, haciendo uso solo de diferentes medios,
resulta tan autoevidente y simple que apenas nos sirve
para entender lo esencial de este proceso. ¿Alguien
suponía que los Estados Unidos iban a cambiar
su naturaleza e intereses por sentarse a negociar
con la Isla? Sería como esperar que los propósitos
fundamentales de la política cubana se iban a someter
106
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
a negociación. Los que subestiman el significado del
cambio en los medios parecen olvidar que la política
consiste precisamente en ellos, tan diferentes como
pueden serlo las bombas y el diálogo.
¿Qué es lo nuevo en esta dinámica? Aunque se
ha negociado y cooperado antes muchas veces, el eje
articulador de las relaciones había sido la continuidad
del conflicto, mediante recursos como la coacción, el
forcejeo y la unilateralidad. A partir de diciembre 2014,
ese eje se desplaza hacia la negociación y la búsqueda
de acuerdos. Podrán mantenerse los objetivos de cada
uno, e incluso el uso eventual de presiones, palancas
económicas y estratégicas, esgrimas diplomáticas,
escarceos ideológicos; pero la lógica general de la
relación tiende a hacer prevalecer el diálogo, y en última
instancia, a identificar el acuerdo acerca del desacuerdo,
en lugar del diálogo de sordos y la incomunicación.
En contraste con la larga historia de negociaciones
ocultas que nos describen Bill LeoGrande y Peter
Kornbluh en Back Channel (2014), ahora estas tienen
lugar en un front channel. Su contenido no se revela
totalmente, desde luego; pero el diálogo mismo no
se realiza a escondidas. Esto lo cambia todo, pues las
expone al escrutinio público, de tirios y troyanos.
Algunos elementos de esta nueva relación han
sido mencionados por Soraya y Jorge Mario en este
panel. El más importante de todos para mí es que
existe una voluntad política de avanzar. La decisión de
implementar esa nueva política desde la Casa Blanca,
correspondida desde la Plaza de la Revolución, cambia
sustancialmente el campo de fuerzas previamente
existente. Esta convoca a intereses que no estaban
presentes en ese campo, y que ahora inciden sobre
su configuración estratégica respecto a Cuba. Este
nuevo juego ocurre dentro de un cierto marco, cuya
variable más obvia es el tiempo, lo que ellos llaman
el time-frame. En el ajedrez, no se trata de noquear
al otro en tres rounds, pero sí se requiere hacer cierto
número de movidas en determinado tiempo, para llegar
a la jugada cuarenta y uno, antes de sellar la partida.
Hay un número de meses desde ahora a la jugada
cuarenta y uno, fecha del cambio de administración
en los Estados Unidos, durante los cuales es necesario
avanzar, sin pausa y sin precipitación, pero con sentido
del tiempo, que como se sabe, en política tiene un valor
muy especial.
Como parte de una nueva mecánica de relaciones,
pasamos de lo que podríamos llamar un canal
mono a uno estéreo. En primer lugar, el contacto
intergubernamental no se limita a las dos cancillerías,
sino involucra a un número creciente de instituciones
estatales y políticas de ambas partes. En segundo, se
desborda la relación política entre los dos gobiernos, y
se extiende a la comunicación entre los dos países.
Ese intercambio people-to-people no se inició el 17D,
pues venía ocurriendo desde el fin de la Guerra fría.
En los últimos años han estado descendiendo sobre la
Isla desde los Estados Unidos más de trescientos mil
cubanoamericanos y casi cien mil norteamericanos
cada año. La diferencia es que, a partir del día de San
Lázaro, la gravitación entre los dos gobiernos facilita
este flujo, que tiende a convertirse ahora en una marea.
En los primeros meses después de los anuncios, la tasa
de visitas se ha disparado, duplicando el estimado de
muchos expertos.
La diferencia esencial con los flujos anteriores
es que, si bien durante los últimos veinte años han
crecido las relaciones sociedad-sociedad, ahora las
políticas respectivas no deberían ignorarlas, como ha
ocurrido hasta hoy, sino asumirlas, como parte de su
construcción y de sus premisas. Por ejemplo, la política
cubana debería asumir la realidad de las remesas, no
solo por su altísima escala, sino porque no tienden
a fluctuar tanto como el ciclo turístico, el precio del
níquel, o los escenarios de cooperación internacional.
Asumirlas significa tomarlas en cuenta en el diseño
de políticas.
Lo mismo ocurre con el intercambio en la
educación superior o la cultura. Carecemos de una
política, diseñada sobre la base de intereses específicos
y objetivos, que lo fomente. Las instituciones cubanas
se limitan a aceptar o rechazar propuestas del otro
lado, no a generar iniciativas. Estamos acostumbrados
a ejercer una estrategia, o apenas una táctica defensiva,
limitada a permanecer con el escudo y la espada
para evitar que el enemigo nos tome la trinchera
con algunos de los movimientos colaterales de
sus tropas. No existe una dirigida a encaminarnos
hacia la trinchera del otro —si es que se tratara de
tomar trincheras. En este nuevo contexto, hay que
desarrollar políticas proactivas, en vez de responder
a las iniciativas de los otros.
Resulta difícil exagerar lo mucho que este cambio
cualitativo transforma la naturaleza de las relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos en los últimos
cincuenta años. Se trata de un nuevo marco de
comunicación bilateral, incluida una presencia de
actores no gubernamentales muy superior en cantidad,
y diferente en calidad, de la que ha existido nunca.
La gran paradoja entre Cuba y los Estados Unidos,
dos regímenes que se han mirado como un problema
de seguridad nacional durante más de medio siglo, es
que se llevan mejor, en ese terreno, que otros países de
la región con el Norte. Actores preeminentes, como
los militares, mantienen un diálogo fluido, incluso en
sitios impensables en la Guerra fría, como el enclave
de la base naval de Guantánamo.
Otros sujetos políticos no gubernamentales también
participan de este acercamiento, muy especialmente los
gobiernos estatales. Entre los cincuenta estados de la
Unión, están especialmente los que tienen industrias
como la agrícola, farmacéutica, turística, o con costas
en el área del Golfo de México, con intereses portuarios
y de transporte marítimo, que los trae a La Habana en
misiones de exploración, a pesar del bloqueo.
En efecto, al margen de estados y gobiernos,
los principales interlocutores de Cuba son los
empresarios, que constituyen legión: industria turística,
biomédica, farmacéutica, transporte aéreo y marítimo,
entretenimiento, béisbol, tecnologías de informática y
telecomunicaciones, educación superior, salud, arte
y cultura. Finalmente, ONG, como las universidades,
fundaciones, iglesias, y otros grupos y asociaciones de
interés especial.
Finalmente, una gama de actores no gubernamentales,
con lazos e intereses creados en ambos lados, es la
sociedad cubanoamericana, cuya heterogeneidad
y cambio de rotación política crecientes resultan
inseparables de la nueva relación.
Mi quinta área se refiere a las agendas mutuas y
su viabilidad. Esta exige entender la dinámica real
de la normalización, no como conjunto de normas
diplomáticas y papeleos interburocráticos, sino en sus
contenidos reales.
Se trata de un proceso político, que lidia con
problemas e intereses mutuos, que se ventilan en un
ejercicio negociador real, no con simples ecuaciones
jurídicas y paquetes de reglas.
De otra manera, nos podemos perder en un
laberinto de modelos formales. ¿Vamos a ser normales
como quiénes? ¿Como éramos antes de enero de 1961?
¿Con la normalidad de la relación de Estados Unidos
con Canadá, con México, con Rusia, con China, con
Venezuela, con Chile? ¿Cuál es el patrón de lo normal
con Cuba? Más importante que definir los requisitos
formales de una relación normal con los Estados
Unidos, de establecer el momento en que alcanzaremos
ese cristalino instante de la normalización (que quizás
solo existe como utopía, en la imaginación de cada
cual), resulta poder caracterizar la dinámica de cambio
en esas relaciones.
¿En qué áreas de problemas podría avanzar esta
nueva relación negociadora? En comercio y finanzas,
la más fluida en la relación de los Estados Unidos
con América Latina y el Caribe, es donde más se
requiere trabajar para reducir el patrón de exclusión y
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
107
enfrentamiento, que representa el bloqueo. En materia
de seguridad, sin embargo, en migración y narcotráfico,
donde, como ya apunté, existen los puntos de fricción
más grandes en esa misma relación hemisférica NorteSur, es precisamente donde Cuba y los Estados Unidos
cooperan mejor. Lo que esta paradoja hemisférica
expresa es que, en esta nueva ecuación de las relaciones,
si se redujera el peso de la variable del bloqueo, la de la
seguridad se beneficiaría.
En cualquier caso, además de seguridad, en áreas
como salud, medio ambiente, educación y cultura,
comunicaciones, es posible avanzar, aun antes de que
el Congreso considere eliminar la Ley Helms-Burton.
De hecho, ya hay negociaciones en curso en estas áreas,
incluido el tema más polémico, el de los derechos
humanos, sobre el cual ya se ha instalado una Comisión
bilateral, que ha empezado a reunirse formalmente.
Al momento de realizarse este panel, Cuba negocia
con los Estados Unidos no solo el tema de las embajadas,
sino el buen funcionamiento del acuerdo migratorio,
así como las coordinaciones entre guardacostas y
guardafronteras en operaciones de búsqueda y rescate
y en intercepción de narcotráfico. Pero también avanza
en otras casi vírgenes, como la cooperación en áreas
marinas protegidas, control sanitario, cartas marítimas
e hidrográficas, vuelos regulares, correo directo, control
de tráfico de personas, de fraude migratorio
De manera que este cambio de relaciones no
empezará cuando se quiten los letreros «Sección de
Intereses» y en su lugar se coloquen los de «Embajada»,
en La Habana y Washington DC. No debe olvidarse
que la misión extranjera con más personal diplomático
acreditada en Cuba se llama «Sección de Intereses de los
Estados Unidos». Sin subestimar la importancia de este
paso formal y simbólico, las embajadas no han sido una
precondición para avanzar en el proceso negociador,
ni un mecanismo que, como tal, determine el curso
del proceso de comunicación diplomática entre los
gobiernos. En muchos aspectos, incluida la diplomacia
pública y el discurso mutuo, los dos han empezado
a tratarse como estados soberanos con relaciones
diplomáticas plenas.
Lo anterior evidencia que la cuestión de la
normalización rebasa con mucho el simple
restablecimiento de relaciones diplomáticas, la
constitución de un régimen formal, o la firma de
un grupo de acuerdos. Se trata de un proceso de
comunicación, entendimiento y cooperación de
carácter político, económico, social y cultural, más
complejo, policéntrico y de mayor alcance, entre los
dos gobiernos y sociedades.
En la agenda cubana, el tema número uno en la
escala de turbulencia es, como se sabe, el mantenimiento
del bloqueo. Su levantamiento resultaría más
108
Soraya M. Castro Mariño, Jorge Mario Sánchez Egozcue, Rafael Hernández
practicable como un proceso paulatino de liberación
de restricciones, que como un acto instantáneo. La
libertad de viajar ha sido su eslabón políticamente
más débil, porque implica una limitación al ejercicio
de la libertad preconizada por la primera enmienda de
la Constitución norteamericana. La extensión de las
licencias para viajar y para transacciones comerciales
en áreas específicas, al alcance del poder del presidente,
lo faculta para debilitar el funcionamiento real del
embargo multilateral, antes de que el Congreso lo
considere. Esta capacidad puede ejercer un efecto
disuasivo de carácter práctico sobre los sectores de la
derecha que se resisten a levantarlo.
En el plano estrictamente diplomático, las
negociaciones deberían facilitar el camino no solo
para el levantamiento progresivo del bloqueo, la
administración de la política migratoria de «pies
secos/pies mojados», la interrupción del Cuban
Medical Professional Parole Program (dirigido a sacar
a profesionales de salud de la Isla), las normas de
funcionamiento de las embajadas, entre otros asuntos
puntuales.
Quizás la fuente de mayor desavenencia y eventual
conflicto entre las partes es lo que Cuba identifica
como doble rasero (double standard). Este determina
que la reacción gubernamental norteamericana ante
lo que llama «violaciones masivas de los derechos
humanos en Cuba» no se corresponda con su actitud
ante acontecimientos como Ayotzinapa, la desaparición
de periodistas, dirigentes sindicales y activistas en
numerosos países de la región, o incluso la violencia
policial en las ciudades estadunidenses.
Aunque en su discurso del 17D el presidente
Obama apela al argumento de China y Viet Nam,
para fundamentar el cambio hacia Cuba, lo cierto es
que, típicamente, los Estados Unidos se comportan
de una manera mucho más normal con esos dos
gobiernos comunistas asiáticos que con la isla.
Mantienen su propósito de influir en sus sistemas
políticos, pero de manera distinta a la política de
cambio de régimen, no financiando, organizando y
promoviendo internacionalmente a la disidencia
antisocialista, sino mediante los recursos de la
política llamada peaceful evolution. Pasar del regime
change a la evolución pacífica sería, sin embargo, un
paso en la superación del doble rasero, consistente
con la lógica de la normalización. En efecto, como
apunté antes, la «promesa de libertad y democracia»
que el Estado norteamericano construyó como
justificación ideológica de su relación con el exilio
cubano —ese núcleo duro que ya no representa a la
emigración cubana actual en su territorio— y a la
disidencia en la isla resulta cada vez más disfuncional
a los requerimientos del proceso político de la
normalización.
La sexta área, casi siempre ignorada o relegada en
el análisis del acercamiento bilateral, y ausente en los
discursos respectivos, es la de la cultura compartida,
espacio de encuentro que contribuye a dimensionar
a Cuba en el contexto norteamericano, y viceversa.
En sentido estricto, la isla es un lugar histórico de
los Estados Unidos, donde radican la Loma de San
Juan, Bahía de Cochinos, el teatro de la Crisis de los
Misiles, parte también de la historia del hemisferio y
del mundo. De la misma manera que Tampa, Cayo
Hueso, New York y otras ciudades son sitios de la
lucha por la independencia, José Martí, el Partido
Revolucionario Cubano, la industria del tabaco habano,
los exilios revolucionarios de los 30 y los 50, la historia
de nuestra música y nuestro béisbol, y no por último
menos importante, el país adonde han emigrado,
antes y después de 1959, centenares de miles, y en que
viven más de millón y medio que se llaman a sí mismo
cubanos.
A pesar del conflicto y de la polaridad ideológica,
Cuba es un país donde se puede tropezar con la
huella cultural estadounidense a cada paso, no solo
en términos simbólicos, sino físicos, como revela la
arquitectura de La Habana, Cienfuegos, Holguín, los
bateyes de los ingenios azucareros sobrevivientes,
las logias masónicas, las iglesias protestantes, los
automóviles norteamericanos viejos (almendrones
o Yank tanks) que se han fundido con la identidad
urbana de la isla.
Las obras de Louis Perez (On Becoming Cuban,
Imagining Cuba) documentan esta relación vaso
comunicante entre las dos culturas, obvia en
instituciones de la identidad, como el béisbol y el jazz, el
son y la salsa, el aprecio por la modernidad incorporada
al confort doméstico y a la admiración ante la eficiencia
empresarial, la afición al bilingüismo, los patrones de
gusto por la cinematografía, la familiaridad con las
personalidades de la cultura popular, los hábitos de
higiene, la imagen sobrerrepresentada de la isla en
las pantallas, las letras de las canciones, la presencia
de ídolos cubanos en los halls de la fama deportiva y
las luchas por la igualdad racial, la figura icónica del
Che Guevara como símbolo transcultural, y hasta la
fascinación con Fidel Castro, cuya condición mítica y
legendaria ha ido desplazando a la de némesis de los
Estados Unidos imperante en la Guerra fría. No por
gusto muchos visitantes de la oleada people-to-people
confiesan al llegar a Cuba que «querían visitar la isla
antes de que muriera Castro, y el país se llenara de
McDonalds».
Termino entonces con la séptima área, que Soraya
y Jorge Mario mencionaron: nuestro proceso de
transición en curso, lo que está pasando en Cuba como
factor que impacta dentro de los Estados Unidos, de
una manera que no había ocurrido antes. En efecto,
hubo muchos cambios en Cuba desde los 90, que no
repercutieron sobre la política norteamericana hacia
la isla.
Se avecinan transformaciones de alto impacto
para la sociedad y el sistema cubano en los próximos
tres años. La agenda ya anunciada incluye llevar
a término la descentralización, la actualización
legislativa aún pendiente de los Lineamientos (2011),
la autonomización de los poderes locales, la renovación
del sistema electoral, el balance de un quinquenio con
numerosas tareas inacabadas, la extensión del sector
no estatal, la reforma constitucional, el relevo de la
generación histórica en los puestos clave del Estado
y el Partido. Ahora, gracias al espacio abierto por la
normalización, ese cambiante contexto doméstico
cubano debe irradiar más dentro de los Estados
Unidos.
Por primera vez, en la campaña electoral de 2016,
Cuba no será un tema maltratado por todo el mundo.
Nunca antes ocurrió algo así, desde 1960, cuando
Nixon y Kennedy se enzarzaron en un intercambio
de golpes políticos, en torno a la «tragedia de Cuba»
convertida en «cabeza de playa soviética», y un
candidato demócrata tuvo la oportunidad de decirle,
nada menos que a un halcón republicano, que había
sido débil con el comunismo. Desde entonces, las
campañas electorales han sido fatales para Cuba, así
como para otros países de América Latina y el Caribe.
El año próximo, al menos el candidato demócrata
abogará por la relación y la cooperación con el gobierno
de la isla, mediante un trato diferente al que esta ha
estado acostumbrada en más de medio siglo.
, 2015
La política de los Estados Unidos hacia Cuba: formación, factores y fantasmas
109
CONTRO
A veinte años
de la reforma constitucional
¿Por qué y cómo se adoptó
la reforma constitucional de 1992 en Cuba?
¿Qué modificaciones supuso?
¿Cuáles fueron sus efectos sobre el ordenamiento
de la vida política, económica y social del país?
A poco más de veinte años de aquel proceso,
un jurista, un historiador y un artista,
junto con un público agudo y conocedor,
trascienden la discusión técnico-jurídica
y ofrecen un marco analítico posible
ante las reformas en curso.
Veinte años:
la reforma constitucional
(1992-2012)
Ulises Aquino
Orlando Cruz
Julio César Guanche
Rafael Hernández (moderador)
Rafael Hernández: Hoy sabemos que eso de que «veinte años no es nada» es una bella imagen propia de un
tango, pero no tiene que ver necesariamente con la realidad histórica. Hoy sabemos que
las cosas no son como solían ser, que «si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar»,
no serían «lo mismo que veinte años atrás». ¿Cómo eran las cosas hace veinte años? Estas
tuvieron que ver con el Cuarto Congreso del Partido, en octubre de 1991, uno de cuyos
acuerdos fue proponerle a la Asamblea Nacional la elaboración de una reforma —la cual
se presentó y se aprobó en junio de 1992— a la Constitución de 1976.
Revisando las estadísticas de entonces encontré que en aquella sesión de la Asamblea
Nacional del 10 al 12 de julio de 1992 se produjeron doscientas noventa y seis intervenciones
de diputados, que dieron lugar a correcciones en el texto que se aprobó finalmente. La
reforma constitucional modificó la Constitución de 1976 al suprimir dieciséis de sus
artículos, transformar sesenta y cuatro e introducir trece nuevos; o sea, fue una reforma
bastante profunda y extensa.
Mi primera pregunta al panel es por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional
en 1992.
Julio César Guanche: La reforma ocurrió por una serie de causas relacionadas entre sí, de las cuales mencionaré
solo dos: una, relacionada con el agotamiento del modelo institucional del 76; otra, con
las condiciones socioeconómicas que Cuba tenía a mediados de los 80.
Dicho agotamiento empieza a ser visible apenas a diez años de haberse aprobado la
Constitución. Las promesas del modelo en el 76 eran de mucha entidad; una de ellas era
intensificar la participación directa al permitir un mayor control de la población sobre la
toma de decisiones estatales, y sobre la elección y la actuación de los líderes locales. Otra
era involucrar más a las personas en la toma de decisiones públicas, identificar al individuo
en su medio de convivencia a través de la socialización de valores cooperativos, hacer
emerger liderazgos de base, con poder de convocatoria social, capaces de descentralizar y
desconcentrar el poder estatal.
A mediados de los 80 se empieza a observar el agotamiento de estas promesas.
Comenzaron a descubrirse, criticarse y denunciarse problemas del modelo estatista:
institucionalidad hipercentralizada, persistencia de verticalismo en la toma de decisiones,
designación de cuadros en lugar de elegir los puestos, ausencia de confrontación de
Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 25 de octubre de 2012.
Veinte años:n.la81-82:
reforma
constitucional
(1992-2012)
111-123,
enero-junio
de 2015
111
alternativas en espacios estatales, control social no organizado de la actividad legislativa y
de las labores de gobierno, vigilancia social expresada más como opinión del pueblo que
como cauce institucional de control sobre la actividad de gobierno, y un escaso desarrollo
de los poderes locales y de las formas asociativas de gestión en la ciudadanía.
Pero hubo un tema fundamental que fue el que más visibilizó estos problemas: la
burocracia. El cine de los años 80 lo evidenciaba, así como cuestiones de doble moral;
recordemos Plaff, Se permuta, Techo de vidrio, Alicia en el pueblo de Maravillas. Fidel dio
cuenta de ello, a la altura de 1986, cuando declaró iniciado el Proceso de Rectificación.
Todas estas críticas se recogieron también en el «Llamamiento al Cuarto Congreso del
Partido» en 1990, y finalmente, en el Congreso, al año siguiente.
Aquella crisis se compensó porque los años del 73 al 85 fueron los de más desarrollo y
bienestar económico en la historia cubana después del 59, como resultado de los vínculos
con los soviéticos.
Al mismo tiempo que este modelo institucional generaba agotamiento, había otras
señales que sociólogos cubanos como Mayra Espina llamaron «pro-crisis» y que mostraban
varios elementos de la que se estaba viviendo: decrecimiento de la productividad del
trabajo, estancamiento de la calidad de la producción y de los servicios, y profundización
de la dependencia y el endeudamiento externo de la economía cubana. Además, la
industrialización con eficiencia no se completó con la amplitud que se requería.
En este escenario de insatisfacción por parte de todas las zonas políticas cubanas —el
discurso oficial, el social, la crisis económica, la del modelo institucional, y sumado a ello
la de los 90—, la reforma se convirtió en una necesidad impostergable.
¿Qué se modificó? Más de la mitad de los artículos de la Constitución y la cláusula
de reforma. Esta última es el mecanismo de protección de la Carta Magna, que establece
que puede ser reformada de una manera y no de otras, para proteger el contenido en
ella consagrado. La cláusula del 76 dictaba que se podía reformar la Constitución sin
referendo, si no resultaban afectados tres elementos: si la reforma no era total; si no se
afectaban las atribuciones de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado; y si no se
violentaban los derechos de la ciudadanía. La Asamblea Nacional entendió que lo anterior
no sufría cambios, y modificó la Constitución sin referendo. Ese fue el cómo en esta sesión
de julio de 1992.
¿Qué se reformó? El régimen de la propiedad. Con esta modificación se aprobó la
inversión extranjera; se limitó la propiedad estatal a los medios «fundamentales» de
producción, con lo que indirectamente se dejaba un campo de propiedad en manos
distintas a las del Estado —es decir, en personas naturales—, y con ello, como afirmó en
esa fecha Hugo Azcuy, se creaba técnicamente la figura de propiedad privada ya desde
1992.
También se modificó la base social del Estado tanto como su confesionalidad, al
eliminar el carácter clasista de este, en el sentido de que antes era un Estado de obreros
y campesinos, y al comprometerse entonces «con todos y para el bien de todos» y con la
no discriminación por motivos religiosos, pasó a ser un Estado más amplio en lo social,
y laico.
Otro cambio fue la definición ideológica del Partido. En el 76, este era «la vanguardia
organizada de la clase obrera», y ahora, «el Partido de la nación cubana», como mismo
Martí requería.
Eliminó, a su vez, las referencias a la unidad de poder y al centralismo democrático
como claves de la organización funcional del Estado; exigió elecciones directas para las
Asambleas provinciales y para la nacional —ya las municipales lo eran—; evitó la lista
cerrada de las organizaciones sociales y de masas; eliminó del texto el nombre de estas, lo
que, potencialmente, permitiría crear nuevas concertaciones; abandonó la exclusividad del
Estado en el comercio exterior, y descentralizó su función. Y el octavo punto que quería
mencionar es que estableció, por primera vez desde 1959, el estado de emergencia.
112
Orlando Cruz: Una Carta Magna o Ley de Leyes es un marco jurídico fundamental que no debe ser
cambiado, salvo excepciones. Por eso considero que en el 92 se tomó el camino de reformarla,
U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández
porque, a pesar de que había una cláusula que permitía esa reforma, no se cambió toda la
Constitución. En el panorama nacional e internacional habían aparecido nuevos actores y
existían nuevas condiciones para que se produjera; no solo se trataba de las insuficiencias
de la del 76, se puede enumerar muchas cosas más. El propio Proceso de rectificación
de errores y tendencias negativas había dado lugar a algunos pasos, lamentablemente
cerrados en septiembre de 1990, cuando empezó el Período especial.
En primer lugar, había que consolidar el carácter socialista de la Revolución cubana,
por eso no se tocan los preceptos fundamentales de esa Constitución. Pero sí se hace una
apertura, que ya venía realizándose desde el año 84 en los Foros de energía, y en el 85 y 86
ya tiene el carácter de Proceso de rectificación.
Una Constitución tiene un contexto histórico muy concreto; consolida lo que ya está
establecido, pero, además, permite que las prácticas que se han ido introduciendo sean
tendencias que se puedan consolidar. Al mismo tiempo tiene preceptos intocables, y por
eso se habla, en 2002, de algunos elementos que van a dar un cierre más fuerte al proceso
de reformas del 92.
En este escenario de cambios hay un factor exógeno fundamental: el derrumbe
del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética. Las condiciones externas
para Cuba variaron totalmente. Si después del 59 el país había sustituido toda su base
tecnológica por la del campo socialista, a partir del 91 había que volver a cambiarla,
y por lo tanto, establecer nuevas alianzas a nivel internacional; para ello era necesario
flexibilizar la Constitución. Además, se percibía lo que vendría después: ese Período
especial en tiempos de paz, como se denominó. Había una crisis evidente, que ya en 1994
toca fondo; por lo que las apuestas a que la Revolución cubana podía desaparecer eran
grandes, incluso entre los amigos. Algunos, como Eduardo Galeano, escribieron que
podía establecerse en Cuba hasta un régimen militarista y autoritario con la presencia
de los Estados Unidos. De ahí que esa Constitución tuviera también muy presente el
factor externo. No se podía jugar con ella y de pronto establecer una gran transformación,
sino ciertas vías que flexibilizaran algunos problemas económicos, sociales, y, al mismo
tiempo, consolidar el país.
Como decía Guanche, el documento, que es el que tenemos ahora, no se propuso un
largo plazo. Esas reformas estaban dirigidas, quizás, a una coyuntura muy específica, y en
la que tenía que existir un nuevo marco jurídico para permitir, por ejemplo, inversiones
extranjeras en sectores no fundamentales. El azucarero, el militar, la esfera educacional, la
salud pública, que eran renglones básicos de las conquistas de la Revolución cubana, no
debían ser tocados. Dicha reforma tiene cambios esenciales, pero que no permiten, por
ningún medio, afectar el sistema político en Cuba y sus subsistemas.
Ulises Aquino: Considero que las reformas que se introdujeron en la Constitución en 1992 estuvieron
obligatoriamente marcadas por la caída del campo socialista, por el proceso resultante
de la glasnost y la perestroika; y por el cambio del tejido económico nacional, que se
volcaba en función de buscar otras fuentes de ingresos para la nación, posibilidad que
el anterior texto constitucional inhabilitaba. En esos cambios estructurales que sufrió la
Constitución nunca estuvieron los que necesitaba el ciudadano; es decir, ninguno de los
artículos de la de 1976, ni los de la reforma de 1992, reconocía determinadas libertades
de los ciudadanos, prácticamente obligatorias. Independientemente de eso, sabemos
que durante muchísimos años, la Constitución les había otorgado ciertos derechos que
en realidad no podían ejercer. Por ejemplo, reconocía que los cubanos tenían derecho a
alojarse en los hoteles, a comer en los restaurantes, pero en la práctica no era así; por tanto
la Constitución no resultaba un reflejo de la vida jurídica de la nación.
Ni el texto del 76 ni el del 92 reconocen determinados derechos al ciudadano: el
individuo no tiene personalidad jurídica, continúa siendo un producto de todo el tejido
social. Así, lo que esperaba de la nación con los cambios en la Constitución no se refleja
en las modificaciones de 1992. El propósito de estas era tener la posibilidad de cambiar
rápidamente el tejido económico nacional, y para ello hubo que sacrificar conceptos y
artículos que ya estaban plasmados en la de 1976.
Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
113
114
Rafael Hernández: Ulises ha pasado del prólogo de la ópera al primer acto; se ha adentrado en la segunda
pregunta, que es exactamente: ¿qué efectos tuvieron las reformas del 92 en el funcionamiento
efectivo del sistema, del orden establecido, de su organización económica, de la vida
política del país?, ¿en qué medida se modificó ese orden como resultado de la reforma
constitucional? Me gustaría darles la palabra a aquellos del público que quieran añadir
nuevas preguntas.
Enrique López Oliva:
Yo me voy a referir a la religión. Obviamente, hay una diferencia entre la Constitución del
40, la del 76, y la reforma del 92. La primera, en su Artículo 35 decía: «Es libre la profesión
de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el
respeto a la moral cristiana y el orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el
cual no podrá subvencionar ningún culto».
Por su parte, en la socialista, hay un punto, el Artículo 41, sobre la discriminación, que
dice: «La discriminación por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, está proscrita
y sancionada por la ley». Aquí no hay referencia alguna a las creencias religiosas, que sí
se mencionan en la modificación de la Constitución. Este yo lo considero un elemento
importante.
A finales de los 80 se produce en Cuba una explosión, una efervescencia religiosa que
se extiende a distintos sectores de la sociedad, y que se acrecienta a partir del 89-90 con la
crisis del campo socialista, lo cual, obviamente, va a tener un impacto grande en el campo
religioso, tanto a nivel nacional como internacional. Esto también está influido por las
relaciones con los Estados Unidos, que no se mantienen ajenos al manejo de los asuntos
religiosos; muchas de las iglesias cubanas surgieron de misiones estadounidenses en la
Isla y han tenido una relación histórica, tanto económica como teológica, con sus iglesias
madres en Norteamérica, inclusive en la actualidad.
Ahora bien, ¿qué pasos se van a dar ahora, o en un futuro, sobre este nuevo marco
de relaciones entre la Iglesia y el Estado, desde el punto de vista constitucional?, ¿qué
reformas habría que introducir en la Constitución para crear un marco jurídico al actual
escenario de relaciones en el área religiosa?
Domingo Amuchástegui:
Una pregunta, en particular al doctor Aquino, en relación con lo que él comentaba sobre
la necesidad de proceder a la individualización de los derechos. En una sociedad que está
en plena transformación, ¿qué direcciones, qué tópicos deberán estar reflejados en un
nuevo proyecto constitucional?
Ovidio D’Angelo: Yo no he hecho un estudio comparado de las constituciones, pero por lo que decía
Guanche al principio, parece que la Constitución del 76, por lo menos en todos aquellos
aspectos que tienen que ver con la participación directa y el control de la ciudadanía, era
bastante explícita. Esto, según creo, tiene seguramente que ver con la entrada de Cuba
en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y las relaciones más estrechas con
la Unión Soviética; así como con haber asumido el modelo político y económico del
socialismo real, cuyas consecuencias aún están presentes.
En relación con este punto, me llama la atención el hecho de que se haya planteado, al
menos en la letra, como decía Guanche, un cambio en el estatuto político del Partido, en
las acciones propiamente de dirección de la sociedad. Si se manifiesta que el Estado es de
todos y que el Partido es de la nación cubana, y el Artículo 5 de la Constitución manifiesta
que el Partido es el órgano director fundamental de la sociedad, que está más allá del
alcance del control popular, entonces ¿cómo juega la lista con el billete? Si es un Partido
de la nación, no puede ser solo de los militantes, y tendría que estar abierto a la nación;
esa es una cuestión.
Respecto de lo que decía Ulises de los mecanismos de garantía para el cumplimiento
de los derechos —yo sé que Guanche y otros compañeros lo han tratado bastante—, creo
que aún nos falta mucho por hacer. Guanche, Julio Fernández y otros han planteado el
tema del republicanismo socialista como una alternativa en este sentido; me gustaría que
se abundara sobre eso.
U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández
Finalmente, para cualquier garantía de cumplimiento de estos derechos se requiere una
apertura a la autorganización social constructiva y no a través de los medios verticales,
autoritarios y de control, de manipulación política.
Rafael Hernández: Quisiera reiterarles a los panelistas la pregunta que ya había enunciado: ¿qué efectos
tuvieron las reformas del 92 para los siguientes veinte años?, ¿en qué medida cambiaron
el funcionamiento del sistema, y hasta dónde este cambio fue significativo?
Julio César Guanche: Hubo muchas transformaciones en el orden institucional, y en la esfera económico-social.
En el primero, estas buscaron delimitar Estado, gobierno y administración de justicia,
al separar uno del otro, y potenciar mayor participación desde las bases y los gobiernos
locales. Aquí aparecieron nuevas medidas; por ejemplo, otros requisitos para la elección de
jueces, en busca de dar mayor independencia al poder judicial. Se eliminaron los Comités
Ejecutivos de las Asambleas Provinciales y se crearon los Consejos de Administración.
En un intento de dar más profesionalización y separar Estado de gobierno, se crearon los
Consejos Populares, también para fomentar participación de base y gobierno local, y se
instauraron las Comisiones de Candidatura, que no existían en el 76.
En materia económica y social, los cambios fueron también fundamentales. Se
extendió y se permitió el trabajo por cuenta propia en el sector de los servicios, que ahora
tiene mucho éxito, es decir, mucha prensa, pero está habilitado desde entonces; fueron
autorizados los mercados agropecuarios con libre fijación de precios; se modificaron los
vínculos entre el Estado y las empresas, con aquellos procesos de redimensionamiento y
perfeccionamiento empresarial, que cambiaron la relación Estado-economía; se consagró
constitucionalmente la posibilidad de compartir la propiedad estatal con la inversión
extranjera. Con ello se salvó un problema constitucional que tenía fecha desde el 82 con
el Decreto Ley 50 de inversión extranjera, que no tenía base en la Constitución; la reforma
del 92 vino a resolver esto. Se desarrolló, además, un programa de ajuste fiscal amparado
en tal reforma; y se hizo una Ley Tributaria en el 94, que buscó compartir con el nivel local
el saneamiento de las finanzas.
¿Qué no se modificó esencialmente? Un valor muy presente en la cultura política con
la que se maneja el Estado cubano, que está representado en esta cita: «Las constituciones
son declaraciones de realidades y no poseen carácter constitutivo [...] Deben reflejar la
realidad económico-social cambiante, y partiendo de ella, influir en su transformación».
Esto significa que deben consolidar jurídicamente lo ya existente, esa es una manera de
comprender el uso de la ley y el del Derecho. Es decir, el cambio se produce, se experimenta
como tal, se establecen relaciones de poder y sus distribuciones dentro de él, y la ley solo
vendrá después a justificar, a consagrar lo que ya existe: es una visión adjetiva de la ley.
Hay otra distinta, sustantiva, en la cual su papel es regular el cambio; este no se produce
primero para luego quedar consagrado, sino que tiene lugar cuando se regula por la ley.
Creo que ha prevalecido la primera, lo cual trae varios problemas; entre ellos, que se use
muy poco la Constitución para lo que esta tiene que servir: como regla de derecho para
limitar poderes del Estado; para reivindicar directamente, desde ella misma, derechos
ciudadanos; y como mecanismo de relanzar debates, programas y contenidos de más
libertad, justicia y dignidad, porque se entiende como una declaración de principios, pero
no como algo que sirva para regular permanentemente la vida diaria.
Por otra parte, si bien mencioné los agotamientos que tuvo el modelo del 76, es
hora, veinte años después de las reformas, de evitar el narcisismo con que regularmente
miramos la Constitución y nuestra historia institucional, diciendo que es la más original
y democrática de todas. Hay que ser sinceros y reconocer su origen soviético. En el año 60
se hace la Constitución de Mongolia, así como la de Checoslovaquia, que se reformó en
el 68 y en el 70; la de Rumanía es del 65; la de la RDA, del 68; la de Bulgaria, del 71; la de
Hungría, del 72; la de Yugoslavia, del 74; la de China, de 1975; y la de la URSS, de 1977;
o sea, la nuestra está en el centro de este constitucionalismo de raíz socialista soviética.
Toda la literatura que se estudiaba en la Facultad de Derecho, y que se publicaba en Cuba
en los 60, decía que la nuestra era un modelo ejemplar de ese constitucionalismo.
Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
115
La nuestra, por ejemplo, siguió la lógica de corte soviético de que los derechos
individuales eran cuestiones burguesas; en cambio, los sociales eran los verdaderamente
socialistas. En función de eso, solo el Estado socialista podía hacer el bien; no había
necesidad de habilitar mecanismos de garantía frente a él, porque este nunca haría mal
a sus ciudadanos, con lo cual se disminuye mucho tanto la consagración de derechos
individuales como las garantías de este tipo, y aparece entonces una hiperbolización o un
peso mayor en garantías de tipo social y en derechos sociales.
116
Rafael Hernández: ¿Tú estás afirmando que la reforma del 92 estaba todavía dentro de ese espíritu
constitucionalista soviético, que no lo rebasó?
Julio César Guanche: No, lo que digo es que no se reconoció el origen que tenía y que permanece en determinadas
prácticas, las cuales, aun cuando no se presentan como tales, se han naturalizado y tienen
la influencia de entonces. La reforma del 92 es una gran crítica, una gran impugnación a
aquel constitucionalismo, busca fuentes de pensamiento cubano distintas a las del 76; la
redacción es bastante diferente; abandona principios que eran muy caros a los soviéticos:
unidad de poder, centralismo democrático. En cambio, hay muchas maneras de concebir
la institucionalidad del Estado, la relación entre los poderes públicos, entre partido y
Estado, que vienen de entonces y que no fueron suficientemente superadas, porque no se
asumió su procedencia.
Rafael Hernández: Orlando, ¿qué prácticas posteriores al 92, nuevas en el sistema político, en el orden de
las relaciones sociales y económicas, tú podrías mencionar, si existieran, a partir de la
reforma?
Hay una frase que se utiliza en Cuba: «La Constitución se acata pero no se cumple». Este
no es un problema nacional, sino universal, porque la ley de leyes es general y no cae en
detalles. Para eso están las leyes complementarias, o las directivas.
Ahora bien, en el plano social, lo que decía López Oliva es importante: teníamos
un discurso incoherente en relación con los religiosos en el territorio nacional, y
coherente para el exterior. Se estaba hablando, por parte de la Revolución cubana, de
una unión estratégica de los marxistas con los religiosos; sin embargo, en la Isla no
había entendimiento con ellos, y no era solo con la élite de la Iglesia católica, apostólica
y romana, sino que estábamos fajados con los creyentes de base, que habían dado —y
siguen dando— un apoyo enorme a la Revolución. En ese sentido, la reforma introduce
un elemento nuevo; propicia otro consenso nacional a la Revolución, un nuevo apoyo, en
momento tan decisivo como durante la crisis de los balseros.
Entonces había un sistema de defensa de la Revolución cubana, y se hace de nuevo
énfasis en los derechos y en las potestades sociales. Así aparecen agentes sociales y
cambios económicos a lo largo de los 90. Incluso, en la Constitución se advierte que diez
mil firmas podían propiciar que se discutiera un cambio en la Asamblea Nacional, cosa
que no sucedió cuando se presentó el Proyecto Varela, aunque también en ello hubo
mucha falsedad.
Toda Constitución tiene grandes contradicciones, pero ciertamente la reforma de la
cubana propició cambios: hubo mayor participación democrática, 50% de la Asamblea
Nacional se constituyó con los delegados de base; y el Consejo Popular, que hoy ha
disminuido su peso, introdujo y permitió un eslabón intermedio que, supuestamente,
debía posibilitar que la participación directa del pueblo fuera mejor, más amplia. Pero una
cosa son los deseos y otra lo que sucede en la práctica. Un alto dirigente de la Revolución
me dijo: «Si nosotros cumpliéramos todo lo que está establecido en el Poder Popular,
esto funcionaría perfectamente». La Asamblea Nacional es un régimen parlamentario
fuerte, puede hasta revocar al presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, el poder
ejecutivo domina esa Asamblea, y por la ley debe ser al contrario. Lo mismo sucede con los
delegados de base, y ¿a cuántos hemos revocado en la base? Los mecanismos establecidos
para instrumentar esto existen, y no se utilizan.
En cuanto al sistema del Poder Popular, el de Cuba difiere de los soviets y de los
del campo socialista; es más democrático aunque no lo hacemos funcionar así. Allá te
seleccionaban; aquí tú puedes decidir entre varios candidatos.
Orlando Cruz: U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández
En relación con el Partido, tenemos que defender la unidad de este país. El Partido
es un elemento rector; pero no es todavía el Partido de la nación cubana; no todos se
ven representados en él. Ese es otro problema que resolver, porque no se trata de una
vanguardia iluminada o proclamada, sino de una que se gana en la práctica.
Cuba tiene tantas leyes que a veces se contradicen entre ellas. Aun así no tenemos todo
legislado; por ejemplo, la ley del comercio vigente data de la colonia. Hay cosas que es
necesario cambiar, este es un problema de mentalidad.
Considero que ha habido grandes modificaciones, aunque a veces no se perciben. La
mecánica, en los años 90, era de supervivencia cotidiana; lamentablemente había cosas
que se decidían de forma centralizada, porque estaba en juego el destino del país. No
había dinero ni para pagar un barco de petróleo que estaba en el puerto, y había muchos
problemas reales para mantener la economía y la electrificación, todo lo cual acota y
sesga esa reforma constitucional de los 90; por eso todo tiene que verse en un contexto
histórico, y el nuestro, entonces, era que por poco el país se hunde en el mar.
Rafael Hernández: ¿En qué medida se hace necesaria una nueva reforma constitucional y la Constitución
tiene un papel que desempeñar dentro del cambio político? ¿En qué consiste ese papel
y en qué áreas específicas debe modificarse la Constitución? ¿Qué hacer ahora respecto
a ella? Formulo estas preguntas para que el panel las conteste luego, pero quiero darle la
oportunidad de referirse al tema a los que han pedido la palabra.
Rosa Álvarez: Es lógico que en este presente haya que hacer reformas, por ejemplo, en nuestro sistema
electoral, así como en los mecanismos de participación activa del ciudadano. El concepto
de participación está un poco diluido: participar no es asistir, levantar la mano; sino
construir, crear políticas en conjunto.
Mi preocupación desde el punto de vista de una educadora es si existen políticas
educacionales dirigidas a crear un ciudadano que tenga una participación activa en la
política de su país, en la construcción de la nación que deseamos. Y me respondo a mí
misma que no, no estamos creando ese individuo.
Amalia Pérez: Creo que un asunto que quedó pendiente en la reforma del 92 —algo que decía Juan
Escalona ese año y que se publicó en la Revista Jurídica— es el perfeccionamiento de los
órganos del Poder Popular. Escalona proponía que se perfeccionara la función legislativa
de la Asamblea. Entonces había una práctica reiterada de regular relaciones jurídicas
de importancia económico-social que debían ser controladas a través de ley, y se hacía
mediante decretos-leyes, que es la norma que dicta el Consejo de Estado.
En este sentido, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente se hizo un
estudio sobre unas ochenta reservas que la Constitución hace diciendo que son contenidos
importantes del proyecto revolucionario que deben ser desarrollados y complementados
por la Asamblea. El estudio ofrece un porcentaje de las veces que eso se ha cumplido: la
mayoría no ha sido implementada por la Asamblea, sino por el Consejo de Estado.
Por ejemplo, la reciente reforma de la política migratoria es un Decreto Ley, el 306,
lo cual implica que la cantidad de decretos-leyes es casi tres veces la de leyes que hay
dictadas desde el año 76, que son 113.
Otro asunto que ha sido una práctica reiterada, es que, por ejemplo, la reforma
migratoria modifica una ley. ¿Eso qué implica? Que la reforma no se hizo por la Asamblea,
que no se discutió cuáles eran los cambios necesarios a la política migratoria; ese al final
es el resultado.
Mi pregunta sería: ¿Estas cosas afectan la centralidad legislativa de la Asamblea? Para
mí afectan, además, la Constitución, que dice que la Asamblea es el órgano supremo de
poder del Estado, el único órgano con potestad constituyente y legislativa.
Raúl Garcés: En el número de la revista Temas dedicado a «Democracia y sociedad», hay un artículo
de Guanche en torno a la participación ciudadana en el Estado, que hace referencia a la
tradición de nuevos constitucionalismos latinoamericanos y a determinadas tendencias
en términos de control a los representantes, de promoción de la participación; habla de
maneras de promover la comunicación, e incluso de los medios de comunicación en el
Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
117
ejercicio del empoderamiento en Bolivia, Venezuela, Ecuador. Si nosotros formamos parte
del ALBA, ¿qué influencias tiene ese entorno sobre el Derecho cubano actual? ¿Pudiera
el espíritu de las nuevas reformas constitucionales ser heredero también de una tradición
democrática extraordinaria que está emergiendo en América Latina y expresándose en
términos constitucionales?
Olga Fernández: Quiero apuntar algunas ideas que me parecen importantes para el debate. Primero, quizás
por una deformación profesional, creo que estamos obligados a incluir este análisis en
el contexto del complejo proceso de la transición socialista en un país subdesarrollado.
Segundo, yo, sin ser jurista, incluyo, como parte de dicho proceso, el de la reforma
constitucional, e incluso considero que hablar de nuevas reformas no es alocado, como no
lo es hablar de una nueva constitución que respete el carácter socialista de la Revolución.
Simpatizo con la idea que Guanche apuntaba de las raíces de esta Constitución, de los
puntos importantes de las reformas, del agotamiento del modelo anterior.
Independientemente de que fue acelerada por la crisis resultante del derrumbe del
campo socialista, la Constitución reformada, aunque tiene limitaciones, se parece más
a los cubanos, a nuestras tradiciones, no solo en lenguaje sino en algunos conceptos.
Aquí hay un mayor apego a la tradición marxista cubana, al vínculo de ese marxismo
con el pensamiento desarrollado en el proceso de gestación de la República, y de todo
el posterior. En la Constitución se rescata el concepto de pueblo, de trabajadores; se
elimina el de dictadura del proletariado, al cual le reconozco un valor histórico y teórico
extraordinario, pero sabemos las implicaciones políticas que tiene. Esta Constitución fue
capaz de revalorizar temas que tienen que ver con ese concepto, y que son actuales, porque
la Revolución cubana demostró su viabilidad a partir de un sujeto plural, no de una clase
en particular, y ese es el concepto de pueblo de Fidel.
Al respecto, se abre más el tema de la independencia de las organizaciones de masa.
En la Constitución del 76 se hablaba de atributos estatales; en la reforma se buscan otros
mecanismos un poco más abiertos, incluso también con la UJC. Y hay cuestiones muy
importantes en términos de familia y de educación: se rescata el concepto de la familia
como célula fundamental de la sociedad, con atributos educacionales y culturales.
Por último, me gustaría que se profundizara un poco en la connotación de la eliminación
explícita de la unidad de poderes.
Ailynn Torres: Voy a formular dos preguntas muy concretas. La primera está muy relacionada con la que
hacía Garcés. Como se ha dicho, la Constitución del 76 compartía la inspiración soviética
y ahora se está pensando en las demandas y los desafíos constitucionales para Cuba en
un contexto latinoamericano, con muchos cambios, muy novedosos y necesarios para
América Latina y también para Cuba. La pregunta sería: ¿qué podemos aprender desde
Cuba de los nuevos constitucionalismos en América Latina?
Mi segunda interrogante es hasta qué punto el panel considera pertinente que lo
necesario en Cuba no es una reforma constitucional, sino una asamblea constituyente
popular que amplíe los alcances de esos desafíos constitucionales.
Ovidio D’Angelo: Todos, de alguna manera, hemos sido partícipes de la construcción de los modelos de los
años 70 y los 80, le doy la razón en eso a Orlando. Ahora, si seguimos con los espejuelos de
entonces, valorando la misma situación, estamos perdidos. De ahí que la pregunta que le
devuelvo a Orlando sea la siguiente: ¿por qué no funcionan los mecanismos relacionados
con los delegados y los Consejos populares, muchos de los cuales están supuestamente en
la letra, aunque hay otros que no están? Una cosa es lo legislado y otra los mecanismos
reales de poder que se ejercen a través de las estructuras verticales de la sociedad por
encima de los gobiernos, y de los Consejos.
Ernesto Abel López: Hoy se habla más claramente de la crisis de institucionalidad que nos asiste, que no es
nueva; y en el centro de ella está justamente el estado del Derecho —no el Estado de
derecho. Un gran problema, se ha dicho aquí ya, es el de la conexión que debe haber, y
tal cual se da, entre la Constitución, como Ley de leyes y el resto de las regulaciones. La
profesora que nos antecedió ilustró muy bien su preocupación a este respecto. Entonces,
118
U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández
¿cómo lograr, si hablamos de posibles reformas, que se reconstruya esa relación? Está
claro que hay una gran diferencia, un tramo inmenso entre esa gran Ley de leyes y los
otros cuerpos jurídicos, pero se supone que nuestra Constitución, la de nuestra sociedad,
debe ser distinta, debe funcionar de otra manera en términos de participación.
Hay una arista del análisis que tiene que ver con el diseño y la ejecución de las políticas
públicas. Una política de este tipo es un bien público; entonces ¿cómo diseñarlo si no con
participación pública? Se sabe cuán poco hacen nuestros centros de investigación en el
diseño de políticas culturales, educacionales, a pesar de que los haya con una experticia
tremenda; y ese es el primer sesgo a la participación.
El carácter emergente de nuestras políticas públicas, la falta de luz larga, de pensamiento
prospectivo, nos ha marcado muchísimo. Toda reforma tiene que llegar a eso, a tocar los
presupuestos fundamentales de la manera en que se hace la Constitución, porque esta es,
ciertamente, el sistema de declaraciones de principios que encuadra todo lo demás, pero
tiene que serlo de facto.
Rafael Hernández: Antes de devolverle la palabra al panel, quisiera hacer un comentario que me suscita la muy
interesante intervención de Amalia, y lo voy a hacer desde el punto de vista del abogado
del diablo. Desde esa perspectiva, reformularía su pregunta de la manera siguiente: ¿no
es lógico que las reformas en un sistema autoritario se generen en un estilo autoritario?
Pensar que un animal autoritario se va a autotransformar utilizando un estilo que le es
ajeno, sería medio raro, ¿no?
Quiero brevemente aclarar dos puntos. Cuando se menciona la palabra revolución, se
habla de un proceso histórico; el propio término implica la necesidad de movimiento
y evolución constantes; por tanto, lo que ocurre con la Constitución, a mi modo de ver,
pertenece más a los conservadores que a los revolucionarios.
Nosotros no debimos haber ido a buscar las constituciones estalinistas, que no
pertenecían a una identidad como la que habíamos cultivado desde la Asamblea
Constituyente de Jimaguayú, desde las acciones del 18 y de la Constitución del 40.
Teníamos que haber modificado todo lo que este último texto no hacía del obrero, del
trabajador, del proletario, lo que necesitaba la sociedad en su momento.
El Artículo 1 de nuestra Constitución actual reza: «Cuba es un Estado socialista de
trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos».
El 1 de la del 40 dice: «Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como
República unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social,
el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana». El quinto artículo de la
actual es: «El Partido Comunista de Cuba, martiano, marxista y leninista, vanguardia
organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y
del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista», y aquí me quiero
detener, una vez que enuncie el Artículo 2 de la del 40: «La soberanía reside en el pueblo
y de esta dimanan todos los poderes públicos»; por tanto, la actual coloca al Partido
Comunista por encima del pueblo, por encima de la sociedad. ¿Quién es ese Partido,
quién es esa figura? He ahí la contradicción que a mí me asiste; si tuviéramos un partido
plural, aunque fuera único, sería uno participativo, con todas las fuerzas sociales; pero
uno excluyente —porque para ser militante históricamente se ha necesitado tener
determinados valores conceptuales, éticos, políticos—, no puede ser único, pues no
representaría la sociedad cubana en pleno, sino a los militantes de ese partido. A mi
juicio, como ciudadano, el poder tiene que emanar del pueblo hacia el Partido; ese es el
primer concepto que la Constitución tiene que aclarar. No tengo absolutamente nada
en contra de nuestro Partido, pero creo que debería ser plural; si va a ser uno, en él
tienen que poder participar todos los que tienen intereses estéticos, políticos, artísticos,
educacionales, en nuestra sociedad. No es posible construir una clase política vitalicia
sobre los preceptos estalinistas de esa Constitución de 1976, que nos mantienen a una
distancia diametral de lo que ocurre desde el punto de vista del derecho en todos los
lugares del mundo.
Ulises Aquino: Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
119
Con respecto a la sociedad y a qué cambios debieran ocurrir, alguien preguntaba sobre los
derechos individuales. Pienso que para ser soberanos como nación es obligatorio serlo como
individuo. Lo primero no es posible sin lo segundo. Desgraciadamente, por circunstancias
políticas, por contextos históricos, hemos perdido nuestra soberanía individual, y hemos
hecho muy poco por recuperarla. Cuando me refiero al derecho individual hablo del que
tiene el ciudadano de escoger, de elegir, no a los derechos que imbrican a la sociedad en su
conjunto; para los generales existen los mecanismos ya sea por consenso, por votación, por
elección.
Por último, quiero acotar que Cuba, antes de 1959, no era el país que queríamos, y por
eso hicimos una Revolución que nos ha llevado a nuestros días. Todos los cubanos somos
partícipes de ella, y tenemos derecho a hacerle tantos cambios como necesite para que
siga siendo Revolución.
120
Orlando Cruz: En relación con algunas reflexiones que se han hecho sobre el totalitarismo, pienso que
ese verticalismo establecido, donde las redes horizontales prácticamente no funcionan,
no permite el empoderamiento popular. Si la mentalidad de los que están dirigiendo no
cambia en ese sentido, cómo sucederá lo otro; si no hay empoderamiento popular,
no hay realidad, participación, y no hay socialismo. No juguemos con los términos, el
socialismo es democrático o no es socialismo. Por lo tanto, haría falta una mirada no
solo a los procesos que están ocurriendo en América Latina, sin duda interesantes. En
el caso nuestro tenemos que ganar experiencia de esas prácticas populares, que por vías
reformistas y evolucionistas tratan de destronar al capitalismo. En Cuba hoy se están
formando redes subjetivas, de movimientos sociales que se están quedando fuera de la
mirada de las instituciones y organizaciones políticas, y no es un riesgo, sino una ventaja
si aprovechamos esa oportunidad para fortalecer nuestro sistema, para impulsar lo que
la propia dirigencia de la Revolución está diciendo que hay que impulsar: un cambio de
todo lo que debe ser cambiado.
En los países del ALBA, y en otros, hay redes sociales importantísimas, movimientos
políticos y sociales, que, aunque no están articulados, están dando grandes pasos.
La educación popular de Paulo Freire en Brasil, que se está aplicando en América
Latina, permitiría en Cuba formar ese ciudadano participativo; o sea, no es necesario
inventar nada, sino crear nuestras propias condiciones. Podemos recuperar parte de la
pedagogía cubana, la anterior, no esta que destruimos y que ya casi no existe, y ajustarla
a los condicionamientos de América Latina y otras partes, y formar ese ciudadano. El
ciudadano se hace, pero se construye él mismo también. En Cuba se ha perdido la noción
del término, a tal punto que el único que lo utiliza para referirse a nosotros es la policía:
«Ciudadano, venga acá, deme el carnet de identidad», y la gente se pone brava.
Por otra parte, la división de poderes, esa de Montesquieu, aunque no lo queramos,
funciona en nuestro país, a pesar de que en lugar de la triada esté el Partido. István
Mészáros, el marxista húngaro, decía que el capitalismo es tan potente, tan dominante,
que su lógica se reproduce en los sistemas precapitalistas e inclusive en los socialistas; eso
pasó en la Unión Soviética y está pasando aquí. Este país se hizo para que el poder fuera
popular, y todavía falta para que lo sea, por lo tanto aquí hay una distorsión.
Roberto Fernández Retamar habla de un «subdesarrollo subdesarrollante». Aquí
reproducimos el subdesarrollo, porque es nuestra forma de pensar. Y tenemos dos
paradigmas, uno europeo-centrista-norteamericano metido aquí, otro proveniente del
modelo soviético. Y para lograr algo tenemos que pensar por cabeza propia.
El ejercicio que ha hecho Ulises es válido, pero la Constitución del 40 no nos sirve
ya más que como un referente para una analogía, porque siempre fue letra muerta, y la
utilizaron y la violaron cuantas veces quisieron. Yo creo, como dice Ulises, que la del 76,
aunque con otro lenguaje, también recupera, y por eso Olguita opina que la del 92 se
acerca un poco más a nosotros.
Ahora, nosotros, que estamos en este país, tenemos que propiciar ese cambio desde
un empoderamiento de lo popular y no esperar desde arriba todo, sino empujar desde
abajo. Esas prácticas verticales siempre van a existir; el poder del Estado es fortísimo, y
no puede, como expresó Marx, desaparecer mañana, porque tiene funciones que cumplir,
U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández
de defensa de las fronteras. Por mucha ALBA que haya, y mucha solidaridad, todo el
mundo defiende el pedacito de tierra donde nace. Martí dijo: «Patria es humanidad»,
pero a continuación añadió que es «el pedazo de humanidad donde nacimos». Por lo
tanto, sin copiar de nuevo, tenemos que mirar de cerca esas prácticas de América Latina,
de los movimientos sociales, lo que se están cuestionando algunos de estos gobiernos
populares.
Ello es parte de la riqueza del debate. Nosotros tenemos un país uniétnico, aunque sea
de riqueza cultural variada, y racialmente plural; y tenemos que lograr que el Partido sea
también plural en todo el sentido del término.
Julio César Guanche: «Se acata, pero no se cumple»; todos sabemos que eso viene de la colonia, siglos atrás. Y
no es algo anecdótico; en ello reside un problema grave de legitimidad que significa la
diferencia entre ley y práctica política, que hay que recortar hasta eliminar. La distancia
supone ilegitimidad del comportamiento político; mientras más se recorte esa distancia
más legítimo será su comportamiento público, estatal, gubernamental.
Respecto a lo que dijo Ulises, no entendí bien lo referente a los conservadores y los
revolucionarios, pero creo que hay una mala prensa sobre el derecho, como cuestión de
los conservadores. Históricamente someter el poder al derecho ha sido una demanda
revolucionaria.
Lo que decía Olga sobre un proceso de transición me parece fundamental. Es en
ese sentido que habría que discutir, como si estuviésemos en un proceso de transición,
práctica que se ha perdido en el debate intelectual y político cubano.
En relación con lo que dijo Amalia, la diferencia entre ley y decreto es capital;
no solo es jurídica, sino profundamente política. El sujeto de la ley es el soberano, el
pueblo, que se expresa a través de ella; y el del Decreto es el gobierno, un instrumento
de la soberanía. Mantener esa distinción es conservar la separación entre soberanía y
gobierno; la soberanía se expresa como ley y el gobierno no tiene más opción que ejecutar.
La ley respecto al decreto tiene tres ventajas principales: una, se delibera, se debate en la
Asamblea; en ese debate se representan intereses diferentes que deberían estar presentes
en un órgano asambleario; y, por último, circulan liderazgos, que es fundamental para una
comprensión democrática que supone circulación y distribución de poder. Todo lo que se
haga por decreto contra la ley va contra estos tres valores: la deliberación, la circulación
de liderazgo y la representación de intereses.
El estudio de Santiago de Cuba que menciona Amalia habla de ochenta reservas de
ley y de sesenta y seis cubiertas mediante instrumentos inferiores en jerarquía a la ley.
Hacer que muchas de estas cuestiones estén reservadas de la ley, significa no solo hacer
más leyes, sino reformular el funcionamiento de la Asamblea y la calidad de su debate, así
como el tiempo en que se reúne. En cuatro días al año de sesiones ordinarias es imposible
lograr las leyes necesarias. Eso arrastra una cantidad de redimensionamientos del sistema
que tendrían que estar encadenados uno con el otro.
Sobre la unidad de poder, este término es algo distinto de la representación de ese
poder. Carlos Marx decía: «No se puede confundir el azúcar con el precio del azúcar». La
unidad de poder está en el soberano, el pueblo; se representa de modo múltiple, y por eso
puede haber separación de funciones y de poderes, aun cuando hay unidad de poder. Eso
es lo que hace, por ejemplo, Ecuador, que llama funciones públicas a lo que para otros son
los poderes públicos; se sigue conservando la unidad de poder pero se representa de un
modo múltiple. Lo que no se puede hacer es un único poder representado de una única
manera. Ello conduce a su concentración absoluta, lo que, por ejemplo, se vio en la Unión
Soviética y se ha visto también en el escenario cubano.
La defensa de los derechos individuales y las garantías es, para mí, fundamental. El
catálogo de derechos del 76 era amplio para el momento; en él están todos los reconocidos
por Naciones Unidas. Actualmente está muy desactualizado respecto a los existentes en
el mundo contemporáneo, en relación con las garantías para los derechos individuales y
para los sociales, y para aquellos de tercera y cuarta generación. Pero actualizarlo implica
varias cosas; una de ellas es pensar de otra manera el tema de los derechos. Nosotros
participamos de la tradición estalinista y soviética de la separación de estos: unos eran los
Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
121
burgueses y los otros, los socialistas. No hay derechos burgueses, sino un uso burgués de
ellos, que los limita, los vacía y los formaliza, pero todos los derechos son necesarios para
la democracia y para el socialismo.
Quiero leer algo sobre los derechos en Cuba, que pertenece a una tradición que se ha
perdido completamente. La Fraternidad Masónica Gran Oriente de Cuba y Las Antillas,
aquella que formó el pensamiento de Maceo y el del 68 independentista cubano, defendía:
«la libertad del linaje humano, la de pensamiento, la de examen, la religiosa, la personal, la
política, la de reunirse, la soberanía de las naciones, la libertad de imprenta, la de cambio
de moneda, el habeas corpus, el juicio por jurado, y la igualdad social». Esto es del año
1860.
Carlos Manuel de Céspedes defendía clara y explícitamente el sufragio universal, el
gobierno elegido por el pueblo, la enseñanza laica, el derecho al levantamiento armado en
defensa de la patria; lo mismo que Ignacio Agramonte y que Antonio Maceo. Este último
abogaba por la «democracia republicana, la libertad de conciencia, la libertad de prensa,
la tolerancia política y religiosa, y un Estado laico». Eso desapareció por completo de la
argumentación sobre los derechos en nuestro pensamiento político y constitucional, y eso
hay que unirlo y calzarlo a toda la práctica del siglo xx, que también contribuyó a esto.
Respecto al nuevo constitucionalismo, hay que mirar al mundo entero y específicamente
al entorno histórico, político, geográfico, donde uno está más inserto, porque la cultura
es una herencia común, y como mismo reivindicamos la Atenas de hace dos mil años,
y la historia del siglo xix, no tendremos ningún obstáculo en reivindicar historias que
también puedan servir para lo que necesitamos defender.
Ecuador, Bolivia y Venezuela, y antes Colombia y Brasil, han hecho las constituciones
que se conocen como «nuevo constitucionalismo latinoamericano», han apostado por un
socialismo que califican de Estado constitucional de derecho. Lo han hecho en un escenario
de completa beligerancia contra esos procesos, y han armado la defensa de esa versión
del socialismo al mismo tiempo que proclaman un Estado constitucional de derecho.
Ello significa una relación completamente diferente entre socialismo y democracia, y una
negación de toda la tradición socialista del siglo xx, que jamás pensó el socialismo en
términos de Estado de derecho, mucho menos de Estado constitucional de derecho.
¿Hace falta una nueva Constitución? Sí. ¿Hace falta una Asamblea Constituyente? Por
supuesto, por razones que son quizás obvias con todo lo que aquí se ha dicho.
En relación con la necesidad de reformular la esfera económica, desde el año 1991
el Partido no se pronuncia sobre el Poder Popular; que tiene que ser reformado en
profundidad. Hay muchos temas que están en la Constitución, o no están, que habría
que enfatizar; por ejemplo, el del control constitucional; el mecanismo existente no se ha
usado desde el 76, o sea, hay que elaborarlo completo, hay que buscar otras maneras de
colegislación entre la ciudadanía y el Estado, para que la participación no se confunda
con asistencia, sino que sea intervención, codecisión, en función de la soberanía del
ciudadano.
El texto del 92 establece que una reforma solo puede ser activada por la Asamblea
Nacional. Uno de los cambios necesarios es que el primero con derecho de reformar la
Constitución es el ciudadano, una cifra cualificada de ellos, porque de lo que se trata es de
concentrar en el soberano, que es el pueblo, la capacidad primera de cambiar el sistema
institucional que tiene para sí mismo.
La reticencia a esta idea supone que la democracia le hace daño al socialismo, y
declara inútil la democracia y el socialismo; y creo que la única manera de defenderlo es
profundizar la democracia en Cuba.
Rafael Hernández: 122
Este panel ha sido bueno porque las intervenciones han sido diversas, y eso es lo que hace
posible una diferencia de potencial, como diría un físico, que permite un arco de luz para
ver mejor, porque si todo el mundo está de acuerdo, no hay luz.
Muchos de los temas tratados tienen que ver con la cuestión de la cultura política.
José Martí, que bebió del liberalismo y también de los masónicos, ¿no luchaba contra el
autoritarismo?, ¿no son todas las cartas y los debates internos del Partido Revolucionario
Cubano el enfrentamiento de las ideas democrático-liberales y el de las corrientes
U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández
autoritarias dentro de las filas de la revolución? ¿La deliberación es relevante?, ¿lo es la que
tiene lugar dentro de la Asamblea Nacional o también, y en mayor medida, la que ocurre
en la esfera pública? ¿Una decisión sobre la Ley migratoria no tiene como antecedente la
deliberación en la esfera pública? Esa y muchas otras preguntas podrían incorporarse a la
discusión y podrían hacernos transitar hacia otro tema. Los panelistas nos han ayudado
mucho a esquivar los peligros que una discusión como esta tiene si la reducimos a los
aspectos técnicos-jurídicos.
Agradezco a los panelistas y a todos los que intervinieron. Este ha sido un debate
interesante sobre un tema que seguramente enriquecerá, desde la esfera pública, la
cuestión clave del papel de la ley en la construcción de un nuevo modelo socialista.
Participantes:
Ulises Aquino: Cantante. Director de la compañía Ópera de la Calle.
Orlando Cruz: Historiador e investigador. Instituto de Filosofía.
Julio César Guanche: Jurista e investigador.
Rafael Hernández: Politólogo. Director de la revista Temas.
, 2015
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Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
123
ENTRETEMAS
La sección Entretemas analiza críticamente
algunos modelos socialistas del siglo xx,
su difícil inserción en el sistema internacional
de la Guerra fría, el sentido de sus políticas
de comunicación, y el papel de periodistas
y sociólogos en su desarrollo.
El primer texto, Premio Temas de Ensayo 2014
en ciencias sociales, analiza la política cultural
y de medios de difusión cubanas, y preconiza
la participación de especialistas y ciudadanos
en el nuevo modelo.
El segundo, Premio Temas 2014 en estudios
sobre arte y literatura, examina la evolución
literaria e ideológica del periodista y narrador
argentino Rodolfo Walsh.
El tercer ensayo recupera la obra del sociólogo
norteamericano C. Wright Mills (1917-1962),
en particular la dedicada a la naciente
Revolución cubana, en medio
del enfrentamiento entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética.
La sección cierra con un estudio
sobre la economía soviética,
y sus políticas hacia el sistema-mundo.
Premio Temas de Ensayo 2014 (Ciencias sociales)
Políticas nacionales
de comunicación
en el nuevo modelo cubano
Rafael Ángel Salazar Martínez
y colaboradores
Centro Universitario Municipal de Mayarí, Holguín.
Todo lo que tocan los hombres se convierte en una
mezcla de bueno y malo [...] tal vez Marx no pensó
que también eran hombres aquellos que luego iban a
administrar el comu­nismo.
Jostein Gaarder, El mundo de Sofía
C
uando se termina de leer los Lineamientos
de la Política Económica y Social del Partido
y la Revolución, plataforma programática
para la actualización del modelo económico
cubano, se nota la ausencia de una política dedicada
a la comunicación social y su papel en este proceso.
Únicamente el Lineamiento 254 se refiere a ella de la
siguiente forma: «Proyectar el sistema educativo y los
medios de difusión masiva en función de profundizar
en la calidad e integralidad de la política enfocada al
ahorro y al uso eficiente y sustentable de la energía»
(Partido Comunista de Cuba (PCC), 2011: 27).
Resalta aquí no solo el carácter limitado y, por
demás, compartido de la función asignada, sino el
enfoque difusionista empleado, lo cual presupone
la comprensión del proceso de comunicación en
un solo sentido (Medina, 2000), propio de modelos
conceptualmente superados.
Los acontecimientos posteriores a abril de 2011
—mes en que fueron aprobados los Lineamientos por
el VI Congreso del PCC—, han demostrado que su
implementación requiere, más allá del imprescindible
acompañamiento informativo inherente a toda
actividad social compleja y prolongada, la formulación
de una política que coloque a la comunicación misma
en el centro de las transformaciones que vive la
sociedad cubana.
En esta dirección parece encaminarse el gobierno
cubano con los pasos que ha venido dando. Marino
Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación
de los Lineamientos, se refirió a ello en las conclusiones
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la VII
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, celebrada el 7 de julio del 2013: «Se constituyó
el grupo temporal para la elaboración de la propuesta
de política comunicacional del gobierno» (PCC,
2013: 12); Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer
vicepresidente cubano, también lo hizo durante el
IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba,
celebrado los días 13 y 14 de julio del 2013, cuando
precisó que desde abril de ese mismo año trabaja
una Comisión del Buró Político en una propuesta de
política comunicacional para el Gobierno y el Estado
(Díaz-Canel Bermúdez, 2013).
Ahora bien, mientras aparecen los primeros
resultados, el impasse resulta propicio para realizar
algunas precisiones sobre aquellos aspectos que, a
nuestro juicio, deberán ser tenidos en cuenta a la hora
de diseñar una Política Nacional de Comunicación
(PNC), en el contexto del nuevo modelo económico
cubano.
Colaboradores: Rafael Ángel Salazar Diez, Félix Antonio Cabrera
Martínez, investigadores de la Estación Integral de Investigaciones
de la Montaña, en Mayarí, y Yordanka Ramírez Aguilar y Ángel Juan
Otero Méndez, profesores e investigadores del Centro Universitario
Municipal de Mayarí, en Holguín.
Políticas nacionales de comunicación
en el nuevo
modelodecubano
n. 81-82: 125-132,
enero-junio
2015
125
Coordenadas históricas
La génesis de las PNC se encuentra en los intensos
y agudos debates que durante la década de los 70
libraron los países del Tercer Mundo en la UNESCO,
en una infructuosa batalla por implantar un Nuevo
Orden Mundial de la Información y la Comunicación
(NOMIC). En 1970, la Conferencia General de este
organismo acordó un programa de ayuda a los Estados
miembros para formular sus «políticas nacionales de
comunicación, y ya para 1972 se organizaba en París la
primera reunión de expertos en este ámbito» (Beltrán,
1976).
Nuestra región, América Latina, fue particularmente
activa en el empeño de formular e implementar PNC
ajustadas a la realidad de los países que la integran.
Las condiciones se revelaban particularmente
propicias. Primero, el fracaso del modelo de difusión
de innovaciones, que formulado en 1962 por Everett
Rogers, sociólogo rural norteamericano, fue asumido
como complemento comunicacional del modelo de
desarrollo económico que la Organización de Estados
Americanos (OEA), siguiendo los postulados de
W. W. Rostov, elevó al rango de doctrina oficial durante
esta década, y que concebía el desarrollo como «el
resultado de una transferencia de recursos de capital
y de tecnología desde la Metrópoli hacia los países
latinoamericanos» (García, 1980; 247). Segundo, la
necesidad de construir un paradigma comunicacional
propio, que brindara respuesta al desarrollo integral
de nuestros países, y fuera «capaz de trazar un
camino autónomo frente al poder coaligado de las
transnacionales y de las asociaciones interamericanas
de propietarios de medios» (270), cuyos intereses de
clase resultaban ajenos a las legítimas aspiraciones de
las amplias mayorías. Y tercero, el hecho de contar con
una escuela latinoamericana de investigadores sobre
comunicación que, portadora de un pensamiento
crítico y autóctono, «realizó aportes cruciales» a la
conceptualización de tales políticas. Al boliviano Luis
Ramiro Beltrán, una de sus voces más destacadas, le
correspondió proponer, en París, a finales de 1971, la
siguiente definición:
Una política nacional de comunicación es un conjunto
integrado, explícito y duradero de políticas parciales de
comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de
principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las
instituciones especializadas en el manejo del proceso
general de comunicación de un país. (Beltrán, 2005:
17)
En 1974, la UNESCO organizó en Bogotá la primera
reunión regional de expertos en el tema, cuyo informe
final serviría de plataforma para las deliberaciones de la
Primera Conferencia Intergubernamental sobre PNC,
celebrada en San José de Costa Rica en 1976, con la
126
Rafael Ángel Salazar Martínez y colaboradores
presencia de representantes de veinte países de América
Latina y el Caribe; cita en la que participó por Cuba el
profesor Enrique González Manet. Los participantes
en San José hicieron treinta recomendaciones a los
países de la región, orientadas en cuatro direcciones
(García, 1980: 269):
1. que formularan o establecieran sus políticas al
servicio de programas de desarrollo orientados hacia
el cambio social;
2. que incluyeran entre los objetivos específicos de
sus políticas la eliminación de las relaciones de
dependencia que afectan a la mayoría de los países
de la región;
3. que se orientara la acción estatal hacia la eliminación
de la concentración de la propiedad sobre los medios
de comunicación masiva y de la consiguiente
centralización geográfica;
4. que se dirigiera la acción del Estado hacia el reajuste
de las funciones de la comunicación masiva en
relación con los objetivos del desarrollo integral.
Como era de esperarse, semejantes propuestas
contaron con la reacción de los grandes propietarios de
medios, que organizados en la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) y la Asociación Interamericana
de Radio Difusión (AIR), las hicieron blanco de
sus ataques, acusándolas de introducir modelos
«estatizantes» y «socializantes» de comunicación.
Finalmente, el poder de estos llegó a «acobardar a
los gobiernos de la región» (Capriles, S/: 12), lo que
hizo abortar, incluso, el tímido intento del presidente
Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, de dotar al Consejo
Nacional de Cultura (CONAC) con amplias facultades
en el campo de las comunicaciones; pálido reflejo de
anteriores e igualmente malogradas experiencias como
las de Perú (1968-1975) y Chile (1970-1973), países en
los que, respectivamente,
los decretos leyes del régimen del General Velasco
Alvarado respecto a la socialización de la prensa y la
radiodifusión recorrieron el continente, y la política
del presidente Salvador Allende frente a los medios
de comunicación fue noticia en la prensa mundial.
(Schenkel, 1981: 15)
El carácter de letra muerta que tuvieron las
declaraciones y recomendaciones de San José parece
darle la razón a Elizabeth Fox al calificar de fracaso
la reunión celebrada en la capital costarricense (Fox,
s/f), que constituyó el presagio de otro mayor, cuando
en 1980 la Comisión Internacional para el Estudio
de los Problemas de la Comunicación, constituida
por la UNESCO bajo la presidencia del irlandés Sean
MacBride, presentara a la XXI Conferencia General,
celebrada en Belgrado, un voluminoso documento
de quinientas páginas, que pasaría a la historia como
Informe MacBride, resultado de la política de este
órgano en apoyo al NOMIC.
Al igual que las recomendaciones emanadas de
la Conferencia de San José de Costa Rica, el Informe
MacBride contó con la enconada oposición de las
potencias que aún hoy controlan los medios de
comunicación a escala global, hasta tal punto, que en
diciembre de 1983 los Estados Unidos anunciaron su
retirada de la UNESCO, lo cual se hizo efectivo un año
después, y de paso estimuló la salida del Reino Unido
de la organización internacional.
Así pues, similar a lo sucedido con las
Recomendaciones de San José, el Informe MacBride
comenzó a pertenecer al pasado en el mismo momento
de ser aprobado por el consenso de los países reunidos
en Belgrado. El escenario que sobrevino a su publicación
resultó particularmente sombrío para las PNC.
En la década de los 80, tras la publicación del Informe
MacBride, el contexto de recesión y reorganización del
capitalismo monopolista terminará arrinconando los
discursos y formulaciones políticas democratizadoras
al fragor de las activas campañas liberalizadoras de la
revolución conservadora. No sólo quedaron en papel
mojado las propuestas del NOMIC y de las PNC en el
seno de la UNESCO, sino que además, a escala global,
los mercados experimentarán un intensivo proceso de
concentración y liberalización que, en el plano de la
teoría, llevará aparejado la derrota de la teoría crítica y
toda pretensión reformista en la Academia y las políticas
públicas regionales. (Sierra Caballero, 2009: 161)
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los 90 se
produjo un rescate del espíritu de MacBride —que volvió
a situar en el debate público los problemas estratégicos
del Nuevo Orden Mundial de la Información y la
Comunicación— en el contexto del Foro Social
Mundial de Porto Alegre, al calor del cual se impulsan
iniciativas como la Unión Latina de Economía Política
de la Información, la Comunicación y la Cultura
(ULEPICC), que se complementa con la ya existente
Organización Católica Latinoamericana y del Caribe
en Comunicación (OCLACC), lo que contribuyó a
refundar un proyecto comunicacional emancipador
y democrático.
Con todo, la teoría tuvo que esperar por la llegada
del siglo xxi para encontrar reflejo en los procesos de
integración que experimenta el área latinoamericana,
protagonizados por gobiernos progresistas cuyo
discurso emancipador ha sido objeto de una abierta y
planificada agresión, que ha encontrado su principal
y más eficiente herramienta en los medios, toda vez
que estos, en nuestra región, siguen estando en manos
de una oligarquía conservadora y reaccionaria, poco
propicia al cambio social.
Es así como la Venezuela de Chávez, el Ecuador de
Correa y la Argentina de Cristina, han implementado
legislaciones en materia de comunicación (Ley
de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos, 2005; Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual, 2009; Ley Orgánica
de Comunicación, 2014), que persiguen equiparar
la correlación de fuerzas en el que constituye hoy día
escenario estratégico de confrontación ideológica
contra una derecha que se rehúsa a compartir el «poder
de la palabra» con aquellos que nunca lo han tenido.
Cuba: un caso singular
Tras el triunfo revolucionario de 1959, junto a
los medios de producción, los de comunicación
también pasaron a manos del Estado. Este hecho, por
sí solo, comenzó a marcar la diferencia con respecto
a los restantes países latinoamericanos, para los que
una mayor presencia del Estado en la gestión de sus
contenidos constituía un reclamo neurálgico de las
PNC.
La enconada oposición que encontraron los países
latinoamericanos por parte de propietarios y grandes
asociaciones de prensa constituía un problema
salvado para Cuba. Sin embargo, la Isla se enfrentaba
a uno mayor, proveniente, en este caso, del exterior.
El bloqueo económico, financiero y comercial que,
desde febrero de 1962, le impusieron los Estados
Unidos, derivó inevitablemente en una permanente
batalla ideológica, en la que los medios se encontraban
llamados a desempeñar un papel fundamental. La
hegemonía mediática de los Estados Unidos a nivel
internacional los colocaba en una ventajosa situación
para generar matrices de opinión contrarias a la
Revolución cubana en el exterior, mediante sucesivas
campañas que duran hasta la actualidad. Esta realidad,
unida a la de una naciente y resentida oposición interna
que tempranamente comenzó a utilizar publicaciones
periódicas, cine y otras formas de producción simbólica
como vehículos para lanzar ataques contra la naciente
Revolución, influiría decididamente en el curso de los
acontecimientos posteriores.
Es en este contexto que «Palabras a los intelectuales»,
discurso pronunciado por Fidel Castro en junio de 1961,
fija posiciones para la producción artística y literaria,
válidas igualmente para los medios de comunicación.
Este documento, que recoge la controversial frase
«dentro de la Revolución todo, contra la Revolución
ningún derecho» (Castro Ruz, 1961) sentaría las bases
de la política cultural y comunicacional del Gobierno
revolucionario, particularmente clara para aquellos
que no fuesen capaces de adaptarse al nuevo escenario
social.
Poco a poco se iría entronizando en la sociedad
cubana, cual reflejo condicionado, el argumento de
que una información polémica o controvertida, el
Políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubano
127
No se trata, como es lógico, de obviar o soslayar el papel conductor que
desempeña el Gobierno y el Partido en el diseño e implementación de la PNC.
Pero esta conducción deberá descansar en el consenso activo de la sociedad
toda.
reconocimiento de un error cometido o una crítica
a la gestión gubernamental y/o partidista constituían
concesiones que le proporcionaban «armas al enemigo»
(Vidal, 1911: 3), situación reconocida por el propio
líder histórico de la Revolución (Ramonet, 2006: 60310).
Esta sería entonces la nota predominante en un
contexto en el que la unidad siempre ha estado por
encima de toda discusión, y más allá de los matices,
de «quinquenios grises» y procesos de rectificación de
errores, «en la imagen de nuestro periodismo pareciera
haber quedado grabado el rótulo de «apolémico» por los
siglos de los siglos» (Muñoz Kiel y Nápoles, 2005: 212).
Como bien señala José Ramón Vidal,
esto es el inevitable resultado de una política de larga data
que ha constreñido a la prensa a desempeñar un papel
defensivo y propagandístico, en detrimento de otros roles
sociales y políticos esenciales que debe cumplir.
Por lo que
cuando se habla de comunicación, lo más usual en
nuestro medio es que se evoque el modelo centrado en el
proceso de transmisión, que se concentra en la difusión de
informaciones y en el despliegue de campañas dirigidas
al convencimiento sobre la bondad de ciertas ideas
que parten siempre desde un centro que «sabe» hacia
una vasta y supuestamente homogénea periferia que
«desconoce»; así, las campañas suelen continuar siendo
una distribución masiva de información estructurada
desde un mismo punto de vista para cambiar actitudes
y conductas, ya que se considera la falta de información
como la causa de ciertos comportamientos. (Vidal,
2011: 2)
De lo anterior se desprende que, si bien «la
comunicación por sí misma no puede generar el
desarrollo, no hay duda de que la comunicación
inadecuada frena el proceso de desarrollo e impide la
participación popular» (MacBride et al., 1980: 170)
que reclama la actualización del modelo económico
cubano.
Hoja de ruta para una PNC en el nuevo
modelo económico
Para iniciar esta hoja de ruta hacia una PNC que
responda a las particularidades de nuestro renovado
modelo económico, retomamos una de nuestras
ideas iniciales, la cual consideramos medular para
encausar el debate: una política comunicacional deberá
128
Rafael Ángel Salazar Martínez y colaboradores
colocar la comunicación misma en el centro de las
transformaciones que vive la sociedad cubana actual.
El propio proceso que necesariamente debe
anteceder a su diseño, constituye una oportunidad
única para que el documento resultante cumpla
su verdadero papel como fundamento para la
actualización de nuestro modelo comunicativo en sus
más variados ámbitos.
Si, como apunta Rosa María Alfaro, «cuando la
comunicación está ligada al desarrollo, lo hace no solo
como aporte auxiliar y metodológico, sino como objeto
mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos
que la componen» (Alfaro, 1993: 11), la participación
de dichos sujetos en la formulación de la PNC deviene
premisa para su posterior y efectiva aplicación. Por eso,
consideramos que la repetición de viejos y gastados
esquemas, amparados en comisiones que formulan
políticas a puertas cerradas, en condiciones semejantes
a las de un laboratorio, no parece la opción más viable
y mucho menos el comienzo más afortunado para
el diseño de una política sobre algo que nos atañe a
todos, «en la medida que el espacio de la comunicación
se torna cada día más estratégico, decisivo para el
desarrollo o el bloqueo de nuestras sociedades» (Martín
Barbero, 1990: 2).
No se trata, como es lógico, de obviar o soslayar
el papel conductor que desempeña el Gobierno y el
Partido en el diseño e implementación de la PNC.
Pero esta conducción deberá descansar en el consenso
activo de la sociedad toda, cuya participación puede
ser canalizada por diferentes vías y a través de diversos
actores, «pues las PNC no implican necesariamente
una planeación rígida, centralizada; pueden ser
simplemente un marco flexible para la coordinación
de las actividades» (MacBride et al., 1980: 170-1).
Teniendo en cuenta esto, el papel más activo les
corresponderá entonces a periodistas, investigadores
y estudiosos de los procesos de la comunicación,
cuyos saberes acumulados resultarán decisivos para
el trabajo de cualquier comisión, al complementar
la visión más pragmática y administrativa aportada
por los funcionarios partidistas y gubernamentales.
Junto a decisores y especialistas, también formarían
parte de la comisión personalidades de la cultura y
la intelectualidad, líderes estudiantiles, sindicales y
religiosos y representantes de las organizaciones de
masas del país, todos los cuales, en su condición de
líderes de opinión, representarán a los más variados
sectores de la sociedad cubana.
Ahora bien, los trabajos de la Comisión deberán
nutrirse constantemente de los criterios y opiniones
emanados del pueblo. Surge aquí la cuestión de cómo
canalizar la participación popular en la formulación de
la PNC. Al respecto, el proceso de discusión y debate
previo a la aprobación de los Lineamientos en el VI
Congreso del PCC constituye un valioso precedente
que tener en cuenta. Sin embargo, es necesario ir más
allá de «la identificación de aspiraciones, deseos y
necesidades sentidas por la ciudadanía» (Vidal, 2011:
5), para transitar hacia un diálogo social permanente,
que deje atrás toda forma de paternalismo y de
subestimación de la capacidad de los ciudadanos
para aportar ideas de alto valor [...] Solo con políticas
informativas transparentes y el fomento de espacios
públicos de discusión, serios y calificados, donde se
escuchen ideas diversas y no un monocorde discurso
con una construcción única de la realidad y lleno de
verdades inamovibles, es que la comunicación puede
hacer una verdadera contribución al cambio necesario
en Cuba. (5)
De ahí que no parece descabellado generar foros de
discusión (como ya se ha hecho para otros asuntos de
interés nacional) en comunidades, centros laborales
y estudiantiles y tantos otros espacios aprovechables,
para que la población participe activa, directa y
decisivamente en el diseño de su PNC. Para encausar
este diálogo social, resultan válidos algunos postulados
de Paulo Freire, contenidos en su concepción sobre la
Educación Popular.
Basándonos en la obra del pedagogo brasileño,
sostenemos que estos foros de discusión deben
constituir lugares de encuentro, donde no haya
«ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres
que, en comunicación, buscan saber más» (Freire,
1970: 71). Sobre esta premisa descansará entonces lo
que Freire llama «contenido programático», de lo que
en nuestro caso sería la PNC. Para llegar a él, habrá
que transitar primeramente por revelar el «universo
temático», o temas generadores, de los individuos en
torno a su particular situación comunicativa, la de su
contexto más inmediato y la de su país.
La identificación «de los temas generadores o de la
temática significativa del pueblo, al tener como objetivo
fundamental la captación de sus temas básicos a partir
de cuyo conocimiento es posible la organización del
contenido programático para el desarrollo de cualquier
acción con él, se instaura como el punto de partida del
proceso» (163) conducente al diseño de la PNC.
De esta forma, el contenido programático no
constituiría «una donación o una imposición [...] sino
la devolución organizada, sistematizada y acrecentada
al pueblo de aquellos elementos que este entregó en
forma inestructurada» (74).
Tenemos entonces que la participación del pueblo
en el diseño de la PNC se concretaría mediante dos
momentos significativos. Un primer momento de
captación de los temas generadores y un segundo
momento en el que se llevaría a cabo la discusión y
debate del contenido programático de la PNC.
Posibles temas generadores para el contenido
programático de la PNC
Por supuesto que muchos de los temas generadores
emanados del diálogo social no surgirían de la nada,
al formar parte ya de matrices de opinión que se
han venido construyendo en torno al tema de la
comunicación social.
En lo concerniente al ámbito mediático, medulares
resultan las siete tesis de Raúl Garcés sobre el papel de la
prensa cubana en las circunstancias actuales: «La prensa
socialista tiene el desafío de arropar con ideas la nueva
época, interpretar creativamente el discurso político,
alimentarlo con argumentos, demostraciones, ejemplos
concretos y un permanente debate público».
Sobre la prensa y la realidad señala:
Hemos suplido, frecuentemente, el juicio razonado
por la propaganda, la interpretación por las cifras, la
noticia por los eventos, el argumento por el adjetivo,
la riqueza de los procesos por la síntesis caricaturesca
de sus resultados.
Particularmente incisivas resultan sus ideas en torno
al fenómeno del secretismo. Al respecto plantea:
¿Se imaginan que los ministerios del país ofrecieran
sistemáticamente conferencias de prensa?, ¿se imaginan
que todas las instituciones públicas dispusieran
de directivos, cuadros intermedios o funcionarios
accesibles, con información y sentido de responsabilidad
para comunicar?, ¿se imaginan que pudiéramos analizar
frecuentemente, con nombres y apellidos, las fuentes
aferradas al secretismo y educarlas —educarnos— en
una cultura de la información y la transparencia?
La guerra contra el secretismo no pertenece solo
a la prensa, sino a toda la sociedad [...] porque un
secretista no viene al mundo genéticamente mudo.
Enmudece gradualmente, como resultado, a veces, de la
desinformación, o la falta de preparación para enfrentar
los medios, o la ignorancia, o los regaños, o la defensa
enmascarada del beneficio personal, o lo que interpreta
como su sentido de la responsabilidad. (Garcés Corra,
2013)
Ya, en otro momento, Sean MacBride et al. habían
puesto el dedo en una llaga que no es exclusiva del
contexto cubano:
El periodista inquisitivo debe examinar las acciones
de quienes tienen el poder y exponer todos los abusos
e incompetencias. Su derecho a investigar la mala
administración y la corrupción burocráticas tiene una
importancia particular porque es una de las pocas
formas en que puede asegurarse que la ineficiencia y
la deshonestidad no contaminen todo un sistema. Por
estas razones, muchos de quienes tienen el poder se
Políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubano
129
oponen fuertemente a los periodistas que no se contentan
con boletines oficiales o las fuentes de información
controladas. (MacBride et al., 1980: 193)
Pero como no todo lo comunicacional es mediático,
existen otros ámbitos igualmente decisivos, en los que
la presencia de sujetos comunicacionalmente activos
y responsables, constituye condición sine qua non para
articular consensos en torno a esa idea de socialismo
próspero y sostenible sobre la que descansa nuestro
renovado proyecto de nación.
Aunque pudieran incorporarse otros, consideramos
que los principales ámbitos son el institucional, el
comunitario, el educacional, el científico y el digital,
además del mediático, en los que cubanas y cubanos
hacemos uso de nuestro derecho a comunicar, por lo
que deberán recibir igual tratamiento en una eventual
PNC. En consecuencia, la distancia entre el «ser» y el
«deber ser» en cada uno de ellos, también constituye
objeto de nuestra atención.
La comunicación institucional, aquella que tiene
lugar dentro de las organizaciones laborales y entre
estas y sus diferentes públicos, recibió un importante
impulso en nuestro país, como resultado del Proceso
de perfeccionamiento empresarial que comenzó a
gestarse a finales de la década de los 90; impulso que
se ha hecho extensivo a otras instituciones del Estado
sin fines lucrativos, y que ya ha alcanzado a gobiernos
provinciales y locales.
Sin embargo, a estas alturas, muchos de los sistemas
de comunicación de las instituciones cubanas no pasan
de un conjunto de documentos de poca utilidad práctica
que se desempolvan solo en momentos de controles y
visitas. Por lo que las palabras de Irene Trelles, escritas
en 2008, mantienen plena vigencia:
En muchos casos, la comunicación se asume como
un fenómeno de generación espontánea al que no es
necesario atender de manera particular, ni integrar en los
sistemas de dirección [...] sin concebirla en su dimensión
más integral.
No se considera la importancia de la gestión de
comunicación como elemento que potencia o retarda
los restantes procesos organizacionales ni se conoce la
utilidad que podría derivarse de una comunicación
estratégicamente dirigida, planificada, controlada y
evaluada. (Trelles, 2008: 58)
Pero lo que más nos interesa señalar es que
la documentación que sustenta los sistemas de
comunicación, en el ámbito institucional cubano,
obedece fundamentalmente a una lógica instrumental
plagada de formalismos, que no favorece la real
y efectiva participación de los trabajadores en los
asuntos que atañen a la vida de la organización, donde
la comunicación deviene recurso de significación
estratégica. Cuestiones como sus derechos en materia
comunicativa deberían quedar explícitos en una política
institucional de este tipo, más allá de la identificación
130
Rafael Ángel Salazar Martínez y colaboradores
de los espacios existentes para canalizarlos. Sucede
que, en la práctica, aquellos escenarios que suponen
un protagonismo comunicacional de los trabajadores
han sido secuestrados por la administración, como
es el caso de las reuniones de la Sección Sindical, que
lastimosamente lo que debería constituir el espacio
por antonomasia para la búsqueda de consensos se ha
convertido en uno más de los muchos instrumentos a
disposición de las direcciones para ejercer un control
vertical de los procesos comunicativos.
Por otra parte, si bien es cierto que en los manuales
y estrategias de comunicación que hoy proliferan en los
estantes de nuestras instituciones, se conceden varios
acápites al público externo, la realidad contrasta con lo
declarado. En efecto, la ausencia de una información
oportuna y un trato, cuando menos, afable constituyen
práctica habitual en la atención a los cubanos en
buena parte de las instituciones, incluyendo aquellas
que cobran por un servicio; sombrío panorama cuya
solución transita, entre otros factores, por el aprendizaje
de una presunción básica que ha calado muy poco en la
cultura organizacional cubana: atender bien al público no
constituye atributo de la personalidad de un trabajador,
funcionario público o directivo, sino que forma parte
inseparable del contenido de trabajo de todos y cada
uno de los miembros del colectivo laboral.
Adentrándonos ya en el ámbito de la comunicación
comunitaria, destaca una actividad sobre la que
descansa nuestro modelo de democracia participativa.
Las asambleas de rendición de cuentas del delegado
a sus electores constituyen, sin dudas, el principal
escenario existente para su ejercicio. Sustentadas en la
interacción directa de sus participantes, encuentran en
la comunicación uno de sus principales componentes,
el cual, sin embargo, ha cargado con el pesado lastre
de planteamientos acumulados y problemas insolubles;
de ahí que la pérdida de confianza en estos espacios
se refleje en una progresiva disminución de las
intervenciones realizadas por los electores, a la par
que el discurso de los delegados se torna cada vez más
formal y triunfalista, mientras que las respuestas de los
representantes de las instituciones asistentes destacan
por su habitual inoperancia. Otro tanto sucede con las
reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR), organizaciones de base comunitaria que con el
tiempo se han ido anquilosando y perdiendo el vigor
y la frescura de antaño, fácilmente observable en la
disminución de su capacidad de convocatoria.
Emprendimientos encaminados a revitalizar
y recuperar el terreno perdido ya se hacen sentir
—fundamentalmente en lo que respecta a las
mencionadas asambleas de rendición de cuentas—,
evidenciados en un paulatino rescate de ese
espíritu crítico y polémico del que nunca debieron
desprenderse.
No obstante, el momento se revela propicio para
someter a debate la viabilidad de crear nuevos espacios que
satisfagan otras necesidades de asociación e intercambio,
y sean capaces, al mismo tiempo, de articularse con los ya
existentes, en términos de redimensionar el tejido social
de nuestras comunidades y fortalecer su papel, de cara
a la implementación de los Lineamientos, donde se les
concede especial atención a los procesos de desarrollo
a escala local
En cuanto al ámbito educacional, cuyo componente
comunicativo resulta insoslayable, existen algunas
cuestiones que también atañen a una PNC, pues todo
modelo o método pedagógico entraña una determinada
concepción de la comunicación que, en la mayoría de
los casos, terminamos incorporando y reproduciendo
en nuestras prácticas comunicativas llegada la adultez.
La formación de ciudadanos reflexivos, críticos y, por
qué no, contestatarios, transita necesariamente por un
proceso de enseñanza-aprendizaje que apele al rigor,
pero también a la creatividad y al pleno desarrollo de
las potencialidades humanas del educando, sobre la
base del diálogo constante y el respeto a la diversidad
de criterios, donde el error no sea visto como falla
ni sancionado, sino que se asuma «como una etapa
necesaria en la búsqueda, en el proceso de acercarse a
la verdad» (Kaplún, 1985: 53).
De igual forma,
los medios de comunicación pueden y deben hacer
también importantes contribuciones a las políticas
educacionales y a las de ciencia e innovación tecnológica,
en su papel de socializador de conocimientos. Pero
requeriría de formas mucho más atractivas para lograrlo.
(Vidal, 2011: 7)
En tal sentido, José Ramón Vidal, a quien citamos
en extenso, expresa:
Un factor a tener en cuenta, insoslayablemente, en
cualquier política de comunicación social, es el uso de
las redes digitales como medios que potencialmente son
interactivos y, por lo tanto, facilitadores del diálogo.
Son recursos que pueden romper el viejo esquema
emisor-receptor porque permiten a quien se conecte, en
primer lugar, ser un participante activo en la búsqueda
de información y, además, porque le da la posibilidad
de convertirse en un emisor de información [...] Esto
indica la urgencia e importancia de continuar haciendo
todos los esfuerzos para lograr el acceso creciente de
cubanos y cubanas a estas redes. De lo contrario, se está
comprometiendo el crecimiento de uno de los recursos
esenciales para el presente y el futuro del país, que es el
conocimiento. (7)
Factores de diversa índole, externos y bien tangibles,
derivados del bloqueo económico, comercial y
financiero de los Estados Unidos, se asocian a otros
internos e intangibles, casi invisibles, resultado de
insuficiencias logísticas y subjetividades cuya paranoia
por una eventual «fuga de información» y el acceso a
determinados «contenidos» por parte de los ciudadanos
excede los límites del sentido común. Lo cierto es que,
en este ámbito, el retraso de Cuba con respecto a la
mayoría de los países de América Latina y el Caribe
resulta notable, lo cual contrasta con su liderazgo en
otras áreas del desarrollo socioeconómico.
Si tomamos como referente el Informe sobre el
Desarrollo Mundial de las TIC que cada año emite la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cuba
contaba, al culminar 2013, con 25,7 usuarios de Internet
por cada cien habitantes. En nuestra área geográfica
solo exhiben cifras inferiores El Salvador, con 23,1;
Guatemala con 19,7; Honduras con 17,8; Nicaragua
con 15,5 y Haití con 10,6 (Databank). A lo anterior
debemos agregar que este servicio en Cuba, además de
su mala calidad, resulta bastante precario, y se concentra
en medios de comunicación, universidades, centros de
salud e investigación y algunas empresas. El 4 de junio
de 2013, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA) comenzó a ofertar el servicio de Internet, en
respuesta a una política que persigue ampliar su uso a
otros sectores de la sociedad cubana. Con tal propósito,
fueron habilitadas 118 salas de navegación en todo el
país. Hasta el 1 de febrero de 2014, ETECSA registró
18 419 usuarios con cuentas en uso, había prestado
187 215 servicios de una hora de navegación y 68 855
de 30 minutos (Oficina Comercial de ETECSA, Mayarí),
cuyas tarifas ascienden, respectivamente, a 4,50 y 2,25
pesos convertibles, cifra que representa 11% de los 2,9
millones de usuarios de Internet existentes en la Isla. Y
aunque la tendencia es al aumento, el precio del servicio,
más allá de su mayor velocidad de navegación, resulta
prohibitivo para la inmensa mayoría de los cubanos.
Urge entonces que ETECSA y el Ministerio de la
Informática y las Comunicaciones (MINCOM) de Cuba
revisen y flexibilicen su política de precios, al igual que lo
ha venido haciendo con el servicio de telefonía móvil.
Final inconcluso para un debate que comienza
Seguramente habrán quedado muchos aspectos que
ameritan ser atendidos en una PNC, al igual que otros
posibles ámbitos en los que la comunicación social
también tiene presencia. Sin embargo, este ensayo
no tiene entre sus pretensiones la exhaustividad. Solo
pretende brindar algunas coordenadas que serían
enriquecidas y ampliadas si llegara a materializarse ese
diálogo social que desde aquí proponemos.
Todo lo anterior apunta hacia una definición más
compleja de PNC, que la parcial y tentativa de Luis
Ramiro Beltrán enunciada inicialmente. En tal sentido,
nos parece que la de Antonio García se ajusta mucho
más a nuestra propuesta, por lo que pudiera constituir
un valioso referente para el caso cubano, a pesar de los
años transcurridos desde su formulación:
Políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubano
131
La política nacional de comunicación social se concibe
como aquella que se encuadra dentro de una estrategia de
desarrollo, que orienta y regula tanto la acción del Estado
como la totalidad de estructuras de participación social, que se
inspira en una nueva concepción de la cultura (humanismosocial) y que hace posible la articulación y adecuación
de los diversos componentes de un sistema nacional de
comunicación e información. (García, 1980: 266)
De ahí que una PNC deba alcanzar por igual al
Estado, a las instituciones, a las personas, a los grupos
profesionales, a la operación de empresas y entidades
extranjeras; deberá integrar la comunicación en la
planificación general del país y, por añadidura, vincular
los problemas de ella con los procesos del desarrollo
integral y cambio social (Ordóñez Andrade, 1975).
Solo en este marco podrá hacerse realidad el
concepto de comunicación social inherente a la PNC
que podemos construir y que ya se avizora en el
horizonte; concepto con el cual damos por concluida
nuestra propuesta, al tiempo que dejamos abierto el
tema para un debate, en el contexto del nuevo modelo
económico cubano: «comunicar [...] es hacer posible
que unos hombres reconozcan a otros, y ello en «doble
sentido»: les reconozcan el derecho a vivir y pensar
diferentemente, y se reconozcan como hombres en esa
diferencia» (Martín Barbero, 1990: 13).
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, 2015
Premio Temas de Ensayo 2014 (Estudios sobre arte y literatura)
Rodolfo Walsh:
en busca
de la palabra ajena
Celina Fernanda Ballón Patti
Socióloga. Universidad de Buenos Aires, Argentina.
La aparición de los sectores populares como actor
político opera, aunque sea por posición, como
revolucionaria. El otro [...] hace una entrada en
escena que la literatura de la década del 60 instala
como definitiva. Los sectores populares pasan a ser
hablados.
A
Pablo Alabarces
fines de 1962, Rodolfo Walsh formula una
lista de deseos en su diario. Uno de ellos
nos parece particularmente significativo:
«Que yo pueda hablar con la gente, entonces
podré hablar de la gente» (Walsh, 1996a). Walsh no
era un novato en el diálogo con los sectores populares;
los sobrevivientes de los fusilamientos fueron sus
principales informantes en la investigación que
culminó en el libro Operación Masacre. No se trata
entonces de comenzar el diálogo, sino de plantearlo en
otros términos. Su experiencia al frente del periódico
de la Central General del Trabajo de los Argentinos
(CGT) ilustra hasta qué punto este nuevo diálogo con
los obreros puso en crisis sus propias certezas.
Cuando Walsh se incorpora a la central sindical,
ha acumulado un importante capital en el campo
literario. Los principales semanarios culturales reseñan
sus libros y lo entrevistan acerca de sus proyectos. Ha
firmado un contrato para escribir una novela, y el editor
le ha pagado por adelantado, pero la novela quedará
inconclusa. En el tiempo destinado a ella, Walsh escribe
un relato testimonial: ¿Quién mató a Rosendo? (Walsh,
2003: 31), cuyo tema es el asesinato de dos militantes
antiburocráticos y un jerarca vandorista1 en un tiroteo.
El proceso de escritura del libro deja en claro lo difícil
que puede ser tender un puente entre los intelectuales y
los sectores populares.
Un reportaje concedido a la revista Siete Días,
poco después de su publicación, saca el tema a relucir:
«¿Cómo consiguió que los implicados hablaran?», le
preguntan. La respuesta es contundente: «En eso tiene
que ver la gente con la que yo hablo para reconstruir
la historia. Esa gente es excepcional» (Walsh, 1996b:
120). Walsh establece aquí un continuum entre la
excepcionalidad de los militantes y su disposición a
reconocerlo como interlocutor. Se trata de un modo
elegante de eludir la pregunta: en realidad, el escritor
debió ganarse la confianza de sus informantes.
Así lo recuerda el Indio Allende, un trabajador
gráfico que militó en la central combativa:
¿Vos leíste esa obra, Un kilo de oro? Bueno, imaginate
que sea durísimamente criticada por nosotros. Entonces
cuando él quiere sacar su publicación sobre lo de La Real
—toma aire y habla como si volviera a hablarle a Walsh—:
No te zarpés, no te vengás a hacer el pelotudo, que esta
obra tiene que ser dirigida a nuestra gente, flaco, si no, no
te vamos a dar los datos. (Arrosagaray, 2006: 67)
Lo primero que se advierte es la desconfianza inicial
de los militantes obreros. Un kilo de oro era el último
libro de cuentos publicado por Walsh (Walsh, 1967). Al
leerlo, Raimundo Ongaro, máximo dirigente de la Central,
formula una pregunta que es una estocada: «No entiendo
nada. ¿Escribe para los burgueses?». La pregunta llevaría
a Walsh a revisar todos los postulados de su obra anterior
y a interrogarse sobre la literatura venidera.
Rodolfo
Walsh:131-140,
en busca
de la palabra
n. 81-82:
enero-junio
de ajena
2015
133
Primer paso: el examen de conciencia
¿Pero qué es lo más específicamente burgués de lo que yo
escribo, lo que más molesta a Raimundo? Creo que puede
ser la condensación y el símbolo, la reserva, la anfibología,
el guiño permanente al lector culto y entendido [...] Otra
cosa que puede —debería— molestarle: la traslación
burguesa de un personaje popular, como el de «Corso».
(Walsh, 1996a: 134)
Estas anotaciones son de 1969. ¿Quién mató a
Rosendo? ya había sido publicado, y Walsh continuaba
reflexionando sobre el tema. El párrafo identifica dos
problemáticas centrales: la primera de ellas tiene que
ver con el abandono del preciosismo formal —al que
denominaba «la aventura del lenguaje»— en favor de
un código accesible a los sectores subalternos. Este era
un reclamo que partía desde las mismas filas de los
militantes obreros. Así recuerda Allende las críticas
que le hacían a Walsh: «¡¡No, no, no, flaco, a Borges la
gente no lo entiende!! Esto era la lucha de clases. Todos
se lo decíamos» (Arrosagaray, 2006: 67). El segundo de
los puntos tiene que ver con dar cuenta de los sectores
populares en términos que no sean los de su enemigo;
es decir, no efectuar «traslaciones burguesas». Walsh no
aclara por qué «Corso» (Walsh, 2005) debería molestar
a Ongaro, pero a la luz de otras declaraciones es posible
formular algunas hipótesis.
El cuento narra una broma pesada que dos muchachos
hacen en un carnaval. Ilustra un rasgo que, según
Michel de Certeau, resulta característico de los sectores
populares: la astucia para llevar a cabo jugarretas
exitosas.
Se trata, en suma, de buenas pasadas del «débil» en el
orden construido por el «fuerte», arte de hacer jugadas
en el campo del otro, astucia de cazadores, capacidades
maniobreras y polimorfismo, hallazgos jubilosos,
poéticos y guerreros. (De Certeau, 2000: 46)
El narrador es uno de los bromistas, cuyo nombre
no se nos dice. El cuento está escrito en un lenguaje
coloquial, con giros y modismos propios de los
sectores populares («un tornillo que te la debo», «unas
llamaradas de samputa», «nasta»). En este intento por
reconstruir la oralidad de los sectores subalternos
encontramos una manifestación de un fenómeno
cultural al que hace referencia Pablo Alabarces (2000:
30): «El otro es hablado, tematizado, discutido e incluso
simpatizado, seducido. Y en algunos casos [...] también
habla». El relato presenta a los jóvenes como portadores
de prejuicios, cuya asunción resulta políticamente
incorrecta (el machismo y la homofobia): «estas ñatas
con tal de andar en bolas hacen cualquier cosa», «el
hindú lo tenía entusiasmado, lo miraba de arriba abajo
como si fuera Nélida Roca. Ahí supe que iba a hacer
una cagada, porque el Ángel será lo que vos quieras,
menos eso» (Walsh, 2005: 98).
134
Celina Fernanda Ballón Patti
Creemos que la radicalización de la lucha política
impone la necesidad de nuevos modos de narrar. Ya
no se pueden contar «las buenas pasadas efímeras del
débil» en «el orden constituido por el fuerte» cuando el
mismo orden del fuerte está siendo cuestionado desde
sus cimientos. En palabras de Walsh:
[l]os hechos producidos en Córdoba y Rosario proveen
a la novela de un nuevo «centro» de verdad. Ya no es
preciso remontarse al año 19, sino a lo que ha pasado en
estos días, a la gente que uno conoce. Cuando cuarenta
mil hombres y mujeres salen a la calle, como en Córdoba,
un héroe es cualquiera. (Walsh, 1996a: 114-5)
Teoría general de la novela:
plan para la literatura por venir
En enero de 1970, Walsh anota tres objetivos de lo
que denomina Teoría general de la novela:
1. Ser absolutamente diáfano. Renunciar a todas las
canchereadas, elipsis, guiñadas a los entendidos o
a los contemporáneos. Confiar mucho menos en
aquella famosa «aventura del lenguaje». Escribir
para todos. Confiar en lo que tengo que decir, dando
por descontado un mínimo de artesanía. Eludir la
elefantiasis literaria, tipo David.
2. Recuperar la verdad, las propias contradicciones.
Evitar puerilidades como la de Z, ese personaje
impoluto. No hay personajes impolutos.
3. Recuperar la verdad del pueblo, de las masas. Trazar
el avance de los héroes, desde la resignación hasta el
triunfo que se sabe no-definitivo, porque tampoco
es posible ya ser inocente ante la revolución.
Todo esto equivale a aprender de nuevo multitud de
cosas. (Walsh, 1996a: 150-1)
Las reflexiones walshianas terminarían por poner
en cuestión el concepto mismo de literatura. En una
entrevista conjunta con Miguel Briante, concedida
en 1972 al diario La Opinión, Walsh se referiría a las
instituciones propias del campo artístico como una
«trampa cultural» que desactivaba cualquier contenido
contestatario de la obra y asignaba al artista el rol de
sirviente de los que pagan por ella (Walsh y Briante,
1972: 7). En su diario, avanza en el análisis y llega a
la conclusión de que la desactivación del potencial
crítico de la denuncia convierte a los artistas que la
llevan a cabo dentro de los canales institucionales, en
cómplices del sector social que perpetra los hechos
que se denuncian:
Si la obra de arte podía ser política, ya era otra cosa,
empezaba a tener otra clase de valor, aunque fuera
negativo. Podía existir un interés en comprarla en
términos políticos, no ya para consumo de una élite, sino
para su absorción, su neutralización: incluso porque el
literato disconforme podía percibir antes que el aparato
político los gérmenes de la insurrección, y en este sentido,
los escritores podían ser una especie de alcahuetes o
policías. (Walsh y Briante, 1972: 205)
El papel desempeñado por el artista dentro de las
instituciones que conforman la «trampa cultural» oscila,
por tanto, entre el bufón y el delator. El único camino
es la construcción de una hegemonía alternativa:
Pero este es un problema que no lo podés resolver vos
solo, y ahí viene lo grave. ¿Por qué fue posible esta
experiencia del periódico en CGT? Fue posible, pero
no porque la inventara yo, sino porque los trabajadores
argentinos se daban en la CGT rebelde y ellos me daban a
mí la oportunidad de poner mi instrumento a su servicio.
Si ese canal no existe, a mí o a vos, individualmente,
nos resulta imposible fabricarlo. De hecho, nuestros
principales canales de comunicación con el pueblo están
permanentemente obstruidos por el aparato cultural de
la burguesía, que no deja correr ni un hilito. (Walsh y
Briante, 1972)
Las declaraciones de Walsh no pueden analizarse
al margen de un fenómeno clave de principios de
la década de los 70: el agotamiento del boom de la
literatura latinoamericana. El año en que tiene lugar
esta entrevista resulta sintomático: según Ángel
Rama, es el año en que varios testimonios coinciden
en afirmar su fin. Sin embargo, América Latina seguía
produciendo novelas importantes, surgieron nuevos
escritores y el interés del público lector no experimentó
mermas considerables.
Las declaraciones acerca del ocaso del boom deben
ser leídas, dice Rama, como una retirada estratégica
de los autores en un momento en que sus rasgos
comerciales y publicitarios comenzaban a deteriorarse,
a raíz del cambio de las leyes del sistema de mercado
que hasta entonces habían regido su funcionamiento.
Sus consecuencias más significativas serían las
nuevas exigencias impuestas por el fenómeno de la
profesionalización del escritor. La primera de ellas es
la presión por aumentar la productividad: el escritor
deviene un productor semejante a cualquier otro
trabajador, con la particularidad de hallarse obligado
a correr detrás de la demanda, lo cual impacta
negativamente en la obra.
Por otra parte, la necesidad de llegar al público
masivo, que había remplazado al de élite, imponía la
necesidad de pactar con los medios de comunicación en
términos que muchas veces implicaban la banalización
del autor y de su obra, ya que dicha relación asumía
la forma de un canje de publicidad en el que el autor
entregaba detalles de su vida privada y opiniones
apresuradas sobre la actualidad a cambio de la difusión
de sus libros.
Además, la década de los 70 fue testigo de
un estancamiento en las innovaciones literarias.
Rama señala que ninguna obra o autor aparecido
en el período consiguió imponerse en el mercado
internacional, y vincula el hecho con los mecanismos
de producción de la industria cultural, que tienden a
generar una demanda de repetición de las innovaciones
que han sido exitosas. El resultado, en palabras de Rama
(1984), consiste en que la autonomía profesional del
escritor «implica una visible restricción de su libertad
y una integración dentro de mecanismos cuyas ruedas
pueden fácilmente triturarlo». La vinculación con las
organizaciones políticas es entonces una estrategia
cultural destinada a recuperar las potencialidades de la
producción.
Las declaraciones de Walsh se inscriben en este
contexto. Al hablar de la trampa cultural, señala que se
caracteriza por la impotencia a la que se ve condenado
el autor:
A nosotros, aun a los más audaces y los más lúcidos, yo
me los represento mentalmente —y a mí mismo— con
las manos atadas, los pies atados y una varilla por atrás.
Porque así empezás a escribir. Estás condicionado por
todo, por quién te lo va a publicar, qué van a decir los
críticos, cuánto se va a vender y así [...] Se empieza
a escribir desde una atadura completa [...] Hay que
empezar a pensar —aunque nosotros no las vayamos a
realizar— en otras posibilidades; cómo se pueden romper
las ataduras. Empezando por desatarse las manos. (Walsh
y Briante, 1972)
En otra entrevista publicada en 1973, Walsh declara
la imposibilidad de producir arte fuera de la política, y
liga esta situación a la necesidad de considerar que los
géneros literarios consagrados podrían estar en vías
de tornarse caducos:
Habría que ver hasta qué punto el cuento, la ficción y la
novela no son de por sí el arte literario correspondiente a
una determinada clase social en un determinado período
de desarrollo y en ese sentido y solamente en ese sentido
es probable que el arte de ficción esté alcanzando su
esplendoroso final, esplendoroso como todos los finales,
en el sentido probable que un nuevo tipo de sociedad y
nuevas formas de producción exijan un nuevo tipo de
arte más documental, mucho más atenido a lo que es
mostrable. (Walsh, 1996c)
Walsh reconoce la gravitación que ejercen sobre los
escritores ya consagrados las categorías burguesas que
postulan a la novela como obra cumbre de la literatura,
pero se muestra esperanzado en que las nuevas
generaciones formadas en países no capitalistas o en
proceso de revolución acepten el estatuto artístico de
la denuncia y el testimonio. En definitiva, apuesta por
una renovación de los géneros en la que periodismo
y literatura tengan vasos comunicantes: «Es decir,
evidentemente, en el montaje, la compaginación, en
la selección, en el trabajo de investigación, se abren
inmensas posibilidades artísticas» (Walsh, 1996c).
La literatura venidera:
tradición y horizontes
Las consideraciones de Walsh revelan importantes
similitudes con las ideas expresadas por Walter
Rodolfo Walsh: en busca de la palabra ajena
135
A pesar de que en 1968, Rodolfo Walsh inaugura un camino de lucha que ya no
abandonará, sus posicionamientos teóricos estuvieron lejos de ser inmutables.
Su pensamiento fue influenciado por la correlación de fuerzas políticas de la
coyuntura, lo cual tampoco le impidió pensar a contrapelo.
Benjamin (1998) en «El autor como productor»
[1936]. En este texto, el filósofo alemán señala que
«no siempre hubo novelas en el pasado, y no siempre
tendrá que haberlas»; que lo mismo vale para la
tragedia y la épica, y que las formas del comentario, la
traducción, e incluso la falsificación, no siempre han
sido marginales en la literatura. Géneros y jerarquías
son históricos, y Benjamin considera, a mediados de
la década de los 30, que estos se hallan en proceso de
refundición. Sergei Tretiakov desarrolla la reflexión
y acuña el concepto de «factografía» para dar cuenta
de un nuevo procedimiento artístico centrado en el
montaje de los documentos. La función del autor
factográfico, puntualiza Víctor del Río (2010: 33),
«pasará a ser la de buscador, compilador y montador
de hechos y, en el caso de los factógrafos más radicales,
como Tretiakov, parte de la estructura productiva en
tanto que “escritores operantes”».
La categoría de escritor operante se refiere a
la función de Tretiakov cuando, en ocasión del
lanzamiento de la consigna «Escritores a los koljoses»,
se estableció en una comuna y realizó una serie de
trabajos entre los que se contaron la convocatoria a
reuniones de masas, la colecta de dinero para el pago
de tractores, la inspección de las salas de lectura, la
creación de periódicos murales y la dirección del
periódico del koljós, así como la introducción del cine
ambulante y de la radio.
Tal vez ustedes estimen a Tretiakov y opinen, sin
embargo, que su ejemplo no dice demasiado en este
contexto. Las tareas a las que se sometió, objetarán quizás,
son las de un periodista o propagandista; con la creación
literaria no tienen mucho que ver. Pero he entresacado
el ejemplo de Tretiakov intencionadamente para señalar
cómo, desde un tan amplio horizonte, hay que repensar
las ideas sobre formas o géneros de la obra literaria al
hilo de los datos técnicos de nuestra situación actual,
llegando así a esas formas expresivas que representen
el punto de arranque para las energías literarias del
presente. (Benjamin, 1998: 120)
Benjamin señala la importancia de la prensa en este
proceso de refundición de los géneros literarios. El
proyecto factográfico abandona la narrativa ficcional
y se organiza en torno a los géneros marginales de
la historia de la literatura: la biografía, la epístola,
las memorias, las crónicas de viaje y el reportaje.
Este proyecto de fusión entre literatura y crónica
de los hechos tiene como resultado dos fenómenos
indisociables. El primero es la muerte de la novela
136
Celina Fernanda Ballón Patti
como género de ficción, y el segundo, la literaturización
del reportaje. La factografía no solo pone en crisis la
distinción entre periodismo y literatura, la ciencia y las
bellas artes, la crítica y la producción, sino también la
existente entre el autor y el lector. La praxis compartida
es lo que permitirá forjar un código en común entre
ambos. Al respecto, Tretiakov señala, en el relato de su
experiencia en el koljós, que el conocimiento exacto
del arado era fundamental para entender el humor de
los colectivistas y poder avanzar en los discursos y las
descripciones. Sin este saber, era imposible ser autor
de ninguna obra.
Algunas de las declaraciones de Walsh revelan
que su concepto de la literatura futura no era ajeno al
ideario y las experiencias de Tretiakov. En el reportaje
concedido a Siete Días, afirma que sus notas sobre
los frigoríficos o los obrajes implicaban posibilidades
literarias futuras (cuando trabajaba en la nota sobre
los frigoríficos, estuvo tres meses aprendiendo de los
trabajadores, cuando en principio solo había planeado
hacerlo durante quince días). En esa misma línea, se
plantea incorporar la experiencia realizada en la CGT
de los Argentinos —no como tema, sino como visión
del mundo y las formas de lucha capaces de configurar
una denuncia «clara y diáfana».
Sin embargo, la reflexión temática tampoco está
ausente del pensamiento walshiano. En entrevista
concedida a Ricardo Piglia, pone bajo la lupa los
temas abordados por la literatura argentina y llega a
la conclusión que esta refleja los conflictos privados
de la clase media. «Nosotros no tenemos una lucha
obrera claramente representada», observa Walsh con
pesar, mientras pasa revista a la historia de la literatura
nacional, al tiempo que se lamenta por dicha carencia
y expresa su desconfianza respecto a la capacidad de
la literatura burguesa para dar cuenta de los conflictos
sociales: «la denuncia traducida al arte de la novela se
vuelve inofensiva, no molesta para nada, es decir, se
sacraliza como arte» (1996a: 219).
Nos interesa destacar que a partir de su trabajo
en la CGT, las ideas de Walsh acerca de la literatura
venidera y el rol del escritor experimentan un punto
de giro que da lugar a reflexiones inéditas, que no
cristalizan en respuestas definitivas. La idea de
escribir una novela hecha de cuentos que retomarían
personajes y situaciones de Los oficios terrestres y Un
kilo de oro también estaba presente al momento de
reflexionar sobre el posible final de la novela burguesa
y el advenimiento de la literatura de testimonio.
Dos años después de su conversación con Piglia
—publicada en 1973, pero que tuvo lugar en 1970—,
Walsh se replantea la relación entre literatura y
periodismo: «El periodismo activa para el momento,
podía tener una gran fuerza conmocionante, pero no
una larga proyección, no alcanza a fijar la experiencia
colectiva (que es prolongada) ni la experiencia
personal» (1996a: 206).
Aquí no terminan sus consideraciones. Habla
también de la posibilidad de una literatura clandestina,
anónima o pseudónima, que implica el sacrificio de
la autoría y, por consiguiente, el de la figura de la
individualidad creadora del escritor. Estamos ante
un concepto de literatura que se postula al margen
de los circuitos institucionales de producción y
circulación de las obras. Estas consideraciones de 1969
establecen un diálogo con dos experiencias que le son
contemporáneas.
La primera de ellas es la exhibición clandestina de
dos películas documentales: La hora de los hornos, de
Fernando «Pino» Solanas (1968), y la versión fílmica de
Operación Masacre, dirigida por Jorge Cedrón (1972).
Sobre esta última, Walsh dice:
La filmación se realizó en las condiciones de clandestinidad
que la dictadura de Lanusse impuso a la mayoría de las
actividades políticas y a algunas actividades artísticas.
Alrededor de treinta actores profesionales, en su mayoría
de primera fila, aceptaron el riesgo de la filmación.
La película se terminó en agosto de 1972. Con el concurso
de Juventud Peronista, peronismo de base, agrupaciones
sindicales y estudiantiles, se exhibió centenares de veces
en barrios y villas de Capital e interior, sin que una sola
copia cayera en manos de la policía. Se estima que más
de cien mil compañeros la habían visto antes del 25 de
mayo de 1973. (2001: 139)
El director de la película diría, por su parte, que «lo
más importante es haber llegado a hacer una película
que se inscribe dentro del peronismo. Es decir, hacer
algo que está en el pueblo, no declararse meramente
junto a él» (citado en Peña, 2003: 88).
En esta voluntad de hacer películas que los obreros
pudieran reclamar como propias, la presencia de Julio
Troxler —sobreviviente de la masacre— validaba el
filme: quien habla es «uno de ellos». En palabras de
Cedrón, «el testimonio sale de la boca de un militante,
y eso le da una verdad muy grande» (Peña, 2003: 88).
Walsh (2001) concuerda plenamente con Cedrón:
«Una militancia de casi veinte años autorizaba
a Troxler a resumir la experiencia colectiva del
peronismo en los años duros de la resistencia, la
proscripción y la lucha armada». Su autoridad dejó
asimismo una marca en las imágenes: Víctor Laplace,
actor que encarnó uno de los roles protagónicos, relató
que Troxler estuvo a cargo de la puesta en escena
del fusilamiento. Cedrón declaró que en ocasiones
también dirigió a los actores. Su papel político fue
vital en el desarrollo de la película, en la que todo
el equipo participó de la investigación previa. «Esta
tarea se convirtió, así, en la interpretación de un
hecho político», afirmó el cineasta, quien también
señalaba que «en la charla política con los actores,
su intervención resultó importantísima. Fueron tres
meses filmando en compañía de un tipo que era
mucho más claro que nosotros en ese momento»
(Peña, 2003: 80).
La experiencia del equipo de filmación en la
realización de esta trasposición fue un verdadero
aprendizaje político que talló en sus subjetividades.
Valgan al respecto las declaraciones del director: «El
propósito de hacer Operación Masacre fue, primero,
entender yo mismo qué era el peronismo y luego
entender en profundidad el significado del movimiento
y la lucha de clases. Aprendí mucho con la película»
(Peña, 2003: 73).
La segunda experiencia contemporánea de las
teorizaciones de Walsh es la anti-revista Sobre
—fundada por «Pino» Solanas y Octavio Getino,
junto con Roberto Jacoby, Beatriz Balvé y Antonio
Caparrós. Consistía en un sobre de manila, que incluía
una diversidad de materiales para ser utilizados y
distribuidos por los lectores. Circulaba de mano en
mano, fuera del circuito comercial; las notas no estaban
firmadas; los editores eran anónimos e instaban a los
lectores a darle un uso colectivo al material, que se
concebía como instrumento de la acción política. Así
lo indica su primer manifiesto (Longoni, 1995: 140):
A SOBRE no lo queremos intacto
queremos que se deshaga
que se gaste
que se arroje como una granada
QUE SEA UN ARMA.
SOBRE no es solo para leer:
es para usar
No lo guarde en un cajón ni lo coleccione en su
biblioteca.
Lo que SOBRE contiene se puede clavar, colgar,
pegar en su casa, en los baños, en la calle
puede dejarlo olvidado en lugares específicos,
puede repartirlo a sus amigos o enemigos.
Si al cabo de una semana SOBRE está intacto
y usted no ha discutido, no ha pensado, no se ha
reunido
PARA HACER ALGO
es que no ha sabido usarlo
en cuyo caso, por favor, no lo compre más:
hay muy pocos ejemplares circulando.
Entre los materiales de Sobre se contaban testimonios
de luchadores populares, notas de los editores y del
semanario de la CGT, historietas, un informe de los
servicios de inteligencia sobre los miembros de la
Resistencia Peronista y una proclama de San Martín.
Esta experiencia recupera los desarrollos acerca del
arte de los medios llevados a cabo por Roberto Jacoby,
Eduardo Costa y Raúl Escari durante su paso por
Rodolfo Walsh: en busca de la palabra ajena
137
el Instituto Di Tella, que adquieren un nuevo carácter
bajo el signo de la clandestinidad: se trata de una vuelta
a los circuitos de comunicación que establecen los
contactos interpersonales. Jacoby admitiría que en esta
opción por la clandestinidad tuvo una gran influencia
la clausura de la muestra Tucumán Arde, en tanto
nos ha hecho tomar conciencia de que no es posible, en
nuestro país, trabajar en una semilegalidad. Una acción
cultural suficientemente agresiva, capaz de esparcirse y
orientada a aquellos que pueden hacer mejor uso de ella,
cae instantáneamente bajo los golpes de la represión. Es
por eso que las nuevas formas culturales que elaboramos
deben ser clandestinas. Algunas de nuestras ideas se
han esparcido, lo que nos permite constituir a partir
de ahora un frente de acción común con otros artistas
e intelectuales que acuerden con nosotros. Pensamos
reagrupar nuestro punto de vista en una publicación
que acabamos de crear: Sobre. Su forma, su concepción,
corresponden a nuestra idea de cultura: fuera del sistema
cultural neocolonial, fuera de su mercado de consumo,
en el corazón de la militancia de liberación. (Jacoby,
2008: 273-4)
Huellas de la Teoría general de la novela
en ¿Quién mató a Rosendo?
Yo lo consideré un amigo desde el momento que fue allá,
de los huevos que tuvo en venir, cosas en las que él no
tuvo un carajo que ver. Yo pensaba los que estamos en
el despelote somos nosotros, este se mete de comedido
y quién te dice lo van a cagar a balazos a este ¿entendés?
Pero era muy compañero, muy camarada. (Arrosagaray,
2006: 95)
El testimonio de Rolando Villaflor, sobreviviente del
tiroteo, deja claro que fueron los riesgos compartidos los
que estrecharon los lazos entre Walsh y los militantes
obreros. La búsqueda de un código común tiene como
prerrequisito la conformación de un nosotros. Al respecto,
nos parece particularmente reveladora una anotación
que Walsh registra en su diario antes de la publicación
del libro: «Me fui lleno de congoja, pensando —como
otras veces— que estamos derrotados. Pero yo hace
poco que ando con ellos, y es la primera vez que escribo
espontáneamente la palabra “estamos”» (1996a: 83).
Los compañeros de Walsh recuerdan su celo por
registrar las palabras de los trabajadores. Siempre
llevaba un grabador de mano cuando se entrevistaba
con ellos. Así lo recuerda Ismael Alí, militante gráfico:
«Él se iba a la casa de Raimundo y se pasaba horas
conversando con él —en Los Polvorines— y lo grababa
y lo grababa [...] Lo quería mucho y lo interpretaba
mucho a Raimundo», y señala como un mérito el
hecho de que Walsh «pescaba perfectamente cuál era
el pensamiento de Ongaro» (Arrosagaray, 2006: 95).
El semanario de la CGT (1968: 6), por su parte,
instaría a los obreros a convertirse en corresponsales, ya
138
Celina Fernanda Ballón Patti
que «nadie mejor que el trabajador conoce lo que pasa
en su lugar de trabajo». Al participar de la redacción del
periódico, los trabajadores «verán mejor reflejados sus
problemas, podrán defender sus conquistas. Se sentirán
más unidos a una causa común».
¿Cómo se plasma la preocupación por el lenguaje
de los trabajadores en el libro? En primer lugar,
encontramos un uso muy importante del skaz, una
estrategia narrativa que cobró gran importancia en la
factografía, y que se caracteriza por una transcripción
de la oralidad que respeta las imprecisiones y los giros
del habla de personajes que sustituyen al autor en la
incorporación al relato de contenidos ideológicos. Esta
incorporación de la oralidad pura al relato se realiza
por medio del monólogo narrativo de un personaje
que funciona como figura suplementaria del autor y
que traspone, por una vía indirecta, las concepciones
de este en el contexto de la narración. Esta técnica
permite la infiltración del habla más coloquial y
extraliteraria por medio de la dramatización narrativa.
El skaz es la estrategia discursiva que da cuenta, en este
texto, del carácter de hablante que asumen los sectores
populares. En palabras de Mijaíl Bajtín:
Nos parece que, en la mayoría de los casos, el relato
oral se introduce precisamente para representar una
voz ajena, socialmente determinada, que aporta una
serie de puntos de vista y valoraciones que el autor está
buscando. Se introduce propiamente el narrador que
no es literato y que las más de las veces pertenece a los
estratos socialmente bajos, al pueblo (que es lo que le
interesa al autor), aportando su habla. (2003)
Los testimonios de los sobrevivientes presentan giros
y modismos propios de su manera de hablar y figuran
con itálicas, a fin de separar las palabras del autor de las
del informante. Sirva, a modo de ejemplo, uno de los
testimonios brindados por Rolando Villaflor:
Yo siempre fui un muchacho intranquilo. Andaba sin
plata, sin laburo. Después usted ve que los turros hacen
ostentación de guita. A usted lo deslumbran, ¿sabe? Usted
quiere ser como ellos, empilchar bien, andar rodeado
de mujeres, tener un valerio que lo pase a buscar con
un auto. Y después le dicen: «Vení que es fácil». Todavía
le dan guita a uno. Y uno va, lo convidan a un asaltiño,
usted se prendió y después chau, no salió más de ahí.
(Walsh, 2003: 31)
Largos párrafos del libro están contados mediante
la técnica del skaz. El libro dedica un capítulo a cada
uno de los involucrados, pero este recurso solo está
presente en el caso de los militantes combativos —que
son los únicos que tienen la palabra. Las semblanzas
de Domingo Blajaquis y Juan Zalazar, por otra parte,
concluyen con una despedida escrita por Raimundo
Villaflor. La última palabra acerca de los muertos no es
la del autor del libro, sino la de su compañero obrero.
El objetivo de «trazar el avance de los héroes» se
verifica en el relato de las historias de vida de Domingo
Blajaquis, «el Griego», y Rolando Villaflor. El primero
de ellos era un militante veterano, sobreviviente de
innumerables injusticias y persecuciones. Su figura
adquiere relieves míticos: Blajaquis deviene el obrero
combativo por antonomasia, un luchador demasiado
grande y digno, y por esa misma razón, perseguido
sucesivamente por todas las agrupaciones políticas
del país. En suma, un héroe de la clase obrera: «Si
hay un símbolo de la resistencia obrera en estos
años, es Domingo Blajaquis y en ese sentido tenía
razón al decir que a él no lo podían matar, ni siquiera
los bandidos que ahora lo mataron» (Walsh, 1996a:
66). La segunda trayectoria heroica es la de Rolando
Villaflor. Pero en este caso se trata de un converso.
Exasaltante con condena cumplida, la militancia
política es un camino de redención para el menor
de los hermanos Villaflor, que abandona las filas del
lumpen y un modo predatorio de relacionarse con
el mundo:
A través de la acción política, Rolando Villaflor hizo
un tratamiento heroico [...] De simpatizante peronista,
se hizo militante revolucionario. Un día o una noche,
que tal vez fueron una sucesión de días y de noches,
el Griego le explicó su vida: Rolando Villaflor había
querido salvarse solo, y no hay salvación individual,
sino del conjunto [...] Por eso estaba ahí, sin armas,
definitivamente incorporado al mundo de los giles que
piensan en los otros. El suyo había sido el camino más
duro. (Walsh, 2003: 36-7)
¿Quién mató a Rosendo? es un relato que aspira a
establecer cómo sucedieron efectivamente los hechos; la
disputa por establecer una verdad tiene como correlato
la preocupación por afianzar las certidumbres. La noticia
preliminar del libro se cierra con una frase tajante: «Las
cosas sucedieron así:». Los dos puntos introducen el
resto de la obra, en la que se enuncia la intención de
dar cuenta de los hechos «como efectivamente han
sucedido». Walsh lo dice claramente: «No hay una línea
en esta investigación que no esté fundada en testimonios
directos o en constancias del expediente judicial», lo cual
equivale a decir que en su libro no hay espacio para la
ficción. Sin embargo, creemos que la ficcionalización
no solo está presente, sino que cumple un rol clave en
la construcción de la figura heroica de los militantes de
base asesinados. Sirvan de ejemplo estas líneas:
Y se iba cargado de sus libros, folletos, diarios, dejándolos
atónitos de que se dignara hablar con ellos, porque todos
sabían que Domingo Blajaquis había estado preso tal vez
desde que nació, y que era el primer hombre que sufrió
la Picana, tal vez el inventor del Gran Sufrimiento de la
Picana, que la policía siempre lo buscó y que él contestó
a la policía y a todos los explotadores del mundo con
bombas que hacían saltar los puentes y las fábricas de los
explotadores. (Walsh, 2003: 65)
La intención de Walsh era que «el Rosendo»
contribuyera a la lucha que en ese momento libraba
el sector combativo de la clase obrera argentina. Sus
adversarios en la puja por establecer la verdad acerca
de lo sucedido no eran solo los medios de prensa, sino
también, los intelectuales de la burocracia sindical.
En la noticia preliminar del libro, declara que «sus
destinatarios naturales son los trabajadores de mi
país». Poco tiempo después, reconoce que factores
estructurales (como el precio) limitan la posibilidad
de acceso, lo cual no impide necesariamente que tenga
efectos masivos: «Basta con que llegue a las cabezas del
movimiento obrero, a los dirigentes, a los militantes
más esclarecidos. Ellos son los vehículos de las ideas
contenidas en el libro» (Walsh, 2003: 120).
Memoria y balance:
vaivenes de un pensamiento sin punto final
Pocos años más tarde, Walsh reflexionaría más
profundamente acerca del relato testimonial y de la
pretensión de «dar cuenta de los hechos tal como
efectivamente han sucedido», y descubriría que
el género también comporta su propio sistema de
silencios. En su diario escribe:
Repaso mis propios argumentos: el testimonio presenta
los hechos, la ficción los representa. La ficción resulta
encumbrada porque no tiene filo verdadero, no hiere a
nadie, no acusa ni desenmascara [...] Pero el testimonio
también está limitado: si yo persigo ciertos fines políticos
inmediatos tengo que dar una verdad recortada, no
puedo ofender a mis amigos que son mis personajes:
recuerdo la reacción de R y su familia cuando conté su
pasado de asaltante. (1996a: 186-7)
Walsh reveló el pasado del menor de los Villaflor
porque era funcional a la construcción del mosaico
de la clase obrera combativa que retrata el libro. Si
Domingo Blajaquis es el militante heroico y veterano,
Rolando Villaflor encarna una figura de larga vida en la
literatura popular: aquel que se pasa al bando correcto.
Es comprensible que Walsh no quisiera renunciar a
la eficacia retórica que tendría la revelación de esta
historia de vida non sancta. El relato de los hechos se
ve así tensionado por dos polos difíciles de conciliar:
las características de la literatura popular y las lealtades
que se deben al propio grupo. ¿Es posible, por lo tanto,
aseverar que el género testimonial puede afirmar sin
más que «las cosas sucedieron así»?
Como tantas otras interrogantes en la obra de Walsh,
esta queda sin respuesta. La desaparición forzada del
escritor es en gran parte responsable de ello. A pesar
de que en 1968 inaugura un camino de lucha que ya no
abandonará, sus posicionamientos teóricos estuvieron
lejos de ser inmutables. Su pensamiento fue influenciado
por la correlación de fuerzas políticas de la coyuntura, lo
cual tampoco le impidió pensar a contrapelo.
Rodolfo Walsh: en busca de la palabra ajena
139
Su diario da cuenta de los vaivenes políticos y
teóricos de su pensamiento. En plena lucha contra
el vandorismo, deja asentado que él es «el primero a
convencer de que la revolución es posible». Muy poco
después del Cordobazo, dirá que es más importante
producir los hechos que escribirlos. Cuatro años
más tarde, en el reportaje en el que especula sobre la
caducidad de la novela, afirma:
Me he criado dentro de esa concepción burguesa de las
categorías artísticas y me resulta difícil convencerme
de que la novela no es en el fondo una forma artística
superior; de ahí que viva ambicionando tener el tiempo
para escribir una novela a la que indudablemente parto
del presupuesto de que hay que dedicarle más tiempo que
a una denuncia periodística. (Walsh, 1996a: 219)
En esa misma entrevista, dice que «esa novela que
uno quiso escribir desde los 15 años no sirve para
un carajo y en realidad lo que hay que escribir es
otra cosa». Más allá de las contradicciones, creemos
que ¿Quién mató a Rosendo? resulta un libro valioso
porque cumple uno de los más importantes objetivos
de Walsh: «agarrarlos a ellos como tema, sus vidas, su
lucha» (Walsh, 1996a: 134). Centrándose en la lucha
política de coyuntura, Walsh logró una obra que tiene
un lugar relevante en el combate por la escritura del
pasado reciente argentino. Esa era, sin duda, una de
sus metas mayores:
Para los diarios, para la policía, para los jueces, esta
gente no tiene historia, tiene prontuario; no los conocen
los escritores ni los poetas; la justicia y el honor que se
les debe no cabe en estas líneas; algún día sin embargo
resplandecerá la hermosura de sus hechos, y la de tantos
otros, ignorados, perseguidos y rebeldes hasta el fin.
(Walsh, 2003: 7-8)
Nota
1. Vandorismo: facción sindical hegemónica en la Argentina de finales
de la década de los 60, caracterizada por su disposición a negociar
con la dictadura de Onganía y por el fortalecimiento del verticalismo
y de la estructura burocrática. Su táctica y estrategia políticas —que
incluían no solo la voluntad de establecer acuerdos con la dictadura y
las patronales, sino también, la persecución y entrega de los militantes
que no acataban las directivas de la conducción— obraron como una
valla de contención del sector combativo del movimiento obrero.
Vandor terminaría por desafiar —sin éxito— la conducción de Perón.
Fue asesinado el 30 de junio de 1969.
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, 2015
Mención en Premio Temas de Ensayo 2013 (Ciencias sociales)
C. Wright Mills:
el profeta olvidado
Ricardo Alarcón de Quesada
Escritor.
E
Se veía a sí mismo como un profeta que
sabía que las palabras caerían en oídos
sordos. Pero él tenía que hacer lo que tenía
que hacer.
Saul Landau
l 20 de marzo de 1962, en Nueva York, a los
cuarenta y cinco años de edad, C. Wright Mills
sufrió su último, definitivo, infarto cardíaco.
Concluía así, con la derrota, su batalla final con
el «maldito corazón» que había durado dieciséis meses.
La víspera, en Atlanta, Tom Hayden terminaba lo
que sería la declaración fundacional de Students for
a Democratic Society, organización emblemática de
la Nueva Izquierda en cuyo origen mucho influyó el
sociólogo y escritor, desaparecido en plena juventud.
Al despertar esa mañana, Hayden lo descubrió en The
New York Times: «Experimenté dolor en el pecho y
aún puedo recordar la depresión que comenzó en ese
momento [...] no hay duda de que él fue empujado a la
muerte por la falta de apoyo en su cruzada unipersonal»
(Hayden, 2006).
Más al sur, en La Habana, Fidel Castro y otros
amigos recibieron también la noticia con amargura.
Hacía meses lo esperaban para continuar el diálogo
iniciado en 1960 y para ayudarlo a recuperar su
quebrantada salud.
Se ha dicho que no cultivó muchas amistades, pero
en México, Inglaterra, Francia, Rusia y otros países,
amigos leales lamentaron su pérdida.
Ha pasado medio siglo, un lapso mayor que el de
su noble vida, de intensa creación y compromiso. Ya
son pocos los que citan su producción intelectual que
antaño tuvo notable influencia y muchos los que ni
siquiera saben quién fue.
Murió con la angustia de que el tiempo no le
permitiría desarrollar las ideas que aguzaban su
mente, su profunda preocupación por el futuro, el
legado que se empeñó afanosamente en dejar escrito
hasta el último día. Sería vano intentar hacer lo que él
no pudo. Porque Mills fue también el profeta que no
alcanzó a concluir su profecía. Este ensayo es apenas
un esfuerzo por reanudar el diálogo interrumpido hace
medio siglo y un modo de expresarle nuestra gratitud
a un intelectual verdaderamente heroico que, al decir
de Simone de Beauvoir (1964), «estaba enamoradísimo
de Cuba».
Listen Yankee
Cuando visitó Cuba en agosto de 1960 ya era un
escritor reconocido; había publicado nueve libros
—entre ellos,The Sociological Imagination, White
Collar y The Power Elite— que cimentaban su prestigio
académico y habían hecho comprender a muchos,
dentro y fuera de los Estados Unidos, la verdadera
naturaleza de la sociedad norteamericana. Sus textos
revelaban temprana madurez, sólida información y
pensamiento independiente, y provocaron controversia
en los círculos académicos.
Su visión era la de un hombre de izquierda, radical,
aunque ajeno a cualquier secta o partido; un rebelde.
Es notable que fuera así, a mediados del pasado siglo,
n. 81-82:
141-148,
enero-junio
2015
C. Wright
Mills:
el profeta de
olvidado
141
cuando el macartismo y la guerra fría habían lastimado
severamente a la intelectualidad norteamericana, en la
que dejaron secuelas que aún perduran.
De aquella visita surgió otro libro, Listen Yankee: The
Revolution in Cuba, que alcanzó amplia difusión en su
país, encendió allá memorable polémica y acarreó sobre
su autor presiones y amenazas que mucho tuvieron que
ver con el fin de su vida. Publicado en momentos en
que el imperio lanzaba contra la Isla una desaforada
campaña de mentiras y odio, nutrida por los prejuicios
y la ignorancia de un público inerme, incapaz de
comprender lo que sucedía, el libro tuvo un impacto
sorprendente. Fue reeditado varias veces, con grandes
tiradas, sin contar las numerosas reproducciones
«piratas» que circularon en este continente.
Concebido como un aldabonazo para despertar la
conciencia de ese público, el libro fue una provocación
tan noble como eficaz. Evadiendo el estilo y la jerga
de los especialistas, redactado cual si fuese un cubano
quien se dirigía al pueblo norteamericano, Mills dio
voz a una revolución asediada, para que asumiera su
propia defensa refutando y esclareciendo punto por
punto los elementos principales de una confrontación
que entraba entonces en su etapa inicial.
Los términos aparentes y algunas modalidades
que han envuelto el llamado «diferendo» entre Cuba
y los Estados Unidos han evolucionado, por supuesto,
a lo largo de cinco décadas. Ello puede explicar la
escasa presencia de la obra de Mills en la infatigable
producción de la «cubanología» posterior. Sin
embargo, su contribución sigue siendo fundamental,
ante todo porque Mills no se perdió en los meandros
del «diferendo», prefirió analizar las raíces de la
confrontación y supo descubrir en lo que acontecía
entonces las claves del futuro. Releyéndolo ahora se
puede comprobar la certeza de su profecía.
La revolución iniciada en Cuba no era sino el
comienzo de la insurgencia inevitable de los pueblos
de América Latina y el Caribe, de África y de Asia; la
rebelión de esa parte de la humanidad, el Tercer mundo,
de la que poco se hablaba entonces.
No era un resultado del antagonismo entre el
bloque soviético y Occidente, encabezado por los
Estados Unidos, como repetían, con deliberado
propósito reduccionista, los medios informativos
norteamericanos incluyendo la casi totalidad de los
que allá se consideran liberales.
El antagonismo entre los dos bloques, que habría
podido conducir a una guerra devastadora, capaz de
aniquilar totalmente a ambos, y a todos los demás,
encerraba una paradoja difícil de descubrir aun para los
espíritus más lúcidos. La carrera belicista, su dinámica,
su perversa lógica interna, generaba una simetría entre
el Este y el Oeste que los haría converger a pesar de sus
diferencias ideológicas y sociales.
142
Ricardo Alarcón de Quesada
Estas dos sociedades dominantes del mundo se están
convirtiendo en hiperdesarrolladas de una forma similar;
los términos mismos de su antagonismo mundial están
favoreciendo su convergencia [...] Existen muchos otros
puntos de convergencia y paralelo entre estos dos países,
tanto en el mundo ideal como en la realidad y a medida
que crezca el complejo industrial soviético, pueden
hacerse más evidentes. En una primera impresión,
aparentemente difieren; en la tendencia estructural y la
acción oficial ellos se vuelven cada vez más parecidos.
No es la ideología, sino la tecnología industrial y militar
encaminada a la guerra total, la que bien puede determinar
que los sueños de uno aparezcan oportunamente en las
realidades del otro. (Mills, 1958)
La teoría de la convergencia, expuesta por Mills
un par de años antes de su visita, cuando Cuba vivía el
horror del batistato, fue rechazada por tirios y troyanos.
En los años 50 del pasado siglo todo el mundo creía en
la eterna perdurabilidad del régimen soviético y nadie
soñaba con el triunfo de una revolución socialista en
Occidente. Aunque entonces no estaba de moda hablar
del «fin de la historia» —en el Oeste la intelectualidad
promovida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
prefería proclamar el «fin de la ideología» (falacia que
Mills supo destruir)—, se asumía generalmente que los
dos sistemas permanecerían inmutables y el destino de
la humanidad dependería de que ambos coexistieran
en paz perpetua o sellaran la partida en un holocausto
universal.
Mills, por su parte, soñaba con una «nueva
izquierda». Creía en el ideal socialista, pero lo veía
lejano en su país, dominado por una cada vez más
poderosa élite económico-militar, con el movimiento
sindical diezmado, la vieja izquierda dividida y
paralizada, y los medios de comunicación generando
consumismo y banalidad. Criticó las deformaciones y
los graves errores del modelo soviético, sin caer en el
anticomunismo vulgar tan en boga entre sus colegas, y
supo darse cuenta de que la industrialización acelerada
y la lógica del armamentismo y la preparación bélica
eran portadoras de una dinámica que llevaría a
la restauración capitalista. Muchos años después,
Margaret Thatcher reconocería en sus Memorias su
acuerdo con Ronald Reagan para llevar la carrera
armamentista al espacio extraterrestre —la absurda
«guerra de las galaxias»— y obligar así a la URSS a
un ilimitado derroche de recursos que conduciría a
su bancarrota. Mills no pudo imaginar hasta dónde
llegaría el delirio belicista, pero no le fue necesario
para prever, medio siglo antes, su letal efecto sobre
el proyecto socialista. Probablemente nunca la
Dama de Hierro ni su insólito compadre leyeron a
Mills ni les hizo falta: ya la burocracia moscovita
había engendrado a los gozosos enterradores del
«socialismo».
El triunfo de la Revolución cubana lo sorprendió.
Había estudiado los problemas de la emigración
puertorriqueña en Nueva York. Conocía México, país
hacia el que su madre sentía especial afecto. Pero Cuba
no había estado en el centro de su atención.
Preparó su visita minuciosamente. No solo hurgó
en su historia y su cultura; leyó también todo lo
que sobre ella publicaban los grandes medios, que
la habían descubierto en enero de 1959. Habló con
amigos y colegas, indagó y elaboró su larga lista de
interrogantes. Fueron meses de intensa preparación.
Su viaje no fue como el de ciertos arrogantes que
visitan la Isla un fin de semana y, ya arropados con el
manto de «especialistas», publican textos que suelen
repetir lo que antes otros escribieron y en los que
no faltan errores e inexactitudes que no pocas veces
se codean con el ridículo. Mills hizo exactamente al
revés. Tanto estudió el tema que, antes de emprender
el viaje, casi había redactado un libro distinto del que
resultaría de su visita.
Desde la primera página advierte que el mensaje de
Listen Yankee... trasciende el tema específico de Cuba.
Lo que los cubanos están diciendo y haciendo hoy, otros
pueblos hambrientos en América Latina lo van a decir
y a hacer mañana. Esa perspectiva no es ni un alarde
ni una amenaza cubana. Es una obvia probabilidad. En
África, en Asia, así como en América Latina, los pueblos
detrás de esta voz se están volviendo más fuertes en una
especie de furia que no habían conocido nunca antes.
Como naciones, son jóvenes: para ellos el mundo es
nuevo. (Mills, 1960: 7)
Respecto al contraste entre lo que había leído sobre
Cuba antes de su visita y lo que apreció directamente
en ella advirtió:
Ese viaje me ha obligado a aceptar la percepción —que
por largo tiempo rechacé— de que mucho de lo que
uno ha leído recientemente sobre Cuba en la prensa
norteamericana está muy alejado de las realidades y del
significado de lo que está ocurriendo en Cuba hoy. (9)
Y le permitió decir, hablando como un cubano,
ahora estamos tan alejados que existen dos Cubas —la
nuestra, y la que ustedes se han imaginado [...] Tal vez
esto no importaría tanto si no fuera porque nosotros
sabemos que nuestra Cuba se ha convertido en un nuevo
comienzo en el hemisferio occidental, y quizás incluso
en el mundo. (13)
Esa voz trató ante todo de esclarecer aspectos claves
de la realidad cubana respecto a los cuales poco, o nada,
se sabía fuera de la Isla.
No podría comprenderse lo que sucedió en
Cuba sin una clara apreciación de lo que había sido
el régimen batistiano. Sus crímenes, atropellos, la
sangrienta y brutal represión que lo caracterizó desde
que el 10 de marzo de 1952. De un manotazo, liquidó
la Constitución y las instituciones republicanas.
Tampoco se podría entender lo ocurrido a partir del
1 de enero de 1959 si no se evaluaba la naturaleza
corrupta, mafiosa y gansteril del batistato. Era
este, desde luego, un instrumento servil de los
monopolios estadounidenses y de los latifundistas y
otros grandes propietarios de una oligarquía criolla
cuyos intereses estaban indisolublemente unidos a
los norteamericanos.
Pero ese régimen era, además, lo que Mills califica
como political-capitalism racket (capitalismo político
pandillero), que, entre otras cosas, manejaba mil
millones de dólares extraídos de fondos estatales que
permitió a los batistianos apoderarse de varios sectores
industriales importantes.
Alrededor de 80% del capital de nuestras industrias era
dinero gubernamental, y la mayoría de los «dueños» eran
esbirros de Batista [...] la mayor parte de la industria
cubana que se estableció durante los años 50 fue una
variante Batista de capitalismo sin escrúpulos. A partir de
nuestro triunfo, algunos negocios han quebrado, así que
hemos tenido que encargarnos de ellos para mantenerlos
funcionando. Hemos hecho esto para mantener alta
la tasa de empleo. La mayoría de las industrias ahora
en poder del Gobierno provienen de este grupo y
directamente del grupo de Batista. (76)
La fuga de los batistianos desde enero de 1959
colocó al naciente gobierno revolucionario ante la
necesidad de asumir una buena parte de producciones
y servicios, antes en manos privadas. El Estado debió
hacerse cargo de un sinfín de funciones que iban más
allá del programa revolucionario original, que luego
las asumiría y llevaría a una desmesurada intervención
estatal en la economía que la Revolución, en su etapa
actual, busca rectificar.
Otra medida radical fue dictada por las
circunstancias: el estricto control cambiario y la
prohibición de las importaciones suntuarias, decisiones
tomadas por el gobierno provisional que presidía
Manuel Urrutia a propuesta de Felipe Pazos, primer
presidente del Banco Nacional, quien descubrió que
los batistianos habían saqueado el tesoro público: se
habían llevado valores superiores a los cuatrocientos
millones de dólares, lo que colocaba al peso cubano
en virtual bancarrota, situación resultante, según el
Departamento de Estado (1991),
del hecho de que después de la partida de la administración
de Batista se determinó que las reservas de divisas del
país estaban diezmadas y sesenta millones por debajo
de las exigencias legales [...] Estas dificultades, solo para
citar algunos de los problemas, pondrían a prueba las
habilidades para gobernar de cualquiera de los mejores
líderes, al menos en este hemisferio.
Antes que fuera dictada la Ley de Reforma Agraria
y obviamente mucho antes de las nacionalizaciones
de 1960, el Gobierno revolucionario provisional creó,
desde enero de 1959, un Ministerio para la recuperación
de bienes malversados, que se ocuparía de administrar
las antiguas propiedades de los batistianos y sus
colaboradores. La tarea de mantenerlas recayó sobre sus
C. Wright Mills: el profeta olvidado
143
Su visión era la de un hombre de izquierda, radical, aunque ajeno a cualquier
secta o partido; un rebelde. Es notable que fuera así, a mediados del pasado
siglo, cuando el macartismo y la guerra fría habían lastimado severamente
a la intelectualidad norteamericana, en la que dejaron secuelas que aún
perduran.
propios trabajadores y sobre jóvenes revolucionarios
inexpertos, ya que, con los antiguos dueños se habían
marchado también sus gerentes y buena parte del
personal calificado.
Había empresas importantes que dominaban ramas
enteras de la economía —en las construcciones, la
química, la producción arrocera— o tenían un peso
relevante en el transporte, la prensa escrita, la radio
y la televisión, la industria azucarera y la agricultura,
que se sumaban al control absoluto que los batistianos,
por sí mismos, ejercían sobre el juego, la prostitución,
los hoteles, centros nocturnos, bares y cantinas de
diversa categoría. El tráfico de drogas, el juego ilícito
y la prostitución fueron rápidamente eliminados y
los que dominaban estas actividades se sumaron a la
diáspora batistiana.
Un universo de tareas recaería sobre las nuevas
autoridades, en su gran mayoría jóvenes que no
contaban con otra experiencia que la adquirida en
la guerrilla rural o en la clandestinidad urbana. Los
militantes de la lucha antibatistiana se vieron obligados
a desempeñar funciones para las cuales no habían sido
adiestrados y debían hacerlo sin abandonar la que sería
prioritaria: salvar la victoria frente a las poderosas
fuerzas que se movilizaban contra ella dentro y fuera
de la Isla.
La situación se complicaba aún más con el empleo
por Washington del arma migratoria. La emigración
hacia los Estados Unidos, rasgo clave de la sociedad
cubana desde la etapa del dominio colonial español,
que había alcanzado a comienzos de la Guerra
Grande niveles masivos —los más altos en nuestra
historia—, continuó hasta el final del siglo xix y más
tarde en la República para recuperar características
masivas en los años 50, bajo la dictadura de Fulgencio
Batista. Los datos oficiales norteamericanos son muy
reveladores. En 1958, Cuba ocupaba el segundo lugar,
después de México, entre los emisores de migrantes
hacia territorio norteamericano; la cifra de cubanos
era superior a la suma de la de todos los demás países
del hemisferio occidental. Nada hacía pensar que esa
tendencia no continuaría cuando se produjo la victoria
revolucionaria.
El derrumbe de la tiranía produjo una estampida
de batistianos y colaboradores y beneficiarios del
régimen derrocado, quienes, sin excepción, recibieron
144
Ricardo Alarcón de Quesada
hospitalidad y apoyo para convertirse en el núcleo
central de la contrarrevolución, posición privilegiada
que han detentado desde entonces y retienen hoy, en
lo fundamental, medio siglo después.
Durante los primeros dos años, además, era fácil
emigrar a los Estados Unidos mientras Washington
no suspendió los vuelos comerciales diarios entre los
dos países. Las dificultades materiales, estimuladas por
las acciones encaminadas a dañar nuestra economía,
la presión psicológica derivada de la amenaza
de intervención militar y las ofertas de empleo y
tranquilidad incitaron a no pocos profesionales a
juntarse a sus familiares más allá del Estrecho de la
Florida.
El «platismo» estaba profundamente enraizado
en la sociedad, sobre todo entre sus capas media y
alta: la idea de que Cuba nada podía hacer frente a la
voluntad imperial, que cualquier intento fracasaría
como habían fracasado todos los anteriores a lo largo
de la historia. Tal mentalidad, alimentada y manipulada
habilidosamente por los gobernantes norteamericanos,
tendría efectos únicos, no repetidos después en el
enfrentamiento de Washington con otros procesos
revolucionarios.
Lo que pudiera haber sido la base social de la
contrarrevolución optó por abandonar el terreno y
se fue a una emigración de la que, estaba convencida,
regresaría pronto cuando, como siempre había
sucedido, se impusieran las armas yanquis. Por otra
parte, como Washington siempre ha sido «platista»,
castró desde el primer momento cualquier noción
de autonomía contrarrevolucionaria. El Imperio
nunca admitió la independencia de Cuba. Tampoco
concibió una contrarrevolución independiente. Prefirió
«fabricarla», lo que reconoce, como algo natural, en
documentos oficiales desclasificados. Los grupos
y grupúsculos contrarrevolucionarios asumieron
gustosamente el papel asignado.
El anexionismo, derrotado en su tiempo por José
Martí, reaparecía, pero ahora como una grotesca
caricatura. En el siglo xix ese movimiento contó
con figuras notables de los círculos académicos y
profesionales y produjo hombres capaces de luchar y
morir por un «ideal» bastardo. El renacido en Miami
se nutrió con capitales robados al tesoro público,
volvió bajo el liderazgo batistiano, nutrió sus filas de
asesinos y torturadores, creció bajo la tutela yanqui,
alimentado con el presupuesto federal y ha apostado
siempre a una guerra que librarían otros. Es un
anexionismo parasitario y vulgar. No busca la quimera
imposible y espuria de convertir a Cuba en un estado
de la Unión norteamericana. Se contenta con hacer
regresar la Isla a su condición de posesión colonial
y someterla a un vasallaje. A diferencia del viejo
anexionista, semejante destino colmaría la felicidad
de la mafia miamense.
La política oficial de los Estados Unidos ha
mantenido invariable su orientación platistabatistiana. Del modo más explícito lo han proclamado
en leyes —desde la de Ajuste Cubano (1966) hasta la
Helms-Burton (1996)— y en los planes de George
W. Bush, que determinarían hasta el detalle el futuro
de Cuba.
En 1960, cuando Mills visitó la Isla ya se desarrollaba
plenamente la estrategia imperialista para destruir la
Revolución usando a los batistianos y a otros platistas
que Washington había acogido y a los que no solo había
brindado apoyo material, económico y diplomático.
Eran sus instrumentos. Una colosal y bien orquestada
campaña de propaganda era elemento esencial del plan
anticubano.
Mills puso al desnudo esa estrategia y más aún:
anticipó cómo ella conduciría, al siguiente año, a la
invasión mercenaria derrotada en Playa Girón.
Lo que ellos están haciendo debe costar millones de
dólares —su propaganda contra nosotros, sus viajes,
su mantenimiento mismo, y pensamos también sus
compras de armas [...] los batistianos tienen dinero,
que se robaron de Cuba [...] y cualquiera que conozca
a Batista, como lo conocemos nosotros, sabe que ellos
no obtuvieron el dinero de Batista mismo. Así que
nos preguntamos ¿de dónde sale ese dinero? ¿De las
compañías yanquis perjudicadas por nuestra revolución?
¿De la CIA de ustedes? ¿De su Departamento de Estado?
Por supuesto que ninguno de ellos es lo suficientemente
popular dentro de las comunidades cubanas en el
exterior para recaudar fondos allí. Sabemos que algunos
de ellos se reúnen con funcionarios del Departamento
de Estado. Así que pensamos que los yanquis deben
estar ayudándolos. (Mills, 1960: 56)
Mills analizó las diversas opciones que encaraba
entonces el Imperio, algo que en el verano de 1960 era
un ejercicio especulativo. Los planes que ya se habían
diseñado en Washington eran secretos y lo seguirían
siendo por algún tiempo. Mucho menos se sabía cómo
habría de ser la invasión. Pero él la anunció:
Así que solo hay un modo: lo más probable es que su
gobierno esté pensando en algún tipo de acción militar
indirecta, apoyando de forma secreta a mercenarios y
esbirros de Batista; algo así como lo que ellos hicieron en
Guatemala un tiempo atrás. Esta intervención no saldría
de suelo de los Estados Unidos, sino quizás de algún lugar
de Centroamérica. (68)
El nuevo comienzo
Aún antes de visitarla, Mills imaginó que en la
Isla podría encontrar la esperanza que afanosamente
buscaba.
No es en el capitalismo avanzado ni en el bloque soviético,
sino en los países subdesarrollados peligrosamente fuera
de ambos bloques donde veo las mejores posibilidades
para una izquierda independiente [...] No conozco
de ningún país que nos haya mostrado un verdadero
comienzo —un tercer modelo de industrialización, que,
por supuesto, sería la base para una nueva izquierda
internacional. Quizás Cuba nos lo muestre. Yo aún no
he estado allí. (Mills, 2008)
En Listen Yankee... vislumbró el potencial que se
abría para ese otro modelo y trató, con su libro, de
crearle condiciones que lo facilitaran. Era posible
desarrollar aquí un socialismo autóctono, una sociedad
de justicia y libertad si el Imperio no se empeñara en
asfixiarla. Listen Yankee... fue un ejemplo insuperable
de escritura urgente, comprometida. Su propósito era
detener una agresión inminente y la agudización de
un conflicto que haría más difícil, quizás imposible, la
realización del sueño.
La propaganda oficial de Washington dibujaba a
Cuba como un peligro, una amenaza que provocaba
alarma en muchos norteamericanos. También en
Mills. Pero la suya era otra, completamente diferente:
«Yo estoy a favor de la Revolución cubana. No estoy
preocupado acerca de ella. Me preocupo por ella y
con ella» (Mills, 1960: 179). Le preocupaba que el
asedio norteamericano y su aislamiento internacional
obligaran a Cuba a depender enteramente de la URSS
y que esa dependencia estratégica tuviese un reflejo
interno que marchitase su originalidad y frescura, y que
impusiera a la sociedad cubana el tipo de «marxismo»
anquilosado y burocrático prevaleciente en el este de
Europa.
Ciertamente, el curso de la Revolución cubana se
vio afectado por esos condicionamientos externos. En
lo fundamental, siguió las pautas del modelo soviético
y la economía cubana se incorporó al proceso de
integración del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME); las consecuencias en la cultura y en las
concepciones y los métodos para el trabajo político, la
educación y la información fueron profundas y dejaron
huellas que aún perduran.
No fue, sin embargo, un proceso lineal y no
faltaron flujos y reflujos. Había algo fundamental,
salvador, que Mills supo destacar: la nuestra no era una
revolución importada, tenía sus propias raíces y estas se
afincaban muy hondo en la historia. Precisamente en
1962 y a lo largo de aquel decenio se libraron batallas
decisivas contra el sectarismo que ilustraban sobre la
complejidad del necesario empeño por unir a todas las
fuerzas revolucionarias.
C. Wright Mills: el profeta olvidado
145
Hubo errores y deformaciones, pero nada parecido
a la terrible noche estalinista, como Mills de manera
sabia había anticipado. Irónicamente, no alcanzaron
dimensiones de mayor gravedad gracias a la asistencia
económica y material soviética que permitieron a los
cubanos afrontar la cruel guerra económica de los
Estados Unidos sin conocer las hambrunas y la miseria
que sufrió el pueblo ruso.
Debe subrayarse la importancia decisiva que
tuvieron la política y la práctica internacional de la
Revolución cubana. En este terreno, la Isla manifestó
plena independencia, expresada muchas veces en
posiciones solitarias en la ONU y otros organismos, y
fue capaz de desplegar una política internacionalista
que en no pocas ocasiones contradecía la línea
soviética. El internacionalismo cubano fue excepcional.
Ninguna otra sociedad socialista hizo algo semejante.
Durante más de tres décadas, en la teoría, pero sobre
todo en la práctica heroica, varias generaciones de
cubanos lucharon junto a sus hermanos en América
Latina y en África. El Che sintetiza esa hazaña. Pero se
debe recordar que Cuba aportó muchos otros mártires
al movimiento revolucionario y que fueron centenares
de miles sus combatientes internacionalistas en Angola
y otros lugares de África.
Esa voluntad solidaria se expresó más allá de lo
militar y continúa haciéndolo. Ningún país ni agencia
internacional ha hecho algo comparable para ayudar a
otros en áreas vitales como la salud y la educación.
Cuando se produjo la bancarrota del «socialismo
real», en Cuba se habían forjado nuevas generaciones de
combatientes que habían hecho también la revolución a
su manera y en nuevas circunstancias. Ello demuestra,
más allá de cualquier otra explicación, la capacidad de
la Isla para resistir y reencontrar su propio camino al
socialismo.
La historia posterior a la visita de Mills, la práctica
del internacionalismo en América Latina y en África,
hasta la obstinada resistencia tras la desaparición
de la URSS y del campo socialista, y el surgimiento
después de procesos latinoamericanos emancipadores
autónomos, libres, inspirados en otro socialismo,
auténtico, renovado, multicolor, finalmente le dieron
la razón.
El valor de la soledad
En cuanto regresó de Cuba, Mills trabajó dieciséis
horas diarias y escribió Listen Yankee... en seis semanas.
Lo resumió en un artículo para la revista Harpers,
que —si bien los editores le agregaron una nota en
la que tomaron distancia del texto— lo destacó en su
portada.
146
Ricardo Alarcón de Quesada
El éxito de su libro atrajo especialmente la
crítica del sector liberal del Partido Demócrata.
Americans for Democratic Action (ADA) lo invitó
a reunirse con sus principales intelectuales. Mills
preparó cuidadosamente su discurso con abundante
información, datos irrefutables y argumentos a favor de
un cambio de política. Respondió preguntas y rebatió
ataques durante varias horas. Pero, según Saul Landau
(1965), no convenció a nadie. «Malditos liberales.
Son políticamente idiotas» y los bautizó para siempre
como «ofuscadores liberales. Ofuscadores» (Mills y
Mills, 2000).
La cadena nacional de televisión NBC, con una
audiencia de veinte millones, lo invitó a debatir su
libro con Adolf A. Berle en un programa especial de
una hora, el sábado 10 de diciembre a las 9:30 pm.
Berle, especialista en asuntos latinoamericanos del
grupo Kennedy, a quien Mills había aludido en su
libro, había publicado en 1956 una negativa reseña
a The Power Elite; era un adversario cuya fama
anticipaba la trascendencia del debate. Para encararlo,
Mills se preparó intensamente durante jornadas
enteras, acopiando notas e informaciones suficientes
para otro libro. La víspera sufrió un infarto que lo
llevó al borde de la muerte. La noche del frustrado
debate, estaba en un coma profundo que duró cuatro
días. Permaneció dos semanas en el hospital donde
descubrieron que ya su corazón había sufrido otro
ataque años atrás y le aseguraron que no sobreviviría
al siguiente.
Meses antes, Mills había hecho su propio
diagnóstico:
La presión sobre mí debido a Cuba, la oficial y la
extraoficial, es cada vez mayor. Es muy sutil y muy
fascinante. Pero también preocupante y hostigante [...]
La verdad es que estoy al borde del agotamiento debido
a ello. (320)
No enfrentaba solo un grave problema cardiaco ni
la polémica diaria en los medios de comunicación o
académicos. El asedio le venía de todas partes. Contra
él se habían presentado cuatro demandas judiciales
reclamándole cincuenta millones de dólares por
supuestos daños causados por Listen Yankee... Las
promovía Amadeo Barletta, antiguo funcionario del
régimen de Benito Mussolini y poderoso empresario
vinculado a la mafia, expropiado en Cuba por la
Revolución, quien alegaba haber sido objeto de
difamación en el libro (Columbia Daily Spectator,
1961).
Documentos desclasificados del FBI (Mills y
Mills, 2000: 319-38) muestran los obstáculos que
debió encarar Mills para preparar su defensa ante una
reclamación que lo habría arruinado completamente. El
Departamento de Estado le impidió que enviase a Cuba
a un colaborador suyo para reunir datos necesarios
relacionados con el pleito. Un memorándum secreto
del FBI, de noviembre 29 de 1960, refiere amenazas de
asesinato recibidas por el escritor y señalaba:
Mills señaló que él no se asombraría si esto fuera verdad
ya que no tiene ninguna duda de que el Buró Federal
de Investigaciones y otras organizaciones similares de
los Estados Unidos no aprueban sus actividades. Mills
ha hecho averiguaciones con el objetivo de comprar un
arma para su auto-protección.
El párrafo escrito inmediatamente después del aquí
citado fue tachado por el FBI y nadie puede conocerlo.
Mills efectivamente consiguió una pistola que lo
acompañó hasta el final desde su mesa de noche.
Curiosamente, el FBI había leído Listen Yankee...
un mes antes de su publicación y, de acuerdo con un
informe fechado el 24 de octubre de 1960, trató de
impedirla y de convencer, infructuosamente, a su
editor, Ian Ballantine, de publicar una refutación.
Otros documentos desclasificados indican que el
FBI mantenía constante vigilancia sobre Mills y sus
actividades.
También atrajo el interés de la CIA (1968). En un
estudio secreto encomendado por ella, en 1968, seis
años después de su muerte, Mills era definido aún como
«uno de los tres más influyentes líderes de la izquierda
internacional», junto a Franz Fanon y Hebert Marcuse.
Pero, con excepción de su familia y un puñado de
amigos cercanos, no encontró muchos aliados en los
Estados Unidos; casi nadie entre los intelectuales: «Lo
que he aprendido de mi propia experiencia es algo
terrible: que la cobardía moral de la intelectualidad
norteamericana es virtualmente completa» (Mills y
Mills, 2000: 328).
Incluso cuando la muerte lo acechaba en el
hospital solo recibió un mensaje formal de un colega
de la Universidad de Columbia: una tarjeta postal
lamentando su enfermedad. Sin embargo, otros se
preocupaban sinceramente por él:
Fidel se mantiene enviándome cables para que vaya y
me recupere en Cuba, y mi amigo [René] Vallejo [...]
un médico realmente capaz, así como jefe del INRA en
Oriente, dice que nada más de poner un pie en la isla
me voy a curar! Y que, de todas formas, él tiene algunas
cosas que conversar conmigo! (324)
Su segunda visita a Cuba, que pensó hacer durante
un mes de su último invierno, nunca pudo realizarse.
Por recomendación médica viajó a Europa y trató
de hallar cura, infructuosamente, en un sanatorio
soviético. Su primera escala fue en Londres, una
semana después de la invasión de Playa Girón. Allí
habló, el día de su llegada, en un acto de solidaridad
con la Revolución cubana.
Permaneció en Europa el resto del año y desoyendo
advertencias y consejos siguió trabajando febrilmente.
Redactó una ampliación de sesenta páginas de
Listen Yankee..., terminó The Marxists —publicado
póstumamente—, continuó su labor en cuatro
ambiciosos proyectos que no pudo concluir, y escribió
artículos y cartas. Lo movía una angustia irrefrenable
que le impedía descansar:
Hay algo que me preocupa grandemente. Temo que
están al llegar muy malos tiempos en mi país para las
personas que piensan como yo [...] lo que me preocupa
es si el maldito corazón va a resistir lo que haya que hacer
entonces. (324)
Esa angustia le costó la vida. Un amigo cercano,
describiendo el enorme cúmulo de proyectos en que
estaba envuelto, recordaba: «Fue capaz de hacerlo
todo, y más, pero no fue capaz de hacer lo único que le
pudiera haber permitido resistir y hacerlo: descansar»
(Wakefield, 2009).
Su compromiso con Cuba lo acompañó hasta el final.
Mucho antes de que ocurriera, él había llegado al
convencimiento de que los Estados Unidos tratarían de
destruir a la Revolución por la fuerza. Esto lo llenó de
amargura y vergüenza. De hecho le rompió el corazón.
(Milliband, 1962)
La ruptura de relaciones, el bloqueo económico, el
aislamiento diplomático, la invasión por Playa Girón
y la persistencia en la hostilidad norteamericana a la
que ya apenas quedaba otro recurso que la agresión
militar directa, fueron acontecimientos que cubrieron,
de modo vertiginoso, los meses entre la publicación de
Listen Yankee... y la muerte de su autor.
Del lado cubano se proclamaba el carácter socialista
de la Revolución, la adhesión al marxismo-leninismo, la
alianza con la URSS y sobre esas bases se avanzaba en
el proceso de fusión de las principales organizaciones
revolucionarias que habían luchado contra Batista.
La situación personal de Mills se hizo mucho
más difícil. Él se había empeñado en convencer a los
norteamericanos de que la Revolución cubana era algo
diferente y ajeno al comunismo soviético y ahora la
dirección cubana, de un modo solemne y categórico,
parecía desmentirlo.
Entonces, cuando otros intelectuales independientes
de izquierda, empujados por el antisovietismo, se
apartaron de Cuba, Mills mantuvo su solidaridad
intacta, sin queja ni reproche. Confiaba en Fidel y en
los hombres que habían hecho aquella revolución que
para él era un nuevo comienzo. Hacía tiempo se había
acostumbrado a la soledad:
¿Usted piensa que uno debe sentirse muy solo en
los Estados Unidos? Sin dudas. Pero no es necesario
lamentarse. También existe libertad en ello. Quizás solo
en ello. Pienso que después que uno ha estado en soledad
y ha tomado conciencia de ella, uno se siente tanto audaz
como libre. (Mills y Mills, 2000: 252)
La muerte lo sorprendería en la casa campestre que
él ayudó a diseñar y construir, en Nyack, al norte de
C. Wright Mills: el profeta olvidado
147
Nueva York, desde la que iba cada día en su motocicleta
hasta el aula universitaria de Manhattan.
Allá, en una colina, en una esquina del cementerio
local, a la sombra de un enorme roble, finalmente,
encontró reposo. Un breve epitafio lo acompaña: «He
tratado de ser objetivo. No pretendo ser imparcial»
(Mills, 1962).
No fue muy numeroso el grupo reunido en el
cementerio. Por ello no pasó inadvertida la ofrenda
floral que hasta allí hizo llegar Fidel Castro, «porque
Mills fue una pérdida de la Revolución cubana y de la
revolución de nuestros tiempos» (Milliband, 1962).
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febrero.
De Beauvoir, S., (1964) La fuerza de las cosas. Buenos Aires,
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Hayden, T., (2006) Radical Nomad. C. Wright Mills and His Times.
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Landau, S., (1965) «C. Wright Mills: The Last Six Months», en
Ramparts Magazine, agosto.
Milliband, R., (1962) «Tribute to C. Wright Mills», en New Left
Review, v. I, n. 15, mayo-junio.
Mills, C. W., (1958) The Causes of World War Three. Nueva York,
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_______, (2008) «On Latin America, the Left, and the U.S.», en
Summers, J. H. (comp.), The Politics of Truth: Selected Writings of
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Mills, K. y P. Mills, (comps.), (2000) C. Wright Mills: Letters and
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(CIA), (1968) «Restless Youth», n. 0613/68, Washington, D. C.,
septiembre.
Wakefield, D., (2009) «C. Wright Mills. The Humanist Social Critic
Whose Work Helped Lay the Ground Work for the Upheavals of
the 1960s», en The Nation, 18 de marzo.
, 2015
148
Ricardo Alarcón de Quesada
NORMAS
DE PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES
1.La extensión de los trabajos no deberá exceder los
40 000 caracteres con espacios, incluidas las notas
y referencias bibliográficas. En ningún caso se
aceptarán artículos que sobrepasen la extensión
declarada.
2.Debe adjuntarse un resumen del trabajo (en español
y en inglés) de dos párrafos como máximo y se
indicarán palabras claves que describan las esencias
del objeto de estudio.
3.Las notas aclaratorias deberán indicarse con números
consecutivos, con supraíndices.
4.Las referencias bibliográficas deberán consignar
entre paréntesis el apellido del autor, el año de
publicación, y las páginas referenciadas, en el sitio
del texto donde se hace la referencia. Ejemplos:
(Rodríguez, 1998: 74-81); (Pérez y Castillo, 2001: 11)
(Norma Harvard). Al final del texto se listará el
cuerpo de referencias en el siguiente formato
básico: Apellido, Iniciales, (fecha) Título de la obra.
Lugar de publicación, editorial; o Apellido, Iniciales,
(fecha) «Título del artículo», en Revista o periódico,
año o volumen, número, Lugar de publicación,
fecha; o Apellido, Iniciales, (fecha) «Título del
artículo», en Nombre y apellidos (ed. o comp.), Título
de la obra. Lugar de publicación, editorial. Puede
añadirse la localización electrónica. Se ordenarán
por orden alfabético y luego cronólogico. Ejemplos:
Libro: Pérez, L. F., (1998) La vida leve. Letras
Cubanas, La Habana.
Artículo en periódico o revista: Díaz, Z., (1995)
«Identidad y cultura», en Temas, a. 5, n. 2, La
Habana, abril-junio, disponible en www.temas.
cult.cu/revistas/02/diaz.pdf.
Artículo en compilación: Hernández, O., (1987)
«Los levantamientos de esclavos», en Carlos
Acosta, ed., Movimientos sociales en el siglo xix.
México, D. F., Fondo de Cultura Económica.
Al entregar el trabajo el autor deberá consignar su
ocupación, un resumen de su curriculum vitae; y
dirección, teléfono, dirección electrónica o cualquier
otro dato que facilite su localización.
Los artículos pueden ser enviados a la dirección
electrónica [email protected]. También se pueden
entregar impresos en las oficinas de Temas o enviarlos
por correo postal, siempre acompañados de una
versión en soporte digital.
La URSS y el sistema-mundo.
Influencia del capitalismo
global sobre la formación
social soviética
Iván Felixovich León Zhukovskii
Investigador.
Centro de Investigación de Política Internacional.
E
n los estudios sobre las formaciones
constitutivas del comunismo histórico,1 los
análisis de su interacción con el sistemamundo capitalista han ocupado un espacio
marginal y el grueso de ellos tuvo lugar durante la
década de los 70 del pasado siglo. De ahí las limitaciones
del abordaje específico de su impacto en el cambio de
régimen en estas formaciones.
Es imposible un acercamiento crítico al colapso de la
URSS y el bloque oriental sin considerar la convergencia
dialéctica que tuvo lugar, justo desde finales de los años
70, entre las limitaciones estructurales y sistémicas de
la formación soviética y los imperativos expansivos del
ciclo de acumulación «americano» en su fase decadente
o financiera.
Esta relación entre los condicionamientos externos
(sistémicos) e internos en el desarrollo y colapso de
la URSS, debe ser vista como una unidad, desde el
carácter orgánico y concatenado de ambas influencias,
al margen de todo sectarismo analítico que excluya
uno de los factores. El presente estudio —aunque
metodológicamente aborda con más detalle la
interrelación de la URSS con el capitalismo global—
tiene como premisa el carácter, también decisivo, de los
problemas internos de la formación soviética.
Esta línea de investigación tiene una actualidad de
primer orden, pues constituye una plataforma de partida
ineludible para comprender la «gran involución» que
han vivido los pueblos constitutivos del comunismo
histórico, tras su colapso. Las serias limitaciones
del paracapitalismo ruso2 que sustituyó al estatismo
soviético —extensivas a muchas de las formaciones del
espacio postsoviético y Europa del Este— han estado
condicionadas por la forma periférica y dependiente
en que se insertaron en la dinámica del capitalismo
global. Su posibilidad de evolucionar y reproducirse
como naciones está sujeta a su capacidad para aplicar
políticas que impulsen hacia lo interno tendencias de
desarrollo autocentrado y democrático, y prácticas
alternativas y no dependientes hacia el exterior.
Crisis de la «desconexión» y el retorno
de la URSS al sistema-mundo capitalista
Existe consenso en torno al carácter esencialmente
periférico de la estructura social y económica del
Imperio zarista entre la segunda mitad del siglo xix y
los años previos al ascenso bolchevique.3 La estructura
socioeconómica tradicional (agrícola), el limitado
desarrollo del capital bancario, la dependencia de
la inversión extranjera y la ausencia de un mercado
interno que tributara a la acumulación de capital, son
algunos de los obstáculos al desarrollo de una sociedad
autocentrada en la Rusia prerrevolucionaria.
Entre finales del siglo xix e inicios del xx tuvo
lugar el primer intento relativamente estructurado de
«modernización» en Rusia, en el sentido del tránsito de
una sociedad agraria a una industrial. En el contexto
de las mencionadas limitaciones periféricas, este
avance de relaciones de tipo capitalista en el campo
y en la ciudad solo podía ser resultado de la acción
combinada entre la inversión extranjera y la política
n. 81-82:
149-156,
enero-junio
2015
La URSS y el sistema-mundo. Influencia del capitalismo global
sobre
la formación
socialde
soviética
149
económica zarista. El capital europeo, en el contexto del
desarrollo imperialista y la crisis de sobreproducción
de finales de siglo, encontró en el Imperio ruso uno de
los mercados emergentes más atractivos de la época,4
condicionado por su peso en el mercado mundial
de productos primarios, el fortalecimiento del rublo
y el respaldo de la política económica del gobierno.
A pesar de ello, aunque introdujeron rasgos de
«modernidad» y establecieron los cimientos básicos
de la industrialización, estos procesos no modificaron
la matriz periférica de la estructura socioeconómica
de la formación zarista.5
Sin embargo, este movimiento histórico hacia la
industrialización y la superación de las tradicionales
relaciones agrarias se imponía por el grado de
desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas
y las contradicciones interimperialistas, que
habían culminado en conflagración mundial. Estos
condicionamientos geopolíticos desempeñaron
un papel de primer orden en la radicalización del
«desarrollismo» ruso. Como se evidenció, sin el «gran
salto industrial», la URSS habría sucumbido ante el
fascismo. Tanto el ideario bolchevique como —sobre
todo— el industrialismo estalinista, fueron explícitos en
su vocación de acelerar un proceso de modernización
que se producía, justamente, al compás de los intereses
específicos del imperialismo europeo.
De esta manera, la «desconexión»6 fue una premisa
fundamental para el salto industrial que logró la URSS
durante la década de los años 30. El gobierno soviético
centralizó el control sobre los recursos productivos y
los orientó hacia el desarrollo endógeno; en esencia,
este quedó independizado de la lógica impositiva del
capitalismo central y la acumulación global.
En la primera etapa de su desarrollo, la «desconexión
soviética» no se acompañó de una política de economía
cerrada. La tecnología foránea más avanzada7 y los
importantes volúmenes de comercio exterior —venta
de trigo, pan y semillas, e importación de maquinaria—
fueron determinantes para romper la inercia y crear
las bases para el posterior desarrollo industrial
relativamente autónomo en la URSS. No fue casual
que el aumento de la explotación del campo durante
los primeros años de esa década coincidiera con un
significativo auge del comercio exterior. Las materias
primas provenientes del campo fueron, durante mucho
tiempo, la fuente casi exclusiva de ingreso de divisas al
país, lo cual garantizaba la importación de los medios
de producción necesarios para el desarrollo de la
industria soviética.
La Gran Depresión desempeñó un rol contradictorio
en las relaciones de la URSS con el sistema-mundo
capitalista. Por una parte, la brusca disminución de los
precios permitió al país adquirir las tecnologías que
necesitaba para su desarrollo; por otra, los precios de las
150
Iván Felixovich León Zhukovskii
materias primas agrícolas y del pan, garantes de las divisas
con las que el país podía sufragar las importaciones
de maquinarias, disminuyeron aún más. La solución
sería el aumento de la explotación del campesinado y
el diseño de una agresiva política exportadora, bajo
el lema de no dejar nada en territorio soviético que
pudiera ser exportable (Kagarlitskii, 2008: 311).
No obstante, uno de los saldos fundamentales
de la crisis económica mundial para la URSS fue la
aceleración del proceso de «desconexión», ya con
elementos de la «economía cerrada» que caracterizarían
este país hasta la década de los 70. La desfavorable
correlación de precios en los mercados internacionales,
así como la pérdida de posiciones en importantes
plazas, como la británica, 8 obligó a promover la
sustitución de importaciones y el autoabastecimiento
de los principales medios de producción y materias
primas, lo cual, en gran medida, se lograría a mediados
de los años 30.
El intercambio comercial de la URSS disminuyó
de 1,03 mil millones de rublos en 1930 (comienzo de
la industrialización acelerada) a 0,48 mil millones en
1940. Aunque para 1950 registraba 2,9 mil millones,
continuaban siendo valores extremadamente modestos,
lo que ponía en evidencia el carácter cerrado y no
dependiente de la economía soviética. La década de los
50 marca un importante crecimiento del comercio, pero
condicionado por el aumento de los intercambios con
las formaciones del comunismo histórico. Este último
factor modificó relativamente el carácter cerrado de la
economía soviética, aunque no su independencia de los
mercados internacionales y de la acumulación en los
países desarrollados.
Pero durante los años 60 y, sobre todo, los 70,
tuvo lugar una inflexión en las relaciones de la URSS
con la economía-mundo. En ese período, el total del
intercambio comercial soviético creció de diez mil
millones a 94,1 mil millones de rublos. Si en 1950
la URSS realizaba 20% de su intercambio comercial
con los países no socialistas, y en 1970, 35%, en 1980
estos participaban de 46,2% del comercio exterior
soviético; con los países socialistas creció diez veces
en esos años, mientras que con los «desarrollados» y
«en desarrollo» creció 26 y 48 veces, respectivamente
(Anuario estadístico..., 1956, 1981, 1982, 1988).
En sus últimas dos décadas, la URSS se reinsertó en
el mercado mundial de bienes con una participación en
el total de las exportaciones mundiales de 4% (1970)
y 4,6% (1980). Si bien esto no refleja posiciones de
liderazgo internacional en términos absolutos, es
similar a la participación que tuvo la Rusia zarista en las
exportaciones globales en 1913 (4,5%) y muy superior
al que tuvo la Federación Rusa (FR) en 2012 (2,86%)
(Blindul, 2009).
Se impone definir, no obstante, las características de
esta nueva interacción de la URSS con el capitalismo
global. En este sentido, es suficiente un análisis
general de las estadísticas para identificar la tendencia
hacia la primarización de las exportaciones y de la
economía soviética en general. Si en 1940, 17,3% de
las exportaciones lo constituyeron hidrocarburos y
metales, estos serían 38,8% en 1965, 45,7% en 1975
y 60% en 1985 (Anuario estadístico..., 1957, 1981,
1989). Por primera ocasión en la historia soviética, los
recursos naturales, y los energéticos en particular, no
actuaban esencialmente como factor de la acumulación
interna, sino, en gran medida, de las necesidades de la
acumulación en el «centro». Los recursos financieros
resultantes no fueron orientados al desarrollo
tecnológico y socioeconómico nacional.
El nodo de este proceso lo constituyó el notable
crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos
a Europa occidental. Durante los años 70, la URSS
comenzó a exportar gas a Austria, y en la década
siguiente, este proceso se extendió a Finlandia (1971),
la República Federal Alemana (1973), Italia (1974) y
Francia (1976). En 1982, provenía de la URSS más de un
tercio de las importaciones de hidrocarburos de Italia,
15% de las de la RFA y Francia, 67% de las austriacas y
el total de las finlandesas (Kagarlitskii, 2008: 418).
Este brusco aumento de la exportación de recursos
energéticos tuvo su lógico correlato en la disminución
de las exportaciones de productos con alto valor
agregado, como maquinarias y algunos bienes de
consumo. En 1940, estos representaban 37,5% del total
de ventas a otros países, 32,8% en 1965, 20,2% en 1980,
y para 1985 había disminuido hasta 17,4% (Anuario
estadístico..., 1957, 1981, 1989).
Paralelamente, aumentó el peso de las importaciones
para la economía del país. En el campo de la manufactura,
a mediados de los 80, la URSS importaba 52% de las
maquinarias para las industrias textil y alimentaria,
56% para la poligráfica y la química, y 73% de las
requeridas para la producción de calzado y pieles
(Khazin, S/A). Además, si bien desde el inicio de
la industrialización y hasta la década de los 60 se
importaba maquinaria y tecnología de las ramas
líderes del paradigma tecnológico dominante, para ser
asimilado y reproducido internamente, la dinámica
asumió una dirección diferente a partir del «boom»
energético.
Igualmente, el peso de los bienes de consumo en
el total de las importaciones creció de 16,3% a 36,3%
entre 1940 y 1980 (Khazin, S/A). A partir de mediados
de los 70, como promedio, la mitad de los ingresos en
divisas fue destinada a la importación de calzado, ropa,
cárnicos y semillas agrícolas (Slavkina, 2002).
Otra importante tendencia que tuvo lugar en
los 70 fue la participación activa de la URSS y las
formaciones del comunismo histórico europeo en los
mercados financieros internacionales, condicionada,
prima facie, por una favorable coyuntura externa.
Como resultado de la crisis de sobreproducción en ese
período, grandes volúmenes de capitales del «centro»
fueron dirigidos hacia las periferias mediante distintos
mecanismos —entre ellos los empréstitos. Para 1981,
las deudas asumidas eran: Polonia, 24 mil millones de
dólares; URSS y RDA, 12 mil millones; Rumania, 9,8
mil millones, y Hungría, 6,9 mil millones (Kagarlitskii,
2008: 426). Si bien en términos absolutos, la cifra puede
parecer moderada para el caso soviético, no lo fue en
términos cualitativos.
Los impactos de este endeudamiento fueron
profundos, aunque de índole diferente en cada país.
Después de la crisis política en Polonia, provocada,
en gran medida, por la deuda, muchos de los países
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) se
esforzaron por disminuir su dependencia financiera
de Occidente.9 Sin embargo, y como antecedente de
lo que tuvo lugar en América Latina, el «ciclo de la
deuda» coadyuvó a que disminuyeran la inversión y
la importación de bienes de consumo y maquinarias
para la industria, con el consiguiente deterioro de la
situación social en estos países durante la segunda
mitad de los 80. Como consecuencia, durante el
gobierno de Mijaíl Gorbachov se asumieron empréstitos
por un valor superior a los cincuenta mil millones de
dólares, al tiempo que fue utilizada la casi totalidad
de las reservas en oro del país para el pago de la deuda
y el mantenimiento de los niveles de importación
(Kagarlitskii, 2008: 431).
Esta paulatina inserción soviética en la dinámica
—sobre todo económica— del capitalismo global y la
consiguiente profundización del modelo energéticoexportador estuvieron condicionados por las
contradicciones internas de esta formación. Si bien
es preciso tomar en consideración el brusco aumento
de los precios del petróleo en el mercado mundial y
el descubrimiento de nuevos yacimientos en Siberia
occidental, los influjos de la coyuntura internacional
coincidieron y actuaron al unísono con otros factores:
el agotamiento del estatismo industrialista soviético
y su «desarrollo» de tipo extensivo, la necesidad de
mantener los niveles de consumo social, y el progresivo
debilitamiento del mando político central soviético, así
como la consiguiente fragmentación de la burocracia,
y la promoción de sus intereses y los de otros actores
vinculados al sector externo.
El deterioro de la cohesión entre los países del
bloque oriental a partir de los 80 fue otro factor que
aceleró el proceso de retorno de la URSS al sistemamundo capitalista. Por razones tanto históricas como
sistémicas, la reinserción de las llamadas «democracias
populares» en los flujos comerciales y financieros
La URSS y el sistema-mundo. Influencia del capitalismo global sobre la formación social soviética
151
El deterioro de la cohesión entre los países del bloque oriental a partir de los
80 aceleró el proceso de retorno de la URSS al sistema-mundo capitalista. La
reinserción de las llamadas «democracias populares» en los flujos comerciales
y financieros internacionales fue anterior a la de la URSS, lo cual minó la
integridad del CAME y resquebrajó la cada vez más endeble independencia
económica soviética.
internacionales fue anterior a la de la URSS, lo cual
minó la integridad del CAME y resquebrajó la cada
vez más endeble independencia económica soviética.
Por su parte, la política soviética también incidió
negativamente en la estabilidad socioeconómica de
estos países: primero, en la segunda mitad de los 70,
como consecuencia del aumento de los precios del
petróleo que ellos importaban de la URSS —hasta
ese momento, aproximadamente 17% inferiores a su
valor internacional—; en los 80, como resultado de la
disminución de la exportación misma de energéticos,
a raíz del decrecimiento de su precio en el mercado
mundial y la prioridad que la URSS le confirió a sus
exportaciones hacia el Occidente europeo (Anuario
estadístico..., 1981-1989).
Igualmente, dicha inserción tendría nocivos y
contradictorios efectos sobre la formación soviética.
En primer lugar, puso fin a toda posibilidad de cambio
hacia un vector de desarrollo intensivo, en tanto
«primarizó» las directrices energéticas y la distribución
de los factores productivos; en segundo, mediante un
acomodo simplista y complaciente, permitió aplazar
por casi dos décadas el estallido de una crisis estructural
y económica, cuya degeneración en crisis social sería
difícil evitar.
La inserción de la URSS en el sistema-mundo
se produjo en condiciones cercanas a las de las
formaciones de las periferias, aunque con una
estructura socioeconómica de tipo industrial y rasgos
típicos de las formaciones del centro.
Esta aparente paradoja sería apenas el embrión de
la sui generis periferización rusa, que cristalizó con
toda su fuerza destructiva en las décadas posteriores
al cambio de régimen y que actualmente genera
una tensión sistémica interna, cuya intensidad es
comparable con la que precedió al ascenso bolchevique
o al derrumbe de la URSS.
La agenda neoliberal y el cambio de régimen
en la URSS
Durante los años 70 y, especialmente a raíz del auge
neoliberal de los 80, los procesos internos de la URSS
encontraron un fuerte y eficaz complemento en las
152
Iván Felixovich León Zhukovskii
tendencias que se desarrollaban en el sistema-mundo
capitalista, como condicionantes tanto del aumento
de su dependencia de los mercados externos como del
posterior cambio de régimen.
Las últimas décadas del siglo xx estuvieron marcadas
por la convergencia del derrumbe del comunismo
histórico y la entrada del ciclo de acumulación
«americano» en su fase financiera, tras el agotamiento
de las potencialidades de la reproducción ampliada en
los marcos productivos del fordismo. Desde principios
de los 70, el capitalismo occidental comenzó a sentir el
agotamiento de su largo crecimiento de posguerra. Esta
crisis de sobreacumulación y rentabilidad se expresó en
una disminución del crecimiento económico y de la tasa
de ganancia, así como en una prolongada estanflación,
potenciadas por la crisis del petróleo (1973-1974), en
la medida en que los capitales de la periferia petrolera
—debido a sus deformaciones estructurales y su
carácter dependiente— fluyeron masivamente hacia
las estructuras financieras estadounidenses.
Este proceso, sumado al crecimiento del desbalance
entre la capacidad de consumo y la de producción en los
Estados Unidos, al crecimiento vertiginoso de su deuda
y al abandono del patrón oro por parte de ese país en
1971, sentaron las bases para la implementación del
proyecto neoliberal. Como mecanismo de regulación
del proceso de acumulación a escala global, el modelo
contenía cuatro macroprocesos estrechamente
vinculados, los cuales, esencial y mayoritariamente,
encontraban en la URSS y en el bloque oriental una
inaceptable barrera de contención.
Un primer elemento estructural del proyecto
neoliberal fue la supresión de los «privilegios»
que la clase trabajadora había conquistado en la
posguerra; un segundo, el ensanchamiento del sistemamundo capitalista mediante la inclusión de nuevas
formaciones sociales de la periferia —muchas de ellas
no capitalistas— en su lógica de funcionamiento y a
partir de la desindustrialización en el propio seno de
las formaciones del centro.
Una tercera dimensión fue la implementación de
un grupo de transformaciones políticas, sociales y
especialmente económicas, tanto a escala nacional
como global, con el fin de garantizar la libre movilidad
de los factores de la producción —excepto la mano de
obra. Se requería «globalizar» las prácticas económicas
garantes del restablecimiento de la rentabilidad,
utilizando un complejo de instrumentos culturales
—«americanización» de los referentes y disolución
de los autóctonos—, ideológicos —Consenso de
Washington, unipolaridad— y militares —guerra
preventiva, capacidad de control militar sobre cualquier
espacio del sistema.
De lo anterior se deduce el cuarto elemento: la
aplicación extrema del «gendarmismo» estadounidense.
Este país debía fungir como el garante político-militar
de los intereses de la «tríada»,10 lo cual implicaba, por
la propia lógica del sistema, la ausencia de límites al
control en esos ámbitos.
En otro orden, la «desconexión» soviética, al tiempo que
independizó el desarrollo interno de las barreras
que impone la dependencia periférica, permitió
una importante evolución económica y social. Al
margen de las múltiples limitaciones sistémicas y
estructurales de la URSS y de la creciente tendencia a
su reinserción en la dinámica desigual del capitalismo
global, el desarrollo alcanzado por este país en materia
económica y social le fue otorgando rasgos cada vez
más cercanos a los que definen el carácter autocentrado
de las formaciones del capitalismo central. Fue una de
las causas fundamentales de la campaña que promovió
el capital global contra el sistema del comunismo
histórico desde principios de la década de los 80 del
pasado siglo.
Por una parte —haciendo resaltar su carácter vital
para cualquier evolución autocentrada—, se debe
destacar la tendencia a un relativo equilibrio sectorial
de la economía (no ramal), que la alejaba cada vez más
de la estructura típica de las periferias, caracterizada por
la primacía del sector agrario y el limitado desarrollo de
la industria y el sector terciario.11 En la URSS, el peso
de los sectores de la producción material en el total de
la utilización de la fuerza laboral disminuyó de 76% a
57% entre 1940 y 1989; particularmente notoria es la
disminución del aporte de la agricultura (de 54% a 20%)
y el aumento del de la industria (de 23% a 39%). Como
consecuencia, la participación del sector terciario en
el total de la ocupación en la URSS, durante el mismo
período, creció de 24% a 46% (Anuario estadístico...,
1957, 1981, 1989), y sería tangible su similitud con las
estructuras económicas de países del centro capitalista
de matriz industrial, como Alemania (49% en 1981) y
Francia (57% en 1981).
Tal disminución de la «brecha» estructural tuvo
lugar en la URSS con anterioridad a la industrialización
de aquellos países de la periferia que durante la década
de los 80 estuvieron mejor posicionados para asimilar
la expansión de los capitales del «centro». El caso de la
URSS fue distinto, en tanto no se supeditaba a la lógica
de la acumulación endógena.
Otro de los núcleos del desarrollo soviético fue
el logro de un alto nivel de homogeneización social
y el aumento de los ingresos y niveles de vida de
la población. Ciertamente, la sociedad industrial
soviética, en sus últimas dos décadas, logró acortar de
manera considerable las brechas en los ingresos entre
diferentes grupos sociales: en 1991, el índice Gini
—medidor de la desigualdad— en la URSS era de 0,26,
uno de los más bajos a nivel mundial e inferior al de
los Estados Unidos (0,37), Francia (0,36), Reino Unido
(0,34) y Alemania (0,31) (Atkinson y Morelli, 2014).
En 1989, atendiendo a la estratificación por grupos
de ingresos, la diferencia entre el 10% de mayores
ingresos y el 10% de menores fue solo de 3,5 veces,
cinco veces menor que la del mismo indicador de
Rusia en 2009 (16,7). En el plano de la distribución
sectorial, en el mismo año los salarios del sector menos
retribuido fueron 54% de los del sector más retribuido,
diferencia dos veces menor que la del mismo indicador
en la Rusia de 2013 (24%).12
Como complemento, fue notorio también el
crecimiento (260%) de los ingresos medios de los
trabajadores entre 1960 y 1987: ritmo superior al de
los países del centro capitalista durante el mismo
período. Los ingresos per cápita en la URSS, aunque
continuaron distantes de los de los Estados Unidos,
pasaron de representar 27% de los de ese país en
1950, a 47% en 1987. Este dato, si bien denota una
brecha todavía marcada, debe ser matizado por las
diferencias en la distribución del ingreso —favorable a
la URSS— y, en general, por el conjunto de facilidades
para el consumo social —en especial, de los servicios—,
que en la mayoría de los estudios no se contabilizan
adecuadamente. De manera general, el desarrollo
social alcanzado por este país cristalizó en la posición
28 alcanzada en el Índice de Desarrollo Humano de
1990, que ubicó al país dentro del grupo de los de
mayor desarrollo.
Este significativo avance en la estructura social y
económica fue el resultado, entre otros factores, del
gran desarrollo industrial alcanzado por la URSS y los
países de Europa del Este en las décadas posteriores a
la Segunda guerra mundial. Si se comparan algunos
indicadores de las formaciones del comunismo histórico
(excepto China), con los de los Estados Unidos, los
datos más elocuentes son los referidos al vertiginoso
crecimiento de su peso cuantitativo en la producción
industrial mundial y en la cantidad de trabajadores
en los sectores de la producción material, indicadores
donde, en 1987, superaron al país norteamericano en
6% y 40% respectivamente; y a la comparación entre
sus PIB, donde la URSS y sus aliados se acercaron hasta
85% del de los Estados Unidos.
La convergencia entre el desarrollo estructural
interno y el peso cuantitativo de su capacidad productiva
La URSS y el sistema-mundo. Influencia del capitalismo global sobre la formación social soviética
153
a nivel mundial, así como el importante ascendente
geopolítico de la URSS y su carácter antisistémico,
ubicaron las formaciones del comunismo histórico
europeo como un bloque de contención de primer
orden ante la ola expansiva del neoliberalismo desde
varias perspectivas dialécticamente relacionadas.
En primer lugar, la experiencia de las formaciones
europeas autodenominadas socialistas había influido,
sin dudas, en la aplicación de las políticas identificadas
con el Estado de bienestar en Occidente. El ejemplo
soviético —el carácter alternativo de sus políticas
sociales— traspasaba la barrera de sus limitaciones y
del espacio, y tributó al relativo equilibrio que tuvo lugar
en las relaciones capital-trabajo en los Estados Unidos
y los países europeos. En el contexto de la embestida
neoliberal, el ataque contra la clase trabajadora en
las formaciones del centro implicaba profundizar la
confrontación con una de las fuentes de legitimidad
del movimiento obrero en los países capitalistas.
En segundo lugar, la reproducción ampliada de
las tendencias de desarrollo social y económico de
los países del bloque oriental, conjugada con una
controlada, bien dirigida y competitiva reinserción
en los mercados internacionales, hubiera podido
resultar un «inaceptable ensanchamiento» del centro
capitalista, que provocara un encarecimiento de la
mano de obra tanto en el centro como en las periferias,
obstaculizara el reajuste en la división global del
trabajo y la industrialización «dirigida» de algunas
periferias, agudizara la lucha por los mercados, y
limitara considerablemente las ganancias de los agentes
económicos capitalistas.
Con independencia del carácter concatenado y total
de los esfuerzos que llevaron al cambio de régimen,
las formas específicas en que podía ser enfrentado el
«problema» anterior no podían menos que implicar el
desmontaje y la destrucción del poderío industrial del
bloque oriental.
En tercer lugar, se requería liberalizar el acceso a los
factores productivos, controlados hasta ese momento
por las estructuras de poder estatal-nacionales del
bloque oriental y enfocados en la reproducción de su
acumulación endógena. Si la variable anterior implicaba
el desmontaje de la infraestructura económica de la
URSS y su matriz altamente industrial, en este caso y
como contraparte, se refiere a la apropiación, la puesta
de los vastos recursos de esa región en función de la
acumulación del centro capitalista.
La desaparición de la URSS permitió ver las
múltiples convergencias entre las determinantes
internas y externas del cambio de régimen. El bloque
oriental debía adecuarse e insertarse en la lógica de
la acumulación global, en esencia, mediante el típico
diseño depredador de las periferias: liberalización de
los factores productivos, potenciación de la explotación
154
Iván Felixovich León Zhukovskii
de los recursos de mayor rentabilidad en cada caso
—mano de obra en el Este europeo y recursos
naturales en las repúblicas exsoviéticas— y, de manera
general, la erosión de todos los factores que hubieran
podido tributar al fortalecimiento sistémico de estas
formaciones.
En este sentido, los hidrocarburos de la URSS
adquirieron una trascendencia de primer orden a raíz de
la crisis petrolera de 1973, el aumento de los precios de los
energéticos y la inestabilidad en Medio Oriente. Además,
los intereses económicos de países como Alemania y
Francia condicionaron su visión, más moderada, de
las transformaciones que se consideraban necesarias
en la URSS, contrastando con el fundamentalismo
norteamericano que no aceptaba una variable menor
que su derrumbe y fragmentación y —como se constató
a partir de 1991— de la propia Rusia. Lo anterior, sin
embargo, no suprimía el cambio de régimen en la URSS
como objetivo primordial y consensuado entre los
Estados Unidos y sus aliados europeos.
Un cuarto factor que, atendiendo a su lógica
expansiva, el capitalismo global practicaba para la
supresión del comunismo histórico, fue la extensión
de la fuerza geopolítica de la URSS. En este plano
fue, quizás, donde con más claridad se manifestó el
carácter contradictorio de las relaciones entre la URSS
y el sistema capitalista en su fase neoliberal: en primer
lugar, porque fue la confrontación política entre este
país y los Estados Unidos su cara más visible y notoria;
en segundo, porque fue en la esfera geopolítica donde
el sistema soviético logró desarrollar sus mayores
fortalezas a nivel internacional.
El libre flujo de la información y los tradicionales
factores de la producción, la universalización de los
referentes culturales anglosajones y, de manera especial,
la necesidad de concentración del control políticomilitar en los Estados Unidos y la condición imperativa
de su alcance global, eran abiertamente incompatibles
con la existencia misma de la URSS, con el carácter
alternativo de sus proyecciones ideosimbólicas, y la
expansión y el despliegue territorial de su influencia
político-militar. Esto explica la «segunda guerra fría»,
iniciada por los norteamericanos contra los soviéticos
desde el advenimiento presidencial de Ronald Reagan.
Esta se expresó en el aumento de la presión políticodiplomática sobre la URSS y otros países, en el más
que agresivo fomento de la propaganda antisoviética,
la subversión interna y una abierta guerra económica
cuyos éxitos fueron notables.13
Conclusiones
La relación de la URSS y los países de Europa del
Este con el sistema-mundo contemporáneo, capitalista,
fue un factor de primer orden en la desestructuración
y el cambio de régimen en esas formaciones, lo que
se manifestó en un orgánico dualismo: desde las
determinantes y proyecciones internas soviéticas
que condicionaron la crisis de la «desconexión» y la
supresión de las barreras antisistémicas, y desde la
acción volitiva del capitalismo global, encaminada a
promover el cambio de régimen y el «ajuste» estructural
en estas formaciones.
Por una parte, las dificultades con que se topó el
estatismo soviético encontraron una engañosa salida
en una sui generis reinserción de la URSS en el sistemamundo, la cual debe entenderse, sin embargo, con todos
los matices y las peculiaridades que imponía el carácter
de la estructura socioeconómica del país —industrial de
matriz autocentrada—, de su discurso ideológico y de sus
proyecciones e impactos geopolíticos; sobre todo en los
países de la periferia y la semiperiferia, donde el capital
occidental libraba una batalla de vida o muerte.
Esta compleja tendencia se desarrolló, esencialmente,
en el plano económico. A pesar de relativas distensiones
y convergencias estratégicas con actores específicos, en
el plano político, militar e ideológico, la URSS continuó
siendo, hasta la Perestroika, una fuerza alternativa y de
contrapeso a las tendencias unipolares promovidas por
los Estados Unidos y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).
Por otra parte, bajo esta misma premisa, fueron
los actores políticos internacionales —en especial los
Estados Unidos—los que sintetizaron y canalizaron
los intereses estratégicos, económicos en última
instancia, del capitalismo global: encontraban en el
comunismo histórico un bloque de contención ante
el dogma neoliberal y los requerimientos de la nueva
fase, decadente y financiera, del ciclo de acumulación
«americano». Esto contrasta con la forma de expansión
del capital global hacia la periferia no europea —en
particular la asiática— desde la década de los 70 del
siglo xx, donde los actores económicos —el capital
transnacionalizado— sí desempeñaron un papel de
primer orden.
Como resultado, la reinserción soviética en el
sistema-mundo encontró en el derrumbe de la URSS
y en el paracapitalismo ruso su prolongación, si no
inevitable, al menos lógica y en correspondencia con
el carácter de los procesos internos —agotamiento
del modelo económico, fragmentación e intereses de
la nomenclatura— y de las determinantes influencias
exógenas.
y autoproclamadas socialistas, en especial las del Este europeo y
la URSS.
2. Forma de denominar el desarrollo de tipo capitalista en las
formaciones periféricas, atrofiado y dependiente, lo que las
distingue de los países del centro capitalista o «desarrollados».
3. Sin embargo, algunos autores como el importante marxista
egipcio Samir Amin y en menor medida el sociólogo ruso
Alexander Tarasov ponderan, a principios del siglo xx, a la par
de los rasgos periféricos de la Rusia zarista, la tendencia hacia
la modernización. Amin, contrario al consenso establecido,
caracterizó a la Rusia prerrevolucionaria como una formación en
movimiento de la periferia hacia el centro. Valiosos análisis sobre
el tema son desarrollados por Alexander Tarasov (2011: 49-109);
Boris Kagarlitskii (2008: 320-66) y Samir Amin (1997: 204-16).
4. A modo ilustrativo, en la primera década del siglo xx el capital
extranjero controlaba 50% de la producción, 75% del comercio de
petróleo y 90% de la producción de platino. La inversión de capital
estadounidense se multiplicó por 15 entre 1900 y 1915. Además,
entre 1910 y 1914, la inversión de capital extranjero en el sur de
Rusia (donde se concentró el peso de la industria de la época)
fue de 134,6 millones de rublos, por 9,5 la del capital nacional
(Kagarlistskii, 2008: 328-30).
5. Entre 1900 y 1914 —período de esplendor del «desarrollismo»
ruso prerrevolucionario—fueron exportados productos agrícolas
sin elaboración por valor de 8,6 mil millones de rublos, mientras
que durante los treinta años anteriores solo se había logrado
exportar por valor de 7,6 mil millones de rublos (Liashenko,
1928: 8).
6. Categoría desarrollada por Samir Amin referida a la necesaria
independencia del desarrollo interno de una formación periférica
de las condiciones que le impone la acumulación en las formaciones
del «centro» (Amin, 1974; 1988).
7. En 1931 las importaciones desde Alemania y los Estados Unidos,
que junto con Inglaterra constituían los líderes tecnológicos de la
época, se correspondían con 42,8% del total de la importación de
medios de producción. En la medida en que las relaciones con la
Alemania nazi se fueron deteriorando, aumentó aún más el rol
de los Estados Unidos como suministrador de alta tecnología
(Kagarlitskii, 2008: 388-92).
8. En 1930 la URSS suministraba 18% de las importaciones de
trigo a Inglaterra, mientras que para 1932 esa cifra disminuyó
drásticamente, hasta 3% (Kagarlitskii, 2008: 396).
9.En 1984, la URSS disminuyó su deuda hasta 4,2 mil millones
de dólares, Rumania hasta 6,5 mil millones, la RDA hasta 6,7 mil
millones y Hungría hasta 5,1 mil millones de dólares (Kagarlitskii,
2008: 426).
10.Entiéndase como la confluencia de intereses y el carácter
colectivo de la gestión política global por parte de los Estados
Unidos, la Unión Europea y Japón, principales centros de
acumulación global.
11.En las periferias también puede tener lugar un importante
crecimiento del sector terciario, aunque condicionado por factores
y cumpliendo funciones distintas a las de la tercerización de las
formaciones centrales (Amin, 1997).
12. Estos datos se corresponden con informes del Comité Estatal
de Estadísticas de Rusia.
Notas
1. Categoría desarrollada por el historiador ruso Andrei Fursov,
para hacer referencia a la experiencia de las formaciones estatistas
13. Como plataformas programáticas de la arremetida antisoviética
y en particular de la guerra económica, se asume lo contenido en
los dos Proyectos de Harvard y en el Proyecto de Houston, los
cuales quedaron plasmados en las directivas NSDD-32, NSDD-72,
NSDD-166, firmadas por Ronald Reagan a partir de 1982. Como
La URSS y el sistema-mundo. Influencia del capitalismo global sobre la formación social soviética
155
resultado, los Estados Unidos lograron influir en la disminución
del precio del petróleo y retrasar durante dos años la construcción
del gasoducto Urengoi-6. Sumado a la disminución de la cotización
del dólar, esto afectó el presupuesto soviético en más de dieciséis
mil millones de dólares.
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Referencias
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Casa Editorial-Nuevo Milenio.
, 2015
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156
Iván Felixovich León Zhukovskii
Economía
y literatura:
un cuarteto antillano
Dos parejas de textos actualizan problemas
del desarrollo, la historia y la literatura
en el Caribe.
lectura
sucesiva
La polémica sobre los cambios actuales
en Cuba y la vuelta al clásico tema caribeño
del azúcar son los tópicos del primer par.
El significado de Venezuela
en la obra poética de Nicolás Guillén
y el discurso crítico creativo
de una de las principales ensayistas cubanas
se abordan en el segundo.
E
¿«Cubanólogos»
o cubanistas?
Carmelo Mesa-Lago
Catedrático Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos
Universidad de Pittsburgh.
ntre 1983 y 1985 sostuve un debate con José
Luis Rodríguez, entonces miembro del Centro
de Investigaciones de la Economía Mundial del
Consejo de Estado de Cuba. Él me presentó
como director, desde la Universidad de Pittsburgh,
de la «cubanología» —por primera vez este término
era usado en Cuba—, integrada por los académicos
cubanoamericanos que desde los Estados Unidos
estudian la Isla. Mi respuesta fue publicada en Temas
de la Economía Mundial (La Habana), y el artículo de
Rodríguez, con mi réplica, apareció en Cuban Studies
(Pittsburgh). Esa polémica enriqueció lo político y
lo académico, pues permitió un intercambio público
de puntos de vista diversos; involucró a un asesor del
gobierno cubano, más tarde ministro de Economía y
Planificación, y arquitecto de las reformas que sacaron
a Cuba de la crisis de los años 90, y divulgó mi obra
entre los cubanos. La discusión se amplió con artículos
críticos de los economistas Claes Brundenius y Andrew
Zimbalist; mi réplica, en coautoría con Jorge Pérez
López, apareció en Comparative Economic Systems.
Virtualmente, todas las críticas fueron refutadas y
quedó claro que el término «cubanología», cargado
ideológicamente, era parte de la Guerra fría; los
académicos que profesionalmente trabajamos sobre
Cuba adoptamos el vocablo neutral de «cubanistas»
(Pérez-Stable, 1991: 239-250). Como resultado del
debate, muchos de nosotros entablamos o expandimos
intercambios con economistas cubanos, logramos
consensos y respetamos puntos de discrepancia.
Tres décadas después, Emily Morris revive el
estigmatizado término y la emprende contra los
«cubanólogos» —«como se definen a sí mismos»,
afirma erróneamente (Morris, 2014: 5-45). 1 De
forma indiscriminada y estereotipada, los tilda de
«profundamente hostiles al régimen de La Habana»
(4). 2 Vuelve a colocarme entre los líderes de la
«cubanología», según ella asentada en la Universidad
de Pittsburgh, aunque el equipo de estudios sobre
Cuba de dicha universidad desapareció hace años.
Se refiere a un «eje Pittsburgh-Miami» que solo
existe en su imaginación, pues ha habido notables
diferencias de pensamiento entre los cubanistas de
las dos ciudades —al igual que dentro de Miami entre
un grupo moderado de cubanistas en la Universidad
Internacional de la Florida (que realiza las encuestas
a cubanoamericanos, las cuales demuestran que la
mayoría rechaza el embargo) y otro muy crítico en
la Universidad de Miami. Además, acusa a todos
los cubanistas (especialmente a los que escriben
con diversos puntos de vista en Cuba in Transition),
El autor es responsable de lo que aquí se dice, pero agradece los
valiosos comentarios de Jorge Pérez López, Omar Everleny Pérez
Villanueva y Antonio Santamaría García.
158
Carmelo Mesa-Lago
n. 81-82: 158-164, enero-junio de 2015
8
de proponentes de la «reestructuración de la economía de
la Isla siguiendo patrones capitalistas», neoliberales que
apoyan las reformas impuestas en América Latina por
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) basados en el Consenso de Washington (5).
La versión en castellano del artículo de Morris ha
sido elogiada por el editor del blog La Pupila Insomne
como «lo mejor […] sobre la economía cubana en los
últimos 25 años» (es obvio que ha leído muy poco):
[Este artículo] demuestra de manera aplastante las
enormes debilidades de algunos enfoques sobre la
economía cubana que gozan del apoyo de la maquinaria
mediática académica cómodamente financiada desde
Europa y los Estados Unidos, a través de publicaciones,
invitaciones y eventos que incluso han llegado a realizarse
en nuestro país [Cuba]. Quienes son puestos en ridículo
por la autora fueron tratados entonces como portadores
de la palabra divina; un «icono gigante admirado y
querido, en la distancia, por muchísimos jóvenes que
siguen su obra», se ha dicho del más citado de ellos.
(Sánchez, 2014: 1).
Esto último parece mi «retrato» y un claro intento
de difamación hacia los académicos que en los Estados
Unidos estudiamos Cuba de manera profesional y
equilibrada.3
La primera parte del artículo de Morris sobre las
políticas anticrisis y posteriores bajo Fidel Castro
(1990-2006), tiene veinte páginas incluyendo las
notas, mientras que la relativa a las reformas de
Raúl Castro (2006-2014) tiene solo siete. La autora
pone excesivo énfasis en el pasado y da poco espacio
a las reformas claves del presente. El análisis hasta
2006 se basa en un texto suyo publicado en 2007
(Morris, 2007) y la segunda parte actualiza aquel
trabajo.4 Su reflexión inicial es mucho más objetiva,
equilibrada y documentada que la actual, hace una
crítica racional, es menos apologética y no menciona
la «cubanología». Luego notaremos otros cambios y
contradicciones.
Concuerdo con varios puntos importantes que
plantea Morris y que he analizado en muchos de mis
libros y artículos: 1) la razón por la que el régimen
cubano no colapsó después de la caída de la URSS y el
campo socialista; 2) el éxito de las políticas en la primera
mitad de los años 90 para detener la caída en picada
de la economía, recuperar parcialmente el crecimiento,
reducir notablemente el déficit fiscal y apuntalar la
moneda; 3) la diferencia entre las políticas de Cuba
para enfrentar la crisis y, en general, con las aplicadas
en las «economías en transición»; 4) la necesidad de las
reformas de Raúl Castro, y 5) el juicio de la autora sobre
la unificación monetaria y las divisiones sociales. Aquí
rebato varios puntos de la crítica de Morris, identifico
distorsiones y ofuscaciones (puntos cruciales que ella
omite), incongruencias en su análisis entre los dos
períodos que trata en su artículo, y comparaciones
difusas y alternativas estrechas.
Distorsiones y ofuscaciones
Es irónico que Morris me tache de neoliberal,
cuando es frecuente que círculos de la derecha me
acusen de izquierdista; mi análisis de las reformas de
Raúl ha sido tachado de «benigno» o de un «optimismo
poco justificado», incluso por economistas moderados.
Contrario a sus insinuaciones, en mi obra siempre he
dejado claro que deben ser preservados los sistemas
públicos de educación, salud y pensiones, pero con
cambios que los hagan más eficientes y sostenibles
(Mesa-Lago, 2012: 304-6; Mesa-Lago y Pérez López,
2013: 244-96). Por otra parte, mi obra de cincuenta y
cinco años sobre protección social en América Latina,
Europa y Asia, se ha caracterizado por la crítica a las
políticas del Banco Mundial y el FMI. Fui el primero
que en libros y prestigiosas revistas internacionales
(Revista Internacional de Seguridad Social, World
Development, Revista de la CEPAL, Revista Internacional
del Trabajo) criticó a fondo la reforma privatizadora de
las pensiones por Pinochet en Chile y otras similares en
la región. Mis trabajos más recientes analizan el regreso
del rol del Estado en las pensiones de seguridad social
en el mundo a través de las re-reformas de sistemas
antes privatizados. En entrevistas publicadas en varios
países, he calificado mi enfoque como neokeynesiano e
institucionalista y opuesto a la mayoría de las políticas
neoliberales.
Morris afirma que atribuí la crisis de1990-1993 en
la Isla a «las características antimercado de la política
cubana [...] como una mera extensión de su estrategia
de rectificación antimercado de 1986» y que ataqué
las reformas de 1994 (de hecho 1993-1996) por ser
«a medias» y «medio cocinadas». Alega también que
di «importancia secundaria a los factores externos»
(Morris, 2014: 5, 8). Mi verdadera interpretación
—analizada en los «ciclos ideológico-pragmáticos»
citados en el artículo de Morris— es que la crisis fue
provocada por una combinación de factores externos
e internos (en ese orden). Es cierto que critiqué el
Proceso de Rectificación de 1986-1990 porque provocó
una recesión justo antes del colapso de la URSS, lo cual
debilitó a Cuba para enfrentar la crisis; pero nunca en
mis trabajos he mantenido que las reformas de 19931996 fuesen una continuación del ciclo idealista de la
Rectificación: probé que ellas abrieron un nuevo ciclo
pragmatista. Sistemáticamente, mi obra incluye la
variable externa para explicar los cambios de ciclos; de
modo que en la crisis de los años 90 analizo los mismos
factores exógenos que Morris: el fin del comercio con
el campo socialista, la ayuda y los subsidios de precios
¿«Cubanólogos» o cubanistas?
159
Mirando al futuro, lo más valioso no son alabanzas sin adecuada evaluación
profunda de las reformas en proceso, sino ofrecer opiniones mesuradas, con
respeto y documentación, sobre lo que funciona y lo que debe ser mejorado
para el bien de la nación y de su pueblo.
de la URSS y del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME), y las leyes Torricelli y Helms-Burton que
endurecieron el embargo norteamericano. Mis textos
también saludan las reformas de los años 90 y les
atribuyen la recuperación económica parcial; pero
identifican sus limitaciones y recomiendan ampliarlas,
a la par que lamentan la reversión que se hizo desde
1996 porque causó efectos adversos (Mesa-Lago, 2012:
34-41; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 12-7).
Ignorando la amplia literatura existente, Morris
afirma que «es notable que los estudios comparativos
[«entre el curso de Cuba y los de las economías de
transición»] realmente son relativamente raros», lo cual
«refleja una tendencia general entre los cubanólogos
para centrarse exclusivamente en su isla natal» (Morris,
2014: 7). Es posible citar más de setenta comparaciones
de Cuba con economías en transición, la mayoría hecha
por cubanistas.5
Agrega Morris: «Los debates internos sobre la política
económica han sido en gran medida invisibles para los
observadores externos, incluyendo los cubanólogos»,
para los cuales no ha existido discusión en absoluto; pero
«ha habido debates entre los economistas [cubanos]»
(Morris, 2014: 6). En buena medida, como resultado
del debate de los años 80, he mantenido relaciones
fructíferas con economistas y científicos sociales
cubanos, intercambiando publicaciones, enviándoles
borradores de mis trabajos a ellos y comentando o
reseñando los suyos, escribiendo artículos en común o
en compilaciones, participando con ellos en seminarios
dentro y fuera de Cuba, y publicando en dos revistas
cubanas. En mis libros he analizado los diversos
enfoques de las autoridades nacionales y, en los más
recientes, el debate público sobre las reformas, lo que
constituye el primer resumen integrado del pensamiento
de los economistas y otros científicos sociales cubanos,
sus posiciones de cara a las reformas y los consensos
alcanzados (Mesa-Lago, 2012: 221-36, 169-81; MesaLago y Pérez López, 2013: 172-81).
Según Morris, los cubanólogos consideran a Cuba
«una mera dependencia de Venezuela» (Morris, 2014: 5);
una seria tergiversación de lo que hemos mantenido
no solo los cubanistas y otros expertos extranjeros,
sino también los propios dirigentes y académicos
cubanos: que Cuba tiene una fuerte dependencia de
Venezuela y esto constituye un gran riesgo debido a la
crisis económica venezolana. De hecho, ella después
reconoce dicha dependencia: «Las ganancias de la venta
de servicios profesionales a Venezuela han superado
160
Carmelo Mesa-Lago
la de todas las exportaciones de bienes combinados
desde 2005»; «la dependencia de un solo socio ha
aumentado una vez más: en 2012, Venezuela representó
no solo 45% de las exportaciones de bienes debido al
petróleo refinado en Cienfuegos, sino también muchos
de los servicios no turísticos de Cuba» (17-8). En su
texto de 2007, Morris estimó la «enorme contribución
[venezolana] a los recursos del gobierno cubano» en 750
millones de dólares (Morris, 2007: 50); mi estimado del
total de la relación económica de Cuba con Venezuela
ascendió a 12 900 millones de dólares (42% de lo cual
fue en compra de servicios profesionales) o 21% del
PIB de Cuba en 2010 (Mesa-Lago, 2012: 134-41, 152-4;
Mesa-Lago y Pérez López, 2013:98-102, 114-5). Si
Venezuela suspendiese esa relación, Cuba sufriría una
crisis severa, aunque no tanto como la de los años 90;
esto indica la importancia que tiene para La Habana
el restablecimiento de relaciones económicas con los
Estados Unidos.
En su artículo, Morris sugiere que el sector industrial
ha seguido desarrollándose (como antes de la crisis):
«la inserción de Cuba en la economía mundial ha sido
liderada por un puñado de industrias»; las políticas se
han centrado «en el desarrollo de nuevas industrias
de exportación, lo que reduce la dependencia de las
importaciones de alimentos» (Morris, 2014: 15-6) (lo
primero no determina lo segundo). Detalla el proceso
de desindustrialización citando una caída de 16% en
la producción industrial entre 1989 y 2005 (45). Según
estadísticas oficiales, el índice de producción industrial
en 2013 estaba 45,4% por debajo de su nivel en 1989. Solo
tres de veinticuatro líneas de la industria manufacturera lo
superaban (fármacos, muebles y bebidas); el resto estaba
muy por debajo: maquinaria y equipos (-99%), equipos
de transporte (-96%), fertilizantes (-93%), textiles (-90%),
azúcar (-79%). En minería, después de un aumento, la
producción de gas y de níquel cayó 18%, y la de petróleo,
12%. La importación de alimentos cubre 70% del consumo
interno y creció de 1 000 a 2 057 millones de dólares en
2005-2014; las exportaciones de bienes en 2013 todavía
eran 2, 2% inferiores a las de 1989 (ONEI, 2014: cuadros
8. 3, 10. 4, 11. 1, 11. 4; Rodríguez, 2015).
Las políticas alabadas por Morris han tenido a
largo plazo un efecto negativo en el crecimiento, un
tema al que ella dedica apenas tres líneas: «Desde la
crisis financiera global, [el crecimiento anual del PIB]
ha sido más débil que lo esperado, con un promedio
de menos de 3% […] peor que la media de los países
“en transición” desde 2008» (Morris, 2014: 22-3).
De acuerdo con cifras oficiales, el promedio anual en
2009-2014 fue 2,1% y el cumplimiento de las metas
bajó de 90% en 2011 a 54% en 2014; en el último año,
la tasa oficial fue de 1,3% (versus una meta de 2,2%)
pero la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) lo estima en 1,1%, el quinto inferior
entre 35 países de la región (ONEI, 2010-2014; CEPAL,
2014: cuadro 1).
Los efectos sociales de dichas políticas tampoco
han sido beneficiosos a largo plazo. Morris presenta el
«valor de cien [pesos cubanos] como un múltiplo del
salario mensual promedio», calculado de manera opaca
y sin discusión en el texto. Ella menciona medidas para
«restaurar el valor real del salario», pero admite que «los
[salarios] nominales estatales no han subido en línea
con el costo de la vida» (Morris, 2014: 20, 25). La Figura 1
presenta la evolución del salario medio real (ajustado a
la inflación) en el sector estatal en 1989-2013. A pesar
de su aumento nominal desde 1990, el salario real en
2013 equivalía a solo 27,3% de su nivel de 1989, o sea,
que su poder adquisitivo cayó 72,7%. Algunos autores
truncan la figura y parten de 1993 en su punto más
bajo (10% del nivel de 1989), lo que crea la ilusión de
un aumento salarial real sostenido.
Figura 1. Evolución del salario medio real en el sector estatal
en Cuba, 1989-2013
100
100,0
80
60
50,0
40
23,9
10,1
20
14,4
27,3
17,6
0
1989
1991
1993
1997
2002
2006
2013
Salario ajustado a la inflación (1989 = 100)
Fuente: Elaboración del autor basado en el salario medio nominal
y la tasa de inflación (ONEI, 2012 y 2013; Mesa-Lago y Pérez
López, 2013)
Incongruencias
El artículo de Morris carece de una integración
y un seguimiento consistentes en temas claves entre
los dos períodos históricos, así como un análisis de
cómo las políticas anticrisis obligaron después a la
reestructuración conducida por Raúl. Ella no evalúa
sistemáticamente los costos de esas políticas, aunque
incluyó una sección sobre esto en su texto citado (2007:
42-5): el muy bajo nivel de inversión doméstica, el
descenso de la productividad, la desaceleración del
crecimiento, la escasa atracción de capital extranjero.
En ambos trabajos ella plantea que ocurrió una caída en
la inversión debido a que el gobierno no renunció a su
control sobre las inversiones extranjeras (por ejemplo,
la ley de 1995 autorizaba al inversionista foráneo a tener
100% de la participación; pero en la práctica rara vez
sobrepasó 49%), y a que rechazó muchas propuestas
inversionistas (Morris, 2014: 15). Añade que «el costo
de los subsidios [a empresas y precios] consumió
fondos que de otro modo podrían haber sido utilizados
para la inversión» (21). Por otra parte, alaba políticas
sin discutir sus serias secuelas económicas (13): el
impuesto sobre la renta fue rechazado (a pesar de que la
estructura tributaria era muy regresiva); no se impuso
«un paquete de austeridad de recorte de gastos» (con
lo cual se disparó el gasto social); «el compromiso de
prevenir el desempleo se mantuvo intacto» (pero esto
engrosó el desempleo oculto); y los precios «de los
bienes básicos se mantuvieron fijos muy por debajo
de su costo, sin tener en cuenta las implicaciones
fiscales» (lo que disparó el déficit fiscal). Los efectos
de estas políticas obligaron a Raúl a impulsar reformas
estructurales: la tributaria, que incluye el impuesto
progresivo sobre la renta; el recorte de los servicios
sociales (Figura 2); la eliminación del empleo estatal
excedente; y una ley de inversión extranjera más
laxa que la 1995, aunque aún mantiene limitaciones
—algunas de las cuales se han ido desmontando por
regulaciones sucesivas del gobierno.
En contraposición con la política social de las
economías en transición y la terapia de choque
auspiciada por el Banco Mundial y el FMI, Morris
sostiene que durante la crisis de los 90, Cuba conservó
el estado de bienestar y combinó la protección social
con la reducción del déficit fiscal. Ella nota que
actualmente
los más pobres son los que dependen de las pensiones
del Estado o de asistencia social, sin ayuda familiar [...]
las pensiones son apenas suficientes para la subsistencia,
por lo que los servicios sociales tienen que completarlos
donde no hay familia o la familia es demasiado pobre.
(Morris, 2014: 24)
Y reafirma que en «la fase de ajuste de Raúl», la
red de protección social «permanece en su lugar»
y que los «servicios públicos son sin duda mejores
que antes», pues los sistemas de salud y educación
siguen incólumes (25, 26). De hecho, la red mínima
de protección social se ha contraído, mientras la
población vulnerable se ha expandido, en parte por
reformas con lógica económica pero que causan
efectos sociales adversos: la reducción del gasto social;
la extracción de alimentos del racionamiento para
su venta a precios de mercado (tres veces superiores
al precio subsidiado de las raciones); el aumento de
precios en los mercados agropecuarios, en las tiendas
¿«Cubanólogos» o cubanistas?
161
estatales que venden en divisas (con una ganancia
de 230%)y en las tarifas de servicios públicos; el
incremento del desempleo «abierto» de 1,6% a 3,4% de
la fuerza laboral ocupada en 2008-2013 (sigue siendo
uno de los menores en la región, pero con matices que
veremos más adelante); y la caída en la pensión real a
la mitad de su nivel en 1989.
En 2007-2013, el gasto social se recortó de 55% a
51% del presupuesto y de 37% a 27% del PIB. Se han
cerrado miles de sedes universitarias municipales, las
escuelas secundarias en el campo, los comedores en los
centros de trabajo y 42% de los hospitales y clínicas;
los médicos de familia han mermado a la mitad por
su exportación, y se ha despedido a 16% del personal
sanitario (ONEI, 2006-2013; Mesa-Lago, 2014a).
También se redujo el presupuesto de educación en
3,3 puntos porcentuales del PIB y el presupuesto para
vivienda en 1,6 puntos, así como 72% de la matrícula
universitaria. Los beneficiarios de asistencia social
disminuyeron de 5,3% a 1,5% de la población total
en 2006-2013 y de 2,2% a 0,3% del PIB (Figura 2).
En 2011, el Congreso del Partido acordó terminar la
asistencia a los beneficiarios con familiares que puedan
ayudarlos. Es lógico eliminar del programa a los que
no requieren asistencia social, pero la reducción hecha
fue desproporcionada y de espaldas a la expansión de
la población vulnerable.
Figura 2. Evolución de la asistencia social en Cuba (2006-2013)
6
5,3
5
4
3
2
2,2
1,5
1
0,4
0
2006
2007
2008
Gastos como % del PIB
2009
2010
2011
2012
Beneficiarios como % de la población
Fuente: Elaboración del autor basada en ONEI, 2007-2013.
Morris destaca que no creció el desempleo abierto
durante la crisis y que, al contrario, aumentaron los
puestos de trabajo. Las estadísticas oficiales ratifican que
el desempleo abierto bajó de 7,9% en 1989 a 6,2% de la
fuerza laboral en 1993, el peor año de la crisis. Pero lo
que ella no dice —o ignora— es que, según estimados
de la CEPAL, el desempleo «oculto» (contratación de
empleo estatal innecesario para controlar el «abierto» a
costa de reducir la productividad laboral y los salarios),
saltó de 7, 9% a 34% en el mismo período, o sea, que
en 1993 el desempleo total equivalía a 40% de la fuerza
laboral (Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 119-23). Dos
economistas cubanos argumentan que la política de
162
Carmelo Mesa-Lago
mantener el pleno empleo a toda costa (el desempleo
abierto alcanzó un récord mundial de solo 1,6% en
2008), no cerrar empresas estatales irrentables y
aumentarles los subsidios, provocó un déficit fiscal
que rebasó 30% del PIB, un alza de precios en nueve
veces, y la ya explicada reducción de salarios reales en
70% (Vidal Alejandro y Pérez Villanueva, 2010). Esto
hizo más difíciles las políticas de Raúl para despedir
el empleo estatal superfluo, que se estima oficialmente
en 1,8 millones de trabajadores, 37% de la fuerza
laboral.
Comparaciones difusas y alternativas
estrechas
Un aspecto importante del artículo de Morris es
su comparación, entre 1990 y 2010-2013, de una serie
de indicadores (PIB per cápita, mortalidad infantil,
esperanza de vida) en los que Cuba se coloca por
encima de la mayoría de las economías en transición.
Desgraciadamente, esto lo hace solo al comienzo (salvo
comparaciones superficiales de políticas), y cae en el
mismo defecto que ella imputa a los «cubanólogos»:
concentrarse excesivamente en la Isla.
Al final de su trabajo, se pregunta si hay una
alternativa a las economías en transición (privatización,
liberalización, recortes del gasto social) y cuestiona:
«¿por qué debemos suponer que el Estado abandonará su
papel dominante en la economía o que el enfoque actual
de la política deba conducir a un camino de transición
hacia el capitalismo?»(2014: 26). Aparentemente, para
ella hay solo dos vías: la neoliberal-capitalista dura, con
el Estado en rol de subsidiario, y la de predominio del
Estado (planificación central más propiedad dominante
estatal) con una función subsidiaria del mercado y el
sector privado. En la realidad, que se escapa a Morris,
hay muchas vías intermedias entre esos dos polos
extremos, como en los países escandinavos, que han
logrado combinar óptimamente ambos instrumentos y
generar crecimiento sostenido con equidad social. Más
aún, ella coloca a todas las economías en transición en
una misma categoría; otro enfoque irreal pues hay un
amplio abanico entre ellas; por ejemplo, la Comunidad
de Países Independientes (CIS) y el resto de los países
bálticos de Europa central y del sur (CSB), que ella
explica en su capítulo (2007: 56, nota 2). Igualmente,
existen notables diferencias entre las economías
latinoamericanas: por ejemplo, hay un mayor rol
estatal en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Uruguay y Venezuela que en Colombia, Honduras,
Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. El caso de Chile
es ilustrativo: bajo Pinochet, fue el modelo de políticas
neoliberales para la región; pero se ha transformado
en la sucesión de cuatro gobiernos socialistas que
han introducido reformas sustanciales en el sistema
tributario, lo que lo ha hecho más redistributivo, así
como en la salud y las pensiones en las que se ha
reforzado el papel estatal,6 y ahora se enrumba a una
reforma educacional enfocada en el nivel terciario para
hacerla más universal y gratuita.
Otra alternativa es la de China y Viet Nam, cuyas
reformas estructurales han creado un modelo mixto
(«socialismo de mercado») en el que el mercado, la
inversión extranjera, el sector privado interno y una
planificación descentralizada tienen un papel crucial,
más avanzado que en las reformas cubanas (comparando
períodos similares), al tiempo que mantienen el control
del Partido. En cuatro líneas de su artículo, Morris
despacha esta alternativa, objeto de un profundo debate
dentro y fuera de Cuba que ella pasa por alto. Primero
afirma que hay características distintivas entre el
camino de Cuba y los de China y Viet Nam, para luego
afirmar que la estrategia cubana «tiene comparación
con el sistema de China de la «doble vía» en el que
se mantiene el camino «planeado», mientras que el
camino del «mercado» se desarrolla a su vez» (2014:
26). Al modelo chino-vietnamita dedico una sección
en mis dos libros más recientes y lo comparo con las
reformas más importantes cubanas, como la agraria; en
mi último ensayo, expando las comparaciones a siete
de las reformas estructurales claves (Mesa-Lago, 2012:
225-8; 2014b; Mesa-Lago y Pérez López, 2013: 173-5).
Sobre esto existe una creciente literatura comparativa
de alto nivel escrita por cubanos residentes en la Isla,
que ella igualmente ignora (Pérez Villanueva, 2012;
2014; Vidal Alejandro, 2012). Morris se contradice y
no aporta nada nuevo al debate.
Termina su artículo con esta frase: «Visto sin
ideas preconcebidas, el caso cubano sugiere que
otra manera es posible» (2014: 27). ¿Pero cuál de los
modelos cubanos es el que ella propone como ideal?:
¿el que se usó en la crisis de los 90 y continuó hasta
2006 (al que evalúa de manera apologética), o el
que está forjándose desde entonces por las reformas
estructurales de Raúl Castro, que intentan corregir los
problemas que se acumularon por casi medio siglo de
socialismo así como errores del primer modelo? Esto
es fundamental porque los excesos previos generaron
a largo plazo desaceleración económica y gasto social
financieramente insostenible, una cuestión que tanto
los cubanistas como otros estudiosos serios de Cuba
plantearon décadas atrás.
Conclusión
Es difícil explicar por qué, después de treinta años,
Emily Morris ha resucitado la roída «cubanología»; ella
no es José Luis Rodríguez, y el productivo debate de los
años 80 ahora se torna estéril y no aporta nada nuevo a
la anterior polémica, por lo que se queda en las críticas
infundadas que aquí refuto. La autora podría haber
infundido un aire fresco si hubiese analizado de forma
sistemática cómo los efectos indeseables de las políticas
de los 90 y años siguientes obligaron a las reformas
estructurales de Raúl. Su diatriba es contrapuesta por la
positiva recepción en Cuba de mis trabajos sobre dichas
reformas, varios publicados en la Isla (tres de ellos
en Temas) y estudiados por economistas y científicos
sociales cubanos. Mirando al futuro, lo más valioso no
son alabanzas sin adecuada evaluación profunda de las
reformas en proceso, sino ofrecer opiniones mesuradas,
con respeto y documentación, sobre lo que funciona
y lo que debe ser mejorado para el bien de la nación y
de su pueblo.
Notas
1. Traducido al castellano en Cuba como «Cuba inesperada» (La
Pupila Insomne, 2014: 1-31).
2. En 2013, Morris me invitó al Instituto de las Américas,
Universidad de Londres, a presentar una ponencia sobre rereformas de pensiones antes privatizadas en América Latina,
así como mi libro sobre las reformas de Raúl Castro. Creía que
Morris conocía bien mi filosofía y mis dos áreas de estudio, pero
su artículo demuestra lo opuesto.
3. Entre 1978 y 1990 viajé cuatro veces a Cuba para participar en
debates con académicos y funcionarios; me negaron la visa en
2003 a raíz de publicar un libro en el que comparo las economías
de Cuba, Costa Rica y Chile. En 2010, después de veinte años
de ausencia, me dieron visa para asistir a un seminario sobre
política social auspiciado por la Iglesia católica. En 2013 y 2014,
tras publicar mi libro sobre las reformas de Raúl, me negaron
la visa para asistir a un evento de la Brookings Institution y la
Universidad de La Habana y para un homenaje por mi obra de
55 años sobre Cuba.
4. Raúl recién había remplazado a Fidel y ella no pudo discutir
las reformas del primero.
5. Sesenta y cuatro de ellos, publicados en Cuba in Transition
entre 1991 y 2014, comparan Cuba con Albania, Bulgaria,
Estonia, Hungría, Latvia, Polonia, Rusia, Europa Central-Oriental,
China, Viet Nam, economías en transición, etc. (75% escritos por
cubanistas). Véanse también Pérez-López, 1994; Brundenius y
Weekes, 2001; Radu, 2003; Ratliff, 2004; Burki y Erikson, 2004);
y Pérez-Stable, 2007.
6. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, me nombró en 2014
miembro de la Comisión presidencial que estudia una segunda
re-reforma de pensiones para corregir fallas que subsisten de la
primera, en la cual también participé.
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¿«Cubanólogos» o cubanistas?
163
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164
Carmelo Mesa-Lago
Porque Nicolás Guillén, gentes de Venezuela,
es la voz de lo que no se ha hecho todavía.
Es la voz de lo que espera irredento, en las costas
sin descubrir del espíritu americano.
Allí están, bien marcados, los límites de su imperio de poeta.
De ellos se alza, como el perfume
de las hondas florestas de América, la voz oscura de los últimos.
La voz
venezolana
de Nicolás Guillén.
Apuntes
a su identidad
latinoamericana
Norberto Codina
Poeta y editor. La Gaceta de Cuba
S
Andrés Eloy Blanco
uscribo lo que muchos críticos reconocen:
la importancia de El son entero como el más
latinoamericano de los libros de Nicolás Guillén,
tanto por sus temas como por su relevancia e
influencia en el contexto literario continental. Con el
antecedente de sus otros poemarios y de sus relaciones
con los escritores y artistas contemporáneos del
hemisferio, Guillén se lanza a un largo periplo por el
Caribe y Suramérica en los años 40, que constituye el
caldo de cultivo de su unción poética: «¡Cante, Juan
Bimba,/ yo lo acompaño!». Evoca así al personaje
popular de los llanos, que Andrés Eloy Blanco
perpetuara en las letras venezolanas, equivalente al
Juan Criollo o al Liborio cubanos.
Mariano Picón Salas, un conocedor de nuestra
literatura primigenia, consideraba como un desafío
de las generaciones por venir, la profundización de
los estudios latinoamericanos: «Ya las gentes del
siglo xxi pondrán todo su énfasis en asuntos que a
nosotros se nos escapan» (Picón-Salas, 1975: 16). Sobre
esa vocación del ensayista venezolano de explorar
nuestro entramado identitario, Rivera-Rodas escribió:
«Picón Salas buscó el desarrollo de las ideas de la
descolonización y una ética antimperialista, con una
convicción afirmativa orientada al futuro» (RiveraRodas, 2008: 20-31).
En consecuencia, algo en lo que hay que continuar
profundizando es en la comunidad de origen y en los
vasos comunicantes que nos entrelazan y que hacen
que: «A pesar de las diferencias y de los contrastes
telúricos, desde los días de la colonia la reacción del
hispanoamericano ante el mundo tiene una identidad
y un parentesco mucho mayor del que se supone»
(Picón-Salas, 1975: 17).
Acerca de estos presupuestos iniciales de nuestra
cultura Guillén escribiría:
Pensamos en el descubrimiento de América... ¿Fue obra de
una sola cultura, de una sola «raza»? ¿Fue obra exclusiva
de España? Indudablemente no. Los conocimientos
matemáticos indispensables para la navegación —de
origen asiático— fueron introducidos en la península
ibérica por los árabes muchísimo antes de que Colón
naciera. (Guillén, 1975b: 147)
Texto presentado en el panel «Nicolás Guillén y Venezuela», XXXII
Congreso de Latin American Studies Association (LASA), 2014,
Chicago, 20-24 de mayo de 2014.
n. 81-82:a163-168,
enero-junio
de 2015
La voz venezolana de Nicolás Guillén. Apuntes
su identidad
latinoamericana
165
Sobre esta mixtura de civilizaciones, que está en el
sustrato mismo de la literatura que hoy nos es familiar,
se encuentran múltiples ejemplos de ese proceso de
imbricación de lo cubano y lo americano. José Antonio
Portuondo, en su ensayo «Proyección americana de las
letras cubanas», se refiere a la Historia de la música
colonial en México de Miguel Saldívar, el cual apunta
que
en 1776 comenzaron a circular en México unas coplas
escandalosas que habían penetrado por el puerto de La
Habana, traídas por las flotas: Qué te puede dar un fraile/
por mucho amor que te tenga/ un polvito de tabaco/ y
un responso cuando mueras.
Portuondo, al aludir a alguno de estos ejemplos
de la cultura popular tradicional, señala: «Aquí está
ya, en germen, nuestra poesía mulata, la gran poesía
de Nicolás Guillén: su alegre desenfado, la intención
satírica, la musicalidad, la presencia de la muerte»
(Portuondo, 1965: 168-9).
Es una de las tantas evidencias de la fusión de
elementos españoles y africanos que caracteriza gran
parte de nuestra producción literaria, a la que, en el
caso de Venezuela, se le añade la mezcla con lo indio.
Uno de esos exponentes que ha llegado a nuestros
días como música tradicional, en forma de canción
anónima, es el golpe oriental conocido como «Pajarillo
verde»: «Pajarillo verde, qué te puede dar un indio/
pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras/ pajarillo
verde, una ensarta de cangrejos/ pajarillo verde, y eso
será cuando llueva».
Esa integración multirracial que distingue la
poesía de Guillén es un elemento que ha incentivado
la musicalización de muchos de sus textos, con lo que
se erige, cuando menos, como el autor caribeño más
llevado al pentagrama, tanto en la música popular,
como en la llamada «culta», término que, por cierto,
al poeta no agradaba. Un ejemplo, que ilustra además
su difusión más allá de la Isla, es la versión musical
que hizo Amadeo Roldán de los Motivos de son, y que
Guillén comenta en sus memorias: «Me parece que
los cantó por primera vez la soprano cubana Lydia de
Rivera en Caracas, Venezuela» (Guillén, 1982: 84).
La conjugación de esta magnífica soprano
cienfueguera, tan celebrada por la crítica en París
y solicitada por los compositores y músicos de más
prestigio de la época, con el genio de Roldán y
Guillén, sin dudas fue un gran regalo para quienes la
escucharon.
II
Con Miguel Otero Silva lo une una fuerte amistad.
En enero de 1946, en el teatro municipal de Caracas,
comparte un recital con él y otros poetas, como Andrés
166
Norberto Codina
Eloy Blanco y Vicente Gerbasi. Durante su estadía
mexicana de 1937, recuerda lo que tal vez sea su primer
contacto personal con intelectuales venezolanos y, en
particular, con quien sería su buen amigo, Gerbasi:
«En estos días mexicanos encontré allá, por cierto, a
tres venezolanos de quienes quedé muy amigo: Oscar
Rojas Jiménez, el poeta Vicente Gerbasi y Rolando
Anzola» (Guillén, 1982: 116). Es el año en que el autor
de Mi padre, el inmigrante, participaría en la fundación
del grupo Viernes, al que pertenecen otros amigos del
cubano, como el propio Rojas Jiménez.
Gerbasi, en su recordado artículo «Nicolás Guillén,
cónsul espiritual de los venezolanos en La Habana»,
evoca la génesis del viaje del autor de Motivos de son,
cuando este «manifestó a Rojas Jiménez y a mí que
desea venir a Venezuela. Es decir, que vendrá pronto. Lo
esperaremos como a un hermano» (Gerbasi, 1945).
Recordemos que su difundido poema «Son
venezolano» estuvo dedicado a Gerbasi; «Barlovento»,
a Rojas Jiménez; y quedará para siempre en la poesía
amorosa latinoamericana su «Glosa a una copla de
Andrés Eloy Blanco». En «Tres sonetos en que se habla
del Ávila», comparten dedicatorias su cofrade Miguel
Otero, Eduardo Mandé, y el reconocido académico
Juan Lizcano, gran amigo también de otros cubanos,
como el matrimonio Carpentier.
Miguel Otero Silva lo acompaña en sus andanzas
caraqueñas y amazónicas; juntos van a Ciudad Bolívar,
antigua Angostura, y recorren el Orinoco, viaje que
tanto le impresionara. En sus crónicas y en su poesía
vemos este encuentro con uno de los ríos madres
de Suramérica, de cuyo delta partieron los primeros
arahuacos que, subiendo por el rosario de las Antillas
menores, fueran los pobladores originales de Cuba.
Su amigo justiprecia el tránsito venezolano de su
colega cubano, y sus resonancias, como ciudadano
e intelectual de ideales cívicos, en los diferentes
contactos con estudiantes, obreros, círculos letrados y
campesinos, cuando «se mezcló a la marejada popular
y pronto logró ser átomo integrante de la colectividad
que lo recibía» (Otero Silva, 1946: 14).
Nicolás es agasajado por sus correligionarios y
amigos venezolanos desde los primeros momentos
de su llegada. Es simpática la noticia que aparece
en El Nacional, con fecha 1 de noviembre de 1945,
donde dice que el cortejo incluye una ternera con «el
criollísimo aditamento» de casabe, guarapo y otros
añadidos de la cocina vernácula. Amén de la música
llanera y caribeña.
De estas múltiples atenciones da fe en su
correspondencia con su esposa Rosa Portillo:
Llevo tres días aquí, y no puedes imaginarte el calor, la
simpatía, con que he sido acogido. Ni una sola vez me ha
faltado una invitación para almorzar o comer, ni un solo
día los periódicos como verás por los recortes adjuntos
[…] han dejado de referirse con el mayor cariño a mí.
El hotel en que vivo, «El Guimerá», está constantemente
lleno de personas. Dice Lilia que soy una «vedette».
(citado por Rodríguez Manso, 2013: 42)
Comentarios parecidos se replican en todo el
epistolario caraqueño con Rosa, tanto en lo referente a
los compromisos institucionales, como a la solicitud de
las amistades, particularmente de su principal anfitrión
y amigo, Otero Silva:
[N]o sé con qué pagar las atenciones, cariños y
delicadezas de Miguel Otero, que ha sido un verdadero
hermano conmigo, ni el afecto que todo el mundo me
ha dispensado y me dispensa a toda hora […] No tienes
idea de la bondad, de la simpatía, con la que me tratan
todos los venezolanos. Son cosas que nunca olvidaré.
(citado por Rodríguez Manso, 2013: 45)
Y ya desde la vecina Colombia, con fecha 2 de mayo
de 1946, escribe uno de sus varios balances epistolares
de la estadía en tierras morochas:
Venezuela donde me pasé cerca de cinco meses cuando
iba por uno. Desde enero —el 10 fue la primera
despedida— hasta muy mediados de marzo, he estado en
trance de salir […] para quedarme siempre. En realidad
el país es enormemente atractivo, y yo tuve grandes
facilidades para recorrerlo desde el Orinoco hasta los
Andes, desde Barlovento a Maracaibo.
A Otero Silva le dedicaría uno de sus grandes textos,
«Elegía a Emmet Till», pues a la afinidad como grandes
amigos se une la de un acercamiento similar a la patria
bolivariana y a la literatura… Aunque el autor de Lope
de Aguirre, príncipe de la libertad sobresalió más como
narrador, resultaron notables también sus incursiones
poéticas, sobre todo, como el antillano, en la poesía de
temática llamada «negra». Similitudes que podemos
encontrar en uno de los textos más antologados del
venezolano, «El corrido del Negro Lorenzo» (González
y Mansour, 1976: 184-5):
Negra y rebelde es mi mano
¡yo soy el Negro Lorenzo!
[...]
Yo soy el Negro Lorenzo
nieto y biznieto de esclavo,
cruzado de cicatrices
como negro tronco de árbol
[...]
Noche con alma. Tambor
dormido bajo mi pecho.
Esto nos recuerda, además, entre otros momentos
de la obra guilleniana, el emblemático «El apellido»:
«¿No tengo acaso un abuelo nocturno/ con una gran
marca negra/ (más negra todavía que la piel)/ una
gran marca hecha de un latigazo?». Y más adelante el
símbolo común de los ancestros africanos, hechos al
sonido de la rebeldía: «¿no veis estos tambores en mis
ojos?» (Guillén, 1995a: 255-8).
Otero Silva, que mantuvo hasta su muerte una
cordial e intensa relación con su amigo, al que le
gustaba llamar, como muestra de afecto, «el Negro»,
en una de sus cartas, fechada en Caracas el 27 de abril
de 1948, le evoca el fin de su gira suramericana, de una
parte de la cual sería importante protagonista:
No dudo que esta jira [sic] por América meridional así
como tus anteriores migraciones por el viejo continente
y por el norte helado te habrán servido para convencerte
definitivamente de que Cuba es el mejor lugar del globo
terráqueo.
Con bromas y su cariño habitual le anuncia su
«arribo a la tierra esplendorosa de Emilito Roig y Rita
Montaner» (Guillén, 2002: 159-61).
Miguel lo tuvo de colaborador durante varios años
en su periódico El Nacional. Siempre mantuvieron una
correspondencia fluida, chispeante y cálida.
El autor de Fiebre (una de las muchas lecturas
que hizo Nicolás de su amigo), brinda este retrato
del caribeño, no exento de su habitual sentido del
humor:
Sonriente, campechano, optimista, pasó por esta tierra el
gran poeta cubano Nicolás Guillén. Amaba a Venezuela
mucho antes de conocerla, a través de la palabra de
los venezolanos desterrados, que fuera, durante largo
tiempo, la mejor manera de conocerla y amarla. Y ahora,
cuando realizó su antiguo sueño de acercarse a nuestros
ríos, a nuestro lago, y a nuestras montañas, duro esfuerzo
le costó marcharse. (Otero Silva, 1946: 14)
Otra relación de interés con un intelectual venezolano
es la que sostuvo con Andrés Eloy Blanco, a su vez muy
permeado de todo lo cubano desde su primer viaje a La
Habana, a mediados de los años 20. Ejemplificando, con
el habitual tono humorístico de ambos, esa asimilación
del cumanense, escribe el camagüeyano:
Acerca de las semejanzas de aquello con esto, hay
un poema de Andrés Eloy Blanco que ilustra lo que
decimos:2
Coja usted un pedazo de Venezuela, un poco
de nuestra dulce tierra con tres matas de coco,
unas piñas de Oriente, unas cañas de Aragua,
un par de caraqueños, y échelo todo al agua,
y tendrá entonces a Cubita la Bella,
que es más venezolana que el Pasaje Ramella.
(Guillén, 1982: 138)
Así lo resume Andrés Eloy: «¡Ay, no saben lo bueno
que es vivir en La Habana,/ o en Caracas, haciendo lo
que nos dé la gana».
Al presentar al cubano en Caracas en 1945, el
autor de Vargas, albacea de la angustia nos recuerda la
conocida frase martiana de que «Bolívar tiene que hacer
en América todavía», como desafío de la modernidad,
«porque Nicolás Guillén, gentes de Venezuela, es la voz
de lo que no se ha hecho todavía. Es la voz de lo que
espera irredento, en las costas sin descubrir del espíritu
americano» (citado por Morejón, 1974: 329). Este
La voz venezolana de Nicolás Guillén. Apuntes a su identidad latinoamericana
167
reconocimiento al poeta antillano como intérprete de
los marginados de nuestras tierras, es algo que reitera
su colega venezolano.
Ambos abordan la poesía de temática negra y
connotación marcadamente popular. Nicolás lo glosa
magistralmente y asume el personaje de Juan Bimba.
En defensa del canon de belleza de origen africano,
tan presente y sensual en la poesía guilleniana, y
en particular la de carácter amoroso, encontramos
naturales puntos de coincidencia. Veamos al cubano:
«Signo de selva el tuyo,/ con tus callados ojos,/ tus
brazaletes de oro curvo,/ y ese caimán oscuro/ nadando
en el Zambeze de tus ojos» (Guillén, 1995a: 102-3). Y
a Andrés Eloy: «Y todos, al mirarte,/ dirán ¡Santa! tres
veces y encenderán sus ojos/ en Noremí, la musa de
los contrabandistas/ y enseñará los dientes, espantosa
de gracia,/ Noremí, la terrible negra de las Antillas»
(Blanco, 1959: 113).
De esa amistad, da fe el caribeño en una conmovedora
crónica, «Andrés Eloy Blanco», aparecida en el
periódico Hoy, el 20 de enero de 1949, y en la cual
recuerda cómo lo acompañó la generosidad del
cumanense al abandonar Venezuela: «Todavía, ya en
trance de irme, adelantó mi llegada a sus amigos de
Mérida y San Cristóbal, junto a los Andes, allá en los
lindes de Colombia, donde me recibieron y festejaron
su nombre y autoridad» (Guillén, 1975a: 393).
III
Hay un testimonio de Pablo Neruda que data de
1947 y que recoge como pocos lo que la experiencia
viajera de 1940 aportó al latinoamericanismo de
Guillén:
Ahora, después de tus viajes atlánticos y pacíficos, vas de
un lado a otro, por esta gran Patria nuestra absorbiendo
la esperanza y la suavidad de nuestra geografía común.
En algunos sitios te embriagó el azar o la racha mojada
y penetrante del amanecer en el Orinoco, en otras partes
salpicaron tu rostro moreno las gotas de sangre que aún
saltan del cuerpo martirizado de América.
Después, en el alto Perú, recibiste el aire original de
nuestro planeta americano, salido del ombligo enterrado,
de la cultura del maíz; luego volaste sobre Bolivia, país
misterioso, profundo y metalúrgico que asoma las
auroras de una conciencia popular. Por fin, llegaste a
este áspero país austral, de nieve y océano, en donde
ya te queríamos, Nicolás, y en donde te vamos a seguir
recordando, con una tenacidad, en el amor que solo
nosotros, en nuestra América, conocemos porque somos
hasta el final un pueblo de raíces y de yacimientos, una
patria de profundidades. (citado por Morejón, 1974:
337)
Lo hemos citado en extenso porque este texto, de
prosa tan auténticamente nerudiana, en la que los
adjetivos son como océanos, nos conduce a las «Coplas
168
Norberto Codina
americanas», en que Guillén años después, ya triunfante
la Revolución cubana, hace un recorrido por el
continente, por sus penurias, sus signos de explotación
y sus símbolos de rebeldía: «¡Padre! a Bolívar, ¡Oh
padre!,/ Martí llamó: Era una noche estrellada./ El
viento lo repitió» (Guillén, 1995b: 131).
Otro ejemplo de la síntesis caribeña y latinoamericana
que distingue su poesía, lo encontramos en lo que para
algunos es su obra principal: «Elegía a Jesús Menéndez».
La sexta parte de este poema está encabezada por una
cita de Rubén Darío, cuya influencia en el cubano
es tan notable: «Y alumbrando el camino de la fácil
conquista,/ la libertad levanta su antorcha en Nueva
York». Estos versos del nicaragüense son repetidos
en otras ocasiones por Guillén. El fragmento aludido
de la elegía comienza en Cuba: «Anda por su Isla...»
(Guillén, 1995b: 94), para salir de ella en un gran barco
de fuego y viajar por los sitios que le son familiares:
Zulia, Tocopilla, Magdalena, Haití, Río de Janeiro,
Centro América, hasta los Estados Unidos. Bastaría
revisar sus crónicas, como por ejemplo su encuentro
con los pozos de petróleo de Maracaibo, para asociar
el pulso de la prosa al ritmo del poema.
Nicolás supo calar la historia, la sociedad y las
figuras representativas de la cultura de la patria de
Juan Antonio Pérez-Bonalde. Una muestra es su texto
«La vida intelectual» (Guillén, 1946a), donde, entre
otros, reconoce a ese comentarista imprescindible de la
Venezuela del primer tercio del siglo xx: el periodista,
humorista y dibujante Leoncio Martínez, sobre todo
en las páginas de El Cojo Ilustrado.
Para los cubanos, por lo demás, Venezuela es una
prolongación de nuestra sonriente Antilla. Salvo las
provincias andinas, ya en los límites de Colombia,
el resto es mestizaje atlántico, caribe; mulatez
blanquinegra, en fin (Guillén, 1946b).
Tres años antes del natalicio de Nicolás Guillén,
escribiría el poeta y publicista Isaac Carrillo y O’Farril
en La Habana de 1899: «La intervención americana a la
que por una parte debemos numerosos beneficios, ha
creado por otra parte un orden de cosas tan anómalo
que es fuente de constantes confusiones. Sabemos todo
lo que queremos ser; pero ignoramos por completo lo
que somos» (citado por Iglesias, 2003: 23).
Y a casi dos décadas de la muerte del autor de
Motivos de son, podemos leer el siguiente cable:
caracas, 22 jun, 2008 (IPS). ¿Cuántos somos? Los
afrodescendientes en Venezuela quieren dejar de ser
estadísticamente invisibles […] y, cifras en mano,
proseguir la lucha por sus reivindicaciones y contra
el racismo y la exclusión […]. «Para reforzar nuestra
demanda de reconocimiento, queremos saber dónde
estamos. Quizá somos el 30% de los 27 millones de
habitantes de Venezuela», dijo a ips, Jesús García, líder
de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas.
Y en sus cartas, como en sus poemas y crónicas,
en estos tiempos en que hablar de identidad o utopía
puede sonar tonto o trasnochado en el mejor de los
casos, el poeta reivindica lo que Andrés Eloy Blanco
reconociera en él como «la voz oscura de los últimos»:
«[A]l modo del Caribe cuando toca,/ con sus dedos
sensuales,/ en nuestras claras islas orquestales/ vientres
de musgo y roca» (Guillén, 1958).
En el ámbito de la experiencia morocha, los
testimonios de pertenencia aparecen en diferentes
textos. Por ejemplo, le escribe desde Caracas a Ángel
Augier, el autor de Uno, el día de Nochebuena de
1945:
Me regalaron, al partir, casabe, una fruta deliciosa
que se llama jobo (muy parecida al mango) dos pares
de alpargatas venezolanas, que son fresquísimas, un
pasapalo (como aquí le dicen al saladito nuestro),
llamado «Uñaldiablo», amén de unos cuantos bloques
de gofio, que a pesar de su nombre, nada tiene que ver con
el gofio de Cuba, pues se trata de una pasta hecha
con casabe, miel, y otros ingredientes.
[...]
El venezolano toma mucho, tanto como jugamos
nosotros. (Entre paréntesis, el viernes último me saqué
150 bolívares, alrededor de 45 pesos, con unos billetes).
La gente de posibles (o más propiamente dicho, la
burguesía y la pequeña burguesía) toma whisky, cuyo
consumo es enorme. El pueblo toma ron y caña blanca.
El ron es inferior al nuestro. El mejor, llamado «Siglo
xx» o también carúpano [sic], tiene un marcado sabor
a azúcar prieta.
He empezado a hacer un son a Caracas,3 que quizá me
salga, si trabajo. Lo malo es que ya estoy con el pie en el
estribo. (Guillén, 2002: 141)
Tiempo después, Nicolás evoca su salida de la patria
de Pérez-Bonalde por tierras del Táchira, en la frontera
colombo-venezolana:
En una libreta de viaje donde se revuelven las más
diversas apuntaciones, he encontrado la siguiente:
«13 de abril de 1946, a las 12 y 10 de la tarde: paso la
frontera de San Cristóbal a Cúcuta, acompañado del
poeta Ramón Becerra, de Francisco Guerrero Pulido,
y del doctor Gutiérrez Prado…», son líneas urgentes,
escritas a salto de automóvil, pero que registran mi
entrada por primera vez en la majestuosa patria de
Santander.
Recuerdo que charlando con aquellos amigos, un poco
en broma, les hacía reparar en la inalterable unidad
del paisaje, aún después de superado largo trecho el
Puente Internacional, que une y separa a Colombia y
Venezuela. ¿Notábase acaso alguna diferencia entre el
nuevo suelo que íbamos atravesando y el de San Cristóbal
—el del Táchira—, última presencia venezolana que
acabábamos de dejar? No se notaba. La frontera tenía
allí un valor político, no geográfico, y mucho menos
racial. ¿Quién podrá saber nunca en qué parte está el
límite verdadero de dos países contiguos, dónde reside la
distinción fundamental entre dos pueblos próximos que
se saludan de viva voz a cada instante y se ven las caras
de contiguos, como huéspedes de una misma pensión?
(Guillén, 1948)
Y en el soneto «Despedida a Caracas», nos lega estos
conmovedores versos: «Vine, a Caracas, de mi amargo
suelo,/ para traerte una canción revuelta/ con el azul
que Cuba da en su cielo;/ al aire puro en que te ves
envuelta/ triste paloma de asustado vuelo/ hoy al partir
mi oscura mano suelta» (Guillén, 1995b: 156).
Por esas coincidencias de la vida, regresa a la Isla
al triunfo de la Revolución cubana, después de varios
años de exilio, justo el 23 de enero de 1959, en el primer
aniversario de la victoria de la insurrección popular
venezolana contra la dictadura de Pérez Jiménez.
Aquellos tiempos que siempre se replican, como nos
recuerda el escritor venezolano Luis Brito García al
referirse a nuestro «fatalismo geográfico» regional,
en que «el modo de vida de Venezuela era, como
diría Carlos Monsiváis, «la catástrofe diferida». Si no
puedes cambiar tu geografía, prepara tu defensa». El
reencuentro de Guillén con Cuba coincidía también,
significativamente, con la histórica llegada de Fidel a
Caracas, la ciudad que, con calidez, Nicolás llamara
«sonora y sentimental».
Tras casi seis años de ausencia, vendría otra etapa
de su vida, consecuente, como su poesía, con el ideario
antillano y universal.
Hubo otros dos viajes posteriores de Guillén a
la tierra de Andrés Bello y Rómulo Gallegos, pero
ninguno tuvo la impronta de aquel periplo de los 40.
En su segunda visita, en abril de 1975, pudo cumplir
la promesa pendiente de que su esposa lo acompañara,
algo que se percibe en su añoranza de las misivas
caraqueñas del 45 y 46. Fueron quince días intensos,
plagados de encuentros y homenajes, como quien
recibe después de larga ausencia al hijo pródigo. Con
él estuvo su entrañable amigo Miguel Otero, y alguien
muy identificado con Cuba y su Revolución, el poeta
y autor humorístico Aquiles Nazoa. De esa segunda
visita merece destacarse su encuentro con la pequeña
ciudad de Río Chico, localidad cercana a Caracas y que,
fundada en el siglo xviii, durante su mayor auge en el
último tercio del xix acogió al general tunero Vicente
García y a varios de su compañeros de armas, que
fundaron allí una colonia cubana, siempre fiel al ideario
independentista. Al morir el jefe mambí, asesinado por
un espía español en 1886, cuenta José Martí [1893] que
rodeado por familiares y compañeros, «se alzó sobre
el codo moribundo [...] para legarles, con el último
rayo de sus ojos, la obligación de pelear por su pueblo»
(Martí, 1963: 210).
A más de seis décadas de que Guillén recogiera en
la hoy centenaria revista Bohemia, su visión de aquella
fructífera y recordada estancia en tierras venezolanas,
cruzando el Puente Internacional, nos queda su
obra, más allá de los rótulos con que se ha intentado
etiquetarla, como una síntesis de la nación cubana y
todo el mosaico caribeño y latinoamericano, no ya solo
La voz venezolana de Nicolás Guillén. Apuntes a su identidad latinoamericana
169
por los temas del mestizaje o el sincretismo bien visibles
en sus páginas, sino por su lenguaje, el humor, la forma
en que se acercó a lo social, su tratamiento del tema
amoroso..., la suma de las esencias de nuestra cultura
toda, expresada en su más alto nivel artístico y a la vez
de manera íntima y orgánica, incluso en textos de prosa
como su epistolario. No por gusto fue, desde antes de
1959 —aun cuando la Revolución cubana contribuyó
sustancialmente a su difusión—, el poeta cubano
más divulgado, y una figura archiconocida en todo el
ámbito hispanoparlante y en otras latitudes idiomáticas,
donde cosechó numerosos amigos e interlocutores.
De esa genuina condición de intelectual consecuente
y ciudadano cosmopolita se nutrió su identidad
latinoamericana, que, en el caso de su conjunción con
Venezuela, integró también todo lo que de «sonoro y
sentimental», y raigalmente genuino, encontramos en
sus referentes venezolanos.
Notas
1. Lilia es Lilia Esteban, esposa de Alejo Carpentier. Para esa fecha
ambos radicaban en Caracas.
2. Se refiere al poema de Andrés Eloy Blanco, «Carta a Udón
Pérez» (Poda, Élite, Caracas, 1934), escrito en 1925 a su paso por
La Habana.
3. Puede tratarse del que luego tituló «Son venezolano», publicado
en 1947 en El son entero; suma poética 1929-1946, Buenos Aires,
Pleamar.
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26 de septiembre.
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170
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Rodríguez Manso, H., (2013) Guillén y Venezuela. Pinar del Río,
Ediciones Cauce.
, 2015
C
Las Antillas
hispanas
y el azúcar
Juan Valdés Paz
Sociólogo.
on Esplendor y decadencia del azúcar en las
Antillas hispanas (2012), la más extensa de
sus obras, el historiador Oscar Zanetti ha
completado una amplia bibliografía sobre
la industria azucarera cubana, y se convierte en el más
destacado y abarcador de los investigadores sobre
ella (Zanetti Lecuona, 1987, 1989, 2004, 2006, 2009).
Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas
2011, corona su trayectoria con un estudio comparativo
de los más de tres siglos de historia social y económica
del azúcar en las tres grandes islas hispanas del Caribe:
Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.
El autor enfrenta exitosamente este desafío y
deja a los historiadores del presente y el futuro un
listón difícil de sobrepasar. Su análisis, si bien se basa
principalmente en fuentes secundarias,1 se enriquece
con un extenso y selecto corpus de referencias y notas,
que marca el sendero por el que estarán obligados a
transitar los estudios posteriores.
Un reto particular ha estado en la comparación
de procesos cuyas cronologías nacionales no siempre
coinciden y a veces se superponen. Zanetti ha obviado
estas dificultades y se ha concentrado en desentrañar
la lógica común a dichos procesos para los cuales
los acontecimientos parecen singulares, pero las
estructuras que los condicionan son compartidas.
Un lector apresurado podría hallar en la magnífica
síntesis del «Epílogo» las principales tesis del libro y
pretender ahorrarse el gratificante recorrido por seis
fecundos capítulos en los que el autor argumenta sus
hipótesis. Cada uno de estos apartados se corresponde
con períodos históricos en los cuales Zanetti identifica
los ciclos propios de la historia azucarera de las Antillas
hispanas, colmados de acontecimientos relevantes, con
condicionamientos y procesos comunes, y conectados
por hitos compartidos: la Guerra hispano-americana
y el dominio norteamericano de las islas, la Primera
guerra mundial, la crisis de 1929-30, la coyuntura bélica
y posbélica de los años 40, el impacto azucarero de la
Revolución cubana en los 60, el auge de la globalización
neoliberal a fines del siglo xx y la reconversión de la
industria en los 2000.
El examen de la evolución de la economía azucarera
de cada isla y de sus contrapartidas sociales —ya
sea como entrada o como salida del proceso—
ha permitido al autor dar cuenta de las notables
semejanzas y diferencias entre los procesos nacionales.
Algunos de los rasgos que parecen comunes serían,
según Zanetti:
• La economía del azúcar —agricultura cañera;
producción de azúcar, mieles y derivados;
transportación y embarque; comercialización;
servicios financieros; empleo, etc.— tuvo una
participación determinante en el PIB de cada isla,
en la estructura de su comercio exterior y en su nivel
n. 81-82:Las
171-173,
deazúcar
2015
Antillasenero-junio
hispanas y el
171
•
•
•
•
•
•
•
•
172
ocupacional. También han tenido un lugar destacado
en sus estrategias de desarrollo.
La modernización capitalista de la industria
azucarera en cada isla dependió fundamentalmente
del capital foráneo.
Tanto los períodos de auge como de crisis indujeron
la creciente participación del Estado: primero,
mediante la extensión de su función reguladora,
y segundo, con la estatización de la propiedad
azucarera.
En todos los casos y ciclos, la producción
azucarera estuvo fuertemente condicionada por la
comercialización externa del dulce, ya fuese para
el mercado mundial o, en mayor medida, para los
mercados preferenciales, o una combinación de
ambos.
Esa dominación del mercado tendió a centrarse
en el norteamericano, como uno de los rasgos de
su proyección imperialista sobre las islas. En este
sentido, la hegemonía de los Estados Unidos se valió
de diversos mecanismos: la inversión directa en la
producción azucarera de estos países; un mercado
preferencial basado en cuotas de importación de
azúcar y mieles por países; tratados de comercio
recíproco; políticas aduanales, fiscales y de precio;
el monopolio de la destilación; y una moderna
industria de producción de maquinarias para los
centrales y la agricultura, entre otros.
El mercado norteamericano y sus variables políticas
comerciales fueron el principal condicionamiento en
el desarrollo azucarero de las islas, con la excepción
de Cuba a partir de los años 60, cuando suplantó esa
dependencia con la del llamado campo socialista.
El desarrollo tecnológico se vio fuertemente
restringido, tanto en la industria como en la
agricultura cañera, por estrategias de crecimiento
extensivo y de disminución de costos, principalmente
mediante la reducción de los días de zafra.
La evolución de la producción azucarera dio lugar a
una estructura social caracterizada por la presencia
de varios sujetos: el hacendado, criollo o foráneo,
y sus administradores; los colonos pequeños,
medianos y grandes; los trabajadores industriales
calificados y manuales; y los obreros agrícolas,
operadores y manuales.
Si bien el colono resultó, al decir de Zanetti, el actor
absolutamente nuevo en el mundo de la plantación,2
correspondió al obrero agrícola e industrial ser su
principal y más numerosa fuerza laboral. Con el
tiempo, ambos grupos sociales serían engrosados
por la inmigración, con particular intensidad en los
ciclos de auge azucarero.
Los distintos grupos de intereses implicados en la
economía azucarera tendieron a organizarse y a
elevar progresivamente su capacidad negociadora,
Juan Valdés Paz
mediante modelos de concertación corporativa. El
actor que caracterizó la evolución del sector en todos
los períodos fue el colonato cañero.
• Si bien los productores directos pudieron aumentar
su participación en el producto azucarero, mediante
luchas sociales y sindicales —«un camino largo y
tortuoso», al decir de Zanetti—, nunca lograron
una significativa ventaja ante la elevación del costo
de la vida.
• La alta exposición de las islas a los efectos de los
huracanes impactó ocasionalmente sus actividades
azucareras.
Este resumen bastaría para dar cuenta de la
importancia de Esplendor y decadencia…, pero es
preciso incluir en su favor algunos comentarios:
Primero: Como ya nos tiene acostumbrados Zanetti,
la claridad y el estilo de su escritura son en sí mismos
una contribución a la lectura de materias tenidas como
«farragosas».
Segundo: En este libro, además de proponernos un
ejemplo de historia comparada, de cuyas dificultades
metodológicas y de contenido da cuenta en el
«Prólogo», Zanetti se ha impuesto comparar un sector
económico determinado en sus dimensiones nacionales
y supranacionales, y en casi tres siglos. Notable es
también que lo haya extendido hasta la primera década
del xxi, visibilizando las tendencias que interpreta en
el actual ciclo azucarero.
Tercero: El autor logra, mediante una sólida
erudición, dar cuenta de las singularidades de los
acontecimientos políticos y sociales que acompañaron
cada ciclo azucarero en los tres países y, a la vez, mostrar
las determinaciones estructurales comunes a la historia
azucarera de «las islas del dulce».
Cuarto: Dichas determinaciones relativizan la
excepcionalidad de estas historias nacionales en general
y la pretendida excepcionalidad cubana en particular,
aun en el período revolucionario.
Sin embargo —más en favor de mi lectura que
del libro—, algunos aspectos fueron omitidos en este
estudio.
El primero se refiere a la institucionalidad que la
regulación estatal fue adquiriendo en los diversos casos
nacionales. Parecería que después de 1937 la experiencia
cubana había alcanzado, con las funciones otorgadas al
Instituto Cubano de Estabilización Azucarera (ICEA)
y la Ley de Coordinación Azucarera, un modelo de
intervencionismo estatal que no solo sería el más
elaborado de entre los casos estudiados en este libro,
sino que devendría una experiencia más general en lo
externo —por ejemplo, la institucionalidad azucarera
brasileña— y en fuente de muchas variantes internas de
regulación en otras ramas económicas; de modo que la
institución se convertía en un componente inseparable
del régimen político instaurado. Este modelo no dejó
de ser un precedente para la posterior experiencia de
socialismo de Estado en Cuba (Zanetti Lecuona, 2009).
Tal apuesta por un modelo de regulación estatal con
economía de mercado merecía, en mi opinión, un
estudio comparado más minucioso.
El segundo, a que los dos últimos ciclos, el de la
«bifurcación» y el de la «cuesta abajo», coinciden con
el período de la Revolución cubana cuya particular
evolución hace difícil la comparación en el campo
de la industria azucarera. Tengo la impresión de que
las particularidades que el proceso revolucionario
incorpora al entorno y a la propia actividad azucarera
—en gran medida descrita por el autor—, quedan
demasiado encubiertas por los aspectos comparados.
En este período, las semejanzas estructurales son
mínimas y habría que explicar más ampliamente
el impacto de las diferencias, el caso de la llamada
«reconversión azucarera» y su desempeño.
El tercero, a la ausencia del tema energético en este
estudio, comparación que nos parece relevante en el
examen de las semejanzas y diferencias entre las islas
y para cada ciclo.
Lamento también no encontrar en todo el libro las
representaciones ideológicas y culturales con que el
autor ilustró sus segundo y tercer capítulos.
Estos comentarios no dejan de ser minucias en
relación con la importancia de este libro. Con Esplendor
y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas,
Zanetti corona su obra; ofrece un ejemplo maduro
de historia comparada y, a la vez, una base concreta
para la discusión de su alcance y método por parte de
historiadores cubanos y foráneos.
No quisiera terminar con la manida recomendación
de su lectura. Podemos no leerlo y cargar con un
importante déficit en la comprensión del lugar del azúcar
en la historia de nuestras islas y en la conformación
de sus sociedades actuales, de nuestra historia y la
del Caribe; y no apreciaríamos plenamente el enorme
aporte que Oscar Zanetti ha hecho, con este libro, a la
historiografía y a la cultura azucarera cubanas.
Zanetti Lecuona, O., (1989) Los cautivos de la reciprocidad.
La Habana, ENSPES.
______, (2004) Las manos en el dulce. Estado e intereses en la
regulación de la industria azucarera cubana, 1926-1937. La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales.
______, (2006) La República. Notas sobre economía y sociedad.
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
______, (2009) Economía azucarera cubana. Estudios históricos.
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
______, (2012) Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas
hispanas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
, 2015
Notas
1. Al limitarse este estudio comparado a fuentes secundarias, las
fuentes primarias consideradas, e igualmente los testimonios, son
los implícitos en esos estudios.
2. Todos los demás eran evoluciones de actores previos, como los
dueños de trapiches o de ingenios, los esclavos o semiesclavos de
las plantaciones, etc.
Referencias
Zanetti Lecuona, O. y A. García, (1987) Caminos para el azúcar.
La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Las Antillas hispanas y el azúcar
173
El ensayo —se ha repetido mucho— es uno de los
géneros literarios más difíciles: escurridizo, híbrido,
inasible, es también uno de los menos susceptibles de ser
caracterizado. Sus límites son siempre ambiguos, poco
definidos en relación con otras expresiones en prosa,
sean o no de ficción. A la vez, como género, ocupa una
posición marginal, fuera de la «tríada sagrada» —épica,
lírica, drama— que suele ser privilegiada por lectores y
críticos literarios.
Escribir en
crisis.
Margarita
Mateo
entre el ensayo
y la ficción
Daniel Díaz Mantilla
Narrador y crítico.
174
n. Mantila
81-82: 174-176, enero-junio de 2015
Daniel Díaz
Con estas palabras comienza Margarita Mateo un
texto sobre El hombre discursivo, de Antón Arrufat
(Mateo Palmer, 2014: 173). Dramaturgo, poeta,
autor de relatos memorables, Arrufat confesaba en
ese libro cierta reticencia no solo hacia su propia
obra ensayística, sino hacia el ensayo como género,
por el que dice sentir —o haber sentido— «un claro
escepticismo […] duda continuada y perenne ante
su valor y principalmente su eficacia» (Arrufat, 2005:
316). Por su parte, Margarita Mateo pretende con su
texto «contribuir a hacerlo variar ese juicio tan severo»
(Mateo Palmer, 2014: 175), al tiempo que ofrece
algunas consideraciones sobre este género literario
que quizás merecen una lectura más atenta, pues, con
independencia de su propósito explícito, hay en ellas
—creo— varias claves que arrojan luz sobre sus propias
estrategias y obsesiones como autora.
La hibridez genérica, esa indefinición o transgresión
de los límites del ensayo, su simbiosis con otros géneros,
es sin duda una de las características más evidentes
en la obra de Margarita Mateo, especialmente en Ella
escribía poscrítica (1995), donde confluyen y dialogan
la ficción narrativa, el testimonio y el discurso crítico.
Aquí la ensayista se desdobla en una serie de personajes
que complejizan y en ocasiones subvierten su mirada
a la peculiar relación entre la realidad, la literatura y la
producción teórico-crítica en torno a ambas durante
la segunda mitad del siglo xx, particularmente en la
Cuba finisecular, trayendo a un primer plano no solo
la crisis socio-económico-política que atravesaba el
país por esos años, sino también la profunda crisis
del sujeto en tanto centro interpretador y generador
de sentidos:1 es la crisis en lo exterior potenciando
aquella otra que, en su interior, coloca al intelectual
ante el reto de cuestionar su saber, de reconocer sus
limitaciones y reconstruirse; la crisis que lo obliga a
mirar en derredor y en sí mismo para comprender,
comprenderse. Ella escribía poscrítica es «una barroca
acumulación de textualidades heterogéneas donde,
junto al discurso crítico neutral, impersonal, vamos
descubriendo la experiencia subjetiva de la autora»
(Castro Morales, 2000: 98); pero esta acumulación no
es un mero juego de escritura, vano e injustificado, sin
otro fin que invitar al escándalo mediante la ruptura
de las normas al uso. Por el contrario, aquí «la ficción
es empleada para recuperar elementos esenciales de
la realidad en la que se inscribe/genera el discurso»
(Morejón Arnáiz, 1998: 87) o, como afirma la propia
Margarita Mateo —recurriendo a su heterónima,
Ínclita de Mamporro—, «buscando la posibilidad de
que su sentir y su razón circularan con mayor libertad,
y hallaran una conciliación a través de la escritura»
(Mamporro, 1997: 92).
Ese intento de conciliación entre los distintos (y a
veces contrapuestos) polos de su ser, el afán integrador
que a través de la escritura se esfuerza por restituir
su individualidad escindida a la unidad, recuperar el
centro, armonizar su relación consigo y con el mundo
mediante un ejercicio creador auténtico, que no elude
los desgarramientos y la desnudez, mas tampoco el
humor y la heterodoxia; ese afrontar la crisis, por
grave que sea, para extraer de ella un conocimiento
útil para sí y los demás, como una puerta que abra
el camino hacia una existencia más plena, es —en
mi opinión— uno de los logros más notables de
Ella escribía poscrítica, volumen donde el discurso
racional y analítico se funde, sin perder claridad,
con el encantamiento de la narración, y adquiere
así la fuerza, el palpitar emotivo de una aventura
sui generis: la aventura del conocimiento. Y ese es
también el reto que asume, desde un ángulo acaso
opuesto, en su novela Desde los blancos manicomios
(2008), que relata el viaje de la demencia a la lucidez
de un personaje —Gelsomina: ensayista y profesora de
literatura como aquel otro personaje de Ella escribía
poscrítica, Surligneur-2, también escindido—; solo
que en la novela, como es de esperar, el discurso
crítico y la lógica asociativa propios del ensayo
están disueltos en la narración e imbricados en el
pensamiento delirante de Gelsomina. Hasta cierto
punto, Desde los blancos manicomios profundiza en esa
crisis —de identidad, de sentido— que se planteaba
ya en Ella escribía poscrítica, una crisis más personal
en apariencias, pero de raíz colectiva porque, como
advierte Ofelia Shutte, «la disfuncionalidad de la
vida social de este personaje ofrece oportunidades
interpretativas para considerar preguntas acerca de
los males sociales y sus posibles curas o soluciones»
(Schutte, 2013: 40). La asimilación simbólica entre el
individuo y la isla, la recurrente exploración en los
recuerdos de la infancia de Gelsomina, tanto como
en la complejidad cultural del Caribe —sin desdeñar
su religiosidad sincrética, su pluralidad lingüística y
étnica, su arte, su historia, su sensualidad, su carácter
fuerte y alegre, que le confieren rasgos tan peculiares
a la identidad del caribeño—, son aquí significativos
aliados en el proceso de curación, que es también
un viaje intenso y desgarrador, una aventura de
auténtico (auto)conocimiento o, como diría Ínclita
de Mamporro: la manera en que «la Mateo confesaba,
deliraba, exorcizaba sus demonios en una especie
de recuento del pasado y una asunción del presente
inhóspito» (Mamporro, 1997: 92).
La cultura del Caribe es precisamente uno de
los temas sobre los que Margarita Mateo vuelve con
frecuencia. Dan fe de ello, sobre todo, títulos como
Narrativa caribeña: reflexiones y pronósticos (1990),
El Caribe en su discurso literario (2003, en coautoría
con Luis Álvarez Álvarez), y El palacio del pavo real:
el viaje mítico (2007); aunque, en realidad, es visible
en toda su obra. La importancia del Caribe y el papel
del ensayo como género en la concepción de la novela
Desde los blancos manicomios, han sido comentados
por la propia autora:
Se produjo un proceso similar al de Ella escribía
poscrítica, a través del cual la ficción fue apareciendo en la
medida en que escribía un ensayo. En el caso de Desde los
blancos manicomios, se trataba de un largo ensayo sobre
la imagen de las islas en la poesía caribeña. Ese ensayo,
«Mapa insular de la poesía caribeña», apareció en La
Revista del Vigía en el año 2000, despojado de las partes
de ficción que habían ido creciendo paralelamente a su
escritura y dialogando con esta. A partir de ese momento
—de la publicación del ensayo de modo independiente—,
supe que lo que tenía en las manos era una posible novela.
(Machado, 2008)
Esta compleja dinámica entre ficción y ensayo,
la transgresión genérica que, de una parte, «pone
en evidencia la desjerarquización de los saberes
académicos frente a los cotidianos», y del otro, pone a
la cultura popular «en el mismo nivel que el discurso
literario», permite a la autora mostrar cómo «la crisis
que atraviesa la isla cruza el espacio de lo privado, de su
vida familiar, y el espacio de lo público, de su vida como
investigadora y profesora», al tiempo que se legitima
como «sujeto que sigue siendo uno en su multiplicidad
y/o pluralidad, [y] adquiere espesor político en el gesto
de visibilizar sus diferentes posiciones en la sociedad».
(González, 2010). Su condición de mujer e intelectual,
ciudadana de esta singular isla del Caribe, gana así
relevancia, otorgándole a su obra y a su ser escindido,
marginado tanto por un sistema patriarcal de valores
que todavía subsiste como por el carácter hegemónico
de los centros euro-norteamericanos de la cultura, una
organicidad, una coherencia poco común.
Para Margarita Mateo, «[e]scribir un ensayo implica
un acto de sinceridad en cuanto el autor expresa no solo lo
que piensa sino el proceso mismo en que ese pensamiento
va adquiriendo forma a través del lenguaje» (Mateo
Palmer, 2014: 178). Pero este acto de sinceridad trae
consigo una responsabilidad ineludible: la responsabilidad
de salvar, de salvarse. En tal sentido, afirma:
La escritura ensayística testimonial, reflexiva y en parte
confesional […] no es pensamiento sin vida, desasido
de su circunstancia, ni estéril ejercicio intelectual. Su
palabra, por el contrario, tanto la que evoca y reflexiona
como la que rompe el silencio y pone el dedo sobre
la llaga o mienta la soga en casa del ahorcado, actúa,
Escribir en crisis: Margarita Mateo entre el ensayo y la ficción
175
evidentemente, en un plano que no es pasivo sino
movilizador y accionante. Forma parte, a la vez, de una
ética y una honestidad intelectuales a las que ha sido
sostenidamente fiel, y por ello mismo se convierte en
acto. […] La responsabilidad y compromiso […] con la
palabra escrita es también un ejercicio de fidelidad hacia
el oficio asumido como absoluto que, por lo mismo, no
puede ser traicionado. De aquí que su palabra forme parte
también de esa acción que salva. (179)
Vale la pena recordar aquí ciertos matices semánticos
del término crisis, tan socorrido en la actualidad, y que
suelen ignorarse en su uso habitual, matices que en la
obra de Margarita Mateo son, no obstante, pertinentes:
en la crisis, afirmaba José Ferrater Mora,
desaparece el suelo firme de las creencias tradicionales,
advertidas o no, y parece, por lo tanto, que el horizonte
se estrecha. Pero lo que ocurre más bien en toda crisis
[…] es que el horizonte se amplía desmesuradamente y
que esta ampliación misma desorienta y hace perplejo
al hombre. (Ferrater Mora, 1944: 146-8)
El problema, para el filósofo español, no es la
crisis en sí, pues esta «es la misma sustancia del vivir
humano», sino cómo enfrentarla, y elogia a quienes
«con la conciencia de su desorientación, buscan
realmente orientarse y no están dispuestos a entregarse
a la primera de las muchas soluciones parciales que en
las épocas de crisis proliferan» (148). Esta actitud, que
distingue al intelectual, convierte las situaciones de
crisis en ocasiones para crecer, para comprender su
entorno y su propia naturaleza. Cada nuevo libro de
Margarita Mateo es ejemplo de este empeño.
Notas
1. En este sentido, afirma Graziella Pogolotti: «Su hibridez genérica
[…] reconstruye, desde lo más profundo de una subjetividad
desconcertada, la atmósfera de un tiempo de crisis económica y
de quebrantamientos de certidumbres. […] El sujeto escindido que
articula el discurso en Ella escribía poscrítica, apegado en apariencia
al modo de un tejido flexible a los fragmentos de una realidad
múltiple —social, cultural, literaria— reconstruye la coherencia
mediante una pluralidad de acercamientos críticos. Sustituye el
autoritarismo de un enfoque teórico impenetrable a las voces de
una circunstancia temporal movediza por la exploración de un texto
que transita entre las angustias de la cotidianeidad y las variadas
manifestaciones de la creación humana». (Pogolotti, 2013)
2. En ediciones posteriores la redacción de este artículo ha sido
modificada, aunque no en lo esencial.
Referencias
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