Nuevos temas en la agenda de política educativa

Nuevos temas en la agenda de política educativa

Nuevos temas en la agenda de
política educativa
Emilio Tenti Fanfani
Editorial Siglo XXI
Buenos Aires, 2008
Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos
1. EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Daniel Filmus
Para iniciar esta presentación, quiero señalar que todos los años, el seminario que realiza el IIPE
constituye un espacio va-lioso para pensar y debatir algunas de las temáticas centrales que hacen a nuestra
agenda educativa. Por lo general, nuestras prioridades y preocupaciones en la gestión de gobierno coinciden
con las que plantea anualmente este seminario. Por ello, agradezco la invitación y la posibilidad de estar hoy
aquí, sumando mis reflexiones y renovando mi compromiso con esta iniciativa.
Al pensar cómo enfocaría la temática propuesta para este año, Nuevos tiempos y temas en la agenda
de política educativa, me preguntaba cuáles serían esos nuevos temas, en particular para nuestro país y para
América Latina. Y mi primera constatación fue que los “nuevos” temas no son en realidad tan nuevos, sino
que lo que cambia principalmente es la perspectiva desde la cual se los analiza y las estrategias que se
proponen para abordarlos.
Cuando uno revisa las discusiones que se están dando en torno a problemáticas específicamente
educativas, observa que, en buena medida y en esencia, éstas no han cambiado_ En todo caso, lo que se
transforma es el contexto en el que se despliegan esas cuestiones y, por lo tanto, las formas de pensadas y de
abordarlas. La preocupación por la calidad de la educación, por la igualdad, por la inclusión, adquiere
distintos significados de acuerdo con los momentos políticos que viven nuestros países y, también, con las
posiciones políticas adoptadas en cada uno de ellos.
Esos temas estaban presentes va cuando yo estudiaba sociología y educación en la década del
setenta. En ese entonces, uno de los ejes centrales de la discusión pasaba por la vinculación entre la
estructura económica, social y política general, y la política educativa. Los autores —principalmente
brasileños— de aquella época enfatizaban la importancia de esa estructura y su relación con el proyecto de
liberación, que enmarcaba y daba sentido a la discusión sobre la educación. En ese contexto, los que
estábamos en el área de educación discutíamos más el proyecto político general que el específicamente
educativo, ya que en-tendíamos que, justamente, la educación era lo que permitía la reproducción de la
desigualdad socioeconómica.
Ya en la década del ochenta, una vez recuperada la democracia, pensamos que el marco de la nueva
institucionalidad alcanzaba para poder plantearnos políticas educativas democráticas e igualitarias. Hoy en
día, me parece que la principal condición necesaria, aunque no suficiente, para llevar a cabo dichas políticas
educativas es la existencia de un proyecto social profunda-mente democrático, no sólo en lo institucional
sino también en lo referido a la distribución de los recursos económicos, sociales y culturales.
En este sentido, pensarnos que la nueva Ley de Educación Nacional, sancionada a fines de 2006 —
que integra, además, un plexo normativo renovado compuesto, entre otras, por la Ley de Educación Técnica
y la Ley de Financiamiento Educativo—, tiene corno principal condición de cumplimiento la definición y la
decisión soberana por parte del país de generar un modelo de desarrollo económico-social, que exija un papel
prioritario para la educación y lo incluya como requisito (tal como lo plantea la propia ley en sus principios
generales). Si el modelo económico-social no lo hace, si definitivamente no hay una perspectiva en tal
sentido en la arena política y en la imprescindible lucha por la redistribución del ingreso para los más
necesitados, se restringirían severamente las posibilidades de que el sistema educativo juegue el papel
democratizador planteado en la norma.
Al respecto, en la década del noventa hubo un conjunto de iniciativas educativas muy importantes en
América Latina que asignaban a la educación un papel en el proceso de integración y de contención social, y
con ese objetivo se incrementaron los recursos financieros invertidos en el sistema. Pero el modelo
socioeconómico imperante en aquel entonces iba a contramano de la política educativa: frente al vendaval de
marginación, desocupación y exclusión al que dieron lugar las políticas neoliberales, el esfuerzo y los
intentos por incluir en el sistema educativo a los sectores sociales más desfavorecidos no alcanzaron. Así, lo
que realmente triunfó, lo que predominó cuando uno hace un balance de esa década, fine la tendencia hacia
la exclusión, la marginación y la desigualdad.
En este sentido, creo que hoy está pasando algo diferente en América Latina, vinculado con los
nuevos presidentes y sus propuestas políticas, que, en general, contienen definiciones más progresistas. Por
ejemplo, uno de los cambios que está aconteciendo en la Argentina es que el modelo de crecimiento, el
modelo de desarrollo, el modelo de progreso incluyen, necesariamente, una educación de calidad para todos.
Éste es el elemento distintivo y así ha sido planteado, como se ha dicho antes, en la norma general que regula
la educación nacional. Mientras la Argentina tenía, en los años noventa, un horizonte de 25 o 27% de
desocupación, por más que las políticas educativas plantearan en su enunciado una educación de alta calidad
para todos, el sistema económico-social de ninguna manera posibilitaba eso. Era una falsedad plantear una
cosa con la otra o, cuanto menos, eran sólo buenas intenciones, contradictorias e insustentables en la
práctica.
Hoy el contexto general ha variado sustantivamente. Por caso, resulta interesante considerar que la
Argentina en este ultimo quinquenio ha empezado a crecer a tul ritmo sostenido y varios sectores
económicos, a diferencia de lo ocurrido en los años no-venta, han comenzado a demandar del sistema
educativo egresa-dos en diferentes carreras —como ingenieros y técnicos— que, si bien por el momento éste
no está en condiciones de proveer, significan un reposicionamiento del área y una revalorización de la
importancia estratégica de la educación. De este modo, es posible reanudar, sobre nuevas bases, una
discusión de fondo sobre las relaciones entre la educación y el crecimiento económico, es decir, un aspecto
crítico del modelo de desarrollo que deseamos para el país.
Estas cuestiones son las que tenernos que rediscutir para las nuevas estrategias de política educativa:
un proyecto de país, un proyecto económico-social distinto que ponga en primer lugar el tema de la justicia
social y la inclusión. Y a la educación como una herramienta fundamental para concretar esos cambios.
Durante buena parte de 2006, discutimos mucho cuál iba a ser el eje central de debate de la nueva ley
de educación y, final-mente, acordamos que fuera “una educación de calidad para una sociedad más justa”,
poniendo nuestra preocupación por la igualdad como un asunto central.
La búsqueda de una sociedad más justa posibilitada por el desarrollo de una educación de calidad no
es una consecuencia per se del crecimiento económico. De hecho, la Argentina creció entre 1992 y 1998 al
5,5% anual y, al mismo tiempo, la desocupación pasó del 6 al 18%, multiplicándose por tres en un momento
en que el país progresaba. Es decir, en una sociedad cuya economía prosperaba, la desigualdad y la injusticia
también se acrecentaban. Es imposible generar mayores condiciones de igualdad con un modelo de
concentración de la riqueza y exclusión social.
La búsqueda de una sociedad más justa implica definir una opción política basada en una
distribución más equitativa del ingreso, que considere a la educación como un factor de fundamental
importancia para concretar esto último.
En los arios noventa, cuando la opción política era el neoliberalismo, cualquier intención de invertir
más en educación chocaba con el marco general de las políticas de ajuste o de restricción del gasto público.
Las políticas educativas de entonces declamaban colaborar con una mayor equidad social, aun a contrapelo
del modelo vigente, con una inversión sectorial que tampoco fue suficiente para cumplir con esa intención. 1
En parte, la política que estamos planteando actualmente se sustenta en que el PIB de la Argentina
está creciendo al 9% anual. Porque, por más que un gobierno sostenga la decisión de aumentar la inversión
en educación, si no hay más recursos no lo va a poder concretar. No se trata sólo de que los porcentajes del
PIB asignados a la educación aumenten, sino que la base económica de la sociedad también crezca de
manera sostenida y, con ella, los presupuestos públicos. Hoy podemos pro-poner, tal como lo fija la Ley de
Financiamiento Educativo, que la inversión en el sector llegue progresivamente al 6% del PIB hacia 2010,
como parte de una estrategia de esfuerzo sostenido, pero, al mismo tiempo, tenernos claro que el presupuesto
educativo ha aumentado significativamente dado que, durante casi cinco años consecutivos, la economía
argentina ha crecido al 8 o 9% anual.
Sin embargo, insisto, este incremento de los recursos económicos no completa su sentido, para la
política en marcha, si no está destinado a generar una educación de calidad para todos, una educación que
colabore con la formación de una sociedad más justa. Propósito que se inscribe, a su vez, en un proyecto
político más amplio de desarrollo económico con justicia social, a cuya sustentabilidad debe, asimismo,
contribuir. La educación, concebida de este modo, debe cumplir un papel fundamental en este nuevo modelo.
Para finalizar, quería repasar algunos aspectos de los diez países participantes en las últimas pruebas
PISA, que han conseguido los mejores resultados educativos. No tanto porque creamos demasiado en los
fundamentos de esa estrategia de medición, sino porque existen múltiples evidencias de una destacable
calidad en sus sistemas educativos. Con respecto a los países que obtuvieron los mejores resultados en el
tema de la lectura, siete son países que poseían un menor nivel educativo que la Argentina hace treinta años.
Dieron cuenta de esto, por ejemplo, los representantes de Corea del Sur, en una jornada muy importante que
se realizó recientemente, de articulación científico-tecnológica, entre ese país y la Argentina. Allí nos
1
Recordar el incumplimiento del incremento presupuestario establecido en la Ley Federal de Educación (Ley 24.195,
1993).
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enteramos, entre otras cuestiones, de que Corea declaró la obligatoriedad de la escuela primaria recién en el
año 1955. La Argentina la había declarado en 1884.
Si observamos también lo ocurrido en los sistemas de Canadá, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda o
Australia, ninguno de esos países, cuyos resultados están hoy a la cabeza en el concierto educativo mundial,
tenía un mayor nivel educativo que la Argentina, por lo menos hasta la década del setenta.
Sin embargo. algo ocurrió en esos países para explicar esos progresos, y es que cambió el modelo
socioeconómico: Finlandia, después de la crisis de la Unión Soviética, o Irlanda, con su incorporación a la
Unión Europea, definieron, por ejemplo, que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la educación eran
los elementos centrales para un modelo diferente de desarrollo, que, a su vez, es un modelo social mucho
más igualitario que el imperante en la mayoría de los países, aun en los de un grado de desarrollo relativo
equivalente.
Esto es un ejemplo de que los países más igualitarios se cuentan entre los que tienen mejor calidad
educativa o, a la inversa, los que poseen mejor calidad educativa para todos generan, también, mayor
igualdad social.
Por ello insisto en que hay que volver a discutir la vinculación de las políticas educativas con las
políticas económico-sociales, teniendo en cuenta lo señalado por Bernardo Kliksberg en el sentido de que
América Latina no es un continente pobre sino profundamente desigual.
Volver a pensar y a habilitar una Argentina más igualitaria y más justa es central, pero eso implica
una pelea política importante para que la educación, en manos de los sectores populares, también se
convierta en una excelente herramienta para generar conciencia y organización. Y además, para producir un
de-bate respecto de cómo dar esa pelea, porque los sectores que tienen esos recursos no los van a ceder
fácilmente. Parte ele esta lucha tiene que ver y reactualiza el “viejo” tema del papel político de la educación
en torno a la concientización para la transformación de la sociedad.
Quizá la problemática de la articulación entre estos temas y su vigencia es una de las cuestiones que
deberíamos incorporar –politizando la discusión– a los debates educativos de la región.
Los efectos del desarrollo de políticas para la construcción de una sociedad más igualitaria y más
justa se harán sentir en el mediano plazo. Las políticas neoliberales de los años noventa y los efectos de la
crisis de 2001 han dejado fuertes y perdurables marcas, tanto en los colectivos sociales como en las
biografías personales. Una sociedad diferente se abrió paso a partir de entonces, frente a un sistema en el que
priman la lógica del mercado y una progresiva “individualización de lo social”, como lo denominó Pierre
Rosanvallon. 2 Esto es, frente a representaciones que tienden a responsabilizar a los individuos por su propia
suerte, con pérdida de los soportes colectivos tradicionales que estructuraban sus proyectos de vida y los
amparaban.
Junto a los dramáticos efectos en las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la
población, producto del incremento de la desigualdad y la exclusión social, hay también otros cambios
preocupantes en el orden simbólico social. La pérdida del cuestionamiento de la injusticia social y su
aceptación corno parte del mérito personal o de las elecciones que cada uno realiza son uno de los saldos más
negativos de las políticas neoliberales.
Creernos que la nueva agencia educativa debe, asimismo, reponer las preguntas políticas, las que
refieren al conjunto de la sociedad, preocupada por un futuro común. En ese sentido, la escuela tiene un lugar
central, porque se trata de un espacio público por excelencia y porque es el lugar donde podemos transmitir y
brindar herramientas que hagan una sociedad más justa, corno todos nuestros chicos y nuestras chicas se
merecen.
2
Rosanvallon, P. (1997), La nueva cuestión .social, Manantial, Buenos Aires.
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