Deuda de la democracia

T H E N E WS J O U R N A L O F C AT H O L I C O P I N I O N
U N A P U B L I C A C I Ó N D E C AT H O L I CS F O R C H O I CE
Deuda de la
democracia
E L A B O RTO E N C H I L E
Por Claudia Dides y Tessa Maulhardt
P U B L I C A D O O R I G I N A L M E N T E E N CO N S C I E N CE
VO L . X X X V I , N O. 1 2 0 1 5
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Deuda de la democracia
E L A B O RTO E N C H I L E
© M I L ES CHI L E
Por Claudia Dides y Tessa Maulhardt
Miles Chile produjo tres videos ficticios, tutoriales que explican cómo abortar y conseguir que parezca accidental como parte de una campaña para crear conciencia
sobre la penalización del aborto en Chile. Disponible en mileschile.cl.
C L A U D I A D I D E S es la
directora ejecutiva y una
fundadora de Miles
Chile. Ella es socióloga,
con Magister en Estudios
de Género y Cultura de la
Universidad de Chile, así
como la ex-Directora del Programa Género y
Equidad FLACSO -Chile.
T essa M aul h a r dt
es la asociada
encargada del programa
internacional para
Catholics for Choice.
2
CO N S C I E N C E
E
L DÍA 30 DE ENERO DE 2015, EN
un acto transmitido por la televisión, la presidenta chilena
Michelle Bachelet dio a conocer
un proyecto de ley que despenalizaría el aborto en tres causales: si la vida
de la madre corre peligro, si el feto
presenta anomalía mortal (inviabilidad
fetal extrauterina) o si el embarazo es
producto de una violación. Unos días
antes, se había aprobado—en un país tan
renombrado por su catolicismo conservador—el derecho a la unión civil entre
personas del mismo sexo. Parece entonces
que Chile da repentinos avances para
desmantelar algunos vestigios de los 17
años de dictadura militar, pero para
muchas personas el momento había
tardado mucho en llegar.
La ley del aborto, discutida desde los
años noventa, se volvió tema obligado en
2010. Decenas de miles de personas—
principalmente estudiantes—se volcaron
a las calles para poner en cuestión el
lucro de la educación, exigiendo educación gratuita y sin lucro. Las y los manifest a ntes saca ron a reluci r las
desigualdades que se venían arrastrando
en los ya 25 años de democracia transcurridos desde la caída de la dictadura
del general Augusto Pinochet. El movimiento de mujeres, así como profesionales de la salud y del ámbito académico,
han considerado desde hace muchos años
que la restitución del aborto legal figura
entre estas “deudas de la democracia”.
Junto con la necesidad de contar con una
nue v a C o n s t it uc ió n y de apr ob a r
reformas económicas y educativas, el
aborto ha sido asunto medular para la
llamada generación del milenio, que
creció con la democracia y que desea
borrar el legado de la dictadura.
y se pronunciaba a favor de la planificación familiar, a pesar de las presiones
ejercidas por la jerarquía católica y por
una minoría política muy activa. En
1964, el gobierno inició un programa de
planificación familiar que tuvo gran
éxito, y se logró reducir el índice de mortalidad materna provocada por abortos
clandestinos.
Hacia fines del mandato del presidente Sa lvador A l lende, ú lt i mo
mandatario elegido democráticamente,
los hospitales y profesionales de salud
interpretaban de forma bastante libre las
disposiciones en materia de aborto.
prest aba n atención a las pacientes
después de la intervención, todo ello de
forma abierta. El Servicio de Salud Metropolitano Sur—y en particular el Hospital Barros Luco—permitía que las
mujeres de escasos recursos interrumpieran sus embarazos con el fin de disminuir los riesgos de morbilidad y
mortalidad materna.
L EG A D O CO M P L I C A D O
D E L C ATO L I C I SM O
Sin embargo, esa época progresista para
la planificación familiar y el aborto tenía
los días contados. Con el golpe de estado
La “Revolución Pingüina” cambió la perspectiva chilena hacia la juventud.
Fue el movimiento social más potente desde la caída de la dictadura.
La legislación chilena vigente penaliza
el aborto en todas las circunstancias, por
lo que Chile se encuentra entre los cinco
países—junto con El Salvador, Nicaragua, Malta y Ciudad del Vaticano—con
las leyes más estrictas de prohibición al
aborto. El Código Penal obliga a toda
mujer, sin importar su edad, a seguir
adelante con el embarazo aunque así
se ponga en peligro su vida y su salud.
Sin embargo, esta situación no siempre
fue así.
C A S I SESE N TA A Ñ OS D E L A B O RTO
T E R A P É U T I CO
La legislación chilena entre 1931 y
1989—incluso en la época de la dictadura
y su Constitución de 1980—permitía la
interrupción del embarazo por motivos
terapéuticos, definida en el Código Penal
como “la terminación del embarazo antes
de que el feto sea viable con el propósito
de salvar la vida de la madre o salvaguardar
su salud”. Para ello era necesaria la autorización de dos médicos cirujanos.
En los años sesenta, Chile se encontraba en la vanguardia de la salud reproductiva en América Latina. Con el apoyo
del Estado chileno, la comunidad médica
desarrollaba los métodos anticonceptivos
Allende, marxista y médico con experiencia en la prestación de servicios de
salud a la población pobre, simpatizaba
con la causa por los derechos reproductivos e incluso apoyó, con cierta discreción, algunas iniciativas que habrían
ampliado el Código Sa n itario. No
obstante las restricciones, los profesionales de la salud practicaban abortos y
de 1973, Pinochet asumió el poder. El
dictador se oponía a la planificación
familiar y promovía la maternidad como
la más noble aspiración de la mujer. A
fines de la dictadura, Pinochet derogó la
ley de 1931 y modificó el artículo 119 del
Código Sanitario chileno para que rezara
así: “No podrá ejecutarse ninguna acción
destinada a provocar el aborto”.
Desigualdades en la legislación chilena
El aborto es punible con penas de entre tres y cinco años de prisión para la mujer y,
para quien haya practicado la intervención, con penas algo más cortas. De acuerdo
con la edición 2013 del informe de derechos humanos de la Universidad Diego
Portales, se puede concluir que el aborto es un delito femenino y por ello hay más
mujeres que hombres sometidos a control penal. Hasta 2004, los hombres no
representaban más del 14% del total de la población bajo control por delitos
relativos al aborto. Luego, la proporción total de hombres sometidos a control fue
aumentando sostenidamente, de un 38% en 2006 al 47% en 2012.
La alta proporción de mujeres encarceladas se vincula a los índices aún más
elevados para la población pobre. En un estudio realizado por el Centro Legal para
Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, a raíz de un análisis de cuatro años,
se descubrió que el 80% de las denuncias se interpusieron contra mujeres que
habían acudido a hospitales públicos, es decir que “el grupo de mujeres
procesadas por aborto está compuesto desproporcionadamente por mujeres de
escasos recursos”, mientras que ninguna clínica u hospital privado presentó una
denuncia. Además, solo el 38% de las mujeres acusadas recibió defensa legal,
mientras que un 60% no contó con representación alguna.
VOL . X X X VI—NO.
1 2015
3
Si bien la dictadura pinochetista argumentaba que el aborto ya no era necesario gracias a los avances de la medicina
moderna, quedaba claro que la ley de
1931 fue derogada para complacer a la
jerarquía católica. Así lo expresó Antonio
Ba sc u ñá n Rod r íg uez , profe sor de
Derecho, en un trabajo publicado en la
revista Derecho y Humanidades: “La
auténtica razón para insistir en su derogación [del artículo 119 original] era que
no dist ing uía ent re la provocación
directa y la provocación indirecta de la
muerte del feto, autorizando ambas”. La
distinción entre aborto directo e indirecto emana de la teología moral católica.
Lamentablemente, la dictadura no
hizo caso de otras enseñanzas católicas
que piden respeto para el bienestar y la
una violación, o respecto del cual se tiene
la certeza de que el feto no sobrevivirá.
Aunque la jerarquía católica haya
coincidido con la dictadura en lo que se
refiere al aborto, ello constituía solo un
aspecto de lo que se percibía en la opinión
pública. Para mucha gente, la Iglesia
católica se solidarizó con el pueblo en sus
denuncias contra la dictadura y contra
las violaciones de derechos humanos. Y
es posible que este legado contradictorio
haya complicado los esf uerzos por
reformar la ley en materia de aborto.
Desde 1991, diversas autoridades y
ONG han intentado en más de diez ocasiones que se levantara la prohibición
absoluta del aborto. A su vez, la derecha
conservadora procuró imponer penas
aún más duras contra las personas que
y el aborto. La jerarquía tiene directa
vinculación con las elites políticas del
país; solo hay que recordar que Chile
recién en el año 2005 fue uno de los
últimos países en legalizar el divorcio.
BACHELET Y LA
R E VO LU C I Ó N P I N G Ü I N A
Michelle Bachelet, actualmente en su
segundo periodo de gobierno, es la
primera mandataria que asume una
postura contundente a favor de la despenalización del aborto. En 2006, año en
que se hizo la primera mujer presidenta
de Chile, Bachelet inyectó esperanzas al
movimiento de mujeres. Comprometida
personalmente con la salud sexual y
reproductiva y los derechos conexos,
incluido el acceso al aborto seguro y legal,
Aunque es imposible saberlo con exactitud, los expertos calculan—a raíz de
estadísticas sobre detenciones, fallecimientos y registros hospitalarios—que
cada año se practican entre 40 mil y 120 mil abortos.
dignidad de la mujer. La penalización en
Chile ha tenido como consecuencia un
índice de abortos clandestinos que figura
entre los más altos de América Latina,
abortos que en muchos casos se practican
en condiciones inseguras. Aunque es
imposible saberlo con exactitud, los
expertos calculan—a raíz de estadísticas
sobre detenciones, fallecimientos y registros hospitalarios—que cada año se
practican entre 40 mil y 120 mil abortos.
Estas cifras no recogen los numerosos
abortos inducidos que se registran como
abortos espontáneos o que se disfrazan
como otra clase de intervención. Las
mujeres, sobre todo las más pobres y vulnerables, acceden en muchos casos al
aborto en condiciones insalubres y sin
atención profesional. Se les obliga a
poner pasivamente la salud y la vida en
riesgo si resulta necesario interrumpir el
embarazo por motivos terapéuticos. La
ley exige que la mujer padezca en silencio
el tormento de un embarazo producto de
4
CO N S C I E N C E
resultaran condenadas por la realización
del aborto. Durante los gobiernos de la
llamada Concertación (coalición formada después de la época pinochetista),
encabezados principalmente por el Partido Demócrata Cristiano, los dirigentes
políticos no podían o no querían hablar
del tema por sentirse endeudados con la
Iglesia católica por el apoyo que esta
había prestado durante la dictadura.
Al tiempo que realizaban algunos
cambios democráticos y reparaban los
daños dejados por la era pinochetista, los
dirigentes políticos y el público dudaban
en criticar abiertamente a la jerarquía
católica y cedían muy fácilmente en
asuntos que daban por intocables. Si bien
Chile ha sido desde 1925 un Estado laico,
el 70% de su población se identifica como
católica, y la opinión pública escucha a la
jerarquía en lo relativo a la educación, la
moral, las relaciones familiares, las relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial, el uso de métodos anticonceptivos
la presidenta enfrentó grandes desafíos
cuando apenas asumía el mando. Su
primera crisis política, posteriormente
apodada “la Revolución de los Pingüinos”
(por referencia al blanco y negro del
uniforme escolar), se dio cuando más de
800 mil estudiantes se manifestaron por
una reforma educativa. Bachelet se
esforzó por promover la reforma educativa, al tiempo que registraba algunos
avances en la salud sexual y reproductiva
y los derechos conexos: logró rechazar un
proyecto de ley que pretendía endurecer
las penas aplicadas al aborto y, por otra
parte, promovió una iniciativa que a las
mayores de 14 años les brindaría acceso
gratuito a la píldora del día siguiente en
centros de salud públicos.
La “Revolución Pingüina” cambió la
perspectiva chilena hacia la juventud.
Fue el movimiento social más potente
desde la caída de la dictadura. Con ella
se dio paso a otros movimientos estudiantiles en 2010 y años posteriores, donde
DEUDA DE LA DEMOCRACIA
U N N U E VO D ES P E RTA R
de Diputados y en el Senado, incluido un
proyecto de ley presentado como iniciativa ciudadana por Miles Chile, y refrendado por va r ios pa rla ment a r ios y
profesionales de la salud, que permitiría
la interrupción del embarazo en situaciones en que corra peligro la vida de la
madre, en que el feto no sea viable fuera
del útero, y en que el embarazo sea producto de una violación.
candidatos parlamentarios firmaron un
compromiso de apoyar la legislación del
aborto terapéutico y de asumir un papel
activo en el tema en caso de que ser
electos.
Hacia fines de 2013, se rompió el
silencio del gobierno acerca del aborto.
Cada candidato y candidata presidencial
se pronunció sobre la materia. Las dos
aspirantes principales, mujeres por pri-
Miles Chile (cuyo nombre deriva del
Movimiento por la Interrupción
Legal del Embarazo) vio llegar su
momento en 2010, con el apoyo
multitudinario y pluralista por la
restitución del acceso al aborto
terapéutico en Chile. Esta coalición de la sociedad civil reunió a
personas que por años habían
trabajado de forma independiente
en asuntos relacionados con la
salud sexual y reproductiva y los
derechos conexos. Para atender
esta deuda social, el movimiento
tenía que abrir un espacio de
discusión democrática, amplia y
sin exclusiones que favoreciera la
creación de mejores marcos regulatorios para todas las mujeres.
Hacia fines de 2010, la senadora
Evelyn Matthei, que después se
postularía para la presidencia
chilena, desafió a su propio partido
(Unión Democrática Independi- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, segundo a la izquierda, se representa durante un acto de campaña en el
ente) al presentar, junto con el 2013 con los miembros recién elegidos del Congreso; Karol Cariola, izquierda, nieta del ex presidente Salvador
senador Fulvio Rossi del Partido Allende; Maya Fernández, segunda a la derecha; y el ex dirigente estudiantil Camila Vallejo, a la derecha.
Socialista, un proyecto de ley que
legalizaría el aborto terapéutico. En parMientras tanto, el conservador presi- mera vez en la historia, militaban en
ticular, Miles Chile emergió ese año con dente Sebastián Piñera prometió aplicar bandos opuestos del debate. Bachelet
una participación activa en los debates el veto contra todo proyecto que pretenda expuso sus planes para despenalizar el
realizados en la Comisión de Salud del despenalizar cualquier aspecto de la leg- aborto en circunstancias concretas. Se
Senado, en las redes sociales, en los islación relativa al aborto. En 2013, Piñera trataría de su segundo mandato como
medios masivos de comunicación y en se vio envuelto en la polémica suscitada presidenta, y en esta ocasión los sondeos
espacios de debate académico. En septi- por el caso de un niña embarazada de 11 de opinión indicaban que contaba con
embre del 2011 se aprobó en la Comisión años, conocida como Belén, a quien suficiente apoyo para llevar adelante este
de Salud del Senado la idea de legislar aplaudió por lo que él llamó su madurez y proyecto. Matthei, la rival de Bachelet,
sobre el aborto terapéutico. Por primera valentía al optar por continuar con un que apenas tres años antes había coprevez en 23 años, en Chile se discutió embarazo producto de repetidas viola- sentado una iniciativa para despenalizar
respecto a la idea de legislar el aborto ter- ciones a manos del novio de su madre. el aborto en casos donde la vida corriera
apéutico en la Sala del Senado, sobre la Dirigentes de la sociedad civil sacaron una riesgo o el feto presentara anomalía
base de tres proyectos. En abril de 2012 lección distinta de Belén, aprovechando mortal, rechazó categóricamente la
el Senado rechazó cada uno de los tres.
el año electoral para realizar un seminario legalización del aborto.
Bachelet ganó por abrumadora mayAl año siguiente se presentaron tres titulado “La Urgencia de una Ley sobre
distintos proyectos de ley en la Cámara Aborto Terapéutico en Chile”. Así, varios oría. La nueva coalición de partidos
VOL . X X X VI—NO.
1 2015
5
© AP PHOTO/ LUI S HI DALGO
las y los jóvenes—que por su corta edad
no recuerdan los horrorosos métodos
empleados en la época pinochetista para
amordazar a las masas—asumieron un
nuevo protagonismo en la vida política
del país. En este contexto revitalizado,
emergió la organización Miles Chile.
DEUDA DE LA DEMOCRACIA
políticos conocida como “Nueva Mayoría” (que incluye al Partido Socialista,
Partido por la Democracia, Partido
Demócrata Cristiano, Partido Comunista de Chile, al Movimiento Amplio
Social y a Izquierda Ciudadana) pasó a
ser la coalición gobernante, comprometida con la aprobación de una legislación que despenalizara el aborto.
En los m ismos com icios, cuat ro
líderes estudiantiles clave, que habían
encabezado las manifestaciones entre
2011 y 2013, ingresaron a la estructura
política tradicional a los 25 años de edad
cuando ocuparon sus respectivos escaños
en el Congreso. Para el público chileno,
la nueva generación había despertado el
espíritu de democracia y de movilización
popular que no se veía desde la época de
la dictadura, y así se anunciaba la llegada
de una nueva era política.
E L U M B R A L D E U N A N U E VA E R A
El día 21 de mayo de 2014, durante su
informe presidencial anual, la presidenta
Bachelet anunció la presentación de un
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6
CO N S C I E N C E
proyecto de ley de aborto terapéutico.
Posteriormente, la coalición Nueva
Mayoría presentó en enero de 2015, por
medio del Poder Ejecutivo, un proyecto
de ley sobre la interrupción voluntaria del
embarazo en casos en que corra peligro
la vida de la mujer, en que el feto no sea
viable fuera del útero o en que el embarazo
sea producto de una violación, hasta las
doce semanas de gestación. Se contempla
una ampliación hasta las 18 semanas de
gestación para las menores de 14 años, ya
que en muchos casos ellas tardan en darse
cuenta del embarazo.
Los sondeos recientes indican, de
manera uniforme, que casi el 70% de la
población chilena favorece el cambio
propuesto en esta ley. El panorama actual
es mucho más favorable para la reforma
en esta materia: no solo por los cambios
ocurridos en la sociedad chilena desde
2006, sino también—y lo que es más
importante—gracias a los movimientos
encabezados por la juventud a partir de
2010.
Chile ya no puede ignorar los diferentes llamados de atención, cada vez
más firmes, de la comunidad internacional respecto al no cumplimiento de
algunos acuerdos internacionales y, en
definitiva, la presidenta Bachelet es una
firme defensora para la rectificación de
los atrasos existentes en Chile respecto
a la salud sexual y reproductiva y los
derechos conexos. M i les Ch i le ha
desempeñado también un rol fundamental para poner en la agenda pública
la necesidad de legislar sobre el aborto
para que las mujeres chilenas cuenten
con protección en vez de estar sometidas
a un castigo penal. La “generación del
milenio” en Chile, que se ha beneficiado
d e l a s p o l ít i c a s d e u n a s o c ie d a d
democ rát ic a, pa sa a hora a oc upa r
puestos de liderazgo en la política, en el
ámbito académico y en la sociedad civil.
El país continuará viviendo una transición de los valores instalados antes y
durante la dictadura, a favor de mayores
protecciones para que las mujeres y sus
familias puedan seguir su propia conciencia en asuntos relativos a la salud
sexual y reproductiva. ■
A Debt of Democracy
A B O RT I O N I N C H I L E
© M I L ES CHI L E
By Claudia Dides and Tessa Maulhardt
Miles Chile produced three mock how-to videos featuring women giving themselves DIY abortions as part of a campaign to raise awareness about Chile’s
criminalization of abortion. Available at mileschile.cl.
C L A U D I A D I D E S is the
current executive
director and a founder
of Miles Chile. She is a
sociologist, with her
master’s in Gender and
Culture from the Uni­­
versity of Chile, as well as the former director
of FLACSO’s Gender and Equity Program.
T essa M aul h a r dt
is the international
program senior
associate at Catholics
for Choice.
O
N JANUARY 30, 2015, DURING
a televised event, Chilean
president Michelle Bachelet
u nvei led leg i sl at ion to
decriminalize abortion in
three specific circumstances—threat to
the life of the mother, fatal fetal abnormality and rape. Coming just a few days
after the notoriously conservative Catholic country approved same-sex civil
unions, Chile seemed to be making sudden
strides to undo some of the remnants of
17 years of military dictatorship, but for
many it was a long time coming.
The abortion law, a topic of debate
since the 1990s, became a major issue in
2010. Tens of thousands of people—
mostly students—took to the streets to
question the country’s educational model
and profit system. The demonstrators
shined a spotlight on the inequalities that
were left behind in Chile in the now
25 years of democracy following the dictatorship of Gen. Augusto Pinochet. The
women’s movement, healthcare professionals and academics have long considered the restoration of legal abortion one
of these “debts of democracy.” Along with
VOL . X X X V—NO.
4 2014
7
constitutional overhaul, economic and
education reform, abortion has been a
focus of the Millennial generation who
grew up in democracy and want to erase
the legacy of the dictatorship.
Chile’s laws currently criminalize
abor t ion u nder a l l ci rc u mst a nces,
counting it with the four other countries—El Salvador, Nicaragua, Malta and
Vatican City—with the strictest antiabortion laws. The penal code forces women
of all ages to carry their pregnancies to
term, even if doing so will put their lives
and their health at risk, but this wasn’t
always the case.
During the 1960s, Chile was at the
forefront of reproductive health in Latin
America. With support from the Chilean
government, the medical community
developed birth control and spoke out in
favor of family planning despite pressure
from the Catholic hierarchy and an outspoken political minority. In 1964 the
government initiated a highly successful
fa m i ly pla n n i ng prog ra m a nd t he
maternal mortality rate elevated by clandestine abortions declined.
Late in the term of President Salvador
Allende, the last democratically elected
leader, hospitals and medical providers
allowed low-income women to terminate
their pregnancies to reduce the risks of
maternal morbidity and mortality.
A CO M P L I C AT E D C AT H O L I C L EG A C Y
This progressive period for family planning and abortion was short-lived. A 1973
coup brought Pinochet to power. The
dictator opposed family planning and
promoted motherhood as a woman’s
highest calling. At the end of the dictatorship, he repealed the 1931 law and
changed Article 119 of Chile’s Health
Code to say, “No action aimed at causing
an abortion may be taken.”
The “Penguin Revolution” changed the way Chile viewed young people.
It was the most powerful social movement since the fall of the dictatorship.
N E A R LY 6 0 Y E A R S O F
T H E R A P E U T I C A B O RT I O N
From 1931 to 1989—even in the era of
the dictatorship and its 1980 constitution—Chilean law allowed for the lawful
termination of a pregnancy for therapeutic reasons, defined in the penal code
as “termination of a pregnancy before the
fetus becomes viable for the purpose of
saving the mother’s life or safeguarding
her health.” Two surgeons had to grant
their authorization.
were interpreting the abortion provision
quite liberally. Allende, a Marxist and
medical doctor with experience providing healthcare to the poor, sympathized with the reproductive rights cause
and even quietly supported some proposed expansions to the health code.
Despite restrictions, medical professionals performed abortion and postab or t ion c a re op en ly. T he S out h
Metropolitan Health Service—and, in
particular, Barros Luco Hospital—
Inequalities under Chilean Law
Abortion is punishable by three to five years in prison for the woman and slightly
shorter sentences for the abortion provider. A 2013 human rights report by Diego
Portales University concluded that abortion is a “woman’s crime” that has placed
more women than men under correctional control. Until 2004, men never accounted
for more than 14 percent of those under correctional control for abortion-related
offenses. After that, the percentage of men under correctional control for abortion
increased steadily from 38 percent in 2006 to 47 percent in 2012.
The high rate of incarceration for women is based on an even higher rate of
punishment of the poor. A four-year study by the Center for Reproductive Rights
found that 80 percent of the abortion denunciations had targeted women who
visited public hospitals, meaning that those arrested were “disproportionately
women of few resources,” whereas no private clinic or hospital initiated a
complaint. And only 38 percent of accused women had legal representation at
some point, whereas 60 percent had none.
8
CO N S C I E N C E
Pinochet’s dictatorship argued that
abortion was no longer necessary because
of advances in modern medicine, but it
became apparent that the 1931 law was
abolished to conciliate the Catholic hierarchy. According to Antonio Bascuñán
Rodríguez, a professor of law writing in
Chile’s Journal of Law and Humanities,
“The true reason for insisting on its repeal
[that of the original Article 119] was that
it failed to distinguish between directly
and indirectly causing the death of a fetus,
and thereby authorized both.” This distinction between direct and indirect abortion comes from Catholic moral theology.
Unfortunately, the dictatorship did not
pick up on other Catholic teachings that
call for respect for women’s well-being
and dignity. Chile’s criminalization of
abortion has resulted in one of the highest
rates of clandestine abortion in Latin
America, many of them unsafe. While it
is impossible to know exactly, using statistics from arrests, deaths and hospital
records experts estimate that between
40,000 and 120,000 clandestine abortions
are performed each year. This doesn’t
account for the numerous induced abortions that are reported as spontaneous
abortion or disguised as another proce-
was the most powerful social movement
dure. Women, particularly the poorest B A C H E L E T A N D T H E
since the fall of the dictatorship. This
and most vulnerable, may access an abor- P E N G U I N R E VO LU T I O N
tion in unsanitary conditions and without Michelle Bachelet, now in her second sparked later student movements of 2010
professional care. They are required to term, is the first leader to come out and beyond, which put young people—
passively put their health and life at risk strongly in favor of decriminalization of too young to remember the horrific tacif the pregnancy needs to be terminated abortion. In 2006, when she was elected tics used to silence the masses in the era
for therapeutic reasons. The law dictates as Chile’s first female president, Bachelet of Pinochet’s dictatorship—in the politthat women suffer silently the torment of brought hope to the women’s movement. ical spotlight in a new way. In this revia pregnancy resulting from rape or one in While personally committed to sexual talized political context, the organization
which the fetus has no chance of survival. and reproductive rights and health, Miles Chile emerged.
The Catholic hierarchy may
have aligned with the dictatorship
on abortion, but this was only part
of the public’s perception. For
many, the Catholic church had
stood with the people as an outspoken critic of the dictatorship
and its human rights abuses. This
ambivalent legacy may have complicated efforts to reform the
abortion law.
Since 1991, policymakers and
NGO s have made more than 10
unsuccessful attempts to lift the
complete ban on abortion. At the
same time, the conservative right
also tried to impose harsher sentences for those found guilty of
procuring an abortion. During the
governments under the post-Pinochet Concertación coalition, largely
led by the Christian Democratic
Party, politicians were mostly Chile’s president Michelle Bachelet, second left, is pictured during a campaign rally in 2013 with newly elected
unable and unwilling to discuss members of Congress Karol Cariola, left, granddaughter of former president Salvador Allende; Maya Fernandez,
the issue, due to feeling an obliga- second right; and former student leader Camila Vallejo, right.
tion towards the Catholic church
including access to safe and legal abor- A R E AWA K E N I N G
for its support during the dictatorship.
W hile mak ing some democrat ic tion, she faced major challenges coming Miles Chile, whose Spanish acronym stands
changes and repairing the damage of the into office. Her first political crisis for Movement for the Legal Interruption
Pinochet era, politicians and the public became known as the “Penguin Revolu- of Pregnancy, saw its moment in 2010 with
were hesitant to openly criticize the Cath- tion” (because of their black and white the massive and diverse support for restoolic hierarchy and quick to compromise school uniforms), when upwards of ration of access to therapeutic abortion in
on issues they deemed untouchable. 800,000 students demonstrated for Chile. The civil society coalition brought
Although Chile has been a secular state education reform. Bachelet worked on together individuals who had worked indesince 1925, 70 percent of its population progress in education while making some pendently for years on the country’s longidentifies as Roman Catholic, and its advances for sexual and reproductive standing sexual and reproductive health
public looks to the hierarchy on issues rights and health—defeating legislation and rights issues. To address this social debt,
concerning education, morality, family to increase penalties for abortion, as well the movement needed to open up space for
relationships, extramarital sex, birth con- as championing a measure to allow free democratic, broad-based, nonexclusionary
trol and abortion. The hierarchy main- access to the morning-after pill in public discussion that would result in better regulatory frameworks for all women.
tains direct links to the political elite in health centers for women over 14.
In late 2010, future presidential canThe “Penguin Revolution” changed
Chile, which notably was one of the last
the way Chile viewed young people. It didate Sen. Evelyn Matthei defied her
countries to legalize divorce, in 2005.
VOL . X X X VI—NO.
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© AP PHOTO/ LUI S HI DALGO
A D E BT O F D E M O C R AC Y
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UTR EO F D E M O C R A C Y
party, Chile’s conservative Independent
Democratic Union, and cosponsored a
bill to legalize therapeutic abortion with
Socialist senator Fulvio Rossi. Miles
Chile, in particular, emerged that year
as an active player in the debates in the
Senate Health Committee, on social
media, in the mass media and in forums
of academic debate. In September 2011,
the Senate Health Committee approved
the idea of passing a law on therapeutic
abortion. For the first time in 23 years,
the full Senate debated three draft laws
on therapeutic abortion. In April 2012
the Senate rejected all three.
The following year, there were three
separate bills presented in the House and
Senate, including a bill submitted as a
citizens’ initiative by Miles Chile and
an active role on the issue if they were
elected.
In late 2013, the time for governmental
silence on abortion was over. Each of the
presidential candidates issued statements
on abortion. The leading contenders,
both women for the first time in history,
fell on opposite sides of the debate.
Bachelet outlined plans to decriminalize
abortion in ­specific circumstances. This
would be her second term as president,
and this time opinion polls indicated she
had enough social support to carry the
issue for ward. Bachelet’s opponent
­Matthei, who just three years before had
cosponsored an initiative to decriminalize abortion in cases of threat to life
and fatal fetal abnormality, rejected legal
abortion outright.
announced her plans to introduce a bill
on therapeutic abortion. She followed
that announcement in January 2015,
when the ruling New Majority coalition
submitted, through the executive branch,
a bill for the voluntary termination of
pregnancy in cases of threat to the
woman’s life, when the fetus would be
unviable outside the womb and rape, up
to the 12th week. It includes an extension
to the 18th week for women younger than
14, as they often realize much later that
they are pregnant.
Recent polls consistently show that
nearly 70 percent of Chileans support the
proposed law change. Today’s landscape
is much more conducive to reform on
this issue—as a result of the changes that
have taken place in Chilean society since
Experts estimate that between 40,000 and 120,000 clandestine abortions are
performed each year. This doesn’t account for the numerous induced abortions
that are reported as spontaneous abortion or disguised as another procedure.
endorsed by several parliamentarians
and healthcare professionals, which
would allow for the termination of pregnancy when the woman’s health is at risk,
when the fetus would be not be viable
outside the womb and in cases of rape.
During this period, conservative President Sebastian Piñera vowed to veto any
legislation that would decriminalize any
aspect of the abortion code. In 2013,
Piñera was at the center of the uproar over
a pregnant 11-year-old known as Belén,
whom he applauded for what he called her
maturity and bravery in deciding to continue a pregnancy resulting from repeated
rape by her mother’s boyfriend. Leaders
in Chilean civil society learned a different
lesson from Belén, deciding to take
advantage of the election year to hold a
seminar titled “The Urgent Need for a
Law on Therapeutic Abortion in Chile.”
As a result, several legislative candidates
signed a commitment to support legislation on therapeutic abortion and to take
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CO N S C I E N C E
Bachelet won overwhelmingly. The
newly formed coalition of political parties
known as the “New Majority,” (which
includes the Socialist Party, Democracy
Party, Christian Democratic Party, Communist Party, Movimiento Amplio Social
[Broad Social Movement], and Izquierda
Ciudadana [Citizen Left]), became the
ruling coalition, committed to passing
legislation decriminalizing abortion.
In this same election, four key student
activist leaders who had led marches in
the streets from 2011 to 2013 entered the
traditional political structure when they
took seats in Congress at age 25. To the
Chilean public, the next generation had
reawakened the spirit of democracy and
mass mobilization that had not been seen
since the dictatorship, and a new political
era had arrived.
T H E T HR ES H O L D O F A N E W E R A
On May 21, 2014, during the annual
presidential address, President Bachelet
2006, but more significantly, since the
youth-led movements beginning in 2010.
Chile can no longer ig nore
increasing international pressure to
comply with human rights agreements
and ultimately, President Bachelet is a
forceful advocate for righting Chile’s
def icits in sex ual and reproduct ive
health and rights. Miles Chile has been
another instrumental force working to
put abortion law reform on the public
agenda so that women in Chile will be
protected instead of prosecuted. Chile’s
Millennial generation has benefited
from a democratic societ y’s policies
and now is rising to positions of leadership in politics, academia and civil
society. The country will continue to
see a shift from the values instated
before and during the dictatorship,
towa rd s s t rong er prot e c t ion s for
women and their families to follow
their conscience in matters of sexual
and reproductive health. ■