Descargar informe: La masacre de El Tigre, Putumayo

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Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira (2010)
Miembros del Grupo de Memoria Histórica
La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del
Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar (BCB) de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de
la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuez).
Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente hombres; quema de casas, motocicletas y vehículos; maltratos físicos y verbales a mujeres, fueron
acciones emprendidas por esta avanzada paramilitar. La estigmación como
“pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares. La masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999,
reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuez, Putumayo,
es una importante contribución para evaluar el impacto que han producido
las arremetidas paramilitares en el Putumayo, departamento que ha sufrido
especialmente los efectos del conflicto interno colombiano.
LA MASACRE
DE EL TIGRE
UN SILENCIO QUE ENCONTRÓ SU VOZ
Martha Nubia Bello Albarracín
Jorge Andrés Cancimance López
Autores de la investigación
Lina María Díaz Melo
Vladimir Melo Moreno
Asistentes de investigación
Investigadores
Jesús Abad Colorado
Martha Nubia Bello
César Caballero
Álvaro Camacho
Fernán González S.J.
Nubia Herrera
Patricia Linares
Iván Orozco
Pilar Riaño
Tatiana Rincón
Andrés Suárez
Rodrigo Uprimny
Maria Victoria Uribe
León Valencia
Maria Emma Wills
La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias
campesinas en la costa caribe 1960-2010 (2010)
Mujeres y guerra.
Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano (2011)
Mujeres que hacen historia.
Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano (2011)
Desplazamiento forzado en la Comuna 13.
La huella invisible de la guerra (2011)
San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra (2011)
Foto Portada
Iñigo Alcañiz
Puente El Tigre, sobre el río Guamuez 2010
Silenciar la democracia.
Las masacres de Remedios y Segovia 1982 - 1997 (2011)
Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Memoria y resistencia
de los pueblos indígenas del Cauca (2012)
El Placer.
Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo (2012)
L ibertad
y O rd e n
ISBN: 978-958-758-395-3
Justicia y paz ¿Verdad judicial o verdad histórica? (2012)
Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
Justicia y paz. Los silencios y los olvidos de la verdad (2012)
Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (2012)
Coordinador
Gonzalo Sánchez Gómez
9 789587 583953
La masacre de El Tigre, Putumayo
Un silencio que encontró su voz
Gonzalo Sánchez G.
Coordinador del Grupo de Memoria Histórica
Andrés Fernando Suárez
Relator de la investigación sobre la masacre de El Salado
Tatiana Rincón
Correlatora
Investigadores: Absalón Machado, Andrés Fernando Suárez, Álvaro
Camacho, Fernán González S. J., Iván Orozco, Jesús Abad Colorado, Jorge
Restrepo, León Valencia, María Emma Wills, María Victoria Uribe, Martha
Nubia Bello, Pilar Gaitán, Pilar Riaño, Rodrigo Uprimny, Tatiana Rincón.
Asistentes de investigación: Ana María Trujillo, Angélica Arias, Camila
Orjuela, Daniel Chaparro, Diego Quiroga, Gina Cabarcas, John Jairo
Rincón, Laura Porras, Luis Carlos Sánchez, William Mancera, Viviana
Quintero, Pablo Nieto, Paula Rodríguez, Teófilo Vásquez, Ricardo
Chaparro, Ronald Villamil, Soledad Granada, Vladimir Melo.
Laura Corral B.
Asistente del coordinador
Natalia Rey C.
Julián Chamorro
Impacto público y divulgación
Pilar Ordóñez
Gestora de proyectos
Ana Lyda Campo
Coordinadora administrativa
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Francisco Santos Calderón
Vicepresidente de la República
Comisionados
Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente de la cnrr, delegado del Vicepresidente de la República; Ana Teresa Bernal Montañez, Integrante de la Sociedad Civil; Patricia Buriticá Céspedes, Integrante de la Sociedad Civil; Jaime
Jaramillo Panesso, Integrante de la Sociedad Civil; Óscar Rojas Rentería,
Integrante de la Sociedad Civil; Monseñor Nel Beltrán Santamaría, Integrante
de la Sociedad Civil; Patricia Helena Perdomo González; Representante de las
organizaciones de víctimas; Régulo Madero Fernández, Representante de las
organizaciones de víctimas; Mario González, Delegado del Procurador General de
la Nación; Vólmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo; Sandra Alzate,
Directora (e) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional; Fabio Valencia Cossio, Ministro del Interior y de Justicia; Rutti
Paola Ortiz Jara, Delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Catalina Martínez Guzmán
Coordinadora (e) Ejecutiva de la cnrr
Coordinadores
Olga Alexandra Rebolledo, Coordinadora del Área de Reparación y
Atención a Víctimas; María Angélica Bueno, Coordinadora del Área de
Reconciliación; Álvaro Villarraga, Coordinador del Área de Desmovilización,
Desarme y Reinserción (ddr); Gonzalo Sánchez, Coordinador del Grupo de
Memoria Histórica; María Cristina Hurtado, Coordinadora del Área de Género
y Poblaciones Específicas; José Celestino Hernández, Coordinador del Área
Jurídica; Catalina Martínez, Coordinadora del Área Administrativa y Financiera;
Martha Lucía Martínez, Coordinadora del Área Comunicaciones y Prensa;
Gerardo Vega, Coordinador de la Sede Regional Antioquia; María Díaz,
Coordinadora (e) de la Sede Regional Centro; David Augusto Peña, Coordinador
de la Sede Regional Nororiente; Eduardo Porras, Coordinador de la Sede Regional
Sincelejo; Mónica Mejía, Coordinador de la Sede Regional Barranquilla; Elmer
José Montaña, Coordinador de la Sede Valle del Cauca; Ingrid Cadena,
Coordinadora de la Sede Pasto; Antonio María Calvo, Coordinador de la Sede
Valledupar; Zuleny Duarte, Coordinadora de la Sede Putumayo; Gonzalo
Agudelo, Coordinadora de la Sede Villavicencio; Ana Maryury Giraldo,
Coordinadora de la Sede Quibdó; Arturo Zea, Coordinadora de la Sede Cartagena
La masacre de El Tigre
Un silencio que encontró su voz
TAURUS
pensamiento
Gonzalo Sánchez G.
Coordinador del Grupo de Memoria Histórica
Andrés Cancimance López
Relatores de la investigación
© 2011, CNRR-Grupo de Memoria Histórica
Este es un documento público cuyo texto completo se puede consultar en
www.memoriahistorica-cnrr.org.co y
www.cnrr.org.co
Primera edición: mayo de 2011
Bogotá, D.C. Colombia
ISBN: 978-958-8560-73-1
Diseño y Diagramación: Jorge E. Bohada Trujillo
Impresión: Pro-offset Editorial S.A.
Fotografía portada: Iñigo Alcañiz
Puente El Tigre, sobre el río Guamuez, 2010
Esta publicación fue posible gracias al generoso aporte de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los contenidos aquí expresados son propiedad de los autores y no reflejan la opinión de
USAID ni OIM.
6
Agradecimientos
Este informe
fue posible gracias a las historias compartidas
de mujeres, hombres y jóvenes que habitan la Inspección de Policía El Tigre, en Putumayo, con quienes se (re) construyeron los
relatos de la violencia y la resistencia en la región. Agradecemos al
Comité de Víctimas de la masacre del 9 de enero de 19991 toda
la ayuda de coordinación, facilitación de espacios y la disposición
comprometida durante el desarrollo de todo este informe. A ellos
y ellas nuestra más grande admiración por la valentía con la que
enfrentan y resuelven día a día los “pasados” y “presentes” de violencia.
Los talleres de la memoria, realizados para la reconstrucción
del estudio de caso de esta informe, estuvieron acompañados –de
diversas formas – por personas que no dudaron en acudir a la invitación de explorar los dolores y los silencios que han marcado la
vida regional y nacional: Martha López, Stella Nupán, Ana Tejada,
Robyra Cabrera, María Barragán, Shirley Calderón, Ligia Díaz,
1
Este comité es creado en el año 2007 por un grupo de mujeres de la inspección de
El Tigre, en torno al afrontamiento de los impactos generados por la masacre del
9 de enero de 1999 perpetrada por integrantes de grupos paramilitares. A 2010, el
comité estaba integrado por cuarenta personas, entre hombres, mujeres, indígenas
y afrocolombianos que habitan en la inspección. Entre los propósitos organizativos
del comité está visibilizar la masacre y a partir de allí, trabajar por el pleno restablecimiento de los derechos de las víctimas -verdad, justicia y reparación- y trabajar
en la recuperación y fortalecimiento del tejido social comunitario.
7
Edy Patricia Díaz, Milena López, Jenny Mosquera, Marcela Inagán, Yurani Mora, José Luis Revelo, Eduard Jesús Vargas. Agradecemos también a María Eugenia Salazar por su valiosa ayuda con
entrevistas a actores que para la época en que sucedió la masacre
se desempeñaban como administradores públicos.
Agradecemos también a la Agencia del Gobierno de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por el apoyo y
acompañamiento en el proyecto “Reconstrucción de la memoria
histórica en torno a la masacre de El Tigre (Putumayo)”. Con
este apoyo, fue posible la articulación institucional del Área de
Memoria Histórica con el Piloto de Reparación Colectiva El Tigre y la publicación de este material de divulgación.
CONTENIDO
Pág.
Agradecimientos ...............................................................................................7
Introducción ................................................................................................... 11
PRIMERA PARTE:
MEMORIAS DE UNA NOCHE DE TERROR
QUE SE PROLONGÓ EN EL TIEMPO............................................. 17
I. CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DE PUTUMAYO......................... 19
II. GRUPOS ARMADOS EN LA REGIÓN: GENERALIDADES................23
Grupos guerrilleros................................................................................... 24
Paramilitares..............................................................................................27
Fuerza pública............................................................................................32
III. EL DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO EN LA SUBREGIÓN PETROLERA DEL BAJO PUTUMAYO ENTRE
1997 Y 2005...........................................................................................35
La masacre de El Tigre en la dinámica paramilitar...............................39
IV. MASACRE DEL 9 DE ENERO DE 1999.................................................41
Inspección de policía El Tigre: Ubicación ..............................................42
Los Hechos.................................................................................................46
Los relatos del ingreso paramilitar...........................................................46
9
Pág.
Los incendios, acciones para “descontinuar el pueblo”..............................
La salida paramilitar: recorridos y distribución de cadáveres...................
Las vidas que se perdieron y el retén militar...........................................55
El Tigre, ¿un pueblo fantasma?: 10 de enero de 1999............................ 57
¡Nuestro pueblo fue azotado, fue pisoteado, fue vuelto tierra!..............65
SEGUNDA PARTE:
HACER HABLAR AL SILENCIO............................................................ 67
La masacre y el control territorial del Valle del Guamuéz
durante el período 2001-2006..............................................................69
Toca tener resistencia................................................................................75
Recurrimos al silencio...............................................................................76
Que Dios nos perdone, pero ese día sentimos alivio..............................79
TERCERA PARTE:
LOS DAÑOS...............................................................................................85
I. LOS DAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS DE REPARACIÓN..........................................................................................................
Los daños en El Tigre................................................................................87
Los daños materiales.................................................................................88
Los daños psicosociales.............................................................................89
Los daños e impactos de la violencia sexual ...........................................92
Los daños morales.....................................................................................93
Impunidad y revictimización ...................................................................94
Los daños a las dinámicas comunitarias y organizativas........................96
CUARTA PARTE:
RECOMENDACIONES .......................................................................... 103
I. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.................................................. 103
En términos del derecho a la Verdad se recomienda:........................... 104
En términos del derecho a la Justicia se recomienda:........................... 105
En términos del derecho a la Reparación se recomienda:...................106
En términos de Garantías de no repetición se recomienda:................106
10
INTRODUCCIÓN
La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 pa-
ramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC –, irrumpieron en la zona urbana de la
Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del
Guamuéz). Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente
hombres; quema de casas, motocicletas y vehículos; maltratos físicos y verbales a mujeres, fueron acciones emprendidas por esta
avanzada paramilitar. La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores
en objetivos militares.
La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período
2001-2006, cuando este mismo Bloque paramilitar estableció en
la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís,
Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada, El Placer) un
control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas
que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado,
sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.
El 9 de enero de 2011, se conmemoraron doce años de esta
masacre. En homenaje a todos aquellos hombres que fueron asesinados y desaparecidos, la población de El Tigre, además de or11
ganizar un acto espiritual, recorrió algunos de los lugares que
fueron marcados por el terror paramilitar y la destrucción humana de habitantes estigmatizados como “guerrilleros” “auxiliares de
la guerrilla” y “cocaleros”. En estos lugares, se elevaron plegarias de
fortaleza, y en un acto de dignificación pública, se pronunciaron –a
viva voz – los nombres de cada uno de aquellos padres, hermanos,
hijos, amigos, compadres, vecinos y conocidos que perdieron la
vida la noche del 9 de enero de 1999. La conmemoración también
fue para la población de El Tigre, una jornada para enfrentar un
pasado doloroso que años atrás les impidió “hablar” de lo ocurrido y con ello, les impidió la posibilidad de denunciar, de exigir
verdad, justicia y reparación.
Esta publicación representa otra forma de reconocimiento
a las víctimas de esta región. No sólo a las que fueron asesinadas y
desaparecidas en enero de 1999, sino al conjunto de la población
civil que ha sido “objeto” de una sistemática violación a los derechos humanos tanto por grupos de guerrilleros (FARC-EP) y paramilitares (AUC), como por parte de la fuerza pública (Ejército y
Policía). Ahora, la violación a los derechos humanos en Putumayo
no sólo está asociada a las acciones violentas de los actores armados (masacres, asesinatos, ejecución extrajudicial, desplazamientos, desaparición forzada, amenazas, reclutamiento), sino también
a las lógicas de presencia del Estado en esta región del país, que
ha priorizado el componente militar sobre la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos de la población, desatendiendo por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, el saneamiento
básico o la generación de condiciones para el desarrollo regional.
En el Bajo Putumayo, el Estado se ha limitado al cuidado de las
inversiones petroleras, a la ejecución de acciones de control territorial y ha omitido su responsabilidad de proteger a la población
civil.
Transmitir a las “nuevas” generaciones de la región de Putumayo y del país lo que pasó en la Inspección de El Tigre durante la noche del 9 de enero de 1999, reconocer la valentía de los
pobladores de esta zona en la reconstrucción del pueblo, dignificar públicamente a las víctimas de esta masacre quitándoles el
12
Introducción
estigma de “guerrilleros” y “cocaleros”, y solicitar medidas de no
repetición, representan algunos de los sentidos asignados por la
población de El Tigre cuando se proponen ejercicios de reconstrucción de la memoria. Sentidos que el Estado debe incorporar
en sus actuales políticas de atención y reparación a víctimas en
Putumayo. Es por ello que en este informe se recurre a la memoria como espacio de reconstrucción del tejido social y se resalta la
voluntad política de los habitantes del Tigre a evitar ser borrados
de la geografía nacional y se describe su accionar político, encaminado a conseguir cierto resarcimiento como medidas mínimas
de reconocimiento de la responsabilidad tanto del estado como
de los actores armados en el desplazamiento y la victimización de
importantes sectores de la geografía colombiana.
No es posible restablecer la vida de las personas asesinadas y
desaparecidas, o remediar el dolor de sus familiares y sobrevivientes ante las pérdidas humanas, culturales y espirituales. Sin
embargo, se debe y se puede restituir públicamente su nombre y
dignidad, reconociendo formalmente lo arbitrario, atroz e injusto
de los hechos acontecidos, a fin de contribuir a las garantías de no
repetición y de crear mecanismos que permitan la reconstrucción
del tejido social. Estas son acciones que la población de la Inspección de El Tigre reclama a la fecha y que le compete al Estado y a
la sociedad civil tramitarlas.
El texto que presentamos a continuación, está estructurado en cuatro partes:
En la primera tenemos el objetivo de reconstruir los hechos
de la masacre del 9 de enero de 1999. Para lograr ese propósito,
iniciamos describiendo la configuración territorial de Putumayo,
con la intención de contextualizar las memorias sobre esta masacre y comprender las lógicas regionales y locales que incidieron en
la ocurrencia de la misma. En Putumayo, los distintos ejercicios
violentos (confrontaciones armadas, hostigamientos, asesinatos,
amenazas, ejecuciones extrajudiciales), emprendidos por la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública (ejército y policía); así
como la instauración de controles y dominios territoriales, con los
que estos actores armados han creado órdenes sociales concretos
13
que corresponden a su “proyecto militar”; tienen una distribución
espacial y temporal concreta: El Bajo Putumayo, una subregión
que históricamente ha sido representada como habitada por gente
desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse con las FARC-EP o con el narcotráfico (Ramírez, 2001: 21).
Esta representación y subdivisión regional, fue la base del discurso
paramilitar para perpetrar la masacre de El Tigre en 1999, y consolidar, por varios años, controles militares en los distintos municipios que conforman la subregión. Aspectos histórico-político
generales del departamento, la historia de los grupos armados
(guerrillas y paramilitares) presentes en Putumayo y la dinámica
regional del conflicto, son temas que tratamos en la configuración
territorial de este departamento.
Este apartado termina con la descripción detallada de los hechos de la masacre (qué pasó). Mostramos cómo el estigma creado
sobre la población como “pueblo guerrillero” y “cocalero” justificó
la estrategia paramilitar, que amparada en el control territorial,
convirtió a los pobladores de El Tigre en objetivos militares. Las
narrativas que reconstruyen este hecho no sólo se detienen en la
descripción de la masacre (identificación de los perpetradores,
sus móviles y métodos; responsabilidad estatal en los hechos), sino
que también reivindican la lucha por la sobrevivencia y exhortan
al reconocimiento de la valentía de sus pobladores para (re) habitar el lugar de la devastación durante y después del hecho violento. Asimismo, estos relatos reclaman verdad, justicia, reparación
y garantías de no repetición, como condiciones esenciales para el
restablecimiento de su dignidad. Esta exposición recoge las voces
de mujeres, hombres y jóvenes que circularon durante los talleres
de memoria que realizamos durante los meses de junio y diciembre de 2010.
La segunda parte de este informe, pone en evidencia cómo la
represión y la violencia directa contra esta población no terminó
con la masacre del 9 de enero de 1999, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, periodo en el que el Bloque Sur Putumayo de las AUC estableció en la mayoría de las zonas urbanas del
bajo Putumayo un control territorial permanente, que consistió
14
Introducción
en el dominio absoluto de la cotidianidad de sus habitantes. Describir ese control territorial y reconocer dentro de los múltiples
escenarios de sometimiento paramilitar las interpretaciones, los
significados y las acciones individuales y colectivas generadas por
y para enfrentar la violencia en la inspección de El Tigre, es el propósito central de este capítulo. Mostraremos cómo a las acciones
de control ejecutadas por los paramilitares, la población respondió inicialmente con acciones de silencio, que deben interpretarse
como la aplicación de una estrategia para sobrevivir en un contexto de dominación armada, y, además, como modo de apropiación
del dolor. Es importante señalar que esta actitud no representa
despolitización, apatía, ni cosa similar. Y aunque la población conocía la posibilidad de denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales, es necesario dejar presente que el contexto
político-institucional no brindaba garantías. No obstante, más
adelante la población buscará crear redes de solidaridad social
para no perder del todo los últimos vestigios de tejido social. Este
capítulo da cuenta de esos momentos estratégicos para confrontar, desde la cotidianidad, el poder armado de los paramilitares.
La tercera parte se detiene en la identificación de los daños e
impactos de la violencia en la región, antes, durante y después de
la masacre. Bajo esta mirada, el reconocimiento social y político
de las víctimas de la masacre en El Tigre cobra su mayor importancia, ya que una “identidad de víctima” es imprescindible en la
búsqueda de justicia y en el mismo proceso de recuperación emocional (Bello, 2010). La masacre y posterior ocupación paramilitar
de la zona le quitó a la población su derecho a la palabra, pero no
su poder de enunciación, lo cual debe revisarse con más detalle
ampliando el horizonte de sentido de las funciones del silencio.
Durante muchos años las víctimas de la masacre en El Tigre no
pudieron compartir su experiencia, dar a conocer lo sucedido o
denunciar a los responsables. Bajo esta situación es preciso señalar
que la importancia de “inventariar” los daños y los impactos está
directamente relacionada con la reparación, que para las víctimas
de situaciones de violencia política representa un derecho. El deber de reparar se convierte así en una de las obligaciones funda15
mentales del Estado colombiano, cuando por acción u omisión ha
contribuido al sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas (GMH,
2009a).
En la cuarta parte, proponemos unas recomendaciones en torno a la Verdad, la Justicia y la Reparación, con el propósito de contribuir al diseño de políticas públicas desde las cuales, se pueda
visibilizar las voces de los grupos afectados por la violencia política
en Putumayo, vulnerados en sus más elementales derechos humanos, no sólo por las acciones armadas de la guerrilla y los paramilitares, sino por el propio estado colombiano y la implementación
de políticas represivas y militares en la región. Es por eso que este
informe no sólo busca dar cuenta de otro punto de vista sobre una
región que a lo largo de varias décadas ha sido manejada como
botín de recursos que justifican el uso de la fuerza y de la arbitrariedad en cada coyuntura, sino que también se inscribe en la
necesidad de romper con la impunidad y la amnesia que reina en
el contexto de violencia política colombiana. Estos dos fenómenos
–la impunidad y la amnesia- condenan la memoria de las víctimas
a la marginalidad en la medida en que sus relatos son restringidos
o suprimidos. Esfuerzos colectivos, institucionales y académicos,
son necesarios para romper con esas restricciones, pues de cara a
la tan anhelada superación del conflicto armado y a la consolidación real de la democracia, la (s) memoria (s) no sólo es necesaria
sino imperativa (GMH, 2009).
16
PRIMERA PARTE:
MEMORIAS DE UNA NOCHE DE
TERROR QUE SE PROLONGÓ
EN EL TIEMPO
I. CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DE PUTUMAYO
El departamento de Putumayo se encuentra ubicado al sur occi-
dente de Colombia. Su población alcanza los 322.681 habitantes:
148.711 viven en zonas urbanas y 173.970 en zonas rurales. Cuenta
con una población indígena de 51.700 personas, distribuidas en 12
pueblos étnicos y su territorio es de 24.885 km². Limita al norte con
Caquetá; por el oriente con Amazonas; al sur con las Repúblicas
de Ecuador y Perú; y al occidente con los departamentos de Cauca
y Nariño. Gran parte del Departamento está situado entre el Río
Caquetá en el norte, y los Ríos Putumayo y San Miguel en el sur.
Los principales procesos en la configuración territorial de
Putumayo se desprenden de la relación entre la conformación de
economías de extracción (Quina, caucho, maderas, pieles, tagua,
petróleo, coca) y el proceso de poblamiento1. Estos dos procesos
Asociado a dos procesos: i) la colonización dirigida como estrategia para el poblamiento y la salvaguardia de la soberanía nacional en las fronteras con Ecuador
y Perú y ii) la ampliación de la frontera agrícola. Ambos procesos han sido impulsados por el Estado en su esfuerzo por articular la región al país por medio de sus
agentes institucionales o su delegación a instituciones como la iglesia católica. Por
ello, la configuración territorial de Putumayo se ha caracterizado por una serie
de procesos que delimitaron los contextos de llegada de población proveniente de
la zona andina, inicialmente, y luego desde otras zonas más próximas a la región.
1
19
comprenden desde mediados del siglo XVIII2 hasta finales del siglo XX y generan diferencias de carácter político, social, económico, militar y cultural entre las cuatro subregiones que se han
establecido en este departamento: Valle de Sibundoy (Alto Putumayo), Piedemonte o Cuenca del Río Caquetá, Llanura Amazónica o Cuenca
Baja del río Putumayo (Medio Putumayo), Valle del Guamuéz o Zona
Petrolera (Bajo Putumayo) (Ver mapa 1).
En el cuadro que sigue a continuación se resumen algunas periodizaciones de esta configuración territorial:
1900 - 1946
Período de expediciones
-La Quina y el
Caucho: Recomposición territorial
y étnica de la región, profundamente vinculada
a la existencia de
la Casa Arana.
Ampliación de la
frontera agrícola.
- M i s i o n e s
evangelizadoras: Capuchinos, Franciscanos
(misiones en los
llamados territorios de frontera de
la región amazónica).
1946 -1962
La época de
“La Violencia”
Desarrollo de
procesos
de
colonización
que tiene como
telón de fondo la violencia
política,
resultado de la
confrontación
entre los partidos Liberal y
Conser vador
en el del país.
1963 -1976
Fiebre petrolera
-A finales de los
años cincuenta,
el Estado da en
concesión a la
Texas Pretoleum
Company y la
Colombian Gulf
Oil Company,
940.000
hectáreas para la
explotación del
petróleo.
Este
proceso
influyó
directamente en la
creación de poblados del bajo
Putumayo.
-Crisis por descenso de la producción petrolera.
1977 - 1987
La “llegada”
de la coca
Emergencia
y legitimación
de la economía
de la coca en el
contexto de crisis de la producción petrolera y
la baja inversión
social del estado.
-Entrada de la
Guerrilla: EPL,
M-19,
ELN,
FARC.
-Entrada de la
primera generación de paramilitares asociados
al
narcotráfico (Combos y
Masetos).
1988 - 2006
Medidas estatales para el
control del narcotráfico y la
guerrilla
Movilizaciones
campesinas
en
contra de los procesos de fumigación aérea a los
cultivos de coca
llevados a cabo
en otras regiones
del país (Caquetá,
Guaviare).
-Disminución de
la coca y primeras
medidas estatales
para el control del
narcotráfico:
Plan Colombia.
-Entrada de la
segunda generación de paramilitares: Bloque Sur
Putumayo de las
AUC.
En el año 1887 se firmó el Concordato que estableció un acuerdo entre el gobierno colombiano y el Vaticano para establecer misiones en los llamados territorios
de frontera de la región amazónica. “Aquellos misioneros católicos se dedicaron
entonces a catequizar a los indígenas y a incentivar la colonización con gente traída del interior del país, con el fin de aprovecharla para la explotación agrícola y
demarcar la presencia del gobierno central en estas tierras lejanas de la Amazonia occidental” Torres, María Clara (2007) “Comunidades y coca en el Putumayo:
prácticas que hacen aparecer al estado” En: Cinep, Revista Controversia. p. 211.
2
20
La Masacre de El Tigre
Primera Parte
El alto, medioMapa
y bajo
1: Putumayo
REGIONES
PU TU MAY O
1999
CAUCA
SIBUNDOY
COLON
!.
.!
SANTIAGO
MOCOA
.!
.!
SAN FRANCISCO
.!
CAQUETÁ
.!
NARIÑO
VILLAGARZON
.!
.!
.!
PUERTO CAICEDO
ORITO
PUERTO GUZMAN
PUERTO ASIS
VALLE DEL
GUAMUEZ
.!
.!
SAN MIGUEL
.!
!.
PUERTO LEGUIZAMO
Leyenda Explicativa
AMAZONAS
Alto Putumayo
Medio
Bajo
©
Mapa 1: Subregiones del Putumayo
Fuente: Grupoo de Memoria
Histórica - GMH.
Georreferenciación:
Julio E. Cortés
Abril 2011
Procesado MH
La Valle
zona del
Valle de Sibundoy
o Alto Putumayo,
conformada
los
La zona del
de Sibundoy
o Alto Putumayo,
conformada
por lospor
municipios
de Colón,
Santiago,
y San Francisco,
se ycaracteriza
históricamente
municipios
deSibundoy
Colón, Santiago,
Sibundoy
San Francisco,
se carac- por
haberse conformado a través de las misiones católicas, y geográficamente por
teriza históricamente por haberse conformado a través de las misiopresentar suelos y un clima no aptos para el cultivo de coca, lo cual ha privilegiado el
nes de
católicas,
y geográfi
camenteque
por generan
presentarestabilidad
suelos y unpor
clima
no
desarrollo
actividades
económicas
su carácter
aptos
para
el
cultivo
de
coca,
lo
cual
ha
privilegiado
el
desarrollo
“legal”. Allí ha existido una presencia institucional más consolidada (partidos
políticos
Iglesia) y se
ha mantenido
en gran medida
al margen
del conflicto
deeactividades
económicas
que generan
estabilidad
por su carácter
armado
del
resto
del
Departamento,
sin
embargo,
no
hay
que
desconocer
“legal”. Allí ha existido una presencia institucional más consolida- que
esta zona fue un corredor estratégico para la movilización y entrada de grupos
da (partidos
políticos
e Iglesia)
y se ha mantenido
en gran
medida
de guerrilla
y paramilitares
hacia
el Bajo Putumayo.
Una situación
similar
caracteriza
al
margen
del
confl
icto
armado
del
resto
del
Departamento,
sinestas
a la zona del Piedemonte o Cuenca del Río Caquetá (Medio Putumayo)3. En
embargo, excepción
no hay quededesconocer
que esta
zona fue unsus
corredor
subregiones—a
Puerto Guzmán
y Villagarzón—
pobladores
construyeron
una identidad
particular con
respecto
los pobladores
de otras
estratégico
para la movilización
y entrada
deagrupos
de guerrilla
regiones del departamento a partir de distinguirse “de aquellos que se identifican
y paramilitares hacia el Bajo Putumayo. Una situación similar cacomo cocaleros, violentos y porque no, bárbaros”4.
3
4
racteriza a la zona del Piedemonte o Cuenca del Río Caquetá (Medio
Putumayo)3. En estas subregiones –a excepción de Puerto Guzmán
Conformada por los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán.
Ramírez, María Clemencia (2001). Entre el estado y la guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de campesinos cocaleros del
Putumayo. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH-. Pág. 51.
3
Conformada por los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán.
16
21
y Villagarzón – sus pobladores construyeron una identidad particular con respecto a los pobladores de otras regiones del departamento a partir de distinguirse “de aquellos que se identifican como
cocaleros, violentos y porque no, bárbaros”4
De otro lado, la Llanura Amazónica o Cuenca Baja del río Putumayo 5 –a excepción de Leguízamo –, así como el Valle del Guamuéz
o Zona Petrolera 6 (Bajo Putumayo), han sido subregiones caracterizadas como zonas de mayor concentración del conflicto armado
y el narcotráfico. En ellas confluyen diversos factores que demandan control territorial: son zonas de frontera internacional7, presentan una frontera agraria abierta y existen recursos naturales
renovables y no renovables de interés económico: alta biodiversidad, recursos hídricos, minerales y concentra la mayor producción petrolera del departamento8 . Además, son las subregiones
donde se concentró el cultivo de coca (en el año 2007 se registró
el mayor número de hectáreas cultivadas, que representó 11.931
de las 14.813 hectáreas del total departamental). Así mismo, en
estas subregiones ha existido una presencia permanente de actores armados desde la década de 1980 en la cual el “monopolio de
la fuerza” históricamente ha sido ejercido por las FARC-EP. Sus
habitantes han sido definidos “como cocaleros” y “auxiliares de la
guerrilla”.
La zona del Valle del Guamuéz, empieza a consolidarse territorial y poblacionalmente durante la época de la “fiebre petrolera”9
Ramírez, María Clemencia (2001). Entre el estado y la guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de campesinos cocaleros del Putumayo. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH-. Pág. 51.
5
Conformada por los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Leguízamo.
6
Conformada por los municipios de Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel.
7
La construcción de dos megaproyectos evidencian la importancia estratégica de
estas regiones: El primero tiene que ver con la construcción de la Troncal del Magdalena, que unirá a Caracas con Santiago de Chile; el segundo, es la construcción
del corredor de transporte multimodal Tumaco-Belén Do Pará y la Marginal de la
Selva en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana, IIRSA.
8
De los 120 pozos y los 12.631 barriles diarios del Departamento.
9
Así por ejemplo, Orito se crea el 28 de diciembre de 1978 y El Valle del Guamuéz, el 13 de noviembre de 1985. San Miguel por su parte, hizo parte del Valle
4
22
Primera Parte
y el período de la “llegada” de la coca, en la década de los ochenta. El aumento de la densidad demográfica en los municipios
del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del
Guamuéz, San Miguel), así como la configuración del conflicto
armado en esta subregión, están directamente relacionados con
la proliferación de los cultivos de coca: “La densidad demográfica pasó de 2,8 habitantes por kilómetro cuadrado en 1973 a [6,8
en 1985, 10,3 en 1993 y] 12,1 en 2005 […] El mayor aumento demográfico se produjo entre 1973 y 1985, años correspondientes a
la última fase de la bonanza petrolera y a la primera etapa de la
bonanza cocalera”10. Para este mismo periodo, 1973-1985, la tasa
de crecimiento total de la población en el Bajo Putumayo fue del
725%, en el Medio de 89% y en el Alto de 137%11.
Este contexto histórico-político resulta clave para comprender la concentración de las dinámicas de violencia en la zona del
Valle del Guamuéz, así como para contextualizar las memorias
sobre la masacre del 9 de enero de 1999 ejecutada en la Inspección de El Tigre por el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas
Unidas de Colombia –AUC –.
II. GRUPOS ARMADOS EN LA REGIÓN: GENERALIDADES12
El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2007) propone cinco fases para caracterizar la evolución de la confrontación armada en Putumayo, y por lo tanto, la
del Guamuéz hasta el 29 de abril de 1994, fecha en la que se “independiza” como
Municipio.
10
Ramírez María Clemencia, Ingrid Bolívar, Juliana Iglesias, María Clara Torres
y Teófilo Vásquez (2010). Elecciones, coca y partidos políticos en Putumayo 19802007. Bogotá, Colombia: CINEP/PPP –ICANH –Colciencias. Pág. 11.
11
Ibíd., pág. 12
12
Para una versión más actualizada y a profundidad sobre la presencia de los grupos
armados en Putumayo (guerrilla y paramilitares), ver: Centro de Memoria Histórica
(2012) El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo. Bogotá: Tauros.
23
presencia de grupos armados regulares e irregulares13: la primera,
entre 1980-1986, se caracteriza por el asentamiento de la guerrilla; la segunda, entre 1986 y 1991, es testigo del ingreso de grupos
paramilitares y la disputa entre agrupaciones de carácter irregular;
la tercera, comprendida entre 1991 y 1998, se encuentra estrechamente vinculada con la expansión y consolidación de las FARC-EP;
la cuarta, que se extiende entre 1998 y 2004, da cuenta del proceso
de modernización del Ejército regular colombiano y se refiere también a la segunda incursión de las autodefensas; y finalmente, la
quinta fase puede ubicarse entre 2004 y 2006, época de desarrollo
del Plan Patriota y redefinición de teatros de operación14.
Grupos guerrilleros
Los grupos guerrilleros en Putumayo comienzan a aparecer iniciando la década de los años ochenta. El Movimiento 19 de Abril
(M-19) se asentó en los municipios de Mocoa y Villagarzón desde
1980 y en marzo de 1981 llevó a cabo su primera incursión guerrillera con la toma de Mocoa. La presencia de este movimiento
guerrillero, que abandona la lucha armada en 1990, fue poco significativa en la región15. En 1983 el Ejército Popular de Liberación
(EPL), luego de un mínimo trabajo político en los municipios de
La historia de la presencia armada regular, es decir del ejército y la policía nacional, sobre el territorio de Putumayo ha sido poco abordada en los estudios y
caracterizaciones que se hace de este departamento. Culma (2010) en un intento
por suplir estos vacios, realiza un valioso acercamiento a la historia general de la
fuerza pública en la región y muestra la presencia diferenciada de este estamento,
principalmente entre el municipio de Leguízamo y los otros municipios de la zona
baja del Putumayo (Valle del Guamuéz, San Miguel, Orito, Puerto Asís y Puerto Caicedo). En el primero, esta presencia está directamente relacionada con los
procesos de colonización dirigida y por la consolidación de la frontera internacional. En los segundos municipios, la presencia de la fuerza pública responde a los
procesos de la “fiebre petrolera” y a los derivados de la implementación del Plan
Colombia. Considero que es necesario desarrollar estudios que profundicen sobre
la historia de estos actores armados tan presentes en las dinámicas de la violencia
en el departamento de Putumayo.
14
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2007).
Dinámica reciente de la confrontación armada en Putumayo. Bogotá, Colombia:
National Graphics Ltda. Pág. 17
15
Comisión Andina de Juristas-CAJ- (1993) Putumayo. Bogotá: Códice.
13
24
Primera Parte
Mocoa, Puerto Asís y el Valle del Guamuéz crea el frente “Aldemar
Londoño”. Esta organización guerrillera logró tener un impacto
mucho mayor que el M-19 en la región. Su existencia se prolongó
hasta 1991, año en el que renunciaron a la lucha armada y se incorporaron a la sociedad civil.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–
empezaron a hacer presencia en el departamento de Putumayo
a mediados de los años ochenta. La llegada de las FARC a Putumayo “[…] fue anterior al auge de la coca. Sin embargo, sería el
papel de las FARC como reguladoras de un incipiente mercado
promovido por el narcotraficante Rodríguez Gacha16 (alias el Mejicano) a partir de 1987, lo que facilitaría la consolidación del
grupo guerrillero como autoridad en el Putumayo” (Ramírez,
2001: 74). La implementación de permisos de operación a los
narcotraficantes17, la creación del impuesto al “gramaje” y la prohibición a los propietarios de los cultivos de coca de pagar con
bazuco los jornales de los raspachines18 posibilitaron que los habitantes de estas áreas aceptaran a los grupos guerrilleros (Ramírez,
2001: 74).
Asesinado en diciembre de 1989 en el marco de un operativo militar del Estado.
Según una nota del periódico el Espectador (13 de enero de 2010), Gacha se convirtió en uno de los pioneros en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) -partido
que surgió de un intento de paz con las FARC en el 84 – y fue uno de los primeros
en financiar y crear grupos paramilitares.
17
Entre ellos, hay que resaltar los permisos otorgados a Rodríguez Gacha, quien
desde 1987 instauró en la vereda la Azulita- Municipio de Puerto Asís- una base
paramilitar y una base de procesamiento de coca. Es importante reconocer que
inicialmente, la relación entre los narcotraficantes y la guerrilla de las Farc era
de colaboración: ellas, junto con los “Combos” y los “Masetos” (traídos por Rodríguez Gacha), estaban encargadas de garantizar el transporte de la “mercancía”
y la protección de los narcotraficantes residentes en la vereda El Azul. Sin embargo, estas colaboraciones llegaron a su punto final cuando Rodríguez Gacha
acusó a las FARC de robarle un cargamento de cocaína en el Magdalena Medio y las sentenció a muerte. Así, en 1988, los “Combos” dan muerte a ochenta
guerrilleros del EPL que cuidaban los laboratorios de El Azul (El Espectador.
30/09/90.11-A) y en 1990 las FARC responden atacando militarmente la base paramilitar de El Azul en la vereda La Azulita. En el hecho murieron sesenta y siete
paramilitares.
18
Campesinos inmigrantes y trabajadores estacionarios en los cultivos de coca.
16
25
Actualmente, hacen presencia a través de los Frentes 32 y 48
como resultado de las directrices trazadas por el secretariado general de la organización en la VII conferencia (1982), y la necesidad de expansión territorial y financiera de la guerrilla. El Frente
32 se desdobla de frentes históricos del Caquetá, mientras que el
Frente 48 es producto del desdoblamiento del Frente 32 en el mismo Bajo Putumayo.
El Frente 32 es el de mayor tradición y su desarrollo inicial se
vio favorecido con el surgimiento de la economía petrolera, la
colonización y la ubicación fronteriza del departamento19. Hasta
2007, y según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, este frente cubría el área del río Caquetá,
Puerto Guzmán, Santa Lucía, Puerto Limón, el alto río Putumayo,
el río Vides, La Hormiga, La Dorada y el Tigre
El crecimiento del Frente 48 fue posible debido a tres factores:
en primer lugar la amplia presencia y desarrollo de cultivos ilícitos
y la existencia de la actividad petrolera; en segundo lugar, la desaparición en 1990 de Rodríguez Gacha (alias el Mejicano) y, finalmente, la desmovilización del frente Aldemar Londoño del EPL.
En la actualidad cubre el área del río Guamuéz, el río Teteyé, La
Hormiga, La Dorada, Orito, Churuyaco, San Miguel y El Placer.
Aunque fue el último grupo guerrillero que incursionó en el departamento, fue el único que pudo insertarse de manera duradera
en él. Esto se explica porque los demás grupos guerrilleros que
incursionaron en Putumayo no actuaron de manera orgánica en
el establecimiento de sus estructuras armadas como sí lo hicieron
las FARC a través del desdoblamiento de frentes asentados en regiones vecinas como Caquetá, Huila y Nariño.
Para las FARC, Putumayo cumple una doble función estratégica, como retaguardia y abastecimiento, en la selva y zona fronteriza
19
Op. Cit.
26
Primera Parte
con Ecuador, y como territorio privilegiado para su financiación a
través de la regulación del ciclo productivo de la coca.
Paramilitares
Según Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vásquez
(2007)20, la consolidación del paramilitarismo en la región de Putumayo presenta tres fases:
La primera (1987-1992) relacionada básicamente con la incursión
y el establecimiento de estructuradas armadas (Los Combos y los
Masetos21) bajo el mando de “El mejicano” (Rodríguez Gacha)22.
Desde finales de 1987 hasta mediados de 1991, la acción de los
grupos paramilitares fue el elemento de violencia más activa en
el Putumayo […] Los Combos y Los Masetos, que en ocasiones
fueron uno mismo dependiendo del escenario y de la época en
que actuaron, estuvieron ligados al cartel de la droga que tenía su
sede en Medellín y a su red nacional de campos de entrenamiento,
principalmente a los de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio.
No tuvieron su origen en Movimientos de Autodefensa Campesina
sino que nacieron específicamente como aparatos armados con el fin
de controlar zonas de laboratorios de cocaína, ejecutar campañas de
limpieza social contra marginados sociales, ajustes de cuentas entre
narcotraficantes, control armado de su zona de influencia dentro de
la cual estaba su enfrentamiento con otros carteles de la droga y con
las organizaciones guerrilleras y para realizar labores de persecución
González, Fernán, Ingrid Bolívar, Teófilo Vásquez (2002). Violencia política en
Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de Estado. Bogotá, Colombia: Ediciones Ántropos Ltda. Pág. 63
21
Para legitimar su lucha por la apropiación del negocio del narcotráfico en Putumayo estas dos agrupaciones, distribuidas en zonas rurales y urbanas respectivamente, decidieron operar bajo el nombre de Muerte a Comunistas y Cívicos
(MACC) (Medina y Téllez, 1994, p. 162).
22
En 1989 al morir Rodríguez Gacha, Fidel Castaño es designado por Pablo Escobar como comandante de las propiedades, el negocio del narcotráfico y las estructuras paramilitares de Putumayo (ibíd).
20
27
al movimiento popular y a la oposición política [Unión Patriótica
–UP –, El Frente Popular y el Movimiento Cívico de Putumayo23]24
La segunda (1992-1997) de reflujo y “casi” desaparición, al ser
constantemente hostigados por las FARC-EP y al ser expulsados
de los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuéz por
la población civil25.
Finalmente, la tercera (1998-2001) que se configura como una
“nueva” etapa de incursión armada, llevada a cabo a partir de la
ejecución de masacres y otras modalidades de violencia como los
asesinatos y las desapariciones forzadas. Su rápido crecimiento y
consolidación en los cascos urbanos en esta última etapa, los llevó
a la creación del Bloque Sur Putumayo al mando de Gustavo Gómez, que contaba al momento de su “desmovilización” en marzo
de 2006, con 504 hombres26 . La presencia de este bloque paramilitar en el departamento obedeció a un proceso nacional de expansión paramilitar que se planificó en la Tercera Cumbre Nacional
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, llevada a
cabo en noviembre de 1996, y en la cual se declaró al Sur del país
como objetivo militar. De hecho, entre 1997 y 1998 este Bloque
desarrolló “una serie de labores de inteligencia cuyo objetivo era
ubicar la estructura urbana de las milicias para eliminar las supuestas o reales bases de apoyo a la guerrilla en las cabeceras
municipales y en los sitios importantes de comercialización de la
pasta base de coca”27. Como efecto de esta estrategia, muchos de
23
La Comisión Andina de Juristas –CAJ – señala que el Movimiento Cívico hace
“referencia a cierta forma de agrupación popular, de características pluralistas
y heterogéneas, no partidistas, que se formaron en Putumayo desde los años setenta, bien de cobertura municipal y departamental, con el fin de luchar por reivindicaciones de tipo ciudadano [Servicios públicos y respeto de los derechos
humanos]” CAJ, Op. Cit. P. 4.
24
Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana –CCJ – (1993) Putumayo.
Informes regionales de derechos Humanos. Bogotá. págs. 67-68.
25
Para profundizar sobre este proceso ver, Ramírez, 2001, Op. Cit.
26
Op. Cit.
27
Ramírez, María Clemencia, et al, (2010), Op. Cit, pág. 19.
28
Primera Parte
los líderes del Movimiento Cocalero fueron asesinados, acusados
de guerrilleros o de auxiliares de la guerrilla.
El Movimiento de Cocaleros da cuenta de un proceso de organización social en contra de los programas y políticas de fumigación aérea de los cultivos ilícitos agenciados por el gobierno
de Ernesto Samper en el año de 1994. Fue un movimiento que
agrupó a campesinos y campesinas del Caquetá, el Guaviare y Putumayo. En Putumayo, este movimiento inició con un paro cívico en Puerto Asís, el 18 de noviembre de 1994, y que culminó
con la firma de un primer acuerdo, en enero de 1995, entre los
pobladores y el gobierno nacional (Pacto La Hormiga). Dicho
acuerdo, al ser incumplido y dado que la fumigación continuó,
generó otra serie de manifestaciones durante el año de 1996, que
a su vez, culminaron con la firma de un segundo acuerdo el 19
de agosto de 1996 (Pacto de Orito). En dicho pacto, el Gobierno
central se comprometió a invertir en infraestructura, educación,
salud, recreación y vías de comunicación; a fomentar industria local; y a garantizar los derechos humanos en el Departamento. El
logro más importante de este proceso de movilización, más allá
de las promesas pactadas, fue el reconocimiento del campesinado
cocalero como un actor social y político con criterio y capacidad
de interlocución y negociación con el estado28.
Este proceso de negociación y movilización también evidenció
el carácter represivo del Estado en la zona. Éste no sólo desplegó la militarización de la región, sino que apoyó las acciones del
paramilitarismo en contra de la subversión, lo cual aumentó la
violencia en la región. De hecho “la caracterización realizada por
los militares de los grupos guerrilleros como narcotraficantes –
narco-guerrilla –, en lugar de grupos armados con motivaciones
políticas, no sólo legitima la violencia y el terrorismo estatales sino
que, además, promueve la intensificación del paramilitarismo cuyos blancos son los grupos guerrilleros y aquellos que han llamado
auxiliares de la guerrilla o auxiliares civiles de las actividades guePara profundizar sobre este proceso de movilización, ver: Ramírez, María Clemencia (2001) Op Cit.
28
29
rrilleras […] La guerra contra las drogas se ha convertido en una
guerra contrainsurgente”29
Para el año de 1999, la estrategia militar del Bloque Sur Putumayo fue la ejecución de masacres, con las cuales tenían el propósito
de vaciar el territorio, controlar y subordinar política, económica30
y socialmente a una población dominada previamente por la guerrilla. La masacre de El Tigre fue la primera del año (9 de enero),
la cual, además de cumplir una función demostrativa, generó un
desplazamiento de población propio de la táctica militar de tierra
arrasada. Esta misma práctica se repitió durante el año hasta la última masacre el 7 de noviembre de 1999, una caravana de la muerte
recorrió la inspección de policía El Placer, La Dorada (San Miguel),
las veredas Las Brisas, El Empalme y El Vergel (Valle del Guamuéz),
y terminó en el casco urbano de La Hormiga (Valle del Guamuéz).
Capitulo 1
Mapa 2. Procesado MH a partir de: CINEP, Base de datos de
Derechos Humanos y Violencia Política
Mapa 2: masacres ocurridas en Putumayo, 1999
Procesado MH a partir de: CINEP, Base de datos de Derechos Humanos
y Violencia Política.
Ramírez, María Clemencia, (2001), Op. Cit, pág. 63.
A través del control del negocio de la pasta de coca en la región.
Después del año 1999 y durante el período 2001-2006, el Bloque Sur Putumayo consolida un control territorial permanente en las zonas urbanas y en algunas inspecciones
de los municipios de Puerto Asís, Orito, Valle
30 del Guamuéz y San Miguel. Este período
de consolidación paramilitar coincide con la ejecución del Plan Colombia, el cual
contempló la modernización de la fuerza pública como una estrategia no sólo antinarcótica sino también de seguridad del territorio nacional frente a todos los grupos
29
30
Primera Parte
Después del año 1999 y durante el período 2001-2006, el Bloque Sur Putumayo consolidó un control territorial permanente
en las zonas urbanas y en algunas inspecciones de los municipios
de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel. Este período de consolidación paramilitar coincide con la ejecución del
Plan Colombia, el cual contempló la modernización de la Fuerza
Pública como una estrategia no sólo antinarcótica sino también
de seguridad del territorio nacional frente a todos los grupos armados ilegales.
En el caso particular de Putumayo, el aumento de pie de fuerza
y la acción militar de la Fuerza Pública -entre el 2000 y el 2001- profundizó el repliegue que los paramilitares le habían causado a las
FARC. No obstante, la presencia de los paramilitares del Bloque Sur
Putumayo siguió ‘coincidiendo’ con la de la Fuerza Pública hasta el
momento de su desmovilización en el 2006: principalmente en las
zonas no rurales de los municipios del Puerto Asís, Valle del Guamuéz, Orito y San Miguel; donde la Fuerza Pública no sólo incursionaba sino que tenía una presencia permanente con instalaciones de
batallones, estaciones de policía y retenes. Así, por ejemplo, los paramilitares llegaron a montar o mantener retenes ‘ilegales’ en lugares
de ‘presencia obligada’ de la Fuerza Pública -o cercana a ella- como el
Puente Internacional sobre el río San Miguel que conecta Putumayo
con Sucumbíos (Ecuador), el corregimiento de El Placer y la inspección de policía de El Tigre (Valle del Guamuéz) donde muchas veces
desaparecieron o ejecutaron a transeúntes31
El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH ha señalado que el proceso de ampliación territorial
de los paramilitares coincidió plenamente con el auge del cultivo de coca en el departamento y el establecimiento de pistas y
laboratorios para el procesamiento de la pasta base. Concluyen
afirmando que la consolidación del Bloque Sur en la zona implicó
Culma, Edinso (2010). “La presencia de las AUC en Putumayo a partir de la
entrada en vigencia del plan Colombia”. Monografía para optar el título de Sociólogo, Universidad Nacional de Colombia. Pág. 57.
31
31
la imposición de dos tipos de violencia: la primera, bélica convencional contra la guerrilla, más por iniciativa de las FARC-EP que
por iniciativa de él, y la segunda, contra la población civil, como
mecanismo de dominio fuertemente determinado por el negocio
de la coca.
Fuerza pública
La Fuerza Pública (ejército y policía nacional) ha tenido una
trayectoria particular en Putumayo. Comenzó en la primera mitad del siglo XX como protección de fronteras nacionales a través
de una colonización militar y posteriormente se enfocó a la protección de la explotación petrolera. Así, en el departamento de
Putumayo la consolidación de la fuerza pública está claramente
diferenciada entre dos zonas: i) el Alto Putumayo y los municipios
de Mocoa y Leguízamo; ii) los municipios del Valle de Guamuéz,
San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Orito.
En la primera, la presencia de la fuerza pública se consolidó
durante periodos anteriores a la emergencia de los cultivos
de coca con usos narcotráficos, la inserción de las guerrillas y
paramilitares, las movilizaciones de los campesinos cocaleros y
el Plan Colombia. De hecho, en Leguízamo por ejemplo puede
ubicarse la presencia militar del estado desde el año 192932 como
una estrategia para la colonización dirigida y como protección de
la soberanía nacional33.
“En cumplimiento del Tratado Salomón-Lozano (firmado en 1922), que buscaba
poner fin a los conflictos de frontera entre Colombia y Perú, en 1929 la Comisión
Mixta demarcadora de los límites termina su labor. Una vez sucede esto, el gobierno de turno colombiano busca implementar la presencia estatal en esos territorios,
y para ello designa a dos efectivos del Ejército Nacional: el coronel Luis Acevedo
y el capitán Carlos Bejarano. Estos militares debían crear condiciones mínimas
para una posterior colonización armada que permitiera también la creación de la
Jefatura de Fronteras. Así, en este mismo año, los primeros militares, entrando por
Brasil, llegan a Caucaya (hoy Puerto Leguízamo) e inician las labores de apertura
de la trocha Caucaya-La Tagua para generar una mejor conexión entre los ríos Putumayo y Caquetá” (Culma, 2010, p. 27, citando a Pinzón, 1990, pp. 21-23).
33
Por supuesto, sin desconocer que a partir de la década de los ochenta también se
estructura bajo el propósito de confrontación con la guerrilla asentadas en el terri32
32
Primera Parte
En la segunda, este proceso se condensa inicialmente bajo el
propósito de proteger y acompañar las empresas petroleras en su
labor de exploración y explotación en los territorios de los municipios señalados, y posteriormente con la implementación de la
guerra contra el narcotráfico en la década de 1990, la Fuerza Pública ha sufrido un proceso de modernización principalmente vía
Plan Colombia, en la cual el Putumayo se convierte en un teatro
de operaciones privilegiado en la estrategia contrainsurgente y de
antinarcóticos (Culma, 2010).
Actualmente (2011) en el Departamento de Putumayo
opera la Sexta División del Ejército Nacional34 que agrupa la
Vigésima Séptima Brigada (BR-27)35 con sede en Mocoa, la Brigada
Móvil No. 13 (BRIM13) con puesto de mando en la inspección de
policía de Santana (Puerto Asís) y la Fuerza Naval del Sur en el
municipio de Leguízamo36 . A su vez, la Vigésima Séptima Brigada
(BR-27) está conformada por las siguientes unidades: Batallón de
Infantería No. 25 “General Roberto Domingo Rico Díaz” con sede
en Villagarzón, Batallón de Infantería de Selva No. 49 “Soldado
Juan Bautista Solarte Obando” con sede en La Tagua (Leguízamo),
Batallón de Contraguerrillas No.59 “Mayor Bayardo Prada Ojeda”
con sede en La Hormiga (Valle del Guamuéz), Batallón de Plan
Especial Energético y Vial No. 9 “General José María Gaitán” con
sede en Orito, Batallón de ASPC No.27 “Simona de la Luz Duque
torio de frontera, lo que obedece a un contexto nacional de confrontación armada
contra la guerrilla y el narcotráfico.
34
Esta División del Ejército Nacional también tiene “responsabilidad jurisdiccional” sobre los departamentos de Amazonas y Caquetá: su Décima Segunda Brigada
(BR-12) tiene sede en Florencia, su Brigada Contra el Narcotráfico (BRCNA) tiene
sede en Larandia, su Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6) tiene sede
en Tres Esquinas y su Vigésima Sexta Brigada de Selva (BR-26) tiene sede en Leticia. http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=89970 Visitada 6 de octubre de 2009.
4:00 p.m.
35
Sólo en esta brigada se registran “4.500 hombres”. Ver: “Putumayo: del protagonismo del Plan Colombia al olvido del Plan Patriota”. En: www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/conflictoArmado/Situaci%C3%B3nSeguridadPutumayo.pdf
Visitada el 7 de octubre de 2009. 10:30 p.m.
36
Ver: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=89970 Visitada 6 de octubre de
2009. 4:00 p.m.
33
de Alzate” con sede en Mocoa y Batallón Plan Especial Energético
Vial No.11 “Capitán Oscar Giraldo Restrepo” con sede en Puerto
Asís37. Y la Brigada Móvil No. 13 está conformada por los Batallones
de Contraguerrillas Números 87, 88, 89 y 9038 .
La Policía Nacional en el Putumayo actualmente cuenta
con un Comando Departamental de Policía (Ubicado en Mocoa);
5 Distritos de Policía (Distrito I de Mocoa, Distrito II de Puerto
Asís, Distrito III de Leguízamo, Distrito IV de Sibundoy y Distrito
V de La Hormiga); 13 Estaciones de Policía ubicadas en las 13
cabeceras municipales del Departamento (Mocoa, Villagarzón,
Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Puerto
Leguízamo, Sibundoy, Santiago, Colón, San Francisco, La
Hormiga y La Dorada39); 6 Subestaciones de Policía ubicadas
en 6 corregimientos o inspecciones de policía geográficamente
estratégicas (S. Puerto Limón, S. Puerto Umbría, S. La Tagua, S.
El Placer, S. El Tigre y S. Puerto Colón San Miguel); y una Unidad
de la Policía Antinarcóticos en el municipio de San Miguel.
Por su parte, la Fuerza Naval del Sur, con puesto de mando
en Leguízamo, cuenta con el Batallón Fluvial de Infantería de
Marina No. 60 adscrito a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina
No. 1, agrupando los Puestos Fluviales Avanzados y Elementos de
Combate Fluvial destacados en Monclart (Putumayo), El Encanto
(Amazonas) y Tres Esquinas (Caquetá), que tiene asignada como
área de responsabilidad los ríos Putumayo, Caquetá, y sus afluentes
navegables.40 También cuenta con la Escuela de Combate Fluvial
de Infantería de Marina, catalogada como una de las mejores del
continente, la cual ha recibido 16 estudiantes extranjeros desde
el año 2000.
2009. 4:00 p.m.
38
2009. 4:00 p.m.
39
Puerto Leguízamo es la cabecera municipal de Leguízamo, La Hormiga es la
cabecera municipal del Valle del Guamúez y La Dorada es la cabecera municipal
de San Miguel.
40
http://www.armada.mil.co/?idcategoria=54687 Visitada: Abril 29 de 2010. 07:
31 p.m.
37
34
Primera Parte
III. EL DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO EN LA
SUBREGIÓN PETROLERA DEL BAJO PUTUMAYO ENTRE
1997 Y 2005
La masacre ocurrida en El Tigre el 9 de enero de 1999 es
un hito dentro del conflicto armado en Colombia especialmente significativo en el departamento de Putumayo y su subregión
petrolera. Esta manifestación de violencia política hace parte del
desarrollo de la expansión del paramilitarismo de segunda generación hacia la región amazónica, la cual conlleva un período
particular de la confrontación que va desde el año 1997 hasta el
año 2005. Durante este período la subregión petrolera del departamento fue escenario crítico de la confrontación armada entre la
insurgencia (FARC), la Fuerza Pública y paramilitares del Bloque
Sur Putumayo de las AUC. El escalamiento del conflicto resultó en
la victimización generalizada de la población civil a través de múltiples mecanismos de terror, especialmente violencia homicida y el
desplazamiento forzado.
El departamento de Putumayo ha sido una de las regiones más
golpeadas por la violencia política desde finales de la década de
1990. Este fenómeno se refleja en las cifras de muertes violentas:
las tasas de homicidio departamentales son superiores a la tasa
nacional, especialmente entre los años 1998-2000 y 2003-2006 (ver
gráfica 1). El caso de la subregión petrolera es crítico, especialmente en el caso del Valle del Guamuéz, municipio con tasas de
homicidios superiores a las tasas nacional, departamental y de los
demás municipios de la subregión. En este sentido el momento
más crítico en la subregión corresponde al primer momento de la
expansión paramilitar de segunda generación entre los años 1998
y 2000, en el cual se ubica la masacre de El Tigre.
35
Gráfica 1. Tasa de homicidios en el departamento de
Putumayo 1986-2006
Elaborada por Vladimir Melo para GMH, 2011.
Fuente: Base de datos de Memoria Histórica, 2011.
De otro lado, las características del conflicto armado, en términos de los tipos de acciones y las interacciones entre los actores,
sufren variaciones durante el período 1997-2005. Entre los años
1997 y 1999, y los años 2002-2005 predominan las infracciones al
DIH, mientras que entre 2000 y 2001 predominan las acciones
bélicas. Ahora, el escalamiento de las violaciones de DDHH desde
2004 por parte de la Fuerza Pública es resultado de la implementación del Plan Patriota (ver gráfica 2).
36
Primera Parte
Gráfica 2. Dinámica del conflicto armado en Putumayo
1997-2005
Elaborada por Vladimir Melo para GMH, 2011.
Fuente: Base de datos de Memoria Histórica, 2011.
Este comportamiento en la dinámica del conflicto refleja las
diferentes etapas del proceso de confrontación. Especialmente el
ejercicio de la violencia paramilitar los períodos críticos de infracciones al DIH se corresponden con períodos de inestabilidad en
el establecimiento paramilitar, tanto su entrada entre 1997- 1999
como su retroceso ante la respuesta de las FARC-EP entre 2002
y 2005. Mientras que el período de estabilidad paramilitar entre
2000 y 2002 y el avance de la Fuerza Pública significaron un incremento en las acciones de combate con las FARC-EP (ver gráficas
3 y 4).
37
Gráfica 3. Contactos armados por iniciativa de la fuerza
pública 1998-2006
Elaborada por Vladimir Melo para GMH, 2011
Fuente: Base de datos de Memoria Histórica, 2011
Gráfica 4. Acciones de los grupos armados al margen de
la ley 1998-2006
38
Primera Parte
Territorialmente existen diferencias apreciables en la forma
como se desarrolló el conflicto armado en Putumayo entre 1997
y 2005. En primer lugar la confrontación ha tenido su escenario
más crítico en las áreas rurales del departamento: allí se generó
el 68% de los registros de violencia política (Base de datos Memoria Histórica, 2011). Mientras que la subregión petrolera ha
sido la más golpeada por la violencia homicida, especialmente
por la ejecución de masacres (ver gráfica 5), y el desplazamiento
forzado41.
Gráfica 5. Masacres perpetradas en Putumayo
1997-2004
La masacre de El Tigre en la dinámica paramilitar
Como ya se ha mencionado, la masacre de El Tigre es un hito
específico en el desarrollo de la violencia paramilitar en el departamento de putumayo, y específicamente en la subregión petrolera. El proceso de la conformación del paramilitarismo de segunda
generación (Bloque Sur Putumayo) en el departamento tiene
El 41% de las personas desplazadas del departamento entre 1998 y 2006 procedieran de esta subregión.
41
39
un comienzo en 1997 y manifiesta una primera ola de violencia
en 1998. En su entrada el actor armado privilegió los asesinatos
selectivos (ver gráfica 6), especialmente de los líderes sociales y
políticos que habían sido parte del movimiento cocalero en años
anteriores (1994-1996,) la cual se concentró en Puerto Asís y en la
subregión petrolera en el Valle del Guamuéz (Base de datos Memoria Histórica, 2011).
Gráfica 6. Víctimas de asesinato selectivo y colectivo
perpetrados por paramilitares en Putumayo 1998-2005
El segundo momento de la entrada del paramilitarismo comenzó en la subregión petrolera y se caracterizó por el ejercicio
del terror a gran escala. De esta forma, en 1999 se registraron 4
masacres perpetradas por paramilitares las cuales se presentaron
en la subregión petrolera (ver gráfica 7). Después del año 1999, el
avance territorial del paramilitarismo a través de las masacres se
desplazó hacia otras regiones del departamento, volviendo a ser
un recurso empleado en la subregión petrolera en 2004 después
40
Primera Parte
de que las FARC-EP obligaran al Bloque Sur Putumayo a replegarse en 2003.
Gráfica 7. Masacres perpetradas por paramilitares
en Putumayo 1997-2005
IV. MASACRE DEL 9 DE ENERO DE 199942
La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de
Colombia –AUC – irrumpieron en el territorio de la Inspección
de policía El Tigre, Putumayo, bajo la amenaza de exterminar a
auxiliadores de la guerrilla, guerrilleros y milicianos. Con esta acción,
los paramilitares dieron cumplimiento a los lineamientos que se
42
Esta información se construye con base en: Cancimance López Jorge Andrés
(2010) Memorias en silencio: la masacre de El Tigre, Putumayo. Reconstrucción de
Memoria Histórica en Colombia. Tesis de Maestría en Ciencias Políticas. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Y con información recolectada en el trabajo de campo de este proyecto (Octubre de 2010-febrero de 2011).
41
habían propuesto en la Tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU – (Noviembre de
1996): confrontar a la guerrilla y “recuperar” territorios donde
estas habían conformado gobiernos paralelos. Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente hombres; quema de casas, motocicletas y vehículos; maltratos físicos y verbales a mujeres, fueron
hechos emprendidos por esta avanzada paramilitar y con los cuales se dio inicio a una dinámica de control territorial en las zonas
urbanas de la subregión del Valle del Guamuéz. La cifra oficial
de personas asesinadas en esta masacre es de 28, (todos hombres)
mientras que se habla de un número superior de 14 desaparecidas, la mayoría de ellas, lanzadas al río Guamuéz en un acto de
desaparecer el cuerpo de las víctimas.
Inspección de policía El Tigre: Ubicación
Cuando se creó la vereda nos pusimos de acuerdo en que el pueblo se llamaría el Tigre, porque en los años cincuenta, cuando los
indígenas Kofanes transportaban productos hacia Puerto Asís, en
canoas y por el río Guamuéz, en este punto del río había un remolino y frente al remolino una piedra grande y plana donde siempre
permanecía un tigre. ¡Todas las veces que bajaban, ahí estaba el tigre!, entonces ellos [los indígenas] le pusieron el remolino del tigre.
Nosotros dijimos entonces que este pueblo se llamara el Tigre (Entrevista 008, 2010).
El Tigre es una de las seis inspecciones de policía que tiene
el municipio Valle del Guamuéz43, Putumayo. Está ubicada al nororiente de La Hormiga (cabecera municipal), a escasos treinta
minutos (13 Kilómetros) de ese lugar. Es un caserío que se levanta
a la orilla de la carretera Pasto-Mocoa-La Hormiga-San Miguel-
43
San Antonio del Guamuéz, El Placer, Jordán Güisía, Guadualito y Santa Rosa de
Sucumbíos, son las otras inspecciones de este municipio (PBOT, municipio Valle
del Guamuéz, 2000, componente rural).
42
Primera Parte
Ecuador, proyectada como “vía internacional”44. Esto lo posiciona
como corredor fronterizo que sale hacia San Miguel y Ecuador
(Ver mapa 3).
Mapa 3
A mediados de la década de los cincuenta (1955) empieza
el proceso de colonización de este territorio. Ello responde a
lógicas de ampliación de la frontera agrícola llevada a cabo
por grupos de colonos45 que buscaban “nuevas oportunidades”,
cada vez más limitadas en el centro y en la región andina por la
violencia política de la época46 y la rigidez de la estructura de la
propiedad agraria.
La apelación “vía internacional” cobra mucho más énfasis-en lo regional, nacional- debido a los actuales procesos de construcción del corredor de transporte
multimodal Tumaco-Belén Do Pará y la Marginal de la Selva, en el marco de la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA.
Para una reflexión más detallada sobre este proyecto Ver: Flórez, Margarita, 2007.
45
Población campesina proveniente del Huila, Cauca, Nariño, Antioquia y Cundinamarca.
46
Los procesos de colonización de la Amazonía occidental colombiana que comprende los actuales departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y el surocci44
43
En 1955 esto sólo era selva. La única Inspección de policía de este
sector era San Antonio del Guamuéz47, que tenía el área desde Puerto Asís, Orito y San Miguel, lo que ahora son tres municipios. Esa era
la jurisdicción. La comunidad de san Antonio era de unas 60 familias, entre ellos el 80% eran indígenas Kofanes de cusma y collares.
La gente vino por el río buscando tierra, una tierra muy productiva
y con mucha cacería. Otros llegaron porque estaban corridos por la
violencia política de los cincuenta (Entrevista 008, 2010).
El Tigre fue el primer poblado que hacia el año 196848 se
delimitó sobre el valle del río Guamuéz como efecto de los procesos de extracción petrolera que se habían iniciado en 1963,
cuando la Texas Pretoleum Company descubrió zonas petroleras en los actuales municipios de Orito, Valle del Guamuéz-La
Hormiga- y San Miguel49.
Por los años sesenta se empezó a escuchar el ingreso de las petroleras, las cuales llegaron, y alrededor de los pozos que perforaban
se crearon algunos pueblos de este departamento. La gente en ese
tiempo se la rebuscaba mucho, por ejemplo, atrás de los trabajadores
de los pozos, venían los comerciantes con bebidas y mujeres quienes ubicaban carpas para la venta. Atrás venían los trocheros que
dente del Meta, se han llevado a cabo desde finales del siglo XIX y a lo largo de
todo el XX.
47
Según relatos de la historia local, San Antonio del Guamuéz se funda en el año
1923. “Los señores Ángel Viveros, Célimo Guerrero, Fernando Rayo y Narciso Ortiz ingresaron navegando en canoas a fuerza de remo, siguiendo el cauce de los
ríos Guineo, Putumayo y Guamuéz, hasta el sitio que más tarde, le bautizaron con
el nombre de San Antonio donde encontraron el lugar adecuado y seguro para
acampar por algún tiempo. Desde este lugar partieron selva adentro a explorar
reservas caucheras a través de los ríos La Hormiga, Afilador, Güisía, San Miguel y
Churuyaco. A finales del año de 1.923, este grupo de amigos habiéndose ganado la
confianza de los indios Kofanes, deciden radicarse en San Antonio, fundando así
el primer pueblo del Municipio Valle del Guamuéz y la primera escuela” (Plan de
Gestión Ambiental Municipio Valle del Guamuéz, 2007, p. 26).
48
En 1974 este poblado se eleva como Inspección de Policía (Entrevista 008, 2010).
49
“La Texas abrió inicialmente una trocha de veinticinco kilómetros hasta el río
Orito, y en un período de tres años perforó quince pozos y construyó un oleoducto
de 310 kilómetros hasta Tumaco, con capacidad para cincuenta mil barriles diarios” (Ramírez, 2001: 38. Cursivas dentro del texto).
44
Primera Parte
trazaban el camino y más atrás, los que buscaban tierra. Fue mucha
gente la que trabajó en esa obra. Como la gente veía terrenos muy
bonitos, decía, aquí voy a hacer mi casa, este es mi terreno y después
de trabajar en las compañías se quedaban en el sitio. Así fue como
se colonizó. El Tigre fue un frente de trabajo de la compañía por la
cuestión de la balastrera. (Entrevista 008, 2010).
Según datos de la Oficina de Planeación Municipal (2010),
esta inspección cuenta con una población de 4.560 habitantes
distribuidos en once veredas50, dentro de las cuales se encuentra un Cabildo indígena 51 , un Consejo Comunitario de Negritudes52 y el casco urbano. Un diagnóstico realizado en esta
Inspección nos muestra que esta localidad tiene doce centros
educativos o escuelas rurales mixtas, con 46 docentes y 943 estudiantes (Plan de Gestión Ambiental Municipio Valle del Guamuéz, 2007). También se menciona que la zona urbana
[…] No cuenta con el suministro de agua potable […] existen
408 viviendas, donde 250 son usuarios del sistema del alcantarillado, equivalente a una cobertura del 61.3% y excluidos del servicio el
38.7%, 150 viviendas. El servicio de energía eléctrica se presta a 320
usuarios, lo cual significa una cobertura del 78.4%, quedando por
fuera del servicio el 21.6%, 88 viviendas. Así mismo, tanto la plaza
de mercado, como el matadero y cementerio son inadecuados. Las
vías que están sin pavimentar y en regular estado, la componen los
14.066,57 metros lineales (CNRR, 2009b).
Al casco urbano de la Inspección arriban campesinos de 27
veredas, tanto de su jurisdicción como de la Inspección de Guadualito y San Antonio del Guamuéz. La movilidad de estos habitantes se hace por vías terrestres y fluviales53.
El Tigre-casco urbano, La Raya, El Paraíso, Las Pavas, Campo Bello, Maravélez,
El Rosario, Villa Arboleda, Las Palmeras, Villa Hermosa, Brisas del Guamuéz
51
Ubicado en la Vereda Las Palmeras.
52
Ubicado en la Vereda Villa Arboleda.
53
Esta Inspección cuenta con una improvisación de Puerto sobre la orilla del río
Guamuéz y una balastrera al margen derecha de este mismo río, con un área total
disponible de 8 hectáreas.
50
45
LOS HECHOS
En el Tigre a pesar de ser un caserío muy pequeño, se vivía en
armonía y alegría. La juventud iba al río, se divertía. Los jóvenes y
padres de familia organizaban campeonatos de fútbol. Las madres
y las señoritas hacían barra. Se miraba que había alegría (Relato 1,
taller de memorias, 2010).
Los relatos del ingreso paramilitar
Las fiestas decembrinas de 1998 (navidad-24- y año viejo-31-) se
celebraron en medio de incertidumbres y temores: semanas atrás,
las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC- a través de panfletos
distribuidos clandestinamente durante la noche54, anunciaba su
ingreso a la región y amenazaba con exterminar a “colaboradores” y “guerrilleros” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia –FARC-EP –.
Después del 31 de diciembre (1998) y al ver que “no pasó
nada 55”, la población de esta zona se “tranquilizó” e inició los
preparativos del tradicional carnaval de Negros y Blancos56 . Las
festividades se extenderían hasta el 10 de enero. Después de este
día, las familias retomarían sus habituales labores cotidianas,
los estudiantes y profesores regresarían a sus escuelas y colegios,
los visitantes retornarían a sus ciudades y pueblos y la población
54
Hay que señalar que los anuncios en la región sobre posibles tomas armadas o
incursiones militares, también han sido una estrategia utilizada por las FARC-EP.
Una característica de estos anuncios es que siempre se han hecho con antelación
a celebraciones o días especiales, como despedida de “años viejos”, llegada de nuevos, carnavales.
55
Expresión de los sobrevivientes participantes en el taller de memorias.
56
Fiesta popular tradicional del sur occidente colombiano. Este Carnaval tiene sus
orígenes en la ciudad de Pasto, en el Departamento de Nariño y conjuga toda la
tradición y el sincretismo de la cultura urbana de principios del Siglo XX con las
tradiciones campesinas y afrodescendientes, con elaboración de motivos alegóricos en carrozas, comparsas, desfiles y disfraces, acompañados de música, danzas y
divertimentos populares Se celebran durante los días 4, 5 y 6 de enero y son parte
de las celebraciones de comienzo de año en la región. Por la movilidad de los habitantes, los carnavales se han trasladado a varias regiones cercanas al departamento
de Nariño dependiendo de las condiciones históricas de las migraciones.
46
Primera Parte
flotante de aquella época –de auge cocalero – continuaría con
sus actividades de cosecha. Eran años “de mucho movimiento
poblacional, El Tigre tenía vida y se miraba el desarrollo” (Relato 2, taller de memorias, 2010).
En esa época yo calculo que entre El tigre y Guadualito había
unas siete mil personas. Incluso, dado el progreso de este pueblo, estábamos pensando en elevar a municipio a El Tigre. Aquí el mercado
era excelente, se mataban 25 reses el domingo, y todo se vendía, a las
11 de la mañana no había nada. El comercio era bueno, había mucha
gente y para todos había trabajo (Entrevista 008, 2010).
Sin embargo, la noche del 9 de enero de 199957 las AUC
hicieron efectivo su anuncio:
Esa noche, ellos masacraron a la gente con machetes, cuchillos,
hachas y pistolas; las descuartizaban y las echaban al río. Ese día nosotros sentimos una oscuridad. No estábamos preparados para algo
así. Aquí la gente se amanecía festejando, porque nunca había pasado
algo así. Pero ese día llegó. Ya habían pasado las fiestas de navidad,
pensamos que ya nada pasaría, pero no fue así. No lo esperábamos.
57
En esta misma fecha, el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) instalaba
oficialmente los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. A su vez, los paramilitares daban por terminada la “tregua navideña” incursionando con masacres en
diversos puntos del país. “El 6 de enero […] un operativo militar cegó la vida de
cuatro campesinos en Helechales […] Antioquia y dos días después […] los paramilitares reaparecían en este mismo departamento. Esta vez en La Bramadora, donde
masacraron a cinco campesinos […] el mismo día, en San Pablo, Sur de Bolívar,
cuarenta paramilitares fuertemente armados abordaron en tres establecimientos
públicos a pobladores del municipio ejecutando en el lugar a catorce personas […]
al día siguiente, cien paramilitares ejecutaron a 30 campesinos en Playón Orozco,
[en el Magdalena] […] Otro operativo de las AUC tuvo lugar simultáneamente
en La Hormiga, Putumayo (CINEP, 1999: 11-12). Estos hechos permite afirmar
la existencia de un “tiempo” de la masacre en relación con la situación política
del país (Semelin, 2004). La simultaneidad, proceso de paz con la guerrilla de las
FARC y las incursiones armadas de paramilitares en diversas regiones del país, ha
sido planteada en términos de fortalecimiento y expansión de éstos últimos. “La
preocupación por los avances de negociación, llevó a este grupo [de paramilitares]
a moverse en la ruta de su reconocimiento como actor político” (Fernán González,
et al, 2002, p. 81) a través de la ejecución de hechos violentos como masacres, desapariciones y desplazamientos forzados, asesinatos selectivos.
47
Esto dejó al pueblo en ruinas. Estas son las evidencias de la catástrofe
que nunca se nos olvida. (Relato 3, taller de memorias, 2010).
Sobre las once de la noche y en varias camionetas blancas 4 x 4,
los paramilitares entraron al pueblo por la vía Mocoa-La Hormiga. Según testimonios de sobrevivientes, venían desde Puerto Asís,
sitio en el que las AUC estaban desde el año 1997. Los asesinatos
y la quema de carros empezaron en el matadero de ganado58, que
para 1999 estaba ubicado a la entrada del caserío.
Yo le puedo decir que sólo llegaron, no sé cuantos fueron […] bajan de sus camionetas y encuentran una vaca amarrada a la entrada
del matadero y le pegan un tiro porque se les tiró a ellos. También
quemaron el carro de uno de nuestros compañeros. A los que estábamos trabajando aquí nos dieron la orden de tirarnos al suelo boca
abajo. Los vamos a matar por guerrilleros, nos decían. En ese momento ellos se entretuvieron y yo me tiré al caño, yo solo corrí y los
demás quedaron ahí. Yo amanecí en el monte y al otro día, cuando
regresé a casa, todos mis amigos estaban muertos. Con los que pesaban la carne, empezaron la masacre (Relato 4, taller de memorias,
2010).
El recorrido continúa hacia el centro del poblado [calle principal]. Allí, donde se concentraba toda la actividad comercial, los paramilitares empezaron a sacar violentamente a todas las personas
de las cantinas y los billares. Asimismo, se desplegaron por todas
las entradas del pueblo, y como a esa hora ya estaba suspendido
58
El sacrificio de ganado empezaba hacia las ocho de la noche y terminaba sobre
las cinco de la mañana, hora en la que se empezaba a distribuir la carne a los puestos de venta del pueblo. El sacrificio de estos animales era diario. Esta dinámica
evidencia el gran movimiento poblacional que se vivía para la época. Actualmente
este sitio ya no existe a la entrada del pueblo. La comunidad, un año después de
la masacre, lo trasladó a un lugar más cercano. “Vimos que este lugar estaba muy
retirado y que eso representaba un peligro para quien venía a trabajar acá, además,
después de la masacre, cualquier carro que uno oía le generaba miedo. Los que
venían a este sitio eran contados. El pueblo quedó solo. Inclusive mermó la pesada
de carne. Ese día nadie le paró bolas a la carne, todo quedó tirado” (Relato 4, taller
de memorias, 2010)
48
Primera Parte
el servicio de energía 59, un grupo de ellos se dirigió hasta el lugar
de la planta y obligaron a su operario encenderla nuevamente60.
Simultáneamente, irrumpieron en varias casas y obligaron a sus
habitantes a salir a la carretera principal, siempre bajo amenazas,
agresiones físicas y verbales.
A ver hijueputas ¿dónde está la guerrilla para que los defienda?
¿Dónde están las mujeres de los guerrilleros? (Relato 10, taller de
memorias, 2010).
El día de la masacre nosotros ya estábamos durmiendo, cuando
llegaron y tocaron la puerta, pero yo no puse cuidado, entonces al
lado de mí casa vivían unas vecinas ecuatorianas que tenían la mamá
enferma, y una de ellas me llamó muy angustiada. Entonces yo pensé
que la mamá estaba enferma y yo saqué la cabeza por la ventana,
miré hacia el lado donde ellas vivían, y no había nadie. Entonces,
cuando yo regresé a mirar para el otro lado, me encontré con algo
que tropezaba la cabeza ¿que era? el cañón de una pistola. Estaba
un señor de civil, me dijo ¡hijuetantas, abra la puerta, ábrala ya! Yo
abrí la puerta y ellos entraron. Le dije a mi esposo, Negro, levántese
que es el ejército, porque los otros sí estaban camuflados. Mi esposo
salió, uno de los camuflados lo encañonó y le preguntó por nuestra
habitación, él le dijo por acá. El que me estaba encañonando nunca
dejó de hacerlo. Preguntaron por otras dos piezas en las que estaban
mis hijos, y yo les dije que se levantaran porque había llegado el ejército. Uno de ellos me dijo, nosotros no somos del ejército, somos de
las AUC […] Nos insultaban […] nos decían que nos iban a volar los
sesos […] nos robaron algunas pertenencias, joyas, plata […] Después de que empacaron unas armas en unas sábanas se llevaron a mi
esposo y a mis hijos […] a la calle central. Allá […] reunían a toda
Para esta época, este servicio se prestaba desde las seis de la tarde hasta las once
de la noche.
60
Después de ordenar reposición del fluido eléctrico, los paramilitares incendian
algunas casas, esto ocasiona la quema de las redes eléctricas y, con ello, la suspensión total del servicio.
59
49
la gente, eso era como a la suerte de una ruleta (Relato 5, taller de
memorias, 2010).
Sólo hasta el momento en que los paramilitares empiezan a
escribir en las paredes de algunas casas “AUC presentes”, o por los
brazaletes de algunos de los perpetradores con la insignia AUC,
los pobladores de este sector reconocieron que se trataba de este
grupo armado. La idea inicial de los pobladores –testigos de esta
masacre –, era que este grupo de hombres pertenecía al ejército
nacional. Sus camuflados y armas eran elementos de asociación
con la fuerza pública.61
Yo estaba en embarazo y me faltaban 20 días para tener el bebé.
Cuando ya nos habíamos acostado, sentimos que tocaban las puertas
y decían, salga todo el mundo de las casas o les tumbamos las puertas
y les quemamos las casas. Yo le dije a mi esposo, eso es el ejército, porque meses antes ellos entraron a unas casas de la misma forma. Mi esposo dijo quedémonos callados (relato 3, taller de memorias, 2010).
Yo miré cuando llegaron, unos venían con botas pantaneras,
otros con tenis y otros con botas militares, yo no imaginé que eran
paramilitares (Entrevista 008, 2010).
La orden que impartieron a la población, abruptamente “reunida”, fue la de hacer filas a lado y lado de la calle principal.
Hombres y mujeres fueron maltratados física y verbalmente, sin
embargo sólo a los primeros los mandaron a conformar un círculo
en el centro de la carretera y los obligaron arrodillarse y permanecer en completo silencio, para después, a través de una selección indiscriminada, “determinarles” la vida o la muerte, sobre la
asignación genérica de ser “colaboradores de la guerrilla” y milicianos. Ser hombre, joven y campesino, significó en esta masacre
un “estereotipo del enemigo” suficiente para desplegar sobre estos
sujetos actos de violencia y humillación.
61
Para 1999 la fuerza pública (policía-ejército) no tenía base en la Inspección del
Tigre. La presencia de ésta era intermitente. Ocho años después de la masacre-en
el 2007-, se estableció una subestación de policía, adscrita al V Distrito departamental-La Hormiga-.
50
Primera Parte
Se turnaban para matar, cada uno escogía a sus víctimas, cada
cual tenía sus víctimas y sus formas de matar. Unos utilizaban linternas y a los que alumbraban los subían a los carros y los mataban.
Otros contaban de uno a tres, y el tres era muerto. Otros llenaban las
camionetas de hombres y en el puente del río [Guamuéz] les abrían
el pecho con hachas y los lanzaban al agua. No querían que los cuerpos rebotaran, sino que se perdieran en el fondo. Estaban camuflados y con fusiles, traían el brazalete que decía AUC (Relato 2, taller
de memorias, 2010).
Ellos [los paramilitares] sólo buscaban hombres. No venían en
busca de personas determinadas, sino que venían a sembrar el terror
en la población. Mataban sin importarles si eran adultos, niños, ancianos (Entrevista 008, 2010).
Según algunas entrevistas realizadas a sobrevivientes de esta
masacre, se plantea que hubo participación de un “informante”
que durante la noche del 9 de enero de 1999 daba indicaciones
a los paramilitares. Pero estas indicaciones nunca fueron sobre
nombres concretos de personas, sino sobre cuatro casas, es decir,
no existió un listado de los presuntos “guerrilleros” y “auxiliares
de la guerrilla”. Las víctimas directas de esta masacre fueron seleccionadas en el momento mismo de la incursión paramilitar, de ahí
que los pobladores enfaticen en que “más que matar a guerrilleros
o milicianos lo que querían hacer los paramilitares era implantar
el terror” (Entrevista 008, 2010).
Ahora bien, según relatos de los sobrevivientes, y las versiones
de informes judiciales sobre el caso, en esta masacre no fue asesinada ninguna mujer. Se reconocen múltiples factores que estructuraban la vulnerabilidad de las mujeres durante la masacre:
el maltrato físico y verbal a las que fueron sometidas y algunos
hechos asociados a la violencia sexual. Sin embargo, existen versiones, especialmente de organizaciones externas (informe de la
Fiscalía General de la Nación, Informe de Amnistía Internacional,
2004; relatos de sobrevivientes), que afirman que durante la masacre se presentaron casos de violación sexual.
51
En conversaciones adelantadas con mujeres de la comunidad,
se han mencionado dos casos de mujeres que fueron violadas por
paramilitares durante la masacre; Asimismo, se relata el caso de
dos mujeres que estaban en embarazo y perdieron a sus hijos (por
aborto) debido a las agresiones físicas a las que fueron sometidas.
También se alude a intentos de violación a mujeres con supuestos
vínculos afectivos con guerrilleros o hijas de milicianos. A su vez,
los relatos de los pobladores e informes sobre la situación de Derechos Humanos en la región, sí coinciden con la existencia de violencia sexual –y otros hechos – durante la ocupación paramilitar
del territorio en el período 2001-2006.
Los incendios, acciones para “descontinuar el pueblo”
Sobre la vía central del poblado, los paramilitares incendiaron
las dos primeras casas, en las que funcionaban “sendas” cantinas62,
sosteniendo que sus dueños eran colaboradores de la guerrilla.
Los pobladores reconocen que estos eran sitios frecuentados por
la guerrilla y los milicianos durante el auge cocalero de finales de
los noventa, pero también insisten en que eran sitios de encuentro
donde campesinos y campesinas compartían los fines de semana,
después de las extensas jornadas laborales en sus fincas63.
Ellos destruían las casas a bala. Traían fusiles, granadas, armas
que cargan los militares. Las cantinas fueron quemadas con todo el
mobiliario. Incluso una de esas casas la querían quemar con la gente
adentro. Pero uno de ellos evitó que hicieran eso. Esa cantina fue
quemada porque encontraron unas armas en alguna mesa, entonces
los paramilitares dijeron que ese lugar era refugio de milicianos y
que por eso la quemaban (relato 6, taller de memorias, 2010).
Las cantinas eran sitios de celebración, donde el alcohol (cerveza, ron, aguardiente) era la bebida que permitía el encuentro entre hombres, mujeres y grupos
familiares. Estos sitios se diferenciaban de las Fuentes de soda (locales atendidos
por mujeres en el rol de meseras) y de los bares (prostíbulos) que eran frecuentados sólo por hombres.
63
Para la época, estas jornadas estaban directamente relacionadas con los cultivos
de coca.
62
52
Primera Parte
Otras dos casas ubicadas en distintos lugares del poblado (calle
hacia la Vereda Maravélez y calle hacia La Hormiga) fueron incendiadas bajo la misma acusación de sus dueños (de ser milicianos o
tener relaciones económicas o afectivas con la guerrilla).
En la casa sobre la vía a Maravélez, supuestamente había vivido un
miliciano, y por eso la quemaron. Ellos [los paramilitares] tenían esa
información. En esta casa funcionaba una tienda, vendían gasolina
y cilindros de gas, los dueños eran habitantes de El Tigre muy conocidos por todos. Este incendio fue muy grande y produjo una explosión. La otra casa, que queda por la vía a la Hormiga, la quemaron
porque un joven que era creyente y que esa noche estaba visitando a
su novia, fue relacionado por los paras como un miliciano. Los paras
sacaron a las dos mujeres de esa casa (novia y madre de la novia) y la
quemaron con todas las cosas dentro. Era una casa de madera muy
bien construida. La decisión de los paras era descontinuar este pueblo.
(Relato 2, taller de memorias, 2010).
El propósito de los paramilitares para “descontinuar el pueblo”,
cobra más relevancia cuando intentaron destruir un carro-tanque
de gasolina. Así se recuerda esta acción:
En este pueblo había un carro-tanque de gasolina que le vendía
a la cooperativa de transporte de acá. El dueño, que en el momento
de la masacre estaba donde una vecina, al ver lo que estaba pasando,
y que esto era grave y podía agravarse más, se tiró al aljibe y ahí se
estuvo quietico. Antes de tirarse, él logró cerrar las llaves del tanque
de gasolina y esconder las llaves. Los paramilitares preguntaban que
dónde estaba el dueño del carro, pero nadie daba razón. Uno de los
paramilitares dijo, péguenle un tiro a ese carro para que se prenda.
La meta de ellos era coger el carro de gasolina, regar la gasolina por
todo el pueblo e incendiar todo el pueblo. Ellos querían dejar en cenizas este pueblo. El carro quedó allí con las llaves cerradas y nunca
pudieron sacar ni siquiera un galón de gasolina. No le pegaron el
tiro porque uno de ellos mismo dijo, no lo hagan porque ni nosotros
quedamos vivos si eso estalla. En ese momento reaccionaron y deja53
ron el carro y decidieron irse en sus camionetas (Relato 2, taller de
memorias, 2010).
La salida paramilitar: recorridos y distribución de cadáveres
Sobre las dos de la mañana del 10 de enero de 1999 (domingo,
día de mercado), después de permanecer por tres interminables
horas de horror, las AUC abandonaron el pueblo, no sin antes
advertir que en 24 horas regresarían a asesinar a todos los habitantes de El Tigre, y ordenar a las personas que estaban sobre la
calle central no moverse de ese sitio (no hablar, no correr, no seguirlos durante la siguiente media hora). El trayecto seguido por
este grupo durante la masacre marcó unas rutas de terror para
la población, particularmente relacionadas con la distribución de
cadáveres en dos lugares:
En el primer sitio –salida del caserío (Vía hacia La
Hormiga), los paramilitares construyeron en la mitad de la calle
un círculo con sus víctimas fatales. Esta disposición de los cuerpos
–en un espacio público – tiene una dimensión punitiva: “castigar”
ejemplarmente a las víctimas y hacer un ejercicio de irregular
soberanía.
A la salida de la Hormiga encontramos 7 cuerpos. Todos eran
hombres jóvenes. Estaban sólo con ropa interior. Eso era muy doloroso porque los paramilitares habían dejado un círculo con los cuerpos
en la mitad de la calle. Las cabezas de los muertos estaban hacia dentro del círculo. Todos tenían un disparo en la frente (Relato 3, taller
de memorias, 2010).
En el segundo sitio –Puente sobre el río Guamuéz – los
cadáveres fueron lanzados al río en un acto de desaparecer el
cuerpo de las víctimas y con ello prolongar indefinidamente el
momento de la masacre.
Sobre el puente del río Guamuéz, nosotros logramos recuperar
siete cuerpos. Esos cuerpos estaban abiertos por el tórax. Otros estaban degollados. Lo que nos contaba un muchacho que logró salvarse
54
Primera Parte
porque se tiró al río antes de que lo mataran64, era que los paramilitares empezaban a bajar a cada persona de las camionetas y con hachas y cuchillos abrían el estómago. Les enterraban el cuchillo en el
estómago, al filo del ombligo, y recorrían con él hasta el cuello, luego
los lanzaban al río. Así estaban todos los cadáveres que encontramos
en el río. No sabemos cuántas personas más echaron al río, por eso
decimos los que viven en el río. Es incontable saber cuántas personas
viven en este río. Eso nos da mucha tristeza. Nosotros encontramos
este puente lleno de sangre, y algunas cosas de los muertos, como
chanclas, o ropa, estaban tiradas a lo largo del puente (Ibíd.).
Para sobrevivientes y habitantes de este poblado que no fueron
sacados de sus casas (por estar distantes a los sitios de concentración de la muerte), pero que sí sintieron los disparos y al día siguiente salieron a observar lo qué había pasado, estos dos lugares
representan la crueldad de sus verdugos, y siempre estarán en sus
recuerdos como sitios siniestros. La disposición de los cuerpos –en
cada extremo del caserío – y los vejámenes a los que fueron sometidas las víctimas, no sólo delimitaron una frontera perversa y terrorífica, sino que provocaron crisis en los referentes de sentido y de
protección de la comunidad, los despojó de los recursos comúnmente utilizados para explicar y afrontar los acontecimientos 65
Las vidas que se perdieron y el retén militar.
Entre los casos más recordados durante la masacre, los pobladores señalan la muerte de dos jóvenes de la región, que los paramilitares rotularon en el momento de la irrupción armada como
milicianos de la guerrilla.
Los relatos dan cuenta de que tres jóvenes lograron salvar sus vidas cuando el
grupo de paramilitares estuvo en el puente sobre el río Guamuéz. “Se lanzaron de
las camionetas que los transportaban, sin importar hacia donde caían. Ellos contaron con suerte y salieron vivos” (relato 2, taller de memorias, 2010)
65
Bello, Martha, Elena Martin, Constanza Millán, Belky Pulido y Raquel Rojas
(2005), Bojayá, memoria y río: violencia política, daño y reparación. Bogotá Colombia: Universidad Nacional de Colombia, UNIBIBLOS.
64
55
Los paracos, luego de incendiar una de las casas acá en la calle
principal miraron que en la casa de enfrente se asomaban algunas
personas, entonces ahí fue de donde sacaron a los dos muchachos
que mataron hacia la vía del cementerio viejo. Decían que eran milicianos y a los muchachos les decían que si se querían salvar debían
correr. Ellos corrieron y ahí los mataron, ellos pensaron que era verdad, pero no fue así. […] Los persiguieron hasta darles muerte (Relato 6, taller de memorias, 2010).
Uno de ellos era un estudiante universitario que por temporada
de vacaciones visitaba a su familia, y que después del 10 de enero
retornaría a sus actividades (viajaría a Nariño donde adelantaba
sus estudios). Su madre, después de unos días de viaje fuera de
El Tigre, regresaba la noche del 9 de enero para despedir a su
hijo. Sin embargo, no le fue posible llegar aquella noche, pues
en el punto de Santana66 y sobre las 8 de la noche, la Brigada
XXIV del Ejército Nacional impuso un retén que impedía avanzar
hacia Orito y la Hormiga, argumentando “inconvenientes en el
camino”. (Relato 9, taller de memorias, 2010)67.
Este retén se levantó el 10 de enero, sobre las ocho de la
mañana. Estas horas coinciden con las de la masacre, de ahí que
Amnistía Internacional, en su informe de 200468, haya señalado
la colaboración de esta brigada y de algunos agentes de la policía
en los hechos. La presunta complicidad de la Brigada XXIV, se ha
planteado, por su inacción frente a la movilización de un grupo
de aproximadamente 150 hombres armados pertenecientes a las
AUC, el cual transitó la noche del 9 de enero de 1999 entre la vía
Puerto Asís-La Hormiga, y logró realizar durante más de tres horas
66
Ubicado sobre la vía Pasto-La Hormiga, en el punto que se establece un cruce
entre Puerto Asís y la vía Orito. En términos temporales, Santana dista de El Tigre
de aproximadamente de dos horas.
67
Según el relato de un testigo que estuvo en el retén, “el ejército preguntaba por
radio –¿cómo va la operación con el Tigre?- y se oía que respondían –bien, bien(Relato 9, taller de memorias, 2010)
68
Amnistía Internacional (2004), Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados: violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. España:
EDAI.
56
Primera Parte
los hechos que se han venido reconstruyendo en este apartado,
cuando para ese momento existían dos retenes militares (el de
Santana y el del cruce de Orito, este último, una hora antes de El
Tigre).
En el corregimiento El Tigre del municipio de la Hormiga (departamento de Putumayo), el día 9 de enero de 1999 se produjo una
incursión paramilitar, según los informes con la colaboración de la
Brigada XXIV y agentes de la policía. Al menos 26 personas fueron
ejecutadas y 14 “desaparecieron”. Al parecer, algunas de las personas
ejecutadas fueron sometidas previamente a tortura y mutilaciones de
índole sexual. Entre las víctimas figuran desde niños y adolescentes
hasta ancianas y mujeres embarazadas. Esta masacre marcó el comienzo de la ofensiva paramilitar en Putumayo, departamento que
había estado bajo control de las FARC. A raíz de estos hechos, 700
personas de este corregimiento y otras poblaciones cercanas se desplazaron por toda la región, huyendo inclusive hacia el vecino Ecuador (Amnistía Internacional, 2004: 20. Negrillas fuera del texto).
El Tigre, ¿un pueblo fantasma?: 10 de enero de 1999
Recuerdo que recién pasada la masacre vino RCN televisión y
recorrió todas las calles de El Tigre, y recuerdo que decían en las
noticias que este pueblo era un pueblo fantasma. Eso que decían los
medios de comunicación en aquel momento era muy falso, porque
esto no era un pueblo fantasma, porque aquí todavía habíamos gente
haciéndole frente a la situación y estábamos aquí, resistiendo, estábamos pensando en que El Tigre todavía se podía recuperar (Relato 11,
taller de memorias, 2010).
Con la salida de las AUC de El Tigre, un “silencio profundo”
habitó el lugar de los hechos. Una hora después (sobre las 3-4 de
la mañana) las mujeres (y algunos hombres que sobrevivieron a la
masacre) atemorizadas por toda “la sangre derramada” y la orden
de permanecer en silencio, comenzaron a “moverse” y hablar. Di57
mensionando la magnitud de la masacre, empezaron a buscar a
sus familiares (esposos, hijos, padres, hermanos) y amigos.
Después el pueblo se puso en movimiento, pero con miedo y terror. A pesar de eso, nos reunimos por grupos y empezamos a buscar
a nuestros seres queridos. Hacía la vía de Orito encontramos unos
cadáveres, en el puente había mucha sangre lo que nos hizo suponer
que habían muertos, y los otros los hayamos en la vía a La Hormiga
Simultáneamente, inició el éxodo de más de cien familias69 hacia La Hormiga, Puerto Asís, Orito, en Putumayo, y hacia Pasto
–Nariño –, Pitalito –Huila –; y Lago Agrio –Ecuador70 –. Existía el
temor de que las AUC cumplieran su anuncio de regresar en 24
horas. De este éxodo, el 70% de la población regresó gradualmente durante los tres meses posteriores a la masacre, al casco
urbano de El Tigre, el 30 % no retornó.
Ese día perdí a mi esposo. Esa noche me aferraba a Dios como
referente de la vida. Después de todo ese horror quedé muy confundida, pues miré que la vida de muchas personas era tan frágil frente
a los armados. Nada podíamos hacer frente a esas bestias armadas,
teníamos que recurrir al silencio para proteger la vida. Fueron momentos de desesperanza, de desilusión. La primera reacción que tuvimos era de huir, querer borrar todo. Huir y salir desesperadamente
a otro lugar. Cuando salimos nosotros a Puerto Asís, y había requisas
o retenes, pensaba que si yo decía que era del Tigre, me iban a matar. Esa era la sensación de terror. Cuando llegué donde mi tío [En
Puerto Asís], quería protección de las balas, y sentía miedo de salir.
69
Según datos del Sisben, para 1999, El Tigre estaba habitado aproximadamente
por 4000 personas.
70
Esta migración forzada se presentó gradualmente. Es decir, entre el 10 y 20 de
enero, los pobladores empezaron literalmente a “desocupar” el territorio. No existen registros que den cuenta de este éxodo. Se conoce que para 1999 en el Municipio Valle del Guamuéz se desplazaron 365 personas. Esta cifra es la más elevada
dentro de los registros departamentales para el mismo año: 1.149-Le sigue Puerto
Asís con 274 desplazamientos- (Observatorio del Programa Presidencial de DH y
DIH, Vicepresidencia de la República, 2010).
58
Primera Parte
Inclusive, tuve que ir al médico, porque los nervios me estaban afectando (Relato 1, taller de memorias, 2010).
Sobre las siete de la mañana del 10 de enero, la persona encargada de un SAI de Telecom se comunicó con la presidenta de la
Cruz Roja del municipio para solicitar ayuda. De este modo, en La
Hormiga se conformó una delegación entre el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja y la Inspectora de Policía, quienes se movilizaron
hasta El Tigre a verificar lo ocurrido. Este equipo llegó sobre las
9 de la mañana, y lo primero que encontró fue el círculo de cadáveres a la entrada del caserío (sobre la vía La Hormiga-El Tigre).
Era un día demasiado soleado. Después de que nos contactamos
con el Alcalde y que él nos hubiese facilitado un carro para ir hasta
El Tigre, salimos en comisión, conformada por los bomberos y la
inspectora. Cuando llegamos al Tigre, eso fue impresionante. Los
muertos del círculo estaban en pantalonetas y con las manos hacia
arriba. No sabíamos qué hacer, pero de repente empezamos a anotar en una libreta los datos de las personas fallecidas. De ese modo
hicimos un levantamiento de cadáveres. Estos datos los tomamos
con base en los documentos de identificación que algunos cuerpos
tenían. Otros cadáveres eran identificados por los mismos pobladores […] Varios de ellos no pudimos saber quiénes eran, porque no
tenían documentos y nadie los conocía. Eran personas que llegaban
a estos lugares a trabajar en los cultivos de coca. A toda la gente la
sacaron de sus casas casi que en ropa interior y por eso no tenían los
documentos (Entrevista 004, 2010).
Las labores de levantamiento de esta comisión con la ayuda de
algunos pobladores de El Tigre, se prolongaron durante todo el
día. El temor y el silencio fueron una constante en este proceso.
Las casas permanecieron cerradas y el transporte no prestó servicio. Los cadáveres, fueron llevados hasta la galería de este poblado –ubicada en la calle principal – y en este lugar, las mujeres y
hombres de El Tigre –con ayuda de médicos de clínicas privadas
de la Hormiga – cosieron los cuerpos que la población sacó del río
Guamuéz, y arreglaron los cadáveres que se trajeron de los dife59
rentes lugares donde fueron dejados por sus perpetradores (vía a
la Hormiga, calle del cementerio, vía El Tigre-Orito).
Nadie quería ayudarnos a transportar los cuerpos. Nadie nos
contestaba, todas las casas estaban cerradas. Como si nadie viviera
ahí. Fuimos hasta la empresa de Cootranstrigre, pero el señor nos
comenta que los paramilitares les habían prohíbo sacar los carros.
Luego nos contactamos con una señora a la que le habían matado
a su esposo que era carnicero y tenía un carro, ella en medio de su
dolor nos prestó el carro y de ese modo logramos levantar los cuerpos. También recuerdo que se utilizó una carreta que transportaba
la carne de las vacas. Había muchos cadáveres. Entonces empezamos
a recogerlos y todos cogidos de la mano avanzábamos (Entrevista
004, 2010).
Reunimos todos los cadáveres y los llevamos a la plaza de mercado. Autoridades ninguna, la inspectora que había en ese tiempo
vivía en otra vereda. Luego vino el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja
y la inspectora de La Hormiga, pero no vinieron ni la policía, ni los
jueces, ni los fiscales. Entre los más valientes nos dimos en la tarea
de arreglar los cadáveres, de coserlos, para entregarlos a las personas
que quisieran llevarlos (Entrevista 005, 2010).
Los muertos fueron velados en espacios reducidos sólo a la presencia de los familiares más cercanos, sin la compañía de la comunidad como se acostumbra en la región en los procesos de duelo.
Mientras que los cadáveres no identificados fueron enterrados en
tumbas como N.N.
Fue tal la tragedia, que algunos de los familiares que lograron
identificar sus muertos los dejaron encerrados en la casa listos para
enterrarlos, pero se fueron, porque ¿quién velaba los cadáveres frente
a la amenaza de un nuevo ingreso de los paramilitares? Luego, al día
siguiente regresaban, sacaban los cadáveres y los enterraban, pero
sin velorios, sin gente. Otros cadáveres que enterramos nunca supimos quienes eran porque muchos apenas habían llegado la noche
anterior. Normalmente se hace un velorio, se reúne la comunidad, se
60
Primera Parte
acompaña a los familiares y al muerto durante toda la noche, al día
siguiente se hace la bóveda o el hueco y se lo entierra. Se acompaña
el cadáver hasta la tumba. Luego de enterrarlos se hace un novenario. Nada de esto fue posible (Entrevista 008, 2010).
La jornada del 10 de enero de 1999, culmina con el levantamiento de 28 cadáveres (Ver tabla 1) y con el registro, no determinado,
de personas desaparecidas71. Sin embargo, existen problemas para
la cuantificación de las víctimas y su identificación, ya que en esta
masacre no se determinó la causa, la forma y el momento de la
muerte, las personas responsables y el procedimiento o práctica
que pudiera haberla provocado. En El Tigre, nunca llegaron las
autoridades judiciales encargadas de la realización oportuna de
autopsias, la recopilación y análisis de todas las pruebas materiales
y documentales, y la recepción de las declaraciones de los testigos.
Tabla 1: Víctimas fatales de la masacre en la Inspección de
Policía El Tigre, Putumayo. 9 de enero de 1999.
NOMBRES Y APELLIDOS
SEXO
EDAD
SITIO DEL
LEVANTAMIENTO
OCUPACIÓN
Ricardo Morales Zúñiga
HOMBRE
24
Comerciante
RÍO
Humberto Salas
HOMBRE
25
Agricultor
VÍA
Jairo Zambrano Herrera
HOMBRE
19
Agricultor
VÍA
Onésimo Samboní Iles
HOMBRE
37
Carnicero
agricultor
-
Marcelo Arévalo Adreda
HOMBRE
25
Estudiante
VÍA
Mario Antonio Cabrera
HOMBRE
24
Agricultor
RÍO
Euler Rosero Simaco
HOMBRE
24
Agricultor
RÍO
Miguel Ángel Rosero Romo
HOMBRE
50
Agricultor
VÍA
Jazmany Narváez
HOMBRE
17
Agricultor
RÍO
David González
HOMBRE
27
Agricultor
RÍO
Carlos Cerón
HOMBRE
22
Agricultor
VÍA
VÍA
71
A la fecha, no es posible determinar la cantidad total de personas asesinadas y
desaparecidas.
61
NOMBRES Y APELLIDOS
SEXO
EDAD
OCUPACIÓN
SITIO DEL
LEVANTAMIENTO
José Alveiro Erazo Pérez
HOMBRE
31
Agricultor
VÍA
Hernando Teherán Cuases
HOMBRE
20
Agricultor
VÍA
Moisés Getial
HOMBRE
23
Agricultor
VÍA
Cristian
HOMBRE
23
Agricultor
VÍA
Édgar Arquímedes Bastidas
HOMBRE
24
Agricultor
VÍA
Elías Meneses
HOMBRE
30
Carnicero
RÍO
Jaime Alirio Bermeo Sotelo
HOMBRE
32
Agricultor
VÍA
Andrés de Jesús Herrera López
HOMBRE
24
Administrador
establecimiento comercial
Hobeimar Quiñónez
HOMBRE
36
Oficios varios
VÍA
Edgar Ruiz
HOMBRE
20
Agricultor
VÍA
Gerardo Zambrano Herrera
HOMBRE
24
Agricultor
VÍA
Sandro Alberto Morales
HOMBRE
25
Agricultor
VÍA
Hernando Beltrán Cuases
HOMBRE
25
Agricultor
VÍA
Wílmer Narváez Álvarez
HOMBRE
S.D.
S.D.
VÍA
César Augusto Ramírez Tobar
HOMBRE
S.D.
S.D.
VÍA
N.N.
HOMBRE
S.D.
S.D.
VÍA
N.N.
HOMBRE
S.D.
S.D.
VÍA
VÍA
Fuente: Actas de levantamiento de la masacre del 9 de enero de 1999.
Después del 10 de enero de 1999 en El Tigre sólo quedaron 12
familias. Las estrategias de estos “pocos” pobladores para resistir
(protegerse), no sólo a las nuevas amenazas del ingreso paramilitar, sino a la “soledad” del pueblo, fue estar unidos, darse apoyo
mutuamente, y no abandonar el caserío. Ante el rumor de nuevos ataques, las familias iban y venían entre El Tigre, Orito y La
Hormiga. Permanecían durante el día en el pueblo y en la noche
buscaban fincas cercanas para quedarse a dormir. A penas sentían
la llegada de carros se encerraban en sus casas. Esta situación se
prolongó durante más de tres meses.
Era un pánico horrible. Los que quedamos nos uníamos entre
vecinos. El comentario era que regresarían. Ese miedo nos tenía sin
62
Primera Parte
saber para donde coger. Se llegaban las 6 de la tarde y todas las calles
quedaban vacías y las casas cerradas. Nadie salíamos. Era un momento donde la gente se mantenía en el día, pero en la noche buscaba a
donde irse. A los 8 días después de la masacre, los paracos regresaron
y quemaron una casa. Eso hizo que muchas familias se fueran (Relato 2, taller de memorias, 2010)
Esperar en el pueblo a ver qué pasaba; no tener a dónde ir; no
querer abandonar las “pocas” pertenencias que se habían logrado;
no dejar al vecino solo e insistir en que esta región les pertenece
(arraigo territorial), fueron los principales motivos para no
desplazarse.
Uno no podía ni salir a trabajar. El pensamiento de uno era ¿cuándo me tocará [morir] a mí? Tener que desalojar el rancho durante la
noche o el día, eso era una angustia permanente. A veces uno quería
irse, pero no había quien le dijera a dónde. Tocaba acostarse y estar a
cada rato despertándose, así se pasaba la noche. Después que pasan
las semanas uno ya piensa que no le va a tocar morir ¡Parece que me
quedé! como cuando uno tiene un viaje, y pasó el carro y no lo lleva,
uno dice, esto como que no convino el viaje. Uno mismo se consolaba, se ponía hablar entre vecinos. Eso fue, nos fuimos llenando de
valor y nos tocó normalizarnos a nosotros mismos. Fuimos llegando
como a una normalidad, nos tocó retomar valores (Relato 2, taller de
memorias, 2010)
El valor de las familias que se quedaron en El Tigre, después de
la masacre, es reconocido por los pobladores-sobrevivientes de
esta Inspección como un acto heroico y de valentía72. No sólo
Aspecto que se resalta en cada relato que reconstruye la masacre (entrevistas,
talleres). Este énfasis es mucho más reiterativo cada vez que se piensa en las posibilidades de transmitir la memoria a otros pobladores –locales, regionales, nacionales – y sobre todo, a las generaciones de jóvenes. “Es importante recordar para que
nuestros hijos, nuestros vecinos y todos los que nos rodeen algún día puedan decir
que lo que se vivió aquí no fue algo tan fácil, fue algo muy difícil. Que días nos
tocaba salir de nuestras casas, que teniendo propiedad teníamos que abandonar
nuestras casas. Pero aquí estamos, fuimos valientes y resistimos a esos altibajos que
hubieron” (Relato 1, taller de memorias, 2010).
72
63
por haber afrontado el miedo que invadía a todo el colectivo,
sino porque fue esta acción la que permitió que algunas familias
desplazadas por la masacre retornaran y se pensara colectivamente
en una posibilidad de (re) habitar El Tigre, a pesar del terror
y de la ausencia de instituciones estatales que pudiesen atender
los efectos de la masacre, desplegar acciones de protección
(seguridad)73 y reparación.
Yo pienso que si nosotros nos hubiésemos ido este pueblo no existiría hoy en día. Gracias a Dios que nos dio ese valor de quedarnos
en medio de ese miedo, de esa soledad, y con la amenaza de que [los
paramilitares] regresarían. Quedarnos significó el regreso de nuestros vecinos, porque muchas familias abandonaron el pueblo. Estas
familias que se fueron la pasaron muy mal, no era lo mismo tener la
casa para después no tener nada. En los sitios donde llegaban pasaban muchas necesidades, por eso también retornaron a su lugar de
origen (Relato 3, taller de memorias, 2010).
La población optó por el silencio, el cual adquirió diversos
matices y formas según pasara o se viviera el tiempo, opción
que les permitió sobrevivir, no sólo a los recuerdos intrusivos
y dolorosos de la masacre, sino a todo el proceso de violencia
extrema experimentada con la llegada de las AUC en el año
2001. El silencio también aportó a aquello que un poblador
denominó como la “elaboración de duelos no acompañados”74.
La ausencia estatal (principalmente de instituciones sociales) en este territorio,
después de la masacre, fue percibida por la población como una acción más de
la “histórica” exclusión social y abandono por la que atraviesa la región desde los
procesos de colonización del siglo XIX. Frente al tema de seguridad –presencia
de fuerza pública –, los pobladores señalan un temor constante. Estas fuerzas son
representadas como órganos de represión e identificadas como aliados estratégicos
de grupos paramilitares, en los cuales “no se puede confiar”.
74
Los duelos no acompañados, se refieren a esos procesos silenciosos, que la comunidad y los individuos, establecieron como elementos de resistencia para (re)
significar las múltiples experiencias traumáticas vivenciadas por la masacre. El no
acompañamiento se refiere a la no existencia de entidades estatales y/o sociales
que facilitaran escenarios terapéuticos de las reacciones traumáticas. Desde esta
perspectiva, la afirmación duelos no acompañados no debe leerse en términos de
una psicoterapia de las reacciones traumáticas para la elaboración de culpas y due73
64
Primera Parte
Con la masacre, nosotros hemos tenido que desarrollar una actitud de duelo no acompañado, porque nosotros hemos vivido muy
abandonados [del Estado]. Desde lo que pasó acá, nosotros lo hicimos solos, acá fuimos muy valientes, muy fuertes. Pasaban las cosas, y
nosotros nos ¡parábamos y seguíamos!, porque ¿qué más podíamos
hacer? Aquí no había presencia de ninguna entidad que viniera a ver
la situación de los derechos humanos. Nosotros ya hemos hecho un
duelo, enterramos nuestros muertos, hicimos nuestro duelo a nuestra manera. Nuestro pueblo, como sea, ha hecho un duelo y se está
recuperando, nos hemos unido y nos hemos cogido de la mano y
hemos dicho, vamos a salir adelante. (Relato 9, taller de memorias,
2010).
¡Nuestro pueblo fue azotado, fue pisoteado, fue vuelto tierra!
Esta es la expresión que más podría acercarse a los sentimientos de indignación, tristeza, dolor y rabia, que genera en los pobladores de El Tigre recordar la masacre del 9 de enero de 1999.
A la luz de estos sentimientos y de los procesos de resistencia que
la población de esta Inspección ha desarrollado (No desplazarse,
retornar, callar), se exige el ¡nunca más! Y se demanda el esclarecimiento histórico, que consiste en reivindicar la condición de
sociedad civil de las personas asesinadas y superar la estigmatización que sobre esta población ha recaído desde la década de los
ochenta: “ser un pueblo de guerrilleros”.
Resulta que en ese tiempo [1999], según ellos [los paramilitares], la mayoría de la gente que vivíamos en el pueblo, que era
gente honesta, y hemos vivido siempre y vivimos, éramos guerrilleros. Que el pueblo entero era guerrillero. Por eso decimos
que los que murieron era gente inocente, que no tenía nada
que ver con el conflicto (Relato 3, taller de memorias, 2010)
los. Los pobladores lo reconocen cuando afirman que aún sienten dolor cuando
recuerdan o pasan por los lugares de la muerte. Incluso, enfatizan en esos nudos
de la garganta, en ese algo que las amarra la lengua, en los llantos que todavía les
produce el recordar.
65
Lo único que queremos es que eso no se repita y que se haga
justicia. Que por encima de todo se haga justicia, ¡porque nuestro pueblo fue azotado, fue pisoteado, fue vuelto tierra! No podemos permitir que un grupo de vándalos que hizo y deshizo
con las pocas personas tan inocentes que hay en este pueblo, se
vuelvan a re organizar y nuevamente quieran volver a complicar
la situación (Relato 8, taller de memorias, 2010)
66
SEGUNDA PARTE:
HACER HABLAR AL SILENCIO
La masacre y el control territorial del Valle del Guamuéz
durante el período 2001-2006
Cuando se posicionaron las autodefensas se sintió gran sometimiento. Las personas teníamos que obedecer esa autoridad. Hubo
gran silencio por parte de las personas, por el miedo. Las AUC eran
la autoridad del pueblo, ellos determinaban qué debíamos hacer,
eran los que mandaban (Relato 10, taller de memorias 2010).
La represión y violencia directa contra la población de El Tigre
no terminó con la masacre, sino que se intensificaron durante el
período 2001-2006, cuando este mismo Bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas de la zona del Valle del
Guamuéz (Orito, El Tigre, La Hormiga, El Placer, La Dorada) un
control territorial permanente, ejerciendo dominio (social, económico y político) en sus habitantes.
De hecho en junio de 2001, El Bloque Sur Putumayo de las
AUC anunció a los pobladores de la Inspección de El Tigre su permanencia en la zona. Desde su llegada a esta Inspección, los paramilitares establecieron un modelo de comportamiento social que
reguló la vida de sus habitantes; “otorgaron” plazos para que las
personas “involucradas” con la guerrilla se marcharan del pueblo;
exigieron fidelidad a sus estructuras armadas; y enfatizaron que la
explotación de la coca estaría a su cargo.
69
Los paramilitares reunieron a la población en la caseta de la galería y anunciaron que se quedarían. Nos decían que no tuviéramos
miedo, que ellos estaban preparados para protegernos de la guerrilla
y también para manejar el negocio sobre la coca. Amenazaron que
acabarían con los milicianos y colaboradores de la guerrilla y hasta
llegaron a decir que era mejor, que los que estuvieran involucrados
con este grupo, debían marcharse del pueblo. Dijeron que iban a
limpiar el pueblo, que no iban a permitir que en el pueblo hubiesen
ladrones, chismosas, mariguaneros. Recuerdo también que pidieron
perdón por la masacre del 9 de enero en el 99 y hasta prometieron
que no iban a volver a hacer algo así. La gente qué iba a creer en eso,
pero tampoco pudimos hacer nada frente a las armas (Entrevista
007, 2010).
Con estas acciones, su presencia sobre la vida cotidiana adquirió un carácter de visibilidad, que posteriormente se reflejó en su
función de “guardianes del orden cotidiano”, claramente ejercido
a través de la coerción, la toma del estado local, la administración
de justicia y la explotación de la economía de los cultivos de coca.
Los paramilitares empezaron a tomar el control sobre la coca,
nadie podía comprar ni vender sin la autorización de ellos, había
que pagarles impuestos. Era una época muy miedosa porque mucha
gente salía al pueblo y no regresaba. En esta época, ellos también
cumplieron un papel de justicia. Los problemas cotidianos, como peleas entre vecinos, los resolvían ellos. En el pueblo no podía existir
el chisme, los robos, porque eran cosas que los paras castigaban con
la muerte. Las mujeres tenían que hacerles caso a los paramilitares,
porque si alguna se negaba, corría el riesgo de morir. Los paramilitares se las montaban a los campesinitos, a personas con rasgos indígenas. Nadie podía bajar al pueblo en botas o con camisas anchas. Los
procesos organizativos tuvieron que suspender actividades porque
los paramilitares controlaban la región. Un líder comunitario en una
reunión abierta cogió el micrófono y dijo que había que organizarse
para sacar a los paramilitares del pueblo. A los 8 días, los paramilitares vestidos de Ecopetrol entraron a la casa de él y lo mataron. El
70
Segunda Parte
señor tenía asignado dos policías como escoltas, pero lo mataron.
Otros líderes tuvieron que irse (Entrevista 003, 2010).
Apoderarse de casas –unas utilizadas como vivienda, otras empleadas como sitios de tortura –; imponer retenes militares en zonas rurales y urbanas; y crear en la zona urbana de El Tigre una
“ jaula” que funcionaba como cárcel, fueron acciones que les permitió desarrollar una serie de hechos violentos: asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, torturas y amenazas.
Los campesinos que para ellos eran sospechosos de estar colaborando con la guerrilla los traían a este lugar que le conocemos como
la jaula, los mantenían durante el día, en la noche los sacaban y los
mataban. Siempre perseguían a la gente y la intimidaban. Sobre todo
a los campesinos que bajaban de sus veredas los días domingos. Ellos
bajaban al pueblo con sus botas de caucho, sus botas de trabajo. Los
paramilitares relacionaban esas botas con la guerrilla, por eso, los
asesinaban. La jaula literalmente era una cárcel, estaba ubicada en
la calle principal y siempre estaba cuidada por un paramilitar, de
manera que uno pasando por el frente uno podía mirar a la persona
y con eso ver si era el amigo y el vecino entonces uno se acercaba
y pedía permiso para conversar con la persona y ver que se podía
hacer, pero con la autorización del guardia paramilitar. Yo recuerdo
que la jaula medía más o menos un metro de ancha por uno treinta
de alta. El comandante de los paras vivía frente a la Jaula (Entrevista
007, 2010).
Saber cómo comportarse frente a los paramilitares
representó una estrategia para salvar la vida. Esta se veía amenazada
con los más mínimos detalles del comportamiento: ponerse
nervioso, no tener memorizado el número de identificación
ciudadana, responder con temor o vacilación, quedarse callado.
En los retenes la gente debía saber sus números de cédula y contestar las preguntas de manera tranquila, porque de lo contrario mataban a la gente. Ellos les pedían a los hombres que mostraran las
manos, según ellos para identificar quien era guerrillero. Los días
71
domingos eran los días con mayor número de muertos, porque este
día era de mercado, los campesinos salíamos a hacer la remesa, comprar los insumos para la coca (Entrevista 006, 2010).
Durante este período (2001-2006), sobre las mujeres hubo acoso sexual, violaciones y maltratos. Muchas jóvenes –incluyendo
hombres – fueron trasladadas por sus padres a otras zonas del
país: “sacamos a nuestros hijos a otra parte sólo para poder vivir”
(Relato 3, taller de memorias, 2010). Asimismo, algunas familias
enteras se desplazaron con el fin de evitar que sus hijas e hijos
crecieran en medio del conflicto armado. Uno de los temores más
importantes en los padres de familia –quizá después de la muerte
– era que sus hijas se involucraran sentimentalmente con paramilitares75 o fueran acosadas por ellos.
A una niña de unos 16 años la cogieron sobre la vía hacia la bomba, la violaron y la mataron. Después de eso le colocaron un puñal
por la vagina y luego le escribieron en un papel FARC, pero se sabe
que eso no fue las Farc, porque el territorio estaba controlado por
los paramilitares, eso fue cuando ya estaban radicados. Uno no sabe
por qué hicieron eso. La gente estaba aterrorizada por ese hecho.
Nos daba miedo. También hay la historia de otra muchacha que en
la noche la sacaron de su casa, la violaron y la mataron por los lados
del matadero viejo. Los paramilitares entraron con pasamontañas diciendo que era la guerrilla, pero luego les dijeron que eran las AUC.
Al papá de ella lo cogieron y lo tuvieron 3 días como secuestrado,
le cortaron la mano y la nuca, porque él iba a denunciar eso. Ellos
lo amenazaron y le dijeron que si hacia eso [demandar] lo mataban
(Entrevista 006, 2010).
Yo recuerdo que para la época donde los paramilitares llegaron a
vivir acá en El Tigre, muchas familias abandonaron el caserío. Ellos
decían que preferían abandonar sus tierras a vivir con el miedo de
CODHES (2009) al referirse a las relaciones entre mujeres y actores armados
en El Tigre, sostiene que la búsqueda de seguridad –protección a su integridad
personal y mayor capacidad económica – es un factor esencial para explicar el por
qué las mujeres establecen relaciones de cercanía con los actores armados (p. 58).
75
72
Segunda Parte
que los paras se llevaran a sus hijos a la guerra o quisieran casarse
con sus hijas. Fue una decisión difícil para estas personas, pues seguramente en otro lugar no tenían propiedades y seguramente les
tocaba aguantar hambre. Nosotros nos quedamos a pesar de que
también teníamos ese mismo miedo, porque definitivamente acá están nuestras cosas por las que hemos luchado todos estos años (Entrevista 001, 2010).
Algunos jóvenes fueron reclutados forzosamente, otros
asesinados bajo el estigma de “guerrilleros” o “informantes”. Y
otros, vieron en el grupo armado una opción para ganar dinero
y adquirir poder. Es así como estos jóvenes ingresan a la vida
paramilitar.
Muchos jóvenes de la región se metían al grupo armado. Ellos
jugaban el papel de informantes. Los jóvenes entraban porque tener
armas era una manera de sentirse respetados y con poder. En principio los paramilitares no eran de la región, pero cuando vivían acá,
empezaban a buscar jóvenes. En esto había algo positivo y negativo.
Positivo porque si el paramilitar era un joven de la región y lo conocía a uno, podía interceder para que no lo mataran, pero negativo
porque si uno tenía problemas personales con ellos, se corría el riesgo de morir (Entrevista 007, 2010).
Los niños y niñas presenciaron enfrentamientos armados,
asesinatos o escucharon como mataban gente cerca de sus
viviendas. Abandonaron los estudios y dejaron de frecuentar sitios
para la recreación (cancha de fútbol, río, parque).
En El Tigre, y eso fue por la presencia de paramilitares, muchos
niños quedaron huérfanos, incluso algunos fueron víctimas de minas y granadas abandonadas por los grupos armados. En esa época
imagínese, los niños no podían dormir. Los míos eran así, escuchaban un tiro y cogían una almohadita y se escondían debajo de la
cama inclusivo mi hijo que ya es joven que en ese tiempo era niño,
él oía un tiro y sudaba frio y se metía debajo de la cama del miedo
(Relato 5, taller de memorias 2010).
73
Los indígenas Embera-Chamí fueron siempre estigmatizados
como guerrilleros. Sus resguardos y cabildos se convirtieron en
lugares inseguros –dada la presencia de paramilitares –, sus sistemas de producción alimentaria se vieron gravemente afectados
y fueron obligados a abandonar sus prácticas culturales: hablar
la lengua propia, hacer rituales, emplear la medicina tradicional,
ejercer sus propias formas de castigo (uso del cepo). En los retenes, los detenían, los interrogaban y los maltrataban.
Con los paras en nuestro territorio, fueron muchos los atropellos
a los que nos vimos enfrentados. Casi que ellos querían que nosotros fuéramos sus esclavos, pues nos obligaban a cocinarles a pasarles
nuestras cosechas de plátano, nuestros animales. Hasta nos llegaron
a prohibir que en las tardes fuéramos a cazar o a pescar. No podíamos celebrar nuestros rituales. Los hombres siempre fueron señalados como guerrilleros, los maltrataban muy feo (Taller intermedio 2,
Plan Piloto de Reparación Colectiva, 2010).
Al Consejo Comunitario de Negritudes y a los campesinos en
general, se les prohibió sus encuentros de organización; las mujeres fueron víctimas de violencia sexual, los jóvenes fueron señalados como guerrilleros, milicianos o auxiliares de la guerrilla. Se
les condenó al confinamiento, pues en los retenes paramilitares se
les prohibía el transporte de alimentos, y en muchas de las veredas
de esta Inspección, los “toques de queda” impedían el tránsito de
la comunidad en determinadas horas del día y de la noche. Prácticas como salir a pescar, cazar o cuidar del agro, también se vieron
afectadas por este control paramilitar del territorio.
Los muertos de la masacre del 9 de enero bajaban por el rio y
contaminaron nuestro río, eso afectó nuestra alimentación pues nosotros salíamos a pescar y con el río contaminado pues eso ya no se
pudo. Luego, cuando los paras llegaron, nuestros hijos no podían ir
a la escuela ni los adultos salir al campo a trabajar porque los paras
nos acusaban de informantes. Tampoco nos podíamos movilizar por
la vereda o fuera de ella, esto por las amenazas o por los enfrentamientos de los grupos armados. Los paras generaron desplazamien74
Segunda Parte
tos de familias, robaron nuestros animales y nuestros objetos de valor, nuestras mujeres fueron víctimas también (Taller intermedio 2,
Plan Piloto de Reparación Colectiva, 2010).
Otro grupo poblacional fuertemente afectado, dada la presencia paramilitar, fue el grupo de conductores de la empresa
de transportes “Cootranstigre”. Estos se vieron obligados a pagar
extorsiones, servirles como conductores y transportar armas, cadáveres o entregarles los carros. Los conductores tuvieron que
presenciar asesinatos, torturas y descuartizamientos. Asimismo,
los/las docentes y promotores de salud, fueron señalados muchas
veces como guerrilleros o informantes de la guerrilla. Sus labores
fueron impedidas o limitadas. Estos dos grupos poblaciones fueron señalados, interrogados y amenazados principalmente por su
movilidad entre zonas del territorio. Las escuelas y casetas comunales fueron utilizadas tanto por guerrilleros como por paramilitares como trincheras o campamentos.
Con todas estas acciones durante y después de la masacre de
1999, se evidencia que la violencia sistemática sobre esta región no
sólo le quitó a la gente su derecho a la palabra, ya que durante muchos años no pudieron compartir su experiencia, dar a conocer lo
sucedido, sino que también generó otro tipo de afectaciones sobre
indígenas, afrocolombianos, campesinos, conductores, docentes,
trabajadores y trabajadoras de la salud, hombres, mujeres, niños,
niñas y jóvenes.
Toca tener resistencia
Duncan (2007) ha señalado que la forma como los ejércitos
privados dominan a la sociedad (militar, política, social y económicamente) determinan uno de los rasgos fundamentales del
orden social de los señores de la guerra: la existencia de una ciudadanía volátil inherente a su control territorial76 . Una ciudadanía
76
Duncan, Gustavo. (2007), Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos
y autodefensas en Colombia. Fundación Seguridad y Democracia. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta. Tercera Edición. Pág. 135
75
que desestima la protección de las libertades y garantías de los
sistemas democráticos pero que se inscribe dentro de un sistema
de normas formales e informales impuestas por los ejércitos privados “que en la práctica son deberes y derechos a los que están
obligados a acogerse sus habitantes”77
Más allá del carácter de sometimiento al que determinada población se ve enfrentada bajo el control de un ejército privado
(cumplir deberes) y de los debates sobre las libertades y garantías
que en contextos de represión y miedo pueden “despolitizar” a
los y las ciudadanas, en este apartado nos interesa explorar las
acciones individuales y colectivas generadas por y para enfrentar
la violencia paramilitar en El Tigre. Acciones enmarcadas en procesos temporales y espaciales que permiten registrar modos de
resistencia, no como un acto deliberado de oposición a las grandes
lógicas opresivas, sino como la dignidad de señalar la pérdida y el
coraje de reclamar el lugar de la devastación78
Recurrimos al silencio
En El Tigre, tales acciones tienen un proceso temporal que comienza con el desarrollo de una actitud de silencio (no decir nada
frente a los actos represivos de los paramilitares, aceptar las órdenes impuestas, encerrarse en sus casas y evitar lugares comunes o
públicos) que debe leerse como estrategia para sobrevivir en un
contexto armado y como modo de apropiación del dolor79. Esta
actitud no representa despolitización o ausencia de recursos socioculturales con que las personas se enfrentan a la adversidad,
sino que la conexión afectiva que se hace con los hechos se hace
Duncan, Gustavo (2007) Op. Cit. Pág. 136
Ortega, Francisco (Comp.) (2008), Veena Das: sujetos de dolor, agentes de dignidad. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad
Javeriana-Instituto Pensar. Pág. 18
79
Desplazarse forzadamente para proteger la familia, también fue un recurso de
estos pobladores para defender la vida. “Para defender la vida, nosotros salimos
todos huyendo, huyendo de la muerte, tuvimos que desplazarnos. Buscamos un
refugio donde protegernos. Hubo desintegración familiar y los proyectos de vida
cambiaron” (Relato 9, taller de memorias, 2010).
77
78
76
Segunda Parte
a través de silencios de dolor. La población conocía la posibilidad
de denunciar las graves violaciones a sus derechos humanos, pero
el contexto político-institucional80 (Personería, Fiscalía, Alcaldía)
no brindaba garantías ni espacios para ello (silencios políticos).
Con la entrada de los paramilitares, nosotros tuvimos que recurrir al silencio ¡Qué difícil que era reclamar nuestros derechos frente
a la autoridad que ellos imponían con las masacres y matanzas! El
silencio era la única forma para sobrevivir en esta región. Si tú no
querías tener ningún problema solo calla. Durante este tiempo estuvimos humillados. Y también nos llevó a esto, fue la impotencia frente al poder de las armas. Aquí no había presencia de ninguna entidad que viniera a ver la situación de los derechos humanos y cuando
ellos se posicionaron no podíamos denunciar porque la persona que
denunciaba se convertía en objetivo militar, por eso lo que más hubo
fue impotencia. (Relato 1, taller de memorias, 2010).
Hicimos hablar el silencio
La agudización del terror y la represión del Bloque Sur Putumayo sobre la población de El Tigre, generó “preocupación” dentro de las dinámicas comunitarias. Es esta preocupación la que
80
En una entrevista con un actor político, este aseguró que las entidades estatales
nacionales, regionales y locales sabían de la presencia armada de paramilitares.
Se habían reportado estas irregularidades, sin embargo, ningún ente-nacional,
departamental, local- hizo nada para evitar la represión armada. Duncan (2007)
ha planteado que el interés de los señores de la guerra es la apropiación del monopolio del Estado a nivel regional, no del central. Constituyéndose así en “autoridades subnaciones en la periferia”, con capacidad de negociación con élites sociales,
económicas y políticas del centro. Asimismo el dominio político de los señores de
la guerra alcanzado en las regiones -ya sea por su destreza militar, su liderazgo
político y/o su éxito en el narcotráfico, les permite imponerse como instancia e
institución que ordena y abarca las relaciones políticas; decide los parámetros de
la estructura política local en la cual deben insertarse los otros actores del poder
local (políticos profesionales, las fuerzas de seguridad del Estado, capos del narcotráfico, los movimientos civiles, los terratenientes y los caciques tradiciones). Todo
esto implica que haya un ejército privado formado por un individuo, que por su
destreza militar, su capacidad de generar recursos ilegales o su liderazgo político,
se constituya un sujeto fuerte dentro de una comunidad, y que la relación establecida entre el señor de la guerra y su ejército tenga un carácter eminentemente
vertical, esto es que sea rigurosamente obedecido.
77
permite la existencia de un nuevo terreno de resignificación de
las identidades y luchas sociales que para el caso de El Tigre se
visibilizan a través de la organización de grupos para la defensa de
campesinos (jóvenes, hombres, mujeres) señalados como guerrilleros y sentenciados a muerte.
Más adelante podemos observar como que ese silencio comenzó
a generar preocupación en la comunidad, o sea, después de mirar
que mucha gente campesina era llevada a unas jaulas donde las AUC
determinaban si debían morir o no, decidimos emprender acciones
para evitarlo. Era horrible tener que aceptar que jóvenes, padres de
familia cayeran en esta situación y no había nadie que dijera algo
por ellos. Por eso la comunidad empezó a dejar a un lado el miedo,
hicimos hablar el silencio y nos unimos pa reclamar a esas personas
que eran llevadas a la jaula para ser asesinadas. Así, muchas de las
víctimas de aquel tiempo fueron libradas de la muerte. A penas alguien sabía que los paramilitares se habían llevado a una persona,
tocaba las puertas de muchas otras personas y salíamos corriendo
a ver que se podía hacer por los detenidos. Esto siempre se hacía a
cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día (Relato 5, taller
de memorias, 2010).
Con estas acciones estamos frente a una comunidad que constituye una forma de vida apelando ante el actor armado dignidad,
humanización y sobre todo, insistiendo en un “nosotros” que asigna pertenencia, pero también lleva implícito el reconocimiento de
la existencia de unos “otros” frente a los cuales se puede permitir,
autorizar o generar dinámicas de destrucción y sufrimiento.
Cuando ya llegaron a posicionarse los paracos, cogieron a mis dos
hijos y los llevaban a matar, pero los vecinos, que los conocían desde
pequeños, pusieron la cara por ellos para salvarles la vida. Los paramilitares querían callar a estas personas, pero el esposo de la vecina
decía: No, yo no me callo porque son unos niños que yo vi crecer y
sé quiénes son. Por esta acción de los vecinos es que mis hijos viven
78
Segunda Parte
Un día, un paramilitar me preguntó si yo conocía a Lutarco, yo
le dije que sí. Él me dijo, en tal parte lo tenemos. Yo pregunté ¿cómo
así? Él paramilitar me llevó hasta el lugar donde lo tenían, lo encontré amarrado de las manos, colgado de unas vigas y con un vigilante,
la casa estaba asegurada con candados. Le dije al guardia que quería
hablar con esa persona para ver que podíamos hacer, porque Lutarco era conocido en la comunidad. Si él era culpable tenía que pagar
por su responsabilidad, como pasaba con gente que nosotros no conocíamos o con los mismos habitantes que sí debían cosas, pero si
no había hecho nada malo, había que salvarlo. Hablamos con el comandante y le explicábamos que conocíamos a esa persona y que nos
dijera por qué estaba allá, él me dijo porque debe algo, sin embargo
y tras investigar algunos detalles, nos dimos cuenta que Lutarco no
era el responsable de lo que lo acusaban los paramilitares, sino que
era otra persona que no era de este pueblo. Al mostrar las pruebas lo
dejaron libre. Los paramilitares cogían a cualquier persona por ser
sospechosa. La comunidad tenía que intervenir para lograr salvarlos.
En muchos casos eso no se pudo. Y muchos otros eran gente que no
pertenecía al Tigre y que debían cosas (Entrevista 006, 2010).
Que Dios nos perdone, pero ese día sentimos alivio
Un tercer momento para revisar las acciones individuales y colectivas generadas por y para enfrentar la violencia, es la salida
del Bloque Sur Putumayo de la Inspección de Policía El Tigre.
Iniciando el año 2003, la guerrilla de las FARC-EP confronta militarmente a paramilitares radicados permanentemente en la vereda Maravélez. Esta incursión generó la muerte aproximada de
40 paramilitares y la desestabilización del control territorial que
ejercían para la época.
El 3 de febrero se empezó a escuchar el rumor de que habían matado a un conductor de la empresa Cootranstigre y que habían cogido dos carros de la misma empresa. Cuando llegué a averiguar lo que
pasaba, encontré que el carro del primer turno [7 a.m.] hacia la vereda Maravélez no había regresado. Entonces los conductores habían
79
reportado a los paramilitares que ese carro no había llegado. Como
ellos eran los que mandaban había que avisarles. Los paramilitares
sin embargo, decían que todo estaba bien, pero la gente empezó a
preocuparse y más la gente que ya se había ido a vivir con ellos organizadamente como parejas. Eran las 4 de tarde y el reporte de los
paras era el mismo, todo está bien. Luego se supo que la guerrilla los
había confrontado, les habían robado algunas camionetas y habían
herido al comandante que le decían El Diablo. Entonces al otro día
los paras empezaron a traer al Tigre los cadáveres de sus integrantes.
Todos los depositaron en una casa que tenían, y a la población curiosa que estaba mirando la traída de cadáveres, la obligaron a arreglar
los muertos (Entrevista 009, 2010).
El inspector de policía para la época, intentó levantar actas de
defunción, pero los paramilitares no se lo permitieron. Enterraron los muertos y bajo la presencia del ejército, reunieron a la población de El Tigre para informales que se iban. No sin antes dejar
a la entrada del pueblo, el cadáver del presidente de la Junta de
Acción comunal de Maravélez, a quien responsabilizaron por la
incursión armada de las FARC-EP, y enfatizar que los habitantes
del pueblo eran “guerrilleros”.
Cuando los paramilitares nos reunieron en la cancha del pueblo,
nos dijeron que se iban y afirmaron que este pueblo era de guerrilleros. El pueblo ni siquiera supo de ese enfrentamiento, sino hasta que
cuando llegaron los muertos. Las personas que tenían relación con
los paramilitares empezaron también a irse porque no se sabía que
iba a pasar (Entrevista 009, 2010).
La salida de los paramilitares posibilitó que las Juntas de Acción Comunal, las Instituciones Educativas y las iglesias católica y
evangélica empezaran a proponer espacios para la reconstrucción
del tejido social. La autogestión y la “normalización” de sí mismos
fueron acciones para emprender un nuevo proceso, las cuales buscan ser reconocidas, visibilizadas y compartidas. La violencia política que sobre este territorio se desplegó intensamente durante
80
Segunda Parte
el período 1999-2003, instituyó nuevas formas de acción histórica
que no estaban inscritas en el inventario de situaciones anteriores
Desde todo lo que ha pasado acá, nosotros lo hicimos solos, acá
fuimos muy valientes, muy fuertes. Pasaban las cosas y nosotros nos
parábamos y seguíamos, porque ¿qué más podíamos hacer? Aquí ha
habido muchas fortalezas que uno puede verla por ejemplo en la organización. Aquí ha habido gente que aportó para superar las situaciones de violencia. Para mí como docente mi satisfacción es mirar
en esas aulas escolares unos jóvenes que se están preparando, jóvenes
que han pasado por diferentes situaciones de violencia, jóvenes que
han quedado huérfanos, jóvenes que todavía guardan la esperanza
que este sea un espacio de paz y convivencia donde ellos se puedan
desarrollar, jóvenes que quieren que ojalá aquí nunca más vuelva a
poblar la violencia como lo hizo en algún tiempo, jóvenes que ya no
quieren que haya más humillación, que ya no haya más maltrato, que
hayan las posibilidades de por lo menos subsistir y poder sobrevivir.
Madres cabezas de hogar que quedaron solas, ya están luchando por
sus hijos (Relato 8, taller de memorias, 2010).
La acción armada que provoca la salida de los paramilitares,
generó en la población un sentimiento de justicia “divina”, que
en gran medida posibilitó la reconstrucción de una cotidianidad
desmilitarizada o desligada de una violencia fratricida como la experimentada durante el control paramilitar. Les permitió una manera de vivir humanamente. Sin embargo, es un sentimiento que
se vive con ambigüedad, pues no está bien visto desear la muerte
de una persona y mucho menos, alegrarse en caso de que llegase
a pasar, por ello, la justicia divina, fue invocada en el marco de
una deshumanización de los agresores y en el abandono histórico
de un Estado incapaz de brindar protección y generar procesos de
justicia.
[…] Por fin se hace justicia sobre esos animales que tanto sufrimiento nos causaron. Otros hombres [la guerrilla], igualmente de
malos a ellos hicieron justicia, les bombardearon la casa donde ellos
vivían, donde metían a nuestros hijos, hermanos, tíos, primos o ami81
gos supuestamente para hacer justicia, pero nunca entendimos qué
justicia podían hacer contra un niño de 14 años, o contra niños que
aún no conocían el mundo porque por varias ocasiones se vieron
mujeres embarazadas que fueron asesinadas. Que Dios nos perdone,
pero ese día sentimos alivio, sentimos que después de tanto abandono de los gobernantes, hubo alguien que demostrara que a ese
monstruo también se lo podía destruir, que a él también le hacían
efecto las balas. Les pido disculpas y lo digo entre nosotras, yo me
alegre tanto con la muerte de ellos, que por un momento me olvidé
que ese monstruo que se robó la vida de mi hijo de apenas catorce
años, también fueran personas (Relato 6, taller de memorias, 2010).
***
Hemos reconstruido los hechos de la masacre del 9 de enero de
1999, y algunos hechos del control paramilitar (2001-2006). Ambos episodios, evidencian la sistemática violación a los derechos
humanos en la zona del Valle del Guamuéz. La masacre de El Tigre, y otras de la época, se inscriben no solamente en el marco
de expansión y control territorial ejecutado por los paramilitares,
sino que también se entiende como parte de la ofensiva paramilitar que intenta frenar la iniciativa de paz del gobierno de Andrés
Pastrana cristalizada en enero de 1999, momento en el cual se
instaló la mesa de diálogo en El Caguán.
Concretamente, la masacre en El Tigre da cuenta del surgimiento y evolución del Bloque Sur Putumayo de las AUC (1998-2006). Como
ya lo hemos dicho en párrafos anteriores, con la masacre, las AUC
dieron cumplimiento a los lineamientos que se habían propuesto
en su Tercera Cumbre Nacional, desde la cual se propuso confrontar a la guerrilla y “recuperar” territorios donde estas habían
conformado gobiernos paralelos. En el caso de Putumayo, ‘recuperar’ sus territorios significaba para Castaño no sólo quitarles
a las FARC un dominio territorial estratégico por sus beneficios
dentro de la economía del narcotráfico y la lógica militar (retaguardia), sino también por lo que representaba en el proceso de
legitimación de las AUC como proyecto político antisubversivo. En
82
Segunda Parte
este sentido, Putumayo había sido considerado por los Castaño
como un territorio donde las FARC tenían gran influencia y legitimidad en la población civil, lo cual había repercutido en la expulsión de primera generación de paramilitares en el departamento en
1991 y en los pactos de desarrollo alternativo y respeto a los derechos humanos logrados durante las negociaciones que se llevaron
a cabo en 1996 entre el estado central y los campesinos cocaleros. Así, controlar y subordinar política, económica y socialmente
a una población relacionada históricamente con la guerrilla fue
el propósito principal de esta estructura armada. El territorio se
etiqueta como lugar del enemigo, sin embargo, no se “elimina” a
ese enemigo (Las FARC), sino que se atenta indiscriminadamente
contra civiles. Los mayores impactos de la masacre fueron sobre
la población civil y no sobre las estructuras armadas de las FARC.
La masacre entonces, se posiciona como una estrategia que busca desestabilizar de algún modo el dominio de la guerrilla en la
zona, imponer-a partir de la dominación- nuevas “fidelidades”, y
controlar el negocio de la pasta de coca en la región.
La masacre en El Tigre, al ser una de las primeras en desarrollarse en la zona baja del departamento, posibilitó-vía la represión
y el terror- la expansión paramilitar en las principales zonas urbanas de esta región. En estas zonas y durante el período 1999-2006,
el Bloque Sur Putumayo ejerció un control territorial permanente, muy ligado al monopolio de los cultivos de coca y a la producción de la pasta base de la cocaína. La masacre se sustentó en una
estigmatización histórica de los y las campesinas que habitan el
territorio: guerrilleros, auxiliares de la guerrilla y cocaleros. Esto
genera que no solamente la violencia y el terror desplegados por
actores armados legales e ilegales se legitimen, sino que también
constituye una marca de exclusión social.
En el transcurso de la masacre y posterior a ella, fue evidente
la connivencia entre los paramilitares del Bloque Sur Putumayo y
las estructuras de la fuerza pública (ejército-policía). Recuérdese
por ejemplo el retén militar que la Brigada XXIV estableció en el
punto de Santana que coincidió con las horas del desarrollo de
la masacre. De otro lado, Human Rights Watch (2001) en su in83
forme sobre la “Sexta división” identificó que durante el período
2000-2003, en Putumayo la Vigésima cuarta Brigada del Ejército
Nacional, algunos oficiales de la Policía Nacional y los paramilitares, tenían una estrecha alianza en el desarrollo de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y amenazas de muerte.
Así, por ejemplo, los paramilitares llegaron a montar o mantener
retenes ‘ilegales’ en lugares de ‘presencia obligada’ de la Fuerza
Pública -o cercana a ella- como el Puente Internacional sobre el
río San Miguel que conecta Putumayo con Sucumbíos (Ecuador),
Puerto Asís, las inspecciones de policía El Placer y El Tigre (Valle
del Guamuéz) donde muchas veces desaparecieron o ejecutaron a
transeúntes.
La masacre generó diversos daños y pérdidas que no sólo
afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que
modificaron sustancialmente la cotidianidad de campesinos,
afrocolombianos e indígenas que habitan el sector. La masacre
dejó al pueblo en ruinas y es una catástrofe que nunca se le olvida
a la población. Ser hombre, joven y campesino, significó en esta
masacre un “estereotipo del enemigo” suficiente para desplegar
sobre estos sujetos actos de violencia y humillación.
Reconstruir la masacre y hacerla parte de la memoria
nacional es importante porque la demanda de sus pobladores
es transmitir la valentía y fuerza con la que confrontaron estos
hechos de violencia, acciones que posibilitaron la no desaparición
del pueblo, la no desaparición de sueños y esperanzas, que
permitieron (re) habitar El Tigre. Ahora, esto debe reforzarse con
medidas de reparación concretas que permitan el esclarecimiento
histórico, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
84
TERCERA PARTE:
LOS DAÑOS
LOS DAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS DE
REPARACIÓN
Se ha señalado que los impactos de la violencia y la guerra no son
un problema de individuos aislados; sino un problema de orden
social (Martín-Baró, 1989). Desde esta perspectiva el daño producido no es solo el de la vida personal que se destruye; el daño
se ha causado a las estructuras sociales mismas, a las normas que
rigen la convivencia, a las instituciones que regulan la vida de los
ciudadanos, a los valores y principios con los que se ha educado
(Martín-Baró, 1989, p. 9). Con base en estos argumentos que ubican el daño tanto en lo individual como también en las estructuras familiares, comunitarias, interétnicas que se generan por la
violencia resulta clave reconocer los traumas, daños y pérdidas
que la masacre del 9 de enero de 1999 y los actos de violencia posterior a ella dejaron en los pobladores de la Inspección de Policía
El Tigre.
Los Daños en El Tigre
Los daños e impactos causados por la masacre, así como por los
hechos posteriores, los cuales se prolongaron por varios años, son
múltiples, profundos y afectan al conjunto de la población. A continuación se exponen los daños precisando su carácter material
87
e inmaterial, psicológico y moral y sus dimensiones individuales,
familiares y colectivas.
Los daños materiales
Las pérdidas materiales están asociadas a la destrucción de viviendas y de enceres, y si bien el detrimento económico causado
por estas acciones figura entre el inventario de daños, es importante mencionar que el desalojo del pueblo y las circunstancias
de miedo y terror que acompañaron a quienes se quedaron incidieron fuertemente en las dinámicas productivas de la población,
en las labores agrícolas, pero especialmente en las comerciales,
pues de hecho, algunas de estas actividades desaparecieron y varios negocios quebraron ante la huida de la población. La masacre y el dominio territorial de los paramilitares transformaron
dramáticamente las actividades productivas y afectaron no sólo
a los habitantes del casco urbano, sino a las poblaciones de las
veredas y a los indígenas y afrocolombianos, pues se alteraron las
dinámicas de comercialización y de intercambio, provocando un
deterioro grave en los ingresos familiares. Tenderos y conductores
vieron especialmente limitadas sus labores y el Tigre dejó de ser
un lugar en dónde diversas personas procedentes de varias regiones del país buscaban oportunidades laborales. El detrimento patrimonial afectó de manera más fuerte a quienes fueron víctimas
de la quema de viviendas, pero es claro que incidió sobre toda la
población y que por ello hoy se reclama como parte de la reparación la realización de proyectos productivos y de desarrollo local
que permitan generar fuentes de sustento estables.
Durante la masacre, los paramilitares incendiaron seis casas. Estos eran sitios donde funcionaban negocios, eran lugares no sólo
donde la gente vivía, sino lugares de trabajo. Así acabaron con las
fuentes de trabajo de la gente. Después de ocho días y con presencia
del ejército, los mismos paras queman otra casa. Esa noche también
acabaron con algunas de nuestras propiedades, los televisores, los
equipos, las plantas, todo eso nos robaron. De mi casa por ejemplo
también se llevaron algunas joyas y dinero. Nuestros animales tam88
Tercera Parte
bién sufrieron con la masacre, luego no teníamos huevos para salir a
vender, o gallinas o puercos para vender. Igual si hubiésemos tenido,
nadie nos compraba, no había plata. Muchos abandonamos nuestras
fincas, dejamos de ir a ellas, preferíamos estar en casa, pues no ve
que también a las fincas llegaron a posesionarse los paramilitares.
Hasta ahora yo no voy a la finca, no me gusta, me trae malos recuerdos, me da miedo. Además, ellos destruyeron todo lo de la finca, está
abandonada. (Relato 10, taller de memorias, 2010).
Es de anotar que estas pérdidas materiales tiene también un
carácter simbólico, pues generó sentimientos de impotencia, inestabilidad, escepticismo y desesperanza en la población. La evidencia es que aún hoy, varias casas se encuentran en el estado en que
quedaron luego de la incursión violenta y que otras más se mantienen abandonadas.
Adicionalmente, después de la masacre, dos veredas desaparecieron de esta Inspección. La dinámica rural durante el control
paramilitar giró en torno a la clasificación de veredas como “paramilitares” y otras como “guerrilleras”. Este señalamiento ocasionó
una serie de combates entre actores armados, una de las principales razones por las cuales, habitantes de Las Pavas 2 y Las Carpas
abandonaron estos caseríos.
Los daños psicosociales
Los daños psicosociales son tal vez los menos evidentes, pero los
de mayor impacto sobre la población. Para algunos sobrevivientes
de la masacre y para quienes la presenciaron, los hechos atroces
dejaron huellas imborrables que se expresan de diversa manera.
En algunos en situaciones de miedo permanente, aislamiento, silencio y tristeza; en otros en alteraciones del sueño, “desespero” y
sentimientos de rabia profundos.
A la crueldad de la masacre se le sumó la imperativa orden
de desalojo; el plazo establecido por los paramilitares de 24 horas
para que la población se marchara, sólo les permitió recuperar
algunos muertos y “arreglar” sus cuerpos. Así, además de las
imágenes terroríficas y del miedo intenso que los acompañó, se
89
suma el daño provocado por la salida abrupta que no permitió
la realización de los rituales acostumbrados para los muertos.
Entre los impactos más significativos, se alude a los daños que
causó la imposibilidad de enterrar a sus muertos de acuerdo
con las costumbres campesinas: novenarios acompañados por la
comunidad (amigos, vecinos y familiares). La ausencia de ritual,
necesaria en el proceso de tramitación de los duelos, resultó
especialmente dramática para los familiares de los desaparecidos,
quienes incluso hoy desconocen su paradero.
Ni siquiera pudimos enterrar nuestros muertos como se debe, no
les hicimos su novena, los vecinos y amigos, por el miedo, no fueron a
acompañar a los muertos. Los entierros fueron tristes, sin nadie, más
que la familia, que acompañara. Por todo esto que le cuento a veces
yo sólo quería morir ¿Qué sentido tenía vivir con eso que nos pasó?
Por eso le digo que siempre tendremos el temor a perder la vida (Relato 9, taller de memorias, 2010).
Para quienes perdieron familiares, especialmente madres, esposas e hijos, las muertes violentas y abruptas, les provocó sentimientos de desprotección, orfandad y de tristeza y los obligó a
cambiar sus roles y desempeños. Durante la masacre, los paramilitares asesinaron a 28 hombres, la mayoría de ellos jóvenes, su asesinato ocasionó una alteración en toda la estructura familiar. Para
las esposas implicó buscar otras fuentes de sustento y asumir solas
la crianza de sus hijos sumidas en el dolor; los niños y niñas no
sólo quedaron huérfanos sino que perdieron las condiciones que
aseguraban el acceso al estudio, a la alimentación y al cuidado.
Las madres vieron morir a sus hijos y con ellos vieron frustrados
sus proyectos y los esfuerzos de las familias colocados en ellos. El
proyecto de vida de estas mujeres y de los pequeños, pudo ser diferente ya que las necesidades de cuidado y alimentación, seguridad
y confianza, oportunidades de desarrollo y educación, se vieron
severamente afectadas.
Nuestros proyectos de vida cambiaron con la masacre. En muchas
ocasiones yo no supe cómo explicarle a mi hijo sobre la muerte de su
90
Tercera Parte
padre, él me preguntaba que dónde estaba, que por qué no estaba
a su lado. Cuando por fin pude contarle que su papá ya no estaba
con nosotros, mi hijo decía que quería vengarse, que quería hacerle
lo mismo a ellos. El susto mío fue tan grande, que siempre evitaba
que mi hijo saliera, lo privé de su infancia. Pero hacia eso porque
los paramilitares entraron a vivir al pueblo y mi hijo, a cualquier
persona que la veía uniformaba se asustaba, lloraba y sentía rabia. El
corazón se me desgarraba. Si su padre viviera, nada de esto estaría
pasando en la vida de mi hijo, ni en la mía. Mi hijo quizá tuviera otro
tipo de vida. Yo lo veo siempre triste. Incluso hasta hace muy poco,
mi hijo me dijo que a veces sentía deseos de suicidarse. Yo no supe
qué hacer. Lloré a su lado, lo abracé, le decía que no podía tener
esos sentimientos. Que teníamos que ser fuertes (relato 5, taller de
memorias, 2010).
Ahora, la separación que tuvieron que enfrentar un gran número de mujeres de esta Inspección de sus esposos o hijos, no sólo
obedecen a los asesinatos, sino también a la necesidad de enviar a
los hijos e hijas fuera de la región para que la violencia no se los
“arrebatara” o a la salida forzada de sus esposos frente a la existencia de amenazas.
Al perder a nuestros esposos y también algunas los hijos, nuestras
familias cambiaron. Económicamente ya no teníamos a nadie que
nos proporcionara los alimentos, y pues afectivamente también perdimos mucho. Incluso, hay muchas mujeres que esta es la fecha que
no han conseguido un nuevo esposo. Los padres tuvimos que enviar
los hijos a otros lados, eso también hizo que las familias se dividieran. Y pues como muchas personas se desplazaron, ahí también la
familia se desintegró. Pero también muchos hogares se destruyeron,
la gente peleaba, yo creo que eso fue por la masacre, entonces se
separaban, las mujeres quedaban solas con sus hijos (relato 1, taller
de memorias, 2010).
Después de la masacre, los impactos registrados en las familias están relacionados con el cambio de roles, la alteración de
las funciones de protección emocional y el incremento de relacio91
nes conflictivas entre los integrantes del grupo familiar –dadas
las reacciones individuales y las formas de adaptación frente a los
hechos –. Todo esto alteró la estructura familiar y generó que muchas familias se desintegraran.
Los daños e impactos de la violencia sexual
Según relatos de sobrevivientes, y las versiones de informes
judiciales sobre el caso, en la masacre del 9 de enero de 1999 no
fue asesinada ninguna mujer, sin embargo se reconocen múltiples
factores que vulneraron a las mujeres durante esta: el maltrato
físico y verbal a las que fueron sometidas.
Algunas mujeres refieren que durante la masacre hubo intentos
de violación sexual a mujeres con supuestos vínculos afectivos con
guerrilleros o hijas de milicianos y en los talleres se mencionaron
casos de mujeres que fueron violadas por paramilitares durante el
período de control paramilitar (2001-2005). Ahora, partiendo de
que el abuso sexual fue una práctica sistemática durante el control
paramilitar de la región con el Bloque Sur Putumayo de las AUC,
hay que señalar que esta experiencia no sólo afectó la relación
de las mujeres con sus propios cuerpos, sino que también generó
rupturas familiares y comunitarias. La sensación de “vergüenza”
y baja autoestima fueron frecuentes frente a estas situaciones. Las
mismas que en la actualidad no posibilitan la reconstrucción de la
cotidianidad devastada por la violencia.
Mi hermana todavía recuerda a ese hombre que abusó de ella.
Eso fue terrible, toda la gente en el pueblo se enteró. A veces sentimos que nos miran, que hablan de nosotras, bueno, más de ella. Después de que le pasó eso, su esposo la dejó. Quedó sola con sus hijos.
Hasta ahora no tiene un compañero. A mí me da tanta tristeza. Mi
hermana siempre dice que se siente sucia, le da vergüenza mostrar
su cuerpo. Yo siento que nunca podrá ser la misma. Piensa que su
esposo la abandonó porque su cuerpo está sucio (Relato 8, taller de
memorias, 2010).
92
Tercera Parte
La violencia sexual ha estado presente en el Tigre y en toda la
región y sin duda ha dejado impactos, que son difíciles de precisar, pues resulta especialmente difícil hablar del tema y son pocas
las mujeres que han podido expresar sus emociones y exigir justicia y reparación.
Los daños morales
La masacre causó un severo impacto psicológico pues dejó desolación y terror, la población guarda en su memoria las dantescas
escenas que presenciaron y estas los perturban permanentemente. Pero además, la masacre y el dominio paramilitar que posteriormente se instala, causó profundos daños morales individuales y
colectivos; les reveló su absoluta indefensión (nadie detuvo a los
paramilitares, las fuerzas armadas no sólo no evitaron la masacre,
sino que colocaron un retén que impidió el acceso al pueblo, ninguna autoridad competente llegó a realizar los levantamientos de
los cadáveres, ni hubo asomo de algún interés investigativo por
parte de los organismos del Estado). La masacre entonces, no sólo
revive el sentimiento que históricamente acompaña a la población
de estar al margen, por fuera, sino que los hace experimentarse
como una población especialmente agredida por quienes deben
protegerlos (el Estado, la Fuerza Pública).
La ausencia del Estado, el trato agresivo y represivo que han
recibido por parte de la fuerza pública antes y después de los hechos registrados, su presunta complicidad en la masacre y su total
indolencia y connivencia durante el control paramilitar lleva a que
muchos afirmen que se sienten discriminados, victimizados y estigmatizados por cuenta del propio Estado y de sus instituciones.
El sentimiento de indignación e incluso de rabia hacia el Estado se manifiesta recurrentemente, pues la gente tiene la sensación
de que han tenido que garantizar sus vidas sin ningún apoyo, que
las riquezas petroleras de Putumayo no se han revertido sobre su
gente, siendo las economías de frontera y las ilegales sus únicas
fuentes de sustento, pero a la vez criminalizadas y reprimidas por
93
el Estado quien los excluye de los beneficios, pero los incluye en
sus ejercicios de control y de regulación.
El tratamiento del Estado y en particular de las fuerzas armadas, ha contribuido significativamente al estigma de la población:
“un pueblo de cocaleros y de guerrilleros” y este estigma fue el
discurso legitimador de los paramilitares para masacrarlos, pero
también es un estigma que aún hoy los acompaña y que incide
negativamente en todos sus proyectos.
A muchos de nosotros nos han mirado mal cuando decimos que
somos de El Tigre, nos preguntan con mucho asombro ¿allá es donde está la guerrilla? ¿Allá es donde hay coca? Nos hacen sentir muy
mal. Nosotros sabemos que este pueblo no es de guerrilleros, pero
cómo podemos hacerles entender eso a las personas (relato1, taller
de memorias, 2010).
El 9 de enero, los paramilitares nos acusaban de guerrilleros… se
reían y nos gritaban: ¡llamen a los guerrilleros para que los defiendan! Sus insultos y maltratos eran tantos, que yo recuerdo que sentía
humillación…sólo lloraba, no podía defenderme, ni defender a mi
hijo que estaba entre los que se llevaron para el río ¿Cómo pueden
matarnos tan sólo con decirnos que éramos guerrilleros? Nos maltrataron peor que a unos animales. Acá los paramilitares hicieron todo
lo que quisieron (relato 5, taller de memorias, 2010).
Impunidad y re victimización
La masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona le quitó a la gente su derecho a la palabra. Durante muchos años no
pudieron compartir su experiencia, dar a conocer lo sucedido o
denunciar a los responsables. Por un largo tiempo la población
fue sometida a las reglas impuestas por el control paramilitar y
no tuvieron ninguna posibilidad para denunciar o para exigir justicia.
Doce años después de la masacre, la población de El Tigre, no
desconoce la posibilidad de denunciar los vejámenes a los que fue94
Tercera Parte
ron sometidas, sin embargo, aún permanece sobre la región la
represión y la amenaza. No existen garantías para que las víctimas accedan a derechos como la verdad, la justicia y la reparación.
Asimismo, la población no ha podido saber quiénes fueron los
victimarios. Saben que fue un grupo de paramilitares, pero no
saben a qué personas concretas imputarles el hecho. A su vez, el
Estado no ha llevado a término su obligación de identificar, procesar y castigar a todos los responsables materiales e intelectuales
de la masacre de El Tigre y de los eventos de violencia en los que
esta se enmarca. Por ejemplo, ningún integrante del Bloque Sur
Putumayo, “desmovilizados” en marzo de 2006 bajo el marco de
la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), ha asumido la responsabilidad
en los hechos, ni han explicado las razones y estructuras de la
incursión armada de 1999. Según versiones libres de alias Daniel
(Diego José Martínez Goyeneche) los comandantes al frente de
esta incursión habrían sido “Rafa Putumayo” (Antonio Londoño
Jaramillo) y “Pipa” (Arnolfo Santamaría Galindo).
Solamente uno de los versionados –Hiller de Jesús Paniagua – ha reconocido extraprocesalmente haber participado
en la masacre. Según el Fiscal que tiene a su cargo la investigación del Frente Sur, la razón por la cual los postulados
siguen negando su participación en la masacre de El Tigre
obedece a un intento por proteger a Carlos Mario Jiménez,
alias «Macaco», quien como jefe del Bloque Central Bolívar
vería en riesgo la posibilidad de obtener los beneficios de
Justicia y Paz81
Ahora, dada la existencia en el territorio de fosas comunes 82
que aún no han seguido un proceso de exhumación y la existencia
municiones sin explotar -MUSE- como minas antipersonal -MAP81
CODHES (2009), Las sobrevivientes cuentan. La experiencia de las mujeres en
las masacres de Chengue y El Tigre. Bogotá, Colombia: Ediciones Ántropos Ltda.
Pág. 31.
82
La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó a octubre
de 2010, la existencia de 368 cuerpos de víctimas en fosas comunes encontradas
en Putumayo.
95
, la población de El Tigre reitera actualmente esas limitaciones
para vivir tranquilos. Las fosas evidencian la complejidad de la violencia paramilitar en Putumayo, a la vez que representan un reto
para la institucionalidad del Estado en términos de búsqueda de
personas desaparecidas y generación de procesos de exhumación
e inhumación.
Los daños a las dinámicas comunitarias y organizativas
Antes y después de la masacre se presentaron asesinatos selectivos de líderes clave para el desarrollo regional. Al finalizar las
marchas cocaleras de 1996, líderes de esta importante movilización fueron asesinados. Ya para el período del control paramilitar
(2001-2005), los representantes de las Juntas de Acción comunal
fueron amenazados y en algunos casos, como el sucedido en la
Vereda Maravélez, su presidente fue asesinado en junio de 2003,
después de que la guerrilla de las FARC-EP atacara un puesto de
control de los paramilitares. El presidente fue acusado por los paramilitares como informante de la guerrilla y en un acto de instaurar terror y “castigar” a la población por mantener “vínculos”
con la guerrilla lo asesinan, lo decapitan y lo exponen en un espacio público (río).
En su objetivo de eliminación de las comunidades, consideradas bases de la guerrilla, una acción significativa en la Inspección
de El Tigre, como en otras poblaciones, fue el asesinato de varios
de los líderes comunitarios y el desplazamiento de otros. Las Juntas de Acción Comunal eran consideradas durante el control paramilitar como espacios de formación “guerrillera”. Esta acción era
una clara criminalización de la organización comunitaria. Existía
una limitación de las actividades cotidianas ligadas a las dinámicas comunitarias
Acá muchos de nuestros líderes fueron asesinados o amenazados. Nosotros sabemos que los líderes tenemos la lápida colgada al
cuello. Nuestras Juntas de Acción Comunal eran controladas por los
paramilitares, debíamos informales todo lo que se hacía, nos vigilaban. Cuando alguien empezaba a proponer que nos organizáramos
96
Tercera Parte
para sacar a los paramilitares, pues ellos lo mataban (Entrevista 009,
2010).
El control paramilitar y los permanentes hechos de violencia,
generaron un ambiente en el que según lo pobladores, era imposible vivir tranquilos y continuar con las dinámicas cotidianas como
reunirse con vecinos a jugar fútbol, ir al río, pescar, cazar, organizar festivales. La utilización de informantes y la vinculación de
algunos jóvenes a las filas de los armados, afectaron gravemente el
tejido social, alterando las relaciones de confianza, comunicación
y solidaridad entre la población.
Después de la masacre nosotros dejamos de reunirnos,
dejamos de hacer los encuentros deportivos y se suspendieron las fiestas de los carnavales de negros y blancos. Este
pueblo quedó vacío por un tiempo. Luego es que la gente regresa, pero ya no fue igual. Hasta desconfiábamos de la gente, nos encerrábamos muy temprano en las casas. Pensábamos que la gente nos haría daño, nos sentíamos amenazados
todo el tiempo. Sufríamos de los nervios. Luego, cuando ya
entraron a vivir los paramilitares acá, ellos mataron mucha
gente, no podíamos hacer nada. Uno tenía que humanarse
[conformarse] y hacerse el de la oreja gacha, resignarse a
vivir aquí. Claro, después reaccionamos y empezamos entre
vecinos a interceder por amigos y familiares ante los paramilitares83, pero al principio eso no lo hicimos. Ahora aún
sentimos miedo, pues no podemos engañarnos, los grupos
armados todavía están en la región y todavía la violencia existe. Algún día los venceremos y podremos denunciar todo lo
que nos ha pasado (Relato 3, taller de memorias, 2010).
La violencia política en esta región también afectó al tejido social comunitario. La destrucción comunitaria después de
la masacre (al generarse desconfianza entre los habitantes y los
83
Sobre el proceso de silencio vivenciado durante el control paramilitar, ver el
capítulo anterior.
97
desplazamientos forzados) fue seguida de un proyecto de reorganización social de acuerdo con los patrones de control paramilitar. Estos efectos colectivos tienen consecuencias profundas en la
vida de la gente, ya que alteran las relaciones sociales (vecindad,
respeto), los valores y prácticas colectivas (ritos, celebraciones), y
las estructuras sociales básicas (autoridades, grupos sociales, de
pertenencia). Así por ejemplo, en El Tigre después de la masacre
dejaron de celebrarse las fiestas tradiciones de Negros y Blancos 84,
se suspendieron los campeonatos deportivos que se hacían entre
veredas de la Inspección y veredas de otros municipios, los y las pobladoras evitaron espacios de encuentro público: el río, el parque,
la escuela y la plaza de mercado.
La masacre y la presencia prolongada de los paramilitares
alteró el bienestar emocional de los individuos; no sólo se vieron
afectadas las capacidades de relacionarse con los demás y los
mecanismos de adaptación a diferentes situaciones, sino también,
se deterioraron las condiciones que hacen posible el bienestar,
como la posibilidad de contar con redes de apoyo, de acceder a
recursos culturales y sociales. Las reacciones y comportamientos
más frecuentes en lo individual fueron el miedo, la rabia,
la impotencia, la tristeza o el deseo de morir, el silencio y el
aislamiento.
A mí me daba pánico decir que era del Tigre, pensaba que si decía
eso me iban a matar. Entonces prefería no responder nada si alguien
me pregunta que de dónde era. ¡Esa masacre fue muy dura! Todo lo
que hemos tenido que pasar acá es muy difícil. Suspendimos nuestras fiestas, nuestros encuentros deportivos, dejamos de ir al río por84
Fiesta popular tradicional del sur occidente colombiano. Este Carnaval tiene sus
orígenes en la ciudad de Pasto, en el Departamento de Nariño y conjuga toda la
tradición y el sincretismo de la cultura urbana de principios del Siglo XX con las
tradiciones campesinas y afrodescendientes, con elaboración de motivos alegóricos en carrozas, comparsas, desfiles y disfraces, acompañados de música, danzas y
divertimentos populares Se celebran durante los días 4, 5 y 6 de enero y son parte
de las celebraciones de comienzo de año en la región. Por la movilidad de los habitantes, los carnavales se han trasladado a varias regiones cercanas al departamento
de Nariño dependiendo de las condiciones históricas de las migraciones (Cancimance, 2010, p. 106, pie de página No 141).
98
Tercera Parte
que como los paramilitares echaron los muertos en él, el río se contaminó. Además pasar por ese lugar es triste. También dejamos de ir
al parque, a la cancha. Incluso, algunos padres durante un tiempo
dejamos de enviar a nuestros hijos a la escuela, esto porque cuando
los paramilitares llegaron a quedarse al pueblo, se tomaban la escuela para estar ahí, eso nos daba miedo. También el ejército se toma las
escuelas y hacen su campamento. Todo eso es terrible (relato 2, taller
de memorias, 2010).
99
CUARTA PARTE:
RECOMENDACIONES
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
Los daños identificados han sido reflexionados por habitantes de
la Inspección de El Tigre en torno a las posibilidades de acceder
a la verdad, la justicia y la reparación integral. Como se pudo ver
en el capítulo anterior, los daños afectaron todas las dimensiones
de la vida: individuo, familia y comunidad –espacios atravesados
además, por cuestiones de género, generación y etnia –, de ahí que
resulte importante pensar los actuales procesos de reparación en
la región del Valle del Guamuéz en función de estas dimensiones.
Los y las habitantes de El Tigre han manifestado en los talleres
y encuentros la necesidad de avanzar en un proceso de reparación
integral que inicie reconociendo a la comunidad como interlocutor válido e incluya elementos tales como: el reconocimiento público de la masacre y de la estigmatización injusta –como pueblo
guerrillero y cocalero – que se ha hecho sobre la región; el reconocimiento y dignificación de las víctimas con actos públicos de
conmemoración y la creación de espacios y procesos de memoria;
la identificación y judicialización de los responsables; la generación de escenarios laborales y educativos accesibles y de calidad
para los y las habitantes de esta Inspección; el fortalecimiento de
procesos comunitarios que contribuyan a reforzar el tejido social
alrededor de proyectos productivos y espacios de encuentro y es103
parcimiento en los que se desarrolle el sentido de pertenencia.
Son estas demandas las que a continuación agrupamos en recomendaciones de Justicia, Verdad y Reparación.
En términos del derecho a la Verdad se recomienda:
-
Que el Estado adelante las investigaciones judiciales con el
fin de establecer los distintos grados de culpabilidad y de
responsabilidad por la masacre ocurrida en El Tigre el 9
de enero de 1999, lo cual debe implicar: 1) Identificación
de los autores materiales, 2) Identificación de los autores
intelectuales, 3) identificación de los funcionarios públicos
responsables por omisión, complicidad o participación directa en la masacre y los hechos anteriores y posteriores a la
misma.
-
Realizar una investigación y actualizar toda la información
sobre las violaciones a los derechos humanos en los municipios que conforman la región del Valle del Guamuéz (Orito,
Valle del Guamuéz, San Miguel), desde 1997, año que marca la expansión paramilitar en esta región, esto sin perder
de vista los hechos previos de la década de 1980 –entrada
de la guerrilla y del narcotráfico –. Se recomienda que en
esta investigación se señalen las responsabilidades penales
por la violación de los derechos de la población y los nexos
causales entre los hechos ocurridos desde ese momento y
los de la noche del 9 de enero de 1999, así como los hechos
ocurridos durante el período de control paramilitar en El
Tigre: 2001-2005.
-
Consolidar una versión unificada de los hechos de la masacre de El Tigre, que dé cuenta de todo lo que pasó durante enero de 1999 y durante el período 2001-2006, de su
sistematicidad y generalidad, de las estructuras criminales
implicadas en la comisión de los hechos, y de las conexiones
políticas, sociales, militares y económicas que los permitieron y facilitaron.
104
Cuarta Parte
-
Consolidar y ampliar el registro del universo de víctimas
fatales y víctimas de la desaparición forzada durante la masacre del 9 de enero de 1999 y posterior a ella. Frente al
caso de las personas desaparecidas, se deben implementar
mecanismos que garanticen su búsqueda e identificación
plena, total y satisfactoria. Es urgente iniciar con procesos
de exhumación e inhumación, así como generar estrategias
para que tanto las organizaciones de víctimas como los familiares de las víctimas fatales y/o desaparecidas de la masacre de El Tigre y las instituciones competentes, cuenten
con la información idónea, organizada y clara de los procedimientos adelantados en el marco de la garantía de los
derechos de las víctimas.
-
Notificar a las víctimas de El Tigre sobre los avances en los
procesos de reparación, justicia y paz con desmovilizados
del Bloque Sur Putumayo. Se recomienda dar inicio al esclarecimiento de la responsabilidad de todos y cada uno
de los integrantes del Bloque Sur Putumayo involucrados
en la masacre de El Tigre (1999), y se vincule a este proceso las Fuerzas Militares y agentes del Estado que tengan
algún grado de responsabilidad con lo sucedido (acción,
omisión, connivencia, permisividad) durante y después de
la masacre del 9 de enero de 1999. Este proceso de esclarecimiento debe conllevar a la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.
En términos del derecho a la Justicia se recomienda:
-
Adelantar procesos judiciales que conduzcan a la aplicación de penas efectivas de los paramilitares y funcionarios
públicos que resulten implicados en la masacre y en la violación de los derechos humanos de la población del Tigre y
de la región.
En términos del derecho a la Reparación se recomienda:
105
-
-
-
-
-
-
Generar escenarios laborales y educativos accesibles y de
calidad para la población de El Tigre.
Fortalecer los procesos comunitarios de El Tigre que contribuyan a reforzar el tejido social alrededor de proyectos
productivos y espacios de encuentro y esparcimiento en los
que se desarrolle el sentido de pertenencia.
Diseñar e implementar un programa de atención psicosocial para las víctimas directas e indirectas y en general para
la población sobreviviente de la masacre de El Tigre y de
otras zonas de la subregión del Valle del Guamuéz (El Placer, La Dorada), que les ayude a tramitar los daños morales,
psicológicos y culturales padecidos durante los períodos de
entrada y control paramilitar.
Proporcionar atención médica integral y continua para
toda la población de El Tigre, que comprende 10 veredas,
un cabildo indígena y un Consejo Comunitario de Negritudes. Así mismo, diseñar programas epidemiológicos que
contrarresten y prevengan las enfermedades ocasionadas
por la aplicación del Plan Colombia en el desarrollo de fumigaciones aéreas con glifosato.
Implementar programas, proyectos y políticas de vivienda,
salud, saneamiento básico y educación en la subregión del
Valle del Guamuéz y particularmente en la Inspección de
El Tigre.
Trabajar en la generación de medios y condiciones para la
estabilidad de proyectos productivos y fuentes de ingresos,
atendiendo a las condiciones étnicas, de género, de edad y
territoriales de los/as habitantes de El Tigre y de la región.
En términos de Garantías de no repetición se recomienda:
-
La clarificación pública de que en la noche del 9 de enero
de 1999, no fueron asesinados y desaparecidos guerrilleros
de las FARC-EP, auxiliadores o milicianos. Se recomienda
al Estado, adelantar medidas que contribuyan a quitar este
estigma, con el cual se ha legitimado la violencia en la re106
Cuarta Parte
-
-
-
-
-
gión. Esta recomendación está dirigida al Estado en sus niveles nacional, regional y local.
La elaboración y difusión de un informe de memoria histórica que dé a conocer a la opinión pública y a la comunidad
nacional e internacional las causas, los hechos y las consecuencias de la violencia en la zona del Valle del Guamuéz.
La construcción de un monumento en la zona urbana de El
Tigre en homenaje a las víctimas del 9 de enero de 1999. Así
como la construcción de un parque histórico y recreativo
en memoria de las víctimas de la violencia.
El reconocimiento y dignificación de las víctimas con actos
públicos de petición de perdón.
Revisar las políticas de recuperación y consolidación territorial, así como la política del Plan Colombia que continúa
con la aspersión aérea de glifosato en la región.
Se recomienda también, que el gobierno nacional alerte a
las entidades encargadas de la protección ciudadana, sobre las nuevas amenazas emitidas por “Los Rastrojos” y las
“Águilas Negras” a población de El Tigre y otras zonas de la
subregión Valle del Guamuéz.
107
Otros títulos de Memoria Histórica
Trujillo. Una tragedia que no cesa (2008)
El Salado. Esa guerra no era nuestra (2009)
Recordar y narrar el conflicto.
Herramientas para reconstruir memoria histórica (2009)
El despojo de tierras y territorios.
Aproximación conceptual (2009)
Memorias en tiempo de guerra.
Repertorio de iniciativas (2009) 
Bojayá. La guerra sin límites (2010)
La Rochela.
Memorias de un crimen contra la justicia (2010)
Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira (2010)
La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del
Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar (BCB) de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), irrumpieron en la zona urbana de
la Inspección de Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuez).
Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente hombres; quema de casas, motocicletas y vehículos; maltratos físicos y verbales a mujeres, fueron
acciones emprendidas por esta avanzada paramilitar. La estigmación como
“pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares. La masacre de El Tigre: 9 de enero de 1999,
reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuez, Putumayo,
es una importante contribución para evaluar el impacto que han producido
las arremetidas paramilitares en el Putumayo, departamento que ha sufrido
especialmente los efectos del conflicto interno colombiano.
LA MASACRE
DE EL TIGRE
UN SILENCIO QUE ENCONTRÓ SU VOZ
Jorge Andrés Cancimance López
Autores de la investigación
Investigadores
Jesús Abad Colorado
Martha Nubia Bello
César Caballero
Álvaro Camacho
Fernán González S.J.
Nubia Herrera
Patricia Linares
Iván Orozco
Pilar Riaño
Tatiana Rincón
Andrés Suárez
Rodrigo Uprimny
Maria Victoria Uribe
León Valencia
Maria Emma Wills
La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias
campesinas en la costa caribe 1960-2010 (2010)
Mujeres y guerra.
Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano (2011)
Mujeres que hacen historia.
Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano (2011)
Desplazamiento forzado en la Comuna 13.
La huella invisible de la guerra (2011)
San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra (2011)
Foto Portada
Iñigo Alcañiz
Puente El Tigre, sobre el río Guamuez 2010
Silenciar la democracia.
Las masacres de Remedios y Segovia 1982 - 1997 (2011)
Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Memoria y resistencia
de los pueblos indígenas del Cauca (2012)
El Placer.
Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo (2012)
L ibertad
y O rd e n
ISBN: 978-958-758-395-3
Justicia y paz ¿Verdad judicial o verdad histórica? (2012)
Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
Justicia y paz. Los silencios y los olvidos de la verdad (2012)
Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (2012)
Coordinador
Gonzalo Sánchez Gómez
9 789587 583953

Descargar informe: La masacre de El Tigre, Putumayo

Transcripción

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